Beatriz Gimeno empieza creando la duda, como mínimo, de si detrás de este sindicato están los proxenetas. Más adelante dice que estos están detrás de las prostitutas que defienden sus derechos, o dice de ellas: “ese sector defensor a ultranza defiende a los empresarios diciendo que son ”compañeros“. Como la ciudadanía tenemos derecho a la información veraz, y las trabajadoras sexuales en general y el sindicato OTRAS en particular, tienen derecho a que no se publiquen falsedades sobre ellas, si hay datos debe publicarlos: qué proxenetas, qué relación, con quién... y si no los hay, debe rectificar. Mientras, hago dos reflexiones: primera, la experiencia nos dice que la patronal generalmente no está interesada en que sus trabajadoras y trabajadores se organicen y se sindiquen, sino todo lo contrario; segunda, aunque hubiera datos que demostraran que la patronal está detras de tal o cual activista, o incluso de muchas de ellas, no se podría generalizar al resto.

En cualquier caso, esto es indiferente para permitir su constitución. La libertad sindical es un derecho democrático conquistado que se concreta en una Ley Orgánica. Esta, de 1985, establece que las organizaciones sindicales se pueden constituir sin autorización previa (art. 2.1.a) y no pueden “ser suspendidas ni disueltas sino mediante resolución firme de la Autoridad Judicial, fundada en incumplimiento grave de las Leyes (art. 2.2.c). Esto lo ignoran, tanto la ministra de Trabajo, cuando dijo: ”Nadie me avisó“, como Beatriz Gimeno, cuando dice que no se investigó porque se trataba de prostitución. No se investigó porque el Ejecutivo no tiene absolutamente ningún papel en la aprobación o reprobación de un sindicato, lo que precisamente es un logro del movimiento obrero para protegerse de los gobiernos. Los derechos reconocidos en las leyes son herramientas que no podemos permitir que se nos arrebaten, como han entendido CC OO y CGT (no así UGT). No se puede decidir ”democráticamente“ impedir que se cree un sindicato (o un partido), ni aunque así lo deseara el 99% de la población. Se puede privar a alguien de algunos de sus derechos como respuesta a sus acciones, nunca de manera preventiva (por eso la prisión permanente es tan antidemocrática).

Personalmente no creo que OTRAS sea un mal sindicato, pero es que aunque lo fuera, no se debería impedir su formación. Hay sindicatos detrás de los cuales está la respectiva patronal, los sindicatos amarillos. Evidentemente estoy en contra de ellos, pero no estoy a favor de prohibirlos. Entre el peligro de su existencia y el de dejar en manos de los gobiernos qué sindicatos son lo bastante buenos para existir, prefiero el primero. Y si ni siquiera para impedir que haya sindicatos antiobreros se debe abrir la veda a la autorización previa de los sindicatos, menos aún se debe hacer para actuar sobre el imaginario, para dar una batalla por el concepto de trabajo. Me parece que es utilizar el género contra la clase.

Más allá de la polémica sobre el nuevo sindicato, considero la prostitución una institución patriarcal -en lo que coincido con Beatriz Gimeno-, concretamente como una institución del patriarcado capitalista o capitalismo patriarcal. Aclaro que soy totalmente abolicionista del patriarcado -aunque no lo especifique cada vez, entiendo que el patriarcado actual es siempre patriarcado capitalista- y por tanto de todas sus instituciones. Pero considero que mientras no consigamos acabar con ellas, la receta, en todos los casos ha de ser la misma: más derechos, y no menos derechos. No veo por qué la prostitución debe ser una excepción, entendiendo por prostitución la que se ejerce “voluntariamente” (con los matices a la voluntariedad que después haré). La prostitución forzada es un delito (Código Penal, art. 187) y necesita una prevención y una intervención específicas.

Cada institución del patriarcado tiene sus rasgos propios, por eso cumplen funciones diferentes, pero también tienen rasgos comunes. La prostitución, como otros empleos feminizados por la segregación horizontal del mercado laboral: trabajo doméstico y de cuidados, limpieza y servicios en la hostelería, perpetúan el patriarcado reproduciendo el modelo de que las mujeres están para satisfacer necesidades de otras personas (históricamente, de hombres, ahora también de mujeres en mejor situación económica). La receta: más derechos.

