El 12 de julio de 1979 un incendio en el hotel Corona de Aragón de Zaragoza dejaba 78 personas muertas y 113 heridas. Allí estaban alojados numerosos militares de alto rango que iban a asistir a un acto castrense. También la viuda de Franco. Durante años se negó que aquello fuera un atentado, recurriendo la prensa a explicaciones tan pintorescas como que la tragedia estuvo causada por productos de pintura insuficientemente experimentados. Sin embargo, en 1990 el Consejo de Estado otorgó a los fallecidos la categoría de víctimas del terrorismo. Casi dos décadas después, en 2009, el Tribunal Supremo concluyó que los autores del atentado fueron ‘‘tres personas adiestradas’’ que emplearon napalm o algún combustible similar. El que es el segundo atentado terrorista más mortífero de la historia reciente de España no solo sigue sin resolver, sino que permanece condenado a un ignominioso olvido. Para redondear el enigma, una de las víctimas fue enterrada bajo una identidad falsa y todavía hoy se desconoce su verdadero nombre.

También en 1979, en octubre, fue hallado en Barcelona un túnel de 62 metros dirigido a una zona de residencias militares. El objetivo era, al parecer, colocar una bomba en pleno corazón de la colonia, donde vivían centenares de familias, y aprovechar el almacenamiento de miles de litros de combustible en un parque móvil próximo para causar el máximo daño. Según El País, la acción podría haber afectado a unas 1.500 personas. La noticia saltó a la prensa el día 25, coincidiendo con la celebración de los referéndums autonómicos de Cataluña y País Vasco, si bien el agujero fue descubierto en una fecha anterior sin determinar. El túnel partía de un piso ocupado por una decena de jóvenes a quienes los vecinos habían visto en repetidas ocasiones. La misma policía reconoció que existían ‘‘datos objetivos’’ para su ‘‘identificación, localización y detención’’, pero los ocupantes del piso se desvanecieron y nunca más se supo de ellos. Todo apunta a que el plan era ejecutar el atentado coincidiendo con los citados referéndums, por lo que, al menos en este caso, no resulta difícil intuir propósitos desestabilizadores.

Poco antes, el 9 de octubre, un disturbio promovido en Valencia por cargos electos de UCD y tolerado por el gobernador civil -también de UCD-, acabó con el ayuntamiento de la ciudad asediado y con varias autoridades democráticas apaleadas, entre ellas el alcalde. Los agitadores lanzaron un proyectil que prendió fuego a las banderas de la casa consistorial, acción que fue ensayada en el domicilio de un concejal de UCD, Rafael Orellano, quien lo contó en una entrevista. Este incidente fue determinante a la hora de arrebatar a la izquierda la iniciativa del proceso autonómico valenciano, el cual pasó a estar controlado por UCD. A finales de 1979 el partido centrista se hizo con la presidencia del ente preautonómico valenciano a pesar de no haber ganado ningunas elecciones en ese territorio. También en Valencia, a lo largo de la Transición los intelectuales Joan Fuster y Manuel Sanchis Guarner fueron objeto de varios atentados con bomba, dos el primero y uno el segundo. Hay pruebas suficientes como para afirmar que las autoridades policiales y judiciales hicieron poco por resolverlos. La prensa de Madrid prácticamente los ignoró.

También discutible fue la actuación de la prensa en torno al caso de José Luis Alcazo. En septiembre de 1979 Alcazo fue linchado hasta la muerte en el parque del Retiro de Madrid por unos ultraderechistas que eran en su mayoría hijos de altos mandos militares. Si los hechos ocurrieron el día 13, no fue hasta transcurrida más de una semana cuando se supo que los responsables eran de extrema derecha. Los familiares de la víctima denunciaron todo tipo de presiones para que no se hiciera pública la verdadera naturaleza de la muerte de José Luis, quien llegó a aparecer en una esquela como ‘‘víctima de accidente’’. Hubo incluso algunos medios que lanzaron insinuaciones difamatorias, tratando de alguna forma de justificar el crimen. Lo cierto es que Alcazo fue asesinado únicamente por su aspecto, que a ojos de sus asesinos lo hacía susceptible de ser ‘‘de extrema izquierda, drogadicto u homosexual’’. Si durante más de una semana se consiguió silenciar este crimen, cabe preguntarse si pudo haber algún otro que fuera ocultado con éxito. De hecho, según ha revelado el historiador David Ballester en su reciente libro Las otras víctimas. La violencia policial durante la Transición (1975-1982), la prensa ocultó deliberadamente el caso del militante del PCE (m-l) Eduardo Serra Lloret, muerto en Valencia el 24 de enero de 1977 a causa de los maltratos sufridos estando preso. Según Ballester, esta información se tapó por coincidir con la matanza de Atocha, momento de ‘‘máxima tensión’’ de la Transición.

