Han pasado cincuenta años desde la perdida de Fofó y, sin embargo, para muchos de nosotros sigue siendo una presencia cercana. No por ser historia de la televisión, sino porque forma parte de los recuerdos más felices de nuestra infancia.

Los niños de hoy tienen cientos de canales, plataformas y pantallas. Nosotros teníamos menos cosas, pero quizá por eso algunas dejaron una huella más profunda. Fofó entraba cada día en nuestras casas con una sonrisa, una canción y una forma de entender el entretenimiento que no necesitaba grandes artificios para llegar al corazón infantil.

Recordarlo es también reivindicar la figura del payaso, un oficio tan antiguo como noble y, a menudo, infravalorado. Hacer reír parece sencillo cuando se hace bien, pero exige talento, sensibilidad y una extraordinaria capacidad para conectar con los demás. Los grandes payasos no solo provocan carcajadas; acompañan, consuelan y ayudan a mirar la vida con más esperanza. Fofó pertenecía a esa categoría de artistas capaces de convertir la ternura en un lenguaje universal.

Recuerdo perfectamente la tristeza que sentí cuando murió. Era un niño y lo viví como si hubiera perdido a alguien de mi propia familia. Puede parecer exagerado visto desde fuera, pero quienes crecimos con él lo entenderán. Fofó era el líder de un grupo payasos que aparecía en la televisión, era una compañía cotidiana, un rostro familiar que asociábamos con la alegría.

También recuerdo la inauguración de la estatua de Fofó en el parque que lleva su nombre en Murcia. Aquel día acudieron Gaby, Miliki y Fofito para rendir homenaje a quien había hecho reír y cantar a varias generaciones de españoles. Había tanta expectación que nos subimos al tejado de la cantina para poder ver. Son imágenes que el tiempo no ha borrado y que siguen formando parte de mis recuerdos más queridos.

Hay memorias que se desvanecen y otras que permanecen intactas. A mí me ocurre cada vez que escucho 'Susanita tiene un ratón'. Han pasado décadas desde aquellas tardes de infancia y, sin embargo, sigo emocionándome. No es únicamente la canción. Es todo lo que viene con ella, la inocencia de aquellos años, la felicidad sencilla de la niñez y el recuerdo de quien nos enseñó a cantar sonriendo.

Es cierto que aquellas canciones reflejan una sociedad muy distinta a la actual y contienen referencias que hoy pueden parecer anacrónicas. Los tiempos cambian y es lógico que también cambie nuestra forma de interpretar ciertas letras. Pero reducir el legado de Fofó a una lectura exclusivamente contemporánea sería injusto. Aquellas canciones fueron hijas de su tiempo. Quienes las escuchábamos de niños no buscábamos modelos sociales, encontrábamos imaginación, alegría y momentos compartidos con nuestras familias.

Podemos observar el pasado con espíritu crítico sin renunciar al afecto que sentimos por él. La nostalgia no consiste en desear que el mundo vuelva a ser como era, sino en recordar con cariño aquello que nos hizo felices.

Quizá esa sea la verdadera grandeza de Fofó. No haber sido una estrella de la televisión, sino haber conseguido algo mucho más difícil, ocupar un lugar permanente en la memoria de millones de niños que hoy son sesentones. En Ulea, donde nació durante una gira de la familia Aragón, y en Murcia, donde una estatua recuerda su figura, su recuerdo sigue vivo.

Porque hay personas que pasan a la historia y otras que permanecen en el corazón de la gente. Medio siglo después de su partida, la sonrisa de Fofó sigue acompañando a quienes un día fuimos niños y aprendimos, de su mano, que la alegría también puede ser una forma de cariño.

He leído que el consejero de Educación de la Administración Regional atribuye las dificultades para climatizar los colegios a las limitaciones de las instalaciones eléctricas. Puede que técnicamente tenga razón. Sin embargo, para muchos padres y madres que llevamos años viendo cómo se posponen soluciones imprescindibles, esa explicación suena más a justificación que a respuesta.

Mi hija comenzó su escolarización en el colegio público La Arboleda, en el barrio de La Flota de Murcia. Era un centro nuevo, a estrenar, una infraestructura que debía representar la apuesta por la educación del futuro. Sin embargo, la realidad fue muy distinta.

El aire acondicionado no llegó gracias a la Consejería de Educación. Llegó gracias al esfuerzo económico de las familias a través del AMPA, después de sucesivas negativas de la administración. Y no fue la única carencia. También tuvimos que adquirir una fotocopiadora para que el profesorado pudiera desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas.

La implicación de las familias fue aún más lejos. Con la colaboración de la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia se consiguieron árboles jóvenes para mejorar los espacios con sombra en el patio del centro. Los padres los plantamos y, además, instalamos un sistema de riego por goteo para garantizar su mantenimiento.

No cuento esto para reivindicar el compromiso de las familias, que siempre ha existido y siempre existirá. Lo cuento porque revela una realidad incómoda, en demasiadas ocasiones los padres terminan cubriendo necesidades que deberían estar garantizadas por la administración pública.

Por eso resulta difícil aceptar que, años después, se sigan esgrimiendo obstáculos técnicos como principal explicación. Las limitaciones eléctricas no aparecieron de repente. El aumento de las temperaturas tampoco. Los episodios de calor extremo son cada vez más frecuentes y llevan años siendo una evidencia para cualquier docente, alumno o familia.

Además, resulta inevitable comparar esta situación con la de muchos centros concertados. Aunque también forman parte del sistema educativo sostenido con fondos públicos, en numerosos casos cuentan con mayores márgenes para acometer mejoras o responder con más rapidez a determinadas necesidades. Mientras tanto, en algunos colegios públicos las familias se ven obligadas a suplir carencias básicas que deberían estar cubiertas desde el primer momento.

La cuestión no es si existen dificultades técnicas. Claro que existen. La verdadera cuestión es por qué no se planificaron antes las inversiones necesarias para resolverlas. Gobernar consiste precisamente en anticipar los problemas y dotar de recursos a los servicios públicos para afrontarlos.

La educación pública no puede depender de la capacidad económica, del tiempo libre o del nivel de organización de las familias de cada centro. Un colegio debe disponer de instalaciones adecuadas porque es un derecho de los alumnos y una obligación de la administración, no porque un AMPA consiga reunir fondos suficientes.

Si queremos que las familias elijan libremente entre educación pública y concertada en condiciones de igualdad, la red pública debe ofrecer unas infraestructuras dignas y adecuadas sin depender de iniciativas extraordinarias de padres y madres. De lo contrario, la comparación acaba siendo inevitable y, en muchos casos, injusta para quienes apuestan por la escuela pública.

Cuando un responsable político explica lo que no puede hacerse, los ciudadanos esperan escuchar también cuándo se hará y cómo se hará. Porque las excusas, por muy técnicas que sean, no bajan la temperatura de las aulas.

Y los alumnos y los maestros siguen siendo quienes soportan el calor.

Las reflexiones que estos días se están produciendo en el seno del PSRM son una buena noticia. Un partido vivo es un partido que debate, que escucha y que se pregunta constantemente cómo servir mejor a la sociedad a la que aspira a representar.

La Región de Murcia afronta desafíos enormes: el acceso a la vivienda, la calidad del empleo, la sostenibilidad del modelo productivo, la defensa de los servicios públicos, la financiación autonómica o la lucha contra las desigualdades. Ante estos retos, la pregunta que debemos hacernos no es sólo qué partido lidera la oposición, sino cómo construimos una mayoría social capaz de impulsar un cambio político.

Desde mi punto de vista, existe una idea que merece ser discutida con serenidad y ambición: la unidad de la izquierda.

No hablo de refundar un nuevo partido. Tampoco de diluir la identidad de ninguna organización política. Hablo de algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, más transformador: construir un espacio común capaz de sumar fuerzas, talento y compromiso alrededor de un proyecto compartido para la Región de Murcia.

