Somos fundamentalmente tiempo, y el tiempo nos atropella y acelera nuestra vida en la medida en que la inmediatez ha empequeñecido el planeta y agigantando el impacto de nuestra forma de habitar en él. Hace un siglo, llegar a mi pueblo desde Barcelona, una ciudad relativamente cercana situada a 360 km, requería de unas 36 horas de viaje. Hoy, con ese tiempo y añadiendo una jornada más, podemos dar la vuelta al mundo. 

La velocidad y la inmediatez caracterizan nuestra sociedad e impregnan el dinamismo de las economías urbanas, diseñadas para satisfacer modelos de crecimiento económico que, con frecuencia, subyugan el modelo territorial en favor de los grandes polos urbanos, los cuales absorben la población, desarrollan economía a gran escala y en un escaso espacio físico concentran todas las sinergias socioeconómicas. Podríamos pensar que esto no es necesariamente negativo, pero la realidad nos muestra que el modelo de hiper concentración urbana globalizada que hoy predomina en el planeta nos acerca a una aceleración de los impactos ambientales y sociales de consecuencias impredecibles en términos de salud ambiental y social. 

Pretender la desescalada de la globalización en busca de patrones de desarrollo urbano y económico de dimensiones más humanas y sostenibles nos obliga a ver el tiempo como un patrón de escala con el que construir ciudades y territorios asentados en lógicas de funcionalidad cuyo principio no sea, únicamente, el mercado y sus servidumbres sino donde el sentido de la medida vuelva a ser una dimensión vinculada a la condición humana y su relación con el hábitat que ocupa. Es decir, necesitamos volver a reapropiarnos del territorio y entender la dimensión de la proximidad para profundizar en dos temporalidades superpuestas, la nuestra, como individuos que anhelan una vida mejor, y la que nos corresponde como especie que quiere garantizar su futuro y el de su hábitat. No en vano, cuando transcurran los siete meses del año en curso, habremos consumido los recursos que el planeta (Overshoot day) nos puede ofrecer para todo el año. Es decir, necesitamos un planeta y medio para subsistir, lo cual evidencia que a medio plazo nuestra subsistencia estará seriamente comprometida. Y este asunto afecta fundamentalmente a las urbes que consumen el 80% de los recursos. 

Por tanto, no nos queda más remedio que desandar un camino en el que hemos desdeñado la complejidad de nuestras geografías para comprometernos con un modelo de desarrollo y de habitabilidad más razonable e inteligente. Debemos volver a aprender a “ser y estar en el territorio”, generando afectos y apego con el entorno, sabiendo que mientras corremos alocadamente sin rumbo, olvidamos que hay dimensiones que somos incapaces de ver y disfrutar porque solo atendemos a la difuminada imagen del paisaje que muestra la velocidad. Por ello, hemos de ser conscientes que esta necesaria transformación, nos obliga a profundizar en nuevas propuestas para la habitabilidad de un país castigado por décadas de despoblación, que ahora, requiere de una nueva visión para conjugar la necesaria funcionalidad de los territorios con una dimensión humana. 

En esta legislatura el gobierno ya ha desarrollado una primera estrategia para descentralizar entes estatales hacia capitales de provincia como Soria, Córdoba, Teruel, Cuenca, entre otras, además de una amplia serie de medidas para combatir las disfuncionalidades territoriales. El siguiente paso ha de ser el territorio multicéntrico que integra los pueblos y las ciudades en una red de espacios con habitabilidad amable en los que el empleo, los servicios, la formación y el ocio se distribuyen con la lógica de una nueva armonización, donde la proximidad sea un nuevo hito en la conformación de la ordenación territorial.

Carlos Moreno, autor de la Revolución de la Proximidad, resume este principio en “una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna”.  Este aprendizaje requiere de una acción a múltiples niveles y la administración ha de ser quien inicie este retorno a un país de mayor y mejor equidad. Un país donde la cohesión social no sea solo una aproximación discursiva, sino que sea una praxis que impone reglas y que mitiga la aglomeración y la acumulación en favor de un reparto; de un nuevo paradigma en el que el crecimiento en red permite establecer nuevos equilibrios que nos ayuden en el inaplazable objetivo de vivir mejor y garantizar la vida de nuestro planeta. 

