En España se ha instalado una idea, pero cada vez más difícil de negar: la justicia es un desastre. Y una justicia que no ágil no es justicia, es otra cosa.

El principio de igualdad ante la ley, recogido en la Constitución Española, sigue siendo incuestionable en el papel. Pero en la práctica convive con una realidad que lo desmiente a diario: procedimientos interminables, macrocausas que se alargan durante más de una década y decisiones que llegan cuando el caso ya ha perdido todo impacto social o político.

El resultado es corrosivo.

Las grandes causas de corrupción se han convertido en el espejo más incómodo del sistema. Instrucciones eternas, recursos encadenados, piezas separadas, agendas imposibles. Y mientras tanto, una sensación creciente en la ciudadanía: la justicia no resuelve, administra el tiempo hasta que el tiempo resuelve por ella.

La Región de Murcia es un ejemplo difícil de ignorar. El procedimiento de la desaladora de Escombreras, en el que figura el expresidente autonómico Ramón Luis Valcárcel, simboliza esa deriva, lleva judicializado e investigado más de 15 años y se prevé que la vista oral se celebre en septiembre de 2027. No importa solo el desenlace judicial, que llegará cuando llegue, sino el efecto acumulado: años de procedimiento que se traducen en años de desgaste institucional. Y ese desgaste, una vez producido, ya no se revierte.

Porque aquí está el núcleo del problema: la desigualdad no siempre está en la sentencia, sino en el camino hasta ella. No todos los ciudadanos pueden sostener años de litigio. No todos pueden pagar la espera. No todos pueden resistir el proceso. La igualdad formal existe; la material, no siempre.

Y a esa desigualdad se suma otro elemento igual de dañino: la politización percibida del sistema. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su renovación convertida en conflicto partidista permanente han convertido un órgano clave en parte del problema en lugar de parte de la solución. Aunque la independencia judicial individual exista, la arquitectura institucional proyecta una sospecha constante.

El resultado es devastador: la justicia pierde autoridad sin necesidad de dejar de funcionar. Basta con que funcione demasiado despacio, demasiado tarde y demasiado lejos del ciudadano.

Porque una justicia lenta no es una justicia imperfecta. Es una justicia que deja de cumplir su función principal: ser creíble.

Y cuando la justicia deja de ser creíble, no se resiente solo el sistema judicial. Se resiente la democracia.

Cada vez que se conoce la condena a un sacerdote por abusos sexuales a menores, el debate público parece seguir un ritual ya conocido: un titular, un rato de indignación y una rápida vuelta a la normalidad. Como si estuviéramos ante una anomalía aislada y no frente a una patología institucional que lleva décadas repitiéndose.

Esta semana, un nuevo caso en la Región Murcia vuelve a dejar una sensación difícil de ignorar. Cinco años de prisión. La discusión inmediata gira, como siempre, en torno a si la pena es suficiente o insuficiente. Pero centrarse únicamente en esa cifra es quedarse en la superficie del problema.

La verdadera cuestión es más delicada: ¿por qué delitos de esta gravedad, cuando son cometidos por miembros de la Iglesia, no generan una exigencia social sostenida proporcional al daño causado?

No hablamos de un ciudadano cualquiera investido accidentalmente de confianza. Hablamos de personas que ocupan posiciones de autoridad moral, cercanía con menores y legitimidad social construida precisamente sobre una supuesta superioridad ética. El abuso no es solo físico o psicológico; es también una demolición de la confianza depositada en una institución que durante siglos ha reclamado autoridad sobre la educación moral de la sociedad.

Y, sin embargo, el patrón se repite. Se individualiza al culpable, se encapsula el caso y se evita mirar el marco general. Un sacerdote concreto. Una parroquia concreta. Un episodio concreto. Como si el problema fueran únicamente determinadas “manzanas podridas” y no una cultura histórica de opacidad, corporativismo y protección reputacional.

La Iglesia lleva de siempre gestionando los abusos con una lógica reconocible: minimizar el escándalo, contener el daño mediático y presentar cada nueva condena como una excepción lamentable. Mientras tanto, las víctimas cargan durante años, a menudo décadas, con secuelas que ningún calendario penal puede medir.

Aquí no basta con celebrar que “la justicia actúa”. La justicia llega, demasiadas veces, tarde, fragmentada y después de años de silencio. Y cuando por fin llega, el foco público dura menos que cualquier polémica política semanal.

Ese es el verdadero escándalo democrático: la anestesia social.

Resulta difícil imaginar semejante contención pública si una institución cualquiera acumulase durante décadas casos de abuso a menores, dinámicas internas de silencio y resistencias sistemáticas a la rendición de cuentas. Pero la Iglesia sigue beneficiándose de una especie de blindaje cultural residual, una deferencia heredada que opera incluso en sociedades formalmente secularizadas.

Una sociedad democráticamente madura debería exigir más, no menos, a quienes se presentan como referentes morales. Más transparencia, más responsabilidad y una conversación pública menos cómoda.

Y hay una contradicción especialmente obscena en todo esto. La misma institución que históricamente ha pretendido intervenir en debates públicos sobre familia, sexualidad, educación afectiva o moral privada sigue arrastrando un historial devastador de abusos y respuestas insuficientes frente a ellos. Durante décadas se ha arrogado autoridad para decirle a la sociedad cómo vivir, cómo educar a sus hijos y qué valores defender, mientras en su interior demasiadas veces se protegía el silencio antes que a las víctimas.

Quizá por eso el escándalo no es únicamente penal, sino profundamente político y cultural. Porque no hablamos solo de delitos individuales, sino de una estructura que durante demasiado tiempo ha disfrutado de legitimidad social sin asumir plenamente el coste de sus propias contradicciones.

El problema no son solo cinco años. El problema es todo lo que todavía permite que cinco años sean la única cifra de la que terminamos hablando.

En la Región de Murcia, el agua hace años que dejó de ser solo un recurso. Es un argumento político, una bandera electoral y, en demasiadas ocasiones, una excusa para no afrontar decisiones incómodas. Y en ese terreno, el Partido Popular ha sido especialmente eficaz construyendo un relato políticamente rentable, pero que cada vez está más alejado de la realidad.

El lema 'Agua para todos' fue una pieza maestra de comunicación política. Sencillo, emocional y fácil de repetir. El problema es que partía de una premisa embustera: que el agua es un recurso disponible que solo necesita ser mejor repartido. Como si la hidrología dependiera del BOE.

El Partido Popular es el eje de ese discurso. Pero también su límite. Porque no es una tubería mágica: depende de la situación real de otra cuenca, con sus propias sequías, sus propios usos y sus propios límites. Y cuando el agua no está, no hay presión política que la cree.

Aun así, durante años se ha insistido en presentar el problema como si fuera exclusivamente externo. Como si todo se resolviera con más trasvases, más obras y más voluntad. Mientras tanto, se ha evitado entrar en un debate que incomoda: el de los límites del modelo de explotación agrícola en el sureste.

En ese contexto, el papel del Sindicato Central de Regates del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) no puede analizarse como si fuera un actor neutro. Actúa como un lobby político y es legítimo que defienda los intereses de sus asociados. Lo discutible es que su discurso haya funcionado durante años como prolongación del relato político dominante: más agua siempre, venga de donde venga, cueste lo que cueste, y resulta que cuando sobra en una parte es porque no falta en otra.

Pero el problema es que no todo vale. En los últimos años, distintas actuaciones administrativas y denuncias han señalado la existencia de regadíos sin autorización, extracciones irregulares de acuíferos y ampliaciones de superficie no ajustadas a la planificación hidrológica. No son casos anecdóticos en el debate público, sino síntomas de un modelo que en algunos puntos ha ido por delante de las reglas que lo deberían ordenar.

Y eso tiene consecuencias. Porque cuando se exige más agua mientras se estira el sistema por encima de sus límites, el resultado no es estabilidad: es tensión permanente. Tensión entre cuencas, entre territorios y dentro del propio modelo productivo.

La paradoja es que, mientras se mantiene el discurso de la escasez externa, la solución que durante años se despreciaba, la desalación, se ha convertido en imprescindible. No por convicción, sino por necesidad. Y aun así, el debate sigue atrapado en las mismas trincheras de hace décadas.

Quizá el problema del agua en la Región no sea solo técnico ni solo político. Quizá sea, sobre todo, un problema de honestidad. Porque es más fácil prometer lo imposible que asumir los límites. Y más rentable señalar fuera que mirar dentro.

Pero el agua no responde a estrategias de comunicación. Responde a la física, a la climatología y a la gestión real de los recursos disponibles. Y cuanto más tarde se asuma eso, más caro será el ajuste.