Y en mi humilde opinión, los y las socialistas debemos ser quienes impulsemos ese proceso. No mirando a nadie por encima del hombro, sino desde la responsabilidad que nos corresponde como principal fuerza progresista de la Región. La ciudadanía no entiende muchas veces las divisiones, las siglas enfrentadas o las disputas entre organizaciones que comparten objetivos fundamentales. Lo que espera es que quienes defienden políticas progresistas sean capaces de entenderse para mejorar la vida de la gente.

La experiencia demuestra que la fragmentación debilita las posibilidades de construir una alternativa de gobierno. Cuando las energías se concentran en competir dentro del mismo espacio político, se pierde fuerza para disputar la mayoría social necesaria para transformar la realidad.

Por eso creo que debemos explorar fórmulas innovadoras de participación y cooperación. Una candidatura amplia, plural, abierta y democrática podría ser una herramienta útil para sumar sensibilidades distintas sin que nadie tenga que renunciar a su identidad. Una lista abierta y desbloqueada permitiría además que la ciudadanía tuviera una mayor capacidad de decisión sobre quiénes la representan.

Pero la unidad no puede ser únicamente una suma electoral. Debe construirse sobre ideas, propuestas y un proyecto compartido. La unidad por sí sola no genera ilusión; la ilusión nace cuando existe una visión clara de futuro y cuando la ciudadanía percibe que hay una alternativa creíble para gobernar.

El verdadero debate no es cómo repartimos espacios políticos. El verdadero debate es cómo construimos una mayoría social que devuelva la esperanza a quienes desean una Región más justa, más próspera y más igualitaria.

La unidad de la izquierda no debe ser un fin en sí mismo. Debe ser el instrumento para poner en marcha el cambio que la Región de Murcia necesita. Y ese es un debate que merece la pena abrir.

¿Por qué una medida de regeneración democrática aprobada por unanimidad en 2014 dejó de ser necesaria justo cuando empezó a afectar al presidente de la Comunidad Autónoma?

Hace doce años, la Asamblea Regional alcanzó uno de esos consensos que deberían trascender las coyunturas partidistas. Todos los grupos políticos coincidieron en que la Presidencia de la Comunidad Autónoma debía estar limitada a dos mandatos. No se trataba de una ocurrencia ni de un gesto simbólico. Era un valor democrático elemental: las instituciones son más importantes que las personas que las ocupan.

La lógica. Limitar los mandatos favorece la renovación política, evita la excesiva concentración de poder y obliga a los partidos a formar nuevos liderazgos. En definitiva, fortalece la calidad democrática de las instituciones.

Sin embargo, en 2021 aquel consenso saltó por los aires. La limitación fue eliminada en uno de los momentos políticos más convulsos de la historia reciente de la Región de Murcia. La fallida moción de censura contra el Gobierno autonómico desembocó en una reconfiguración de las mayorías parlamentarias y en una legislatura marcada por el transfuguismo político. Fue en ese contexto cuando se derogó una de las principales medidas de regeneración democrática aprobadas por la Asamblea Regional.

Aquello fue legal. Políticamente, resulta mucho más que discutible.

Porque la cuestión sigue siendo la misma, ¿qué había cambiado entre 2014 y 2021 para justificar la eliminación del límite de mandatos?

No hubo una movilización ciudadana reclamando su desaparición. No existía un problema institucional que resolver. No se presentó ningún estudio que demostrara que aquella medida había sido un fracaso. Lo único que había cambiado era una circunstancia evidente: el límite empezaba a tener consecuencias reales para quien ocupaba la Presidencia de la Comunidad Autónoma.

Fernando López Miras fue el principal beneficiario político de aquella reforma. Es una constatación objetiva. Sin la modificación legal aprobada en 2021, su horizonte político habría estado condicionado por una norma que el propio Partido Popular había respaldado años antes.

Precisamente por eso resulta necesario reabrir el debate.

La actual legislatura ofrece una oportunidad para recuperar una medida que nunca debió desaparecer. Si en 2021 existió una mayoría parlamentaria para eliminar el límite de mandatos, hoy puede existir otra mayoría para restablecerlo. Y debería hacerlo mediante el procedimiento de urgencia para que la reforma pueda entrar en vigor antes de las próximas elecciones autonómicas.

Algunos argumentarán que la propuesta busca impedir una futura candidatura de López Miras. Pero ese enfoque invierte el orden lógico de las cosas. Las leyes no deben diseñarse para favorecer ni para perjudicar a una persona concreta. Deben responder a principios generales y permanentes.

Y el principio que inspiró la reforma de 2014 sigue siendo válido hoy.

Ninguna democracia pierde calidad por limitar los mandatos de sus máximos responsables. Al contrario. Las limitaciones al poder forman parte de la esencia misma del constitucionalismo democrático. Existen límites presupuestarios, límites competenciales, límites temporales y mecanismos de control precisamente porque la concentración prolongada de poder nunca ha sido una buena noticia para las instituciones.

Quienes defienden la eliminación del límite suelen afirmar que deben ser exclusivamente los ciudadanos quienes decidan en las urnas. Pero las democracias modernas no funcionan únicamente sobre la base de la voluntad electoral. También descansan sobre reglas destinadas a garantizar el equilibrio institucional y la renovación de los liderazgos.

La Región de Murcia ya comprendió esa realidad en 2014. Por eso la limitación de mandatos fue aprobada por unanimidad.

Hoy, más de una década después, la pregunta sigue siendo pertinente. Si aquella medida era buena para la regeneración democrática entonces, ¿por qué dejó de serlo cuando empezó a afectar al presidente en ejercicio?

La Asamblea Regional tiene la posibilidad de corregir aquella decisión. No para ajustar cuentas con nadie. No para alterar artificialmente la competencia electoral. Sino para recuperar un consenso democrático que nunca debió romperse.

La cuestión no es quién ocupa hoy el Palacio de San Esteban. La cuestión es qué reglas queremos que rijan nuestras instituciones en el futuro.

Y si dos mandatos eran suficientes en 2014 para proteger la calidad democrática de la Región de Murcia, cuesta entender por qué no habrían de serlo también en 2027.

En España se ha instalado una idea, pero cada vez más difícil de negar: la justicia es un desastre. Y una justicia que no ágil no es justicia, es otra cosa.

El principio de igualdad ante la ley, recogido en la Constitución Española, sigue siendo incuestionable en el papel. Pero en la práctica convive con una realidad que lo desmiente a diario: procedimientos interminables, macrocausas que se alargan durante más de una década y decisiones que llegan cuando el caso ya ha perdido todo impacto social o político.

El resultado es corrosivo.

Las grandes causas de corrupción se han convertido en el espejo más incómodo del sistema. Instrucciones eternas, recursos encadenados, piezas separadas, agendas imposibles. Y mientras tanto, una sensación creciente en la ciudadanía: la justicia no resuelve, administra el tiempo hasta que el tiempo resuelve por ella.

La Región de Murcia es un ejemplo difícil de ignorar. El procedimiento de la desaladora de Escombreras, en el que figura el expresidente autonómico Ramón Luis Valcárcel, simboliza esa deriva, lleva judicializado e investigado más de 15 años y se prevé que la vista oral se celebre en septiembre de 2027. No importa solo el desenlace judicial, que llegará cuando llegue, sino el efecto acumulado: años de procedimiento que se traducen en años de desgaste institucional. Y ese desgaste, una vez producido, ya no se revierte.

Porque aquí está el núcleo del problema: la desigualdad no siempre está en la sentencia, sino en el camino hasta ella. No todos los ciudadanos pueden sostener años de litigio. No todos pueden pagar la espera. No todos pueden resistir el proceso. La igualdad formal existe; la material, no siempre.

Y a esa desigualdad se suma otro elemento igual de dañino: la politización percibida del sistema. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su renovación convertida en conflicto partidista permanente han convertido un órgano clave en parte del problema en lugar de parte de la solución. Aunque la independencia judicial individual exista, la arquitectura institucional proyecta una sospecha constante.

