Hay momentos en los que una sociedad debería detenerse y preguntarse hasta dónde estamos dispuestos a llegar y la Región de Murcia está viviendo uno de ellos.

El discurso de la derecha sobre inmigración ya no se limita a reclamar más control de las fronteras, más medios para la Guardia Civil o una política eficaz contra las mafias. El siguiente paso es mucho más preocupante, convertir en sospechosos a quienes ayudan a las personas migrantes.

Vox lleva tiempo cuestionando la labor de las ONG que trabajan con migrantes, presentándolas como parte del supuesto “efecto llamada” y poniendo en cuestión la financiación pública de sus programas. Y el PP de López Miras, lejos de plantar cara a ese discurso, ha endurecido progresivamente su posición sobre inmigración para disputar a Vox ese espacio político.

El resultado es peligroso, el migrante deja de ser una persona con derechos para convertirse en un problema político, y quien lo atiende, es sospechoso de colaborar con ese problema.

Hay una víctima de esta batalla de la que se habla demasiado poco, los profesionales que trabajan cada día con las personas más vulnerables y entre ellos, los Trabajadores Sociales.

Una profesión esencial y, sin embargo, insuficientemente reconocida en España. Profesionales que no se limitan a conceder ayudas, como algunos pretenden hacer creer. Evalúan situaciones sociales, elaboran diagnósticos, diseñan intervenciones, acompañan procesos de inclusión, protegen a menores y familias, coordinan recursos y administraciones y trabajan para que las personas puedan recuperar autonomía y ejercer sus derechos.

Cuando un trabajador social atiende a una persona migrante no está haciendo política migratoria. Está haciendo su trabajo.

Cuando interviene con un menor extranjero no acompañado, no está premiando la inmigración irregular. Está protegiendo a un menor.

Cuando una ONG proporciona alojamiento, orientación jurídica o atención social, no está organizando ninguna invasión. Está intentando resolver, con recursos muchas veces insuficientes, una realidad que las administraciones públicas no pueden ignorar.

Por eso resulta especialmente injusto que se esté instalando un discurso que coloca bajo sospecha a quienes desempeñan esas tareas.

Porque detrás de cada expediente hay un profesional. Detrás de cada informe hay formación, conocimiento, responsabilidad y muchas horas de trabajo.

El Trabajo Social no es caridad. Es una profesión. Y una sociedad que necesita profesionales para atender a sus ciudadanos más vulnerables debería reconocerlos y dignificar su trabajo como merece.

Las ONG tampoco organizan las pateras, controlan las mafias ni provocan las guerras o la pobreza. Atienden a personas que ya están aquí.

Podemos discutir sobre fronteras, inmigración irregular, recursos y seguridad. Es legítimo y necesario.

Lo que no debería ser aceptable es convertir al migrante en chivo expiatorio y después señalar como cómplice a quien intenta ayudarlo.

Y aquí también debería escucharse con mucha más claridad la voz de la moral católica.

No toda la Iglesia murciana permanece callada. Organizaciones y colectivos católicos de la Diócesis de Cartagena han defendido públicamente la acogida, la dignidad y la convivencia.

Precisamente por eso cabe preguntarse por qué esa voz no resulta mucho más contundente cuando determinados discursos políticos señalan al extranjero y ponen bajo sospecha a quien lo atiende. Porque hay silencios que también tienen consecuencias.

Murcia conoce perfectamente la aportación de la inmigración. Miles de personas extranjeras trabajan en nuestros campos, empresas, servicios y hogares. Son parte de nuestra sociedad. Y también lo son quienes dedican su vida profesional a acompañarlas cuando más lo necesitan.

No necesitamos una sociedad que castigue la solidaridad. Necesitamos una sociedad que reconozca a quienes sostienen nuestros servicios sociales y que no permita que una profesión tan imprescindible como el Trabajo Social sea utilizada como munición en la batalla política.

Porque cuando se empieza señalando al migrante, después a la ONG, luego al trabajador social y finalmente a cualquiera que se atreva a defender la dignidad humana, el problema ya no es la inmigración, es la clase de sociedad que queremos ser.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Región de Murcia que confirma la responsabilidad de una empresa agrícola por los daños ocasionados al Mar Menor vuelve a plantear una cuestión, quién asume los costes de la contaminación y quién prefiere mirar hacia otro lado.

El TSJ de la región ha confirmado la responsabilidad medioambiental de una empresa agrícola por el vertido de unos 159.400 metros cúbicos de salmuera con nitratos al Mar Menor entre 2012 y 2016, así como la reclamación de 97.603 euros por los costes de prevención y reparación.

No es una consigna política, es una resolución judicial. La justicia recuerda que quien contamina debe reparar el daño. Pero también deja en evidencia la política ambiental del Gobierno regional del PP, presidido por Fernando López Miras.

El Mar Menor no se ha deteriorado de la noche a la mañana. Décadas de presión agrícola, vertidos, transformación del territorio y controles insuficientes han desembocado en una crisis ecológica con episodios dramáticos, como las mortandades masivas de peces de 2019 y 2021.

Mientras tanto, el Ejecutivo regional insiste en presentar la protección ambiental y los intereses agrarios como incompatibles. Es una falsa disyuntiva. Defender la laguna no significa criminalizar a los agricultores, sino distinguir entre quienes cumplen y quienes incumplen, perseguir las prácticas contaminantes y evitar que los costes recaigan sobre toda la sociedad.

Lo preocupante es que, mientras los tribunales confirman responsabilidades, el PP impulsa modificaciones de la Ley del Mar Menor criticadas por organizaciones ecologistas, vecinos, sindicatos y oposición. Sus defensores hablan de adaptar las sanciones a la normativa estatal, sus críticos advierten de rebajas para los infractores y de mayor flexibilidad para acceder a ayudas públicas tras cometer infracciones graves o muy graves.

El Gobierno regional no puede responder a este debate con propaganda ni mayorías parlamentarias coyunturales. Debe explicar por qué promueve cambios que pueden beneficiar a quienes incumplen las normas ambientales. La protección del Mar Menor no puede subordinarse a los intereses de determinados sectores ni a los equilibrios políticos del PP.

La sentencia demuestra que la contaminación puede generar responsabilidades concretas. Pero también que no basta con actuar cuando el daño ya está hecho. Hace falta inspeccionar, prevenir, multar y sancionar a tiempo.

El Mar Menor necesita controles eficaces, una ordenación rigurosa de su cuenca y una reducción real de los aportes contaminantes. Apoyar al sector agrario no significa proteger cualquier práctica empresarial.

López Miras debería asumir que proteger la laguna es una obligación institucional, no una concesión a la oposición ni a los ecologistas. La recuperación de nuestra joya de la corona El Mar Menor, debe estar por encima de cualquier interés partidista. Y quien contamine, sea quien sea, debería pagar y no solo una peccata minuta.

Hay una palabra que los gobiernos del Partido Popular utilizan con enorme facilidad cuando hablan de servicios públicos, “eficacia”

La pronuncian para justificar privatizaciones, concesiones y contratos millonarios. Como si la eficiencia tuviera necesariamente un propietario privado y gestionar directamente un servicio público fuera una especie de pecado administrativo.

La huelga del transporte que estos días afecta a Murcia y Cartagena debería servirnos para algo más que para calcular cuánto tardamos en coger el autobús. Debería obligarnos a preguntarnos ¿qué modelo de transporte público estamos construyendo?

Porque los conductores de autobús no atienden a meros clientes. Atienden a ciudadanos con derechos.

Los trabajadores reclaman poder conocer sus horarios y descansos con suficiente antelación, organizar su vida y conciliar. Mientras empresas y sindicatos son incapaces de alcanzar un acuerdo, miles de ciudadanos sufren las consecuencias. La respuesta será la de siempre, “La huelga perjudica a los ciudadanos”.

Por supuesto que una huelga provoca molestias. Pero resulta curioso que quienes más se indignan por ellas sean muchas veces los mismos que aceptan sin demasiadas preguntas que servicios esenciales financiados con dinero público sean gestionados como negocios privados. Y, ahí está el verdadero debate.

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto sobre la mesa un contrato de 731,5 millones de euros para diez años. Una cantidad semejante debería provocar, una pregunta. ¿Por qué no se ha planteado seriamente la creación de una empresa pública municipal de transporte?

No digo que la gestión pública sea automáticamente más barata. Digo algo mucho más elemental: con 731,5 M€ comprometidos durante una década, lo mínimo exigible es comparar alternativas. Gestión privada frente a gestión pública.

