El pasado viernes 7 de septiembre se clausuró en Coimbra, Portugal, el X Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua organizado por la Fundación Nueva Cultura del Agua bajo el lema “Flujos de agua, flujos de vida: 20 años de continuidad de una nueva cultura del agua”. Son 20 años de un movimiento intelectual y sociopolítico que surgió en 1998 al calor de los debates que acompañaron la elaboración del Primer Plan Hidrológico Nacional de 2001 y la renovación de la política de aguas europea. Buscamos transformar las políticas públicas en torno al agua en ambos países ibéricos, en base a criterios de conservación y mejora de la salud de nuestras aguas, de racionalidad económica, de equidad y transparencia, y de promoción de la participación social.

A lo largo de estos 20 años el discurso de la Nueva Cultura del Agua se ha consolidado como referente en los ámbitos del agua, manteniendo el espíritu crítico y el compromiso con los valores que la definen, abordando los nuevos retos tanto científico-técnicos como sociopolíticos que van surgiendo.

El fenómeno del cambio climático es claramente uno de estos retos. El cambio climático es hoy una realidad incontestable con claros impactos sobre la sociedad y el medio ambiente y, por tanto, debe ser un componente imprescindible de la política de aguas. Aunque existe incertidumbre sobre la magnitud de los impactos futuros a escala regional o local, tenemos la certeza de que debemos adaptarnos a esta realidad cambiante.

La Península Ibérica es un territorio natural de riesgo frente a los fenómenos hidro-climáticos extremos, riesgo que se está agravando por la acción del hombre. Por un lado, los procesos de cambio climático están teniendo especial impacto en el ámbito mediterráneo, con ciclos de sequía más frecuentes e intensos, y períodos de lluvia más concentrados (tanto geográfica como temporalmente) que generan inundaciones más severas. Por otro lado, las intervenciones humanas en el territorio están fabricando nuevos paisajes de riesgo, al ocupar las llanuras naturales de inundación; destruir los bosques de ribera y la morfología natural de los ríos que proporcionan una protección natural frente al riesgo de inundación; o, sobreexplotar y contaminar las aguas subterráneas y superficiales de manera que tenemos menos margen para enfrentarnos a períodos de sequía, entre otros ejemplos.

La nueva realidad climática e hidrológica no ha sido plenamente aceptada por las administraciones responsables de la gestión del agua y el territorio, ni por los representantes de los principales usos económicos del agua, fundamentalmente el regadío y los usos hidroeléctricos. Continúan planteándose políticas de agua que no harán más que incrementar nuestra vulnerabilidad al riesgo, y por lo tanto, los impactos de estos fenómenos naturales. Es imprescindible un giro importante en las políticas públicas relacionadas con el uso del agua y el territorio a lo largo de distintas líneas de actuación.

En primer lugar, hay que adaptar las demandas a los recursos realmente disponibles, aplicando el principio de precaución frente a incertidumbres futuras. En un contexto de aumento de temperaturas y disminución de agua disponible no podemos plantear incrementos de los principales usos del agua. Los planes hidrológicos aprobados en 2016 planteaban el desarrollo de más de 700.000 nuevas hectáreas de regadío, cuando el regadío que existe actualmente ya tiene serios problemas de abastecimiento en muchas partes de la península y se enfrenta a períodos recurrentes de escasez. Por otro lado, la principal apuesta pública en relación al regadío son las políticas de modernización de regadíos, que teóricamente servirían para ahorrar agua pero, en la práctica, han tenido un importante 'efecto rebote', de manera que los caudales ahorrados con la modernización se han empleado en muchos casos en ampliar las superficies regadas o intensificación de cultivos, resultando en mayores consumos a escala de cuenca.

Tampoco podemos seguir planteando la construcción de nuevos embalses y trasvases como solución a los riesgos vinculados al cambio climático. Las sequías son fenómenos regionales, como vimos en la sequía del 2016-2017 cuando tanto al cabecera del Tajo como la cuenca del Segura experimentaron una disminución de precipitación y aportaciones, y el trasvase se mantuvo cerrado durante varios meses, por lo que la interconexión de cuencas a través de trasvases sirve únicamente para extender los riesgos y la escasez de una cuenca a otra. Por otro lado, con la tendencia decreciente de recursos disponibles, construir más embalses para hacer frente a las sequías equivale a abrir más cuentas corrientes cuando nuestros ingresos disminuyen. Ello no resultaría en mayores recursos económicos, sino en más cuentas vacías. La única respuesta sólida, racional y eficaz frente al cambio climático es transformar el modelo de uso del agua, con un enfoque regional que ajuste los usos a los recursos disponibles, teniendo en cuenta las necesidades ambientales de ríos, acuíferos y aguas costeras que son, al fin y al cabo, las fábricas naturales de agua, cuyo funcionamiento tenemos que proteger.

Es también imprescindible proteger los acuíferos y manantiales, evitando su contaminación a través de políticas preventivas y la aplicación del principio del que contamina, o deteriora, paga. Es decir, los sectores responsables de contaminar las fuentes de agua o deteriorar la salud de los ecosistemas acuáticos deben ser responsables de financiar su protección y -en su caso- su recuperación. Sólo así internalizarán los costes de sus actuaciones que generalmente son asumidas por toda la sociedad.

En el ámbito urbano es necesario adaptar las ciudades a las alteraciones climáticas a través de la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, como la expansión de áreas verdes permeables, la priorización de sistemas de drenaje natural en el espacio urbano, la utilización de aguas residuales tratadas para usos no domésticos, reduciendo los usos de agua potable. La capacidad de adaptación a cambio climático en el ámbito local se verá reforzada por el fomento de las capacidades sociales y la articulación de planes participados de gestión de riesgos (de sequía, de inundaciones). La participación social es fundamental para reducir la vulnerabilidad al riesgo.

El cambio climático, en suma, intensifica la necesidad de poner urgentemente en práctica el cambio de enfoques y estrategias que la nueva cultura del agua, de la mano de la mayoria de la comunidad cientifica y la sociedad civil organizada viene demandando, y en parte consiguiendo, desde hace dos décadas.