Dice el sociólogo francés Gilles Lipovetsky que vivimos seducidos por el “Don Juan” del hiperconsumo, en una suerte de búsqueda de la felicidad exprés. Una realidad que contrasta frontalmente con la fragilidad de unas sociedades en las que el individuo está más solo y fragilizado que nunca.

Probablemente, nuestra evolución como sociedad está marcada por las claves de un capitalismo que ha mutado, como explica Lipovetsky, hacia una seducción individualista de nuestro ego, con el objetivo de conseguirnos todo aquello que puede acercarnos a los sueños y deseos de poseer y acumular cosas. Reflexiono sobre ello cuando leo los enconados debates sobre la despoblación rural en las redes y las recetas a la carta que, permanentemente, se vuelcan en los escenarios políticos y mediáticos.

El péndulo viaja entre la añoranza por los pueblos de médicos con iguala y pobreza disimulada entre hipotecas y letras bancarias para conseguir el ansiado seiscientos, o el épico retorno a una ruralidad ruda y frustrante, donde las posibilidades de labrar futuros viables, capaces de contraponerse frente al hambre de la socialización exprés de las ciudades y el consumo inmediato, parecen hitos imposibles.

El debate resulta oportuno porque penetra en la esencia de lo que queremos ser como sociedad y como país. España es un lugar envidiado por casi todos los europeos, en cambio es un país extraordinariamente deshabitado. El poder de lo urbano ha triunfado sobre la áspera geografía de la piel de toro. Nuestra ruralidad, desprotegida frente a los cambios de los ciclos económicos y la globalización, ha resistido peor que la ruralidad francesa, italiana o alemana.

La discusión requiere atender y escuchar activamente todas las opiniones, por diversas que sean. La creación del Foro de la Cohesión Territorial responde a este objetivo. También, el dar voz a la discrepancia de un debate tan poliédrico y de largo alcance resulta imprescindible. Pero este debate no puede plantearse solo desde la espuma, desde la superficialidad de los tópicos y mucho menos desde el lamento, entendido como filosofía del “todo está mal”. Es exigible honestidad y compromiso. Los avances de nuestra sociedad son innegables; avances en términos de calidad de vida y prestaciones sociales. Ciertamente, esas mejoras objetivas no han retenido a la población rural en muchos territorios y es posible que tampoco lo consiga la conexión a las redes de alta velocidad si no somos capaces de entender la complejidad del reto al que nos enfrentamos.

Es cierto que en este reto tenemos muchas asignaturas pendientes en términos de servicios, digitalización, empleo… por citar algunos. Pero a la vez, nos enfrentamos a un reto para redibujar el relato de la ruralidad. Un nuevo trazo que implica a su vez un cambio en el paradigma de las formas de vida, de los valores y de la cultura que acompaña a ese nuevo relato y, posiblemente, también, de los escenarios de futuro que dibuje cada comunidad rural. La ruralidad ha de ser una opción para los que quieren abandonar la fragilidad individual y construir su futuro en comunidades donde el valor de lo sencillo se convierte en una opción hacia la felicidad. La felicidad, como decía la alcaldesa de Ledesma, de escuchar a los pájaros, de saber que los niños van y vienen del cole sin peligro, o que, sencillamente, tu vecino está cerca, por si lo necesitas.

Recuerdo a una anciana que hace ya bastantes años vivía en una casa alejada de todo, posiblemente podría ser el lugar más remoto de España. No hay carretera, ni agua corriente… Su vida era muy parecida a la de todos los que la precedieron en aquel lugar, que ya por aquel entonces aquejaba de una pérdida de habitantes constante. Ante la precariedad de las condiciones de la vida de Francisca y sus 90 años, sus dos vecinos se turnaron durante años en transitar cada día los dos cubos de agua con los que ella cubría sus necesidades diarias por el angosto camino que llegaba hasta su casa, compartida, únicamente, con su perro. Aún ahora, cuando paseo por aquella zona despoblada y de casas derruidas, me parece seguir escuchando el latido de la comunidad que vivió en aquellos parajes.