El resultado es devastador: la justicia pierde autoridad sin necesidad de dejar de funcionar. Basta con que funcione demasiado despacio, demasiado tarde y demasiado lejos del ciudadano.

Porque una justicia lenta no es una justicia imperfecta. Es una justicia que deja de cumplir su función principal: ser creíble.

Y cuando la justicia deja de ser creíble, no se resiente solo el sistema judicial. Se resiente la democracia.

Cada vez que se conoce la condena a un sacerdote por abusos sexuales a menores, el debate público parece seguir un ritual ya conocido: un titular, un rato de indignación y una rápida vuelta a la normalidad. Como si estuviéramos ante una anomalía aislada y no frente a una patología institucional que lleva décadas repitiéndose.

Esta semana, un nuevo caso en la Región Murcia vuelve a dejar una sensación difícil de ignorar. Cinco años de prisión. La discusión inmediata gira, como siempre, en torno a si la pena es suficiente o insuficiente. Pero centrarse únicamente en esa cifra es quedarse en la superficie del problema.

La verdadera cuestión es más delicada: ¿por qué delitos de esta gravedad, cuando son cometidos por miembros de la Iglesia, no generan una exigencia social sostenida proporcional al daño causado?

No hablamos de un ciudadano cualquiera investido accidentalmente de confianza. Hablamos de personas que ocupan posiciones de autoridad moral, cercanía con menores y legitimidad social construida precisamente sobre una supuesta superioridad ética. El abuso no es solo físico o psicológico; es también una demolición de la confianza depositada en una institución que durante siglos ha reclamado autoridad sobre la educación moral de la sociedad.

Y, sin embargo, el patrón se repite. Se individualiza al culpable, se encapsula el caso y se evita mirar el marco general. Un sacerdote concreto. Una parroquia concreta. Un episodio concreto. Como si el problema fueran únicamente determinadas “manzanas podridas” y no una cultura histórica de opacidad, corporativismo y protección reputacional.

La Iglesia lleva de siempre gestionando los abusos con una lógica reconocible: minimizar el escándalo, contener el daño mediático y presentar cada nueva condena como una excepción lamentable. Mientras tanto, las víctimas cargan durante años, a menudo décadas, con secuelas que ningún calendario penal puede medir.

Aquí no basta con celebrar que “la justicia actúa”. La justicia llega, demasiadas veces, tarde, fragmentada y después de años de silencio. Y cuando por fin llega, el foco público dura menos que cualquier polémica política semanal.

Ese es el verdadero escándalo democrático: la anestesia social.

Resulta difícil imaginar semejante contención pública si una institución cualquiera acumulase durante décadas casos de abuso a menores, dinámicas internas de silencio y resistencias sistemáticas a la rendición de cuentas. Pero la Iglesia sigue beneficiándose de una especie de blindaje cultural residual, una deferencia heredada que opera incluso en sociedades formalmente secularizadas.

Una sociedad democráticamente madura debería exigir más, no menos, a quienes se presentan como referentes morales. Más transparencia, más responsabilidad y una conversación pública menos cómoda.

Y hay una contradicción especialmente obscena en todo esto. La misma institución que históricamente ha pretendido intervenir en debates públicos sobre familia, sexualidad, educación afectiva o moral privada sigue arrastrando un historial devastador de abusos y respuestas insuficientes frente a ellos. Durante décadas se ha arrogado autoridad para decirle a la sociedad cómo vivir, cómo educar a sus hijos y qué valores defender, mientras en su interior demasiadas veces se protegía el silencio antes que a las víctimas.

Quizá por eso el escándalo no es únicamente penal, sino profundamente político y cultural. Porque no hablamos solo de delitos individuales, sino de una estructura que durante demasiado tiempo ha disfrutado de legitimidad social sin asumir plenamente el coste de sus propias contradicciones.

El problema no son solo cinco años. El problema es todo lo que todavía permite que cinco años sean la única cifra de la que terminamos hablando.

En la Región de Murcia, el agua hace años que dejó de ser solo un recurso. Es un argumento político, una bandera electoral y, en demasiadas ocasiones, una excusa para no afrontar decisiones incómodas. Y en ese terreno, el Partido Popular ha sido especialmente eficaz construyendo un relato políticamente rentable, pero que cada vez está más alejado de la realidad.

El lema 'Agua para todos' fue una pieza maestra de comunicación política. Sencillo, emocional y fácil de repetir. El problema es que partía de una premisa embustera: que el agua es un recurso disponible que solo necesita ser mejor repartido. Como si la hidrología dependiera del BOE.

El Partido Popular es el eje de ese discurso. Pero también su límite. Porque no es una tubería mágica: depende de la situación real de otra cuenca, con sus propias sequías, sus propios usos y sus propios límites. Y cuando el agua no está, no hay presión política que la cree.

Aun así, durante años se ha insistido en presentar el problema como si fuera exclusivamente externo. Como si todo se resolviera con más trasvases, más obras y más voluntad. Mientras tanto, se ha evitado entrar en un debate que incomoda: el de los límites del modelo de explotación agrícola en el sureste.

En ese contexto, el papel del Sindicato Central de Regates del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) no puede analizarse como si fuera un actor neutro. Actúa como un lobby político y es legítimo que defienda los intereses de sus asociados. Lo discutible es que su discurso haya funcionado durante años como prolongación del relato político dominante: más agua siempre, venga de donde venga, cueste lo que cueste, y resulta que cuando sobra en una parte es porque no falta en otra.

Pero el problema es que no todo vale. En los últimos años, distintas actuaciones administrativas y denuncias han señalado la existencia de regadíos sin autorización, extracciones irregulares de acuíferos y ampliaciones de superficie no ajustadas a la planificación hidrológica. No son casos anecdóticos en el debate público, sino síntomas de un modelo que en algunos puntos ha ido por delante de las reglas que lo deberían ordenar.

Y eso tiene consecuencias. Porque cuando se exige más agua mientras se estira el sistema por encima de sus límites, el resultado no es estabilidad: es tensión permanente. Tensión entre cuencas, entre territorios y dentro del propio modelo productivo.

La paradoja es que, mientras se mantiene el discurso de la escasez externa, la solución que durante años se despreciaba, la desalación, se ha convertido en imprescindible. No por convicción, sino por necesidad. Y aun así, el debate sigue atrapado en las mismas trincheras de hace décadas.

Quizá el problema del agua en la Región no sea solo técnico ni solo político. Quizá sea, sobre todo, un problema de honestidad. Porque es más fácil prometer lo imposible que asumir los límites. Y más rentable señalar fuera que mirar dentro.

Pero el agua no responde a estrategias de comunicación. Responde a la física, a la climatología y a la gestión real de los recursos disponibles. Y cuanto más tarde se asuma eso, más caro será el ajuste.

Hay que decirlo sin rodeos: la Región de Murcia no puede seguir construyendo su futuro sobre la dependencia del trasvase, reducir esa dependencia no es una renuncia. Es la única forma de garantizar la estabilidad.

En Murcia llevamos décadas aceptando una contradicción que apenas se discute: consideramos el transporte urbano un servicio público esencial, pero su gestión sigue en manos privadas. Y no pasa nada… hasta que pasa.

La reciente decisión del Tribunal Central de Recursos Contractuales de tumbar la licitación del nuevo contrato de autobuses no es solo un tropiezo administrativo. Es el síntoma de un modelo que hace aguas: contratos complejos, recursos constantes, retrasos acumulados y una sensación generalizada de que el servicio nunca termina de estar a la altura.

Durante años, el debate público ha defendido, con razón, la importancia de blindar la sanidad o la educación. Pero rara vez se aplica ese mismo criterio a otros servicios que también son públicos por ley y por sentido común. El transporte urbano es uno de ellos.

Porque no hablamos de un servicio cualquiera. Hablamos de cómo se mueve una ciudad, de quién puede acceder a su trabajo, de si vivir en una pedanía es una desventaja o no. Hablamos, en definitiva, de igualdad, de favorecer la gestión del tiempo, de calidad de vida.

