Los herbicidas conforman el grupo de productos fitosanitarios cuya finalidad es la de eliminar, especialmente en la agricultura, las mal denominadas “malas hierbas”, es decir, las que crecen de manera espontánea y pueden competir con las especies que se pretenden cultivar y producir. También se utilizan al margen de la producción agraria, para la eliminación de la vegetación en cunetas, aceras y parques, donde no se quiere que crezcan plantas de ningún tipo. El herbicida más utilizado, al menos en España, es el glifosato que, curiosamente, su primer uso no fue como herbicida. Fue sintetizado en 1950 como un compuesto farmacéutico pero, al no encontrarse aplicaciones en este sector, fue comercializado como desatascador. Años después, en 1970 el glifosato fue reformulado, testado y patentado por la empresa Monsanto para su utilización como herbicida.

La patente de Monsato expiró en 1991 y en la actualidad este pesticida es producido a nivel mundial por un elevado número de fabricantes. En 1996 aparecieron los primeros vegetales modificados genéticamente, creados para tolerar el uso de este herbicida. Desde entonces las ventas del glifosato no han dejado de aumentar, convirtiéndose en el herbicida más vendido en el mundo por su eficacia y reducido coste. Pero el uso del glifosato conlleva graves problemas de contaminación, por su toxicidad para el medio ambiente y para la salud humana.

En 2015, un informe de la Agencia de Investigación del Cáncer (IARC) concluyó que existían suficientes datos en estudios para establecer una relación entre la exposición al glifosato y el cáncer en animales.

Desde entonces, las evidencias científicas de los perjuicios del uso de esta sustancia no han dejado de crecer. Por ejemplo, el pasado mes de marzo Pesticide Action Network Europe publicó un informe que concluye que el glifosato es tóxico para las abejas y otros insectos.

Otros muchos estudios sugieren que la exposición humana al glifosato puede causar la modificación del correcto funcionamiento del sistema hormonal, la enfermedad de Parkinson y alteraciones de la microbiota, que puede conducir a la supresión del sistema inmunitario.

A consecuencia de ello, en 2015 y 2016, numerosos ayuntamientos de todo el país, incluyendo los de Madrid y Barcelona, aprobaron el dejar de utilizar este herbicida en las ciudades, especialmente en parques, jardines y calles (donde podía afectar especialmente a los niños en los parques y a las mascotas). Y también algunas comunidades autónomas decidieron dejar de utilizarlo en las cunetas de las carreteras, sustituyéndolo por desbroce mecánico.

Sin embargo, en el sector agrario ha ocurrido todo lo contrario, en gran parte debido el firme apoyo recibido para su uso por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, justificándolo con escasos datos y de muy dudosa calidad. A consecuencia de ello, en un período de tan sólo 10 años, el uso del glifosato en nuestro país aumentó nada menos que un 76,5%, pasando de los casi 7 millones y medio de kilos de 2011 (7.431.689 kilos), a los más de 13 millones de kilos de 2020 (13.082.329 kilos).

Su uso masivo en el campo está produciendo la contaminación del medio natural, y muy especialmente de las aguas, tal y como corroboran los datos oficiales. Efectivamente, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en 2021 uno de cada tres puntos de muestreo de aguas superficiales superó la norma de calidad ambiental establecida para el glifosato de 0,1 µg/litro.

En lo que a las aguas subterráneas se refiere, lamentablemente se dispone de poca información sobre su contaminación por glifosato, debido al deficiente control que sobre éstas realizan las confederaciones hidrográficas y los organismos encargados de la gestión del agua en las comunidades autónomas, como prueba el escaso número de analíticas realizadas, un 93,5% menos que las hechas de las aguas superficiales. Esta falta de información sobre las aguas subterráneas es especialmente preocupante, pues el agua de consumo humano de una buena parte de la población de nuestro país procede directamente de acuíferos. Concretamente, el 70% de los abastecimientos urbanos de España procede de aguas subterráneas, que satisfacen las necesidades de entre 28 y 30 millones de habitantes, sin contar buena parte del consumo de los más de 80 millones de turistas que nos visitan todos los años (iagua, 2019).

