Al fin arrancó Sumar. Entre calor y expectación, en Matadero se creó una atmósfera de esperanza que recordaba a lo ocurrido el noviembre pasado en Valencia. 

Que la figura de Yolanda Díaz sea capaz de generar este efecto es el resultado de diferentes elementos. Por un lado, sus formas cercanas y tranquilas le permiten conectar con amplias mayorías (eso de no hablar solo para los ya convencidos) y, por otro, el hecho de ser ministra de Trabajo y haberse esforzado en operar cambios con impacto real en un terreno crucial como es el laboral.

Mucha gente percibe y valora que Yolanda se centre más en el hacer que en el decir. Y para seguir haciendo, escuchar de primera mano al conjunto de una sociedad civil cuya relación con el ámbito político viene siendo irregular y accidentada, puede ser una buena receta.

En mi opinión, la labor de la izquierda política no debe limitarse a dar voz a colectivos sociales afectados o en conflicto, ni a incorporar perfiles de ésta a listas electorales. Hay que tejer una conversación permanente y bidireccional si queremos aspirar a construir un bloque social, político y cultural que reme en la misma dirección. Si este proceso de escucha contribuirá a ello es una incógnita que aún está por despejarse, pero la iniciativa en sí misma parece ser consciente de esta necesidad.

Otro aspecto –y no precisamente menor- que inserta potencial a “Sumar” es vincularlo a proyectos tan relevantes como la edificación de un nuevo contrato social. Y más cuando la labor de Yolanda al frente del Ministerio transmite una idea que comparto al cien por cien: La mejor fórmula para garantizar que no hay retrocesos es seguir promoviendo avances.

La Ley Rider o la reciente Reforma Laboral son peldaños de una escalera mucho más larga, en cuyo siguiente piso encontramos el proyecto de Nuevo Estatuto de los Trabajadores. En una sociedad donde el trabajo sigue siendo el núcleo de las relaciones sociales, contar con personalidades y herramientas para operar cambios en ese ámbito es una cuestión diferencial.

En este sentido -y más aún en mi caso como trabajador de Correos y sindicalista- que en ese nuevo contrato social se plantee el llevar la democracia a las empresas (para que deje de quedarse a sus puertas como denunciaba Marcelino Camacho), dando peso a las plantillas en la toma de decisiones y, también, a la economía en general, con una apuesta por la fiscalidad progresiva, sitúa un horizonte estimulante.

Quienes queremos un país con un gran sector público sin complejos respecto al mercado privado, que piense más en dividendos sociales que en beneficios particulares y comprometido con lograr vidas buenas para la gente trabajadora, podemos y debemos sumar. 

La referencia a “La amenaza fantasma” (Star Wars Episodio I) tiene su explicación. En dicha película suceden una serie de acontecimientos y se toman una secuencia de decisiones aparentemente intrascendentes que, sin embargo, con el desarrollo de las mismas en el tiempo, ponen “la galaxia” patas arriba. El entrenamiento de Anakin como jedi, el nombramiento de Palpatine como Canciller Supremo, son hechos que acabarán teniendo un impacto decisivo en la saga.

Algo parecido puede suceder con la aprobación de la nueva reforma laboral, pues desde mi punto de vista, supone un indiscutible cambio de tendencia. La degradación de las relaciones laborales venía siendo la constante desde hace décadas. Reforma tras reforma, legislación tras legislación y gobierno tras gobierno, la balanza entre el capital y el trabajo se ha ido desequilibrando progresivamente en favor del primero, en un trasvase continuo de riqueza de manos de la clase trabajadora hacia los bolsillos de los empresarios y accionistas.

Por el contrario, la nueva legislación laboral no marcha por esa senda de precariedad y desregulación del empleo en España que parecía incuestionable, sino que recupera ciertas posiciones perdidas, siendo algunas de ellas estratégicas. Y me quiero referir especialmente a todo lo relativo a la negociación colectiva y el papel de las organizaciones sindicales, sin menospreciar por ello el resto de ítems que aborda el documento.

