Estos días, a raíz del debate generado por la nueva reforma laboral, ha habido discusión sobre sus contenidos, pero a la vez también se está generando un debate de formas muy vinculado a la concertación y el diálogo social.

En este artículo no quiero entrar en los contenidos de la reforma ni en los legítimos objetivos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para esta reforma. Son suficientemente conocidos y creo que basta con enumerar los más relevantes: el regreso de la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo en Catalunya, el desarrollo del marco catalán de relaciones laborales en la negociación colectiva con la prevalencia de los convenios catalanes sobre los estatales, el refuerzo de la Inspección de Trabajo, el pleno regreso de los salarios de tramitación o los mecanismos de lucha contra la parcialidad involuntaria. Nuestra voluntad es utilizar nuestros escaños, a partir de la negociación, para lograr tales objetivos y mejorar la protección de los derechos de las personas trabajadoras.

Quisiera centrarme ahora en los mecanismos de legitimación democrática que han participado y participarán en su configuración. Nos encontramos ante un acuerdo generado en la concertación y el diálogo social tripartito, lo que significa que, en su construcción, han participado tres actores. Por un lado, el gobierno del Estado, por el otro, patronales representativas, y, finalmente los sindicatos representativos. En estos casos, el diálogo social llega a acuerdos a partir del equilibrio de fuerzas de las tres partes: la parte gubernativa, la parte patronal y la parte social. Y creo que esto nos ayuda a entender el acuerdo y sus contenidos. Pero al tratarse de un acuerdo que implica modificaciones legislativas, las reglas del juego sitúan que debe aprobarse en el marco de la soberanía popular, en este caso en el Congreso, puesto que, actualmente, es la cámara con legitimidad y competencias para hacer modificaciones legislativas que impactan en todo el estado español.

Hemos dicho, por activa y por pasiva, que somos respetuosos con el diálogo social y la concertación; que entendemos que los contenidos del acuerdo se han generado a partir del equilibrio y la correlación de fuerzas de los tres actores implicados. Del mismo modo que somos críticos con el papel de la parte gubernativa.

Y somos críticos con ella por dos motivos. En primer lugar, porque tenemos la sensación, a partir de todas las declaraciones hechas con anterioridad (la hemeroteca existe y actualmente es muy fácil buscarla), que la parte gubernativa no ha utilizado toda su fuerza en la negociación para lograr más objetivos en la reforma pactada en la misma línea de sus promesas a la ciudadanía. Y en segundo lugar, porque está ejerciendo una estrategia muy peligrosa poniendo en entredicho la legitimidad parlamentaria cuando se trata de debatir y posicionarse ante la reforma.

Quisiera pararme ahora en este punto. Del mismo modo que he explicado de forma muy resumida, y siempre con el peligro de simplificación, el funcionamiento del diálogo social, intentaré hacer lo mismo sobre el ámbito parlamentario. Los debates parlamentarios se hacen a partir del equilibrio de las diferentes fuerzas políticas, es decir, su representación, y por este motivo pensamos que tiene que ser un buen ámbito de mejora de la propuesta que viene del diálogo social y la concertación. Porque ahí la correlación de fuerzas es diferente. Tenemos todo el derecho a intentarlo y a tomar decisiones a partir de la receptividad que vemos de los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno del Estado. Del mismo modo que los partidos que conforman el gobierno tienen todo el derecho a negociar, o no, y a hacerlo con unas fuerzas u otras.

Pero no tienen derecho a decir que no estamos legitimados a probarlo o que los grupos únicamente podemos votar sí o no, pero no entrar en el contenido porque la propuesta proviene del diálogo social. Para empezar, porque cualquier partido que haya logrado representación parlamentaria tiene derecho a incidir en un proceso de cambio legislativo -luego se verá si tiene la fuerza y la capacidad- y esto acabará trayendo a un sentido u otro del voto. Y, además, porque nos encontramos ante un gobierno que no tiene mayoría absoluta y los apoyos parlamentarios debe ganárselos. Si tuviera esta mayoría no existiría ningún tipo de debate, pero el caso es que no la tiene y estamos hablando de un proceso legislativo. Y es muy peligroso contraponer la legitimidad del diálogo social y la concertación con la legitimidad parlamentaria únicamente por intereses partidistas, porque, finalmente, se acabarán debilitando las dos. Y esta debilitación es una derrota para todos.

