El incremento del SMI está concebido para potenciar la capacidad de consumo, reducir las desigualdades y asegurar que cada jornada de trabajo se vea justamente retribuida. Según datos ociales del Ministerio de Trabajo, el aumento del SMI ha beneciado a más de un millón de trabajadores en España, y en Canarias a decenas de miles de familias, generando un efecto multiplicador en la economía local. Sin embargo, la aplicación de un gravamen extra, concretamente mediante la utilización del IRPF sobre la parte adicional del SMI, acaba por penalizar a esos mismos trabajadores.

Esta propuesta implica, en la práctica, que el benecio neto que deberían recibir los trabajadores se vea reducido de manera signicativa. Se estima que, dependiendo de la situación personal y familiar de cada contribuyente, la retención adicional podría mermar entre un 15% y un 20% del incremento salarial. Esto se traduce en una pérdida real en el bolsillo de los trabajadores, una consecuencia completamente contradictoria con la nalidad de elevar el nivel de vida de las familias con ingresos más bajos.

Los análisis económicos recientes publicados en medios como El País y La Vanguardia han puesto en evidencia que aplicar impuestos adicionales a la mejora del SMI no solo reduce el incentivo al consumo, sino que también genera un efecto regresivo. La carga scal, diseñada en teoría para ser progresiva, en este caso se convierte en una penalización directa para quienes están intentando salir de situaciones de vulnerabilidad económica. Los sindicatos, tanto CCOO como UGT, en sus últimos comunicados, han denunciado que esta medida “desvirtúa el espíritu de justicia social que debe impregnar las políticas laborales” y “atenta contra los derechos básicos de los trabajadores”.

Es inaceptable que en un momento en el que nuestro país y, en particular, Canarias, necesitan medidas que impulsen el crecimiento y la cohesión social, se planteen soluciones que, en lugar de aliviar las cargas económicas de los sectores más desfavorecidos, los penalicen scalmente. La economía canaria, caracterizada por altos índices de precariedad y una dependencia notable del turismo y otros sectores vulnerables, requiere políticas que realmente sumen en lugar de restar.

Desde Sumar Canarias, hemos defendido siempre la necesidad de una política salarial que permita una redistribución justa de la riqueza y que contribuya a un crecimiento inclusivo. Por ello, resulta imprescindible que el PSOE, en calidad de partido de gobierno y artíce de políticas sociales, retire de inmediato esta propuesta que amenaza con socavar los logros alcanzados en materia de justicia laboral. El compromiso con las clases trabajadoras debe ser inquebrantable, y medidas como esta envían un mensaje contradictorio que puede minar la conanza tanto de la ciudadanía como de los agentes sociales.

Además, el análisis comparativo con otros países evidencia que la estrategia correcta para fortalecer el poder adquisitivo pasa por el aumento real del salario, sin aplicar recortes indirectos a través de modicaciones en la tributación. El caso de naciones europeas que han impulsado políticas de revalorización salarial sin gravámenes adicionales sobre el incremento demuestra que es posible dinamizar el mercado interno sin penalizar a quienes más lo necesitan.

Nuestra propuesta es clara: el incremento del SMI debe materializarse en una mejora palpable para las familias trabajadoras, sin condicionar ese benecio a cargas scales que, en última instancia, reviertan parte del esfuerzo destinado a superar la precariedad. Llamamos, por tanto, al PSOE a replantear esta medida y a escuchar las voces críticas de sindicatos, partidos progresistas y de la sociedad civil, que se han hecho eco de este rechazo en sus últimas declaraciones.

En conclusión, aplicar el IRPF sobre el incremento del SMI es una medida injusta y contraproducente que debilita la función social de una política destinada a combatir la desigualdad. Hacemos una enérgica llamada al PSOE para que retire esta propuesta de inmediato y apueste por soluciones que verdaderamente fortalezcan el bienestar y el poder adquisitivo de los trabajadores canarios. No podemos permitir que, en el afán de equilibrar cuentas scales, se sacrique el derecho de millones de ciudadanos a una remuneración digna y justa. La lucha por un salario digno no admite retrocesos; es hora de sumar esfuerzos para construir un futuro más justo y próspero para todos.