A nadie se le escapa que, por muy diversas razones, el crédito sindical lleva tiempo desgastándose. A pesar de ser la “molécula” más relevante de la sociedad civil (organizando diariamente a millones de trabajadores), el movimiento sindical estaba dando síntomas de debilitamiento en las negociaciones pero también en las calles. La reforma laboral de 2012 fue un varapalo de esos que te fracturan varias costillas. Y es que las patronales tienen más claro que nadie (incluso que buena parte de la gente trabajadora) cuál es la espina dorsal que impide que nuestros derechos sean totalmente arrasados: la organización colectiva.

Por ello, todo lo que sirva para apuntalar la posición sindical y dar nuevas energías a la clase trabajadora, hay que ponerlo en valor y entenderlo como un elemento clave a la hora de seguir avanzando en la tendencia que parece abrir esta reforma, con Yolanda Díaz como gran artífice.

La ultraactividad de los convenios, la prioridad del sectorial sobre el de empresa en aspectos cardinales como el salario o impedir el pirateo de convenios en las empresas subcontratadas, supone una recuperación de derechos centrales en lo que respecta a la negociación colectiva.

Partiendo de la base de que la fragmentación de la clase trabajadora es una cuestión históricamente estratégica para las patronales, que nos quieren “de uno en uno y sin rechistar”, todo lo que contribuya a cohesionar y compactar nuestras condiciones de trabajo, debe dársele un reconocimiento explícito y acorde con su entidad. Más aún, si tenemos en cuenta el hecho de que esta reforma, además de reforzar la capacidad colectiva de los trabajadores, ha tenido la virtud de dividir (al menos temporalmente) a las patronales.

Algunos provenimos de una cultura política en la que recomponer tus filas y fisurar las del contrincante ha de considerarse un avance trascendente. Este paso adelante ha de servir, por un lado, para continuar abriendo el camino de la recuperación de derechos y la conquista de otros nuevos. Y por otro, para sacudirnos de encima el polvo de la resignación.

La aprobación de la Ley Rider ha generado un fuerte revuelo en lo que se conoce como economía de plataformas. Lógicamente, toda norma legal para ser evaluada con justicia, requiere que sean analizados sus efectos prácticos, es decir, medir el impacto de su aplicación sobre el terreno.

El carácter pionero de dicha legislación ha ocupado –merecidamente- parte de la atención mediática. El resto está siendo una disputa entre partidarios y detractores, con sus respectivas escalas dentro de cada uno de los grupos.

Recientemente, aparecía una preocupante noticia en este mismo medio, publicada por la comprometida y abnegada periodista Laura Olías, a quienes desde el mundo sindical y del trabajo tenemos en alta estima.

En dicho artículo se nos acercaba a la peligrosa situación en la que se encuentran actualmente, compañeros repartidores como Fernando García o Nuria Soto, quienes están siendo insultados, acosados y amenazados. ¿Su delito? Atreverse a reclamar la condición de trabajadores, hecho que han avalado numerosos tribunales y que es determinante para desarrollar el trabajo en condiciones de laboralidad asalariada.

Lo que hay detrás de la persecución a la que están siendo sometidos por la parte empresarial y sus satélites en el lado de los “autonomistas”, lo expresaba de forma muy elocuente la propia Nuria: “Lo que buscan es que todo el odio que haya cuando las empresas precaricen a los trabajadores o no les den trabajo no vaya dirigido a las empresas, que son las que lo hacen, sino que se vuelva contra nosotros. Dicen que la culpa es de RiderxDerechos y listo. Es un plan maravilloso.”

Sin embargo, esta situación -no es la única pero la considero tremendamente reveladora- me lleva a plantearme una reflexión más profunda acerca del estado actual de las relaciones laborales.

La desregulación de las condiciones de trabajo es una política estratégica de los grandes empresarios y accionistas. Existe un objetivo claro de descomposición de la fuerza de la clase trabajadora, hasta el punto de pretender, en ciertos sectores laborales, su disolución bajo formas de “economía colaborativa”.

Tanto es así, que los riders (y muchos otros falsos autónomos), han tenido que conquistar el estatus de trabajador, como puente hacia la consecución de mayores derechos. En otras palabras, hay sectores de la clase trabajadora que en pleno siglo XXI se ven forzados a pelear contra el desclasamiento al que son empujados para ser todavía más fácilmente explotables.