El relato de la nueva ruralidad debe seducir porque nos da opciones de vida diferentes y contrastadas con lo urbano, sin que ello implique desatención o pérdida de oportunidades. Opciones de incorporarnos a una comunidad que cuida de sí misma, de su entorno. Comunidades que integran lo mejor de nuestra modernidad y lo mejor de nuestra historia reciente. Por esa razón, la responsabilidad institucional de la España que nos ha tocado vivir es construir un contexto de equidad en las oportunidades y en las herramientas sociales y tecnológicas con las que cada comunidad pueda construir ese horizonte de futuro que anhela. Futuros que suman en una red para habitar territorios distintos pero vivos y conectados entre sí.

El Reto, sin duda, es impresionante. Hasta puede producir un cierto vértigo y a la vez resultar apasionante. Porque este no es en absoluto un debate (solo) demográfico, es un debate sobre nuestra forma de vida y sobre nuestro futuro como sociedad. Así lo ha entendido el Gobierno de España y el presidente Pedro Sánchez cuando lo ha calificado como un reto democrático. Y ese es, en gran medida, el objetivo de “pueblos con futuro”, una estrategia para construir herramientas y oportunidades con las que los hombres y, especialmente las mujeres de nuestras ruralidades, construyan sus futuros en comunidad y en equidad. 

Las lógicas territoriales y la configuración de los espacios que habitamos no son fruto del azar. Todas ellas responden a procesos históricos que han condicionado su evolución hasta llegar a configurar las realidades actuales.

No es necesario profundizar en los desajustes que sufre nuestro modelo territorial, que tiene, como su mayor evidencia, un descalabro demográfico que afecta a amplias áreas de todo el país, las cuales en su mayoría no se adaptaron a los cambios económicos y sociales que se iniciaron hace medio siglo. En este contexto, el desarrollo de las ciudades como paradigma de oportunidades, de generación de empleo y de acceso a servicios de toda índole ha provocado polaridades, generando antagonismos territoriales, bajo los que se abren brechas que hoy, nos parecen insalvables. Y por si esto fuera poco, la globalización y sus dinámicas de competitividad territorial en procesos de producción, donde el principal factor de competitividad ha sido el precio, ha generado la tormenta perfecta que ha arrastrado a miles de municipios a convertirse en espacios residuales donde, además de menguar la demografía, se desdibuja el horizonte de cualquier posibilidad de futuro donde un joven asiente su proyecto vital. 

No debemos, en este análisis, excusar a la gestión política de estas últimas décadas, la cual debería haber mitigado la hostilidad del mercado con estos espacios y, sin embargo, se conformó con actuaciones de baja intensidad orientadas a garantizar servicios básicos que, finalmente, en la mayor parte de las ocasiones han acabado sucumbiendo a las disfuncionalidades que asocia el proceso. 

Aun así, en este nuevo tiempo que vivimos y cada vez con más contundencia se impone una nueva lógica que nos interpela sobre nuestra forma de habitar entornos cercanos y sus efectos en el conjunto del planeta. Nos interpela y pone en evidencia las consecuencias sobre la sostenibilidad que de ello se deriva. Las amenazas del cambio climático, de nuevas o ya no tan nuevas pandemias, de inseguridades que creíamos superadas, nos obligan a plantear nuevas formas de entender el progreso como parte de ese indivisible binomio que conforman la sostenibilidad y la generación de riqueza. Es decir, sin sostenibilidad ambiental, social y, añado, territorial, no habrá progreso. Se pueden generar espejismos, pero no habrá progreso. Es en esa nueva lógica donde las funcionalidades territoriales cobran un nuevo sentido y un paradigma que, parecía, habíamos olvidado. Unas funcionalidades que deben estar al servicio de una gestión territorial que responda a los desafíos que hoy nos plantea nuestra sociedad. Y resulta obvio que esos desafíos tienen mucho que ver con esa estructura de país capaz de aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que nos plantea el presente y el futuro. Nuestra ruralidad y las ciudades medias son claves en esta nueva lógica y, si se me permite, en esta nueva forma de habitar el territorio. Una lógica que nos ha de proporcionar la dimensión humana de nuestras ciudades y recuperar el rol imprescindible de nuestras ruralidades en la gestión de los espacios y en el uso de los mismos para cuestiones tan básicas como la producción de alimentos de calidad, la gestión forestal, la garantía de preservación de la biodiversidad, los procesos de generación de bioeconomías de escala o la propia lógica de la seguridad en un sentido amplio. Y por supuesto, también de las seguridades sanitarias que con tanta crudeza ha puesto en evidencia el COVID-19. 