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para actualizar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas al incremento del Salario Mínimo Interprofesional. El objetivo de dicha medida es asegurar que las personas que ingresan el salario mínimo no tributen por el IRPF por sus rentas del trabajo, revirtiendo así una decisión que el Ministerio de Hacienda ha tomado de forma unilateral y sin consenso con el socio de gobierno.

Esta iniciativa busca, además, reforzar la justicia scal y la equidad en el sistema tributario español, asegurando que los trabajadores con menores ingresos no sean penalizados por el IRPF y que las rentas de capital contribuyan de manera justa al sostenimiento del Estado del bienestar. Con ello, se pretende avanzar hacia un modelo scal más progresivo, donde el esfuerzo contributivo se reparta de manera equitativa y se garantice que el sistema tributario sea un verdadero instrumento de redistribución de la riqueza y reducción de la desigualdad. 

*Mila Hormiga y Jacinto Ortega del Rosario con coordinadores autonómicos de Sumar Canarias. 

La ciudadanía canaria reclama acuerdo, consenso y confluencia de las organizaciones políticas de izquierda y progresistas de Canarias. Esta demanda cívica significa que los partidos de izquierda en el archipiélago tienen la responsabilidad de trabajar para llegar a acuerdos, no al permanente desacuerdo y al amago de rupturas.

A partir de los diferentes enfoques, los partidos de izquierda hemos de unirnos porque lo que prevalece es la petición de la sociedad civil, necesitada de que nos centremos en sus verdaderas necesidades. Por ello ahora no podemos centrarnos en el debate entusiasta por la pugna de los diferentes puestos en las listas electorales, ya que las fuerzas progresistas tenemos el cometido y el compromiso implícito de ponernos de acuerdo por mandato social para el propósito anteriormente mencionado.

En esta etapa contamos con la ventaja de que los acuerdos políticos de la confluencia se enmarcan a escala estatal y no contamos con ningún argumento político que justifique el bloqueo y la fragmentación. Y de existir, es necesario que se verbalice y se publicite explicando las razones que existen para anular los meses de intenso trabajo, creando falsas esperanzas sobre la urgencia de juntarnos para llegar a la división política que posibilita mantener en las administraciones públicas a quienes han creado tanta necesidad en el pueblo canario.

Existen demasiados argumentos políticos centrados en la necesidad de resolver las carencias de la sociedad de manera definitiva, para frenar necesidades y parar el dolor y el desprecio de las políticas de derecha y neoliberales de Coalición Canaria, unas veces con el apoyo del PSOE y otras del PP.

La sociedad canaria nos exige que las personas dirigentes incapaces de llegar a un acuerdo expliquen y argumenten su fracaso, que no es el de la ciudadanía esperanzada de las islas. La izquierda progresista tiene el deber y la obligación moral de contribuir a poner fin a décadas de descrédito y de dolor derivadas de las políticas de derecha y neoliberales en Canarias. Nada justifica la fragmentación de los partidos de izquierda porque participar en la vida política progresista de las islas es contribuir a su cambio urgente. Nada justifica que lo comprendido en los acuerdos sea para repartir posibles cargos públicos porque la ciudadanía nos mira esperanzada. Si no logramos sintonizar el paso hacia delante caminando al encuentro del objetivo prioritario, la ciudadanía nos señalará con el dedo por nuestra incapacidad de alcanzar un acuerdo y frenar el maltrato y el deprecio de la políticas que llevan cerca de treinta años centradas en otros menesteres.

En estas islas nos encontramos ante un nuevo ciclo político avalado por el encuentro ciudadano y las movilizaciones sociales. Si ello es así, y lo es, nos preguntamos: ¿para qué existen las fuerzas de izquierda? ¿Para dar míseros espectáculos de desencuentros? ¿Para repartirse cargos públicos en las distintas instituciones? ¿Para transitar por las moquetas de los pasillos del Parlamento?