El modelo concesional tiene lógica sobre el papel: el Ayuntamiento fija condiciones y una empresa especializada presta el servicio. Pero en la práctica, ese equilibrio se rompe con facilidad. Cuando el contrato falla, todo falla. Cuando el diseño es defectuoso, las consecuencias duran años. Y cuando hay conflictos, el margen de maniobra pública es limitado.

Frente a esto, la gestión directa mediante una empresa pública no es una utopía ni una rareza. Es, de hecho, el modelo habitual en muchas ciudades. Barcelona y Madrid gestionan su red a través de empresas públicas, una empresa 100% municipal que ha sido capaz de modernizar su flota y asumir un papel clave en la movilidad urbana. Europa, urbes como Nantes o Rennes de un tamaño medio a la de nuestra ciudad hacen lo propio, donde incluso los estudios han mostrado que la gestión pública puede ser más eficiente que la privada en determinadas condiciones.

Tal vez no sean sistemas perfectos, pero funcionan. Y, sobre todo, responden a una lógica distinta: la del servicio, y no a la del beneficio.

Eso no significa ignorar los riesgos. Crear una empresa pública exige inversión, planificación y una gestión profesional que evite caer en ineficiencias o en el cortoplacismo político. Pero seguir como hasta ahora también tiene costes, aunque sean menos visibles: dependencia, rigidez contractual y una mejora del servicio que siempre parece aplazarse.

La cuestión de fondo no es ideológica, sino de coherencia. Si defendemos que ciertos servicios deben garantizarse desde lo público por su impacto en la vida de la gente, esa defensa no puede quedarse a medias. No puede limitarse a algunos ámbitos mientras en otros aceptamos modelos que, una y otra vez, generan problemas estructurales.

Murcia tiene ahora una oportunidad, aunque venga de la mano de un revés jurídico. Más allá de rehacer un contrato, quizá ha llegado el momento de replantear el modelo.

Porque si por ley la competencia y la gestión del servicio de transporte es público, la pregunta es inevitable: ¿por qué no lo prestamos como tal?

En la política murciana hay anomalías que, con el paso del tiempo, dejan de escandalizar y empiezan a parecer normales. El transfuguismo es una de ellas. Lo que debería provocar un rechazo inmediato, que un cargo electo abandone el partido con el que se presentó a las elecciones y utilice su escaño para alterar mayorías parlamentarias, se ha ido aceptando con una inquietante naturalidad. En pocos lugares se percibe con tanta claridad como en el laboratorio de la Región de Murcia.

La crisis interna en Vox vuelve a colocar sobre la mesa un escenario que en cualquier democracia mínimamente exigente resultaría inaceptable, pero que aquí se analiza con fría aritmética parlamentaria, a López Miras le bastarían dos diputados para aguantar hasta mayo de 2027.

La aprobación de los presupuestos y la estabilidad del Ejecutivo dependen de apoyos externos cada vez más inciertos. En ese contexto, la ruptura de apenas dos diputados de Vox bastaría para convertir una minoría parlamentaria en una mayoría funcional.

El debate público ya no gira en torno a si sería legítimo alterar la voluntad expresada en las urnas mediante tránsfugas. La discusión se limita a valorar si la operación sería viable o conveniente. El transfuguismo ha dejado de ser un problema democrático para convertirse en una variable estratégica.

La Región de Murcia conoce bien este mecanismo. En 2021, una moción de censura impulsada por el partido que ganó las elecciones autonómicas del 2019 parecía destinada a desalojar al Partido Popular del gobierno regional. La operación se desplomó cuando Ciudadanos, quien le facilitó la investidura a López Miras, siete de sus diputados, entre ellos nada más y nada menos que el Presidente de la Asamblea Regional, abandonaron la disciplina de su partido y con alguna prebenda terminaron sosteniendo al Ejecutivo de López Miras. Aquella maniobra convirtió el Parlamento murciano en el ejemplo más visible de cómo un puñado de escaños puede deshacer en unos días lo que los votantes decidieron en las urnas.

Lo más llamativo es que estas prácticas no ocurren en un vacío político. La Comunidad Autónoma de Murcia es una región donde las redes de poder informal, empresariales, religiosas, universitarias han tenido históricamente una influencia considerable en la vida pública. Durante años, uno de esos polos de influencia giró en torno a la UCAM y a la figura de su fundador, el empresario ya fallecido José Luis Mendoza.

Mendoza no solo construyó una universidad privada; también articuló un entorno social y político lleno de privilegios con capacidad de proyectarse en distintos ámbitos de la vida pública murciana. Dentro de ese ecosistema se ha desarrollado parte de la trayectoria política de dirigentes como, Antelo ferviente discípulo después de abandonar el baloncesto y uno de sus yernos.

Las redes de influencia rara vez desaparecen cuando cambian las siglas partidistas. Simplemente se adaptan.

Pero el problema de fondo no es quién pueda protagonizar un eventual transfuguismo ni quién pueda beneficiarse de él. El problema es que el sistema político murciano lleva décadas reconociendo formalmente que el transfuguismo es una práctica nociva y, al mismo tiempo, tolerándolo cuando resulta útil.

El llamado Pacto Antitransfuguismo nació precisamente para evitar que los partidos utilizaran deserciones individuales para alterar mayorías institucionales. En teoría, todas las fuerzas políticas lo respaldan. En la práctica, su cumplimiento suele evaporarse cuando la aritmética parlamentaria empieza a apretar.

La Región de Murcia se ha convertido demasiadas veces en el laboratorio donde estas contradicciones se hacen visibles. Cada nuevo episodio rebaja un poco más el umbral de tolerancia democrática. Cada nuevo caso de transfuguismo se discute menos en términos éticos y más en términos de oportunidad política.

Y ese desplazamiento del debate es, quizá, la señal más preocupante de todas.

Si la estabilidad de un gobierno depende de convencer a uno o dos diputados para que abandonen el partido con el que fueron elegidos, el problema no es solo la fragilidad parlamentaria. El problema es haber aceptado que los escaños pueden transformarse en piezas intercambiables dentro de un mercado político.

Cuando una democracia llega a ese punto, el transfuguismo deja de ser una anomalía. Se convierte en sistema.

En la Región de Murcia se habla de “sistema educativo sostenido con fondos públicos” como si fuera una realidad homogénea. No lo es. En la práctica, existen dos redes: una pública y otra concertada. Ambas financiadas con dinero público, pero no sometidas a las mismas condiciones ni con los mismos resultados.

Los datos son conocidos, aunque pocas veces se ponen en el centro del debate: la escuela pública concentra mucho más alumnado de origen extranjero, familias con menos recursos y estudiantes con mayores necesidades educativas. La concertada, en cambio, mantiene en general perfiles más homogéneos.

No es casualidad. Es el resultado.

Durante décadas, la política educativa en la Región de Murcia por parte del Partido Popular ha apostado por sostener y ampliar la red concertada mientras la escuela pública ha tenido que absorber más presión con menos recursos relativos. No hace falta buscar grandes declaraciones: basta con observar cómo ha evolucionado el sistema.

En barrios como La Flota en la ciudad de Murcia, esta dualidad se ve con claridad. La concertada no solo está presente: en algunos casos iguala o supera a la pública. Pero la diferencia no está solo en el número de centros, sino en quién acaba en cada uno de ellos.

Las cuotas “voluntarias”, determinados proyectos educativos o dinámicas de admisión actúan como filtros silenciosos. No excluyen de forma explícita, pero sí ordenan. Y lo hacen siempre en la misma dirección.

El resultado es un sistema que, bajo la apariencia de libertad de elección, termina separando al alumnado por origen social.

Y aquí es donde la cuestión deja de ser técnica y pasa a ser política.

Porque cuando un sistema financiado con dinero público no garantiza una distribución equilibrada del alumnado, no estamos ante una simple diferencia de modelos. Estamos ante una forma de organizar la desigualdad.