Por todo ello, es necesario que el Gobierno se oponga próximamente a la renovación del glifosato. Pues no hay que olvidar que la aprobación o la renovación de un plaguicida es una decisión política que es tomada por los Estados miembros de la Unión Europea. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debería moderar su política productivista, y rechazar el uso del glifosato en la agricultura, aunque ello conlleve la protesta de productores y fabricantes. El glifosato no deja de ser un “veneno” para acabar con plantas, y además están plenamente demostrados sus graves efectos sobre el medio natural en general y sobre la salud de las personas en particular. Y en una sociedad democrática como la nuestra, es el interés general del conjunto de la población el que siempre debe prevalecer, y los diferentes ministerios son los que tienen la obligación de velar para que así sea.

De entrada, a cualquier persona nos debería sorprender que en el agua de consumo humano pudiera haber productos fitosanitarios, utilizados mayormente en la agricultura, pues no olvidemos que todos los plaguicidas son venenos, y su objetivo, dependiendo del tipo de sustancia, es el de matar roedores, insectos, ácaros o plantas. Por ello, la gran mayoría producen efectos negativos sobre la salud humana, como demuestra el elevado número de productos que ya se han prohibido por este motivo a lo largo de los años, y los efectos que su uso ha tenido para la salud de muchas personas, especialmente para las que lo manipulan. Pero lo cierto es que desde hace décadas los productos fitosanitarios están extendidos y esparcidos por todo el planeta, afectando a plantas y animales, como demuestra el hecho de que ya en los años 70 del pasado siglo, se detectase la presencia de DDT nada menos que en los tejidos de los pingüinos de la Antártida.

En principio, el larguísimo catálogo de leyes que regulan las sustancias químicas en la Unión Europea y en España tienen como principales objetivos la protección de la salud humana y del medio ambiente. Aunque, en la mayoría de los casos, también tienen como objetivo la protección del mercado de las sustancias que se pretende reglamentar.

No obstante, sobre la protección del medio ambiente y de la salud humana, parece lógico pensar que el nivel de seguridad de las leyes que gobiernan las sustancias químicas siempre debería de ser mayor en lo relativo a la salud humana que al medio ambiente en general, o al menos garantizar el mismo nivel de protección.

A cualquiera puede parecerle un desatino que los límites que se consideran como barreras que no deben franquearse para asegurar la salud de los ríos y de las aguas subterráneas sean más estrictos que los que se aplican al agua de consumo humano.

Sin embargo, este sinsentido ha estado vigente en nuestro país durante varias décadas. Es decir, la normativa que regulaba la concentración máxima de determinados pesticidas en los ríos era más restrictiva que la que regulaba el agua de abastecimiento a poblaciones, donde se permitían concentraciones de plaguicidas superiores. Un ejemplo de ello lo tenemos en el caso del lindano, el que fuera un potente insecticida y en la actualidad un peligroso contaminante tóxico que perdura en el suelo y agua de varias zonas de España, y que lleva prohibido su uso y fabricación en la Unión Europea desde 2007.

La normativa vigente de protección del medio ambiente de las aguas superficiales y subterráneas establece para el lindano un valor máximo puntual de 0,04 µg/l y una concentración media anual que no puede superar los 0,02 µg/l. Sin embargo, la normativa de la Unión Europea y la española dictaba que para el agua de consumo humano, el valor límite permisible para el lindano y para cualquier tipo de plaguicida con independencia de su toxicidad o de si este esté o no autorizado era de 0,1 µg/l. Es decir, se consideraba como permisible que el agua de consumo humano tuviese concentraciones hasta 2,5 veces superiores a lo permitido en ríos y aguas subterráneas.

Esta vergonzante contradicción ha sido objeto de críticas por parte de Ecologistas en Acción desde hace años, que ha demandado de manera reiterada que la normativa fuese mucho más restrictiva en lo que al agua de consumo humano se refiere. Y por fin se ha conseguido, con la aprobación a principios del presente año del Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, promovido por el Ministerio de Sanidad.

En este Real Decreto se da un paso más allá de la normativa europea y, en una apuesta por la prevención de la salud humana, establece dos límites para los plaguicidas en el agua de consumo, aquella que sale de nuestros grifos. El ya conocido 0,1 µg/litro para los plaguicidas autorizados y el novedoso y probablemente único en la Unión Europea de 0,03 µg/l para los plaguicidas no autorizados como es el caso del lindano. 