Es muy curiosa la desmemoria que tenemos todos y todas. El año pasado tuvo lugar otro acuerdo, fruto del diálogo social, de suficiente relevancia: la primera parte de la reforma de pensiones. Este acuerdo también implicaba modificaciones legislativas y fue llevado al Congreso, donde se convalidó y fue tramitado como proyecto de ley. Hubo negociación, pulsos, se modificó a partir de las mayorías parlamentarias y, creo que en beneficio de los y las pensionistas, finalmente fue aprobada. Entonces, ¿por qué se ha instalado este relato de sacralidad del texto de la reforma laboral? ¿Esta no puede seguir un esquema similar a la tramitación de la reforma de las pensiones? No soy la persona adecuada para dar respuesta a estas preguntas, pero me encantaría que, quién pudiera, las respondiera. 

Los estados europeos se comprometieron, en 2015, a dar una respuesta a la crisis que se estaba viviendo en Grecia, Italia y Hungría, donde decenas de miles de personas llegaban huyendo del horror de la guerra de Siria, de la grave situación que se vivía en Afganistán o de la falta de esperanza que había en muchos otros lugares del mundo. Hace cinco años, Europa se comprometía a acoger a 160.000 personas refugiadas y, a su vez, el Estado español aceptaba recibir a 17.300 de esta cuota europea de reubicación y reasentamiento.

La realidad nos ha situado muy lejos de esta cifra inicial, una cantidad que, recordémoslo, resolvía solo una parte muy pequeña del problema, dado que la cifra total de desplazados a causa de la guerra y la pobreza es mucho más elevada. En septiembre de 2017, una vez expirado el plazo que se dio a los estados, se habían acogido solo a 44.300 personas, el 27% del total que se había fijado la Comisión Europea. En el caso de España, el porcentaje se reducía al 11,4%. El compromiso con el refugio, pues, no se ha materializado ni en España ni en el conjunto de Europa. De hecho, para este 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez habla del reasentamiento de 1.200 personas procedentes de campos de refugiados, una cifra del todo insuficiente.

La credibilidad democrática del proyecto europeo y de los estados que la integran está muy ligada a las imágenes que seguimos viendo de los campos de refugiados, como el de Moria. El incendio que la semana pasada arrasó prácticamente todo el campo (un espacio preparado para 3.000 personas y que acogía a más de 13.000) ha situado de nuevo el foco en las condiciones inhumanas de este tipo de equipamientos. Se trata de campos donde falta la esperanza o la humanidad, diseñados con el único propósito de contener personas que buscan una vida mejor. Moria no puede ser el reflejo de una Europa que sigue sin reaccionar ante la crisis humanitaria que no se detiene.

Pero el caso de Moria también debe activar a Europa, porque refleja la vulnerabilidad dentro de la propia vulnerabilidad. Más de 400 menores sin padres necesitan refugio urgente y, en este sentido, algunos estados europeos han empezado a coordinarse para hacer frente a la respuesta. El Gobierno de Catalunya se ha ofrecido a acoger a un mínimo de 100 personas refugiadas y a 20 menores emigrados solos que se encuentran actualmente en la isla. Queremos ser parte activa de la respuesta, y no rehuir la responsabilidad que también tenemos en la cuestión. Moria nos implica a todos, y eludir responsabilidades no debería ser una opción.

Al mismo tiempo, como Gobierno, reclamamos al Ejecutivo español que se ofrezca a la Unión Europea y al Gobierno griego para participar en la reubicación de estas personas, y le volvemos a exigir que dé cumplimiento a las diferentes sentencias judiciales que determinan que las competencias de acogida de refugiados corresponden a la Generalitat. La política de asilo es definitoria en la democracia de un país, y debe entenderse como una forma de defender las libertades más allá de las propias fronteras. Cataluña ha protagonizado la manifestación más grande de Europa diciendo que “Queremos acoger”. Ahora necesitamos las herramientas y los recursos para hacerlo posible.