Mismos autobuses. Mismas líneas. Mismas frecuencias. Mismos trabajadores. Mantenimiento, combustible, tecnología e inversiones. Y después de ver números encima de la mesa. ¿Cuánto cuesta cada modelo? ¿Cuánto dinero público recibe? ¿Cuánto acaba en beneficio empresarial? ¿Cuánto costaría una gestión directa?

Que me lo demuestren con datos, porque el PP tiene todo el derecho a defender la iniciativa privada. Forma parte de su ideología. Lo que no puede hacer es convertir esa preferencia ideológica en una verdad económica incuestionable.

La gestión privada no es sinónimo automático de eficiencia. Y la gestión pública tampoco de ineficiencia. Lo sensato sería comparar.

Pero en la Región de Murcia llevamos demasiado tiempo aceptando un modelo en el que se privatiza la gestión y se entrega a empresas privadas una actividad que seguimos pagando entre todos.

Y cuando llegan los problemas, vuelve a aparecer la Administración para poner más dinero, garantizar servicios mínimos, corregir deficiencias o solucionar aquello que, según nos dijeron, el mercado iba a gestionar mejor.

Curiosa concepción de la eficiencia, el beneficio se privatiza y el coste de los problemas se socializa. Mientras tanto, cuando los trabajadores protestan, se les acusa de perjudicar al ciudadano.

Pero un transporte público de calidad necesita también buenos profesionales, conductores con salarios dignos, descansos adecuados y horarios previsibles. La calidad del servicio y la calidad del empleo no son cuestiones separadas.

No podemos exigir autobuses puntuales mientras aceptamos condiciones laborales que dificultan la vida de quienes los conducen.

Y la huelga debería incomodar políticamente a los gobiernos responsables del servicio. No porque los trabajadores estén equivocados por hacer huelga. Al contrario, el derecho de huelga existe precisamente porque, cuando la negociación fracasa, los trabajadores necesitan una herramienta para defender sus derechos.

El problema es haber construido un modelo en el que un servicio esencial depende de intereses empresariales mientras las administraciones públicas continúan poniendo el dinero. El problema del PP no es defender la iniciativa privada, su problema comienza cuando confunde lo público con aquello que puede convertirse en negocio.

Cuando ve una residencia de mayores y piensa en una concesión. Cuando ve un autobús y piensa en un contrato. Cuando ve un servicio sanitario y piensa en una externalización. Eso no es gestionar lo público. Es renunciar a la capacidad de gestionar directamente aquello que pertenece a todos.

Porque un autobús no es solamente un vehículo. Es lo que permite a una persona mayor acudir al médico, a un estudiante llegar a clase, a un trabajador acudir a su puesto de trabajo o a una familia prescindir de un segundo vehículo.

Eso es valor público. Y eso también debería formar parte de la ecuación cuando hablamos de eficiencia. Así que, ¿Queremos un transporte público al servicio de los ciudadanos o un negocio privado financiado con dinero público?

Porque gobernar lo público no debería consistir en buscar quién puede hacer negocio con ello, sino en garantizar derechos.

Y eso se llama servicio público.

La Fuensantica ya está en la Catedral. Murcia ha cumplido, una vez más, con el ritual, miles de personas acompañando una imagen de madera por las calles de la ciudad, autoridades en primera fila y una institución pública que parece sentirse especialmente cómoda cuando religión y política caminan juntas.

Y aquí conviene hacer una precisión para que nadie confunda las cosas. El problema no es que los creyentes veneren a la Virgen. El problema es que los poderes públicos pretendan convertir esa devoción particular en una especie de ceremonia de carácter oficial de obligado cumplimiento simbólico.

Estamos en pleno siglo XXI. Han pasado casi cincuenta años desde que España dijo no al nacionalcatolicismo impuesto por la dictadura. Sin embargo, seguimos asistiendo a una escenificación institucional que parece sacada de otra época.

La Feria es de todos. También de quienes no creen en Dios. De quienes profesan otras religiones o de quienes consideran que una imagen religiosa es simplemente eso, una imagen.

Por eso resulta legítimo preguntarse qué tiene de devoción cristiana convertir el traslado de una figura de madera arriba y abajo de la ciudad en el gran acontecimiento institucional que abre nuestras fiestas.

Porque si hablamos de cristianismo, quizá deberíamos hablar menos de procesiones y más de su mensaje.

Jesús de Nazaret no dejó instrucciones sobre cómo organizar procesiones, ni sobre cómo adornar imágenes, ni sobre cómo colocar a las autoridades en primera fila. Habló de los pobres, de los excluidos, de los enfermos, de los emigrantes y de la obligación de amar al prójimo.

Eso sí es cristianismo.

Lo demás puede ser tradición, cultura, folklore o hasta fanatismo. Y todo ello merece respeto. Pero tampoco debemos confundir la tradición religiosa con la esencia del cristianismo. Y menos aún utilicemos la religión como decorado institucional.

Porque resulta bastante curioso contemplar a determinados dirigentes políticos participar solemnemente en actos religiosos mientras, fuera de las iglesias, la localidad continúa teniendo enormes problemas de acceso a la vivienda, falta de atención a nuestros mayores, desigualdad, precariedad laboral, exclusión social o la infinita mejora de los servicios públicos.

La publicidad es magnífica, autoridades, flores, solemnidad, música y un trono.

La pregunta es qué ocurre al día siguiente con las personas que no tienen una vivienda digna, con las familias que no llegan a fin de mes o con los jóvenes que tienen que marcharse porque aquí faltan oportunidades.

Mucho incienso y poca justicia social no parece precisamente el mejor resumen del Evangelio.

Murcia puede y debe conservar sus tradiciones. Nadie pretende negar cualquier manifestación religiosa, ni impedir que quien quiera venere una imagen o acompañe a la Fuensantica con todo el fervor que le provoque.

Lo que deberíamos exigir es algo mucho más sencillo, que las instituciones públicas entiendan que representan a todos. Porque la Virgen de la Fuensanta puede ser la patrona sentimental de quien quiera, pero no es de todos. El Ayuntamiento no tiene feligreses tiene ciudadanos.

Y esos ciudadanos vecinos de la localidad merecen unas fiestas plurales en honor de ellos, abiertas y verdaderamente de todos.

Quizá va siendo hora de que Murcia deje de confundir tradición con identidad, religión con cultura y devoción con política.

La Feria puede seguir teniendo huertos, barracas, pólvora, música y tradiciones taurinas. Pero una sociedad democráticamente avanzada debería ser capaz de celebrar sus fiestas sin necesidad de persignarse ante ellas.

No tengo perro. Pero me encantan. Y, precisamente, por eso creo que podemos hablar de ellos con naturalidad, sin caer ni en el rechazo a los animales ni en esa tendencia, cada vez más extendida, a tratarlos como si fueran personas.

La noticia de que en Espinardo se estrena un nuevo pipicán y de que la red municipal de Murcia supera ya los cincuenta espacios para perros puede parecer una cuestión menor. No lo es. Debería servir para abrir un debate que afecta a todos los ayuntamientos de la Región de Murcia.

Basta caminar por nuestras ciudades y pueblos para comprobar una realidad que muchos ciudadanos padecen diariamente, excrementos en las aceras, manchas de orina en esquinas, fachadas, puertas y mobiliario urbano, malos olores y un gasto permanente de los servicios municipales de limpieza, gasto que pagamos entre todos.

No se trata de criminalizar a quienes tienen perro. La mayoría los cuida, recoge sus excrementos y procura respetar las normas de convivencia. El problema está en quienes no lo hacen y, también, en que los ayuntamientos tienen que dedicar recursos públicos a mantener limpio un espacio que pertenece a todos.

Por eso creo que ha llegado el momento de que la Administración regional impulse un debate con los ayuntamientos sobre cómo financiar estos servicios.

¿Sería razonable establecer una tasa municipal por la tenencia de animales de compañía, especialmente perros, vinculada a los costes que generan determinados servicios públicos? Creo que, al menos, merece la pena estudiarlo.

No para castigar a quien tiene un perro ni para convertir a los animales en una fuente de ingresos. Tampoco para sustituir la obligación de recoger sus excrementos. La finalidad sería que quien decide tener un animal contribuya razonablemente a sufragar una parte de los servicios públicos específicamente relacionados con su tenencia.

La cuestión es que si hemos aceptado que quien visita temporalmente un territorio puede contribuir, mediante una tasa turística, a sufragar parte de los costes que genera su estancia, ¿por qué debería resultar tabú plantear que quien decide tener un animal de compañía contribuya también a sufragar una parte de los servicios públicos que esa tenencia genera de manera permanente?

No se trata de comparar a un turista con un perro, evidentemente. Se trata de aplicar un mismo principio de responsabilidad, quien genera una demanda específica sobre determinados servicios públicos puede contribuir razonablemente a su financiación.

