Estamos en emergencia climática. Lo estamos porque lo dice la ciencia, pero también porque los gobiernos, por fin, parecen estar haciéndole caso. “¿Es solo fachada?”, me preguntan a menudo. La mayoría de las veces respondo en positivo: “Quiero creer que no”. Estos días, la Comisión Europea presenta en Bruselas la propuesta de ley europea de cambio climático. En nuestro país, la anterior legislatura concluyó con la declaración de emergencia climática en el Parlamento a propuesta de Unidas Podemos, y la nueva ha comenzado con la formación de un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que se ha comprometido a presentar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética durante los primeros cien días en el poder.

Nos queda menos de un mes para conocer su contenido final. En el actual contexto, podría resultar obvio concluir que las leyes que apruebe el Gobierno nacerán del consenso. Sin embargo, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética presentado por la Vicepresidencia de Transición Ecológica al Consejo Asesor de Medio Ambiente el pasado 10 de febrero era prácticamente el mismo que el que propuso el Gobierno del PSOE al final de la anterior legislatura. Sorprende lo alejado que se encuentra este texto del que Unidas Podemos planteó también el año pasado que, sin ser todo lo ambicioso que requiere el Acuerdo de París, sí recogía claramente un plan de cierre de centrales térmicas de carbón y nucleares en el horizonte 2025.

Es evidente que ambas formaciones tienen propuestas bastante diferentes. Pero, a estas alturas, el planeta ya no entiende de estrategias políticas: le debemos un consenso con la ambición necesaria para asegurar su supervivencia. ¿Cómo se está negociando esta ley? Esto es algo que en estos momentos sólo saben Pedro Sánchez y Pablo Iglesias (y que no estaría de más que compartieran con la ciudadanía). La pregunta del millón es si el anteproyecto presentado el pasado mes de febrero será el que finalmente se apruebe en Consejo de Ministros.

De ser así, y aunque apunta pasos positivos en una dirección adecuada, insisto: se echa en falta mayor nivel de ambición. La última década se ha caracterizado por la inacción -cuando no la obstrucción- en la lucha contra el cambio climático, pero la ciencia es clara: nos queda una década para tomar las medidas necesarias para evitar una catástrofe climática y no superar el incremento de 1,5ºC de temperatura global.

Hoy se celebra el Consejo de Medio Ambiente en Bruselas. Ministros y ministras de toda Europa se reúnen para decidir si el Viejo Continente va a liderar realmente la lucha contra el cambio climático. El Gobierno español es uno de los que más está peleando para que así sea, pero también debe hacer los deberes en casa: teniendo en cuenta criterios de liderazgo y responsabilidad climática, así como la población, la economía y las emisiones históricas, España debería asumir un objetivo nacional de reducción de emisiones de al menos un 55% en 2030 respecto a 1990.

El anteproyecto de ley no incluye una fecha de cierre para las centrales térmicas de carbón y nuclear, lo que constituye una grave omisión que no facilita el tránsito hacia una economía descarbonizada. Greenpeace ya demostró la viabilidad de establecer el horizonte de cierre de centrales térmicas de carbón y nucleares en 2025. No es ninguna quimera: se puede. De igual manera, para 2030 el sistema eléctrico debería ser 100% renovable y no solo el 70%, como refleja el texto.

Este también establece el fin de la matriculación y venta en España de turismos de diésel y gasolina en 2040. ¡Dos décadas a partir de hoy! Demasiado tarde -una vez más- para que el sector europeo de turismos esté en línea con los objetivos de cumplimiento del Acuerdo de París. Para ello, 2025 debería ser el último año en el que se permitiera la venta de automóviles diésel, gasolina y GNC (Gas Natural Comprimido) y 2028 de los híbridos. El anteproyecto apunta también a la aviación como un sector con margen de mejora, pero requiere mayor concreción: medidas fiscales y favorecer transportes alternativos que permitan reducir los vuelos de corta distancia.