Pero a los argumentos fundamentales, los de carácter humanitario y democrático, debe añadirse uno de estratégico y de construcción europea. La participación del Estado español en una operación de acogida conjunta en las islas griegas debería impulsar, con hechos, mecanismos automáticos de acogida y responsabilidades compartidas entre los países de la Unión. ¿Existe otro país más interesado que el Estado español en establecer un precedente de este tipo? ¿No ayudaría a legitimar, ante los ojos de la ciudadanía, el proceso de construcción europea? Desde este punto de vista, la no colaboración de facto que, de momento, está llevando a cabo el Estado español nos parece de una miopía sorprendente.

La respuesta a la crisis de refugiados será un reflejo del cumplimiento o del incumplimiento de la idea de los padres fundadores de Europa, que entendían el proyecto comunitario como un espacio de defensa de las libertades y los derechos fundamentales. Catalunya está plenamente comprometida con la vida y la dignidad humana, y lo ha demostrado en los últimos años. Ahora es necesario que este compromiso sea extensivo también al resto de los países.

La propagación del coronavirus en todo el mundo está teniendo unos efectos devastadores en las personas y supondrá un golpe sin precedentes para la actividad económica. El primer pensamiento es para las personas que han sufrido sus consecuencias, especialmente las que han perdido la vida o la de sus familiares. El segundo, para las que sufrirán la crisis social, ya que siempre sigue a toda crisis económica. A pesar de todo, hay que trabajar para que, cuando se retiren las medidas imprescindibles de protección, la recuperación que llegue a todos sea fuerte, distribuida convenientemente, y nos permita corregir los desequilibrios que ha sufrido nuestra sociedad ha sufrido durante muchos años.

Tanto la pandemia como la recesión han agravado las desigualdades. Las medidas adoptadas como consecuencia del confinamiento han sido menos efectivas para quienes tenían una peor vivienda; la pérdida de empleo ha comenzado por quienes tenían contratos más precarios, y la vulnerabilidad severa ha llegado antes a quien tenía una menor red social. Hay muchas personas en nuestro país que, aún teniendo edad y capacidad para trabajar, no tienen ninguna posibilidad de aspirar a un puesto de trabajo, precario o no, porque están en situación de irregularidad administrativa. Otros gobiernos de otros tiempos favorecieron su entrada en nuestro país para que nutrieran la economía sumergida y contuvieran la inflación. Recordemos que en la época de Aznar no menos de 400.000 personas entraron irregularmente en el Estado español. Pero hoy ni eso. El cojín de ingresos que suponía esta economía sumergida, que no es deseable para nadie, prácticamente ha desaparecido.

Insistimos: economía sumergida no deseable para nadie. Ni para quien la padece, porque trabaja sin derechos laborales, ni para las empresas que cumplen con sus deberes, ya que supone una competencia desleal. Ni para la sociedad en general, ya que debilita la capacidad recaudatoria, el ejercicio de la solidaridad fiscal y el sostenimiento de las políticas de bienestar.

Las personas que se encuentran en situación de irregularidad administrativa son, en primer lugar, vecinos y vecinas de nuestros barrios, familias de la escuela, son las que hacen los trabajos que nadie quiere hacer, las que nos han enseñado en esta crisis como son de imprescindibles, por ejemplo, para nuestros mayores. Pero no lo están, en cambio, las personas que puedan ejercer los derechos y deberes que otorga la ciudadanía.

Para salir de la crisis con igualdad necesitamos que todas las personas que viven en Catalunya tengan acceso a la autorización de trabajo y residencia.

Se nos dirá que una regularización administrativa puede atraer nuevos movimientos de población y consolidar la indeseable informalidad de nuestro sistema migratorio. Pero, hoy, las fronteras están cerradas y la movilidad prácticamente ha desaparecido. Otros esgrimirán que esta medida podría incrementar la competencia por existir recursos públicos escasos (una forma de decir que a “ellos” no les corresponde “nuestro” bienestar). Ello podría conllevar tensión social, pero es al revés. Si todo el mundo que consigue una oportunidad de trabajo la puede aprovechar y paga los impuestos correspondientes, los recursos públicos serán menos escasos. Además, la identificación con el igual es más alta que con el desigual: el reconocimiento mutuo de derechos y la empatía son más fuertes entre personas que se sienten iguales que entre personas a quienes la ley establece un ellos y un nosotros.