Tenemos que informar sobre la imposibilidad de acuerdos, reconocer nuestro fracaso y dejar a otras personas que posibiliten las uniones necesarias para avanzar hacia la unidad, para que Canarias sea feminista, ecologista y sensible con los animales; para que el futuro gobierno canario se centre en resolver las inaplazables necesidades en materia de sanidad, dependencia, educación y vivienda. Para cesar en nuestra dependencia agrícola y energética y poner en marcha planes estratégicos de soberanía alimentaria y energética vinculada a las energías renovables. Y también, por último, para que Canarias abra las puertas a otro modelo de desarrollo turístico alejado de la masificación y la propaganda de la sostenibilidad, que atienda a la esclavitud moderna en forma de turismo de sangre.

Nos espera y formamos parte de una sociedad de izquierdas colmada de esperanzas, que nos reclama y nos convoca pidiéndonos transparencia. Una ciudadanía que nos mira a los ojos y nos escucha demandándonos decisión y verdad. Venimos y estamos en la línea de juntarnos, de ser transparentes, en una palabra, de aumentar la familia de la política de izquierda.

Existe una Canarias convencida de que la izquierda va a cambiar la forma y el fondo de la política, cerrando el ciclo histórico del pasado centrado en la política de derechas y neoliberales Esa ciudadanía espera que se produzca el cambio posible y deseado porque son los partidos políticos de izquierda los que llegan a la vida pública a gestionar, a formar gobiernos progresistas que cuenten con la ciudadanía que es la que debe definir sus necesidades y hacer seguimientos de su gestión y resolución. Eso es lo que quiere y espera la ciudadanía canaria esperanzada.

Estamos a tiempo de alcanzar un acuerdo unitario para que finalice el maltrato a la ciudadanía de las políticas de derechas y neoliberales de CC favorecidas unas veces por el PSOE y otras por el PP y en la última legislatura por ASG de La Gomera. Reclaman ponerle fin a cerca de treinta años de desmantelamiento y privatización de la sanidad canaria, a la falta de planificación de la política de vivienda para cubrir las necesidades y evitar el empobrecimiento y los desahucios, a la falta de dotaciones y equipamiento para cubrir las necesidades de la dependencia. Los partidos de las derechas y los neoliberales de Coalición Canaria entiende la educación como un negocio, por eso se niegan a cumplir los mandatos parlamentarios de aumentar los porcentajes de inversión hasta el 5% del PIB de las islas. Las dotaciones y equipamientos no pueden seguir siendo la construcción de barracones para impartir las clases, sin atender la diversidad y pluralidad de las nuevas realidades demográficas del sur de Tenerife y de Gran Canaria, además de Lanzarote y de Fuerteventura.

Hemos de tener un comportamiento humilde y comprensivo para finalmente levantar el vaso en señal de un brindis de compromiso verdadero, el que merece y necesita esta tierra.

*Mila Hormiga, consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife

*María Antonia Perera Betancor, candidata de Podemos a la presidencia del Cabildo de Lanzarote

Nuestra isla tiene las carreteras más caras de toda Canarias, por ser la capital en la que históricamente más se ha invertido, pero a su vez son vías colapsadas y caóticas que amargan día a día a la gente que tiene que coger el coche para trasladarse al sur o al norte no para irse precisamente de fiesta sino para trabajar.

Desde Podemos Canarias queremos citar con su permiso a nuestra cantante canaria, Rosana, para decirle a todos los canarios y canarias que “llegaremos a tiempo”. A tiempo de todo. ¿Y si votamos todas y todos por una isla mejor? Nuestra riqueza natural hace que desastres como la instalación de la regasificadora de Granadilla de Abona no se puedan permitir. No lo decimos nosotras, desde Podemos, lo dice la Comisión de los Mercados y la Competencia. Algo que llevamos al Congreso y que llevaremos al Parlamento Europeo si hace falta. No queremos llenar nuestra tierra de miles de kilómetros de tuberías que trasladen un gas tóxico teniendo sol, mar y viento.

