San José. Los asesinatos de una mujer española y una mexicana que veraneaban en distintos puntos de Costa Rica, ocurridos el pasado fin de semana y con menos de 24 horas de separación, conmocionaron al país centroamericano. También pusieron a correr a las autoridades, que han reaccionado para atajar el posible impacto negativo que estos hechos puedan tener para una de las más vitales fuentes de ingresos del país.

El gobierno de la República, los ministerios de Turismo y Seguridad, y la Policía Turística han salido al paso de los violentos incidentes, y anunciaron un plan para garantizar la seguridad de los visitantes en el país. Contrario a lo que se podría pensar después de una semana particularmente trágica, la muerte de turistas por crímenes violentos no es común en la nación centroamericana.

Muertes y asaltos

La española Arantxa López Gutiérrez fue asesinada el sábado 4 de agosto por la mañana, cuando, según la versión de su esposo, salió a trotar por un sendero cercano al hotel donde se hospedaban junto a otros ocho turistas españoles. López murió estrangulada y según el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, fue atacada sexualmente. El crimen se produjo en la localidad de Tortuguero, un paradisiaco y remoto destino en el Caribe norte, al que solo es posible acceder por vía aérea o en bote.

24 horas después, en la madrugada del domingo 5 de agosto, fue asesinada la joven mexicana María Trinidad Matus. Matus y una joven británica que la acompañaba fueron abordadas por dos hombres mientras caminaban cerca de las tres de la madrugada por la playa en Santa Teresa de Cóbano, en el Pacífico norte. La joven británica narró que los hombres intentaron ahogarlas en el mar, pero ella consiguió escapar y pedir ayuda en el hotel donde se hospedaban. Matus no corrió la misma suerte.

Un tercer incidente se produjo el jueves 9 de agosto cuando dos turistas españoles fueron asaltados con arma blanca por dos hombres, mientras caminaban por un sendero dentro del Parque Nacional Rincón de la Vieja, un volcán en la provincia de Guanacaste, al norte.

Reacciones inmediatas

La acción de la policía costarricense fue rápida en todos los casos. Un hombre nicaragüense de apellido Díaz, sospechoso de haber atacado y asesinado a Arantxa López fue detenido un día después del crimen, en la cercana localidad de Barra del Colorado. El sujeto permanece detenido por razones migratorias, pero no se dictó medida cautelar en su contra por la presunta comisión del asesinato de López.

En el caso de la turista mexicana, un primer sospechoso de apellido Esquivel fue detenido y golpeado por lugareños el propio domingo, luego lo entregaron a las autoridades. El segundo arrestado de apellido Mendoza cayó unas horas después. El tercer sospechoso de apellido Sancho fue detenido el jueves 9, y presentaba lesiones físicas. Dos de los sujetos permanecen en prisión preventiva.

Mientras tanto, dos sospechosos de asaltar a los turistas españoles fueron detenidos apenas dos horas después del crimen. El hombre de apellido Díaz, y otro, menor de edad, tenían consigo los teléfonos celulares de los españoles, binoculares y efectivo en euros.

La Presidencia, la Fiscalía General, los ministros de Turismo y Seguridad, la Cancillería y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han comparecido durante la semana, por medio de transmisiones en directo vía Facebook, o a través de la prensa, para atender los crímenes y anunciar las medidas inmediatas que tomarán para prevenir nuevos incidentes contra turistas.

“Son hechos que nos llenan de rabia, y estamos trabajando de forma intensa y coordinada para afrontar esta situación”, dijo el presidente de la República, Carlos Alvarado vía Facebook Live. “No es solo un tema solo turístico, sino de femicidios, un tema que nos preocupa tanto como la violencia contra las mujeres”, agregó el mandatario.

Alvarado y la ministra de Turismo, María Amalia Revelo, anunciaron que se destinará un presupuesto extraordinario de 1 millón de dólares americanos por año, durante los próximos cuatro años, para reforzar la seguridad de los visitantes por medio de la Fuerza Pública, la Policía Turística, y el OIJ. “Seguridad es uno de los temas prioritarios de mi gestión, y le vamos a poner toda la atención que merece”, dijo Revelo.

El plan de la cartera de Turismo incluye acciones como la capacitación a 4000 empresarios turísticos durante el próximo año, en medidas de prevención. También lanzarán una aplicación para móviles dirigida a los turistas, con información preventiva y consejos puntuales geolocalizados según la ubicación de los visitantes. También se pondrá en marcha una campaña dirigida a los costarricenses, para enfatizar la importancia de colaborar, vigilar y cuidar a los visitantes extranjeros.