Estas son solo algunas muestras de episodios poco conocidos que chocan de frente con el relato edulcorado de la Transición tan promovido por las élites culturales y políticas españolas y que tanto ha distorsionado la realidad de aquellos años. Hace ya casi dos décadas que el historiador Julio Pérez Serrano lo advirtió: ‘‘La mitificación de la Transición es un hecho que comienza ya a ser reconocido como un problema para profundizar en el conocimiento del periodo histórico que se inicia con la muerte de Franco’’. Es indiscutible que la Transición supuso el establecimiento de una democracia estable en España por primera vez en la historia, lo cual constituye, por sí mismo, un logro extraordinario, pero también lo es que fue un periodo turbulento repleto de tensiones y violencia. Basta con visitar cualquier hemeroteca para constatarlo. Hace unos años la historiadora francesa Sophie Baby estableció un mínimo de 3.200 actos de violencia política ocurridos en España durante la Transición. Hoy sabemos que esa estimación debe ser muy inferior a la cifra real, pues solo en la actual Comunidad Valenciana hubo más de mil.

Hace unas semanas se confirmó la noticia: uno de los referentes de la izquierda durante aquel periodo, Ramón Tamames, va a encabezar una moción de censura presentada por Vox. Según ha escrito el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca, uno de los elementos clave para explicar el viaje ideológico de Tamames -y de otros como él- es precisamente su oposición férrea a lo que ‘‘ellos perciben como el cuestionamiento del legado de la Transición’’, una oposición fundamentada entre otras cosas, y esto lo digo yo, en su concepción patrimonialista de ese legado. Con todo, unas palabras de Santiago Carrillo pronunciadas en su última entrevista antes de morir invitan a relativizar ese viaje. Y es que el que fuera secretario general del PCE dijo estar ‘‘convencido’’ de que Tamames ‘‘sabía algo’’ de la intentona golpista del 23-F porque hizo ‘‘dos veces declaraciones en favor de un Gobierno presidido por los militares’’. Muchos podían ser los defectos de Carrillo, pero hablar por hablar no era uno de ellos. Así que, después de todo, el de Tamames quizá no haya sido tanto un viaje sino un paseo con muchos rodeos. Por lo demás, las palabras de Carrillo invitan a reflexionar sobre los apoyos implícitos o explícitos que pudo tener el golpe del 23-F antes de fracasar, esos apoyos de los que tan poco se sabe y de los que tan poco quieren que sepamos.

Transcurridos casi 25 años desde la firma del Acuerdo de Viernes Santo, el bullicioso y cosmopolita centro de Belfast parece haber dejado atrás el enfrentamiento armado que durante décadas desangró a Irlanda del Norte. Los coloridos y vanguardistas murales que adornan las paredes de esta parte de la ciudad soslayan de forma cuidadosa cualquier mensaje político, excepción hecha, quizá, de alguna que otra referencia más o menos velada al proceso de paz. En la oficina turística situada frente al ayuntamiento el conflicto ocupa un lugar más bien secundario: apenas unos pocos libros y panfletos nos recuerdan que estamos en lo que fue hasta hace no tanto, en palabras de la revista Vice, la capital europea del terrorismo. De las 3.500 víctimas mortales que dejó el conflicto norirlandés entre 1968 y 1998, más de 1.500 se produjeron en Belfast, una capital relativamente pequeña que nunca ha superado el medio millón de habitantes. En el museo de la antigua prisión de Crumlin Road y, sobre todo, en el Ulster Museum, el conflicto, tratado con una ecuanimidad exquisita y con un rigor sorprendente, tiene un protagonismo más visible, si bien este aparece enfocado, en esencia, como una dolorosa etapa felizmente superada.

Pero a poco que nos alejamos del centro y de las principales atracciones turísticas, las sensaciones cambian. A escasos quinientos metros en dirección noroeste de la Catedral de Santa Ana, cuyos aledaños son el epicentro de la vibrante vida nocturna de la ciudad, nos encontramos con una meticulosa reproducción de la fachada del McGurk, pub volado por una bomba unionista el 4 de diciembre de 1971; una lápida flanqueada por dos banderas negras recuerda los nombres de los quince civiles -entre ellos dos niños- fallecidos. En ese mismo lugar, al alzar la mirada vemos tres enormes murales que coronan otras tantas torres de viviendas; en ellos aparecen unos rostros y unos nombres que corresponden a antiguos miembros del IRA y del INLA, las organizaciones paramilitares de ideología nacionalista irlandesa más populares y sanguinarias. A grandes rasgos, el conflicto de Irlanda del Norte enfrentó a estos últimos con paramilitares unionistas, con los cuerpos policiales locales y con el ejército británico, siendo la relación entre estos tres bastante turbia, pues hay documentados varios casos de cooperación.

La partición de la isla de Irlanda en 1921, sobrevenida en el contexto de la guerra de independencia, supuso la creación de dos estados: el Estado Libre Irlandés e Irlanda del Norte, permaneciendo este último bajo soberanía británica. En el nuevo estado norteño la minoría católica, generalmente autoidentificada como irlandesa, quedó política y socialmente marginada, subordinada a una mayoría protestante de adscripción nacional británica. Así, a mediados de la década de 1960 eclosionó un movimiento por los derechos civiles de los católicos similar al encabezado por Martin Luther King en Estados Unidos. Entre 1968 y 1971, diversos factores, entre ellos el inmovilismo de los unionistas y los gravísimos errores cometidos por los británicos, provocaron que lo que comenzó siendo un movimiento pacífico con demandas moderadas acabara en un baño de sangre. La progresión del número de muertes es elocuente en este sentido: 16 en 1969, 26 en 1970, 171 en 1971 y 480 en 1972. Si a la altura de 1968 el decadente IRA era poco más que una reliquia del pasado, cuatro años más tarde se había convertido en una formidable organización capaz de poner en jaque al estado unionista y al ejército británico. La incompetencia de los británicos también favoreció la creación y el crecimiento de grupos armados unionistas, entre los cuales destacan la UVF y la UDA. Aunque nunca se repitió una cifra como la de 1972, el conflicto se prolongó hasta los acuerdos de paz de 1998, y aún después hubo alguna réplica.