El precio de creer en el espejismo de un falso progreso olvidando de nuevo los territorios rurales y nuestras propias fragilidades como especie será impagable para nuestra sociedad. Por esa razón, es imprescindible desplegar una hoja de ruta que desde la multigobernanza de todos los actores políticos y territoriales, asuma el reto de generar nuevas dinámicas políticas y, tal vez, retomar algunas que no lo son tanto con el objetivo de devolver a esos lugares olvidados de la (mal llamada) España vaciada un protagonismo que nunca debieron perder. 

La Secretaría General para el Reto Demográfico tiene el claro objetivo de ser la (pequeña) polea tractora de esas grandes políticas que necesitan los territorios y que solo cobran sentido si están asentadas en el consenso y la multigobernanza. Sin olvidar que en este libro blanco, donde casi todo está por escribir, solo si damos voz y herramientas a los que aún viven y cuidan de estos pueblos podremos iniciar un nuevo camino, largo, sin duda, pero que nos permita dibujar muchos futuros para pequeños pueblos donde la vida y la esperanza sean semillas que vuelvan a germinar.

En la reciente reunión con representantes de la sociedad civil con Pedro Sánchez recalcamos la estrecha relación de los espacios forestales con el reto demográfico de la España interior. Los terrenos forestales suponen más de la mitad de nuestro país y están ubicados en las zonas menos accesibles y más montañosas, especialmente en fuertes pendientes, suelos más pobres, lugares más fríos o secos, en definitiva, todo aquello que no sirve para agricultura. Precisamente son estas las zonas con mayores problemas de despoblación.

Todos los veranos la sociedad expresa su angustia por los incendios forestales reto ante el que nos hemos limitado a responder mediante un operativo de extinción altamente efectivo pero muy costoso, incapaz como toda respuesta sintomática de abordar las causas subyacentes que se resumen en el abandono de los montes por falta de gestión y desafección humana lo que comporta el abandono de usos y costumbres, la merma drástico de la cabaña ganadera extensiva, el uso de leñas para calefacción, el mantenimiento de caminos y la permanente vigilancia que los habitantes ejercen sobre los espacios que habitan.

Frente a algunos prejuicios, la presencia y gestión antrópica del territorio no es negativa per se, antes al contrario, aporta vitales servicios ambientales al conjunto social. Nuestra población de montaña ha sabido mantener el equilibrio con su entorno que ha venido modulando a lo largo de los siglos los espacios que hoy nos arrogamos proteger. Nuestras políticas conservacionistas han venido partiendo de un grave error, desconocer esta profunda y milenaria coevolución natural y social debido a la compartimentación de la ciencia apostando por aislar estos espacios de toda influencia humana prejuzgada como negativa. La consecuencia de todo ello es el abandono de las actividades que modularon estos territorios, la pérdida de población local y el aumento del riesgo de incendios catastróficos.

En definitiva y dado el alto grado de coincidencia territorial de ambos retos – despoblación interior y abandono forestal - sólo conseguiremos resultados significativos si los abordamos conjuntamente.

El reciente informe del IPPC sobre cambio climático y uso de la tierra incide en el considerable potencial de la gestión forestal en la lucha contra este reto universal y trascendental. Todos los elementos de una gestión forestal basada en el conocimiento adquirido en los pasados 2 siglos en Europa contribuyen positivamente: preservar el capital de bosques actual, aumentar en masas jóvenes sus existencias mediante tratamientos selvícolas que superen su tendencia al estancamiento, ampliar los bosques donde sea conveniente y regenerarlos cuando alcancen su madurez dando paso a nuevas generaciones o en masas degradadas. Todo ello aprovechando la madera extraída como materia prima renovable estratégica tanto para biomasa, como la de mayor calidad para la construcción sostenible, tejidos o bioplásticos.