Se puede defender la existencia de la concertada. Lo que resulta más difícil es justificar que, con fondos públicos, funcione como una red paralela que no asume las mismas responsabilidades.

Hablar de esto no es ideología. Es describir lo que ocurre.

Y en la Región de Murcia, lo que ocurre es que no hay un solo sistema educativo. Hay dos. Y no juegan con las mismas reglas.

El Ejecutivo regional asegura no oponerse a la subida del SMI, pero su batería de objeciones legales y técnicas revela una estrategia política clara: ralentizar, cuestionar y, en la práctica, debilitar una de las pocas herramientas eficaces contra la precariedad. Hay una forma muy reconocible de oponerse a los avances sociales sin decirlo abiertamente: no negar el objetivo, pero sí discutir cada paso necesario para alcanzarlo. Eso es exactamente lo que está haciendo el Gobierno regional con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El argumento oficial, no estamos en contra de la subida, sino de cómo se aplica, suena razonable en la superficie. Pero cuando se examina de cerca, se convierte en una coartada. Porque en política, cuestionar sistemáticamente el procedimiento es, en la práctica, una forma eficaz de bloquear el resultado.

El Ejecutivo autonómico habla de “vulneración de la legalidad”, de “jerarquía normativa” y de “debilitamiento de la negociación colectiva”. Conceptos jurídicos complejos que, sin embargo, contrastan con una realidad mucho más simple: miles de trabajadores en la Región de Murcia siguen atrapados en salarios bajos, convenios bloqueados y una precariedad estructural que no se resuelve sola.

Resulta difícil tomarse en serio la defensa de la negociación colectiva cuando esta lleva años fallando precisamente en los sectores más vulnerables. ¿Dónde estaba esa preocupación institucional cuando los convenios no se actualizaban o cuando los sueldos quedaban por debajo de lo necesario para vivir con dignidad? Apelar ahora a ese marco como escudo frente al SMI no parece una defensa del diálogo social, sino un intento de preservar un statu quo claramente insuficiente.

Lo que está en juego no es solo un debate técnico, sino un modelo de sociedad. El SMI representa una línea roja: el mínimo que una economía considera aceptable para vivir. Y en contextos donde el mercado laboral no corrige por sí mismo las desigualdades, cuestionar esa herramienta equivale a asumir, aunque no se diga explícitamente, que hay trabajadores que pueden seguir cobrando por debajo de ese umbral.

Además, el énfasis en aspectos como si el cálculo debe basarse en el IPC o en otros indicadores económicos introduce una falsa neutralidad técnica. No es un debate inocente. Es una forma de desplazar la discusión lejos de su núcleo político: quién gana y quién pierde con cada decisión.

Mientras tanto, sindicatos como UGT y CCOO han señalado algo incómodo pero evidente: más de 150.000 personas en la Región dependen directamente del SMI. Para ellas, este no es un debate jurídico ni académico. Es una cuestión de supervivencia cotidiana.

En este contexto, la postura del Gobierno regional no puede leerse como una mera discrepancia técnica. Es una toma de posición política. Y como tal, conviene nombrarla sin rodeos: poner en cuestión el SMI en los términos actuales significa, de facto, alinearse con quienes prefieren salarios más bajos y menor intervención pública.

La pregunta, por tanto, no es si se está a favor o en contra de la subida en abstracto. La pregunta es si se está dispuesto a asumir las consecuencias reales de frenarla, diluirla o condicionarla hasta vaciarla de contenido. Porque a estas alturas, lo que está en juego no es el procedimiento. Es la dignidad.

El Alcalde de Murcia pretende inaugurar el próximo 26 de marzo la segunda fase de rehabilitación con una gran exposición. La operación se presenta como un éxito de recuperación patrimonial y un paso más para convertir el edificio en un espacio cultural de referencia. Sin embargo, tras el discurso institucional hay una ausencia difícil de justificar: el espacio de Memoria Democrática que exige su declaración oficial como Lugar de Memoria sigue sin existir.

No se trata de un detalle menor ni de una cuestión simbólica que pueda resolverse con una placa o un panel improvisado. La declaración de la Cárcel Vieja como Lugar de Memoria Democrática implica obligaciones claras: preservar el significado histórico del lugar, explicar públicamente lo que allí ocurrió y dignificar a las víctimas de la represión.

La memoria no es un adorno que pueda añadirse después de inaugurar el edificio. Forma parte esencial de su identidad.

Porque la Cárcel Vieja no es un contenedor cultural cualquiera. Durante décadas fue uno de los principales espacios de represión franquista en la Región. Por sus galerías pasaron miles de presos políticos tras la Guerra Civil: republicanos, sindicalistas, militantes de partidos democráticos o simplemente ciudadanos denunciados por su entorno. El edificio que hoy se presenta como icono cultural fue durante años un instrumento de castigo y silenciamiento.

Hay además un episodio histórico que ilustra hasta qué punto la represión impregnó todo el entorno del penal. En plena dictadura, el cercano convento de las Agustinas fue cedido por el obispo de la diócesis para ampliar el recinto penitenciario y adosarlo a la cárcel. Aquella cesión permitió reforzar un sistema pensado para encerrar a quienes habían sido derrotados políticamente. La Iglesia colaboraba así, de manera directa, en la maquinaria represiva del régimen.

Con estos antecedentes, inaugurar una fase decisiva de la rehabilitación sin haber definido ni ejecutado el espacio de memoria no es una simple omisión técnica. Es una decisión política.

Durante años, los gobiernos del PP han mostrado un desinterés persistente frente a las políticas de memoria democrática. Cuando no las han bloqueado directamente, las han relegado a un segundo plano o las han vaciado de contenido. La historia reciente de España está llena de ejemplos: leyes sin presupuesto, proyectos paralizados y lugares de memoria convertidos en promesas aplazadas.

La Cárcel Vieja corre ahora el riesgo de convertirse en otro caso más de esa política de desmemoria. Se rehabilita el edificio, se programan exposiciones y se inaugura con titulares culturales, pero se posterga aquello que obliga a mirar de frente la historia de la represión.

El problema no es que la cárcel se transforme en un espacio cultural. Sería deseable que lo fuera. El problema es hacerlo como si el pasado incómodo del edificio fuera un obstáculo que conviene diluir entre exposiciones y actividades culturales.

La memoria democrática no puede tratarse como una nota a pie de página en un proyecto arquitectónico. Es una responsabilidad pública. Y en un lugar como la Cárcel Vieja, esa responsabilidad es aún mayor.

Murcia puede convertir este edificio en un gran espacio cultural. Pero si lo hace sin asumir plenamente la memoria de quienes fueron encarcelados entre sus muros, la ciudad no estará inaugurando un lugar de cultura: estará inaugurando un elegante ejercicio de olvido.

Las recientes declaraciones de Fernando López Miras sobre el conflicto con Irán no son un desliz: es la expresión de una forma de entender la política exterior basada en consignas binarias. “O con la Unión Europea o con los dictadores iraníes”. El problema es que el mundo no funciona así. Y, sobre todo, el Derecho Internacional no funciona así.

Nadie en su sano juicio está defendiendo al régimen iraní. Nadie está justificando a los ayatolás. Pero plantear el debate en esos términos es intelectualmente deshonesto. Porque el verdadero dilema no es si estamos “con Irán” o “con las democracias”. El verdadero dilema es si estamos con las normas que rigen el orden internacional o con la lógica del poder que permite a las grandes potencias actuar al margen de esas normas cuando les conviene.

España no elige entre bloques emocionales. España está jurídicamente vinculada a la Unión Europea y al sistema multilateral consagrado en la Organización de las Naciones Unidas. Y ese sistema establece algo muy claro: el uso de la fuerza no es una cuestión de afinidades políticas, sino de legalidad. Solo la legítima defensa o un mandato del Consejo de Seguridad pueden ampararlo.