Así pues, como decíamos, todo aquello está hoy muy presente en el espacio público de Belfast. No muy lejos del centro, esta vez en dirección oeste, comienza Falls Road, arteria principal del Belfast católico y nacionalista. Avanzando por ella, después de unos cuantos murales cuyo signo político ofrece pocas dudas, nos topamos con un imponente memorial dedicado a miembros del IRA caídos durante el conflicto; un enorme mapa situado detrás pone de relieve que en la zona hubo hasta cinco bases británicas. Más allá, a medio kilómetro en dirección noroeste, se encuentra otro monumento similar, pero ahora dedicado tanto a integrantes del IRA como a civiles muertos a manos de unionistas o del ejército; unos y otros se cuentan por decenas. Otro memorial adyacente recuerda lo sucedido en Bombay Street cuando una turba unionista prendió fuego a toda la calle, habitada casi exclusivamente por católicos. Esto ocurrió en agosto de 1969 en el contexto de unos disturbios generalizados que dejaron ocho muertos y centenares de edificios destruidos por toda Irlanda del Norte; además, 1.800 familias fueron expulsadas de sus hogares. Los católicos, con seis muertos, más del 80% de los edificios echados a perder y 1.500 familias evacuadas, se llevaron la peor parte. Este fue, mucho antes del Domingo Sangriento de 1972, uno de los episodios clave a la hora decantar a importantes sectores de la comunidad católica hacia la violencia.

A pocos metros en dirección norte, tras atravesar una de las eufemísticamente llamadas peace lines, nos adentramos en el área de Shankill Road, enclave protestante de Belfast Oeste y bastión del paramilitarismo unionista. Aquí los colores son otros: los de la tricolor irlandesa aparecen sustituidos por los de la Union Jack, pero la escenografía no es muy distinta. Eso sí, entre murales dedicados a monarcas ingleses y a paramilitares fallecidos, llama la atención uno de reciente colocación en el que, junto a hombres armados enmascarados, se lee un texto extremadamente hostil firmado por la UVF que culmina así: ‘‘Hoy, este mensaje no ha cambiado’’. Soflamas amenazantes como esta son más difíciles de encontrar en las áreas nacionalistas, por lo general más cómodas con el resultado del proceso de paz. Muy cerca, en pleno corazón de Shankill Road, está el memorial dedicado al atentado del Bayardo Bar: el 13 de agosto de 1975 una unidad del IRA ejecutó un ataque con explosivos y armas de fuego que dejó cuatro civiles y un miembro de la UVF muertos. Este memorial recuerda además otras de las atrocidades cometidas por el IRA, como los atentados de Birmingham de 1974 (21 muertos), el del restaurante La Mon de 1978 (12 muertos) o el de la pescadería Frizzels de 1993 (9 muertos). Mención aparte merece el caso de Belfast Este, de mayoría unionista, donde están los murales más siniestros e inquietantes. En uno de ellos, firmado por el East Belfast Battalion de la UVF, dos hombres encapuchados equipados con rifles de asalto flanquean la siguiente frase: ‘‘La prevención de la erosión de nuestra identidad es ahora nuestra prioridad’’.

En definitiva, Belfast es hoy una ciudad fascinante con mucho que ofrecer: museos como el de Crumlin Road, el del Ulster o el dedicado al Titanic, así como su jugosa oferta cultural y sus acogedores pubs, son razones más que de sobra como para justificar una visita. Pero son sus espacios de memoria dedicados al conflicto, que se cuentan por centenares, los que la convierten en una ciudad única en Europa y tal vez en el mundo. Unos espacios de memoria que, si bien habrían de mantenerse, no deberían convertirse nunca en espacios de rencor y venganza, o menos aún de amenaza y chantaje, como parece estar ocurriendo en algún caso. Porque, por encima de todo, debe estar la paz a la que tanto costó llegar. Una paz que en alguna medida parece haber sido sacudida por el Brexit, el cual ha exaltado los ánimos del unionismo más intransigente al tiempo que, paradójicamente, ha allanado el camino hacia una Irlanda unida. Como reza una pintada situada en Montgomery Street: ‘‘Una nación que mantiene un ojo en el pasado es sabia. Una nación que mantiene los dos ojos en el pasado está ciega’’.

Un mes antes, don Juan Carlos había recibido en el Palacio de Oriente de Madrid a una representación de entidades valencianas entre las cuales figuraban la asociación Ballesters del Centenar de la Ploma (BCP) o el Grup d’Acció Valencianista (GAV). Los acompañó el gobernador civil de Valencia. El GAV, promovido desde ambientes conservadores y asistido por residuos del sindicalismo vertical franquista, había sido fundado en el verano de 1977 tras el arrollador triunfo de la izquierda valenciana en las primeras elecciones tras la muerte de Franco. A la altura de finales de 1980, miembros y simpatizantes del GAV ya habían sido repetidamente señalados por diversos medios como participantes en altercados violentos, algunos muy graves y que habían afectado a autoridades democráticas. La asociación BCP, de orígenes más inciertos, era conocida sobre todo por firmar pintadas amenazantes contra dirigentes y organizaciones de izquierda.

