El derecho a la vivienda debería acompañarse del derecho a la ciudad, porque todo lo que ahí tenemos a nuestro alcance para realizar un proyecto de vida ha sido financiado con presupuesto público: desde las aceras, las papeleras, el alcantarillado o el alumbrado de las calles, a los servicios que garantizan la seguridad, el transporte, la educación y la asistencia sanitaria…, así como la construcción y mantenimiento de los espacios y edificios públicos. La ciudad debiera ser considerada un bien de primera necesidad y vivir en ella y poder utilizar sus servicios un derecho en el que apoyar el final del alquiler turístico de las viviendas en las ciudades. Todo ello bajo un prisma sencillo: una vivienda es una vivienda.

El debate sobre el alquiler turístico de las viviendas existentes puede plantearse en términos más comprometidos y sociales que los esgrimidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su informe del pasado 13 de julio sobre las bondades de las “Viviendas de Uso Turístico”, como interesadamente denomina a las viviendas usadas con fines turísticos. La CNMC viene a decir que la expansión de las VUT “ha supuesto una verdadera revolución en el mercado del alojamiento turístico, generando beneficios para los usuarios, para los ciudadanos y para la economía de las ciudades”. Y aduciendo que “la expansión de las VUT ha intensificado la competencia entre alojamientos turísticos, propiciando menores precios y mejoras en la calidad del conjunto de alojamientos”. Posiblemente sea así para cuadrar los números de las multinacionales del sector turístico, pero no considera este informe que esta competencia en un sector tan atomizado en España sólo está provocando la proliferación de sueldos miserables, -como es el caso de las 'kellys'-, y la merma en la calidad, atención y profesionalidad del empleo en los servicios turísticos que se ofrecen al visitante. En este informe, la CNMC pasa de puntillas sobre los daños que produce a la ciudad la alteración de las posibilidades de alojamiento de sus residentes.

El alquiler turístico de viviendas distorsiona y altera las previsiones de desarrollo de la ciudad. Este desarrollo, diseñado mediante un planeamiento urbanístico sujeto a aprobación y control público, tiene por norma el interés general y como primer deber el equilibrio y sostenibilidad de las funciones de la ciudad. Por ello debiera considerarse si es una base económica y competencia del Estado la necesidad de optimizar al máximo el uso de todo lo público construido en nuestras ciudades, y poner en carga un capital formado por servicios, equipamientos y espacios diseñados para cubrir las necesidades básicas y económicas de millones de ciudadanos a la busca de un lugar para vivir.

Muchas comunidades autónomas y algunos ayuntamientos se esfuerzan en regular este uso de las viviendas. Existen argumentos poderosos para intentarlo también desde el Estado, como es el cumplimiento de un principio constitucional como es el derecho a una vivienda digna. Una aspiración de interés general, capaz de despertar mayor apoyo social y mayor utilidad que lo que ha supuesto hasta ahora el intento de establecer condiciones para que el alquiler turístico encaje en la “legalidad”, ya sea ésta una cuestión fiscal, de condiciones de la vivienda o de simple convivencia entre los vecinos de una comunidad. Porque, al final, la cuestión principal sigue siendo: ¿a cuántos ciudadanos favorece el uso turístico de las viviendas existentes? O dicho de otra forma, ¿ayuda este tipo de uso a facilitar el acceso a la vivienda y a los servicios de la ciudad a las personas que menos recursos tienen para ello?

El alquiler turístico “resta” ciudad a sus habitantes, y no solo por la reducción de la oferta de las viviendas en alquiler y la imposible renovación de contratos ligada al encarecimiento de las rentas fruto de las expectativas del mercado turístico. Resta ciudad, porque muchas de las funciones urbanas y servicios indispensables para los ciudadanos ven ahora debilitado su equilibrio por la llegada de una población siempre de paso y ávida de otro tipo de servicios. Las nuevas tecnologías permiten al turista alojarse en un número creciente de viviendas, que desaparecen del mercado de los alojamientos que necesitan los ciudadanos para vivir en la ciudad. Por eso urge anticipar soluciones a problemas que en aras de una tergiversada economía colaborativa apenas se perciben aún en su auténtica magnitud.

Ciudades que habían conseguido un aceptable nivel de infraestructuras y equipamientos para facilitar la vida a sus habitantes están quedando reducidas a meros centros vacacionales, y limitar el uso turístico de viviendas en centros o zonas ya saturadas, como se intenta en Baleares, solo hará que el negocio del alquiler turístico se desplace a zonas periféricas bien comunicadas con el centro, reduciendo aún más la oferta de alojamiento accesible allí a las rentas más bajas.

Distinguiendo entre turistas y ciudadanos a las personas que disfrutan de las ciudades, el alojamiento del turista y los servicios e infraestructuras que necesita debe proveerlos el sector turístico allí donde el planeamiento urbanístico lo permita, mientras que el tejido residencial de la ciudad debe permanecer al servicio de los ciudadanos, ya sea para vivir o trabajar. Compartir la vivienda en la que estamos empadronados -si nos sobra espacio en ella- está bien, y puede ayudar a vivir a mucha gente con pensiones paupérrimas (economía colaborativa). Facilitemos las cosas a esta opción de turismo convivencial. Porque conocer otros lugares es una opción vacacional que no puede afectar al derecho de los ciudadanos a vivir en su ciudad.