Hay que decirlo sin rodeos: la Región de Murcia no puede seguir construyendo su futuro sobre la dependencia del trasvase, reducir esa dependencia no es una renuncia. Es la única forma de garantizar la estabilidad.

En Murcia llevamos décadas aceptando una contradicción que apenas se discute: consideramos el transporte urbano un servicio público esencial, pero su gestión sigue en manos privadas. Y no pasa nada… hasta que pasa.

La reciente decisión del Tribunal Central de Recursos Contractuales de tumbar la licitación del nuevo contrato de autobuses no es solo un tropiezo administrativo. Es el síntoma de un modelo que hace aguas: contratos complejos, recursos constantes, retrasos acumulados y una sensación generalizada de que el servicio nunca termina de estar a la altura.

Durante años, el debate público ha defendido, con razón, la importancia de blindar la sanidad o la educación. Pero rara vez se aplica ese mismo criterio a otros servicios que también son públicos por ley y por sentido común. El transporte urbano es uno de ellos.

Porque no hablamos de un servicio cualquiera. Hablamos de cómo se mueve una ciudad, de quién puede acceder a su trabajo, de si vivir en una pedanía es una desventaja o no. Hablamos, en definitiva, de igualdad, de favorecer la gestión del tiempo, de calidad de vida.

El modelo concesional tiene lógica sobre el papel: el Ayuntamiento fija condiciones y una empresa especializada presta el servicio. Pero en la práctica, ese equilibrio se rompe con facilidad. Cuando el contrato falla, todo falla. Cuando el diseño es defectuoso, las consecuencias duran años. Y cuando hay conflictos, el margen de maniobra pública es limitado.

Frente a esto, la gestión directa mediante una empresa pública no es una utopía ni una rareza. Es, de hecho, el modelo habitual en muchas ciudades. Barcelona y Madrid gestionan su red a través de empresas públicas, una empresa 100% municipal que ha sido capaz de modernizar su flota y asumir un papel clave en la movilidad urbana. Europa, urbes como Nantes o Rennes de un tamaño medio a la de nuestra ciudad hacen lo propio, donde incluso los estudios han mostrado que la gestión pública puede ser más eficiente que la privada en determinadas condiciones.

Tal vez no sean sistemas perfectos, pero funcionan. Y, sobre todo, responden a una lógica distinta: la del servicio, y no a la del beneficio.

Eso no significa ignorar los riesgos. Crear una empresa pública exige inversión, planificación y una gestión profesional que evite caer en ineficiencias o en el cortoplacismo político. Pero seguir como hasta ahora también tiene costes, aunque sean menos visibles: dependencia, rigidez contractual y una mejora del servicio que siempre parece aplazarse.

La cuestión de fondo no es ideológica, sino de coherencia. Si defendemos que ciertos servicios deben garantizarse desde lo público por su impacto en la vida de la gente, esa defensa no puede quedarse a medias. No puede limitarse a algunos ámbitos mientras en otros aceptamos modelos que, una y otra vez, generan problemas estructurales.

Murcia tiene ahora una oportunidad, aunque venga de la mano de un revés jurídico. Más allá de rehacer un contrato, quizá ha llegado el momento de replantear el modelo.

Porque si por ley la competencia y la gestión del servicio de transporte es público, la pregunta es inevitable: ¿por qué no lo prestamos como tal?

En la política murciana hay anomalías que, con el paso del tiempo, dejan de escandalizar y empiezan a parecer normales. El transfuguismo es una de ellas. Lo que debería provocar un rechazo inmediato, que un cargo electo abandone el partido con el que se presentó a las elecciones y utilice su escaño para alterar mayorías parlamentarias, se ha ido aceptando con una inquietante naturalidad. En pocos lugares se percibe con tanta claridad como en el laboratorio de la Región de Murcia.

La crisis interna en Vox vuelve a colocar sobre la mesa un escenario que en cualquier democracia mínimamente exigente resultaría inaceptable, pero que aquí se analiza con fría aritmética parlamentaria, a López Miras le bastarían dos diputados para aguantar hasta mayo de 2027.

La aprobación de los presupuestos y la estabilidad del Ejecutivo dependen de apoyos externos cada vez más inciertos. En ese contexto, la ruptura de apenas dos diputados de Vox bastaría para convertir una minoría parlamentaria en una mayoría funcional.

El debate público ya no gira en torno a si sería legítimo alterar la voluntad expresada en las urnas mediante tránsfugas. La discusión se limita a valorar si la operación sería viable o conveniente. El transfuguismo ha dejado de ser un problema democrático para convertirse en una variable estratégica.

La Región de Murcia conoce bien este mecanismo. En 2021, una moción de censura impulsada por el partido que ganó las elecciones autonómicas del 2019 parecía destinada a desalojar al Partido Popular del gobierno regional. La operación se desplomó cuando Ciudadanos, quien le facilitó la investidura a López Miras, siete de sus diputados, entre ellos nada más y nada menos que el Presidente de la Asamblea Regional, abandonaron la disciplina de su partido y con alguna prebenda terminaron sosteniendo al Ejecutivo de López Miras. Aquella maniobra convirtió el Parlamento murciano en el ejemplo más visible de cómo un puñado de escaños puede deshacer en unos días lo que los votantes decidieron en las urnas.

Lo más llamativo es que estas prácticas no ocurren en un vacío político. La Comunidad Autónoma de Murcia es una región donde las redes de poder informal, empresariales, religiosas, universitarias han tenido históricamente una influencia considerable en la vida pública. Durante años, uno de esos polos de influencia giró en torno a la UCAM y a la figura de su fundador, el empresario ya fallecido José Luis Mendoza.

Mendoza no solo construyó una universidad privada; también articuló un entorno social y político lleno de privilegios con capacidad de proyectarse en distintos ámbitos de la vida pública murciana. Dentro de ese ecosistema se ha desarrollado parte de la trayectoria política de dirigentes como, Antelo ferviente discípulo después de abandonar el baloncesto y uno de sus yernos.

Las redes de influencia rara vez desaparecen cuando cambian las siglas partidistas. Simplemente se adaptan.

Pero el problema de fondo no es quién pueda protagonizar un eventual transfuguismo ni quién pueda beneficiarse de él. El problema es que el sistema político murciano lleva décadas reconociendo formalmente que el transfuguismo es una práctica nociva y, al mismo tiempo, tolerándolo cuando resulta útil.

El llamado Pacto Antitransfuguismo nació precisamente para evitar que los partidos utilizaran deserciones individuales para alterar mayorías institucionales. En teoría, todas las fuerzas políticas lo respaldan. En la práctica, su cumplimiento suele evaporarse cuando la aritmética parlamentaria empieza a apretar.

La Región de Murcia se ha convertido demasiadas veces en el laboratorio donde estas contradicciones se hacen visibles. Cada nuevo episodio rebaja un poco más el umbral de tolerancia democrática. Cada nuevo caso de transfuguismo se discute menos en términos éticos y más en términos de oportunidad política.

Y ese desplazamiento del debate es, quizá, la señal más preocupante de todas.

Si la estabilidad de un gobierno depende de convencer a uno o dos diputados para que abandonen el partido con el que fueron elegidos, el problema no es solo la fragilidad parlamentaria. El problema es haber aceptado que los escaños pueden transformarse en piezas intercambiables dentro de un mercado político.

Cuando una democracia llega a ese punto, el transfuguismo deja de ser una anomalía. Se convierte en sistema.

En la Región de Murcia se habla de “sistema educativo sostenido con fondos públicos” como si fuera una realidad homogénea. No lo es. En la práctica, existen dos redes: una pública y otra concertada. Ambas financiadas con dinero público, pero no sometidas a las mismas condiciones ni con los mismos resultados.

Los datos son conocidos, aunque pocas veces se ponen en el centro del debate: la escuela pública concentra mucho más alumnado de origen extranjero, familias con menos recursos y estudiantes con mayores necesidades educativas. La concertada, en cambio, mantiene en general perfiles más homogéneos.

No es casualidad. Es el resultado.

Durante décadas, la política educativa en la Región de Murcia por parte del Partido Popular ha apostado por sostener y ampliar la red concertada mientras la escuela pública ha tenido que absorber más presión con menos recursos relativos. No hace falta buscar grandes declaraciones: basta con observar cómo ha evolucionado el sistema.

En barrios como La Flota en la ciudad de Murcia, esta dualidad se ve con claridad. La concertada no solo está presente: en algunos casos iguala o supera a la pública. Pero la diferencia no está solo en el número de centros, sino en quién acaba en cada uno de ellos.