La recaudación, además, debería tener un destino claro y transparente, limpieza de espacios públicos, mantenimiento de pipicanes, papeleras y dispensadores de bolsas, campañas de concienciación y vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas (esa es otra).

Porque una tasa nunca puede convertirse en una licencia para ensuciar. Quien no recoja los excrementos o permita que su animal orine sistemáticamente donde perjudica a los demás debe ser sancionado.

Y hay otra cuestión que conviene abordar sin complejos. Se viene observando que en muchos parques se ven ya más perros que niños. Eso refleja un profundo cambio social y demográfico. Podemos querer muchísimo a nuestros animales de compañía, protegerlos y garantizar su bienestar, pero un perro no es un niño. No tiene las mismas necesidades ni puede ocupar el mismo lugar en las prioridades de las políticas públicas.

Tratarlos como animales no significa tratarlos mal. Significa reconocer su naturaleza, respetar sus necesidades y, sobre todo, exigir a sus propietarios la responsabilidad que implica tenerlos.

La Comunidad Autónoma tiene aquí una responsabilidad. No necesariamente para imponer una tasa idéntica en todos los municipios, sino para estudiar los costes reales, ofrecer un marco jurídico adecuado y ayudar a los ayuntamientos a encontrar soluciones proporcionadas.

Queremos ciudades limpias, el bienestar animal y una convivencia respetuosa.

Pero la convivencia exige derechos y también obligaciones.

Tener un perro es una decisión personal. Asumir las responsabilidades y una parte razonable de los costes que esa decisión genera debería serlo también.

Hay una pregunta que la sociedad de la Región debería hacerse con serenidad, pero también con mucha exigencia política, ¿qué modelo de infraestructuras hemos construido después de tres décadas de gobiernos del Partido Popular?

Porque una cosa es reivindicar las infraestructuras que la Región de Murcia necesita, y necesita muchas, y otra muy diferente es convertir la reivindicación permanente en una estrategia política. El problema es que, después de tantos años de gobiernos del PP en San Esteban, resulta difícil seguir presentando a la Comunidad como una víctima permanente del Gobierno Central sin preguntarse también qué responsabilidad corresponde a quienes llevan décadas gobernándola.

El caso del aeropuerto de Corvera es probablemente el mejor símbolo de esa política. En 2018, el aeropuerto de San Javier cerró su último ejercicio completo con casi 1.300,000 pasajeros, llevaba 26 meses consecutivos creciendo.

Se decidió, sin embargo, sustituirlo por un nuevo aeropuerto en Corvera.

En 2025, el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia recibió 949.007 pasajeros. Es decir, todavía no ha recuperado de manera estable el volumen de viajeros que tenía San Javier cuando fue cerrado.

Y mientras tanto, a poco más de 45 minutos por carretera, El Altet cerró 2025 con 19,9 millones de pasajeros y en los siete primeros meses de 2026 ya ha superado los 12,4 millones.

No es una comparación menor. Es una diferencia de escala gigantesca.

Mientras el nuestro lleva años luchando por superar el millón de pasajeros, el de la provincia vecina necesita ampliar sus instalaciones con una inversión superior a 1.155 millones de euros para atender su crecimiento.

Y Corvera no ha sido como se nos prometió precisamente gratis. Una sentencia ha condenado a la Comunidad Autónoma a pagar 143,7 millones de euros más intereses, que elevan el impacto a unos 160 millones, por las inversiones realizadas por la anterior concesionaria.

Pero el aeropuerto es solo una pieza de un problema mucho más amplio.

Durante años hemos escuchado hablar del AVE, del Corredor Mediterráneo, de las conexiones con Cartagena, de la ZAL de Los Camachos, del Arco Norte, del Arco Noroeste, de las autovías que faltan y de las conexiones ferroviarias que nunca terminan de llegar.

Algunas de estas infraestructuras son competencia del Estado y sería absurdo negarlo. De hecho, sería injusto atribuir al Gobierno regional decisiones que corresponden exclusivamente al Ministerio de Transportes.

Pero precisamente por eso hay que exigir algo más a quienes gobiernan la Región: liderazgo, planificación y capacidad de negociación, no únicamente comunicados de protesta.

Porque gobernar no consiste en esperar cada mañana a que te resuelvan la papeleta para después salir a denunciar lo que falta.

Gobernar también es decidir qué infraestructuras son prioritarias, ordenar el territorio, coordinar a los municipios, impulsar suelo industrial y logístico, garantizar conexiones ferroviarias adecuadas con los principales centros de actividad y conseguir que las inversiones públicas respondan a una estrategia económica.

El ejemplo de Los Camachos resulta significativo. La Zona de Actividades Logísticas sigue siendo una asignatura pendiente y la propia Comunidad Autónoma aprobó inicialmente en 2025 su declaración como Actuación de Interés Regional.

Mientras tanto, el Puerto de Cartagena necesita conexiones ferroviarias y logísticas capaces de convertir su posición estratégica en actividad económica.

Eso es una política de infraestructuras. No basta con hacerse una fotografía reivindicando una autovía. Y decir que la Región de Murcia está discriminada.

Después de tres décadas de gobiernos del PP, la pregunta ya no puede ser únicamente qué ha hecho el Gobierno Central por la Región. También debemos preguntarnos qué ha hecho el Gobierno regional con las competencias, los recursos y las oportunidades que tenía a su alcance.

Porque existe una contradicción difícil de ocultar, el PP gobierna la Región y, sin embargo, continúa utilizando buena parte de las infraestructuras como si estuviera en la oposición.

Ahora bien, tampoco sería justo ignorar los avances recientes. El Gobierno central ha adjudicado en junio de 2026 el primer tramo del Arco Norte por 84,2 millones de euros y el Arco Noroeste ya está en servicio. Además, el Ministerio prevé concluir a finales de 2026 las obras del AVE entre Murcia y Almería, con una inversión que ya supera los 2.700 millones.

Precisamente por eso sería conveniente abandonar la política del agravio permanente.

La Región no necesita una guerra institucional entre gobiernos. Necesita una estrategia regional de comunicaciones para las próximas décadas.

Una estrategia que responda a una pregunta elemental: ¿qué infraestructuras necesitamos para que la Región sea más competitiva, más sostenible y esté mejor conectada con España y Europa?

Porque una infraestructura no se justifica porque sea grande, espectacular o permita inaugurarla con una placa.

Se justifica porque resuelve un problema, conecta personas, facilita la actividad económica y mejora la vida de los ciudadanos.

Y esa debería ser la vara de medir.

El aeropuerto de Corvera nos deja una lección que no deberíamos olvidar, construir una infraestructura no es lo mismo que construir una política de infraestructuras.

Después de tantos años de gobiernos del Partido Popular, quizá ha llegado el momento de dejar de contar las infraestructuras que nos prometieron y empezar a evaluar las que realmente necesitábamos, las que realmente tenemos y, sobre todo, cuánto nos han costado.

Porque no queremos más populismo, necesitamos una política de infraestructuras.

Han pasado cincuenta años desde la perdida de Fofó y, sin embargo, para muchos de nosotros sigue siendo una presencia cercana. No por ser historia de la televisión, sino porque forma parte de los recuerdos más felices de nuestra infancia.

Los niños de hoy tienen cientos de canales, plataformas y pantallas. Nosotros teníamos menos cosas, pero quizá por eso algunas dejaron una huella más profunda. Fofó entraba cada día en nuestras casas con una sonrisa, una canción y una forma de entender el entretenimiento que no necesitaba grandes artificios para llegar al corazón infantil.

Recordarlo es también reivindicar la figura del payaso, un oficio tan antiguo como noble y, a menudo, infravalorado. Hacer reír parece sencillo cuando se hace bien, pero exige talento, sensibilidad y una extraordinaria capacidad para conectar con los demás. Los grandes payasos no solo provocan carcajadas; acompañan, consuelan y ayudan a mirar la vida con más esperanza. Fofó pertenecía a esa categoría de artistas capaces de convertir la ternura en un lenguaje universal.

Recuerdo perfectamente la tristeza que sentí cuando murió. Era un niño y lo viví como si hubiera perdido a alguien de mi propia familia. Puede parecer exagerado visto desde fuera, pero quienes crecimos con él lo entenderán. Fofó era el líder de un grupo payasos que aparecía en la televisión, era una compañía cotidiana, un rostro familiar que asociábamos con la alegría.

También recuerdo la inauguración de la estatua de Fofó en el parque que lleva su nombre en Murcia. Aquel día acudieron Gaby, Miliki y Fofito para rendir homenaje a quien había hecho reír y cantar a varias generaciones de españoles. Había tanta expectación que nos subimos al tejado de la cantina para poder ver. Son imágenes que el tiempo no ha borrado y que siguen formando parte de mis recuerdos más queridos.

