En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha que simboliza la lucha por la igualdad, los derechos y la justicia social, es imprescindible visibilizar todas las formas de violencia que siguen limitando la vida y la libertad de las mujeres. Aunque a menudo el foco se sitúa en las agresiones físicas o sexuales —violencias que, sin duda, exigen toda nuestra atención—, existe otra forma de maltrato, menos visible pero igualmente devastadora, que continúa creciendo en Europa: la violencia vicaria. Nombrarla es el primer paso para que deje de ser invisible.

La violencia vicaria se produce cuando un agresor daña a una mujer mediante el abuso de sus hijos e hijas, utilizándolos como instrumentos para humillarla, controlarla o vengarse. Las tácticas pueden incluir amenazas, manipulación judicial, secuestros o, en los casos más extremos, violencia física y asesinatos. También es una forma de violencia contra la infancia: el objetivo es herir a las mujeres, pero quienes sufren el daño directamente son los niños y las niñas. 

En varios países europeos, como España, Francia e Italia, se documenta un aumento de estos casos. Según el informe “Menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre en España”, 62 niños y niñas fueron asesinados por sus padres biológicos, o por las parejas o exparejas de sus madres, entre 2013 y 2015. Estos casos se consideran violencia vicaria cuando la madre no ha sido asesinada también.

También escandaliza el número de madres que se enfrentan a procesos judiciales o que pierden la custodia y el derecho de ver a sus hijas por negarse a cumplir con las visitas impuestas judicialmente. Cuando deciden huir con sus criaturas para protegerlas, se activan mecanismos inicialmente diseñados para proteger a la infancia que se convierten en su peor pesadilla, como el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (1980).

A ello se suma que la mayoría de los países europeos aún no reconocen la violencia vicaria como categoría jurídica específica, lo que dificulta su identificación, sanción y prevención. Algunos países han avanzado en la articulación de una respuesta, pero la protección sigue siendo insuficiente y desigual. En España, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (2021) permite suspender el régimen de visitas cuando hay indicios de violencia de género. Y, en septiembre de 2025, el Consejo de ministros y ministras aprobó un anteproyecto para tipificar la violencia vicaria como delito específico que ha levantado suspicacias por parte de juristas, madres protectoras y organizaciones de la sociedad civil, que advierten del peligro que supone incluir la violencia vicaria como un nuevo tipo delictivo en el Código Penal desligándolo de la violencia de género de la que forma parte inseparable. Son avances importantes, pero insuficientes desde una perspectiva europea.

El Convenio de Estambul, ratificado por la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y por la propia UE, insta a garantizar la seguridad de los niños y las niñas en los procedimientos de custodia. Sin embargo, en la práctica, muchos sistemas judiciales europeos siguen priorizando el llamado “derecho de visita” del progenitor agresor por encima del principio de interés superior del niño o la niña y de la seguridad y bienestar infantiles. Además, se observa una interpretación del interés superior de la infancia por parte de los sistemas de justicia que se aparta diametralmente de la Observación general Nº 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial del Comité de Derechos del Niño y de la Niña de Naciones Unidas. 

El debate europeo sobre custodia, corresponsabilidad parental y violencia de género está hoy más polarizado que nunca. Mientras algunos sectores presionan para imponer la custodia compartida por defecto como norma universal, organizaciones de derechos humanos y especialistas en violencia alertan de que esta postura ignora una realidad fundamental: cuando existe violencia, la prioridad no puede ser el reparto del tiempo, sino la protección. 

Obligar a convivencias o a visitas con un agresor expone a mujeres y a sus hijos e hijas a riesgos graves y, en ocasiones, irreversibles. Al final, hay una verdad incontestable: ningún régimen de visitas, ninguna “paternidad responsable” y ninguna doctrina judicial valen más que la vida y la seguridad de un niño o una niña. Es por ello que se necesitan protocolos sólidos de protección, formación especializada para operadores judiciales y sanitarios, y campañas de sensibilización que visibilicen su gravedad y sus efectos intergeneracionales.