Las cuotas “voluntarias”, determinados proyectos educativos o dinámicas de admisión actúan como filtros silenciosos. No excluyen de forma explícita, pero sí ordenan. Y lo hacen siempre en la misma dirección.

El resultado es un sistema que, bajo la apariencia de libertad de elección, termina separando al alumnado por origen social.

Y aquí es donde la cuestión deja de ser técnica y pasa a ser política.

Porque cuando un sistema financiado con dinero público no garantiza una distribución equilibrada del alumnado, no estamos ante una simple diferencia de modelos. Estamos ante una forma de organizar la desigualdad.

Se puede defender la existencia de la concertada. Lo que resulta más difícil es justificar que, con fondos públicos, funcione como una red paralela que no asume las mismas responsabilidades.

Hablar de esto no es ideología. Es describir lo que ocurre.

Y en la Región de Murcia, lo que ocurre es que no hay un solo sistema educativo. Hay dos. Y no juegan con las mismas reglas.

El Ejecutivo regional asegura no oponerse a la subida del SMI, pero su batería de objeciones legales y técnicas revela una estrategia política clara: ralentizar, cuestionar y, en la práctica, debilitar una de las pocas herramientas eficaces contra la precariedad. Hay una forma muy reconocible de oponerse a los avances sociales sin decirlo abiertamente: no negar el objetivo, pero sí discutir cada paso necesario para alcanzarlo. Eso es exactamente lo que está haciendo el Gobierno regional con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El argumento oficial, no estamos en contra de la subida, sino de cómo se aplica, suena razonable en la superficie. Pero cuando se examina de cerca, se convierte en una coartada. Porque en política, cuestionar sistemáticamente el procedimiento es, en la práctica, una forma eficaz de bloquear el resultado.

El Ejecutivo autonómico habla de “vulneración de la legalidad”, de “jerarquía normativa” y de “debilitamiento de la negociación colectiva”. Conceptos jurídicos complejos que, sin embargo, contrastan con una realidad mucho más simple: miles de trabajadores en la Región de Murcia siguen atrapados en salarios bajos, convenios bloqueados y una precariedad estructural que no se resuelve sola.

Resulta difícil tomarse en serio la defensa de la negociación colectiva cuando esta lleva años fallando precisamente en los sectores más vulnerables. ¿Dónde estaba esa preocupación institucional cuando los convenios no se actualizaban o cuando los sueldos quedaban por debajo de lo necesario para vivir con dignidad? Apelar ahora a ese marco como escudo frente al SMI no parece una defensa del diálogo social, sino un intento de preservar un statu quo claramente insuficiente.

Lo que está en juego no es solo un debate técnico, sino un modelo de sociedad. El SMI representa una línea roja: el mínimo que una economía considera aceptable para vivir. Y en contextos donde el mercado laboral no corrige por sí mismo las desigualdades, cuestionar esa herramienta equivale a asumir, aunque no se diga explícitamente, que hay trabajadores que pueden seguir cobrando por debajo de ese umbral.

Además, el énfasis en aspectos como si el cálculo debe basarse en el IPC o en otros indicadores económicos introduce una falsa neutralidad técnica. No es un debate inocente. Es una forma de desplazar la discusión lejos de su núcleo político: quién gana y quién pierde con cada decisión.

Mientras tanto, sindicatos como UGT y CCOO han señalado algo incómodo pero evidente: más de 150.000 personas en la Región dependen directamente del SMI. Para ellas, este no es un debate jurídico ni académico. Es una cuestión de supervivencia cotidiana.

En este contexto, la postura del Gobierno regional no puede leerse como una mera discrepancia técnica. Es una toma de posición política. Y como tal, conviene nombrarla sin rodeos: poner en cuestión el SMI en los términos actuales significa, de facto, alinearse con quienes prefieren salarios más bajos y menor intervención pública.

La pregunta, por tanto, no es si se está a favor o en contra de la subida en abstracto. La pregunta es si se está dispuesto a asumir las consecuencias reales de frenarla, diluirla o condicionarla hasta vaciarla de contenido. Porque a estas alturas, lo que está en juego no es el procedimiento. Es la dignidad.

El Alcalde de Murcia pretende inaugurar el próximo 26 de marzo la segunda fase de rehabilitación con una gran exposición. La operación se presenta como un éxito de recuperación patrimonial y un paso más para convertir el edificio en un espacio cultural de referencia. Sin embargo, tras el discurso institucional hay una ausencia difícil de justificar: el espacio de Memoria Democrática que exige su declaración oficial como Lugar de Memoria sigue sin existir.

No se trata de un detalle menor ni de una cuestión simbólica que pueda resolverse con una placa o un panel improvisado. La declaración de la Cárcel Vieja como Lugar de Memoria Democrática implica obligaciones claras: preservar el significado histórico del lugar, explicar públicamente lo que allí ocurrió y dignificar a las víctimas de la represión.

La memoria no es un adorno que pueda añadirse después de inaugurar el edificio. Forma parte esencial de su identidad.

Porque la Cárcel Vieja no es un contenedor cultural cualquiera. Durante décadas fue uno de los principales espacios de represión franquista en la Región. Por sus galerías pasaron miles de presos políticos tras la Guerra Civil: republicanos, sindicalistas, militantes de partidos democráticos o simplemente ciudadanos denunciados por su entorno. El edificio que hoy se presenta como icono cultural fue durante años un instrumento de castigo y silenciamiento.

Hay además un episodio histórico que ilustra hasta qué punto la represión impregnó todo el entorno del penal. En plena dictadura, el cercano convento de las Agustinas fue cedido por el obispo de la diócesis para ampliar el recinto penitenciario y adosarlo a la cárcel. Aquella cesión permitió reforzar un sistema pensado para encerrar a quienes habían sido derrotados políticamente. La Iglesia colaboraba así, de manera directa, en la maquinaria represiva del régimen.

Con estos antecedentes, inaugurar una fase decisiva de la rehabilitación sin haber definido ni ejecutado el espacio de memoria no es una simple omisión técnica. Es una decisión política.

Durante años, los gobiernos del PP han mostrado un desinterés persistente frente a las políticas de memoria democrática. Cuando no las han bloqueado directamente, las han relegado a un segundo plano o las han vaciado de contenido. La historia reciente de España está llena de ejemplos: leyes sin presupuesto, proyectos paralizados y lugares de memoria convertidos en promesas aplazadas.

La Cárcel Vieja corre ahora el riesgo de convertirse en otro caso más de esa política de desmemoria. Se rehabilita el edificio, se programan exposiciones y se inaugura con titulares culturales, pero se posterga aquello que obliga a mirar de frente la historia de la represión.

El problema no es que la cárcel se transforme en un espacio cultural. Sería deseable que lo fuera. El problema es hacerlo como si el pasado incómodo del edificio fuera un obstáculo que conviene diluir entre exposiciones y actividades culturales.

La memoria democrática no puede tratarse como una nota a pie de página en un proyecto arquitectónico. Es una responsabilidad pública. Y en un lugar como la Cárcel Vieja, esa responsabilidad es aún mayor.

Murcia puede convertir este edificio en un gran espacio cultural. Pero si lo hace sin asumir plenamente la memoria de quienes fueron encarcelados entre sus muros, la ciudad no estará inaugurando un lugar de cultura: estará inaugurando un elegante ejercicio de olvido.

Las recientes declaraciones de Fernando López Miras sobre el conflicto con Irán no son un desliz: es la expresión de una forma de entender la política exterior basada en consignas binarias. “O con la Unión Europea o con los dictadores iraníes”. El problema es que el mundo no funciona así. Y, sobre todo, el Derecho Internacional no funciona así.

Nadie en su sano juicio está defendiendo al régimen iraní. Nadie está justificando a los ayatolás. Pero plantear el debate en esos términos es intelectualmente deshonesto. Porque el verdadero dilema no es si estamos “con Irán” o “con las democracias”. El verdadero dilema es si estamos con las normas que rigen el orden internacional o con la lógica del poder que permite a las grandes potencias actuar al margen de esas normas cuando les conviene.

España no elige entre bloques emocionales. España está jurídicamente vinculada a la Unión Europea y al sistema multilateral consagrado en la Organización de las Naciones Unidas. Y ese sistema establece algo muy claro: el uso de la fuerza no es una cuestión de afinidades políticas, sino de legalidad. Solo la legítima defensa o un mandato del Consejo de Seguridad pueden ampararlo.