Hay memorias que se desvanecen y otras que permanecen intactas. A mí me ocurre cada vez que escucho 'Susanita tiene un ratón'. Han pasado décadas desde aquellas tardes de infancia y, sin embargo, sigo emocionándome. No es únicamente la canción. Es todo lo que viene con ella, la inocencia de aquellos años, la felicidad sencilla de la niñez y el recuerdo de quien nos enseñó a cantar sonriendo.

Es cierto que aquellas canciones reflejan una sociedad muy distinta a la actual y contienen referencias que hoy pueden parecer anacrónicas. Los tiempos cambian y es lógico que también cambie nuestra forma de interpretar ciertas letras. Pero reducir el legado de Fofó a una lectura exclusivamente contemporánea sería injusto. Aquellas canciones fueron hijas de su tiempo. Quienes las escuchábamos de niños no buscábamos modelos sociales, encontrábamos imaginación, alegría y momentos compartidos con nuestras familias.

Podemos observar el pasado con espíritu crítico sin renunciar al afecto que sentimos por él. La nostalgia no consiste en desear que el mundo vuelva a ser como era, sino en recordar con cariño aquello que nos hizo felices.

Quizá esa sea la verdadera grandeza de Fofó. No haber sido una estrella de la televisión, sino haber conseguido algo mucho más difícil, ocupar un lugar permanente en la memoria de millones de niños que hoy son sesentones. En Ulea, donde nació durante una gira de la familia Aragón, y en Murcia, donde una estatua recuerda su figura, su recuerdo sigue vivo.

Porque hay personas que pasan a la historia y otras que permanecen en el corazón de la gente. Medio siglo después de su partida, la sonrisa de Fofó sigue acompañando a quienes un día fuimos niños y aprendimos, de su mano, que la alegría también puede ser una forma de cariño.

He leído que el consejero de Educación de la Administración Regional atribuye las dificultades para climatizar los colegios a las limitaciones de las instalaciones eléctricas. Puede que técnicamente tenga razón. Sin embargo, para muchos padres y madres que llevamos años viendo cómo se posponen soluciones imprescindibles, esa explicación suena más a justificación que a respuesta.

Mi hija comenzó su escolarización en el colegio público La Arboleda, en el barrio de La Flota de Murcia. Era un centro nuevo, a estrenar, una infraestructura que debía representar la apuesta por la educación del futuro. Sin embargo, la realidad fue muy distinta.

El aire acondicionado no llegó gracias a la Consejería de Educación. Llegó gracias al esfuerzo económico de las familias a través del AMPA, después de sucesivas negativas de la administración. Y no fue la única carencia. También tuvimos que adquirir una fotocopiadora para que el profesorado pudiera desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas.

La implicación de las familias fue aún más lejos. Con la colaboración de la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia se consiguieron árboles jóvenes para mejorar los espacios con sombra en el patio del centro. Los padres los plantamos y, además, instalamos un sistema de riego por goteo para garantizar su mantenimiento.

No cuento esto para reivindicar el compromiso de las familias, que siempre ha existido y siempre existirá. Lo cuento porque revela una realidad incómoda, en demasiadas ocasiones los padres terminan cubriendo necesidades que deberían estar garantizadas por la administración pública.

Por eso resulta difícil aceptar que, años después, se sigan esgrimiendo obstáculos técnicos como principal explicación. Las limitaciones eléctricas no aparecieron de repente. El aumento de las temperaturas tampoco. Los episodios de calor extremo son cada vez más frecuentes y llevan años siendo una evidencia para cualquier docente, alumno o familia.

Además, resulta inevitable comparar esta situación con la de muchos centros concertados. Aunque también forman parte del sistema educativo sostenido con fondos públicos, en numerosos casos cuentan con mayores márgenes para acometer mejoras o responder con más rapidez a determinadas necesidades. Mientras tanto, en algunos colegios públicos las familias se ven obligadas a suplir carencias básicas que deberían estar cubiertas desde el primer momento.

La cuestión no es si existen dificultades técnicas. Claro que existen. La verdadera cuestión es por qué no se planificaron antes las inversiones necesarias para resolverlas. Gobernar consiste precisamente en anticipar los problemas y dotar de recursos a los servicios públicos para afrontarlos.

La educación pública no puede depender de la capacidad económica, del tiempo libre o del nivel de organización de las familias de cada centro. Un colegio debe disponer de instalaciones adecuadas porque es un derecho de los alumnos y una obligación de la administración, no porque un AMPA consiga reunir fondos suficientes.

Si queremos que las familias elijan libremente entre educación pública y concertada en condiciones de igualdad, la red pública debe ofrecer unas infraestructuras dignas y adecuadas sin depender de iniciativas extraordinarias de padres y madres. De lo contrario, la comparación acaba siendo inevitable y, en muchos casos, injusta para quienes apuestan por la escuela pública.

Cuando un responsable político explica lo que no puede hacerse, los ciudadanos esperan escuchar también cuándo se hará y cómo se hará. Porque las excusas, por muy técnicas que sean, no bajan la temperatura de las aulas.

Y los alumnos y los maestros siguen siendo quienes soportan el calor.

Las reflexiones que estos días se están produciendo en el seno del PSRM son una buena noticia. Un partido vivo es un partido que debate, que escucha y que se pregunta constantemente cómo servir mejor a la sociedad a la que aspira a representar.

La Región de Murcia afronta desafíos enormes: el acceso a la vivienda, la calidad del empleo, la sostenibilidad del modelo productivo, la defensa de los servicios públicos, la financiación autonómica o la lucha contra las desigualdades. Ante estos retos, la pregunta que debemos hacernos no es sólo qué partido lidera la oposición, sino cómo construimos una mayoría social capaz de impulsar un cambio político.

Desde mi punto de vista, existe una idea que merece ser discutida con serenidad y ambición: la unidad de la izquierda.

No hablo de refundar un nuevo partido. Tampoco de diluir la identidad de ninguna organización política. Hablo de algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, más transformador: construir un espacio común capaz de sumar fuerzas, talento y compromiso alrededor de un proyecto compartido para la Región de Murcia.

Y en mi humilde opinión, los y las socialistas debemos ser quienes impulsemos ese proceso. No mirando a nadie por encima del hombro, sino desde la responsabilidad que nos corresponde como principal fuerza progresista de la Región. La ciudadanía no entiende muchas veces las divisiones, las siglas enfrentadas o las disputas entre organizaciones que comparten objetivos fundamentales. Lo que espera es que quienes defienden políticas progresistas sean capaces de entenderse para mejorar la vida de la gente.

La experiencia demuestra que la fragmentación debilita las posibilidades de construir una alternativa de gobierno. Cuando las energías se concentran en competir dentro del mismo espacio político, se pierde fuerza para disputar la mayoría social necesaria para transformar la realidad.

Por eso creo que debemos explorar fórmulas innovadoras de participación y cooperación. Una candidatura amplia, plural, abierta y democrática podría ser una herramienta útil para sumar sensibilidades distintas sin que nadie tenga que renunciar a su identidad. Una lista abierta y desbloqueada permitiría además que la ciudadanía tuviera una mayor capacidad de decisión sobre quiénes la representan.

Pero la unidad no puede ser únicamente una suma electoral. Debe construirse sobre ideas, propuestas y un proyecto compartido. La unidad por sí sola no genera ilusión; la ilusión nace cuando existe una visión clara de futuro y cuando la ciudadanía percibe que hay una alternativa creíble para gobernar.

El verdadero debate no es cómo repartimos espacios políticos. El verdadero debate es cómo construimos una mayoría social que devuelva la esperanza a quienes desean una Región más justa, más próspera y más igualitaria.

La unidad de la izquierda no debe ser un fin en sí mismo. Debe ser el instrumento para poner en marcha el cambio que la Región de Murcia necesita. Y ese es un debate que merece la pena abrir.

¿Por qué una medida de regeneración democrática aprobada por unanimidad en 2014 dejó de ser necesaria justo cuando empezó a afectar al presidente de la Comunidad Autónoma?

Hace doce años, la Asamblea Regional alcanzó uno de esos consensos que deberían trascender las coyunturas partidistas. Todos los grupos políticos coincidieron en que la Presidencia de la Comunidad Autónoma debía estar limitada a dos mandatos. No se trataba de una ocurrencia ni de un gesto simbólico. Era un valor democrático elemental: las instituciones son más importantes que las personas que las ocupan.

La lógica. Limitar los mandatos favorece la renovación política, evita la excesiva concentración de poder y obliga a los partidos a formar nuevos liderazgos. En definitiva, fortalece la calidad democrática de las instituciones.