En Europa hay quien ya ha comenzado a marcar este camino. El Consejo de Europa pidió que se vaciaran los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y se reconocieran los derechos de las personas que estaban recluidas en estos centros. Portugal ha planteado una regularización de unas 150.000 personas como un acto de justicia social y humanitaria, pero también como una medida de impulso económico. En Italia se acaba de aprobar otro proceso de regularización para salvar sectores como el agrícola y el del cuidado de las personas, que se estima que beneficie directamente a 600.000 personas e indirectamente al conjunto del país. Y Alemania también ya hace tiempo que da permiso de trabajo a todo aquel que tenga durante nueve meses una orden de expulsión no ejecutada, condición que aquí cumplirían la inmensa mayoría de los que llegaron por el estrecho de Gibraltar.

No pedimos nada que sea un imposible jurídico. Es posible hacerlo. Basta con ver la dura realidad que se vive junto a nosotros, la de las personas que, por no estar empadronadas, quedan fuera del radar de las políticas sociales básicas. Basta con ser conscientes de que la mejor salida de la crisis para todos será la salida que se haga con igualdad.

Después de los resultados de las elecciones andaluzas constatamos una dura realidad: el incremento en los últimos años de votos a fuerzas xenófobas y reaccionarias en toda Europa también se ha manifestado en el Estado español. Salvini abandera un discurso contra las minorías, y desmonta todos los servicios de acogida para dejar a las personas pobres en situación de mayor vulnerabilidad y realimentar sus tesis racistas. Marine Le Pen repite sin parar “primero los franceses”, es decir, pone en primer lugar una parte de los franceses en detrimento de otros. Y, al mismo tiempo, la Agenda Europea de Migración está obsesivamente centrada en la frontera, tema importante, pero se olvida de los 80 millones de europeos con origen personal o familiar en la inmigración y de los 500 millones que queremos vivir juntos. Vox cohesiona un “nosotros” excluyente contra el soberanismo, contra otras identidades nacionales, contra las libertades y contra la inmigración.

De la experiencia europea, de lo que ha funcionado y sobretodo de lo que no, podemos aprender muchas cosas. No queremos repetir modelos que han desconfiado de la diferencia, que han menospreciado la aportación y la personalidad de los que llegan, ni tampoco aquellos otros que fijan las personas en el estereotipo de la diferencia, donde las personas de diversos orígenes culturales viven de espaldas entre ellas.

Catalunya ha de promover la inteculturalidad. La perspectiva intercultural funciona des de la lógica de la igualdad de derechos y deberes, y promueve la participación y la interacción positiva entre individuos, pero también entre colectivos diferenciados. El enfoque intercultural se sustenta en cuatro principios: igualdad, relación, reconocimiento y pertenencia. En primer lugar, se requiere que todos tengamos los mismos derechos fundamentales. En segundo lugar, y como condición necesaria para que nos sintamos miembros de una misma sociedad, de una misma ciudadanía, se requiere conocer y reconocer la diversidad, y participar, encontrarnos todos en todos los espacios públicos y privados.

Cuesta mucho diferenciar los 20 puntos clave del programa de Vox de muchas de las propuestas que hacen algunos populistas del mundo como Salvini o Trump, que tratan a los inmigrantes como un problema, como personas a excluir; que tienen la necesidad de levantar muros para evitar que vengan; que los consideran elementos tóxicos, y que defienden que, si se deben tolerar, ha de ser con cuentagotas. Se han dicho muchas cosas a primera vista de los resultados de Vox en Andalucía, pero una mirada a fondo, por barrios y secciones censales, nos muestra que el votante de este partido no convive con las personas inmigradas. Vox no penetra en los barrios donde gente de diferentes orígenes conviven e interaccionan positivamente. La xenofobia, el racismo y el odio al diferente no cuaja en los barrios donde hay un buen espacio público, donde todos participan, donde existen proyectos comunes, donde persones de orígenes diferentes se reconocen entre sí. Solo quien no convive con personas inmigradas, de forma que la interacción sea clave, puede compartir la visión de Vox.

