El 12 de abril los ministros de finanzas de la UE lanzaron una serie de medidas para que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) pudiera facilitar el acceso de la industria militar a préstamos públicos en condiciones muy ventajosas.

Esta modificación de las reglas del BEI hay que enmarcarla en el rumbo militarista que ha emprendido la UE. Entre los 27 hay consenso en que es necesario que la Unión se prepare para la guerra, lo que equivale a que los estados tienen que incrementar los gastos militares y las compras de armas, y que para ello es necesario que la industria  incremente su producción y fabrique más armas. En esta misma dirección, la Comisión Europea ha publicado este marzo la primera Estrategia Industrial Europea de Defensa que marca objetivos e indicadores. En concreto define como objetivo que para el 2030 el 40% de las compras de material militar sean conjuntas, que el 50% del gasto en defensa de los estados miembros se lleve a cabo en la industria de la UE y que para el 2050 sea del 60%. En definitiva, la Comisión pretende que el incremento de gasto militar que los 27 están aprobando no se vaya hacia Estados Unidos, sino que en un 50-60% se compre a la industria europea.

Para que el incremento de gasto de los estados y las inversiones de la industria se lleven a cabo es necesario el acceso a créditos bancarios. De nuevo, se produce el consenso entre los 27 de que es necesario que los estados puedan acceder a créditos de fondos públicos, los Eurobonos, para financiar la deuda que se generará con la adquisición de nuevos sistemas de armas. La industria necesitará de estos fondos para ampliar la producción, para lo cual se plantea que el BEI pueda ser el banco que conceda créditos. En definitiva, se engrasa la máquina de dinero público para producir y vender armas.

Pero el BEI necesitaba cambiar sus normas para poder conceder créditos a la industria militar, y de ahí el mencionado acuerdo de abril de los ministros de finanzas para modificar las normas de esta institución y que se puedan conceder créditos públicos a la industria militar, eliminando de la lista de actividades excluidas de financiarse con los fondos BEI la industria de armas y la de municiones.

La nueva Estrategia Industrial Europea de Defensa de la Comisión Europea exige por tanto que el BEI acuerde una definición común de “tecnologías con potencial de doble uso” para promover inversiones conjuntas en tecnologías, productos e infraestructuras en el sector de la defensa, y que adapte las exclusiones relacionadas con la defensa de las políticas de préstamos del Grupo BEI.

Hacerlo significa involucrar efectivamente al BEI en el desarrollo de una industria militar, alejándose de sus objetivos centrales de política pública: financiar la acción climática y la sostenibilidad ambiental y la cohesión económica y social, en un contexto de importantes necesidades de inversión en ambos sectores.

Pues bien, el BEI ha aceptado cambiar la definición de su requisito de doble uso, permitiendo ahora que los proyectos generen la mayoría de los ingresos esperados a partir del uso militar, mientras que antes la mayoría de los ingresos esperados de los proyectos debían tener un uso civil. Ha aceptado también asignar más préstamos nuevos del BEI para fines militares permitiendo que su flujo de financiación dedicado a las PYME financie también proyectos relacionados con actividades militares, así como reformar los procesos internos para que la industria militar pueda obtener un acceso más rápido y fácil a los 6.000 millones de euros en préstamos disponibles hasta 2027 en el marco de la Iniciativa Estratégica de Seguridad Europea (SESI).

Las industrias de defensa y la aeroespacial también han presionado de manera exitosa para que se incluyan materiales como el titanio –esencial para los intereses del sector de defensa– como “materias primas críticas”, a pesar de su uso limitado para la transición climática.

Los préstamos del BEI deben utilizarse para apoyar proyectos estrictamente ambientales y socialmente beneficiosos, que aborden las necesidades públicas y los objetivos de desarrollo respetando al mismo tiempo los derechos de las comunidades locales, y no para inversiones que solamente benefician a los fabricantes de armas europeas. Son urgentes reformas estructurales profundas, dirigidas a atajar la crisis climática, que afecta al bienestar y el sostenimiento de la vida de las personas y el planeta; a hacer frente a la crisis del coste de la vida, que deja en la cuneta a millones de personas; a emprender una transición energética justa, que proporcione energía pública y asequible para todo el mundo. 