Son muchos los asuntos que debe abordar esta ley para ser efectiva: la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles es inaplazable. También la inclusión de un paquete de medidas fiscales que establezca impuestos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, no solo en la generación de electricidad o los carburantes, sino en cualquier actividad que produzca emisiones, directas o indirectas, aunque se hayan originado en la fabricación o transporte de productos importados producidos en terceros países. Además, es preciso incentivar al sector financiero para que incluya una rendición de cuentas estricta de los impactos sobre el medio ambiente de su cartera de préstamos e inversión.

La lucha contra el cambio climático necesita de líderes que tomen decisiones valientes. El planeta está en una contrarreloj. Por eso, no puedo terminar sin enfatizar la íntima relación que existe entre la emergencia climática y la crisis de biodiversidad: son dos caras de una misma moneda. Es fundamental incluir la conservación y restauración de los ecosistemas como eje vertebrador de la adaptación y su papel en la mitigación del cambio climático; es urgente afrontar los incendios de alta intensidad como un impacto más del cambio climático; es apremiante reformar la Ley de Costas, especialmente después de los episodios meteorológicos extremos y frecuentes que están afectando al litoral, y es imperioso reformular la política de aguas. El Gobierno de coalición tiene un gran reto por delante. El momento es ahora. O eso decía alguien en campaña electoral.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Para quienes llevamos en el ecologismo muchos años es imposible que esta pregunta no nos suscite, a las puertas de la COP25 en Madrid, una miríada de sentimientos, muchos de ellos encontrados. Porque en parte hay rabia cuando hacemos recuento de todas las oportunidades perdidas desde hace décadas, como mínimo en 24 ocasiones anteriores. También tenemos miedo de que en estos días no se haga lo suficiente para romper la inercia que marca el business as usual (curioso que el anglicismo para expresar que 'todo sigue igual' haga alusión a las empresas). Pero sobre todo nos invade la ilusión de ver a la sociedad civil respondiendo masiva y contundentemente para exigir cambios sistémicos históricos.

Y entonces el planeta despertó. Así reza la pancarta que abrirá el viernes por la tarde la manifestación mundial que recorrerá las calles de Madrid, única réplica de la que también tendrá lugar en Santiago de Chile, lugar donde se habría celebrado la Cumbre del Clima de no haber existido una fuerte represión sobre la ciudadanía. Esa tarde las dos ciudades tendrán el foco global de las movilizaciones climáticas que este último año han atravesado todos los continentes, que han unido a pueblos diversos, que han alzado las voces de las comunidades indígenas y que ha visibilizado a las colectivos más afectados ante la emergencia climática. Santiago de Chile y Madrid tienen la misión de mostrar el rugido, de tono juvenil, de todo el globo, para que tomen nota quienes a pocos kilómetros de distancia tienen la misión de conseguir reducciones anuales del 10% en emisiones de gases de efecto invernadero teniendo en cuenta que la mayor responsabilidad (y por lo tanto necesidad de esfuerzo) es de aquellos países que históricamente más han contribuido al cambio climático, sin por ello obviar que en sociedades tan desiguales como la nuestra esta contribución también es desigual.

La movilización se extenderá durante toda la COP. Mientras los líderes mundiales se reúnen en IFEMA, Madrid y Santiago de Chile acogen la Cumbre Social por el Clima, un espacio de conexión y difusión de alternativas propuestas por la sociedad civil. La ciudad será el punto de encuentro de decenas de miles de personas venidas de distintos rincones del mundo que en su día a día demuestran que una verdadera transición ecológica es más que posible. Gente que viene a intercambiar ideas y a contagiar ganas de cambio. Movimientos que están siendo criminalizados en todas partes del planeta pero brotan sin freno porque las semillas fueron plantadas hace mucho tiempo. Por eso rechazamos contundentemente los intentos de criminalización que se están dando por parte del alcalde de Madrid o de algunos medios de comunicación afines, tratando de generar confusión o temor en un contexto de reivindicación pacífica. El movimiento ecologista, como el feminista, ha sido un ejemplo constante de pacifismo. Y lo va a seguir siendo. Entendemos que hay sectores interesados en intentar que el miedo frene las movilizaciones para poder seguir con su business (as usual). Pero, como hemos dicho ya, solo tenemos miedo a la inacción ante la emergencia climática. Y ahora mismo nos desborda la esperanza.