Cuando desde el Partido Popular se exige alineamiento automático con “nuestros socios”, lo que en realidad se está defendiendo es una política exterior subordinada, no una política exterior responsable. Se habla de prudencia mientras se agita la bandera del bloque. Se invoca la estabilidad mientras se normaliza que dos o tres potencias decidan unilateralmente qué es legítimo y qué no lo es.

El líder del PP, quiero creer que Feijóo, ha optado por esa misma senda: convertir la política internacional en una extensión de la batalla interna. Pero el Derecho Internacional no es un eslogan. No es una pancarta que se despliega contra el adversario doméstico. Es el único escudo real que tienen los Estados medianos frente a la arbitrariedad de los más fuertes.

Porque ese es el fondo del asunto que se evita cuidadosamente mencionar: si hoy aceptamos que nuestros aliados puedan actuar al margen del marco multilateral sin consecuencias, mañana no tendremos legitimidad para exigir que otros no hagan lo mismo. Las normas no pueden ser obligatorias para los adversarios y optativas para los amigos. Eso no es orden internacional; es ley del más fuerte con barniz occidental.

La Unión Europea presume, con razón, de ser un proyecto basado en el derecho y el multilateralismo. Pero esa credibilidad se construye con coherencia. Si la respuesta ante cada crisis es cerrar filas sin matices en torno a cualquier acción de Estados Unidos o de cualquier socio estratégico, entonces la llamada “autonomía estratégica europea” es una ficción.

Defender la legalidad internacional no es equidistancia moral. No es blanquear dictaduras. Es, precisamente, lo contrario: exigir que las reglas sean iguales para todos. Si se debilita ese principio, quienes más pierden no son las superpotencias, sino países como España, cuya influencia depende de que existan normas compartidas y no solo correlaciones de fuerza.

La simplificación de López Miras puede funcionar en un mitin. Puede arrancar aplausos fáciles apelando al miedo y al enemigo externo. Pero empobrece el debate público y, lo que es peor, transmite la idea de que la política exterior se reduce a elegir bando sin preguntarse por la legalidad de los actos.

No se trata de estar contra Europa. Se trata de exigir que Europa sea coherente con lo que dice defender. No se trata de simpatizar con Irán. Se trata de no aceptar que el mundo sea gobernado a golpe de decisión unilateral sin control jurídico efectivo. Y no se trata de tibieza, sino de firmeza democrática.

Porque la verdadera fortaleza de Occidente no es su capacidad militar. Es su compromiso con el Estado de derecho. Si ese compromiso se vuelve selectivo, deja de ser fortaleza y se convierte en simple conveniencia.

Y entonces, ya no habrá diferencia real entre el discurso de los bloques y la lógica que dicen combatir.

En pleno siglo XXI, que todavía se promuevan las fiestas locales en honor de una Virgen o Santo patrón tiene su aquel, que las autoridades civiles o militares participen en manifestaciones religiosas, con banda, bastón de mando y medallas al cuello. Lo que algunos llaman “tradición” es, en realidad, una manifestación explícita de privilegio religioso institucional que ignora el principio de neutralidad y la diversidad de la sociedad española.

No hablamos de devoción personal: hablamos de representantes del Estado que se colocan en primera fila de un acto confesional, transmitiendo un mensaje inequívoco: la identidad institucional se confunde con una fe concreta. Para quienes no son católicos, ateos o pertenecen a otras confesiones, esto no es cultura; es exclusión.

Durante la dictadura, la Iglesia y el Estado eran uno. Los cargos públicos presidían misas y procesiones como símbolo de autoridad, subordinando la representación cívica a la religión oficial. Hoy, 47 años después, la repetición de estos rituales con presencia institucional no es inocua ni neutral. Es un eco simbólico de aquel modelo autoritario que pretende legitimar poder político a través de la fe.

Cada banda y cada bastón de mando colocado frente al altar refuerzan la idea de que la institución favorece a la religión mayoritaria, ignorando la pluralidad de la ciudadanía. Y lo más preocupante: los propios cargos parecen verlo como “normal”, sin cuestionar el impacto en quienes no se identifican con esa fe.

El artículo 16.3 de la Constitución Española permite cooperación con las confesiones, pero nunca autoriza a los representantes públicos a protagonizar actos religiosos. La neutralidad no consiste en “estar presente” y posar para las cámaras: consiste en no usar el cargo público para avalar una religión concreta.

La confusión entre tradición y protagonismo institucional perpetúa la idea de que la representación política está vinculada a la religión mayoritaria, lo cual es incompatible con la España plural y democrática de hoy.

España ha cambiado: la diversidad religiosa y la población no creyente crecen cada año. Lo que antes se consideraba “normal” hoy puede ofender o excluir. La asistencia de alcaldes y concejales a procesiones con símbolos institucionales es un acto que hiere la igualdad y la neutralidad. No se trata de atacar la devoción, sino de exigir que los cargos públicos respeten a toda la ciudadanía y no la utilicen como escaparate de su poder.

Sí es voluntario y personal háganlo, pero sin usar símbolos, ni ostentar representación institucional. La presencia de cargos institucionales en actos religiosos no es un gesto inocuo de tradición; es una forma simbólica de privilegio confesional que ignora la pluralidad y vulnera la neutralidad del Estado. En una España democrática y diversa, los cargos públicos deben aprender a respetar la frontera entre representación civil y devoción religiosa, o corren el riesgo de cometer apología hacia el nacionalcatolicismo que se impuso durante la dictadura.

La Asamblea Regional ha rechazado apoyar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central. El argumento del Partido Popular es conocido: la Región de Murcia seguiría infrafinanciada y el sistema no corrige completamente el desequilibrio histórico. El diagnóstico puede discutirse en sus matices, pero lo que merece un análisis más riguroso es la consecuencia política de la decisión adoptada: supeditar cualquier mejora efectiva de financiación a un hipotético cambio de Gobierno en España.

Ese es el punto crítico.

Porque la propuesta estatal, con independencia de su diseño final, implicaría para Murcia dos efectos objetivos: un incremento neto de recursos estructurales y una reducción sustancial de la carga de deuda asociada a la infrafinanciación acumulada. Es decir, una mejora simultánea del flujo anual de financiación y del stock de endeudamiento. En términos de economía pública regional, ambas variables son las que determinan la capacidad real de sostener el gasto en servicios fundamentales sin recurrir a ajustes o a más deuda.

Rechazar esa mejora no equivale a preservar el statu quo en espera de algo mejor. Equivale a consolidar el sistema vigente, que es precisamente el que el propio Gobierno murciano califica desde hace años como insuficiente y lesivo. La coherencia técnica exigiría explicar por qué es preferible permanecer en un modelo que genera déficit estructural de financiación antes que transitar a otro que, aun imperfecto, reduce ese déficit.

La respuesta implícita es política, no financiera: la expectativa de que un futuro Ejecutivo del PP impulse un sistema más favorable. Pero esa hipótesis descansa sobre tres supuestos altamente inciertos.

El primero es la aritmética parlamentaria. La reforma de la financiación autonómica exige acuerdos multilaterales complejos y mayorías reforzadas. No existe ninguna evidencia histórica de que un cambio de signo en La Moncloa facilite automáticamente ese consenso. De hecho, el actual modelo caducó en 2014 con un Gobierno del PP y tampoco entonces se abordó su renovación.

El segundo supuesto es el margen fiscal estatal. La financiación autonómica no es una redistribución abstracta: implica recursos presupuestarios efectivos. Cualquier reforma que mejore significativamente a las comunidades infrafinanciadas requiere aumentar el volumen global del sistema o redistribuirlo con ganadores y perdedores claros. Ninguno de esos escenarios es políticamente neutro ni depende solo de la voluntad del partido que gobierne.

El tercero es el coste de oportunidad temporal. Cada año sin reforma supone para la Región mantener un diferencial negativo de financiación por habitante respecto a la media. Ese diferencial no es retórico: se traduce en menor capacidad de gasto sanitario, educativo y social o, alternativamente, en mayor endeudamiento para sostener niveles equivalentes de servicio. Posponer una mejora cierta hoy a cambio de una mejora hipotética mañana tiene un coste acumulativo que rara vez se incorpora al debate político, pero que es cuantificable.