Es fundamental, por tanto, que estos días se formulen a candidatos y candidatas a las elecciones de la Unión Europea cuestiones que son vitales para nuestra sociedad. Es necesario debatir y confrontar: ¿Para qué queremos armarnos tanto? ¿A quién beneficia que lo hagamos? ¿Queremos que la UE sea una potencia militar aún mayor, cuando ya ocupa el segundo lugar en el ranking de gastos en defensa? ¿Qué propuestas tienen los partidos en este ámbito? 

De momento, y aunque resulte paradójico, a los tambores de guerra los acompaña un silencio atronador.  

Hoy tenemos una buena noticia para la esperanza: el 22 de enero de 2021 entra en vigor el Tratado para la prohibición de las Armas Nucleares. Este Tratado fue aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas por 122 votos a favor y fue firmado por 84 países. Los países que disponen de armas atómicas como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China o Rusia (que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y con derecho de veto) y los países de la OTAN, incluida España, no asistieron a la votación de esta asamblea, no han firmado el Tratado y se oponen al mismo. A pesar de ello más de 50 Estados ya lo han ratificado y hoy, 22 de enero de 2021, entra en vigor el Tratado y entra a formar parte de la legislación internacional.

Este Tratado es una victoria de la sociedad civil organizada: ha sido fruto de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés), de la que la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF), entre otras muchas organizaciones, forma parte, y cuya labor fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 2017. El texto del Tratado menciona las consecuencias catastróficas, en términos humanitarios, que conllevaría el uso de armas nucleares, menciona la imposibilidad de atender a las victimas de la catástrofe y recuerda que su uso vulneraría el Derecho Internacional Humanitario. Por tanto, a partir de hoy las armas nucleares son ilegales, será ilegal poseer, desarrollar, desplegar probar, usar o amenazar con el uso de estas. Este tratado proporciona un instrumento muy valioso a la sociedad civil para estigmatizar dichas armas y presionar a los gobiernos que no lo han ratificado a que lo hagan.

Con la ratificación de este Tratado, cada Estado se compromete a no desarrollar, ensayar, fabricar, adquirir, almacenar, estacionar, usar o amenazar con armas nucleares. Cada Estado se compromete a eliminar sus programas nucleares, a desactivar sus armas nucleares y a destruirlas de manera irreversible. El tratado también obliga a los Estados a proporcionar asistencia tanto a víctimas como a los Estados firmantes del Tratado que se vieran afectados por su uso y a la restauración del medio ambiente.

España y los países de la UE no han querido votar el texto del Tratado, ni firmar ni ratificarlo, se han situado dando apoyo a los países que disponen de armas nucleares y a favor de la existencia de estas.

Es el momento de que el Gobierno español decida en qué lado de la historia se quiere situar; en estos momentos está en el lado incorrecto, está con los que apoyan la existencia de armas nucleares, con los que se oponen a este Tratado. Es hora de que nuestro Gobierno apoye la prohibición global y jurídicamente vinculante de las armas nucleares. Corren tiempos peligrosos y la existencia de armas nucleares y su evolución los hacen aún más peligrosos. Es imperativo que libremos al mundo de estas atroces armas antes que ellas hagan desaparecer a los humanos y a otros millones de seres vivos del planeta.

Es momento de que la sociedad civil presione a nuestro Gobierno y a los gobernantes de la UE para que firmen y ratifiquen este Tratado para la prohibición de las Armas Nucleares. También podemos pedir y presionar a los alcaldes de nuestras ciudades, para que se sumen a la Red de Alcaldes y Alcaldesas por la Paz (Mayors for peace) que apoyan municipios libres de armas nucleares.

¡Apostemos por la vida!