Este nuevo valor preventivo debe ser motivo de satisfacción para el conjunto de la ciudadanía y, en especial, para aquellas entidades como Ecologistas en Acción que llevan años demandándolo, especialmente en el País Vasco y Aragón, donde la presencia de lindano en varias masas de agua y suelos es un problema muy grave.

Sin embargo, queda mucho por hacer y es necesario que todas las administraciones, entidades y empresas responsables del suministro de agua potable cumplan con sus responsabilidades y aseguren que lo escrito en la nueva norma sea una realidad en nuestros grifos.

Pero la otra cara de la moneda la tenemos en otro Real Decreto que apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado casualmente el mismo día que el Real Decreto al que antes nos hemos referido, y que regula la explotación de las aguas minerales naturales, aguas de manantial y aguas preparadas envasadas para el consumo humano.

El mínimo sentido común hace pensar que este Real Decreto, el 2/2023, de aplicación a todo tipo de aguas envasadas, debiera tener como mínimo el mismo nivel de restricción para los plaguicidas que el que obliga la nueva norma de agua de grifo aprobada.

Sin embargo, no es así, el Real Decreto que regula las aguas embotelladas no resuelve la contradicción entre plaguicidas autorizados y los que no lo son y reitera el mismo nivel de protección para ambos tipos, el ya citado 0,1 µg/l.

Esto genera la paradoja de que el agua de consumo humano de nuestros grifos tiene una regulación más estricta en lo que a la presencia de plaguicidas se refiere, que el agua embotellada. De esta manera, las personas que opten por este tipo de agua, cuyo coste suele ser 200 veces superior al del agua del grifo, van a adquirir un agua para la que la normativa vigente es más permisiva con este tipo de sustancias nocivas para la salud humana.

Si bien la opción de consumo de un tipo u otro de agua debiera ser una decisión personal de cada consumidor y consumidora, no parece coherente con el objetivo de la protección de la salud humana que tengan reglamentaciones diferentes relativas a los plaguicidas. Y ello a pesar de que desde Ecologistas en Acción se le advirtió sobre el tema antes de su aprobación al ministerio que promovió el decreto que regula el agua embotellada, que curiosamente es diferente al que promovió el agua de grifo. 

En definitiva, la aprobación del decreto que regula la calidad del agua del grifo es motivo de satisfacción, mientras que el referente al agua embotellada es decepcionante y resulta un contrasentido. Por ello, en aras de proteger la salud de los consumidores, debería ser modificado de inmediato.

En cualquier caso, hay que seguir adelante, y conseguir que la nueva normativa que regula la calidad del agua del grifo se aplique de manera estricta en todos los municipios de nuestro país. No hay que olvidar que el acceso al agua potable es un derecho humano establecido como tal por Naciones Unidas.

La presencia de nitratos en el agua de consumo humano es causa de preocupación a nivel de todo el país, dada su toxicidad relacionada con la formación de dos tipos de sustancias: nitritos y compuestos N-nitrosos. La reducción de los nitratos a nitritos puede ocasionar metahemoglobinemia principalmente en los lactantes menores de 6 meses, consistente en la “afección por la que hay una cantidad más alta de lo normal de metahemoglobina en la sangre. La metahemoglobina es una forma de hemoglobina que no puede transportar oxígeno, de manera que no llega suficiente oxígeno a los tejidos. Los síntomas de la metahemoglobinemia incluyen dolor de cabeza, mareo, cansancio, falta de aliento, náuseas, vómitos, latidos cardíacos rápidos, pérdida de coordinación muscular y piel de color azul”. Por otra parte, los nitritos reaccionan con aminas formando nitrosaminas, de las cuales se sabe, por estudios en animales y algunos estudios epidemiológicos en humanos, que tienen una actividad carcinógena. Por último, la formación de compuestos N-nitrosos se asocia con malformaciones congénitas.