Por su parte, el viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, anunció la contratación de más efectivos para la Policía Turística y la asignación de más personal policial a las zonas de mayor visitación. Seguridad también continuará con los llamados “mega operativos”, intervenciones conjuntas de todas las fuerzas policiales en puntos específicos del país.

Costa Rica: ¿País de paz?

Los crímenes contra turistas son un duro golpe para la imagen de Costa Rica en el extranjero, basada en diferenciadores clave como la paz (Costa Rica no tiene ejército desde 1948), la biodiversidad, y las bellezas naturales.

Según datos del Instituto Costarricense de Turismo, los ingresos producto de esa actividad representan casi 6% del PIB del país, la segunda proporción más alta de Latinoamérica, solo superada por Panamá. En 2017 más de dos millones de turistas visitaron Costa Rica.

La seguridad ciudadana es uno de los grandes retos que enfrenta el país, y una de las mayores deudas que se le atribuyen al gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís. Mientras en 2014, primer año de gobierno de Solís, se produjeron en total 477 homicidios, en 2017 la cifra llegó a un récord histórico de 603 asesinatos.

Las autoridades han insistido en que el dramático aumento es consecuencia del narcotráfico y el crimen organizado, y que no se trata de crímenes contra ciudadanos comunes. Según el Observatorio de la Violencia del Ministerio de Justicia y Paz, aproximadamente la mitad de los homicidios ocurridos a partir de 2014, son atribuibles a “delincuencia organizada”.

Pero la conmoción que atravesó el país durante la pasada semana, parece obedecer a dos razones fundamentales: la creciente incidencia de homicidios contra mujeres, y el hecho de que los asesinatos de turistas no son comunes.

Según datos publicados esta semana por el diario La Nación, en total han fallecido 16 turistas en circunstancias trágicas en Costa Rica durante los últimos 17 meses. De ellos, solamente tres fueron asesinados, incluyendo a Arantxa López y María Trinidad Matus. El resto de los decesos obedeció a accidentes de diversa índole.

Tras conocerse los crímenes de ambas mujeres, la indignación ciudadana explotó por medio de las redes sociales como Facebook y Twitter bajo hashtags como #NiUnaMenos y #NoViajanSolas. En la playa de Santa Teresa se realizó una vigilia el miércoles. Los pobladores vistieron de blanco y depositaron flores en el lugar del crimen de Matus. Al día siguiente centenares de personas se reunieron en la icónica Plaza de la Cultura, en el centro de la capital, San José, para rendir tributo a las dos extranjeras, y exigir el cese de la violencia contra las mujeres. Las ticas, y las que visitan este país que les promete paz.

San José. La Sala Constitucional, el máximo tribunal de Costa Rica, “instó” este miércoles a los diputados de la Asamblea Legislativa a legalizar las uniones de hecho y el matrimonio entre personas del mismo sexo en un plazo máximo de 18 meses.

En un fallo atípico, los magistrados consideraron que la prohibición de las uniones homosexuales es inconstitucional, pero decidieron dejarla vigente durante año y medio. Transcurrido ese periodo, e indistintamente de lo que decidan los legisladores, los artículos inconstitucionales quedarán derogados, instalando finalmente el matrimonio igualitario.

“Este fallo es jurídicamente inexplicable”, dijo el diputado Enrique Sánchez, del oficialista Partido Acción Ciudadana, y férreo defensor de los derechos de las minorías sexualmente diversas. “La Sala declara una norma inconstitucional, pero da 18 meses para que la Asamblea Legislativa cambie la legislación. ¿Si la norma es inconstitucional, cómo puede seguir vigente”, cuestionó el legislador.

En un sentido similar se manifestó la Defensoría de los Habitantes. “Considera la Defensoría que aunque respeta la resolución, el Tribunal sí dejó escapar la oportunidad para que la resolución fuera contundente y definitiva en aras de la eliminación inmediata de la prohibición del matrimonio igualitario en Costa Rica”, expuso mediante un comunicado publicado la medianoche del miércoles.

“Lo que nos acaba de decir (la Sala) es: ”sí, hay violación de derechos humanos y van a continuar violándose por, al menos, 18 meses más“, le dijo al Semanario Universidad la activista y fundadora del partido pro Derechos Humanos, Vamos, Margarita Salas.