Desde esta perspectiva, la posición adoptada por el PP regional introduce una paradoja difícil de sostener: se denuncia de forma estructural la infrafinanciación y, al mismo tiempo, se rechaza una propuesta que la reduciría, no porque empeore la situación relativa actual, sino porque no la corrige completamente y porque procede de un Gobierno de signo contrario.

Ese desplazamiento del criterio, de la suficiencia financiera a la autoría política del modelo, es lo que transforma una discusión técnica legítima en una decisión estratégicamente partidista. Y esa decisión tiene efectos materiales.

La financiación autonómica no es un marco abstracto de reparto territorial. Es el mecanismo que determina cuánto puede gastar realmente una comunidad en sanidad, educación o dependencia sin deteriorar su posición fiscal. En comunidades estructuralmente infrafinanciadas, cada mejora marginal tiene un impacto proporcionalmente mayor que en las que ya parten de niveles superiores.

Por eso el debate relevante no es si el nuevo modelo resolvería definitivamente la posición relativa de la Administración Regional, algo que probablemente requerirá varias revisiones, sino si es racional rechazar una mejora verificable bajo la premisa de que en un futuro indeterminado podría existir otra mayor.

La política pública responsable suele operar con mejoras incrementales bajo restricciones reales. La política de espera, en cambio, traslada el riesgo a los ciudadanos: si la alternativa prometida no llega, la situación inicial persiste o empeora.

Ese es el riesgo que hoy asume el Gobierno Regional. Y convendría explicarlo con la misma claridad con la que se denuncia la infrafinanciación. Porque, en financiación autonómica, no decidir también es decidir: es elegir seguir como se está.

En la Región de Murcia, miles de familias están pagando hasta 6.000 € al año para que sus hijos puedan estudiar un módulo de Formación Profesional y no digo nada de un grado universitario en centros privados. No porque quieran, sino porque muchas veces no tienen otra opción. La educación pública deliberadamente pierde recursos, la oferta se queda corta y la alternativa acaba siendo pagar o renunciar.

Mientras tanto, más del 60% del electorado sigue respaldando, elección tras elección, lo mismo. No es mala suerte. No es casualidad. Es el resultado de una forma de votar que lleva décadas renunciando a exigir resultados.

La Región es una de las comunidades con mayor continuidad política de toda España. La derecha gobierna casi sin interrupción desde hace más de treinta años. ¿El balance? Sueldos bajos, dependencia de un turismo de tercera, industria agroalimentaria intensiva y la construcción, fuga de jóvenes cualificados, servicios públicos tensionados y una economía frágil.

Pero el discurso sigue siendo siempre el mismo: bajar impuestos, libertad, y culpar de todos los males a los demás. La realidad es otra: menos impuestos para algunos, menos servicios para todos. Cuando se recorta financiación pública, el dinero no desaparece. Se traslada. Lo acabamos pagando en matrículas, en seguros privados, en academias, en clínicas, en residencias. En gastos que antes cubría lo común. No pagamos menos. Pagamos dos veces. Primero con impuestos, y después con nuestra cartera.

La política de privatización de la derecha no se anuncia a bombo y platillo. No llega con grandes titulares. Se hace poco a poco, con conciertos, externalizaciones, subvenciones selectivas y “colaboraciones público-privadas” que casi siempre benefician a los mismos. Se debilita lo público y se fortalece el negocio. Y cuando alguien se queda fuera, se le dice que es culpa suya.

Este modelo no sería posible sin una ciudadanía que, en buena parte, ha normalizado votar por inercia. Votar “a los de siempre”. Votar por miedo. Votar porque “los otros son peores”, aunque no se sepa exactamente por qué. Durante años se ha construido un relato donde criticar al gobierno es “ir contra los murcianos”. Donde cuestionar el modelo es ser desleal. Donde cambiar es peligroso. Así, la política se convierte en identidad. Y la identidad sustituye al pensamiento crítico.

Pero una democracia sin alternancia se degrada.

Sin alternancia no hay presión.

Sin presión no hay autocrítica.

Sin autocrítica no hay mejora.

Solo acomodamiento.

La alternancia no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de salud democrática. Es la única forma de recordar a quien gobierna que no es dueño de las instituciones. La Región paga hoy el precio de no haber cambiado nunca.

Lo pagan los jóvenes que se marchan.

Lo pagan las familias que se endeudan.

Lo pagan los pacientes que esperan.

Lo pagan los estudiantes que no llegan.

Y, aun así, seguimos votando igual.

No se trata de señalar con el dedo a nadie. Se trata de hacerse una pregunta incómoda: ¿Realmente estamos mejor que hace veinte años? ¿Tenemos más oportunidades? ¿Más futuro? ¿Más igualdad? Si la respuesta es no, seguir haciendo lo mismo no es estabilidad. Es resignación.

La Región no está condenada al atraso. Tiene talento, recursos y gente preparada. Lo que le falta es una ciudadanía que deje de conformarse con lo mismo.

Votar no es elegir un equipo. Es evaluar resultados.

Y en la Región, los resultados llevan demasiado tiempo suspendiendo.

La Región de Murcia presume, con razón, de ser un referente en depuración y reutilización del agua. Las cifras oficiales hablan de eficiencia, sostenibilidad y liderazgo europeo. Sin embargo, detrás de ese relato institucional hay realidades que no aparecen en las estadísticas ni en los actos públicos. Una de ellas es la de Los Valientes, pedanía de Molina de Segura, cuyos vecinos llevan décadas sin una depuradora en condiciones.

No se trata de una carencia reciente ni de un problema técnico puntual. Es el resultado de años de retrasos, promesas incumplidas y falta de voluntad política. Generaciones enteras han crecido escuchando que “el proyecto está en marcha”, que “ya queda poco”, que “está previsto en los planes”. Pero la infraestructura nunca llega.

Mientras tanto, los vecinos cumplen. Cumplen pagando impuestos. Cumplen abonando, mes a mes, el canon de saneamiento en sus facturas del agua. Un impuesto autonómico que no es simbólico ni opcional, sino obligatorio y finalista: se recauda específicamente para financiar la depuración y el saneamiento.

En Los Valientes se da una paradoja difícil de justificar: se paga por un servicio que no se recibe. Este hecho, por sí solo, debería provocar una reflexión profunda en las instituciones responsables. Porque no estamos ante un problema de recursos, la Región gestiona cientos de millones de euros en infraestructuras hidráulicas, sino ante un problema de prioridades.

Y aquí aparece una responsabilidad clara: ESAMUR. La Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia gestionan el canon, planifica inversiones y coordina la red de depuradoras. Su función es garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un saneamiento digno. No solo los que viven en grandes núcleos urbanos o zonas estratégicas.

Sin embargo, Los Valientes sigue fuera del mapa real de inversiones. Durante años, ESAMUR ha participado en convenios, estudios y anuncios relacionados con Molina de Segura y su entorno. Se han firmado acuerdos, se han reservado partidas y se han presentado proyectos. Pero en la práctica, la depuradora de la pedanía sigue siendo una promesa incumplida.

Mientras tanto, se invierten millones en modernizar instalaciones ya existentes, en ampliar plantas en otros municipios o en reforzar infraestructuras vinculadas al regadío. Inversiones legítimas, sin duda. Pero que no pueden servir como excusa para perpetuar una desigualdad territorial evidente.

Porque lo que ocurre en Los Valientes no es una anécdota. Es un ejemplo de cómo las zonas periféricas y menos visibles quedan relegadas en la agenda política. Donde no hay focos, no hay prisas. Donde no hay rédito electoral inmediato, se pospone.

Las consecuencias no son solo administrativas. Afectan a la salud pública, al entorno natural y a la calidad de vida. Afectan también a la confianza en las instituciones. ¿Cómo pedir responsabilidad ciudadana cuando la administración no cumple con su parte?