Tampoco queremos una sanidad a la cola del país que deja morir a su gente o que deja la salud como un privilegio para quien pueda pagar un seguro privado. No queremos una isla con los servicios públicos en manos de subcontratas que maltratan a sus trabajadoras. Hay determinados servicios esenciales del Cabildo de Tenerife, como la gestión de los residuos, que deben volver a una gestión pública y directa. 2018 es el año de las mujeres y esos cuidados que nos ha impuesto la sociedad patriarcal los queremos llevar a las políticas de esta isla para que de una vez por todas cuide a su gente. Eso sí, en igualdad.

Los derechos de las personas LGTBI no están para nosotras en un segundo plano; por eso pedimos recientemente que se destinara un porcentaje concreto a la inclusión de las personas trans en el entorno laboral de la entidad insular.

¿Qué te parece que sea la ciudadanía la que fiscalice la política que se haga en el Cabildo de Tenerife? Hay que dejar de tenerle miedo a la participación. Crear un mecanismo de fiscalización ciudadana de la actividad política del Cabildo para que nos hagan rendir cuentas, que es lo mínimo que podemos hacer para con la gente. Las necesidades de inversiones y sobre todo la prioridad de estas se deben desarrollar conjuntamente con las demandas ciudadanas. ¿Te parece una locura? Pues no nos votes porque nuestra intención es contar contigo y hacerte trabajar, por ti.

En el acceso a la vivienda no se entiende que se sigan incumpliendo los acuerdos en torno al desahucio cero, a la lucha contra la especulación inmobiliaria y el acceso a la vivienda digna para todas esas personas que hoy en día no pueden. ¿Hace falta recordar, una vez más, que el acceso a la vivienda es un derecho constitucional? Ahora que se acerca nuestro tan querido día del patriotismo por excelencia, a todos aquellos que adoran la Constitución Española, ¿por qué no empiezan por cumplirla y hacerla cumplir como mandatarios públicos que son? ¡Es su trabajo! La rehabilitación y renovación del parque de viviendas de Tenerife, con más de 20 años de antigüedad, es una necesidad acuciante y supondría una mejora ambiental y urbana a la par que una recuperación del empleo sostenible en el ámbito de la construcción.

Hay ciertas líneas que tenemos muy claras y en Tenerife no vamos a permitir la construcción de la regasificadora de Granadilla de Abona, ni una incineradora de residuos, ni más trenes. Hay que ir de lo local a lo universal y pensar en términos de isla, no somos un macrocontinente que demande un macromodelo de movilidad. Somos una tierra que se debe a sus espacios naturales y que se enriquece de ellos. Reinvertir lo ganado gracias al crecimiento del turismo en las mismas infraestructuras que ahora están siendo superexplotadas. Hay que restaurar los lugares públicos urbanos, rurales y naturales, que son el oro de nuestra tierra. Y para ello es fundamental invertir en reforestación.

¿Por qué si somos una isla con fuentes de energía renovables suficientes para abastecernos no paramos de hablar de recursos fósiles y contaminantes? Solo tiene sentido para los amigos de CC que son quienes financian sus campañas políticas. Tenemos que desarrollar también políticas animalistas de prevención, promoción y actuación para evitar el abandono y maltrato animal.

Evitemos de una vez por todas la dependencia del exterior dentro de lo posible, apostemos por un modelo energético ecológico y que luche contra el cambio climático y no lo acelere. Impulsemos un nuevo en el que las explotaciones agroganaderas se empoderen y avancen hacia la soberanía alimentaria. Nos quejamos de lo caro que está el kilo de plátanos o de papas a la vez que sentimos pena por los trabajadores del campo, que cobran una miseria. ¿A dónde va todo ese beneficio entonces? Queremos que lo que es del campesino vuelva al campesino. Queremos facilitar espacios y herramientas para que las personas jóvenes se puedan sumar, también bancos de tierra públicos en todos los municipios de Tenerife para que puedan crear sus huertos y plantar.