Nadie puede negar que tal cosa, supone un retroceso general de la lucha de los trabajadores. Las multinacionales y la patronal aprietan y mucho hacia el barro de la precariedad y la vulneración de derechos. Ante esto, corremos el riesgo de considerar que la “gran batalla” es la de limitar por abajo, como mejor fórmula para evitar la extensión de la pobreza y la extrema pobreza entre la gente trabajadora. De hecho, buena parte del programa político de la izquierda en España se dirige en este sentido. 

Y es indiscutible que para evitar que nuestros derechos sigan yéndose por el desagüe, es necesario poner el tapón. Los empleadores usan todas nuestras fragilidades para empeorar las condiciones a escala global. Son catedráticos del dumping social, artistas de la igualdad a la baja. Pero, a su vez, ese planteamiento contiene una debilidad fundamental: no es representativo de las aspiraciones de la clase en su conjunto.

En estos años luchas de colectivos como las Kellys, los eventuales de Correos o los propios riders han puesto de manifiesto no solo que, a pesar de las dificultades y la precarización de esos empleos, organizarse y plantar cara ante los abusos es posible, sino que incluso se pueden obtener algunas victorias.

Y por supuesto que la gente trabajadora no queremos que alguien labore doce horas y cotice seis, personas contratadas como pañuelos de usar y tirar, privadas de libertad sindical o que tengan que reclamar ser reconocidas como asalariadas. Pero estas reivindicaciones (que atienden a la lógica de limitar por abajo) no pueden ser la punta de lanza de la agenda obrera, ni las plantillas que se encuentran en esa situación, la primera línea frente a los empresarios. Sería injusto y poco funcional.

En su lugar, hay que recuperar el énfasis sobre políticas que supongan mejoras significativas para el conjunto de los trabajadores y asumir que nos toca tirar del carro, a las plantillas de las grandes empresas y los sectores estratégicos, donde a pesar de la merma general, siguen quedando más derechos. En definitiva, sustituir “poner el tapón” por “salir del agua”, porque cuando emerge y se eleva, automáticamente todo el cuerpo asciende.

El movimiento obrero hemos tenido éxito a lo largo de nuestra historia cuando se han empuñado banderas como la jornada de ocho horas, el derecho a huelga, los descansos semanales, etc. Reclamaciones con capacidad expansiva que permitían que millones de personas entendieran que su consecución tendría un enorme y positivo impacto sobre sus vidas.

Desde luego, la solidaridad entre trabajadores nos mandata luchar por impedir que haya gente empleada en condiciones de miseria, así como extender la organización sindical y política a los sectores laborales más vulnerables. Pero siguen siendo reivindicaciones de avanzada como la derogación de las reformas laborales, la reducción colectiva del tiempo de trabajo o la socialización de los cuidados, las que permiten emerger y tirar de todos hacia arriba.

“No votes por correo, puede estar amañado”. Este es uno de los eslóganes que desde la ultraderecha se están lanzando de cara a los comicios autonómicos en Madrid del 4 de mayo. Ya en las últimas elecciones catalanas agitaron el mismo fantasma. Entonces la ultraderecha se jugaba sobrepasar al resto de candidaturas de derechas y así convertirse en el principal azote del nacionalismo en Cataluña. Una tribuna perfecta para promocionarse hasta las próximas elecciones generales. Y no les fue nada mal.

En Madrid, debido a la configuración del estado en España y la centralización de los principales poderes en su capital, la batalla es aún más relevante si cabe. Una vez más, desde el entorno de Vox, se replica la famosa campaña trumpista contra el voto por correo.

Si algo ha demostrado la derecha española es su adicción al “todo vale”. Desde las cloacas del estado a la compra-venta de representantes políticos, pasando por fotomontajes de la Gran Vía repleta de ataúdes. Cualquier campaña, declaración, acción o manifiesto es utilizable –tenga o no fundamento alguno- para conseguir el objetivo propuesto. Esa es la única libertad que les interesa, la de hacer y deshacer sin consecuencias.