Por todo ello, la Organización Mundial de la Salud, con el objeto de prevenir el efecto tóxico a corto plazo de los nitratos, estableció como nivel máximo permitido en agua potable un valor de 50 mg/litro. El Real Decreto de agua de consumo humano vigente en España establece, de igual forma que lo hiciera la Organización Mundial de la Salud, como valor paramétrico de los nitratos 50 mg/l, indicando además que los valores detectados cercanos por debajo al valor paramétrico de 50 mg/l deben considerarse como probables incumplimientos.

Según la información disponible en el Ministerio de Sanidad, la contaminación del agua de consumo humano por nitratos está presente en numerosos municipios de la España vaciada: Momblona, Alintesque y Bliecos en Soria, Villarejo de la Peñuela en Cuenca, San Salvador en Valladolid y un largo etcétera. En concreto, se tiene conocimiento de al menos 197 poblaciones, en las que se superan en el agua de consumo humano los niveles de nitratos permitidos. Según esos datos, se estima que, al menos un total de 1.016.359 personas en España se han visto en algún momento reciente afectados por episodios de contaminación por nitratos en su agua potable, aproximadamente el 2% de la población española.

Lamentablemente se tratan de datos parciales, pues el Ministerio de Sanidad señala que los nitratos solo fueron controlados en 2021 en el 62,8% de las zonas de abastecimiento, en el 12,4% de las infraestructuras y en el 11,4% de los puntos de muestreo. La parcialidad de la información disponible hace suponer que el número de municipios afectados es superior a los 197 identificados a partir de los datos suministrados por el Ministerio de Sanidad. De igual forma, podemos inferir que el número de personas afectadas es bastante superior a las 1.016.359 mencionadas, dado que muchos de los municipios afectados ven multiplicada su población durante los meses de verano.

La falta de análisis es todavía peor en el caso del parámetro nitrito, ya que únicamente se controló en el 57,5% de las zonas de abastecimiento, en el 11,5% de las infraestructuras y en el 10.9% de los puntos de muestreo. El panorama es desalentador puesto que, si bien es indudable que el número de controles analíticos ha aumentado en los últimos años, no se ha producido una reducción del número de incumplimientos, que desde 2008 se sitúa en valores entorno al 1,67% del total de controles realizados.

Las principales causas de la contaminación por nitratos de las aguas de abastecimiento se encuentran, por una parte, en el uso masivo de fertilizantes nitrogenados en la agricultura, especialmente en el regadío y, por otra, en la proliferación de la ganadería intensiva. Ambos producen la denominada contaminación difusa por nitratos, afectando tanto a las aguas superficiales (ríos, manantiales, fuentes,…), como a las aguas subterráneas. La mayor parte de los municipios afectados se encuentran ubicados o bien en zonas de regadíos intensivos, o bien cuentan en su entorno con numerosas macrogranjas. Concretamente, los municipios donde se ha detectado contaminación por nitratos en el agua de abastecimiento albergan, según datos del Instituto Nacional de Estadística, un total de 1.188.762 cabezas de ganado porcino, bovino, ovino y caprino, a lo que hay que añadir 4.546.935 aves de corral censadas .A modo de ejemplos, podemos señalar los casos de los municipios de Puebla de la Reina (Badajoz) con 710 habitantes y 876.448 cabezas de ganado censadas, de las cuales 845.836 corresponden a aves de corral; o Almazán (Soria) de 5.411 habitantes y 121.543 cerdos. En este último municipio, nada menos que más de 22 cerdos por habitante.

Este origen agrario (agrícola y ganadero) de los nitratos, es también la tesis de la Comisión Europea, en su recurso interpuesto contra el Reino de España el 30 de agosto de 2022, por incumplimiento de la Directiva 91/675/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, la cual incluye también como fuente de contaminación el estiércol. Este último párrafo del recurso contiene el reproche de la Comisión a la falta de políticas de reducción de la contaminación producida por nitratos o la insuficiencia de estas: “La Comisión también reprocha al Reino de España no haber adoptado medidas adicionales o acciones reforzadas necesarias para remediar la eutrofización en la totalidad del país, a pesar de que los datos disponibles ponen de manifiesto que las medidas previstas en los programas de acción no están siendo suficientes para reducir y prevenir la contaminación”.

