La tercera ola ya está aquí y el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid desempolva falsos dilemas, deslizando en sus intervenciones que nos toca elegir entre salud o economía. Debemos decir, sin matices, que se trata de una falsedad. Invertir en salud es invertir en la reconstrucción económica y social. No viene una cosa primero y otra después, simplemente: sin salud, no hay economía. 

Agilizaremos la campaña de vacunación si la Atención Primaria funciona al 100%, reduciremos el riesgo de contagios al  desplazarnos si doblamos la flota de transporte público, evitaremos el descontrol del virus si multiplicamos por diez los rastreadores, salvaguardaremos la salud de nuestros mayores si medicalizamos las residencias, evitaremos el cierre de miles de negocios si controlamos la pandemia y superaremos la tercera ola si disponemos de personal y medios sanitarios suficientes. 

Porque esta pandemia se combate desde lo público y sin el combate a la pandemia es imposible una recuperación  económica sostenida en el tiempo. Por eso, todo euro invertido en centros de Atención Primaria con más capacidad, aulas más seguras o transporte público sin aglomeraciones es un euro que contribuye directamente a la reconstrucción económica y social de la región.  

Sin embargo, el modelo del Partido Popular durante los últimos 25  años ha remado en dirección contraria mediante recortes y  privatizaciones. A medio camino entre el fanatismo ideológico y su  fuerte relación de dependencia con un lobby formado por  constructoras y empresas amigas que llevan todo este tiempo  haciendo negocio a costa del dinero público, el gobierno de Ayuso  ha profundizado en esta senda destructora de los servicios públicos. 

Sólo así se explica que, en medio de una pandemia, la prioridad  haya pasado por un pelotazo urbanístico como el Isabel Zendal  que, además de no estar terminado, es incapaz de atender en condiciones a los pacientes. Sólo así se explica que, cuando se  debía estar debatiendo sobre cómo impulsar nuevos sectores  económicos para dinamizar la región en 2021, aprobasen una ley del suelo que permite construir sin licencia, llegando a encerrar a las diputadas y diputados en la Asamblea de Madrid para sacarla  adelante. 

Es un modelo que sólo puede recurrir al enfrentamiento contra otras administraciones y a la propaganda porque cuando tiene  que abordar cualquier reto los resultados son catastróficos. Es un  modelo fracasado que, tras 25 años de corrupción, recortes y  privatizaciones, ya no tiene nada que ofrecer 

Hoy, junto con el fortalecimiento de los servicios públicos para superar la tercera ola, tenemos que empezar a plantear un nuevo modelo de desarrollo que permita a nuestra región pasar página. Porque si la salvaguarda de la salud es inseparable de la economía, la puesta en marcha de un modelo de desarrollo sostenible para la región es inseparable de unos servicios públicos fuertes, resilientes y bien financiados. 

La apuesta de Podemos consiste en modernizar la Comunidad de Madrid para que sea puntera en economía verde. Se trata de reindustrializar nuestra región como palanca que nos permita impulsar la digitilización, el I+D+i, la justicia social, la sostenibilidad,  la igualdad de género y la dignificación de los cuidados. 

En lo concreto, nuestro modelo es el que moderniza la gestión de los residuos para hacerla sostenible y crear empleo estable, el que apuesta por las energías renovables para dejar de depender de un petróleo que tenemos que traer de fuera, el que confía en una fábrica de automóviles eléctricos en vez de un centro comercial para llevar riqueza a nuestras comarcas, el que invierte en una empresa pública de cuidados para que dramas como el de las residencias no se vuelvan a repetir, el que apuesta por la vivienda  pública para bajar los precios o el que promueve una fiscalidad patriótica para que los millonarios empiecen a pagar impuestos  como hacemos el resto de madrileñas y madrileños. 

Detrás de cada UCI desbordada viene un centenar de negocios cerrados. Detrás de cada contrato a una empresa amiga estamos perdiendo tiempo para vacunar a la población más vulnerable. Detrás de cada política de Ayuso sufrimos más en el presente e  hipotecamos nuestro futuro.