Es poco probable que los promotores de dicha campaña anti voto por correo, realmente consideren que vaya a haber un pucherazo electoral por esa vía. Hablamos de una alternativa vigente desde hace ya mucho tiempo en el ordenamiento jurídico de nuestro país, para garantizar la universalidad del sufragio y favorecer la participación de la ciudadanía en dichos procesos democráticos.

¿Qué hay detrás entonces? Determinar un martes laborable como fecha para celebrar las elecciones ha generado justificado revuelo entre asociaciones de madres y padres, pues el hecho de declarar tal día como no lectivo, no resuelve el problema de las familias para ocuparse de las niñas y niños al no tener clases.

En el marco laboral, la ley ampara claramente al trabajador que acuda a votar durante su jornada y reconoce el derecho al sufragio como un permiso retribuido. Sin embargo, la amplia diversidad de circunstancias que nos encontramos en el mundo del trabajo, así como los condicionantes propios impuestos por la pandemia, hacen del voto por correo una posibilidad más que razonable para un gran número de trabajadores. Y cabe esperar un aumento exponencial del mismo.

En esta situación, desplegar una campaña señalando el voto por correo como una fórmula para el fraude, parece claro que únicamente busca desincentivar la participación en las elecciones. 

Pero no solo eso, con esta campaña también se pone en el disparadero a la plantilla postal. El personal de Correos llevamos realizando elecciones de manera histórica. Ha habido gobiernos del PSOE, del PP, ascensos y bajadas de Vox y de Unidas Podemos, desplomes como el de Ciudadanos… Nuestro compromiso con estos procesos democráticos está más que probado. 

Y eso a pesar de que cada vez que abordamos uno, la plantilla pagamos una factura enorme debido a la sobrecarga a la que nos vemos forzados por la merma de plantilla y la falta de contratación. Una vuelta de tuerca más en una perversa rutina de sobreesfuerzos del todo inasumibles. Claro que eso a la ultraderecha no le interesa lo más mínimo, como el resto de problemas cruciales que tenemos la gente trabajadora.

Nos señalan y nos atacan porque somos empleados públicos y, como al resto de servicios públicos, también nos odian. Odian la Sanidad pública por cuidar igual a alguien que se apellide García o Espinosa de los Monteros. Odian la Educación pública por formar al alumnado sin preguntar de qué barrio es ni cuánto dinero tiene su familia. Y también nos odian a la plantilla de Correos, no porque el presidente Serrano sea próximo a Pedro Sánchez, sino porque mediante el servicio público que prestamos y nuestro trabajo en cada proceso electoral, contribuimos mucho más a la democracia en España de lo que jamás lo harán ellos.

Odian lo público porque es para todos, salvo cuando les sirve para hacerse de oro.

“Afronto esta nueva etapa teniendo muy presentes a los más de 51.000 empleados del Grupo Correos, así como a sus familias, cuya vida gira en torno a esta gran empresa. Sin duda, lo mejor que tiene la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos es su capital humano, sus trabajadoras y sus trabajadores”. Así se estrenaba el nuevo Presidente Juan Manuel Serrano en la Carta que el 23 de julio nos dedicaba a toda la plantilla de Correos S.A.

Desde luego no puede discutirse que este hombre tiene la marca del PSOE de Pedro Sánchez: marketing político y buenas palabras dirigidas a la mayoría trabajadora. Ahora bien, la realidad -que es siempre la más tozuda- viene a demostrar que las cosas se cambian con nuestra acción y no con declaraciones melosas. Y para muestra un botón.

El verano en Correos se ha saldado de la peor forma posible. La sobrecarga de trabajo ocasionada por la bajísima tasa de contratación y el incumplimiento del ya de por sí bochornoso “acuerdo de coberturas” (que abrió la puerta a tener secciones de reparto permanentemente sin cubrir, cargando ese trabajo entre el resto de la plantilla del centro) ha generado todo un caos laboral perjudicial tanto para la salud de los trabajadores como para la satisfacción de los usuarios del servicio. Compañeros que entraron a través de las nuevas bolsas de empleo eventual el pasado 1 de junio han decaído voluntariamente al ver los entresijos de lo que supone trabajar en Correos por no hablar de la cretina actuación de algunos jefes que, a través de evaluaciones negativas, han fulminado a nuevos eventuales en lugar de enseñarles a desempeñar correctamente sus labores.