Este párrafo condensa el grave problema de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por nitratos, y es uno de los muchos ejemplos que ilustran la inseparable unión entre salud ambiental y salud humana. Tan solo un medio ambiente libre de nitratos permite un agua de consumo humano sin este tipo de contaminación, que es sufrida en su mayor parte por los pueblos de la España vaciada.

Las políticas de reducción de la contaminación que posibiliten el acceso a un agua de consumo humano de calidad libre de contaminación química, deberían ser uno de los principales objetivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en su tarea de evitar la despoblación del medio rural. Pues para poder evitar dicha despoblación es necesario mantener una elevada calidad del medio rural y de sus recursos naturales, garantizando entre otras cosas un agua de abastecimiento de buena calidad.

Resulta evidente que existe un grave problema de contaminación por nitratos en el agua de abastecimiento a la población de un buen número de municipios de nuestro país, que entre todos suman más de un millón de habitantes. Además, como hemos indicado anteriormente, todo apunta a que el número de municipios afectados, y por tanto la población, es bastante mayor.

El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano, considerado como tal por Naciones Unidas desde 2010, por lo que el hecho de que se esté suministrando agua contaminada, no apta para el consumo, a más de un millón de personas en nuestro país, supone un retroceso en cuanto a la calidad de vida en nuestro país. Además, se está afectando especialmente a municipios de la denominada “España vaciada”, contribuyendo así a que se vacíe aún más, pues no resulta precisamente atractivo vivir en un pueblo en el que ni siquiera el agua del grifo se puede beber o utilizar para cocinar.

Por todo ello, es esencial que se intensifiquen los controles en el agua de abastecimiento a poblaciones en todos los municipios de España, con el fin de detectar todos los incumplimientos en materia de nitratos. Asimismo, debería frenarse la expansión del regadío, y reducirse en el mismo el uso de abonos nitrogenados, y frenarse también la expansión de la ganadería intensiva, pues ambas actividades están produciendo daños ambientales muy importantes, y en muchos casos irreversibles. Y además están atentando directamente contra la salud de la población, especialmente sobre la que reside en la “España vaciada”.

“Un ecologista es una persona que tiene más razón de la que le gustaría”. Con esta frase ironizaba nuestro compañero Ladislao Martínez sobre los problemas ambientales que el ecologismo ha ido señalando a lo largo de la historia.

La relación entre procesos (como la incineración de residuos, los vertidos a los ríos, la combustión del diesel, el cambio climático o la pérdida de calidad del aire), sustancias contaminantes (como el DDT, el lindano, los CFCs, el plomo, el mercurio o los plásticos) y sus efectos sobre la salud y el medio ambiente han sido objeto de parte de las campañas que desarrollamos desde el ecologismo social organizaciones como Ecologistas en Acción (y tantas otras a nivel nacional e internacional). Algunas de ellas han tenido incidencia sobre cambios regulatorios y sociales. La mayoría de las veces demasiado tarde (o cuando el problema tenía envergaduras muy grandes y el coste de actuación era mucho mayor). Son muy pocas (ninguna que recordemos) las veces que se ha alertado sobre problemas inexistentes, como recoge un estudio de la Agencia Europea del Medio Ambiente en el que intentaba recoger “falsos positivos” en cuanto a la aplicación del principio de precaución durante todo el siglo XX, concluyendo que esto no había ocurrido ni una sola vez (el mismo informe recogía numerosos ejemplos en los que se había actuado demasiado tarde). El tiempo nos ha ido dando la razón en todos y cada uno de estos problemas, entre otras cosas porque siempre se han tratado con rigor los análisis de las causas y los efectos de dichos problemas.