La de Podemos será una estrategia política, social, económica y ambiental integral, basada en la creatividad que surja de la escucha activa y la participación democrática. No podemos estar sin la gente que nos ha dado su confianza y tenemos un proyecto de isla anhelado que pasa por todos los puntos ya mencionados.

“Llegarás cuando vayas más allá del intento, llegaremos a tiempo”.

*Consejera en el Cabildo de Tenerife y responsable del Área de Sanidad y Salud en Podemos de Canarias

La reciente convocatoria del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) se hizo con la finalidad de ejecutar el acuerdo sobre estabilización y consolidación del empleo temporal de carácter estructural del año 2007. Es decir, dejar fijo al personal que ocupa actualmente esos puestos de trabajo pero que accedieron a los mismos sin realizar unas oposiciones de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Basta con entrar en las bases que rigen la convocatoria del Consorcio, aprobadas por Mario Cabrera en el año 2013, para darse cuenta de que son un auténtico dislate. La experiencia profesional de las personas que se presenten a la convocatoria se valorará con un máximo de 4 puntos, si es la persona que ocupa uno de los puestos objeto de la convocatoria su experiencia se valora a 0,08 puntos por mes trabajado en el Consorcio.La valoración de la experiencia de los demás aspirantes que no trabajen en el Consorcio se valora a razón de 0,005 puntos por mes trabajado en otra Administración Pública. Si hacemos una sencilla operación matemática obtenemos que el trabajador del Consorcio necesita acreditar 50 meses de trabajo en el CAAF, o sea, algo más de 4 años para obtener los 4 puntos, mientras que aspirantes de cualquier otra Administración Publica, ya sea Cabildo o Ayuntamiento, necesita acreditar 800 meses de trabajo, o sea, algo más de 66 años de experiencia. Tal criterio no es que sea contrario al principio de igualdad, que evidentemente lo es, es que es absurdo y carente de toda lógica.

¿Cómo es posible que Mario Cabrera, Marcial Morales o el autor de estas bases pretenda que alguien les acredite que tiene 66 años de experiencia en la Administración Pública si por Ley te jubilas a los 65 años y no te puedes presentar a las oposiciones si tienes más de esa edad?En el mejor de los casos, la experiencia máxima que un aspirante puede acreditar es de 47 años si empieza a trabajar a los 18.

¿Qué razón hay en esa desproporcionada valoración de la experiencia profesional según se trabaje en el Consorcio o en otra Administración Pública? ¿Qué razón hay para valorar la experiencia profesional de un auxiliar del CAAF con más puntuación que la de un auxiliar de un Ayuntamiento o del Cabildo, teniendo en cuenta, además, que ambas entidades forman parte del Consorcio?

Las citadas bases establecen, además, que una de las pruebas de la fase de oposición consiste en la presentación de una memoria sobre la plaza objeto de la convocatoria que deberá incluir un análisis de las tareas de la plaza, de los requisitos, condiciones y medios para su desempeño, con base al temario específico. Sin embargo, el Real Decreto 364/ 1995, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado dispone en su artículo 45 que la presentación de memorias y entrevistas forman parte de la fase de concurso y solo se utilizarán en concursos específicos en atención a la naturaleza de los puestos a cubrir.

Resulta evidente que la exigencia de esa memoria no solo es injusta sino que es completamente discriminatoria para los aspirantes que no trabajan en el CAAF. Primero porque no conocen las características del puesto de trabajo ya que ni en la propia web del CAAF hay información al respecto y segundo porque no tiene sentido exigir la redacción de esa memoria a personas cuya titulación es un certificado de escolaridad o el graduado escolar.

No dejamos de reconocer que este tipo de convocatorias suponen un conflicto de intereses: por un lado las legítimas aspiraciones de consolidar el puesto de trabajo de aquellas personas que están incluidas en el plan de empleo y, por otro, las también legítimas aspiraciones de aquellas otras personas se presentan a las oposiciones con la finalidad de obtener un puesto en la Administración Pública. Entre ambas posiciones la Administración y los sindicatos deberían buscar una posición de equilibrio de manera que se garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir cualquier proceso selectivo.