Los resultados de las elecciones municipales van a conformar nuevas mayorías de gobierno. Aunque obvio, conviene recordarlo: si hay algo que ha de transcender al debate partidista y a las distintas ideologías políticas es que cualquier gobernante ha de velar por la salud de la ciudadanía y la protección del medio ambiente con el fin de garantizar ciudades sostenibles y saludables.

Sin embargo, las alarmas no han tardado ni 24 horas en sonar ya que en una ciudad icónica como Madrid, el Sr. Almeida, candidato del PP a la alcaldía, lo primero que ha anunciado es que reabrirá Madrid Central a los vehículos contaminantes. Esta medida raya entre la ocurrencia y la temeridad. Convendría refrescarle la memoria porque quizás no recuerde que Bruselas exigió el pasado año, en realidad lo venía haciendo desde hace mucho más tiempo sin mucho éxito, medidas urgentes, creíbles y eficaces para reducir la contaminación atmosférica en los Estados miembros. Y abrió procedimientos contra algunos países por no adoptar medidas urgentes para revertir la situación y esto no pasó con España, como recordó en su momento el comisario de Medio Ambiente de la UE, Karmenu Vella, por las medidas adoptadas en los últimos meses por los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, entre ellas Madrid Central.

Hay un hecho que es irrefutable: Madrid Central ha reducido la contaminación y el ruido que causa el tráfico a motor, tanto en el centro como en los alrededores, sin causar el apocalipsis que muchos profetizaban. Por ello, pedimos a quien finalmente ostente la alcaldía de la capital del Estado que se mantenga una medida que se ha demostrado positiva para la salud pública y el medio ambiente. Nuestras ciudades no admiten más humos y mucho menos, los malos humos. Madrid Central no es una rareza, hay Zonas de Bajas Emisiones similares ya implantadas en multitud de ciudades europeas, tras haberse demostrado que reduce el tráfico, la contaminación y el ruido, a la vez que incentiva el uso del transporte público y del número de peatones.

Según los jueces, la ordenanza municipal que da carta de naturaleza a Madrid Central busca “intereses generales como la seguridad vial, la necesaria, ordenada y respetuosa convivencia entre los medios de transporte, la protección de la salud o la sostenibilidad medioambiental, entre otros”. Y frente a ese interés general no pueden prevalecer intereses de otras administraciones públicas ni los intereses particulares de los ciudadanos más intensamente afectados por las medidas, argumentó el tribunal al denegar la suspensión cautelar solicitada por el Partido Popular.

Las emisiones de NOx se han reducido un 38% y las de CO2, un 14,2%. Y a nivel global de la ciudad, la reducción de emisiones alcanzaría el 9% para el NOx y del 2% para el CO2. Es evidente que aún falta por hacer, pero la zona de bajas emisiones es una pieza clave del conjunto de medidas para atajar la contaminación, unas zonas que desde 2023 serán obligatorias en todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes.

Además, se ha experimentado un aumento de la demanda en los autobuses que pasan por esta área central, de un 6,5% en días laborales y un 10% los fines de semana y festivos, mejorando la regularidad de éstos y reduciéndose el tiempo de espera en las paradas. Y como sucede en actuaciones similares, también ha aumentado la afluencia de visitantes a Madrid Central. Las cifras de transacciones y declaraciones del IVA desmienten las pérdidas que algunos comercios han achacado a la falta de automóviles en el centro. Siempre que se limita espacio al coche surgen miedos y reticencias, pero la experiencia demuestra que cuantos más peatones y menos coches, la actividad comercial aumenta.