Cuando desde el Partido Popular se exige alineamiento automático con “nuestros socios”, lo que en realidad se está defendiendo es una política exterior subordinada, no una política exterior responsable. Se habla de prudencia mientras se agita la bandera del bloque. Se invoca la estabilidad mientras se normaliza que dos o tres potencias decidan unilateralmente qué es legítimo y qué no lo es.

El líder del PP, quiero creer que Feijóo, ha optado por esa misma senda: convertir la política internacional en una extensión de la batalla interna. Pero el Derecho Internacional no es un eslogan. No es una pancarta que se despliega contra el adversario doméstico. Es el único escudo real que tienen los Estados medianos frente a la arbitrariedad de los más fuertes.

Porque ese es el fondo del asunto que se evita cuidadosamente mencionar: si hoy aceptamos que nuestros aliados puedan actuar al margen del marco multilateral sin consecuencias, mañana no tendremos legitimidad para exigir que otros no hagan lo mismo. Las normas no pueden ser obligatorias para los adversarios y optativas para los amigos. Eso no es orden internacional; es ley del más fuerte con barniz occidental.

La Unión Europea presume, con razón, de ser un proyecto basado en el derecho y el multilateralismo. Pero esa credibilidad se construye con coherencia. Si la respuesta ante cada crisis es cerrar filas sin matices en torno a cualquier acción de Estados Unidos o de cualquier socio estratégico, entonces la llamada “autonomía estratégica europea” es una ficción.

Defender la legalidad internacional no es equidistancia moral. No es blanquear dictaduras. Es, precisamente, lo contrario: exigir que las reglas sean iguales para todos. Si se debilita ese principio, quienes más pierden no son las superpotencias, sino países como España, cuya influencia depende de que existan normas compartidas y no solo correlaciones de fuerza.

La simplificación de López Miras puede funcionar en un mitin. Puede arrancar aplausos fáciles apelando al miedo y al enemigo externo. Pero empobrece el debate público y, lo que es peor, transmite la idea de que la política exterior se reduce a elegir bando sin preguntarse por la legalidad de los actos.

No se trata de estar contra Europa. Se trata de exigir que Europa sea coherente con lo que dice defender. No se trata de simpatizar con Irán. Se trata de no aceptar que el mundo sea gobernado a golpe de decisión unilateral sin control jurídico efectivo. Y no se trata de tibieza, sino de firmeza democrática.

Porque la verdadera fortaleza de Occidente no es su capacidad militar. Es su compromiso con el Estado de derecho. Si ese compromiso se vuelve selectivo, deja de ser fortaleza y se convierte en simple conveniencia.

Y entonces, ya no habrá diferencia real entre el discurso de los bloques y la lógica que dicen combatir.

En pleno siglo XXI, que todavía se promuevan las fiestas locales en honor de una Virgen o Santo patrón tiene su aquel, que las autoridades civiles o militares participen en manifestaciones religiosas, con banda, bastón de mando y medallas al cuello. Lo que algunos llaman “tradición” es, en realidad, una manifestación explícita de privilegio religioso institucional que ignora el principio de neutralidad y la diversidad de la sociedad española.

No hablamos de devoción personal: hablamos de representantes del Estado que se colocan en primera fila de un acto confesional, transmitiendo un mensaje inequívoco: la identidad institucional se confunde con una fe concreta. Para quienes no son católicos, ateos o pertenecen a otras confesiones, esto no es cultura; es exclusión.

Durante la dictadura, la Iglesia y el Estado eran uno. Los cargos públicos presidían misas y procesiones como símbolo de autoridad, subordinando la representación cívica a la religión oficial. Hoy, 47 años después, la repetición de estos rituales con presencia institucional no es inocua ni neutral. Es un eco simbólico de aquel modelo autoritario que pretende legitimar poder político a través de la fe.

Cada banda y cada bastón de mando colocado frente al altar refuerzan la idea de que la institución favorece a la religión mayoritaria, ignorando la pluralidad de la ciudadanía. Y lo más preocupante: los propios cargos parecen verlo como “normal”, sin cuestionar el impacto en quienes no se identifican con esa fe.

El artículo 16.3 de la Constitución Española permite cooperación con las confesiones, pero nunca autoriza a los representantes públicos a protagonizar actos religiosos. La neutralidad no consiste en “estar presente” y posar para las cámaras: consiste en no usar el cargo público para avalar una religión concreta.

La confusión entre tradición y protagonismo institucional perpetúa la idea de que la representación política está vinculada a la religión mayoritaria, lo cual es incompatible con la España plural y democrática de hoy.

España ha cambiado: la diversidad religiosa y la población no creyente crecen cada año. Lo que antes se consideraba “normal” hoy puede ofender o excluir. La asistencia de alcaldes y concejales a procesiones con símbolos institucionales es un acto que hiere la igualdad y la neutralidad. No se trata de atacar la devoción, sino de exigir que los cargos públicos respeten a toda la ciudadanía y no la utilicen como escaparate de su poder.

Sí es voluntario y personal háganlo, pero sin usar símbolos, ni ostentar representación institucional. La presencia de cargos institucionales en actos religiosos no es un gesto inocuo de tradición; es una forma simbólica de privilegio confesional que ignora la pluralidad y vulnera la neutralidad del Estado. En una España democrática y diversa, los cargos públicos deben aprender a respetar la frontera entre representación civil y devoción religiosa, o corren el riesgo de cometer apología hacia el nacionalcatolicismo que se impuso durante la dictadura.

La Asamblea Regional ha rechazado apoyar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central. El argumento del Partido Popular es conocido: la Región de Murcia seguiría infrafinanciada y el sistema no corrige completamente el desequilibrio histórico. El diagnóstico puede discutirse en sus matices, pero lo que merece un análisis más riguroso es la consecuencia política de la decisión adoptada: supeditar cualquier mejora efectiva de financiación a un hipotético cambio de Gobierno en España.

Ese es el punto crítico.

Porque la propuesta estatal, con independencia de su diseño final, implicaría para Murcia dos efectos objetivos: un incremento neto de recursos estructurales y una reducción sustancial de la carga de deuda asociada a la infrafinanciación acumulada. Es decir, una mejora simultánea del flujo anual de financiación y del stock de endeudamiento. En términos de economía pública regional, ambas variables son las que determinan la capacidad real de sostener el gasto en servicios fundamentales sin recurrir a ajustes o a más deuda.

Rechazar esa mejora no equivale a preservar el statu quo en espera de algo mejor. Equivale a consolidar el sistema vigente, que es precisamente el que el propio Gobierno murciano califica desde hace años como insuficiente y lesivo. La coherencia técnica exigiría explicar por qué es preferible permanecer en un modelo que genera déficit estructural de financiación antes que transitar a otro que, aun imperfecto, reduce ese déficit.

La respuesta implícita es política, no financiera: la expectativa de que un futuro Ejecutivo del PP impulse un sistema más favorable. Pero esa hipótesis descansa sobre tres supuestos altamente inciertos.

El primero es la aritmética parlamentaria. La reforma de la financiación autonómica exige acuerdos multilaterales complejos y mayorías reforzadas. No existe ninguna evidencia histórica de que un cambio de signo en La Moncloa facilite automáticamente ese consenso. De hecho, el actual modelo caducó en 2014 con un Gobierno del PP y tampoco entonces se abordó su renovación.

El segundo supuesto es el margen fiscal estatal. La financiación autonómica no es una redistribución abstracta: implica recursos presupuestarios efectivos. Cualquier reforma que mejore significativamente a las comunidades infrafinanciadas requiere aumentar el volumen global del sistema o redistribuirlo con ganadores y perdedores claros. Ninguno de esos escenarios es políticamente neutro ni depende solo de la voluntad del partido que gobierne.

El tercero es el coste de oportunidad temporal. Cada año sin reforma supone para la Región mantener un diferencial negativo de financiación por habitante respecto a la media. Ese diferencial no es retórico: se traduce en menor capacidad de gasto sanitario, educativo y social o, alternativamente, en mayor endeudamiento para sostener niveles equivalentes de servicio. Posponer una mejora cierta hoy a cambio de una mejora hipotética mañana tiene un coste acumulativo que rara vez se incorpora al debate político, pero que es cuantificable.

Desde esta perspectiva, la posición adoptada por el PP regional introduce una paradoja difícil de sostener: se denuncia de forma estructural la infrafinanciación y, al mismo tiempo, se rechaza una propuesta que la reduciría, no porque empeore la situación relativa actual, sino porque no la corrige completamente y porque procede de un Gobierno de signo contrario.

Ese desplazamiento del criterio, de la suficiencia financiera a la autoría política del modelo, es lo que transforma una discusión técnica legítima en una decisión estratégicamente partidista. Y esa decisión tiene efectos materiales.