Si bien no es concluyente, lo expuesto hasta ahora sugiere un tejido de relaciones y complicidades un tanto singular. Pero la cosa va más allá. Existen documentos que demuestran que la UCD valenciana selló una alianza con el GAV de cara a las elecciones de 1979. En virtud del pacto, militantes del GAV fueron incluidos en las listas de los centristas para las elecciones generales y municipales de aquel año. De este modo, dos miembros del GAV, entre ellos Rafael Orellano, su primer presidente, fueron concejales de la oposición del primer ayuntamiento democrático de la capital valenciana. En ambos comicios las candidaturas centristas recibieron el apoyo entusiasta de María Consuelo Reyna: ‘‘Valencia merece tener como alcalde a un hombre de la talla humana, intelectual y profesional del candidato de UCD’’, decía en una de sus columnas.

Algunos meses después de aquellas elecciones, en las que UCD fracasó, tenía lugar uno de los sucesos más determinantes de la Transición valenciana. Era 9 de octubre. Un ayuntamiento democrático y de izquierdas organizaba por primera vez los actos centrales del entonces llamado Día del País Valenciano. Cabe anotar que País Valenciano fue la denominación oficial de la actual Comunidad Valenciana entre 1978 y 1982. Pues bien, aquel 9 de octubre de 1979 hubo repetidas agresiones contra ciudadanos y autoridades de izquierda, entre ellas el alcalde socialista de Valencia, Ricard Pérez Casado. También fueron golpeados periodistas y policías municipales. La casa consistorial, además intentos de asalto, recibió el impacto de varios objetos y proyectiles, llegando uno de ellos a incendiar las banderas del balcón. Todo ello ocurrió ante la clamorosa inacción de la Policía Nacional. Solo la actuación de los guardias municipales y del servicio de orden del PCE logró evitar que las cosas fueran más lejos. Ante la violencia desatada, el alcalde amagó con cancelar los actos, pero fue disuadido por el gobernador civil, quien le garantizó personalmente la seguridad. Después de aquello, continuaron produciéndose incidentes gravísimos ante la actitud negligente de la fuerza pública. Tanto es así que el primer edil fue asaltado y agredido varias veces, siendo golpeado en la cabeza y amenazado con una navaja.

Hoy sabemos que detrás de al menos una parte de aquellos incidentes estuvieron UCD y el GAV. Rafael Orellano, el concejal de UCD vinculado al GAV, reconoció en una entrevista publicada por El Mundo en 2010 ser el autor intelectual de la quema de las banderas: ‘‘Yo di todos los medios […] Yo lo ideé pero lo dejé en manos del GAV’’. Orellano reveló, además, que el gobernador militar, Luis Caruana, estaba enterado de la acción, lo mismo que un mando policial, a quien avisó ‘‘de que podrían producirse altercados’’. Esto encaja con la versión que el entonces alcalde de Valencia ofrece en sus memorias, según la cual otro concejal de UCD había recibido el visto bueno de Caruana para que se disparara contra ‘‘la enseña de la preautonomía democrática’’. Aunque no hay ninguna evidencia que lo demuestre, es muy probable que el gobernador civil también supiera lo que iba a ocurrir, de ahí que su insistencia en que no se cancelaran los actos resulte particularmente significativa. Huelga decir que esta pasividad policial contrasta con las duras actuaciones ante manifestaciones obreras o estudiantiles, las cuales dejaron en Valencia algunos muertos, decenas de heridos y centenares de detenidos a lo largo de la Transición.

El impacto de aquellos sucesos fue inmenso. Al día siguiente, María Consuelo Reyna responsabilizó a José Luis Albiñana, presidente socialista del Consell preautonómico, de lo ocurrido: ‘‘por defender su puesto, humilla, crispa e insulta al pueblo que lo votó’’. Reyna pretendía hacer ver que los perpetradores de los incidentes -algunos centenares de personas- eran representativos del pueblo valenciano, cuando en realidad eran en su mayoría militantes y simpatizantes del GAV y otras organizaciones ultras. En los días previos, se habían celebrado en Valencia dos manifestaciones casi consecutivas, una convocada por la derecha y otra por la izquierda, siendo la segunda mucho más exitosa. Así, la revista La Calle describió lo sucedido el día 9 como una ‘‘respuesta rabiosa frente a la masiva asistencia a la convocatoria’’ de la izquierda. Como se ha visto, hay indicios suficientes como para pensar en una encerrona.