Sin embargo, en 2021 aquel consenso saltó por los aires. La limitación fue eliminada en uno de los momentos políticos más convulsos de la historia reciente de la Región de Murcia. La fallida moción de censura contra el Gobierno autonómico desembocó en una reconfiguración de las mayorías parlamentarias y en una legislatura marcada por el transfuguismo político. Fue en ese contexto cuando se derogó una de las principales medidas de regeneración democrática aprobadas por la Asamblea Regional.

Aquello fue legal. Políticamente, resulta mucho más que discutible.

Porque la cuestión sigue siendo la misma, ¿qué había cambiado entre 2014 y 2021 para justificar la eliminación del límite de mandatos?

No hubo una movilización ciudadana reclamando su desaparición. No existía un problema institucional que resolver. No se presentó ningún estudio que demostrara que aquella medida había sido un fracaso. Lo único que había cambiado era una circunstancia evidente: el límite empezaba a tener consecuencias reales para quien ocupaba la Presidencia de la Comunidad Autónoma.

Fernando López Miras fue el principal beneficiario político de aquella reforma. Es una constatación objetiva. Sin la modificación legal aprobada en 2021, su horizonte político habría estado condicionado por una norma que el propio Partido Popular había respaldado años antes.

Precisamente por eso resulta necesario reabrir el debate.

La actual legislatura ofrece una oportunidad para recuperar una medida que nunca debió desaparecer. Si en 2021 existió una mayoría parlamentaria para eliminar el límite de mandatos, hoy puede existir otra mayoría para restablecerlo. Y debería hacerlo mediante el procedimiento de urgencia para que la reforma pueda entrar en vigor antes de las próximas elecciones autonómicas.

Algunos argumentarán que la propuesta busca impedir una futura candidatura de López Miras. Pero ese enfoque invierte el orden lógico de las cosas. Las leyes no deben diseñarse para favorecer ni para perjudicar a una persona concreta. Deben responder a principios generales y permanentes.

Y el principio que inspiró la reforma de 2014 sigue siendo válido hoy.

Ninguna democracia pierde calidad por limitar los mandatos de sus máximos responsables. Al contrario. Las limitaciones al poder forman parte de la esencia misma del constitucionalismo democrático. Existen límites presupuestarios, límites competenciales, límites temporales y mecanismos de control precisamente porque la concentración prolongada de poder nunca ha sido una buena noticia para las instituciones.

Quienes defienden la eliminación del límite suelen afirmar que deben ser exclusivamente los ciudadanos quienes decidan en las urnas. Pero las democracias modernas no funcionan únicamente sobre la base de la voluntad electoral. También descansan sobre reglas destinadas a garantizar el equilibrio institucional y la renovación de los liderazgos.

La Región de Murcia ya comprendió esa realidad en 2014. Por eso la limitación de mandatos fue aprobada por unanimidad.

Hoy, más de una década después, la pregunta sigue siendo pertinente. Si aquella medida era buena para la regeneración democrática entonces, ¿por qué dejó de serlo cuando empezó a afectar al presidente en ejercicio?

La Asamblea Regional tiene la posibilidad de corregir aquella decisión. No para ajustar cuentas con nadie. No para alterar artificialmente la competencia electoral. Sino para recuperar un consenso democrático que nunca debió romperse.

La cuestión no es quién ocupa hoy el Palacio de San Esteban. La cuestión es qué reglas queremos que rijan nuestras instituciones en el futuro.

Y si dos mandatos eran suficientes en 2014 para proteger la calidad democrática de la Región de Murcia, cuesta entender por qué no habrían de serlo también en 2027.

En España se ha instalado una idea, pero cada vez más difícil de negar: la justicia es un desastre. Y una justicia que no ágil no es justicia, es otra cosa.

El principio de igualdad ante la ley, recogido en la Constitución Española, sigue siendo incuestionable en el papel. Pero en la práctica convive con una realidad que lo desmiente a diario: procedimientos interminables, macrocausas que se alargan durante más de una década y decisiones que llegan cuando el caso ya ha perdido todo impacto social o político.

El resultado es corrosivo.

Las grandes causas de corrupción se han convertido en el espejo más incómodo del sistema. Instrucciones eternas, recursos encadenados, piezas separadas, agendas imposibles. Y mientras tanto, una sensación creciente en la ciudadanía: la justicia no resuelve, administra el tiempo hasta que el tiempo resuelve por ella.

La Región de Murcia es un ejemplo difícil de ignorar. El procedimiento de la desaladora de Escombreras, en el que figura el expresidente autonómico Ramón Luis Valcárcel, simboliza esa deriva, lleva judicializado e investigado más de 15 años y se prevé que la vista oral se celebre en septiembre de 2027. No importa solo el desenlace judicial, que llegará cuando llegue, sino el efecto acumulado: años de procedimiento que se traducen en años de desgaste institucional. Y ese desgaste, una vez producido, ya no se revierte.

Porque aquí está el núcleo del problema: la desigualdad no siempre está en la sentencia, sino en el camino hasta ella. No todos los ciudadanos pueden sostener años de litigio. No todos pueden pagar la espera. No todos pueden resistir el proceso. La igualdad formal existe; la material, no siempre.

Y a esa desigualdad se suma otro elemento igual de dañino: la politización percibida del sistema. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su renovación convertida en conflicto partidista permanente han convertido un órgano clave en parte del problema en lugar de parte de la solución. Aunque la independencia judicial individual exista, la arquitectura institucional proyecta una sospecha constante.

El resultado es devastador: la justicia pierde autoridad sin necesidad de dejar de funcionar. Basta con que funcione demasiado despacio, demasiado tarde y demasiado lejos del ciudadano.

Porque una justicia lenta no es una justicia imperfecta. Es una justicia que deja de cumplir su función principal: ser creíble.

Y cuando la justicia deja de ser creíble, no se resiente solo el sistema judicial. Se resiente la democracia.

Cada vez que se conoce la condena a un sacerdote por abusos sexuales a menores, el debate público parece seguir un ritual ya conocido: un titular, un rato de indignación y una rápida vuelta a la normalidad. Como si estuviéramos ante una anomalía aislada y no frente a una patología institucional que lleva décadas repitiéndose.

Esta semana, un nuevo caso en la Región Murcia vuelve a dejar una sensación difícil de ignorar. Cinco años de prisión. La discusión inmediata gira, como siempre, en torno a si la pena es suficiente o insuficiente. Pero centrarse únicamente en esa cifra es quedarse en la superficie del problema.

La verdadera cuestión es más delicada: ¿por qué delitos de esta gravedad, cuando son cometidos por miembros de la Iglesia, no generan una exigencia social sostenida proporcional al daño causado?

No hablamos de un ciudadano cualquiera investido accidentalmente de confianza. Hablamos de personas que ocupan posiciones de autoridad moral, cercanía con menores y legitimidad social construida precisamente sobre una supuesta superioridad ética. El abuso no es solo físico o psicológico; es también una demolición de la confianza depositada en una institución que durante siglos ha reclamado autoridad sobre la educación moral de la sociedad.

Y, sin embargo, el patrón se repite. Se individualiza al culpable, se encapsula el caso y se evita mirar el marco general. Un sacerdote concreto. Una parroquia concreta. Un episodio concreto. Como si el problema fueran únicamente determinadas “manzanas podridas” y no una cultura histórica de opacidad, corporativismo y protección reputacional.

La Iglesia lleva de siempre gestionando los abusos con una lógica reconocible: minimizar el escándalo, contener el daño mediático y presentar cada nueva condena como una excepción lamentable. Mientras tanto, las víctimas cargan durante años, a menudo décadas, con secuelas que ningún calendario penal puede medir.

Aquí no basta con celebrar que “la justicia actúa”. La justicia llega, demasiadas veces, tarde, fragmentada y después de años de silencio. Y cuando por fin llega, el foco público dura menos que cualquier polémica política semanal.

Ese es el verdadero escándalo democrático: la anestesia social.

Resulta difícil imaginar semejante contención pública si una institución cualquiera acumulase durante décadas casos de abuso a menores, dinámicas internas de silencio y resistencias sistemáticas a la rendición de cuentas. Pero la Iglesia sigue beneficiándose de una especie de blindaje cultural residual, una deferencia heredada que opera incluso en sociedades formalmente secularizadas.

Una sociedad democráticamente madura debería exigir más, no menos, a quienes se presentan como referentes morales. Más transparencia, más responsabilidad y una conversación pública menos cómoda.