La financiación autonómica no es un marco abstracto de reparto territorial. Es el mecanismo que determina cuánto puede gastar realmente una comunidad en sanidad, educación o dependencia sin deteriorar su posición fiscal. En comunidades estructuralmente infrafinanciadas, cada mejora marginal tiene un impacto proporcionalmente mayor que en las que ya parten de niveles superiores.

Por eso el debate relevante no es si el nuevo modelo resolvería definitivamente la posición relativa de la Administración Regional, algo que probablemente requerirá varias revisiones, sino si es racional rechazar una mejora verificable bajo la premisa de que en un futuro indeterminado podría existir otra mayor.

La política pública responsable suele operar con mejoras incrementales bajo restricciones reales. La política de espera, en cambio, traslada el riesgo a los ciudadanos: si la alternativa prometida no llega, la situación inicial persiste o empeora.

Ese es el riesgo que hoy asume el Gobierno Regional. Y convendría explicarlo con la misma claridad con la que se denuncia la infrafinanciación. Porque, en financiación autonómica, no decidir también es decidir: es elegir seguir como se está.

En la Región de Murcia, miles de familias están pagando hasta 6.000 € al año para que sus hijos puedan estudiar un módulo de Formación Profesional y no digo nada de un grado universitario en centros privados. No porque quieran, sino porque muchas veces no tienen otra opción. La educación pública deliberadamente pierde recursos, la oferta se queda corta y la alternativa acaba siendo pagar o renunciar.

Mientras tanto, más del 60% del electorado sigue respaldando, elección tras elección, lo mismo. No es mala suerte. No es casualidad. Es el resultado de una forma de votar que lleva décadas renunciando a exigir resultados.

La Región es una de las comunidades con mayor continuidad política de toda España. La derecha gobierna casi sin interrupción desde hace más de treinta años. ¿El balance? Sueldos bajos, dependencia de un turismo de tercera, industria agroalimentaria intensiva y la construcción, fuga de jóvenes cualificados, servicios públicos tensionados y una economía frágil.

Pero el discurso sigue siendo siempre el mismo: bajar impuestos, libertad, y culpar de todos los males a los demás. La realidad es otra: menos impuestos para algunos, menos servicios para todos. Cuando se recorta financiación pública, el dinero no desaparece. Se traslada. Lo acabamos pagando en matrículas, en seguros privados, en academias, en clínicas, en residencias. En gastos que antes cubría lo común. No pagamos menos. Pagamos dos veces. Primero con impuestos, y después con nuestra cartera.

La política de privatización de la derecha no se anuncia a bombo y platillo. No llega con grandes titulares. Se hace poco a poco, con conciertos, externalizaciones, subvenciones selectivas y “colaboraciones público-privadas” que casi siempre benefician a los mismos. Se debilita lo público y se fortalece el negocio. Y cuando alguien se queda fuera, se le dice que es culpa suya.

Este modelo no sería posible sin una ciudadanía que, en buena parte, ha normalizado votar por inercia. Votar “a los de siempre”. Votar por miedo. Votar porque “los otros son peores”, aunque no se sepa exactamente por qué. Durante años se ha construido un relato donde criticar al gobierno es “ir contra los murcianos”. Donde cuestionar el modelo es ser desleal. Donde cambiar es peligroso. Así, la política se convierte en identidad. Y la identidad sustituye al pensamiento crítico.

Pero una democracia sin alternancia se degrada.

Sin alternancia no hay presión.

Sin presión no hay autocrítica.

Sin autocrítica no hay mejora.

Solo acomodamiento.

La alternancia no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de salud democrática. Es la única forma de recordar a quien gobierna que no es dueño de las instituciones. La Región paga hoy el precio de no haber cambiado nunca.

Lo pagan los jóvenes que se marchan.

Lo pagan las familias que se endeudan.

Lo pagan los pacientes que esperan.

Lo pagan los estudiantes que no llegan.

Y, aun así, seguimos votando igual.

No se trata de señalar con el dedo a nadie. Se trata de hacerse una pregunta incómoda: ¿Realmente estamos mejor que hace veinte años? ¿Tenemos más oportunidades? ¿Más futuro? ¿Más igualdad? Si la respuesta es no, seguir haciendo lo mismo no es estabilidad. Es resignación.

La Región no está condenada al atraso. Tiene talento, recursos y gente preparada. Lo que le falta es una ciudadanía que deje de conformarse con lo mismo.

Votar no es elegir un equipo. Es evaluar resultados.

Y en la Región, los resultados llevan demasiado tiempo suspendiendo.

La Región de Murcia presume, con razón, de ser un referente en depuración y reutilización del agua. Las cifras oficiales hablan de eficiencia, sostenibilidad y liderazgo europeo. Sin embargo, detrás de ese relato institucional hay realidades que no aparecen en las estadísticas ni en los actos públicos. Una de ellas es la de Los Valientes, pedanía de Molina de Segura, cuyos vecinos llevan décadas sin una depuradora en condiciones.

No se trata de una carencia reciente ni de un problema técnico puntual. Es el resultado de años de retrasos, promesas incumplidas y falta de voluntad política. Generaciones enteras han crecido escuchando que “el proyecto está en marcha”, que “ya queda poco”, que “está previsto en los planes”. Pero la infraestructura nunca llega.

Mientras tanto, los vecinos cumplen. Cumplen pagando impuestos. Cumplen abonando, mes a mes, el canon de saneamiento en sus facturas del agua. Un impuesto autonómico que no es simbólico ni opcional, sino obligatorio y finalista: se recauda específicamente para financiar la depuración y el saneamiento.

En Los Valientes se da una paradoja difícil de justificar: se paga por un servicio que no se recibe. Este hecho, por sí solo, debería provocar una reflexión profunda en las instituciones responsables. Porque no estamos ante un problema de recursos, la Región gestiona cientos de millones de euros en infraestructuras hidráulicas, sino ante un problema de prioridades.

Y aquí aparece una responsabilidad clara: ESAMUR. La Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia gestionan el canon, planifica inversiones y coordina la red de depuradoras. Su función es garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un saneamiento digno. No solo los que viven en grandes núcleos urbanos o zonas estratégicas.

Sin embargo, Los Valientes sigue fuera del mapa real de inversiones. Durante años, ESAMUR ha participado en convenios, estudios y anuncios relacionados con Molina de Segura y su entorno. Se han firmado acuerdos, se han reservado partidas y se han presentado proyectos. Pero en la práctica, la depuradora de la pedanía sigue siendo una promesa incumplida.

Mientras tanto, se invierten millones en modernizar instalaciones ya existentes, en ampliar plantas en otros municipios o en reforzar infraestructuras vinculadas al regadío. Inversiones legítimas, sin duda. Pero que no pueden servir como excusa para perpetuar una desigualdad territorial evidente.

Porque lo que ocurre en Los Valientes no es una anécdota. Es un ejemplo de cómo las zonas periféricas y menos visibles quedan relegadas en la agenda política. Donde no hay focos, no hay prisas. Donde no hay rédito electoral inmediato, se pospone.

Las consecuencias no son solo administrativas. Afectan a la salud pública, al entorno natural y a la calidad de vida. Afectan también a la confianza en las instituciones. ¿Cómo pedir responsabilidad ciudadana cuando la administración no cumple con su parte?

Los vecinos han hecho lo que se espera en una democracia: han presentado escritos, han solicitado reuniones, han acudido a los medios, han protestado de forma pacífica y persistente. No han optado por el ruido, sino por la constancia. Y, aun así, siguen esperando.

La pregunta es inevitable: ¿cuántos años más?

¿Cuántos recibos más hay que pagar sin recibir el servicio correspondiente?

¿Cuántas legislaturas más tienen que pasar sin una solución definitiva?

¿Cuántos anuncios más hay que escuchar antes de que empiecen las obras?

ESAMUR no puede seguir amparándose en informes, trámites o complejidades técnicas. Su responsabilidad es convertir los recursos públicos en servicios reales. Y en este caso, no lo ha hecho.

En Los Valientes no piden trato de favor. Pide igualdad. Pide que el canon que paga se traduzca en infraestructuras. Pide que la gestión del agua, de la que tanto se presume, llegue también a quienes llevan demasiado tiempo esperando.

Porque pagar sin recibir no es eficiencia. Es injusticia.

Y porque una Región que aspira a liderar la gestión hídrica no puede permitirse dejar atrás a parte de su ciudadanía.