Entre los seis magistrados de la Sala no hubo consenso. Luis Fernando Salazar consideró  que el tema debía trasladarse al Congreso, pero sin fijar un plazo. Paul Rueda y Martha Esquivel  valoraron indispensable limitar ese periodo de tiempo a 18 meses. Los magistrados Fernando Cruz y Nancy Hernández se opusieron a que siga vigente una ley declarada inconstitucional en el mismo acto, pero se plegaron a la posición de Rueda y Esquivel en un aparente esfuerzo por garantizar que, aunque más tarde, el matrimonio llegará.

Por su parte, el juez Fernando Castillo fue el único que votó en contra de la declaratoria de inconstitucionalidad de la prohibición a las uniones del mismo sexo. Paradójicamente, también fue Castillo quien anunció el fallo en una conferencia de prensa.

Con la sentencia de este miércoles, la Sala Constitucional acoge lo instruido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la Opinión Consultiva OC-24/17, publicada en enero y emitida como respuesta a una consulta planteada por el gobierno de Costa Rica.

En ese pronunciamiento el tribunal interamericano indicó que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana”, y precisó que no debe hacerse mediante una figura jurídica diferenciada distinta al matrimonio. “...es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio”, sentenció la Corte Interamericana.

El fallo de este miércoles responde a acciones de inconstitucionalidad que la Sala tenía pendientes de resolución, algunas durante varios años, y todas previas a la Opinión Consultiva de la Corte-IDH. Las acciones contra la prohibición al matrimonio entre personas del mismo sexo fueron presentadas por el abogado y expresidente de la organización activista Movimiento Diversidad, Marco Castillo, y por la pareja Laura Flores-Estrada Pimentel y Jazmín Elizondo. Esta prohibición deriva del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia costarricense que establece que “es legalmente imposible el matrimonio entre personas de un mismo sexo”.

La acción en contra de la prohibición de la unión de hecho fue presentada por el abogado Yashín Castrillo, e impugna el artículo 242 del Código de Familia que establece: “la unión de hecho pública, notoria, única y estable, por más de tres años, entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer matrimonio, surtirá todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado legalmente, al finalizar por cualquier causa”.

La Sala se quedó sin tiempo

El polémico fallo se anunció cerca de la medianoche del miércoles, mediante una conferencia de prensa convocada espontáneamente y tras una concatenación de hechos inusuales para el alto tribunal costarricense. A mediados del mes de julio la Corte anunció que el fallo estaría listo “en los primeros 15 días de agosto”. Nunca antes la Sala le había “puesto fecha” a una sentencia.

También fue inusual la presión sobre la Sala, acusada por activistas de dilatar excesivamente la resolución sobre este tema. Tras la publicación de la Opinión Consultiva de la Corte-IDH, el movimiento pro Derechos Humanos adquirió nuevos bríos en Costa Rica. En junio se realizó la celebración del orgullo (llamada aquí “Marcha de la diversidad”) más masiva que se recuerde, llegando a reunir más de 100.000 personas en la principal arteria de la capital, San José.

La dificultad de los magistrados para zanjar el asunto, quedó demostrada este miércoles: “Esta ha sido la sesión más larga de los últimos 29 años”, dijo el magistrado Castillo antes de hacer el anuncio.

Durante las últimas semanas, la Sala también recibió llamados a acatar lo instruido por la Corte Interamericana, por parte de la Presidencia, y la Defensoría de los Habitantes. La Procuraduría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones también habían manifestado su acatamiento a la Opinión Consultiva.

Hace escasos 5 días circuló el manifiesto “Por la igualdad y contra la discriminación”, firmado por los expresidentes Abel Pacheco de la Espriella, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís y el premio Nobel de la Paz, Óscar Arias. El documento también lo firmaron casi 200 figuras del acontecer nacional, entre diputados y diputadas, exdiputados y exdiputadas, exmagistrados, rectores de universidades públicas, exministros y exministras, periodistas, intelectuales y artistas.

“Nuestro compromiso con la igualdad plena de derechos se mantiene intacto”, expresó este jueves el Presidente de la República, Carlos Alvarado, por medio de una publicación en Facebook. “Confiamos en que el respeto pleno a los derechos humanos y al Estado de derecho prevalecerá, ya sea que la Asamblea Legislativa reconozca el matrimonio igualitario en el término de 18 meses, o en su defecto, una vez que la norma actual pierda vigencia finalizado el plazo”, escribió el mandatario.