La animadversión de UCD y su entorno hacia Albiñana, enmascarada en cuestiones simbólicas, radicaba en la insistencia de éste por encauzar la autonomía valenciana por la vía del artículo 151 de la Constitución, la llamada ‘‘vía rápida de acceso a la autonomía’’, la cual Rodolfo Martín Villa condenó como contraria a ‘‘la funcionalidad del Estado’’. Transcurridos dos meses, en medio de una enorme presión, el PSOE abandonó el Consell, forzando así la dimisión de Albiñana y dejando el ente preautonómico en manos de UCD. La decisión fue recibida con alborozo por Reyna, quien afirmó que ‘‘el simple hecho de quitar a Albiñana’’ despejaba ‘‘el camino hacia la autonomía’’. Aunque la autonomía aún tardaría más de dos años en aprobarse, no cabe duda de que todo aquello benefició a la sucursal valenciana de UCD, la cual se hizo con las riendas del Consell y del proceso autonómico a pesar de no haber ganado ningunas elecciones. Finalmente, los centristas lograrían introducir casi todas sus exigencias en el Estatuto de Autonomía. Según Pérez Casado: ‘‘Con la revuelta del 9 de octubre la derecha fijó los límites y marcó la pauta’’.

Este es uno de los episodios turbios y turbulentos más notorios de la Transición valenciana, pero no es, ni mucho menos, el único. A lo largo de aquellos años hubo en territorio valenciano centenares de acciones violentas y terroristas, la inmensa mayoría protagonizadas por la extrema derecha y grupos afines. Casi todas permanecen hoy sin resolver. Todavía queda mucho por desmadejar de la maraña tejida por la UCD, ciertas instituciones del Estado, medios como Las Provincias y organizaciones radicales como el GAV, aunque cada vez sabemos más. Y así, para responder a la pregunta que da título a este artículo, les digo, parafraseando a una conocida presentadora de televisión: estos son los datos y solo suyas son las conclusiones.

Borja Ribera es doctor en Historia Contemporánea

El proceso de transición a la democracia que siguió a la muerte del dictador Francisco Franco y que culminó con la victoria del PSOE en las elecciones generales de octubre de 1982 dejó en la hoy llamada Comunitat Valenciana no menos de 68 atentados con explosivos. De ellos, dos tuvieron como objetivo al escritor Joan Fuster. El primero tuvo lugar el 18 de noviembre de 1978; el segundo, del que hoy se cumplen 40 años, ocurrió en la madrugada del 11 de septiembre de 1981.

Firme defensor de la catalanidad de la cultura propia de los valencianos, el autor de Nosaltres, els valencians (1962) y sus ideas ejercieron una influencia indiscutible aunque menguante en la política valenciana de los años de la Transición. Pero esa influencia, sobre todo presente en ambientes democráticos y de izquierdas, estuvo acompañada de encendidas pasiones, tanto a favor como en contra, siendo la expresión más cruda e inequívoca de estas últimas los atentados terroristas que nos ocupan. 

El primero hemos dicho que se produjo el 18 de noviembre de 1978; esto es, curiosamente, justo un día después de la fecha prevista para la llamada Operación Galaxia, una frustrada intentona golpista participada por Antonio Tejero, futuro protagonista del 23-F. Pero más allá de esa sorprendente coincidencia, este primer atentado está rodeado de numerosos misterios, siendo quizá el más llamativo que la policía nunca lograra identificar a los autores a pesar de que unos vecinos anotaron el modelo, el color y una parte de la matrícula del vehículo con el que presuntamente huyeron. 

Mención aparte merece la escasa atención mediática que suscitó, sobre la cual el escritor Manuel Vázquez Montalbán ironizaba: ‘‘Le ponen una bomba a un intelectual orgánico del PCE o del PSOE y aún estaríamos comiendo bombas y sus señorías se habrían comido esa bomba en el Parlamento, para comer y para cenar. En cambio, la bomba de Fuster ha quedado como una molesta anécdota’’. Apenas dos semanas más tarde, el 4 de diciembre, otro intelectual valenciano, el filólogo y catedrático universitario Manuel Sanchis Guarner, recibía en su domicilio un paquete bomba que no llegó a explotar. Los autores tampoco fueron capturados, y ello a pesar de que el paquete fue entregado en mano y a cara descubierta por un individuo que se sabe que no era un mensajero.

Casi tres años después, ya pasado el 23-F y con el tortuoso proceso autonómico valenciano encarando su recta final, terroristas no identificados atentaban de nuevo contra Fuster en otro episodio sazonado de incógnitas. Así, en la madrugada del 11 de septiembre de 1981 dos potentes artefactos explotaron en la fachada del domicilio del escritor; estaban preparados para que el primero llamara su atención y el segundo, más potente, le alcanzara de pleno. Varias personas salvaron la vida gracias a que uno de los presentes detectó el segundo dispositivo y pudieron refugiarse en el último momento. Los daños en el domicilio de Fuster rondaron el medio millón de pesetas y hubo desperfectos en inmuebles y vehículos próximos. 

El periodista Francesc Bayarri ha revelado en su libro Matar Joan Fuster (i altres històries) que al hilo de este segundo atentado se abrieron diligencias judiciales por un delito menor de daños, no por intento de asesinato, y menos aún por un delito de terrorismo. El 13 de octubre de 1981, habiendo pasado apenas un mes desde el suceso, la causa fue sobreseída y archivada. A pesar de que hubo amenazas y reivindicaciones en nombre de grupos de extrema derecha, los autores, como decíamos, nunca fueron identificados. 