Ante esta insuficiencia flagrante de plantilla, la directiva decidió realizar una ampliación de las bolsas de empleo temporal el 19 de septiembre. Pocos meses después de haber iniciado los nuevos listados ya se ponía de manifiesto la ineficiencia de unas bolsas cortas, renovadas con mucha gente sin experiencia en la empresa, que lejos de servir para sacar adelante el volumen de trabajo, se han utilizado para impulsar el “plan renove” de la plantilla que Correos S.A. está ejecutando de acuerdo al proceso de privatización que pretende consumar en los próximos años, promoviendo así la exclusión social y el aumento del paro estructural en nuestro país.

Por otra parte, la ya de por sí restrictiva política en lo que se refiere a días de libranza también ha llegado a cotas extremas. La empresa ha restringido de forma sistemática dichos permisos (en especial al personal eventual), lo que de facto supone una discriminación hacia este colectivo que ya oscila el 35% del total de la plantilla. Por ejemplo, en los grandes centros de clasificación muchos eventuales sólo han conseguido días libres a cambio de acudir a trabajar algún festivo, ya que tanto las vacaciones (a pesar de que el ET las recoja como días para el disfrute) como los días de “asuntos propios” han sido mayoritariamente denegados.

No obstante, el peor saldo se ha producido en la siniestralidad laboral. Recientemente se ha conocido a través de CGT Correos que de los accidentes laborales producidos en la empresa aproximadamente la mitad recaen sobre el colectivo eventual. El suceso más dramático tuvo lugar el pasado 28 de agosto, cuando fallecía en accidente laboral nuestra compañera Irene en Vitoria a los 39 años de edad mientras repartía en moto. La cifra de accidentes crece aunque Correos (como tantas otras empresas) intenta ocultarlo en el cajón de las “enfermedades comunes”. El empeoramiento de las condiciones laborales guarda una relación directa con el aumento de la siniestralidad en el trabajo. Sin duda, la explotación, la presión constante de las jefaturas y la extensión de la precariedad son enemigas de los derechos, de la salud y de la propia vida.

Actualmente, Correos está de nuevo ocupando titulares debido al accidentado examen de consolidación de empleo que tuvo lugar el 30 de septiembre y que ha resultado todo un fiasco a nivel organizativo. Las irregularidades ya están dando paso a algunas impugnaciones y habrá que ver qué sucede en futuros procesos con tan mal precedente. Las exigencias que Correos se autoimpone distan mucho del nivel que cada día se nos exige a las plantillas en el puesto de trabajo. Esta consolidación ya de por sí había levantado todo tipo de ampollas. No se comprende que la empresa estuviese sin ofertar plazas fijas durante ocho largos años (mientras se destruían más de 15.000 puestos de trabajo) y ahora saque convocatorias consecutivas que pretende hacer pasar por oposiciones (cuando no se accede como personal funcionario) y en las que el número de plazas se puede medir con “cuentagotas”.

Es más, desde sectores en lucha como las Plataformas de Eventuales de Correos (Madrid, Valencia, Sevilla, etc), Correos en Lucha o CGT, se viene defendiendo la total reposición de la tasa de empleo destruido desde hace una década y la consolidación a través de la conversión progresiva de los contratos eventuales en indefinidos respetando como mérito esencial la antigüedad en la empresa. Así se lograrían aliviar las inmensas cargas de trabajo actuales, disminuir la tasa de parados del país y prestar un servicio digno en favor de la comunidad y no de las grandes empresas. Al mismo tiempo se evitaría que, sobre todo los jefes de algunas organizaciones sindicales, conviertan el acceso a un puesto de trabajo fijo en un lucrativo negocio más propio de una academia.

Llegados a este punto, resulta imposible no volver a leer las azucaradas palabras del Presidente Serrano con las que iniciábamos el artículo. Una nítida diapositiva de lo que ha supuesto la llegada del PSOE al gobierno central -al menos hasta que Moncloa y Unidos Podemos se han atrevido a plasmar un acuerdo histórico de cara a los PGE del próximo año.