En Podemos Canarias tampoco nos extraña esta circunstancia porque allí donde gobierna Coalición Canaria los principios desaparecen y solo rigen los intereses y las patrañas. Lamentablemente, algunos sindicatos tampoco consiguen abstraerse de esa conducta tan dañina para los intereses públicos y se convierten en cómplices necesarios de un esperpento de oposición en el que no se respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad con tal de obtener el apoyo de unos trabajadores que les garantice la ansiada representación sindical en la Administración.

La confabulación de CC y de esos sindicatos queda también acreditada para el uso y abuso de la promoción interna en las ofertas de empleo público del Cabildo de Fuerteventura. Así, en la oferta de 2016 solo se incluyeron en el turno abierto aquellas plazas para las que no había candidato en el cabildo o están ocupadas por funcionarios interinos, de modo que no se las puede incluir en la promoción interna.

¿Ante esta complicidad política y sindical destinada a perpetuar la endogamia en el acceso a la función pública qué opciones tiene la ciudadanía de Fuerteventura? ¿Y qué pasa con el resto de Canarias que de forma tan grosera ve limitada sus legítimas aspiraciones de acceso a un puesto de trabajo en la Administración Pública mediante un proceso que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad?

Pues poco o nada si no dispone de capacidad económica para promover un recurso contencioso administrativo ante los tribunales de esa jurisdicción.

Lo más probable es que las aspirantes desistan de presentar el recurso y se presente, si le quedan ánimos, a unas oposiciones perfectamente diseñadas para que las ganen otros o esperar que algo salga mal en la promoción interna para tener alguna oportunidad en sus aspiraciones. Por cierto, estas mismas bases se aplicaron en las oposiciones celebradas en el año 2012 en el Cabildo de Fuerteventura para ejecutar su plan de consolidación de empleo. Y los protagonistas eran los mismos: Mario Cabrera y los sindicatos. Ahora Marcial Morales no iba a ser menos.

Esta práctica se prolongó hasta septiembre de 2015, cuando la sargento del Seprona Gloria Moreno puso fin a esta depravada costumbre isleña. ¿Se le reconoció en su momento esta labor? Claro que no. Años después, la sargento comenzó a investigar el caso de la perrera municipal de Arrecife, donde se sacrificaron más de 800 animales y se entregaron otros 300 sin ningún tipo de control ni respeto al protocolo. Tanto así, que la mayoría de esos perros y gatos fueron entregados a las mismas personas y nunca se supo cuál fue su paradero, algo que Gloria intentaba averiguar.

¿Cuál fue la respuesta del coronel de la Guardia Civil de Las Palmas? Cesar a  esta sargento  por hacer su trabajo, ni más, ni menos. La suspendieron de empleo y sueldo durante tres meses y anterior a eso, el coronel Ricardo Arranz le enviaba al veterinario de la perrera una carta en la que pedía disculpas por el comportamiento de la sargento Moreno. Decisión que avaló el anterior Director General  de la Guardia Civil en Madrid como falta muy grave.

Asociaciones ecologistas y animalistas de Canarias se han organizado en una plataforma denominada “Justicia para Gloria”, que hizo entrega el pasado junio al nuevo Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, de las más de 120.000 firmas de apoyo recogidas en Change.org pidiendo justicia para Gloria.

En el Senado, el Gobierno socialista fue interrogado por un senador de Podemos, miembro de la Asociación Parlamentaria para la Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA) sobre este tema. El Gobierno del PSOE no respondió. Se limitó en señalar que el caso continua en procedimientos administrativos. 

La verdad es que todas esperábamos que el PSOE de Pedro Sánchez contemplase los tres ejes fundamentales de los que hace propaganda como son el Ecologismo, la Igualdad y el Derecho Animal, solucionara por fin el caso de Gloria. Pero no ha sido así. En la práctica y cuando tienen posibilidades de tomar decisiones al Partido Socialista le importa muy poco el derecho animal, ni a las personas que  lo defienden, ni deja de financiar con dinero público determinadas prácticas que directamente dañan a los animales como la tauromaquia.