Por eso, combatir los falsos dilemas es tan importante: porque nos jugamos la salud, nos jugamos la economía y nos jugamos la región. 

Hace unos días se cumplieron 25 años de gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid. Esther Palomera escribió un, a mi juicio, acertadísimo diagnóstico titulado “Cuando la política es solo negocio”, que contenía también una crítica muy pertinente a las estrategias de la oposición, incapaces de traducirse en victorias.

El PP lleva 25 años construyendo un modelo al servicio de un puñado de lobbys empresariales que se han enriquecido costa del saqueo sistemático de lo público y del debilitamiento efectivo de la democracia (tal como demostró el famoso “Tamayazo”).

Hicieron negocio con las residencias, a costa de la seguridad de nuestros mayores. Hicieron negocio con la sanidad, a costa de la salud de la gente. Hicieron negocio con la educación, promoviendo el mercado escolar… 

También con la gestión de los residuos, impidiendo su modernización, o con el Canal Isabel II, una empresa pública estratégica que, lejos de convertirse en un motor de desarrollo para nuestra región, fue utilizada como una lanzadera para su corrupción.

El diagnóstico es compartido. Un modelo que convierte la región con más PIB de España en una de las más desiguales es un modelo que ha fracasado.

La pregunta es: ¿Qué puede hacer este Podemos, nacido tras nuestra última Asamblea Ciudadana Autonómica, para contribuir al cambio en la Comunidad de Madrid?

Lo primero, ser autocríticos sin paralizarnos frente al pasado. Que la acción política desplegada por nuestro partido no ha logrado los resultados esperados en la región está fuera de toda discusión y se constata cuando el peor PP de España ocupa, a día de hoy, tanto la Puerta del Sol como el Palacio de la Cibeles. Esto nos exige pasar a la acción, dejar de hablar de nosotros mismos y trabajar para propiciar la victoria sobre los que nos han condenado a un cuarto de siglo de privatización, recortes y corrupción.

Lo segundo, hablar de los problemas de la gente, convirtiéndonos en una herramienta para impulsar trabajo político concreto. Si en el pasado Podemos se pensó como una maquinaria de guerra electoral, hoy tiene que presentarse como una cadena de producción de propuestas. Construirnos como un gran equipo de trabajo, disciplinado y volcado en plantear una alternativa al PP en la Comunidad de Madrid y en los Ayuntamientos.

Lo tercero, incorporar la escuela municipalista a la cultura de nuestro partido y el principio de que, ante cada problema, seamos capaces de proponer una solución. El municipalismo es el que ha dado los mejores éxitos al espacio del cambio durante este lustro y lo hacía, precisamente, por su capacidad de romper la distancia entre nuestro proyecto y la gente mediante la cercanía y el trabajo concreto. Es la mejor garantía para reconstruir los vínculos con la gente y ensanchar, así, nuestro espacio político.

Lo cuarto, impulsar proyectos y hacer políticas pensadas para la gente. La retórica sobre las grandes ideas ha tendido a confundir el ámbito académico con el político. La democracia, el feminismo o el compromiso con nuestro planeta no pueden quedarse como meras abstracciones que deriven hacia eslóganes o frases constantemente repetidas, sino que deben transitar hacia propuestas políticas concretas, capaces de mejorar la vida de la gente. Las mismas deben ser directas cuando las propongamos y eficaces cuando las pongamos en marcha en los municipios donde gobernamos.

Lo quinto, hablar y entendernos con todo el mundo. Debemos ser capaces de tejer grandes acuerdos con todos quienes quieran plantear una alternativa real a las políticas del Partido Popular. Esta predisposición debe estar por delante de cualquier otra consideración personal o aspiracional, por el simple hecho de que el sentido político de nuestra existencia es, precisamente, construir una sociedad más justa, democrática y feminista, y esto sólo puede hacerse impulsando alternativas en beneficio de la gente y desalojando a quienes tienen como principal objetivo hacer política para los lobbys de siempre.