Existe en un amplio consenso en que solo ganaremos la batalla al cambio climático si actuamos con determinación y en todos los frentes. Si nos limitamos a las energías alternativas físicas (eólica y solar) los costes de inversión y problemas de almacenamiento debido a oscilaciones estacionales, diarias y meteorológicas constituyen barreras importantes. Ese enfoque aún predominante olvida, por un lado, la demanda térmica de energía que resulta mucho más eficiente cubrir directamente por biomasa que por vía eléctrica y, por otro, la huella energética que comportan todo tipo de materiales que usamos cotidianamente sean en la construcción (cemento, hierro, aluminio, vidrio), utensilios (plásticos), productos químicos o textiles.

La Bioeconomía se alza así como la solución oportuna, óptima y complementaria centrada en aportar materias primas de origen biológico, básicamente vegetal, que pueden aportar ingentes volúmenes de biomasa para substituir muchos de los materiales que usamos en la actualidad de origen fósil/mineral y que requieren ingentes cantidades de energía. A través de la fotosíntesis, sus procesos productivos son extremadamente eficientes en términos energéticos como podemos observar en el caso de la madera, bambú, corcho o subproductos agrícolas.

A todas estas ventajas se suman sus estratégicos efectos colaterales positivos en la lucha contra la concentración económica y demográfica. Mientras los materiales actuales muestran una alta concentración industrial (hierro, cemento, químicos), la generación de materias primas de origen biológico se produce en todo el territorio diversificando su economía y generando empleo verde de calidad. Una sociedad democrática necesita para su perpetuación el predominio de una amplia clase media siendo la tendencia a la concentración empresarial uno de sus principales riesgos. Tampoco es viable un país con la polarización territorial que está adquiriendo el nuestro resultando su aportación reequilibradora del territorio de vital importancia.

Además, la superación del abandono forestal mejorará en rendimiento hídrico en las cuencas dado que los bosques de alta densidad pierden muchos recursos por intercepción como se ha observado en muchas cuencas desde 1980. Unos bosques más gestionados serán más resilientes al cambio climático y en caso de una perturbación como incendios o vendavales, menos proclives a daños mostrando una mayor capacidad de regeneración respondiendo así también a la adaptación al cambio climático. Bosques más adultos y menos cerrados aumentarán la producción de pastos para ganadería extensiva y la caza asegurando un suministro de proteína animal sin generar gases de efecto invernadero y de alta calidad nutricional.

Finalmente, reactivar las zonas actualmente afectadas por la despoblación permitiría preservar un valiosísimo patrimonio material e inmaterial que de otra forma se vería seriamente comprometido. Un territorio vivo ofrecerá a su vez múltiples oportunidades para un turismo desconcentrado, desestacionalizado y fidelizado que tanto necesitamos en la maduración de uno de los pilares centrales de nuestra economía.

Activar todo el potencial que ofrece nuestro territorio además del forestal, en el sector agroalimentario, residuos orgánicos y el mar requiere de una potente inversión en I+D fuertemente vinculada al desarrollo de la Bioeconomía como eje emergente y estratégico europeo. La UE acaba de revisar su Estrategia de Bioeconomía y la ha priorizado en el próximo programa marco de investigación con 10.000 millones € además de ser uno de las 9 prioridades de la PAC. España es el país que mejor aúna riqueza forestal, agraria y marina en la UE como base para el desarrollo de una bioeconomía inclusiva y fuertemente diversificada estando por ello óptimamente situada para liderar y reequilibrar hacia el sur la Bioeconomía en Europa. ¿Podemos permitirnos perder este tren?

El pasado día 19 tuvimos oportunidad de participar en el II foro de Pueblos en Movimiento, que tiene su epicentro en la Serranía de Ronda y que amenaza con convertirse en un auténtico movimiento sísmico en favor de una nueva ruralidad incipiente, pero que quiere tener su lugar en el siglo XXI.