Todas estas campañas han encontrado críticas. Por lo general las han copado los lobbies de la derecha o de las empresas afectadas por las propuestas ecologistas. Pero también desde algunos sectores (generalmente minoritarios) del ámbito científico que critican al ecologismo por una supuesta falta de base científica. Ocurrió con el DDT, con el agujero de la capa de ozono y con el cambio climático (problemas que ahora muy poca gente pone en duda). La historia se repite y ahora le toca el turno al glifosato y a los alimentos genéticamente modificados. Este verano, este diario ha sido testigo de ese debate a raíz de un artículo de Esther Samper sobre una sentencia judicial en EE UU que condenaba a Monsanto. Desde Ecologistas en Acción respondimos al texto incidiendo en la necesidad de aplicar el principio de precaución y de no promover el uso del glifosato cuando hay discrepancia científica sobre su inocuidad. A nuestra réplica, respondió Esther Samper en un artículo en el que, omitiendo la mayoría de nuestros argumentos, nos acusaba de hacer un uso ideológico y no científico del principio de precaución y nos tildaba de ‘religión envuelta en verde’ que ‘adoctrina desde el púlpito’ sin rigor alguno y sin siquiera saber que ‘los tomates tienen genes’. Esto obligaba a descartarnos de los debates sobre el futuro de la humanidad para dejarlos en manos de 'autoridades científicas'. Ahí es nada.

Seguimos recalcando que el principio de precaución es necesario cuando tratamos con sistemas complejos como la salud o el medio ambiente, en el que no es fácil determinar causas y efectos. La aplicación práctica consiste en 1) analizar lo que se sabe sobre los efectos de una sustancia (o un proceso) sabiendo que es imposible probar algo al 100% y 2) tras evaluar los riesgos de cada opción, tomar una decisión, siempre teniendo en cuenta que es más fácil prevenir que curar. La primera parte depende de la ciencia (con su incertidumbre), pero la segunda, en todos los casos, es una decisión política y social que requiere debate público, pues ante una misma información no todas las personas tomaríamos los mismos riesgos ni emprenderíamos las mismas acciones. Ahí la ideología (nuestra manera de entender cómo es el mundo y cómo debería ser) tiene mucho que decir, puesto que ninguna decisión está libre de ella. Esto no es malo, de hecho es algo inherente a los seres humanos, que somos animales políticos y sociales. Lo que es incorrecto es ignorarlo. De hecho, en un mundo marcado por la desigualdad las pretensiones de actuar ‘sin ideología’ suelen significar estar actuando, muchas veces inadvertidamente, aceptando las guías de la ideología dominante.

El debate científico del glifosato estaba desarrollado en el artículo anterior, por eso sorprende (o igual no tanto) que, más allá de la metáfora inicial sobre la seguridad de las setas para ejemplificar el principio de precaución, la autora haya decidido omitir el resto en su réplica. A riesgo de ser repetitivos: a día de hoy la ciencia dice que no se puede descartar que el glifosato pueda tener efectos sobre la salud (no solo cáncer) y el medio ambiente. Ponemos a su disposición un informe que recaba cientos de artículos científicos con los posibles efectos adversos del glifosato. Con controversia (palabra utilizada por la autora), la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud, incluyó al glifosato en el grupo 2A como probablemente cancerígeno para humanos. “Controversia” quiere decir que hay personas de la comunidad científica que no creen que el glifosato sea cancerígeno pero otras que sospechan que sí, que apoyan el trabajo de la IARC y que la han defendido ante los ataques “injustos” que ha sufrido (¿se considera que estas personas tampoco dan la talla científica?).

Además, en el artículo señalábamos como la gran industria agroalimentaria ha falseado datos y, pese a ello, sus estudios, algunos no públicos, se han tenido en cuenta en las evaluaciones de algunos organismos reguladores (todo esto sin respuesta de la autora, a quien no parece preocuparle este agravio a la ciencia). Por lo tanto, y apoyándonos en la cita de Carl Sagan con que se nos critica en el último artículo, en este caso quien ha ejercido la duda ante la controversia científica ha sido el movimiento ecologista y quien se ha posicionado en la fe ciega en la seguridad de una tecnología ha sido la autora.

Tras las dudas que alberga la inocuidad del glifosato, el movimiento ecologista realizó una campaña contra la renovación de su autorización, pero no era la única. De hecho, se enmarcaba dentro de una campaña de mucho más largo recorrido por la transformación del modelo agrario, porque no tiene sentido aislar la cuestión de un compuesto del resto del sistema político y social con el que interactúa, que es más complejo que un laboratorio. Por eso la crítica a esta campaña tiene varios errores.