Este Podemos mira al presente con responsabilidad y al futuro con esperanza. En plena reordenación de los consensos sobre el papel vital de lo público y con nuestro Gobierno de coalición encarando la reconstrucción, ganar la Comunidad de Madrid es fundamental para cambiar el rumbo de nuestro país. 

Aceptamos, con humildad y valentía, el reto de contribuir al cambio en nuestra región. No podemos fallar.

Es en los momentos cruciales cuando toda una comunidad tiene la ocasión de mirarse frente al espejo. Es entonces cuando descubre que toda esa suma de infortunios particulares, en realidad, se han convertido en la norma y que convendría pasar página cuanto antes. Si el modelo ha fracasado toca alcanzar un acuerdo para impulsar otro. Así de sencillo.

El Coronavirus llegó a España sin preguntar, y lo hizo, principalmente, a una Comunidad de Madrid que llevaba 25 años gobernada por el Partido Popular.  La política es un arte que se practica en el terreno de lo inmediato pero cuyos efectos se hacen notar a largo plazo. Esto explica los esfuerzos de Isabel Díaz Ayuso por echarle un pulso a un Gobierno de coalición que no tiene ni 4 meses en vez de reflexionar qué es lo que ha fallado en las políticas que han dominado la región durante un cuarto de siglo.

Una de las lecciones que nos deja la actual crisis del coronavirus es el papel esencial del Estado para protegernos, mediante unos servicios públicos fuertes y de calidad. El modelo fracasado de los 25 años del PP ha nadado en dirección contraria, tratando lo público como una fuente de negocio para un puñado de lobbies empresariales, generalmente vinculados a la construcción y a las grandes actividades especulativas, que se han terminado encargando de la gestión de nuestros servicios públicos.

¿Y por el camino? Sobresueldos, sobrecostes, campañas electorales financiadas “en B” ...  Ese ha sido el modus operandi del PP de Aguirre o Cifuentes. Un peaje necesario (y recurrente) para continuar privatizando y haciendo negocio con derechos fundamentales como la vivienda o la salud, mientras recortaban nuestros servicios públicos.

El caso más sangrante de este modelo fracasado es el que estamos presenciando en las residencias de mayores. Un modelo donde las concesiones se hacían “a precio” (no se valoraba el mejor servicio, sino la oferta económica aparentemente más baja), garantizando el negocio para los de siempre, mientras nos dejaban una plantilla precarizada y medios insuficientes para garantizar la salud de nuestros mayores. Las consecuencias son de sobra conocidas.

Todo esto no se puede volver a repetir, ha llegado el momento de pasar página. Para reconstruir la Comunidad de Madrid necesitamos un gran acuerdo que blinde lo público.

Blindar lo público es proteger nuestra sanidad, pero también sectores clave como la educación o la dependencia que, por su carácter esencial, no deberían ser explotados por empresas privadas.

Con blindaje nos referimos a que los servicios públicos tengan siempre la financiación suficiente para garantizar el bienestar, la seguridad y la salud de las personas antes que el lucro sin importar quien gobierne.

También supone afirmar su papel activo en la economía. Siendo una de las regiones más desiguales de España, a pesar de tener el mayor PIB, lo público no puede limitarse a ser un mero gestor de servicios. Al contrario, puede y debe afirmarse como un dinamizador necesario de la actividad económica regional, promoviendo el desarrollo de sectores económicos que dejen alto valor añadido.

En último lugar, pero no por ello menos importante, blindar los servicios públicos es garantizar su financiación. Esto sólo puede venir de manos de una fiscalidad patriótica que garantice que las grandes fortunas empiecen a pagar impuestos.