Decía Felip d'Aner, un diputado del Valle de Aran en las Cortes de Cádiz, en el debate del artículo 310 de la Constitución de 1812, cuando abordaban el ordenamiento territorial de España, en referencia a la ordenación del mapa municipal: “Se trata de dar gobierno a los pueblos y que estos tengan todos los remedios en sí mismos para poder tener una verdadera dirección. Esta no puede haberla si no hay ayuntamientos; luego debe haberlos en todos para su felicidad”.

Evidentemente, ha llovido mucho desde entonces, aunque en el fondo de la cuestión, seguimos en debates no tan diferentes. Explícita o implícitamente seguimos reiteradamente preguntándonos si nuestra planta municipal de 8.125 municipios es sostenible o no. Y si lo es, ¿qué políticas aplicamos para evitar su defunción y evitar que cada hora, cinco ciudadanos decidan abandonar sus pueblos y se instalen en las grandes ciudades? O dicho de otra forma, ¿qué hacemos con los más de 6.000 municipios rurales que salpican nuestra geografía?

Las opiniones son diversas y no faltan quienes opinan que la ruralidad es anacrónica y el futuro pasa por las ciudades como paradigma de la nueva forma de vida de la humanidad. De hecho, las tendencias globales apuntan a eso, y más del 52% de la población mundial ya vive solo en el 2% del planeta, y la tendencia es que la concentración siga aumentando bajo el influjo de ese eslogan mágico que afirma que todo lo que tiene que ver con nuestra posmodernidad está en lo urbano, como si en ese horizonte, por cierto muy contaminado, se cociera la Arcadia feliz de nuestra humanidad.

Pero, a pesar de las palabras y los discursos, la sostenibilidad de las ciudades se complica. Y no solo la sostenibilidad ambiental, que por supuesto, también la social, porque, efectivamente, conocemos los problemas ambientales y sus derivadas climáticas, pero también sabemos, porque solo hay que hablar con un estudiante de Madrid o Barcelona, –aunque no es diferente del de Londres o París–, los problemas de movilidad y de alojamiento que hacen prácticamente imposible vivir en ellas, a no ser que seas de familia acomodada y con muchos posibles. De ahí que la brecha de la desigualdad crezca y la guetización o la gentrificación son nuevas enfermedades urbanas, que parecían erradicadas y en cambio tienen más vigencia que nunca.

Objetivamente, vivir en una ciudad no aporta mejor calidad de vida ni tiene más ventajas que las que aportan unos servicios que responden a una determinada idea de habitar el planeta. Lo decía Pepe Rubio, del pueblo de Ardales, cuando argumentaba el porqué vivía en un pueblo afirmando: “…porque aquí, cuando miro el horizonte sé que no estorbo”. Pues eso, en el mundo rural, frente a la inhumanidad que significan determinados niveles de aglomeración, la gente tiene y sabe cuál es su lugar, algo que no resulta tan evidente en las ciudades, globales y anónimas.

Nuestra libertad para vivir en el pueblo o en la ciudad nos la debe dar nuestra decisión personal. Pero que nadie nos diga que somos anacrónicos, porque el futuro, su futuro, el de las ciudades, pasa porque algunos decidan continuar cultivando los alimentos que consumen, ocupándose de los bosques que limpian su aire, del agua que beben y de la biodiversidad de la que quieren disfrutar los fines de semana. Por eso, como los de Ronda, abogo por poner de moda el “soy de pueblo”. Porque sin el pueblo, las cosas van a ser mucho más difíciles, y porque además, los de pueblo estamos cansados de ser más pobres, tener menos de casi todo y que nuestras reivindicaciones suenen al que reclama su cuota de subsistencia. Sí, porque en este debate, el problema de fondo son siempre las políticas, el reparto del dinero y si realmente funciona o no la igualdad de oportunidades y la calidad de los servicios públicos que proclama la Constitución.

El mundo rural necesita medios, equidad en el trato administrativo y político, menos normas y más eficaces, más capacidad de decisión y menos paternalismo jacobino. Necesita más innovación, más conectividad, mejores comunicaciones y más universidad rural. Necesita empoderar a sus jóvenes, a sus mujeres y a sus mayores para que vuelvan a sus pueblos y se declaren revolucionarios de la ruralidad, una revolución de los que quieren vivir en coherencia con lo que son, sin atascos y sin humos, en harmonía con sus vecinos y con la sonrisa en los labios. Porque aquí, en el pueblo, esto sí que es más fácil.