Esta historia empieza con el anuncio desde el Ministerio de Defensa de que no se entregarían 400 bombas de precisión láser, valoradas en 9,2 millones de euros, a Arabia Saudí; armas que fueron contratadas en 2015 y que ahora era el momento de hacer su entrega. Las razones para suspender este contrato son las mismas por las cuales diversos gobiernos de la Unión Europea (Noruega, Alemania) hace años han decidido no vender armas al Gobierno saudí, por el peligro que dichas armas sean utilizadas en las masacres que se llevan a cabo en el Yemen y por la violación sistemática de los derechos humanos sobre la población saudí.

La apuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por aplicar la misma política que, por ejemplo, Alemania, está fundamentada y es razonable, hay pruebas de armas y explosivos de fabricación española en territorio yemení. Vender armas a Arabia Saudí comporta saltarse la ley española, la europea y el Tratado Internacional de armas convencionales. Todas estas legislaciones prohíben exportar armas a países que están en conflicto armado. A pesar de ello el Gobierno anterior optó por saltarse la ley anteponiendo razones de política exterior, comerciales y de carácter laboral, generar empleo, aunque ello comporte que con las armas de fabricación española se ataque a la población civil de países en conflicto armado.

Los primeros en reaccionar al anuncio de parar la venta de bombas a Arabia Saudí han sido los trabajadores de Navantia en Cádiz. Su miedo radica en que la respuesta de Riad sea anular un contrato firmado este año para la producción de cinco corbetas. Dichas corbetas van a tener la función militar de contribuir al asedio marítimo del Yemen, es decir, impedir que lleguen alimentos, medicamentos o material militar a las milicias del Sur. Los trabajadores han antepuesto sus intereses, tener trabajo, a su solidaridad con las futuras víctimas de estas bombas o del bloqueo naval. A los trabajadores se han unido la presidenta andaluza y algunos líderes políticos de Ciudadanos y el PP, hay que salvar los puestos de trabajo en Cádiz.

Estas cinco corbetas de la discordia están valoradas en 1.800 millones de euros y se calcula que daría trabajo a 6.000 trabajadores, directos e indirectos, hasta 2025. En esta reflexión cabe tener presente que Navantia es una empresa pública con división de producción civil y militar. A lo largo de su historia ha sido una empresa deficitaria, nunca ha conseguido generar beneficios siendo el Estado el que se hace cargo del déficit. El hecho de que Navantia sea pública y que el Estado asuma su déficit nos muestra que sus barcos están subvencionados por el Estado, que se venden a un precio inferior a su coste, lo que permite darles competitividad en el mercado militar naval.

Durante el gobierno del anterior ministro Pedro Morenés, para dar mayor impulso a las exportaciones de armas españolas se desarrolló un nuevo producto jurídico de contratación, el llamado contrato Gobierno a Gobierno. Esta modalidad fue creada justamente para impulsar las ventas de armas a Arabia Saudí y es la que ha sido usada para contratar las bombas y las corbetas. Este contrato consiste en que el gobierno saudí no es quien realiza la contratación con la empresa fabricante, el Gobierno saudí contrata con el gobierno español, en concreto con el Ministerio de Defensa, la adquisición de unas determinadas armas y el Ministerio de Defensa, de forma gratuita, supervisa y gestiona todas las fases del pedido directamente con la empresa hasta su entrega al Gobierno saudí.

El debate de si hay que vender armas a ciertos países, en este caso a Arabia Saudí, hace años que se está llevando a cabo en diversos parlamentos europeos; es un debate complejo, con muchas miradas, no hay que perder de vista las consecuencias que estas armas tienen sobre la población yemení, ni la parte de responsabilidad que tenemos la sociedad española en tanto que damos el visto bueno a venderlas sabiendo el posible uso mortal que pueden tener. También es verdad que hay que buscar soluciones laborales a los trabajadores de estas empresas, a menudo como pasa en Cádiz, con altas tasas de paro. Lo que es seguro es que el inmovilismo no es una respuesta adecuada. Hay que hacer compatible el cumplimento de las leyes, el respeto a los derechos humanos y la creación de planes de revitalización del empleo en zonas especiales.