Como venimos diciendo desde hace tiempo, la desigualdad y la exclusión se han convertido en el nuevo caballo de batalla en el ámbito urbano. Esto es algo que las nuevas políticas de desarrollo urbano metropolitano deben incorporar necesariamente. En Barcelona aún sufrimos la crisis económica y financiera de forma severa. La tasa de paro sigue en el 11,7%, aunque llegó casi al 22% en 2011, momento álgido de la crisis. La pobreza, la desigualdad, la exclusión y la precariedad se han cronificado en aquella población que ya padecía situaciones de vulnerabilidad y ha alcanzado a otras capas de la población que, hasta entonces, disfrutaban de una mejor situación.

Además, el empeoramiento de los indicadores socioeconómicos pone de manifiesto las limitaciones de los sistemas de protección social, que no han podido dar respuesta a dicha situación o que, en el peor de los casos, incluso la han agravado.

A ello hay que añadir la nueva burbuja inmobiliaria, que ha hecho que los alquileres ya estén en máximos históricos mientras que los sueldos no crecen. El impacto que nos deja la crisis nos obliga a repensar no solo la eficacia y la eficiencia de las políticas sociales, sino sobre todo repensar el mismo espacio urbano y metropolitano como generador de esta desigualdad, así como el nuevo papel que la Administración local debe adoptar.

En este empeño, el papel de los servicios sociales se convierte en una herramienta tan urgente como fundamental. Dentro de los servicios sociales municipales, el sistema de prestaciones económicas (y en especial las de carácter de urgencia) está ganando protagonismo, pues ha terminado por convertirse en el último resorte, o trinchera, para paliar la pobreza, la exclusión y las múltiples formas de precariedad que viven nuestros vecinos y vecinas. Sin embargo, la complejidad del sistema de protección social barcelonés, catalán y español, ha terminado por generar un diseño de políticas a todas luces ineficaz e insuficiente. Por un lado, mientras la Administración central abroga las políticas contributivas y las comunidades autónomas las asistenciales, las Administraciones locales se deberían encargar de las ayudas de emergencia, pero que se han acabado convirtiendo en la primera red de protección social para los más vulnerables. La crisis no ha hecho más que agravar esta situación poniendo de manifiesto las limitaciones estructurales de dicho modelo: un diseño con una acuciante falta de coordinación y subsidiariedad.

Ayuda a hogares vulnerables

Frente a este contexto, desde la dirección de Planificación e Innovación de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona decidimos presentarnos al programa Urban Innovative Actions de la Unión Europea para conseguir los fondos que nos permitieran cofinanciar nuevas formas de combatir la pobreza estructural. Así nació el proyecto B-Mincome, que, junto a seis instituciones más (Ivalua, Novact, IGOP, The Young Foundation, ICTA y UPC), ha puesto en marcha un nuevo diseño y concepción de las políticas sociales de ámbito municipal. Desde diciembre de 2017, 950 hogares vulnerables del Eix Besòs (10 barrios de renta baja del norte y este de la ciudad) están recibiendo una renta mensual que varía entre 100 y 1.600 euros en función del tamaño del hogar, de sus ingresos y del coste que pagan por la vivienda.

Aunque está de moda hablar de los pilotos de renta básica de Finlandia, Utrecht u Ontario, el nuestro trata de ir más allá. En este sentido, B-Mincome combina la transferencia de una renta (complementaria a otras ayudas locales y de las otras Administraciones) con cuatro políticas activas de inclusión sociolaboral (formación y ocupación en proyectos de interés social; fomento de la economía social, solidaria y cooperativa; ayudas a hogares propietarios para alquilar habitaciones no ocupadas, y participación no retribuida en proyectos de interés sociocomunitario). Será cuando termine, en diciembre de 2019, cuando podremos evaluar sus efectos, tanto su eficacia para reducir las tasas de pobreza y de exclusión, así como sobre la salud, la educación y el bienestar, y la eficiencia en el coste de su implementación.

En cuanto a su metodología y diseño, B-Mincome es un proyecto complejo. Del conjunto de 4.300 hogares que cumplían los requisitos para ser elegibles, se inscribieron 2.400, de los que 1.000 fueron seleccionados aleatoriamente mediante un sorteo. De allí salieron 11 grupos de tratamiento que reciben distintas modalidades de renta. Con ello, tratamos de testar la eficacia y la eficiencia de las restricciones más usuales de la mayoría de políticas de rentas mínimas: la condicionalidad, la incondicionalidad, la limitación y la no limitación, incluida una simulación de renta básica incondicional. Hasta 500 hogares más forman el grupo de control.

Así, 450 hogares perciben la renta y están exentos de participar en cualquier otra actividad del programa. Con ellos testamos dos modelos de transferencia, la limitada (la ayuda se reduce como los ingresos extra que pueda conseguir el hogar) y la no limitada. El resto hasta 550 hogares participan, además, de una de las cuatro políticas activas de inclusión que he mencionado. A estos hogares les aplicamos una segunda división, los condicionados que deben realizar estas políticas para seguir recibiendo la ayuda, y los incondicionados, que son libres de realizar estas políticas sin la presión de perder la ayuda económica. Mediante esta integración de modalidades de renta y de políticas activas, pretendemos arrojar algo de luz sobre aquellos paquetes de políticas que mejor funcionen a sus receptores, no solo para mejorar su situación actual, sino sobre todo para dotarles de los recursos que, a medio plazo, les posicionen en mejor situación para poder forjar sus propias estrategias de mejora de su situación socioeconómica.

Por último, siempre subrayo que el proyecto B-Mincome además de invertir directamente en las personas y hogares participantes, invierte indirectamente en el conjunto de sus comunidades. Por ejemplo, desde finales de junio una parte de la renta será canjeada por la nueva moneda ciudadana Rec, para ser gastada en los comercios de barrio. Esta globalidad es uno de los elementos que el programa UIA de la UE mejor valoró de nuestra propuesta, integrar medidas innovadoras que, una vez evaluadas, nos aporten datos fiables para el diseño de mejores políticas sociales.

Los estudios hasta ahora realizados nos muestran un aumento en el bienestar subjetivo, de los vínculos comunitarios y de la voluntad de formación. Hasta diciembre de 2019 no dispondremos de resultados concluyentes, pero mientras tanto, casi 1.000 hogares y 3.800 personas de nuestra ciudad disponen de más recursos para desarrollar sus vidas en mejores condiciones, lo que no es poca cosa.

Lluís Torrens es director de Planificación e Innovación de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

[Este artículo ha sido publicado en el número de verano de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]