Hace cerca de cincuenta años, Serrat decía en ‘Pueblo blanco’: “Escapad gente tierna; que esta tierra está enferma; y no esperes del mañana; lo que no se os dio ayer”. Hoy, aún resuena su eco y España se enfrenta al reto de revertir la despoblación con una nueva gestión del medio rural. La España vacía relatada por Sergio del Molino se ha hecho presente en nuestros debates como uno de los problemas capitales que afronta el país. Y por si la literatura no fuera suficiente, cada verano los pavorosos incendios como el del Algarve; el incendio ateniense con 80 muertos; o los pavorosos incendios en California se nos presentan como pesadillas de fuego que nos alertan sobre nuestra relación con la ruralidad y sus consecuencias en la evolución del planeta y su habitabilidad.

El debate es un debate esquivo, tal vez porque el lenguaje juega un papel decisivo y resulta difícil establecer claramente los términos del concepto ruralidad y su significado. Siempre hemos interiorizado la ruralidad siguiendo una concepción del siglo XIX, como un espacio referido al campo y con vocación agrarista. Y siguiendo este criterio nuestras instituciones siempre han vinculado las políticas del mundo rural como un anexo de las políticas agrarias. Y eso, si acaso, tuvo sentido cuando ese espacio rural sustentaba el 50% del empleo y del PIB nacional vinculado a la actividad agrícola. Hoy la aportación al producto interior bruto es del 2,3%  y el empleo del  4,2%. Por tanto, aunque la agricultura sigue siendo un sector altamente estratégico, su peso en términos de empleo y aportación al PIB ha disminuido drásticamente y ha hecho de la ruralidad un espacio mucho más complejo y diverso.

Hoy, se nos hace difícil definir qué es la ruralidad, o mejor dicho las ruralidades que coexisten en nuestra geografía. Y aún nos resulta mucho más complicado definir qué hacer con ellas. Qué hacer con esos espacios se han convertido en ocasiones en patios traseros de las ciudades dónde se dirimen los conflictos entre lo rururbano. Mientras, en la ruralidad remota de las montañas, la inequidad y la falta de oportunidades se transforman en abandono y despoblación. ¿Cómo resolver entonces el problema de nuestra ineficiencia territorial? Parece que no nos queda otro camino que replantear el concepto y el lenguaje que utilizamos para definir la ruralidad.

El geógrafo Laurent Rietort nos aconsejan su deconstrucción para huir de un término ya caduco, en el que ruralidad se define como término antagónico a lo urbano, como espacios en contraposición. Hoy, los conflictos en los espacios rururbanos son visibles en muchas de las ciudades del mundo. Son conflictos que siempre pierden los agricultores y el campo como pieza más débil bajo el mastodóntico desarrollo de la ciudad.

La desaparición de los agricultores, de sus ganados, de la silvicultura, está latente en cada uno de los incendios a los que hoy miramos con más temor que nunca, porque ya sabemos de las dificultades de su control y que el aumento de recursos no es proporcional a la efectividad en su extinción. Es esta realidad la que nos obliga a aprender a gestionar el territorio como un todo. Un todo complementario donde ruralidad y ciudad no pueden ser términos antagónicos sino un nuevo espacio de concertación y complementariedad. Y los más importante, saber que en esa suma lo realmente sustancial son aquellas actividades que ayudan a gestionar los riesgos y que por consiguiente exigen un plan de apoyo a las poblaciones que las realizan, porque de ello depende el futuro y la seguridad de las ciudades.

Debemos aplicarnos en la definición de un nuevo concepto de las ruralidades, de sus potencialidades, de su interacción con las ciudades, de su papel en el ocio, en la alimentación, en la preservación del bosque, de la diversidad, de las fuentes de agua, de las energías alternativas para una economía verde...

El reto no es fácil, pero es imprescindible, porque los horizontes de las ciudades no pueden ser espacios inertes dónde el fuego es una nueva y dramática amenaza como consecuencia de la escasa densidad de nuestra ruralidad.