Tampoco sería resuelto un nuevo atentado con bomba ocurrido el 15 de octubre en el rectorado de la Universitat de València, aunque todo apunta a que estuvo motivado por que dicha institución había celebrado poco antes -el 2 de octubre- un acto de homenaje a Fuster. Por el contrario, varios atentados ocurridos en fechas próximas reivindicados por la organización independentista Terra Lliure condujeron a numerosas detenciones, ante lo cual el hoy desparecido Diario de Valencia comentaba en un editorial: ‘‘Cabría pedir también el mismo celo que se ha seguido para la desarticulación de Terra Lliure con aquellos grupos que han estado a punto de hacer saltar por los aires al escritor Joan Fuster y que han arrancado un pie a un trabajador de la Universidad. Varios meses después resulta hasta cierto punto sorprendente que no se conozca la identidad de los autores de estas acciones’’.

Y es que, tal como sugieren las circunstancias que envuelven a los atentados terroristas sufridos por Joan Fuster, la historia de la Transición valenciana es una historia de violencia, pero también de impunidad. En el encabezamiento de este artículo nos hemos referido a 68 atentados con explosivos. A ellos hay que sumar decenas de acciones graves tales como: asesinatos, asaltos e incendios de establecimientos, ametrallamientos o agresiones a autoridades, y también centenares de episodios en principio menos graves como pueden ser las agresiones callejeras, los falsos avisos de bomba o los ataques con cócteles molotov. 

Sirva de ejemplo que hubo una treintena de atentados de distinta envergadura contra librerías. Así, a lo largo de la Transición hubo en las tres provincias valencianas -sobre todo en la de Valencia- más de un millar de episodios violentos con motivaciones políticas. Unos episodios cuya responsabilidad permanece judicialmente impune en la mayor parte de los casos, particularmente en los que la autoría más plausible recae sobre grupos parapoliciales o de extrema derecha.

Nota: Los datos reflejados en este artículo aparecen justificados y desarrollados en la tesis doctoral del autor: La violencia política en la Transición valenciana (1975-1982), Universitat de València, 2021.

Al día siguiente, 26 de junio, se hacía público un comunicado de la sección local de Fuerza Nueva, el partido de extrema derecha más relevante de aquellos años: ‘‘Es intolerable que se pueda alardear de un desviacionismo anti-natural y se dedique un día a la exaltación de conductas aberrantes, o en el mejor de los casos patológicas’’, decía el texto. Su intención era alertar a la opinión pública del ‘‘progresivo desmoronamiento de la moral social’’ que -según decían- ponía en peligro la supervivencia ‘‘de nuestra comunidad’.

Poco antes del ataque contra el pub Napoleón y de la publicación del pintoresco comunicado de Fuerza Nueva, el 24 de junio, había tenido lugar la primera manifestación formalmente organizada en la capital valenciana con motivo del Día del Orgullo Gay. En los años anteriores se habían celebrado algunas concentraciones más o menos espontáneas, casi siempre reprimidas. Aquella tarde de verano de 1979, una considerable multitud –de entre 2.000 y 5.000 personas según distintas fuentes- desfiló por el centro de la ciudad tras una pancarta que rezaba: ‘‘Por la liberación sexual y contra la marginación de la homosexualidad’’. La manifestación había sido organizada por el Moviment d’Alliberament Sexual del País Valencià, contando con el respaldo de la Asamblea de Mujeres y de algunos partidos de la izquierda extraparlamentaria tales como el Movimiento Comunista o la Liga Comunista Revolucionaria. A pesar de que el recién estrenado Ayuntamiento democrático, controlado por PSOE y PCE, había prestado su apoyo logístico a la convocatoria, los grandes partidos de la izquierda no se dejaron ver por allí. Estas reivindicaciones no ocupaban todavía un lugar preferente en sus agendas.

La marcha discurrió de forma festiva pero también reivindicativa, ante unos viandantes que –según contaba el diario Las Provincias- la observaban con ‘‘curiosidad y un cierto aire divertido’’. La cosa se torció poco antes del final, cuando unos cuatro o cinco ultraderechistas, armados con porras y objetos contundentes, trataron de reventarla. La rápida y decidida respuesta del servicio de orden les obligó a huir con el rabo entre las piernas. Seguramente, el atentado contra el pub Napoleón fue su cobarde respuesta ante aquella derrota. Pero, no contentos con eso, la CONS, un grupúsculo de la ultraderecha que se presentaba como sindicato, difundió a través de la prensa un comunicado poco menos que lloriqueando: ‘‘Dos jóvenes afiliados a este sindicato fueron salvajemente apaleados en la avenida del Oeste, en la manifestación gay del domingo’’. Es bien sabido que la ultraderecha tiene mal ganar y peor perder.

