Ruth González tenía 44 años y trabajaba como docente en una escuela en Ñemby, una localidad de la periferia de Asunción, la capital de Paraguay. Su expareja, de 50 años y también docente, la asesinó este miércoles con un arma blanca, y luego intentó quitarse la vida.

El asesinato de Ruth se produjo solo seis días después de que se encontrara el cuerpo de Carolina Salinas, una mujer de 30 años, en una carretera del Gran Asunción. Carolina pertenecía a una comunidad indígena maká, uno de los cerca de veinte pueblos originarios que viven en Paraguay. Estaba embarazada, fue abusada sexualmente, y murió de un golpe en la cabeza.

Antes de ellas, el pasado 2 de septiembre, Basilia Echeverría, de 51 años, fue apuñalada en la pierna por su pareja, y murió desangrada, también en el Gran Asunción.

Los tres casos han despertado indignación, pero son una constante en Paraguay, un país de apenas siete millones de habitantes que registra más de un feminicidio a la semana en lo que va de año. Hasta ahora se han producido ya 44 feminicidios en 2018, según el recuento del Centro de Documentación y Estudios (CDE), una organización de la sociedad civil. En 2017, fueron 53.

“Vivimos en una sociedad muy violenta, y los feminicidios son la condensación de esa violencia que en Paraguay es muy explícita, con un discurso que culpa a las mujeres”, dijo a eldiario.es Clemen Bareiro Gaona, activista de laArticulación 8M, que reúne a varias organizaciones por los derechos de las mujeres, y que se ha declarado “en movilización permanente” a raíz de los últimos casos de violencia machista.

Transfemicidios, odio e impunidad

En la misma semana, otro nombre se sumó a la lista de mujeres asesinadas: el deNaomi Gomes, una mujer trans de 29 años, que vivía cerca de la ciudad de Piribebuy (a unos 100 kilómetros de Asunción). Naomi trabajaba en una dependencia del Ministerio de Agricultura y vivía con sus familiares, que denunciaron su desaparición. Días más tarde, un hombre de 19 años confesó que la había matado a machetazos, y condujo a la policía al lugar donde estaba enterrada.

Como Naomi, otras 59 personas trans han sido asesinadas en Paraguay desde que terminó la dictadura de Alfredo Stroessner –la más larga de Sudamérica– en 1989. Hasta hoy, nadie ha sido condenado por estos crímenes de odio. Pero, en los últimos casos de transfemicidios, se ha logrado detener a los presuntos autores.

Así sucedió en octubre de 2017, cuandoRomina Vargas, de 28 años, fue asesinada en San Lorenzo (Gran Asunción). Un hombre fue detenido con el cuchillo ensangrentado con el que la apuñaló, y ya en comisaría fue entrevistado por varias cadenas de televisión. Sonriente y orgulloso, confesó que había matado a Romina por “odio a las travestis”, y declaró que, si le fuera posible, “mataría a todas”. Hoy permanece en prisión preventiva, a la espera de que el caso sea elevado a juicio.

En el caso de Andrea González, una mujer trans de 20 años, también hubo detenciones. Andrea padecía una discapacidad auditiva y vivía en Ciudad del Este (frontera entre Brasil y Paraguay). En diciembre de 2016, fue acribillada a balazos por un hombre que fue identificado y detenido. La jueza encargada del caso, sin embargo, le otorgó medidas sustitutivas a la prisión, y el detenido quedó en libertad. Hoy está prófugo.

Andrea se dedicaba al trabajo sexual, que representa la principal actividad económica para el 86% de la población trans de Paraguay. La discriminación les impide el acceso a otras opciones laborales. Lo dice un estudio del Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (Cedostalc). El documento, que se titula “Esperando la muerte”, fue presentado este jueves en Asunción, y ofrece una radiografía de la situación de la comunidad trans en Paraguay.

Advierte, por ejemplo, de que en los casos de vulneración de derechos, asesinatos o torturas contra personas trans “se observa un patrón de impunidad”.

“Las trans recibimos violencia, desde verbal hasta física, cuando salimos de nuestras casas, cuando vamos a buscar un trabajo, cuando queremos acceder a la educación o a cualquiera de nuestros derechos”, expresó a eldiario.es Marcela Romero, coordinadora regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (Redlactrans).

La activista habla de “un genocidio” contra la población trans en la región, que viene no solo marcado por los asesinatos y crímenes de odio, sino también por las precarias condiciones de vida y la falta de atención sanitaria que padece el colectivo. Y deja un dato demoledor: la esperanza de vida promedio de una persona trans en América Latina es de 35 años, la mitad que para una persona cisgénero.