¿Ha hecho algo más el PSOE, a parte de cambiar los nombres a los ministerios? Lo pregunto en su agenda política no aparece el Derecho Animal por ningún lado.

Desde Podemos Canarias exigimos una investigación en profundidad de la cadena de maltrato, acoso y persecución llevadas a cabo por el coronel de la comandancia de Las Palmas, Ricardo Arranz, contra la sargento jefa del Seprona en la isla de Lanzarote, Gloria Moreno, por realizar su trabajo con profesionalidad y honestidad, atendiendo exclusivamente al mandato constitucional de perseguir los delitos y las irregularidades.

La Plataforma no ha recibido respuesta alguna ni del Ministerio del Interior, ni de la Secretaría de Estado, ni de la Dirección General de la Guardia Civil o la Delegación del Gobierno en Canarias. Todas esas personas tienen traspapelado un caso de acoso a una agente de las Fuerzas de Seguridad del Estado que se ha preocupado por el bienestar de los animales. La ignoraron desde el Partido Popular en el pasado y parece que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue la misma estela de la gaviota.

La noticia del cese de Gloria Moreno ha tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación y en redes sociales. El apoyo ha ido creciendo en forma de solidaridad a través de la plataforma Change.org con más de 138.000 firmas a día de hoy.

Por qué el PSOE no cumple con lo que dice que se compromete, a qué espera para dar un paso adelante y para la cadena de maltrato y acoso?. Con su acceso al Gobierno y el  nombramiento de Grande-Marlaska como ministro de Interior, junto a Teresa Ribera al frente del área de Medio Ambiente, están en condiciones de pasar de las palabras a los hechos. Es imprescindible frenar los expedientes contra la sargento del Seprona y abrir una investigación profunda que aclare la forma en la que se viene actuando desde la Guardia Civil en este caso.

Sucesos como el escrito por el que el coronel de la Guardia Civil se dirige al veterinario de Arrecife (denunciando por prácticas irregulares en la gestión de la perrera municipal), pidiéndole disculpas por la actuación de la sargento Gloria Moreno, no deben ser pasados por alto. El sorprendente escrito de disculpas juega un papel fundamental en toda la campaña de acoso y persecución desarrollada contra la sargento. Recordamos que apenas unas semanas después de enviar esa carta, Gloria Moreno fue cesada en sus funciones.

Con anterioridad ya había sido objeto de otros cuatro expedientes abiertos por sus superiores. Entendemos que lo que está sucediendo aquí es una campaña de acoso y derribo contra una mujer que desde su llegada al servicio del Seprona de la Guardia Civil en Lanzarote se mostró firme en la persecución y denuncia de irregularidades y delitos ambientales.

En concreto, la acción desarrollada en Alegranza contra los cazadores y consumidores de pardelas en 2015 ha significado un antes y un después, porque mostró que con decisióny  sin connivencia, se puede actuar eficazmente en la persecución de los delitos contra la naturaleza.

El PSOE tiene ahora la oportunidad de mostrar el cambio de rumbo en el Gobierno de España. Gloria Moreno es una mujer, funcionaria pública, miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que está siendo acosada a base de informes y expedientes preparados con el único fin de expulsarla de la Guardia Civil y conservar el espacio de impunidad que para muchos ha existido durante demasiado tiempo.

Miles de personas en las islas han optado, cansadas de que jueguen con su salud, por pasarse a la sanidad privada porque ya no pueden más: “Solo de pensar lo que hubiera tardado la sanidad pública en detectarme la hernia, me sale otra”. Desde el año 2009 hasta el 2015, los servicios sanitarios de Canarias han sido los peores de toda España y estos últimos tres años han ganado por goleada, son oficialmente los peores. No sé qué pasa en esta tierra, que solo batimos récords turísticos y de miserias sociales.