Se avecinan tiempos aún más difíciles. Con el desconfinamiento llegará una dura crisis económica. Para entonces, es fundamental tener instituciones preparadas para salvar a la gente sin que nadie se quede atrás. Esto es algo que el Gobierno de coalición ya ha entendido a nivel estatal, llegando a plantearse incluso reformar la Constitución para blindar algunos servicios públicos esenciales.

Con ese objetivo, este 2 de Mayo evocamos la necesidad de un nuevo contrato social madrileño. Un gran pacto que coloque como prioridad el blindaje de lo público para la reconstrucción. Porque esta es la única manera de garantizar que nuestra región avanza pensando en la gente humilde, y no en el negocio de un puñado de especuladores.

El sábado 15 de junio se conformaron los Ayuntamientos en todo el país. Para un espacio político como el nuestro, que lleva en su ADN el compromiso con la gente humilde, el municipalismo juega un papel estratégico.

En algunos municipios, como Alcorcón, logramos avanzar electoral y políticamente, derrocando al peor Partido Popular y logrando una alianza con el PSOE, con la que aspiramos a levantar un gran faro de esperanza para la Comunidad de Madrid. Por desgracia, a pesar del enorme trabajo desempeñado por la militancia, en la gran mayoría de municipios el espacio del cambio ha retrocedido significativamente tanto en términos electorales como políticos.

Independientemente del escenario hay un principio que, creo, debe vertebrar nuestra manera de construir lo político durante este ciclo: Hacerlo bien.

Las elecciones del 26 de mayo cierran, en lo institucional, un ciclo político donde el “espacio del cambio” no ha estado a la altura. Hay que decirlo sin miedo. Necesitamos, ante todo, una gran rectificación política. Y esto no es sólo una claridad de horizontes, sino sobre todo una nueva manera de abordar la construcción política y organizativa, nuevas actitudes frente a los problemas y nuevos criterios a la hora de promocionar liderazgos. El espacio del cambio tiene que cambiar para empezar a hacerlo bien.

Sabemos lo que es hacerlo mal: sustituir lo político por la gestión permanente de las “internas”, que personas con conocimientos valiosísimos e intelectuales sean incapaces de asumir una discrepancia sin protagonizar una fractura o confundir las agendas personales con las agendas políticas, transitando, por ejemplo, indistintamente de Secretario General de una dirección autonómica a tertuliano por puro cálculo, aunque eso suponga abandonar, de manera irresponsable, a tu militancia (esa que no pisa platós pero es imprescindible) en los momentos más duros.

Todo eso se tiene que acabar porque no nos vale. Todo. No importa quién lo hiciera o el carné que tenga, la responsabilidad debe volver. Esta manera de actuar no es una trituradora de personas (las personas somos prescindibles) sino una trituradora de esperanzas. Y si estamos triturando esperanzas le estamos fallando a la gente. No es justo para con la gente humilde, pero tampoco es justo para quienes nos estamos dejando la piel por construir proyectos que incorporen e ilusionen a nuestras vecinas y vecinos.

Dejemos de ajustar cuentas con el pasado y pongámonos a construir desde el presente, pero con la vista puesta en el futuro. Existen modelos de éxito que nos pueden servir para definir horizontes en este nuevo ciclo político que se abre ante nosotras y nosotros. Y tenemos las mejores energías en forma de una incombustible militancia para ponerlos en marcha.

Hacerlo bien requiere mucho esfuerzo, pero creo que podemos empezar por cuatro ámbitos: hacerlo con la gente, hacerlo con responsabilidad, hacerlo sin apellidos y hacerlo con esperanza.

Hacerlo con la gente significa construir organización abriéndose hacia la sociedad. Las organizaciones de base deben dejar de ser plataformas para una batalla interna que nunca se termina y convertirse en espacios de trabajo para permear y conectarse directamente con la comunidad. Esto tenemos que lograrlo tanto desde donde ejercemos responsabilidades de gobierno (escuchar – solucionar) como desde aquellos ámbitos donde practicamos oposición (escuchar – problematizar – politizar).