Y hay una contradicción especialmente obscena en todo esto. La misma institución que históricamente ha pretendido intervenir en debates públicos sobre familia, sexualidad, educación afectiva o moral privada sigue arrastrando un historial devastador de abusos y respuestas insuficientes frente a ellos. Durante décadas se ha arrogado autoridad para decirle a la sociedad cómo vivir, cómo educar a sus hijos y qué valores defender, mientras en su interior demasiadas veces se protegía el silencio antes que a las víctimas.

Quizá por eso el escándalo no es únicamente penal, sino profundamente político y cultural. Porque no hablamos solo de delitos individuales, sino de una estructura que durante demasiado tiempo ha disfrutado de legitimidad social sin asumir plenamente el coste de sus propias contradicciones.

El problema no son solo cinco años. El problema es todo lo que todavía permite que cinco años sean la única cifra de la que terminamos hablando.

En la Región de Murcia, el agua hace años que dejó de ser solo un recurso. Es un argumento político, una bandera electoral y, en demasiadas ocasiones, una excusa para no afrontar decisiones incómodas. Y en ese terreno, el Partido Popular ha sido especialmente eficaz construyendo un relato políticamente rentable, pero que cada vez está más alejado de la realidad.

El lema 'Agua para todos' fue una pieza maestra de comunicación política. Sencillo, emocional y fácil de repetir. El problema es que partía de una premisa embustera: que el agua es un recurso disponible que solo necesita ser mejor repartido. Como si la hidrología dependiera del BOE.

El Partido Popular es el eje de ese discurso. Pero también su límite. Porque no es una tubería mágica: depende de la situación real de otra cuenca, con sus propias sequías, sus propios usos y sus propios límites. Y cuando el agua no está, no hay presión política que la cree.

Aun así, durante años se ha insistido en presentar el problema como si fuera exclusivamente externo. Como si todo se resolviera con más trasvases, más obras y más voluntad. Mientras tanto, se ha evitado entrar en un debate que incomoda: el de los límites del modelo de explotación agrícola en el sureste.

En ese contexto, el papel del Sindicato Central de Regates del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) no puede analizarse como si fuera un actor neutro. Actúa como un lobby político y es legítimo que defienda los intereses de sus asociados. Lo discutible es que su discurso haya funcionado durante años como prolongación del relato político dominante: más agua siempre, venga de donde venga, cueste lo que cueste, y resulta que cuando sobra en una parte es porque no falta en otra.

Pero el problema es que no todo vale. En los últimos años, distintas actuaciones administrativas y denuncias han señalado la existencia de regadíos sin autorización, extracciones irregulares de acuíferos y ampliaciones de superficie no ajustadas a la planificación hidrológica. No son casos anecdóticos en el debate público, sino síntomas de un modelo que en algunos puntos ha ido por delante de las reglas que lo deberían ordenar.

Y eso tiene consecuencias. Porque cuando se exige más agua mientras se estira el sistema por encima de sus límites, el resultado no es estabilidad: es tensión permanente. Tensión entre cuencas, entre territorios y dentro del propio modelo productivo.

La paradoja es que, mientras se mantiene el discurso de la escasez externa, la solución que durante años se despreciaba, la desalación, se ha convertido en imprescindible. No por convicción, sino por necesidad. Y aun así, el debate sigue atrapado en las mismas trincheras de hace décadas.

Quizá el problema del agua en la Región no sea solo técnico ni solo político. Quizá sea, sobre todo, un problema de honestidad. Porque es más fácil prometer lo imposible que asumir los límites. Y más rentable señalar fuera que mirar dentro.

Pero el agua no responde a estrategias de comunicación. Responde a la física, a la climatología y a la gestión real de los recursos disponibles. Y cuanto más tarde se asuma eso, más caro será el ajuste.

Hay que decirlo sin rodeos: la Región de Murcia no puede seguir construyendo su futuro sobre la dependencia del trasvase, reducir esa dependencia no es una renuncia. Es la única forma de garantizar la estabilidad.

En Murcia llevamos décadas aceptando una contradicción que apenas se discute: consideramos el transporte urbano un servicio público esencial, pero su gestión sigue en manos privadas. Y no pasa nada… hasta que pasa.

La reciente decisión del Tribunal Central de Recursos Contractuales de tumbar la licitación del nuevo contrato de autobuses no es solo un tropiezo administrativo. Es el síntoma de un modelo que hace aguas: contratos complejos, recursos constantes, retrasos acumulados y una sensación generalizada de que el servicio nunca termina de estar a la altura.

Durante años, el debate público ha defendido, con razón, la importancia de blindar la sanidad o la educación. Pero rara vez se aplica ese mismo criterio a otros servicios que también son públicos por ley y por sentido común. El transporte urbano es uno de ellos.

Porque no hablamos de un servicio cualquiera. Hablamos de cómo se mueve una ciudad, de quién puede acceder a su trabajo, de si vivir en una pedanía es una desventaja o no. Hablamos, en definitiva, de igualdad, de favorecer la gestión del tiempo, de calidad de vida.

El modelo concesional tiene lógica sobre el papel: el Ayuntamiento fija condiciones y una empresa especializada presta el servicio. Pero en la práctica, ese equilibrio se rompe con facilidad. Cuando el contrato falla, todo falla. Cuando el diseño es defectuoso, las consecuencias duran años. Y cuando hay conflictos, el margen de maniobra pública es limitado.

Frente a esto, la gestión directa mediante una empresa pública no es una utopía ni una rareza. Es, de hecho, el modelo habitual en muchas ciudades. Barcelona y Madrid gestionan su red a través de empresas públicas, una empresa 100% municipal que ha sido capaz de modernizar su flota y asumir un papel clave en la movilidad urbana. Europa, urbes como Nantes o Rennes de un tamaño medio a la de nuestra ciudad hacen lo propio, donde incluso los estudios han mostrado que la gestión pública puede ser más eficiente que la privada en determinadas condiciones.

Tal vez no sean sistemas perfectos, pero funcionan. Y, sobre todo, responden a una lógica distinta: la del servicio, y no a la del beneficio.

Eso no significa ignorar los riesgos. Crear una empresa pública exige inversión, planificación y una gestión profesional que evite caer en ineficiencias o en el cortoplacismo político. Pero seguir como hasta ahora también tiene costes, aunque sean menos visibles: dependencia, rigidez contractual y una mejora del servicio que siempre parece aplazarse.

La cuestión de fondo no es ideológica, sino de coherencia. Si defendemos que ciertos servicios deben garantizarse desde lo público por su impacto en la vida de la gente, esa defensa no puede quedarse a medias. No puede limitarse a algunos ámbitos mientras en otros aceptamos modelos que, una y otra vez, generan problemas estructurales.

Murcia tiene ahora una oportunidad, aunque venga de la mano de un revés jurídico. Más allá de rehacer un contrato, quizá ha llegado el momento de replantear el modelo.

Porque si por ley la competencia y la gestión del servicio de transporte es público, la pregunta es inevitable: ¿por qué no lo prestamos como tal?

En la política murciana hay anomalías que, con el paso del tiempo, dejan de escandalizar y empiezan a parecer normales. El transfuguismo es una de ellas. Lo que debería provocar un rechazo inmediato, que un cargo electo abandone el partido con el que se presentó a las elecciones y utilice su escaño para alterar mayorías parlamentarias, se ha ido aceptando con una inquietante naturalidad. En pocos lugares se percibe con tanta claridad como en el laboratorio de la Región de Murcia.

La crisis interna en Vox vuelve a colocar sobre la mesa un escenario que en cualquier democracia mínimamente exigente resultaría inaceptable, pero que aquí se analiza con fría aritmética parlamentaria, a López Miras le bastarían dos diputados para aguantar hasta mayo de 2027.

La aprobación de los presupuestos y la estabilidad del Ejecutivo dependen de apoyos externos cada vez más inciertos. En ese contexto, la ruptura de apenas dos diputados de Vox bastaría para convertir una minoría parlamentaria en una mayoría funcional.

El debate público ya no gira en torno a si sería legítimo alterar la voluntad expresada en las urnas mediante tránsfugas. La discusión se limita a valorar si la operación sería viable o conveniente. El transfuguismo ha dejado de ser un problema democrático para convertirse en una variable estratégica.

La Región de Murcia conoce bien este mecanismo. En 2021, una moción de censura impulsada por el partido que ganó las elecciones autonómicas del 2019 parecía destinada a desalojar al Partido Popular del gobierno regional. La operación se desplomó cuando Ciudadanos, quien le facilitó la investidura a López Miras, siete de sus diputados, entre ellos nada más y nada menos que el Presidente de la Asamblea Regional, abandonaron la disciplina de su partido y con alguna prebenda terminaron sosteniendo al Ejecutivo de López Miras. Aquella maniobra convirtió el Parlamento murciano en el ejemplo más visible de cómo un puñado de escaños puede deshacer en unos días lo que los votantes decidieron en las urnas.