Estar en contra del glifosato no implica estar a favor de otros pesticidas más contaminantes, de hecho los compuestos a los que aduce se encuentran en la Guía de alimentos disruptores de Ecologistas en Acción. Dado que el modelo agroalimentario actual es insostenible, injusto y poco saludable, que los productos y los precios de estos están muy determinados por las grandes corporaciones que dominan la producción y la distribución alimentaria; y que la seguridad alimentaria está más relacionada con la distribución de los recursos que con la producción, la propuesta alimentaria de Ecologistas en Acción pasa por la transición hacia modelos agroecológicos diversificados, combinando diferentes modalidades de agricultura ecológica con medidas que promuevan el desarrollo local y la justicia económica para el campesinado (y que por lo tanto limiten el poder de las agrocorporaciones), así como la seguridad alimentaria. Un modelo con base científica, que tiene mayores ventajas sociales y ambientales, con potencial para alimentar a todas las personas, que es sustentado por los movimientos campesinos de base (que son quienes alimentan al mundo) y que es apoyada por la FAO. Para conocer más detalle en qué consisten estas propuestas recomendamos los textos de Olivier de Schutter (ex relator de la ONU por el Derecho a la Alimentación), de la UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), del comité IPES-Food o las propuestas políticas de La Vía Campesina. Transitando hacia ese modelo cobra sentido el debate del glifosato.

En el análisis de riesgos de Esther Samper, en cuya ideología no parece entrar el cambio de modelo agrario ni cuestionar el poder de las multinacionales, que considera que el principal problema alimentario es tecnológico, lo mejor es seguir usando glifosato, ante el riesgo de otros males mayores como el aumento de pesticidas peores o el incremento de precios y el hambre, aunque su deducción es reduccionista pues la relación entre producción y precio final no es lineal, no está justificada con datos y es calcada a la de la gran industria. Los grupos ecologistas pensamos que es mejor evitar una tecnología concreta, cuya inocuidad está en cuestión, porque en la actualidad nos encaminamos hacia alternativas mejores, más sostenibles, realistas y, por ello, muy necesarias.

Terminamos recordando que la grave situación de crisis ecológica que padecemos hemos llegado precisamente por no hacer una interpretación demasiado ecologista del principio de precaución, que muchas veces se ha omitido en favor de las demandas de la gran industria. Por eso, además de incierto, es irresponsable culpar al ecologismo de basarse en prejuicios (y más irresponsable poner a un negacionista del cambio climático como ejemplo a seguir). El ecologismo social es un movimiento sociopolítico que hace propuestas rigurosas que parten de la complejidad social y ambiental de la biosfera, para alcanzar una sociedad más justa y resiliente que se adapte de los límites de los ecosistemas. Un movimiento que, como otros en la historia, ha conseguido importantes avances en ese sentido. Por eso tiene mucho que decir. La historia reciente nos avala. Es mucho más que una cuestión de fe.

Imaginemos a una persona que va un día recogiendo setas por el monte y se encuentra con una que desconoce. Podría ser comestible e incluso deliciosa, pero dado que hay setas venenosas lo normal es que, ante el desconocimiento, no añada la desconocida a su cesta. Imaginemos ahora que la persona va con un grupo de expertos micólogos, pero que no se ponen de acuerdo sobre la inocuidad de la seta. Probablemente en este caso también decida buscar otras setas y no arriesgarse a poner su vida en peligro. Este ejemplo ilustra el funcionamiento simplificado del principio de precaución, por el cual se incita a no consumir (o comercializar) productos hasta demostrar su inocuidad. Y este es el principio en el que el movimiento ecologista se basa para pedir la prohibición del glifosato.

El principio de precaución cobra más importancia a la hora de tratar con sistemas complejos como lo son la salud o el medioambiente. En los sistemas complejos no es sencillo relacionar las causas con los efectos y hacen falta años de investigación para encontrar estas relaciones. Por eso se tardó años en entender la relación entre una enfermedad como el cáncer con elementos como el tabaco o el amianto. Por esta razón basar la legislación en el principio de precaución ha sido una reivindicación fundamental del ecologismo, al entender que es preferible asegurarse de los riesgos que tiene una sustancia antes de ser comercializada que esperar a que haya una epidemia para que sea prohibida (o para que se haga una campaña advirtiendo de sus problemas, como en el caso del tabaco).