La reciente reforma impulsada por el PP y Vox en la Región de Murcia se presenta como una medida firme contra la ocupación ilegal. Según sus promotores, su objetivo es impedir que “los okupas” se beneficien de la vivienda asequible financiada con dinero público. Sin embargo, detrás de este discurso aparentemente contundente se esconde otra realidad: la norma no va dirigida contra redes criminales organizadas, sino contra las personas más vulnerables.

Conviene, además, poner el problema en su justa dimensión. A nivel nacional, el Ministerio del Interior registró 16.426 casos de ocupación ilegal en 2024, una cifra que equivale a un promedio de unas 45 ocupaciones al día. Aunque eso pueda sonar elevado, representa poco más de 0,06 % del total de viviendas en España, lo que indica que no estamos ante un fenómeno masivo que justifique una alarma social desproporcionada.

Los datos regionales confirman esa relativa minoría del fenómeno. Según fuentes locales, solo hay unos 435 casos de viviendas ocupadas ilegalmente, lo que representa aproximadamente el 0,05 % del parque total de viviendas en la Comunidad Autónoma. Además, aunque se iniciaron cerca de 500 procedimientos judiciales por ocupación en el último año, el tiempo promedio para desalojar un inmueble supera los 18 meses, lo que evidencia que lo que hay que mejorar, si acaso es esa demora. 

Es cierto que los portales inmobiliarios muestran que en ciertos segmentos del mercado, como viviendas en venta, la presencia de inmuebles ocupados puede alcanzar cifras más elevadas (por ejemplo, alrededor del 5% en la provincia de Murcia).

Pero es fundamental aclarar que este dato se refiere únicamente a una parte muy concreta del mercado secundario y no al total del parque de viviendas disponible.

PP y Vox defienden la reforma como una forma de proteger la legalidad y los derechos de los propietarios. Sin embargo, la legislación vigente ya contempla mecanismos legales para proteger al propietario, incluidos procedimientos judiciales y desalojos, aunque lentos y mejorables, como muestran las cifras.

Presentar esta reforma como una necesidad urgente basada en una “crisis de okupación” es, cuando menos, una simplificación interesada. Los números no respaldan una emergencia generalizada, sino un problema localizado y minoritario que la ley ya aborda, aunque con limitaciones.

La reforma no solo criminaliza, sino que excluye de facto del acceso a vivienda asequible a personas que hayan sido condenadas por ocupación en los últimos diez años.

Sin embargo, como muestran los datos, la ocupación no es un fenómeno homogéneo: puede ir desde grupos organizados hasta familias en situación de precariedad que no encuentran otra alternativa habitacional.

Este enfoque punitivo ignora que la ocupación es muchas veces consecuencia de la falta de acceso real a la vivienda. Castigar a quienes han estado en esa situación no soluciona el problema de fondo; simplemente refuerza la exclusión social.

Las consecuencias de este enfoque son profundas. Excluir a las personas más vulnerables del acceso a vivienda pública no soluciona el problema: lo perpetua. Sin un hogar estable es imposible mantener un empleo digno, escolarizar adecuadamente a los hijos o reconstruir un proyecto de vida. La exclusión se hace crónica y los conflictos sociales se intensifican.

Además, medidas como esta contribuyen a estigmatizar la pobreza. Se transmite la idea de que quien ha caído en la exclusión es culpable de su situación y que las causas estructurales, como la escasez de vivienda asequible o la precariedad económica, son irrelevantes.

La vivienda no debería ser un premio para los “buenos ciudadanos” ni un castigo para los “malos”. Debería ser una herramienta para garantizar dignidad, estabilidad y cohesión social. Convertirla en un instrumento punitivo puede generar réditos políticos a corto plazo, pero no resuelve el problema de fondo.

Si realmente se quiere combatir la ocupación ilegal, la respuesta pasa por abrir puertas, no cerrarlas: más vivienda pública y asequible, políticas efectivas de prevención de desahucios, mediación entre partes y apoyo social real. Todo lo demás es propaganda populista.

La reforma de la Ley del Mar Menor que impulsa el Gobierno regional de Fernando López Miras no es un error técnico ni una discrepancia legítima sobre cómo gestionar un ecosistema frágil. Es el resultado directo de un pacto político entre el PP y Vox que tiene un objetivo claro: desactivar las pocas barreras legales que incomodan a quienes llevan años contaminando sin consecuencias reales.

Conviene llamar a las cosas por su nombre. Esta reforma no nace del interés general ni de criterios científicos. Nace de una alianza parlamentaria que intercambia protección ambiental por estabilidad política, y que vuelve a utilizar el Mar Menor como moneda de cambio. El ecosistema, una vez más, paga el precio de los acuerdos de despacho.

Permitir que empresas sancionadas por contaminar sigan accediendo a subvenciones públicas es una decisión profundamente ideológica. No es “defender al sector primario”, como repiten de forma mecánica PP y Vox. Es blindar a los infractores, premiar el incumplimiento y castigar indirectamente a quienes sí respetan la ley. Es instaurar una competencia desleal financiada con dinero público.

El mensaje es brutalmente claro: no importa cuánto dañes el medio ambiente; el Gobierno regional seguirá de tu lado. Si hay multa, se paga. Si hay protesta social, se ignora. Y si hay ayudas públicas, se reparten igual. Este no es un modelo de desarrollo: es un modelo de impunidad.

Resulta especialmente obsceno que esta contrarreforma llegue después de que el Mar Menor haya sufrido colapsos ecológicos documentados, mortandades masivas y una degradación reconocida internacionalmente. No se legisla desde la prevención ni desde la reparación, sino desde el negacionismo práctico: aceptar el daño como algo inevitable y, por tanto, asumible.

Vox nunca ha ocultado su desprecio por las políticas ambientales. Forma parte de su ADN ideológico: negar la crisis ecológica, ridiculizar la protección del medio ambiente y presentar cualquier límite legal como un ataque a la libertad económica. Lo grave es que el Partido Popular, lejos de marcar distancia, asume ese marco y lo traduce en leyes para mantenerse en el poder.

Porque esto va de poder. De conservar mayorías. De no molestar a determinados intereses económicos. Y de trasladar el coste político y ambiental al conjunto de la ciudadanía y a las generaciones futuras. Mientras tanto, se invoca el empleo, el campo o la economía como coartadas emocionales para justificar lo injustificable.

Pero gobernar no es obedecer a los más ruidosos ni a los más influyentes. Gobernar es poner límites, especialmente cuando está en juego un bien común irreemplazable. Y aquí el límite se ha cruzado hace tiempo: cuando se decide que contaminar no solo no excluye del sistema, sino que sigue dando acceso a ayudas públicas.

La reforma del PP con el apoyo de Vox no es solo un ataque al Mar Menor. Es un ataque al principio básico de igualdad ante la ley. Es decirle a la ciudadanía que hay dos reglas: una estricta para la mayoría y otra flexible para quienes contaminan con respaldo político.

El Mar Menor no necesita más pactos vergonzantes ni más cesiones a quienes lo han llevado al borde del colapso. Necesita exactamente lo contrario: leyes más duras, controles reales y responsabilidades personales, incluso penales, para quienes destruyen el medio ambiente.

Todo lo demás, reformas a la baja, discursos vacíos y alianzas con el negacionismo, no es gestión. Es una renuncia deliberada a proteger una joya que es de todos.

La liberación de 65 trabajadores extranjeros explotados en una finca agrícola de Ulea no es solo una noticia policial. Es una enmienda a la totalidad al discurso que Vox y su líder regional, José Ángel Antelo, llevan tiempo propagando sobre la migración irregular.

Porque mientras Vox señala al migrante como amenaza, invasor o problema de convivencia, la realidad demuestra algo mucho más incómodo: el sistema económico y agrícola que dicen defender se sostiene, en demasiadas ocasiones, sobre su explotación.

No hablamos de irregularidades menores ni de casos aislados. Hablamos de personas obligadas a trabajar en condiciones inhumanas, privadas de derechos básicos, sometidas por el miedo y la necesidad. Cinco detenidos, tres en prisión. Eso tiene un nombre: explotación laboral grave. Y ocurre en el corazón del campo que Vox idealiza y dice proteger.

¿Quién se beneficia realmente de la migración irregular que Vox demoniza?

Desde luego, no los trabajadores. Se benefician quienes los contratan sin derechos, quienes los hacinan, quienes los amenazan con la deportación si protestan. Y ese modelo no se combate con discursos incendiarios ni con expulsiones simbólicas, sino con inspecciones, regulación y voluntad política. Justo lo que Vox rechaza de forma sistemática.