Hacerlo con responsabilidad significa asumir algo básico pero que parece bastante ausente en estos tiempos: que la política no es un juego. De nuestras decisiones dependen el bienestar y las ilusiones de muchísimas personas. Indistintamente de que ocupemos cargos de Gobierno o de oposición, tenemos una tarea vital para el espacio de progreso en nuestro país que no puede depender de los caprichos de tal o cual cargo público. Significa, simplemente, trasladar la responsabilidad cotidiana que toda la España trabajadora asume todos los días cuando enfrenta sus vidas a los espacios de responsabilidad política. Ni más, ni menos.

Hacerlo sin apellidos significa dejar de promocionar liderazgos por inercias que deberían ser ajenas a un espacio que aspira a representar a la gente humilde. El espacio progresista tiene un “statu quo” donde se reproduce una forma de capital simbólico poco útil, porque su valor se referencia entre las cuatro paredes de las élites políticas, pero no frente a la gente humilde (que al final, es a quien nos debemos). Toca abrir nuestras ventanas para que entre aire fresco. Empezar a promocionar cuadros políticos por resultados y por hechos. Una persona es “muy buena” cuando ofrece resultados al espacio político, no cuando divulgamos en un corrillo (de propios) que lo es. Y en todos los casos, esas personas deben demostrarlo todos los días: esto es la rendición de cuentas. Pongamos el esfuerzo al mando y desterremos las inercias, porque, además, es la mejor garantía para mantener el pulso y la conexión con la sociedad.

Hacerlo con esperanza significa poner todos nuestros esfuerzos en proyectos que mejoren la vida de la gente. Ya no basta con impugnar lo que está mal o definir líneas difusas de intervención. Nos toca trabajar, crear, proponer y aplicar modelos exitosos que respondan a grandes retos de nuestro tiempo tales como la transición ecológica, la modernización de nuestra economía con base en las nuevas tecnologías o el reclamo de igualdad entre hombres y mujeres que, masivamente, está reivindicando año tras año el movimiento feminista.

Miles de militantes se encuentran, ahora mismo, expectantes de los acontecimientos, dispuestas y dispuestos a poner todas sus energías al servicio de un proyecto que garantice el progreso, el bienestar, el desarrollo ecológico y el rumbo feminista de nuestro país. Hacerlo bien es una obligación para corresponder a esa voluntad incombustible que nos permitirá cambiar, de una vez por todas, nuestro país.

La dimisión de la ministra Carmen Montón protagonizaba el más reciente episodio de la trágica crisis reputacional de la Universidad Rey Juan Carlos. Tras los bochornosos capítulos de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, la socialista pone la guinda del pastel a un proceso que está teniendo una víctima invisible: el alumnado de la universidad pública.

Quiero recordar a los lectores que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tiene una gran importancia para los municipios del sur de Madrid. En Alcorcón tenemos un campus, así como en Fuenlabrada, Móstoles o Aranjuez. Una parte significativa del alumnado del sur decide hacer sus carreras universitarias aquí, tiene títulos de esta entidad o se encuentra ahora mismo cursando sus respectivas carreras. Por eso, me veo en la obligación moral de reivindicar a un alumnado que está siendo castigado injustamente sin que Cristina Cifuentes derrame una sola lágrima, sin que a Pablo Casado se le caiga su cara de hormigón armado de vergüenza y sin que la ministra Carmen Montón haya sido capaz de disculparse por el daño causado a ellas y ellos.