Dado que en la mayoría de las ocasiones hace falta mucho tiempo para comprobar la inocuidad de las sustancias, el principio de precaución no ha sido del agrado de muchas empresas y lo han atacado con fiereza. En las negociaciones del TTIP, por ejemplo, una de las principales demandas de la gran industria alimentaria consistía en eliminar dicho principio como base para la regulación. Sorprende más cuando la crítica al principio de precaución proviene de personal investigador que sostiene que la aplicación de dicho principio no tiene base científica.

El 13 de agosto este diario publicaba una tribuna de opinión sobre la condena a Monsanto a indemnizar a un jardinero con cáncer terminal por no advertir de los riesgos del herbicida glifosato. En dicho artículo la autora, una investigadora en biotecnología, pese a reconocer la controversia científica sobre la seguridad del glifosato, criticaba a la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) por aplicar el principio de precaución (frente a otros organismos internacionales, como la Agencia Europea de Seguridad Alimentario, EFSA), tildaba a la sociedad de ‘subjetiva’ y de tener ‘dobre rasero’ y a los grupos ecologistas les acusaba de colocar ‘injustificadamente al glifosato en el punto de mira’ sin fundamento científico.

Sorprende en primer lugar porque se desdeñan los estudios que relacionan el glifosato con el cáncer y con alteraciones hormonales, que fueron los que llevaron a la IARC a clasificarlo como ‘probable cancerígeno para las personas’. Sorprende también que, ante las dudas sobre la seguridad de una sustancia, la respuesta de algunas personas sea que ‘al no quedar demostrada la causalidad se deduce que no la hay’, lo que se denomina falacia ad ignorantium. Este tipo de respuesta, más típica del paradigma obsoleto del mecanicismo que de la teoría de sistemas, ignora que muchas veces se necesitan más estudios para encontrar causalidad a largo plazo por lo que no es precisamente muy científica. El principio de precaución es un síntoma de madurez de la ciencia y de la incertidumbre inherente a ésta. De hecho, si a algo enseña la ciencia es a dudar, lo contrario está más cerca del dogmatismo.

Otra crítica que lanza el artículo al ecologismo es la de confundir el glifosato con Monsanto (argumento especialmente recurrente desde ciertos sectores de la izquierda científica). Es obvio que los efectos sobre la salud del glifosato son independientes de quién los fabrique. Pero no ayuda a la ciencia que Monsanto sea uno de los principales referentes en la investigación sobre la inocuidad del glifosato. No ayuda porque, como se vio con los ‘Monsanto papers', la multinacional ocultó todos los datos que apuntaban hacia los efectos perniciosos del plaguicida. Por esa misma razón también es controvertido que la EFSA tome como válidos los estudios de seguridad hechos por las propias empresas, que éstas tengan acceso a los borradores de los documentos de la EFSA y mucho más que la EFSA tenga casos de 'puertas giratorias' o que muchas de las personas que la integran tengan conflictos de interés. Por eso, no es que el ecologismo confunda al glifosato con Monsanto, sino que el hecho de que los intereses de una multinacional se entremezclen con las investigaciones científicas sobre la seguridad de los productos obliga a ser más cauto y a aplicar aún más a rajatabla el principio de precaución. Esto implica apostar por la investigación pública y ajena intereses lucrativos y a esperar tanto como sea necesario, décadas si hace falta, hasta obtener resultados concluyentes.

Por último, cabe recalcar que en una sociedad democrática el papel del mundo científico es el de aportar información rigurosa, pero que las decisiones las debe tomar la ciudadanía, lo cual implica cierta dosis de subjetividad, efectivamente, porque al final es la sociedad quien tiene que decidir qué riesgos quiere asumir y qué no, tras analizar dicha información. Por eso también sorprenden las críticas al etiquetado sobre los riesgos que conlleva cualquier producto, sea este carne roja, aceite de freidora o tintes de pelo (productos por cierto sobre los que el movimiento ecologista también ha advertido acerca de sus efectos a la salud). Con todo, y volviendo al ejemplo inicial, es tarea de la micología aportar información sobre los efectos de las setas, discrepancias incluidas, pero es la sociedad la que al final decide qué setas comer. Y ahí la utilización del principio de precaución puede salvar vidas, incluso si algún hongo delicioso se queda sin ser probado.