El discurso de Antelo y de su partido no es inocuo. Genera miedo, y el miedo es el mejor aliado del explotador. Cuando una persona teme ser detenida o expulsada, no denuncia. Cuando se la presenta públicamente como sospechosa por el simple hecho de existir, se normaliza que se la trate como mercancía. Ese es el efecto real y tangible del discurso de la “mano dura”.

Vox habla sin descanso de “ley y orden”, pero guarda un silencio atronador ante el desorden moral y económico que permite que decenas de personas sean tratadas como esclavos modernos. Nunca les oímos exigir más inspecciones laborales en el campo. Nunca señalan a los empresarios explotadores. Nunca proponen regularizar para proteger derechos. El enemigo siempre es el último de la cadena, el más débil, el que no puede defenderse.

Y aquí entra también la responsabilidad de su entorno social y político, de quienes repiten consignas sin detenerse a mirar las consecuencias. Porque no se puede clamar contra la migración irregular mientras se aplaude un modelo productivo que la necesita para funcionar. No se puede exigir expulsiones masivas y luego fingir sorpresa cuando aparecen casos de explotación sistemática. Eso no es ingenuidad: es hipocresía política.

España necesita trabajadores en el campo. La Región de Murcia los necesita. Lo que no necesita es un discurso que convierte a esas personas en chivos expiatorios mientras protege, por acción u omisión, a quienes hacen negocio con su vulnerabilidad.

Endurecer la vida del migrante no protege el campo: protege al explotador.

El caso de Ulea debería servir para desmontar relatos interesados. Para recordar que el verdadero problema no son quienes vienen a trabajar, sino quienes se aprovechan de que llega de manera irregular, voz ni respaldo institucional. Y para evidenciar que un proyecto político que solo apunta hacia abajo, mientras mira hacia otro lado cuando el abuso viene de arriba, no defiende la ley ni el orden: defiende un privilegio.

Porque no hay mayor fraude moral que utilizar el sufrimiento ajeno para ganar votos. Y no hay mayor indignidad que llamar amenaza a quien, en realidad, está sosteniendo con su trabajo aquello que otros dicen amar.

El reciente nombramiento de un capellán vinculado al Real Murcia ha generado un debate que no es religioso, sino constitucional. No está en cuestión la libertad de culto, sino el modo en que determinadas decisiones pueden comprometer la neutralidad ideológica que la Constitución exige tanto a los poderes públicos como, indirectamente, a quienes gestionan bienes públicos.

El artículo 16.3 de la Constitución Española establece que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Este precepto no prohíbe la religión ni su expresión en la esfera privada, pero sí impone al Estado, y a todas sus administraciones, un deber positivo de neutralidad.

El Tribunal Constitucional ha sido claro al respecto: la aconfesionalidad implica que los poderes públicos no pueden identificarse, directa ni indirectamente, con una confesión concreta, ni otorgarle una posición de ventaja simbólica frente a otras creencias o frente a la no creencia.

No se trata de hostilidad hacia lo religioso, sino de garantizar la igualdad y el pluralismo como valores superiores del ordenamiento jurídico (art. 1 CE).

Cuando el estadio es de titularidad municipal, deja de ser un simple espacio deportivo para convertirse en un bien de dominio público o patrimonial afecto a un uso de interés general. Esto tiene consecuencias jurídicas relevantes.

La cesión, formal o de facto, de un espacio dentro de ese inmueble para la práctica de un culto concreto plantea una cuestión esencial: ¿puede una administración permitir que un bien público se utilice para fines confesionales sin vulnerar el principio de neutralidad?

La jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa apunta a que el uso religioso de un espacio público solo es compatible con la Constitución cuando concurren condiciones muy estrictas:

Cuando el culto se integra en el funcionamiento ordinario del espacio, aunque sea a través de un tercero, la frontera constitucional empieza a desdibujarse.

El Ayuntamiento no puede refugiarse en la autonomía del club si es propietario del estadio. La doctrina constitucional ha señalado que la neutralidad no se elude mediante intermediarios.

Si una entidad privada gestiona un bien público, lo hace bajo condiciones. Y una de ellas es el respeto a los principios constitucionales que vinculan a la administración titular. Permitir que un espacio municipal se asocie de forma estable a una confesión concreta no es una decisión neutral, aunque no exista una orden expresa del consistorio.

La omisión también genera responsabilidad institucional.

Por su parte, el club no es solo una entidad deportiva: es una sociedad mercantil, con trabajadores y profesionales sujetos a una relación laboral.

El artículo 14 de la Constitución y la legislación laboral protegen el derecho a no sufrir discriminación por motivos religiosos. En este contexto, la institucionalización de un espacio de culto dentro del entorno de trabajo puede generar:

La libertad religiosa incluye el derecho a no participar y a no verse confrontado con manifestaciones confesionales promovidas por la propia organización.

Es cierto que el artículo 16.3 CE también habla de “relaciones de cooperación” con las confesiones religiosas. Pero el Tribunal Constitucional ha insistido en que cooperar no significa integrar la religión en la estructura institucional ni normalizar su presencia en espacios comunes.

La cooperación tiene límites: no puede romper la igualdad ni convertir lo público en una prolongación de lo confesional.

Este debate no cuestiona la fe de nadie ni el derecho individual a vivirla. Cuestiona algo distinto: si las instituciones están cumpliendo su deber constitucional de neutralidad en una sociedad plural.

Cuando un estadio municipal, símbolo colectivo y espacio compartido, alberga de forma estable un culto concreto, no estamos ante un gesto inocuo, sino ante una decisión con implicaciones jurídicas, simbólicas y democráticas.

La aconfesionalidad no es una opción ideológica: es una exigencia constitucional. Y respetarla no divide; incluye.

Cuarenta años después de la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, conviene recordar que Europa no fue un accidente de la historia ni una consecuencia inevitable del paso del tiempo. Fue una decisión política consciente, adoptada por un Gobierno socialista que entendió que el futuro de España, y de sus regiones, pasaba por integrarse cuanto antes en el proyecto europeo.

Al frente de aquellas negociaciones estuvo mi admirado Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores del primer Gobierno de Felipe González. Pero Morán no caminó solo. Lideró un equipo de alto nivel en el que tuvieron un papel decisivo Carlos Westendorp, como secretario de Estado para las Comunidades Europeas y negociador jefe, y Manuel Marín, que pronto se convertiría en uno de los españoles más influyentes en Bruselas y, posteriormente, en vicepresidente de la Comisión Europea. Aquella generación socialista comprendió que Europa no era solo un mercado, sino un espacio político, social y democrático al que España debía incorporarse sin complejos.

España salía de una dictadura larga, con enormes carencias estructurales y profundas desigualdades territoriales. Integrarse en Europa significaba consolidar la democracia, modernizar la economía, fortalecer los servicios públicos y reducir las brechas entre regiones. Supuso asumir costes, adaptar sectores productivos y aceptar reglas comunes, pero también acceder a oportunidades inéditas hasta entonces. El tiempo ha demostrado que la apuesta fue acertada.

Para la Región de Murcia, tradicionalmente aislada y con un desarrollo desigual, la entrada en la UE ha tenido un impacto profundo y duradero. Europa ha sido uno de los principales motores de transformación económica, social y territorial de la comunidad autónoma.

La agricultura murciana es quizá el ejemplo más evidente. La integración en el mercado único permitió a miles de explotaciones acceder a nuevos mercados, profesionalizarse y modernizarse. La Política Agraria Común ha sido clave para sostener rentas agrarias, mejorar infraestructuras de regadío y garantizar la competitividad de un sector que hoy es estratégico para la economía regional. Sin Europa, difícilmente la Región se habría consolidado como una de las grandes despensas agrícolas del continente.

Pero el impacto europeo no se limita al campo. Los fondos estructurales y de cohesión han llegado a prácticamente todos los rincones de la Región: carreteras, equipamientos sanitarios y educativos, depuración de aguas, rehabilitación urbana, proyectos de innovación, formación para el empleo y desarrollo rural. Muchos municipios, especialmente los más pequeños, han podido acometer inversiones que de otro modo habrían sido inalcanzables.

Europa también ha estado presente en la universidad, en la I+D y en la movilidad de los jóvenes. Miles de estudiantes murcianos han podido formarse en otros países gracias a programas como Erasmus, ampliando horizontes y adquiriendo competencias que hoy revierten en la propia región. Esa dimensión europea de la juventud murciana es uno de los legados menos visibles, pero más valiosos, de la integración.