A la vuelta del verano, varias alumnas y alumnos de Alcorcón me relataban sus experiencias en visitas al pueblo, comidas familiares o reencuentros con amistades, dónde eran sometidos a un injusto escrutinio público. Sus horas de estudios, su energía por compaginarlas con un trabajo, sus ahorros invertidos, su esfuerzo por conseguir becas y sus años empleados eran reducidos a tener una matrícula dónde “a Cifuentes y a Casado les regalaron el máster”. Muchos meditaron si cambiarse de universidad mientras que muchas me comentaban alarmadas que, aunque su estudio no tenía nada que ver con el de los mentados, el daño que había sufrido la marca contaminaba a todo lo que tuviera la firma de la entidad.  Una irresponsable trituradora de años de esfuerzos que generó preocupación y alarma entre miles de alumnos. Muchos de ellos confiaban en que lo peor había pasado, pero entonces llegó el caso de Carmen Montón.

Una situación injusta, cuyos únicos responsables son los políticos aquí mencionados del Partido Popular y el Partido Socialista. Los mismos partidos que jugaron al turnismo bipartidista en el sur de Madrid llevando a la ruina a muchos de nuestros municipios, hoy son los principales responsables de haber desatado una crisis reputacional que está padeciendo el alumnado y gran parte del personal docente honesto de la Universidad Rey Juan Carlos.

Lejos de enmendar sus actos o pedir una disculpa por el enorme daño causado, a medida que se revelaban sus irregularidades todos ellos han repetido las mismas prácticas que, según parece, protagonizaron en la universidad: colocar por delante su carrera personal al futuro de miles de estudiantes, alargando las crisis con excusas o mentiras hasta que se vuelve insostenible.

Bien es cierto que, a diferencia de Casado, tanto la ministra Montón como Cifuentes han acabado dimitiendo. Pero incluso en el caso de la ministra, faltó autocrítica. Sus palabras, lejos de revelar arrepentimiento y buscar reparar la reputación dañada, aludían a causas de su responsabilidad para con el Gobierno. ¿Y la responsabilidad para con la Universidad Pública, para cuándo?

Más allá de la rendición de cuentas políticas, obrada con mayor o menor acierto en cada caso, queda una tarea pendiente que no debería demorarse: La dignificación de la Universidad Pública en general y de la Universidad Rey Juan Carlos en particular.

Queda en el aire qué puede hacer el ministerio de Educación, el Poder Judicial y otras instituciones pertinentes en lo relativo a la presunta red de favores existentes dentro de la Universidad. Pero lo que sí puede hacerse desde este mismo momento es restaurar el buen nombre de la Universidad Rey Juan Carlos, poniendo el acento en que un caso en el que una minoría irresponsable es la beneficiada no representa a la inmensa mayoría del alumnado, que sólo es culpable de entregar su esfuerzo, tiempo y dedicación a cumplir sus obligaciones universitarias.

Hoy puede hacerse, pero necesitamos la voluntad de los Ayuntamientos de la región y la Comunidad de Madrid. Los alcaldes y alcaldesas de Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada y Móstoles deberían dejar a un lado los carnets de sus respectivos partidos y mirar por el interés general del sur de Madrid. Unir fuerzas para pedirle al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid y a la Universidad Rey Juan Carlos una declaración institucional conjunta por la dignificación.

También sería importante que esta declaración se concretara en hechos. Estos consisten en aunar recursos para poner en marcha una campaña de sensibilización que ponga en valor el esfuerzo de la comunidad educativa de la URJC y el valor general de la Universidad Pública. En el ámbito autonómico tenemos Telemadrid, y en el ámbito estatal RTVE, instrumentos que podrían jugar un papel fundamental en este trabajo de reparación reputacional. Lo importante es que todas y todos juntos aunemos esfuerzos para resolver cuanto antes el perjuicio creado a la comunidad educativa de la URJC durante este último medio año.

Hace unos días dónde conocíamos que, gracias al cogobierno parlamentario de Unidos Podemos, el Gobierno de España pondrá en marcha la reversión de los recortes en educación pública, es importante que nos comprometamos con la causa de tener un sistema universitario del que nos sintamos orgullosas y orgullosos. Porque el cuidado de lo público requiere un abordaje integral, dónde garanticemos desde los recursos hasta el buen nombre de sus instituciones ¿A qué esperamos?