Los problemas esenciales que afectan a la mayoría trabajadora exigen soluciones y no colocar las buenas palabras y el marketing publicitario como pivote. Ahora es el momento de demostrar que el mencionado acuerdo no es una cuestión excepcional y tomar cartas por parte del gobierno de Pedro Sánchez en el devenir de Correos S.A. donde la inacción del nuevo presidente sigue agudizando la crisis de derechos de toda la plantilla y la grave situación del sector público. A fin de cuentas, conviene no olvidar que somos lo que hacemos y no lo que decimos.

Correos S.A. sigue siendo top en los mass media. Unos días después de ser cesado su ex-presidente Javier Cuesta Nuín (sustituido por Juanma Serrano, uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez) y de hacerse públicas unas estruendosas filtraciones acerca del futuro privado hacia el que camina la empresa a marchas forzadas, dando un giro de 180º a sus prioridades estratégicas y al perfil de su plantilla, ahora es Bruselas quien saca el mazo a pasear. Y es que nuestra realidad estatal a menudo es rebasada por la pertenencia a la Unión Europea, donde el sector postal ya ha sido mayoritariamente liberalizado y entregado al capital privado.

Ayer publicaba El País que “la Comisión Europea ha concluido que Correos recibió entre los años 2004 y 2010 una compensación excesiva por parte del Estado para cumplir su papel como servicio postal universal. Bruselas cifra esta ayuda en 166 millones de euros, que la compañía deberá reembolsar al Tesoro. A ellos se suma un millón más derivado de exenciones fiscales indebidas, según revelan fuentes comunitarias”.

Hay que tener en cuenta que el importe de la partida destinada a cubrir el Servicio Postal Universal (SPU) ha sido drásticamente recortado en los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados por M. Rajoy antes de abandonar La Moncloa. Y que dicho recorte, junto a otras problemáticas aun más lesivas, como los recientes despidos ejecutados por la empresa a trabajadores con bajas médicas aplicando la Reforma Laboral o la exclusión de una gran cantidad de eventuales de nuevas bolsas de empleo, entre otras, ha generado un aumento de la movilización de la plantilla y un requerimiento al Gobierno del PSOE de revertir las políticas aplicadas por sus predecesores al frente del Ejecutivo.

La demanda de aumentar el dinero presupuestado para el SPU es de las pocas medidas que aparece en la tabla reivindicativa de las organizaciones sindicales y las plataformas en lucha. Por tanto, no parece fortuito que justo cuando la cantidad destinada a este servicio público está en liza y el movimiento de trabajadores presiona por su ascenso, Bruselas haga su entrada en escena para dar un golpe encima de la mesa y, apoyándose en una denuncia de 2013, dictaminar que Correos debe devolver una millonada porque, según ellos, se ha estado ayudando excesivamente a esta empresa pública.

Es evidente que la Comisión Europea busca condicionar la partida otorgada al SPU. Al sentenciar que en el pasado ha estado por encima de lo necesario, lo que en verdad indica es que el nuevo Gobierno debe desoír las reclamaciones de los trabajadores y no incrementar el dinero destinado a esta función.

Y, para cerrar el hilo argumental, deja la puerta abierta a la posibilidad de que la directiva de Correos hubiera estado usando parte de los fondos públicos para la actividad de paquetería que no puede ser financiada con dinero público en lugar de para satisfacer el servicio postal.

Así pues, Bruselas juzga a Correos por “irregularidades en su financiación”, pero a su vez manda el mensaje de que los recortes en la partida del SPU van en buena línea catalogando de excesiva la cuantía recibida entre 2004 y 2010.

En mi opinión, esta nueva polémica sirve para reforzar la idea de que la única manera de asegurar Correos como empresa pública y con una plantilla con derechos al servicio de la gente pasa por el control democrático de sus trabajadores. Las necesidades sociales no pueden seguir en manos de empresarios y directivos, para los cuales todo gira en torno a sus montañas de billetes.