La pertenencia a la UE ha demostrado su valor no solo en tiempos de bonanza, sino también en los momentos más difíciles. Durante la crisis financiera y, más recientemente, durante la pandemia, los mecanismos europeos de apoyo han sido fundamentales para proteger empleo, empresas y servicios públicos. Los fondos de recuperación han vuelto a situar a Europa como un actor clave para la modernización económica y la transición ecológica y digital de la Región de Murcia.

Nada de esto significa que el proyecto europeo esté exento de críticas o de desafíos pendientes. La política agraria, la gestión del agua, la cohesión territorial o la respuesta a las desigualdades sociales siguen siendo debates abiertos. Pero es precisamente desde dentro de Europa, y no desde el aislamiento, desde donde la Región puede defender mejor sus intereses.

Recordar hoy quién lideró la entrada de España en Europa no es un ejercicio de nostalgia, sino de responsabilidad democrática. Fue un Gobierno socialista quien asumió el coste político y la complejidad de negociar la adhesión, pensando en el largo plazo y en el interés general del país y de sus regiones.

Cuando hoy se cuestiona el proyecto europeo o se banalizan sus beneficios, conviene mirar atrás con rigor y memoria. La España de 1986 y la Región de Murcia de hoy no son comparables. Y esa transformación no se explica sin Europa.

Cuarenta años después, la conclusión es clara: la entrada en la Unión Europea fue uno de los mayores aciertos políticos de la democracia española, y para la Región de Murcia ha sido una palanca decisiva de desarrollo, cohesión y oportunidades. Reconocerlo no es propaganda; es, simplemente, de justicia histórica.

En la Región de Murcia el deterioro de la sanidad pública no es una fatalidad ni una consecuencia inevitable de la falta de recursos. Es el resultado de decisiones políticas muy concretas. Decisiones que explican por qué, mientras miles de usuarios esperan semanas para ver a su médico de cabecera o meses para una prueba diagnóstica, el dinero público fluye sin obstáculos hacia la sanidad privada.

El dato es elocuente: casi 90 millones de euros más de lo presupuestado acabaron en conciertos sanitarios. No hablamos de una emergencia sobrevenida ni de una situación excepcional, sino de una práctica estructural. Presupuestar una cantidad y acabar gastando casi el doble no es una desviación técnica; es una forma de gobernar sin debate y sin rendición de cuentas.

El Gobierno regional y la Consejería de Salud conocen perfectamente este patrón. Se repite año tras año. Se infraestima el gasto en conciertos, se deja que el sistema público acumule retrasos y, llegado el momento, se presenta la derivación a la privada como única salida posible. Así se construye el relato de que lo público “no da más de sí”, mientras se oculta que se le ha privado deliberadamente de medios.

Esta política tiene responsables y tiene ideología. No es incapacidad de gestión, es una concepción de la sanidad como mercado. Una visión que convierte la enfermedad en oportunidad de negocio y al usuario en cliente cautivo. Por eso hay dinero para contratos millonarios con grupos privados, pero no para reforzar plantillas, estabilizar profesionales o apostar decididamente por la Atención Primaria.

La sanidad privada no actúa como complemento puntual del sistema público. Se ha convertido en un actor privilegiado, protegido y financiado con fondos públicos, sin los controles ni las obligaciones que se exigen a lo público. Externaliza la actividad más rentable y devuelve los casos complejos cuando dejan de ser negocio. El riesgo lo asume lo público; el beneficio, lo privado.

Las consecuencias las sufren los usuarios. Listas de espera interminables, pruebas duplicadas, atención fragmentada y una desigualdad cada vez más evidente entre quien puede permitirse un seguro privado y quien depende exclusivamente del sistema público. No es una deriva casual: es una desigualdad promovida desde las propias instituciones.

Mientras tanto, la transparencia brilla por su ausencia. No hay auditorías independientes que evalúen si estos conciertos mejoran realmente la salud de la población. No se publican de forma clara los criterios, los beneficiarios ni los resultados. Se gasta dinero público sin someterlo al escrutinio público. Y eso, en una democracia, debería ser inaceptable.

La sanidad pública no se defiende con discursos vacíos ni con promesas genéricas. Se defiende con inversión sostenida, planificación a largo plazo y una voluntad política clara de poner el derecho a la salud por encima del beneficio empresarial. Cada euro que se desvía innecesariamente a la privada es un euro menos para profesionales, infraestructuras y cuidados.

Este modelo no es inevitable. Es una elección política. Y como tal, puede cambiarse. Pero ese cambio no llegará solo desde los despachos. Requiere presión social, organización ciudadana y un debate público honesto sobre qué sanidad queremos y para quién.

Defender la sanidad pública es defender la igualdad, la dignidad y el derecho a enfermar sin miedo a esperar. Es exigir que el dinero público sirva al interés común y no a balances empresariales. Y es recordar que cuando se gobierna para la privada, quienes pagan siempre son los mismos: los usuarios.

Cada 9 de diciembre, cuando se celebra el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia, en la Región de Murcia la fecha adquiere un significado especialmente urgente. Mientras en buena parte del mundo democrático se aprovecha esta jornada para reivindicar la neutralidad del Estado y la plena libertad de conciencia, aquí sigue siendo casi un acto de resistencia cívica. Y no por casualidad: la derechona murciana, empeñada en mezclar política y religión, continúa defendiendo una estructura confesional que ha condicionado el desarrollo social, cultural e institucional de esta tierra durante generaciones.

En este contexto, la labor que realiza Europa Laica cobra una relevancia extraordinaria. Cada año, esta organización insiste en visibilizar el 9 de diciembre, explicar por qué la neutralidad del Estado no es un capricho ideológico y recordar que la libertad de conciencia solo existe cuando ningún poder político se arrodilla ante ninguna doctrina religiosa. Su trabajo, constante y tenaz, resulta incómodo para quienes se benefician del viejo orden simbólico donde lo católico funciona como una plantilla obligatoria para la vida pública. Justamente por eso es tan necesario.

La Región de Murcia es un ejemplo claro de cómo la imposición histórica del catolicismo institucional ha moldeado durante décadas, y en algunos ámbitos todavía lo hace, aquello que se considera “lo normal”. Lo católico no ha funcionado aquí como una tradición más entre muchas, sino como el molde único que determinaba qué era moral, qué era respetable, qué era identidad regional y qué quedaba fuera de los márgenes. Ese monopolio cultural ha tenido un coste social evidente: ha limitado debates, ha frenado avances, ha estigmatizado la diversidad y ha estrechado la idea de ciudadanía. La imposición religiosa no ha generado cohesión: ha generado uniformidad forzada.

La derechona se aferra a este marco confesional porque lo necesita. No es casual que cualquier propuesta de laicidad provoque reacciones exageradas, como si reclamar un Estado neutral fuera un ataque personal. Siempre recurren a los mismos argumentos: la tradición, la mayoría social, la “identidad murciana”, como si la fe, cualquiera, fuera un criterio para definir la ciudadanía. Pero el laicismo no cuestiona las creencias individuales; cuestiona que el poder público se ponga a su servicio. Lo que realmente molesta a quienes defienden este viejo esquema es que la neutralidad institucional debilita sus privilegios.

Y es que el 9 de diciembre no es solo una fecha conmemorativa: es un recordatorio de que la libertad de conciencia no existe cuando una sola tradición religiosa ocupa todos los espacios simbólicos del Estado. La neutralidad no quita nada a nadie; al contrario, garantiza que cada persona pueda vivir, pensar y creer, o no creer, sin presiones ni tutelas. Europa Laica insiste año tras año en esta idea: el laicismo no divide; libera. No borra la diversidad espiritual de la sociedad; simplemente impide que una sola visión se convierta en norma obligatoria.

La Región de Murcia tiene una ciudadanía plural, joven, diversa, crítica, abierta al mundo. Pero sus instituciones todavía funcionan como si siguieran viviendo en otro siglo. Y esta contradicción tiene un precio. Una región que aspira a ser moderna no puede mantener estructuras simbólicas heredadas del pasado que condicionan la vida pública y privilegian a una confesión concreta. La derechona lo sabe, y por eso se opone con tanta fuerza al laicismo: porque el laicismo implica perder el monopolio cultural que durante años ha utilizado como herramienta de poder.

El 9 de diciembre nos recuerda que ha llegado el momento de romper ese marco. La ciudadanía murciana no necesita más liturgia institucional, ni más símbolos obligatorios, ni más moral única disfrazada de tradición. Necesita aire, y ese aire se llama laicidad. Europa Laica lleva tiempo señalando el camino. Tarde o temprano, las instituciones tendrán que seguirlo. Porque la libertad de conciencia no es una concesión: es un derecho. Y ya es hora de que en esta región se practique de verdad.