También el matrimonio, una institución privilegiada legal y simbólicamente, comparte con la prostitución el modelo del cuerpo de las mujeres accesible a los hombres. Hasta hace menos de una generación (y en muchas partes del mundo todavía) el acceso al cuerpo de la mujer formaba parte del contrato matrimonial, por eso era impensable la violación en el matrimonio. Ese modelo está siendo reemplazado por otro igualitario. Pero la igualdad es superficial, como ponen de manifiesto los datos sobre familias heterosexuales (más del 98% de los matrimonios que se celebran): el privilegio masculino persiste en la familia. Y la receta son más derechos.

No necesito hablar de putas felices, porque tampo hablo de empleadas de hogar felices o de camareras felices, hablo de trabajadoras que necesitan defender sus derechos. Por cierto, generalmente la falta de derechos aumenta la infelicidad. Tampoco me atrae la transgresión de la  prostitución: la veo tan transgresora como tener empleada de hogar o ir a una boda tradicional, pero no necesito la transgresión para defender los derechos de empleadas o esposas.

A veces el argumento parece ser lo horrible que es la vida de las prostitutas, algo que va más allá de lo horrible que pueda ser otro trabajo. Por ejemplo de “asco”, de lo que supone el contacto con los genitales de otra persona... pero debemos dejar que cada una decida cuál de las opciones que tiene le parece menos horrible o le da menos asco. Personalmente, hay varios trabajos legales que suponen contacto con cosas que me dan mucho más asco que cualquier parte de un cuerpo humano vivo. Y sobre todo, sin negar todo lo horrible que pueda haber, ¿por qué para las temporeras de la fresa la receta es más derechos y para la prostitución no?

¿Es cierto que en la prostitución se da todo por bueno con “invocaciones a la libre decisión de las mujeres”?. Desde luego no es mi caso. Creo, con Marx, que en el capitalismo las trabajadoras -y los trabajadores- no tenemos libre decisión para aceptar o no un trabajo. Pero eso nos pasa a todas. No es que la decisión de la profesional nativa con título universitario sea libre y la de la trabajadora sexual no (que sería muy elitista), es que, o tenemos medios de vida, o tenemos que ganárnosla en alguna de las opciones que tenemos, que pueden ser mayores o menores. Las políticas sociales, laborales, de migraciones, de vivienda...  deben ampliar nuestra libertad, y para ello la autoorganización, es la herramienta.

En resumen: sin duda entre la prostitución y otras instituciones patriarcales hay muchas diferencias, pero no he encontrado cuál de ellas justifica que la receta, en lugar de ser más autoorganización y más derechos, deba ser ni organización ni derechos. Y es imprescindible saber cuál es esta diferencia, si es que existe. En la vida privada quizá no necesitemos saber exactamente por qué algo está mal y no lo debemos hacer, pero cuando se trata de que nadie lo pueda hacer, sea impidiéndolo mediante el poder ejecutivo, el legislativo o judicial, entonces los argumentos y las reglas han de ser muy claros, de manera que la respuesta a hechos similares sea similar, más aún cuando se trata de privar a alguien de sus derechos.

Por último, aunque eso requiere otro texto, la prohibición no me parece una buena herramienta para modificar los imaginarios.

P.S. Cuando estaba acabando este artículo he conocido la dimisión de la directora general de Trabajo, lo que aumenta mi preocupación. Su “resbalón” ha sido no entrar en “cuestiones de fondo” en el reconocimiento de un sindicato, es decir: respetar los derechos democráticos fundamentales recogidos en una ley orgánica. Porque, ¿qué lección deben sacar, pongamos por caso, las y los responsables de instituciones penitenciarias? ¿Han de respetar los derechos de los presos, por ejemplo en cuanto a permisos, o han de intentar “prevenir el delito” según sus propios criterios? Si tenemos en cuenta que estos derechos tienen una protección de menor rango legal y además puede haber víctimas violadas o asesinadas, nos podemos imaginar de qué se cuidarán para no acabar dimitiendo. No sé si somos conscientes de la magnitud del ataque a la democracia que se ha iniciado.

Gloria Marín. Miembro de la redacción de Viento sur