Esta lógica es amplia. Los modelos que segregan barrios por origen, que generan vivir unos a espaldas de los otros, donde la diversidad es desigualdad, llevan a altos niveles de xenofobia. En Catalunya queremos trabajar desde la interculturalidad. Por eso el 2019 invitaremos a todos los actores y sectores sociales a escribir juntos nuestros compromisos para ser una sociedad convivencial. Preguntémonos qué estamos haciendo para evitar la desigualdad por razón de origen, pertinencia étnica o cultural en nuestro ámbito. Preguntémonoslo y adoptemos compromisos concretos, tangibles, para llevarlos a la práctica en igualdad, relación, reconocimiento, sentido de pertinencia y plena ciudadanía.

Lo haremos conscientes de que Europa, ahora mismo, se encuentra en una encrucijada donde puede optar por experiencias de sociedades segregadoras, discriminadoras, o por experiencias donde los derechos de ciudadanía pasen a ser de todos.

Aunque es un problema minoritario en comparación con otros países de Europa, en nuestra sociedad existe el racismo y la xenofobia y debemos de estar alerta. Por eso encuentro que vaciar de contenido y banalizar el término “racismo” con el único objetivo de hacer una acusación gratuita a un rival político nos perjudica a todos. Banalizar nos hace olvidar lo que significa el verdadero racismo, lo que realmente significa odiar a alguien solo por que tiene un acento, un color de piel o unos orígenes diferentes.

Resulta paradójico que estos ejercicios de banalización del racismo los hagan políticos que quieren reducirnos a una sola identidad y niegan las diferentes identitades nacionales que hay en el estado. Resulta paradójico que acusen al Govern de Catalunya de racista.

El equipo de Govern de la Generalitat lo formamos personas con orígenes e historias de vida diferentes, somos personas de muchas procedencias, con distintas lenguas maternas y de diferentes tradiciones políticas y culturales. Somos un gobierno diverso en muchos sentidos. Pero es que además, el Govern de Catalunya no solo no es racista por su composición o por la tradición política y cultural de sus miembros.

No lo es por que defiende la aplicación de la cobertura sanitaria a todos los ciudadanos de Catalunya, aunque la legislación española intenta impedirlo y por que no negamos la identidad cultural, nacional, política o social a nadie. Aspiramos a formar un pueblo cohesionado, respetando las identidades de cada uno. El Govern de Catalunya no puede ser racista por que la sociedad a la que representa es la primera en ofrecerse a acoger refugiados, por que nunca ha querido echar a nadie. La aspiración que tenemos como catalanes de ser libres como pueblo no tiene nada que ver con pisar los sentimientos y las identidades de nadie.

Todas las personas tenemos múltiples elementos de identidad, algunas transmitidas por nuestra familia o por nuestros orígenes, otras incorporadas en otros espacios de socialización como puede ser el barrio, la escuela, el lugar de trabajo, la universidad o las entidades donde hemos participado. Nuestra identidad está siempre en construcción y no puede reducirse a quienes son nuestros padres o donde hemos nacido. Ver la identidad desde solo uno de sus elementos que la configuran es reduccionismo.

Reducir la identidad a la lengua materna o los orígenes familiares niega el hecho que podamos adquirir más elementos de identidad. Niega que podamos identificarnos con nuevos idiomas que aprendemos o que podamos adquirir nuevos valores y tradiciones culturales. De hecho, los políticos que banalizan el racismo lo que hacen es jugar con las identidades y confrontarlas con el único propósito de sacar beneficio electoral sin preocuparse que esto sí puede fracturar la sociedad.

Tendríamos que exigir que se deje de banalizar el término racista, que no se aproveche lo que es un reto político muy complejo -como es el de decidir el futuro que queremos en Catalunya- para reducirlo todo a una imaginaria confrontación de identidades que no existe. Para algunos la unidad de España o sacar una ventaja electoral vale más que la cohesión social de Catalunya y eso sí que es intolerable.