Lo más llamativo es que estas prácticas no ocurren en un vacío político. La Comunidad Autónoma de Murcia es una región donde las redes de poder informal, empresariales, religiosas, universitarias han tenido históricamente una influencia considerable en la vida pública. Durante años, uno de esos polos de influencia giró en torno a la UCAM y a la figura de su fundador, el empresario ya fallecido José Luis Mendoza.

Mendoza no solo construyó una universidad privada; también articuló un entorno social y político lleno de privilegios con capacidad de proyectarse en distintos ámbitos de la vida pública murciana. Dentro de ese ecosistema se ha desarrollado parte de la trayectoria política de dirigentes como, Antelo ferviente discípulo después de abandonar el baloncesto y uno de sus yernos.

Las redes de influencia rara vez desaparecen cuando cambian las siglas partidistas. Simplemente se adaptan.

Pero el problema de fondo no es quién pueda protagonizar un eventual transfuguismo ni quién pueda beneficiarse de él. El problema es que el sistema político murciano lleva décadas reconociendo formalmente que el transfuguismo es una práctica nociva y, al mismo tiempo, tolerándolo cuando resulta útil.

El llamado Pacto Antitransfuguismo nació precisamente para evitar que los partidos utilizaran deserciones individuales para alterar mayorías institucionales. En teoría, todas las fuerzas políticas lo respaldan. En la práctica, su cumplimiento suele evaporarse cuando la aritmética parlamentaria empieza a apretar.

La Región de Murcia se ha convertido demasiadas veces en el laboratorio donde estas contradicciones se hacen visibles. Cada nuevo episodio rebaja un poco más el umbral de tolerancia democrática. Cada nuevo caso de transfuguismo se discute menos en términos éticos y más en términos de oportunidad política.

Y ese desplazamiento del debate es, quizá, la señal más preocupante de todas.

Si la estabilidad de un gobierno depende de convencer a uno o dos diputados para que abandonen el partido con el que fueron elegidos, el problema no es solo la fragilidad parlamentaria. El problema es haber aceptado que los escaños pueden transformarse en piezas intercambiables dentro de un mercado político.

Cuando una democracia llega a ese punto, el transfuguismo deja de ser una anomalía. Se convierte en sistema.

En la Región de Murcia se habla de “sistema educativo sostenido con fondos públicos” como si fuera una realidad homogénea. No lo es. En la práctica, existen dos redes: una pública y otra concertada. Ambas financiadas con dinero público, pero no sometidas a las mismas condiciones ni con los mismos resultados.

Los datos son conocidos, aunque pocas veces se ponen en el centro del debate: la escuela pública concentra mucho más alumnado de origen extranjero, familias con menos recursos y estudiantes con mayores necesidades educativas. La concertada, en cambio, mantiene en general perfiles más homogéneos.

No es casualidad. Es el resultado.

Durante décadas, la política educativa en la Región de Murcia por parte del Partido Popular ha apostado por sostener y ampliar la red concertada mientras la escuela pública ha tenido que absorber más presión con menos recursos relativos. No hace falta buscar grandes declaraciones: basta con observar cómo ha evolucionado el sistema.

En barrios como La Flota en la ciudad de Murcia, esta dualidad se ve con claridad. La concertada no solo está presente: en algunos casos iguala o supera a la pública. Pero la diferencia no está solo en el número de centros, sino en quién acaba en cada uno de ellos.

Las cuotas “voluntarias”, determinados proyectos educativos o dinámicas de admisión actúan como filtros silenciosos. No excluyen de forma explícita, pero sí ordenan. Y lo hacen siempre en la misma dirección.

El resultado es un sistema que, bajo la apariencia de libertad de elección, termina separando al alumnado por origen social.

Y aquí es donde la cuestión deja de ser técnica y pasa a ser política.

Porque cuando un sistema financiado con dinero público no garantiza una distribución equilibrada del alumnado, no estamos ante una simple diferencia de modelos. Estamos ante una forma de organizar la desigualdad.

Se puede defender la existencia de la concertada. Lo que resulta más difícil es justificar que, con fondos públicos, funcione como una red paralela que no asume las mismas responsabilidades.

Hablar de esto no es ideología. Es describir lo que ocurre.

Y en la Región de Murcia, lo que ocurre es que no hay un solo sistema educativo. Hay dos. Y no juegan con las mismas reglas.

El Ejecutivo regional asegura no oponerse a la subida del SMI, pero su batería de objeciones legales y técnicas revela una estrategia política clara: ralentizar, cuestionar y, en la práctica, debilitar una de las pocas herramientas eficaces contra la precariedad. Hay una forma muy reconocible de oponerse a los avances sociales sin decirlo abiertamente: no negar el objetivo, pero sí discutir cada paso necesario para alcanzarlo. Eso es exactamente lo que está haciendo el Gobierno regional con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El argumento oficial, no estamos en contra de la subida, sino de cómo se aplica, suena razonable en la superficie. Pero cuando se examina de cerca, se convierte en una coartada. Porque en política, cuestionar sistemáticamente el procedimiento es, en la práctica, una forma eficaz de bloquear el resultado.

El Ejecutivo autonómico habla de “vulneración de la legalidad”, de “jerarquía normativa” y de “debilitamiento de la negociación colectiva”. Conceptos jurídicos complejos que, sin embargo, contrastan con una realidad mucho más simple: miles de trabajadores en la Región de Murcia siguen atrapados en salarios bajos, convenios bloqueados y una precariedad estructural que no se resuelve sola.

Resulta difícil tomarse en serio la defensa de la negociación colectiva cuando esta lleva años fallando precisamente en los sectores más vulnerables. ¿Dónde estaba esa preocupación institucional cuando los convenios no se actualizaban o cuando los sueldos quedaban por debajo de lo necesario para vivir con dignidad? Apelar ahora a ese marco como escudo frente al SMI no parece una defensa del diálogo social, sino un intento de preservar un statu quo claramente insuficiente.

Lo que está en juego no es solo un debate técnico, sino un modelo de sociedad. El SMI representa una línea roja: el mínimo que una economía considera aceptable para vivir. Y en contextos donde el mercado laboral no corrige por sí mismo las desigualdades, cuestionar esa herramienta equivale a asumir, aunque no se diga explícitamente, que hay trabajadores que pueden seguir cobrando por debajo de ese umbral.

Además, el énfasis en aspectos como si el cálculo debe basarse en el IPC o en otros indicadores económicos introduce una falsa neutralidad técnica. No es un debate inocente. Es una forma de desplazar la discusión lejos de su núcleo político: quién gana y quién pierde con cada decisión.

Mientras tanto, sindicatos como UGT y CCOO han señalado algo incómodo pero evidente: más de 150.000 personas en la Región dependen directamente del SMI. Para ellas, este no es un debate jurídico ni académico. Es una cuestión de supervivencia cotidiana.

En este contexto, la postura del Gobierno regional no puede leerse como una mera discrepancia técnica. Es una toma de posición política. Y como tal, conviene nombrarla sin rodeos: poner en cuestión el SMI en los términos actuales significa, de facto, alinearse con quienes prefieren salarios más bajos y menor intervención pública.

La pregunta, por tanto, no es si se está a favor o en contra de la subida en abstracto. La pregunta es si se está dispuesto a asumir las consecuencias reales de frenarla, diluirla o condicionarla hasta vaciarla de contenido. Porque a estas alturas, lo que está en juego no es el procedimiento. Es la dignidad.

El Alcalde de Murcia pretende inaugurar el próximo 26 de marzo la segunda fase de rehabilitación con una gran exposición. La operación se presenta como un éxito de recuperación patrimonial y un paso más para convertir el edificio en un espacio cultural de referencia. Sin embargo, tras el discurso institucional hay una ausencia difícil de justificar: el espacio de Memoria Democrática que exige su declaración oficial como Lugar de Memoria sigue sin existir.

No se trata de un detalle menor ni de una cuestión simbólica que pueda resolverse con una placa o un panel improvisado. La declaración de la Cárcel Vieja como Lugar de Memoria Democrática implica obligaciones claras: preservar el significado histórico del lugar, explicar públicamente lo que allí ocurrió y dignificar a las víctimas de la represión.

La memoria no es un adorno que pueda añadirse después de inaugurar el edificio. Forma parte esencial de su identidad.

Porque la Cárcel Vieja no es un contenedor cultural cualquiera. Durante décadas fue uno de los principales espacios de represión franquista en la Región. Por sus galerías pasaron miles de presos políticos tras la Guerra Civil: republicanos, sindicalistas, militantes de partidos democráticos o simplemente ciudadanos denunciados por su entorno. El edificio que hoy se presenta como icono cultural fue durante años un instrumento de castigo y silenciamiento.