Según los datos de la propia Consejería de Sanidad, presidida por el ex-gerente de uno de los hospitales privados más importantes de Canarias, no lo olvidemos, casi un 34% de las intervenciones quirúrgicas se realizan fuera del Servicio Canario de Salud, pagado con fondos públicos. El archipiélago es, según datos del Ministerio de Sanidad, la comunidad autónoma donde más tiempo se espera para una intervención quirúrgica o para una consulta del especialista. Y, si es cierto que han mejorado esas listas de espera, pues esperamos que las publiquen, por especialidades. Podemos ya ha exigido en varias ocasiones al Gobierno de Canarias que sea transparente, que publique aquello que promociona con datos oficiales de una vez.

Y no lo decimos nosotros, los y las profesionales, tras la publicación de estos datos, calificados como “campaña de marketing”, han visto en la falta de transparencia en estas listas de espera un trasfondo muy turbio. No olvidemos que se ha logrado recurriendo a medios privados con financiación pública. Esto alarga el deterioro del sistema público. Están potenciado con dinero público el negocio de la sanidad privada.

Las derivaciones a la sanidad privada han aumentado con un descaro desmedido y, ¿para qué?, ¿acaso ha mejorado la atención? La gente sigue sufriendo las listas de espera para intervenciones, los meses para una consulta con los profesionales especialistas y sobre todo, un empeoramiento de su salud. Los y las profesionales denuncian las citas para el 2021 y esperas quirúrgicas de mucho más que entre 90 y 150 días (tiempos máximos de acceso garantizados según patología).

¿Cómo juegan así con la vida de la gente? El presupuesto de la comunidad autónoma para la Sanidad en 2017 invirtió 270 millones de euros en la sanidad privada, solo por detrás de las grandes urbes como son Cataluña y Madrid. Es una vergüenza ver cómo aparcan las ambulancias públicas en los hospitales privados para que los pacientes sean atendidos y luego ese mismo paciente se deriva a la pública.

Faltan especialistas y no se cumplen los ratios de profesionales sanitarios en estas islas. No se invierte en infraestructuras desde hace muchos años. La solución que pasa por la privatización del servicio no mejora en nada el futuro de la sanidad pública, si no se invierte y mejora lo público es la gente la que al final, sale escaldada. ¿Cuándo lo entenderán? Nunca se ha hecho ningún estudio para saber si realmente sale más barato derivar a la concertada en vez de invertir en infraestructuras y contratación de personal. No se hacen políticas sanitarias a largo plazo. Podemos Canarias pedirá este estudio que seguro saca los colores a más de un político que actualmente se beneficia directamente de los conciertos sanitarios.

El índice de satisfacción de la sanidad es un 5,2 de 10 y, aun así, un tercio de quienes tienen seguro privado prefiere, aun pagándolo, ir ala sanidad pública. Porque se saben mejor atendidos, porque saben de la calidad de los y las profesionales en la pública.

Los trabajadores y trabajadoras de la privada sufren las miserias de este sector que estamos financiando, gracias a las acciones del gobierno en minoría de Coalición Canaria. Los profesionales sanitarios de la privada se encuentran en una precariedad extrema, por ejemplo con enfermeras que cobran 800 euros y profesionales de Rayos que cobran 900 euros. ¿Y esta vergüenza que está pagando y permitiendo el señor Baltar? ¿Qué pasó con la nueva ley de contratos públicos, que se supone lucha contra la precariedad laboral, más aun en la subcontratación?

Los profesionales del sector reciben menores retribuciones, en ambulancias se obliga a los trabajadores por parte de las empresas con conciertos, a estar como autónomos, pagándose hasta los uniformes. Y el propio TSJC reconoció la laboralidad de las relaciones en un pleito que ha involucrado a seis empresas privadas y al Servicio Canario de Salud por permitirlo. Ya está bien.

Se ríen de la gente. Se ríen de los pacientes y de los profesionales trabajadores del sector. Ya está bien señor Clavijo, el próximo curso abrirá usted la campaña electoral para ser reelegido, la verdad que tiene mucho ego si después del desastre de gobierno que ha dirigido se cree con posibilidades de hacer una segunda parte. Pero mire, aproveche esa campaña y mejore la atención sanitaria de los canarios y canarias, hágalo al menos para sacarle el rédito electoral.