Este 8 de marzo nos interpela a renovar el compromiso con una igualdad real y efectiva, que no deje a ninguna mujer atrás. No puede haber derechos plenos ni justicia social mientras mujeres y niñas sigan atrapadas en dinámicas de violencia que se perpetúan y se transforman. Reconocer, prevenir y sancionar la violencia vicaria no es solo una cuestión legal, sino un imperativo democrático y social que Europa no puede seguir postergando: no es una anomalía aislada, sino la señal de que aún quedan estructuras por transformar.

Están siendo días de intensa reflexión. Desde que el viernes pasado conocimos la sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a Ángela González y reconocía la responsabilidad del Estado en el asesinato de su hija, no he dejado de pensar en el significado de la palabra justicia. 

Pienso en Andrea, la hija de Ángela, que no va a volver y me pregunto si realmente Ángela ha obtenido justicia. Para mí, como para mucha gente, tener acceso a la justicia significa que te crean cuando pides protección porque tu vida o la de tu hija está en riesgo. Sin dudar de ti, sin cuestionarte por ser mujer. Es poner una denuncia y confiar en que las autoridades actúen deprisa. Es que no se tomen decisiones basadas en estereotipos de género como que las mujeres mienten o exageran. En definitiva, para mí justicia hubiera sido que a Ángela la hubieran creído y protegido cuando denunció que su expareja, un maltratador, podía hacerle daño a su hija. 

Aunque, por otro lado, también siento que la sentencia del Supremo da un paso decisivo en la reparación del daño que la administración de justicia española le infligió a Ángela. Porque obtener justicia también es que, una vez se te ha producido un daño, puedas acceder a una reparación, especialmente cuando fue el propio sistema el que te falló. 

No ha sido un camino fácil. Ángela ha estado 19 largos años buscando justicia ante distintas instancias. Incluso antes de que su hija fuera asesinada, Ángela pasó cuatro años, de 1999 a 2003, pidiendo protección para sí misma y para Andrea, y solicitando que las visitas de la niña con su exmarido estuvieran supervisadas por los servicios sociales. Sin embargo, en 2003 una decisión judicial le obligó a acatar un régimen de visitas en el que la niña podría estar con su padre sin supervisión. Y él asesinó a la niña como forma de hacer daño a Ángela. 

Durante ocho años estuvo litigando Ángela ante la justicia española buscando que se reconociera la responsabilidad del Estado en el asesinato de su hija. La justicia no había actuado correctamente, se había producido un funcionamiento anormal de la administración de justicia, que entregó a su hija a su asesino. Eso es lo que Ángela buscaba demostrar, para intentar que no le volviera a pasar a ninguna mujer. Sin embargo, la justicia española no encontró responsabilidad o negligencia alguna y se lavó las manos en el asunto. 

No fue hasta 2014 que Ángela obtuvo un atisbo de esperanza. Ese año, el Comité para la Eliminación de la Discriminación a las Mujeres de Naciones Unidas (Comité CEDAW), reconoció por primera vez que el sistema de protección español pudo haber hecho más para proteger a Ángela y a Andrea, pero no lo hizo porque priorizó los derechos del maltratador a tener visitas con su hija. Esta fue la primera vez que Ángela sintió que había encontrado justicia. 

Sin embargo, han tenido que pasar cuatro años más para que el Estado español responda a Ángela. Como el Estado se negaba a cumplir con las medidas dictadas por la ONU, tuvimos que iniciar un nuevo procedimiento judicial para exigirlo. ¿Se imaginan lo desgastante de esa situación? Con la decisión de la ONU habíamos creído rozar la justicia con la punta de los dedos, pero poco después nos dimos cuenta de que, de nuevo, se alejaba de nosotras. 

Pero esta larga lucha ha merecido la pena. Hemos ganado, aunque la victoria tenga un regusto amargo. Al fin, Ángela siente que se ha hecho justicia, que se le ha devuelto la dignidad. Porque para Ángela, la palabra justicia significa que se reconozca la responsabilidad del Estado en el asesinato de su hija. Y que, de esta manera, se confirme oficialmente lo que es evidente: que la responsabilidad no fue suya. 

Esta sentencia es justicia para Ángela, pero también para muchas otras mujeres y sus hijos e hijas, ya que al reconocer que el sistema de protección falló, abre las puertas a que éste pueda revisarse para que funcione mejor. 

Para nosotras, justicia es que se reconozca, por fin, el valor de su larga lucha. 

Gracias Ángela.