Hay además un episodio histórico que ilustra hasta qué punto la represión impregnó todo el entorno del penal. En plena dictadura, el cercano convento de las Agustinas fue cedido por el obispo de la diócesis para ampliar el recinto penitenciario y adosarlo a la cárcel. Aquella cesión permitió reforzar un sistema pensado para encerrar a quienes habían sido derrotados políticamente. La Iglesia colaboraba así, de manera directa, en la maquinaria represiva del régimen.

Con estos antecedentes, inaugurar una fase decisiva de la rehabilitación sin haber definido ni ejecutado el espacio de memoria no es una simple omisión técnica. Es una decisión política.

Durante años, los gobiernos del PP han mostrado un desinterés persistente frente a las políticas de memoria democrática. Cuando no las han bloqueado directamente, las han relegado a un segundo plano o las han vaciado de contenido. La historia reciente de España está llena de ejemplos: leyes sin presupuesto, proyectos paralizados y lugares de memoria convertidos en promesas aplazadas.

La Cárcel Vieja corre ahora el riesgo de convertirse en otro caso más de esa política de desmemoria. Se rehabilita el edificio, se programan exposiciones y se inaugura con titulares culturales, pero se posterga aquello que obliga a mirar de frente la historia de la represión.

El problema no es que la cárcel se transforme en un espacio cultural. Sería deseable que lo fuera. El problema es hacerlo como si el pasado incómodo del edificio fuera un obstáculo que conviene diluir entre exposiciones y actividades culturales.

La memoria democrática no puede tratarse como una nota a pie de página en un proyecto arquitectónico. Es una responsabilidad pública. Y en un lugar como la Cárcel Vieja, esa responsabilidad es aún mayor.

Murcia puede convertir este edificio en un gran espacio cultural. Pero si lo hace sin asumir plenamente la memoria de quienes fueron encarcelados entre sus muros, la ciudad no estará inaugurando un lugar de cultura: estará inaugurando un elegante ejercicio de olvido.

Las recientes declaraciones de Fernando López Miras sobre el conflicto con Irán no son un desliz: es la expresión de una forma de entender la política exterior basada en consignas binarias. “O con la Unión Europea o con los dictadores iraníes”. El problema es que el mundo no funciona así. Y, sobre todo, el Derecho Internacional no funciona así.

Nadie en su sano juicio está defendiendo al régimen iraní. Nadie está justificando a los ayatolás. Pero plantear el debate en esos términos es intelectualmente deshonesto. Porque el verdadero dilema no es si estamos “con Irán” o “con las democracias”. El verdadero dilema es si estamos con las normas que rigen el orden internacional o con la lógica del poder que permite a las grandes potencias actuar al margen de esas normas cuando les conviene.

España no elige entre bloques emocionales. España está jurídicamente vinculada a la Unión Europea y al sistema multilateral consagrado en la Organización de las Naciones Unidas. Y ese sistema establece algo muy claro: el uso de la fuerza no es una cuestión de afinidades políticas, sino de legalidad. Solo la legítima defensa o un mandato del Consejo de Seguridad pueden ampararlo.

Cuando desde el Partido Popular se exige alineamiento automático con “nuestros socios”, lo que en realidad se está defendiendo es una política exterior subordinada, no una política exterior responsable. Se habla de prudencia mientras se agita la bandera del bloque. Se invoca la estabilidad mientras se normaliza que dos o tres potencias decidan unilateralmente qué es legítimo y qué no lo es.

El líder del PP, quiero creer que Feijóo, ha optado por esa misma senda: convertir la política internacional en una extensión de la batalla interna. Pero el Derecho Internacional no es un eslogan. No es una pancarta que se despliega contra el adversario doméstico. Es el único escudo real que tienen los Estados medianos frente a la arbitrariedad de los más fuertes.

Porque ese es el fondo del asunto que se evita cuidadosamente mencionar: si hoy aceptamos que nuestros aliados puedan actuar al margen del marco multilateral sin consecuencias, mañana no tendremos legitimidad para exigir que otros no hagan lo mismo. Las normas no pueden ser obligatorias para los adversarios y optativas para los amigos. Eso no es orden internacional; es ley del más fuerte con barniz occidental.

La Unión Europea presume, con razón, de ser un proyecto basado en el derecho y el multilateralismo. Pero esa credibilidad se construye con coherencia. Si la respuesta ante cada crisis es cerrar filas sin matices en torno a cualquier acción de Estados Unidos o de cualquier socio estratégico, entonces la llamada “autonomía estratégica europea” es una ficción.

Defender la legalidad internacional no es equidistancia moral. No es blanquear dictaduras. Es, precisamente, lo contrario: exigir que las reglas sean iguales para todos. Si se debilita ese principio, quienes más pierden no son las superpotencias, sino países como España, cuya influencia depende de que existan normas compartidas y no solo correlaciones de fuerza.

La simplificación de López Miras puede funcionar en un mitin. Puede arrancar aplausos fáciles apelando al miedo y al enemigo externo. Pero empobrece el debate público y, lo que es peor, transmite la idea de que la política exterior se reduce a elegir bando sin preguntarse por la legalidad de los actos.

No se trata de estar contra Europa. Se trata de exigir que Europa sea coherente con lo que dice defender. No se trata de simpatizar con Irán. Se trata de no aceptar que el mundo sea gobernado a golpe de decisión unilateral sin control jurídico efectivo. Y no se trata de tibieza, sino de firmeza democrática.

Porque la verdadera fortaleza de Occidente no es su capacidad militar. Es su compromiso con el Estado de derecho. Si ese compromiso se vuelve selectivo, deja de ser fortaleza y se convierte en simple conveniencia.

Y entonces, ya no habrá diferencia real entre el discurso de los bloques y la lógica que dicen combatir.

En pleno siglo XXI, que todavía se promuevan las fiestas locales en honor de una Virgen o Santo patrón tiene su aquel, que las autoridades civiles o militares participen en manifestaciones religiosas, con banda, bastón de mando y medallas al cuello. Lo que algunos llaman “tradición” es, en realidad, una manifestación explícita de privilegio religioso institucional que ignora el principio de neutralidad y la diversidad de la sociedad española.

No hablamos de devoción personal: hablamos de representantes del Estado que se colocan en primera fila de un acto confesional, transmitiendo un mensaje inequívoco: la identidad institucional se confunde con una fe concreta. Para quienes no son católicos, ateos o pertenecen a otras confesiones, esto no es cultura; es exclusión.

Durante la dictadura, la Iglesia y el Estado eran uno. Los cargos públicos presidían misas y procesiones como símbolo de autoridad, subordinando la representación cívica a la religión oficial. Hoy, 47 años después, la repetición de estos rituales con presencia institucional no es inocua ni neutral. Es un eco simbólico de aquel modelo autoritario que pretende legitimar poder político a través de la fe.

Cada banda y cada bastón de mando colocado frente al altar refuerzan la idea de que la institución favorece a la religión mayoritaria, ignorando la pluralidad de la ciudadanía. Y lo más preocupante: los propios cargos parecen verlo como “normal”, sin cuestionar el impacto en quienes no se identifican con esa fe.

El artículo 16.3 de la Constitución Española permite cooperación con las confesiones, pero nunca autoriza a los representantes públicos a protagonizar actos religiosos. La neutralidad no consiste en “estar presente” y posar para las cámaras: consiste en no usar el cargo público para avalar una religión concreta.

La confusión entre tradición y protagonismo institucional perpetúa la idea de que la representación política está vinculada a la religión mayoritaria, lo cual es incompatible con la España plural y democrática de hoy.

España ha cambiado: la diversidad religiosa y la población no creyente crecen cada año. Lo que antes se consideraba “normal” hoy puede ofender o excluir. La asistencia de alcaldes y concejales a procesiones con símbolos institucionales es un acto que hiere la igualdad y la neutralidad. No se trata de atacar la devoción, sino de exigir que los cargos públicos respeten a toda la ciudadanía y no la utilicen como escaparate de su poder.

Sí es voluntario y personal háganlo, pero sin usar símbolos, ni ostentar representación institucional. La presencia de cargos institucionales en actos religiosos no es un gesto inocuo de tradición; es una forma simbólica de privilegio confesional que ignora la pluralidad y vulnera la neutralidad del Estado. En una España democrática y diversa, los cargos públicos deben aprender a respetar la frontera entre representación civil y devoción religiosa, o corren el riesgo de cometer apología hacia el nacionalcatolicismo que se impuso durante la dictadura.