Pero no fue Valencia la única ciudad española con movilizaciones e incidentes aquella jornada. En Bilbao, donde la marcha había transcurrido sin sobresaltos, 138 personas fueron detenidas horas después en un local del casco viejo. La redada se había desencadenado sin motivo aparente: ‘‘El criterio para decidir a quiénes detenían y a quiénes no era, en general, la largura del cabello o el aspecto personal más o menos progre’’, declaró ante la prensa uno de los afectados. En Madrid, la gran manifestación prevista no había sido autorizada (‘‘el ambiente de la calle no está para manifestaciones’’, le dijo el gobernador a uno de los organizadores), celebrándose en su lugar un acto más modesto en la Casa de Campo. La extrema derecha hizo, una vez más, acto de presencia, con pequeños grupos infiltrados que trataron de reventar el evento. Entre ellos fue retenido un individuo que llevaba consigo un carnet de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios. A la salida, uno de los asistentes resultó herido en la cabeza. Ante la airada respuesta de quienes presenciaron la agresión, uno de los ultras realizó cuatro disparos con una pistola. Finalmente, algunos de los provocadores fueron detenidos por la policía.

Unas 5.000 personas acudieron a la manifestación de Barcelona, donde hubo protestas por las palizas que varios homosexuales de la ciudad habían sufrido en los días previos. Y es que agresiones como las que hemos visto contra miembros de este colectivo no eran, ni mucho menos, hechos aislados. En mayo, por ejemplo, se habían producido numerosos ataques en la localidad barcelonesa de Sitges. Uno de ellos dejó a un ciudadano francés gravemente herido con profundos cortes en la cabeza. Los agresores, identificados por el diario El País como miembros de ‘‘bandas fascistas’’, iban armados con cadenas. El 10 de junio, además, el travesti valenciano Vicente Vadillo ‘‘Francis’’ había sido asesinado a sangre fría en un pub de Rentería (Guipúzcoa). Recibió un disparo en la cabeza. El autor del crimen era un policía fuera de servicio que se encontraba completamente ebrio. Años más tarde, en 1983, el agente sería condenado a nueve meses de prisión, donde nunca ingresó.

Hace algunos días, Santiago Abascal –sobran las presentaciones- aleccionaba en sede parlamentaria sobre el ‘‘odio histórico de la izquierda hacia los homosexuales’’, poniendo Cuba como ejemplo. Además de prestar tanta atención a lo ocurrido hace no sé cuántos años en exóticos países situados a miles de kilómetros de distancia, sería deseable que el señor Abascal se preocupara por denunciar a quienes han perseguido, humillado y hasta asesinado impunemente a homosexuales en el suyo propio. ‘‘España, lo primero’’ reza uno de los eslóganes más sonados de su partido. A ver si se aplica el cuento.

Tomando como referencia los resultados de las elecciones de junio de 2016, los tres partidos de derechas -junto a sus aliados navarros- se han dejado por el camino casi tres puntos porcentuales. Si en 2016 sumaron el 46,1% de los votos, en 2019 han bajado hasta el 43’2%. La espectacular irrupción de Vox -que ha pasado del 0,2 al 10,3%- no ha servido para compensar la caída. La izquierda, por su parte, ni siquiera ha necesitado los votos de los nacionalistas vascos y catalanes para imponerse. La suma de los votos obtenidos por PSOE, Unidas Podemos y sus aliados valencianos de Compromís ha alcanzado el 43,6%. Si añadimos también los sufragios del Partido Regionalista de Cantabria –que gobierna en coalición con el PSOE en esa comunidad autónoma- la izquierda española y sus aliados se han quedado muy cerca del 44%. Así pues, el bloque progresista –sin nacionalistas catalanes y vascos- ha superado en algo más de medio punto a la suma de las tres derechas, lo que supone unos 150.000 votos de ventaja. No obstante, esta diferencia es mucho mayor en escaños: el bloque progresista –contando al PRC- logra 167 escaños, mientras que el conservador alcanza tan solo 149. Esto se debe a que el sistema electoral ha resultado muy beneficioso para el PSOE, al situarse este partido como el más votado con 12 puntos de ventaja respecto al segundo. En 2011, por ejemplo, el PP obtuvo 186 diputados –el 53,1% del total- con el 44,6% de los votos, gracias, sobre todo, a que superó en 16 puntos al PSOE. Entonces, claro, la prensa madrileña calló.

Por lo demás, la estrategia de crispación de la derecha -reflejada en aquella manifestación de la plaza Colón de Madrid que reunió en la misma fotografía a Casado, Rivera y Abascal- la ha dejado aislada, prácticamente sin ningún aliado potencial. De hecho, a día de hoy, la única fuerza parlamentaria susceptible de suscribir sus posiciones –y no todas- es Coalición Canaria. No es exagerado afirmar, por lo tanto, que casi todos los votos que no han ido para la derecha, han ido contra ella. De este modo, el amplio bloque que apoyó la moción de censura de Pedro Sánchez en 2018 ha visto incrementados sus apoyos en más de un punto y medio: del 50,4 al 52%. Si la moción de censura estuvo respaldada por 180 diputados, las fuerzas que la apoyaron suman ahora 198, a los que cabría añadir el diputado del PRC. Así, el bloque de la moción de censura –más el PRC- alcanza 199 diputados que representan al 52% de los votantes, mientras que el bloque conservador se queda en 149 escaños en representación del 43,2%. En medio se encuentra Coalición Canaria –que se abstuvo en la moción- con dos diputados.