Es crucial que los malos humos no nublen la vista de quienes aspiran a la Alcaldía de Madrid. Porque lo que está en juego es la salud de la ciudadanía y su derecho a respirar aire limpio y a disfrutar de un medio ambiente saludable.

Tenemos enormes retos por delante y como sociedad civil organizada no podemos ser un actor ajeno a esta campaña electoral, menos ante la situación de crisis y urgencia social, económica, política y medioambiental que queda invisibilizada en medio del sube-baja de número de votos del que hablan unos y otros, los ataques electoralistas superfluos y la verborrea de promesas, muchas veces vacías. Las políticas neoliberales de los últimos años basadas en la austeridad y los recortes en servicios y derechos, junto con las prácticas extractivas y de desposesión de recursos naturales de las multinacionales y la firma de acuerdos de libre comercio no solo han seguido aumentando la explotación de muchos países del hemisferio sur sino que han incrementado exponencialmente la desigualdad y puesto en peligro la vida de todos y el planeta en el que convivimos y del que somos interdependientes.

La emergencia climática nos exige que en un tiempo récord de apenas diez años revirtamos los efectos de décadas de excesos. En nuestro país la crisis de 2008 sirvió para implementar estas políticas y recortes que empobrecieron más a la población, elevaron los niveles de paro, convirtieron los servicios públicos esenciales en un lucrativo negocio y consolidaron una precariedad estructural que castiga especialmente a las personas más jóvenes y a las mujeres en quienes recae la sostenibilidad de la vida y los cuidados. Es decir, sus ‘soluciones’ ahondaron todavía más en las desigualdades y la falta de acceso al bienestar, porque los costes de la austeridad, las guerras, la contaminación o la pérdida de biodiversidad no quedan reflejados en el PIB. Vivir en paz, la dignidad, la salud, el medio ambiente o la equidad no se contabilizan en sus análisis económicos.

Además, la defensa de estos derechos está perseguida por la aprobación de un elenco de leyes que criminalizan la disidencia y la protesta ciudadana. Normas como la ley mordaza restringen los derechos de participación y el espacio democrático, imprescindibles para acabar con un sistema en el que la mayoría cada vez tiene más dificultades para sobrevivir.

El ciclo político que acaba nos llenó de esperanza y ganas de construir otro mundo con la llegada a las instituciones de nuevas formaciones políticas, una moción de censura plagada de promesas de transformación social y el protagonismo de la sociedad movilizada en el 15M, el movimiento feminista o ahora en las protestas de jóvenes contra el cambio climático. Pero no podemos bajar la guardia porque siguen pendientes soluciones a los graves problemas apuntados y las políticas audaces que se reclaman están lejos de ser aplicadas.

Nuestro país se expone de forma acuciante a los efectos devastadores del calentamiento global que afectará especialmente a la población más vulnerable, ensanchando aún más la brecha entre personas ricas y pobres. Numerosos estudios científicos han demostrado que nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera superan con creces la capacidad de absorción de los ecosistemas naturales, por lo que para evitar los peores impactos del cambio climático es necesario que el aumento de la temperatura del planeta no sea superior a 1,5 ºC. Las evidencias apuntan a que los esfuerzos para frenar el cambio climático no se pueden llevar a cabo sin cambios radicales en nuestro modelo de sociedad y sin poner en cuestión el crecimiento económico y las estructuras de producción y de propiedad existentes.

Los retos que tenemos por delante necesitan políticas valientes que hagan frente a los intereses económicos de los grandes poderes financieros. Para alcanzar éstos objetivos sociales y ambientales es necesario por salvar nuestro medio natural y defender la vida y proteger el derecho de las futuras generaciones a heredar el patrimonio natural. Así lo está pidiendo a gritos la juventud de toda Europa: el Planeta se muere y hay que actuar con rapidez y radicalidad porque no tenemos derecho a robarles el futuro.