Abusos sexuales: la “manada paraguaya”

Si las mujeres adultas son víctimas de feminicidios, las niñas y adolescentes en Paraguay están siendo objeto de abusos sexuales y violaciones en cifras alarmantes. Cada día, un promedio de seis niños, niñas y adolescentes sufren abusos sexuales en el país, según cifras oficiales. La mayor parte de los autores de estos abusos son personas del entorno familiar, como padres o padrastros. Sin embargo, uno de los últimos casos de abuso conocidos ha tenido como protagonistas a agentes del Estado.

Ocurrió en el cuartel de la Marina paraguaya en Asunción. Una adolescente de 13 años, fue engañada para que acudiera a las instalaciones militares. Una vez allí, fue alcoholizada y sometida sexualmente por al menos 25 militares, trece de los cuales ya se encuentran en prisión preventiva. La agresión fue registrada en vídeo y compartida en redes sociales.

El abogado defensor de uno de los militares detenidos, que ya son conocidos como “la manada paraguaya”, argumentó que la adolescente se hacía pasar por mayor de edad en sus perfiles de redes sociales, y se refirió a la agresión como un “juego sexual”.

Pero para Cintia Escurra, activista de la organización juvenil Somos Pytyvohara (“acompañantes”, en guaraní), no existen excusas posibles. “Nada justifica el hecho de que una mujer sea violentada sexualmente, tenga catorce o sesenta años. No hay posibilidad de que una persona dé su consentimiento para ser violentada por 25 militares. Debemos dejar de colocar la responsabilidad y la culpa en las víctimas”, declaró a eldiario.es.

La activista, cuya organización promueve la educación integral de la sexualidad para los adolescentes, no duda en señalar al Estado para lamentar la falta de políticas públicas de prevención de los abusos sexuales. En el último año, la educación sexual ha enfrentado un grave retroceso en Paraguay: una resolución del Ministerio de Educación, firmada en octubre de 2017, prohíbe “la difusión y utilización de materiales educativos referentes a la teoría y/o ideología de género” en las instituciones educativas públicas de todo el país.

La resolución fue publicada al calor de una multitudinaria manifestación de grupos ultraconservadores, autodenominados “pro-familia” y fervientemente en contra de los reclamos feministas –a los que se refieren como “ideología de género”. No es un fenómeno exclusivo de Paraguay: en toda América Latina, estas organizaciones están levantando la voz contra medidas como la legalización del aborto en Argentina, o la ley de identidad de género en Chile. Al mismo tiempo, crecen los reclamos que exigen que la Iglesia y el Estado sean “asuntos separados”.

“Es cada vez más urgente la necesidad de un Estado laico”, dijo a eldiario.es Dina Cabañas, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, una red cuyas integrantes practican la religión católica al tiempo que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Es hora de hacer entender a los operadores de justicia que deben legislar para todos, y dejar a un lado las creencias. En eso, Paraguay tiene aún mucho déficit”, agregó.

Aborto ilegal y maternidad infantil forzada

La influencia de las creencias religiosas sobre las instituciones del Estado paraguayo impide, por ejemplo, cualquier forma de despenalización del aborto. La propia Constitución paraguaya protege el derecho a la vida desde la concepción, y la interrupción voluntaria del embarazo está penada con hasta cinco años de prisión. Solo se permite interrumpir un embarazo cuando está en un riesgo muy elevado la vida de la madre. Ni siquiera en los casos de violaciones está permitido abortar.

La suma de altas tasas de abuso sexual contra menores de edad y la prohibición casi total del aborto tiene un resultado: la maternidad infantil forzada. A diario, un promedio de dos niñas de entre 10 y 14 años dan a luz bebés vivos en Paraguay. La cifra no tiene en cuenta a las niñas que mueren por complicaciones en el embarazo, o en el parto, o derivadas de abortos naturales o clandestinos. Pero en esta franja de edad –por debajo de la edad mínima de consentimiento sexual–, todas ellas tienen algo en común: quedaron embarazadas como producto de abusos sexuales.

Este jueves, una niña de 12 años acudió a consultar a un hospital de la localidad de San Antonio, próxima a Asunción. Se quejaba de una infección urinaria pero, al examinarla, los médicos descubrieron algo más: estaba embarazada de ocho semanas. Aunque en un embarazo infantil la niña gestante tiene un riesgo de mortalidad cuatro veces mayor al de una mujer adulta, en Paraguay no suele considerarse como una causal para un aborto no penado.

“Obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante”, advierte el Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), en un informe de 2016. “En aquellos países donde se prohíbe la interrupción del embarazo, el control de los cuerpos de las niñas se traslada al Estado, que continúa ejerciendo sobre ellas la violencia patriarcal, hasta lograr que sean madres. Luego, quedan libradas a su suerte”.