Pero este análisis estaría incompleto sin tener en cuenta los votos obtenidos por los partidos que han quedado sin representación parlamentaria. La inmensa mayoría de las candidaturas que no han entrado en el Congreso –PACMA, Front Republicà, BNG, etc.- están inclinadas de manera más o menos clara hacia la izquierda, por lo que en realidad los electores que se han movilizado contra el proyecto de las derechas superan el 55%. Si PP, Ciudadanos, Vox, los conservadores navarros y algún otro pequeño partido de derechas han sumado aproximadamente 11,3 millones de votos, todos los que de un modo u otro se oponen a sus planteamientos básicos han superado holgadamente los 14 millones. Así pues, lo que de verdad lamentaba la prensa madrileña es que las derechas no hubieran ideado una fórmula que permitiera a sus 11,3 millones de votantes imponerse sobre los más de 14 que se decantaron por opciones progresistas. Demócratas de toda la vida, ya se sabe.

Albert Einstein

Un buen amigo me enviaba la otra noche una fotografía con la cita que encabeza este artículo escrita en una pared. El color naranja chillón daba alguna pista: se trataba nada menos que de la sede de Ciudadanos en Madrid. La mofa era evidente. Albert Einstein nunca dijo esa frase ni ninguna parecida. El que tiene boca se equivoca, dirán ustedes. Pero que un partido que aspira a gobernar España empapele sus sedes con citas de garrafón da un poco de cosa, digo yo.

El caso es que me puse a indagar por Internet. Será que soy muy riguroso, o un neurótico. Yo qué sé. Y me encontré con que la referida cita (?) aparecía en la pared de la sede de Ciudadanos acompañada por otras de no menos fuste (estas sí, verdaderas) de señores tan eminentes como Victor Hugo, John Fitzgerald Kennedy y… (válgame Dios) Albert Rivera. Sí, han leído bien: Albert Rivera se colocó a sí mismo en su propia sede al mismo nivel que Einstein, Victor Hugo o JFK. Ahí es nada. El valor filosófico de la cita de Albert R. (‘‘Tenemos que recuperar la ilusión que nunca debimos perder’’) lo dejo a su juicio, aunque no se puede negar que algo de visionario tiene el muchacho: en su partido harían bien en leerla y releerla si quieren sobreponerse al efecto Sánchez. Lástima que hace algo más de un año decidieran eliminar esa y las demás citas de sus paredes. Cosas del marketing.

Pero volviendo a la presunta cita de Einstein, resulta, como decía, que el ilustre físico nunca pronunció esas palabras ni ningunas semejantes. El equívoco viene de lejos. Desde hace bastantes años se le atribuye erróneamente la siguiente frase: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Otros hombres notables como Benjamin Franklin o Mark Twain aparecen aquí y allá como padres de la criatura, pero lo cierto es que deberíamos hablar de madre más que de padre, pues la verdadera artífice de tan sabias palabras parece que fue una mujer: la escritora y activista norteamericana Rita Mae Brown. Luego, caprichos del destino, la frase fue deformada y atribuida a otras personas, todas ellas del género masculino. Tal vez en Ciudadanos harían bien en restituir aquella cita, atribuyéndosela esta vez a su verdadera autora, lo cual serviría -de paso- para visibilizar un poco a las mujeres en las paredes de sus sedes, en las que más que calladas estaban como ausentes, que diría Pablo Neruda.

Puestos a corregir y enmendar, podrían también buscar alguna cita verdadera de Albert Einstein. Aunque bien pensado, es bastante probable que el pensamiento político del señor Einstein no sea muy del agrado de su tocayo español y compañía. Es sabido, aunque posiblemente en Ciudadanos lo desconozcan, que Einstein, además de Premio Nobel de Física, era un socialista convencido. Pero socialista de los de antes, de los que querían socializar los beneficios de las grandes corporaciones. La verdad es que, leídas hoy, las reflexiones políticas de Albert (el físico) dejan al mismísimo Pablo Iglesias como un Tony Blair de gomaespuma. Y es que en 1949 un maduro Einstein (moriría en 1955 con 76 años) sintetizó sus opiniones políticas en un ensayo titulado elocuentemente ¿Por qué socialismo?, que apareció publicado en la revista neoyorkina Monthly Review. El ensayo está disponible en innumerables sitios web, de manera que no me extenderé sobre su contenido. Sin embargo, sí me gustaría reproducir un pasaje a modo de sugerencia para Ciudadanos: ‘‘Estoy convencido –decía Einstein- de que hay solamente un camino para eliminar los graves males [del sistema capitalista], el establecimiento de una economía socialista, acompañado por un sistema educativo orientado hacia metas sociales’’.

La cita, además de contundente, tiene la ventaja de ser auténtica. Lo malo es que en la pared de la sede de Ciudadanos quedaría un poco rara, no nos engañemos. A Girauta o a Garicano podría provocarles una úlcera o algo peor. No obstante, si prefieren seguir falsificando, bien podrían atribuirle a Albert Rivera aquella célebre y socorrida cita de Groucho Marx (‘‘Estos son mis principios. Si no le gustan… tengo otros’’). A diferencia de las opiniones de Einstein, esta sí les va como anillo al dedo, pues hace solo unos días pudimos ver al señor Rivera paseándose a todo color en la cabalgata del Orgullo, cuando hace apenas dos años consideraba que el matrimonio homosexual generaba ''tensiones innecesarias''. Una vez más, cosas del marketing. Por lo demás, si hay que elegir entre un Albert u otro, por mi parte la cosa está clara.