A pesar de la urgencia, sigue habiendo esperanza. Esta situación de emergencia climática y social constituye también una oportunidad para apostar por una economía solidaria, verde que redistribuya la riqueza en nuestro país y la transición energética es una oportunidad para la creación de un nuevo modelo productivo, que huya de las trampas de las burbujas especulativas, apueste por sectores con alto valor añadido y se centre en los derechos y las necesidades de la sociedad.

En este documento, presentamos algunas medidas esenciales para afrontar los enormes retos a los que se enfrenta la sociedad española y a los que se debe dar solución de forma inmediata. Nuestra vida y nuestro planeta están en juego.

Sr. Presidente del Gobierno, me pregunto cuánto más tiene que agravarse la crisis humanitaria sin precedentes que está sufriendo Yemen, cuántos muertos más, cuántos hospitales, escuelas o autobuses llenos de niños y niñas tienen que ser destruidos por bombas “inteligentes” para que el Gobierno que preside deje de mirar para otro lado y cumpla la ley que impide exportar armas a países en conflicto.

El pasado lunes me invitó al evento #Avanzamos y le escuché hablar de transparencia. Y es precisamente transparencia lo que pedimos, en este Día Internacional de la Paz, las organizaciones que lideramos la campaña Armas Bajo Control: el fin del secretismo en las actas de la JIMDDU (Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso) que desde 1987 nos hurtan el derecho a saber qué autorizaciones de exportación de armas son aprobadas por esta opaca junta interministerial que precisamente se reunió ayer. Aparte de las 400 bombas ya comprometidas, me pregunto si se han aprobado nuevas ventas de armas a Arabia Saudí.

Ante esta situación es preciso adoptar dos medidas urgentes: en primer lugar, la revocación del acuerdo del Consejo de Ministros de 1987, que clasifica como secretas las actas de la Junta Interministerial que regula el comercio de armas. En segundo lugar, impulsar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que está tramitando el parlamento, garantizando que se adecúa a las normas internacionales. Adicionalmente, el Gobierno habría de crear un mecanismo de consulta parlamentaria en los casos sensibles de exportación de armas antes de la aprobación de las autorizaciones, similar al que ya existe en Suecia, Noruega, Países Bajos y Estados Unidos. 

La regeneración democrática es otro de los ejes fundamentales de su gobierno, posiblemente uno de los elementos principales que le llevaron a La Moncloa, y no veo nada más regenerador que ser fiel a su compromiso electoral de no autorizar ventas de armas cuando exista riesgo claro de que puedan ser utilizadas para violar el derecho internacional. Esto implica necesariamente que ponga fin a la venta de armas a Arabia Saudí como primer paso para el cese de las exportaciones a los países de la coalición saudí que intervienen en Yemen desde 2015, como han hecho países como Alemania, Noruega, Finlandia.

La responsabilidad de España en la venta de armas no termina en nuestras fronteras. La Ley 54/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso, prohíbe claramente la venta de armas a países cuando existan indicios racionales de que se empleen en situación de violación de derechos humanos, en su artículo 8.

La ONU ha calificado la situación en Yemen como la mayor catástrofe humanitaria actual que puede agravarse con la ofensiva de la coalición al puerto yemení de Hodeida. En este contexto, España no puede seguir vendiendo armas a países implicados en el conflicto de Yemen, que dura más de tres años y ha causado miles de víctimas en un país asolado por el cólera, la hambruna, con tres millones de personas desplazadas internas y más de 22 millones de personas que precisan de ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, en una crisis exacerbada por el bloqueo saudí de Yemen. Y a pesar de esta situación, en 2017, España vendió armas a la coalición saudí por valor de 361 millones de euros, incluidos 270 millones a Arabia Saudí.

Entre tanto, el buque Bahri Hofuf llegaba a Santander hace unos días para supuestamente cargar bombas de Expal con destino Arabia Saudí o Emiratos Árabes como lleva haciendo desde octubre de 2016. Es muy posible que luego fuera a Motril a cargar más bombas y armas de artillería de Santa Bárbara, como ya ha hecho en otras tres ocasiones en 2018.