Los vecinos han hecho lo que se espera en una democracia: han presentado escritos, han solicitado reuniones, han acudido a los medios, han protestado de forma pacífica y persistente. No han optado por el ruido, sino por la constancia. Y, aun así, siguen esperando.

La pregunta es inevitable: ¿cuántos años más?

¿Cuántos recibos más hay que pagar sin recibir el servicio correspondiente?

¿Cuántas legislaturas más tienen que pasar sin una solución definitiva?

¿Cuántos anuncios más hay que escuchar antes de que empiecen las obras?

ESAMUR no puede seguir amparándose en informes, trámites o complejidades técnicas. Su responsabilidad es convertir los recursos públicos en servicios reales. Y en este caso, no lo ha hecho.

En Los Valientes no piden trato de favor. Pide igualdad. Pide que el canon que paga se traduzca en infraestructuras. Pide que la gestión del agua, de la que tanto se presume, llegue también a quienes llevan demasiado tiempo esperando.

Porque pagar sin recibir no es eficiencia. Es injusticia.

Y porque una Región que aspira a liderar la gestión hídrica no puede permitirse dejar atrás a parte de su ciudadanía.

La reciente reforma impulsada por el PP y Vox en la Región de Murcia se presenta como una medida firme contra la ocupación ilegal. Según sus promotores, su objetivo es impedir que “los okupas” se beneficien de la vivienda asequible financiada con dinero público. Sin embargo, detrás de este discurso aparentemente contundente se esconde otra realidad: la norma no va dirigida contra redes criminales organizadas, sino contra las personas más vulnerables.

Conviene, además, poner el problema en su justa dimensión. A nivel nacional, el Ministerio del Interior registró 16.426 casos de ocupación ilegal en 2024, una cifra que equivale a un promedio de unas 45 ocupaciones al día. Aunque eso pueda sonar elevado, representa poco más de 0,06 % del total de viviendas en España, lo que indica que no estamos ante un fenómeno masivo que justifique una alarma social desproporcionada.

Los datos regionales confirman esa relativa minoría del fenómeno. Según fuentes locales, solo hay unos 435 casos de viviendas ocupadas ilegalmente, lo que representa aproximadamente el 0,05 % del parque total de viviendas en la Comunidad Autónoma. Además, aunque se iniciaron cerca de 500 procedimientos judiciales por ocupación en el último año, el tiempo promedio para desalojar un inmueble supera los 18 meses, lo que evidencia que lo que hay que mejorar, si acaso es esa demora. 

Es cierto que los portales inmobiliarios muestran que en ciertos segmentos del mercado, como viviendas en venta, la presencia de inmuebles ocupados puede alcanzar cifras más elevadas (por ejemplo, alrededor del 5% en la provincia de Murcia).

Pero es fundamental aclarar que este dato se refiere únicamente a una parte muy concreta del mercado secundario y no al total del parque de viviendas disponible.

PP y Vox defienden la reforma como una forma de proteger la legalidad y los derechos de los propietarios. Sin embargo, la legislación vigente ya contempla mecanismos legales para proteger al propietario, incluidos procedimientos judiciales y desalojos, aunque lentos y mejorables, como muestran las cifras.

Presentar esta reforma como una necesidad urgente basada en una “crisis de okupación” es, cuando menos, una simplificación interesada. Los números no respaldan una emergencia generalizada, sino un problema localizado y minoritario que la ley ya aborda, aunque con limitaciones.

La reforma no solo criminaliza, sino que excluye de facto del acceso a vivienda asequible a personas que hayan sido condenadas por ocupación en los últimos diez años.

Sin embargo, como muestran los datos, la ocupación no es un fenómeno homogéneo: puede ir desde grupos organizados hasta familias en situación de precariedad que no encuentran otra alternativa habitacional.

Este enfoque punitivo ignora que la ocupación es muchas veces consecuencia de la falta de acceso real a la vivienda. Castigar a quienes han estado en esa situación no soluciona el problema de fondo; simplemente refuerza la exclusión social.

Las consecuencias de este enfoque son profundas. Excluir a las personas más vulnerables del acceso a vivienda pública no soluciona el problema: lo perpetua. Sin un hogar estable es imposible mantener un empleo digno, escolarizar adecuadamente a los hijos o reconstruir un proyecto de vida. La exclusión se hace crónica y los conflictos sociales se intensifican.

Además, medidas como esta contribuyen a estigmatizar la pobreza. Se transmite la idea de que quien ha caído en la exclusión es culpable de su situación y que las causas estructurales, como la escasez de vivienda asequible o la precariedad económica, son irrelevantes.

La vivienda no debería ser un premio para los “buenos ciudadanos” ni un castigo para los “malos”. Debería ser una herramienta para garantizar dignidad, estabilidad y cohesión social. Convertirla en un instrumento punitivo puede generar réditos políticos a corto plazo, pero no resuelve el problema de fondo.

Si realmente se quiere combatir la ocupación ilegal, la respuesta pasa por abrir puertas, no cerrarlas: más vivienda pública y asequible, políticas efectivas de prevención de desahucios, mediación entre partes y apoyo social real. Todo lo demás es propaganda populista.

La reforma de la Ley del Mar Menor que impulsa el Gobierno regional de Fernando López Miras no es un error técnico ni una discrepancia legítima sobre cómo gestionar un ecosistema frágil. Es el resultado directo de un pacto político entre el PP y Vox que tiene un objetivo claro: desactivar las pocas barreras legales que incomodan a quienes llevan años contaminando sin consecuencias reales.

Conviene llamar a las cosas por su nombre. Esta reforma no nace del interés general ni de criterios científicos. Nace de una alianza parlamentaria que intercambia protección ambiental por estabilidad política, y que vuelve a utilizar el Mar Menor como moneda de cambio. El ecosistema, una vez más, paga el precio de los acuerdos de despacho.

Permitir que empresas sancionadas por contaminar sigan accediendo a subvenciones públicas es una decisión profundamente ideológica. No es “defender al sector primario”, como repiten de forma mecánica PP y Vox. Es blindar a los infractores, premiar el incumplimiento y castigar indirectamente a quienes sí respetan la ley. Es instaurar una competencia desleal financiada con dinero público.

El mensaje es brutalmente claro: no importa cuánto dañes el medio ambiente; el Gobierno regional seguirá de tu lado. Si hay multa, se paga. Si hay protesta social, se ignora. Y si hay ayudas públicas, se reparten igual. Este no es un modelo de desarrollo: es un modelo de impunidad.

Resulta especialmente obsceno que esta contrarreforma llegue después de que el Mar Menor haya sufrido colapsos ecológicos documentados, mortandades masivas y una degradación reconocida internacionalmente. No se legisla desde la prevención ni desde la reparación, sino desde el negacionismo práctico: aceptar el daño como algo inevitable y, por tanto, asumible.

Vox nunca ha ocultado su desprecio por las políticas ambientales. Forma parte de su ADN ideológico: negar la crisis ecológica, ridiculizar la protección del medio ambiente y presentar cualquier límite legal como un ataque a la libertad económica. Lo grave es que el Partido Popular, lejos de marcar distancia, asume ese marco y lo traduce en leyes para mantenerse en el poder.

Porque esto va de poder. De conservar mayorías. De no molestar a determinados intereses económicos. Y de trasladar el coste político y ambiental al conjunto de la ciudadanía y a las generaciones futuras. Mientras tanto, se invoca el empleo, el campo o la economía como coartadas emocionales para justificar lo injustificable.

Pero gobernar no es obedecer a los más ruidosos ni a los más influyentes. Gobernar es poner límites, especialmente cuando está en juego un bien común irreemplazable. Y aquí el límite se ha cruzado hace tiempo: cuando se decide que contaminar no solo no excluye del sistema, sino que sigue dando acceso a ayudas públicas.

La reforma del PP con el apoyo de Vox no es solo un ataque al Mar Menor. Es un ataque al principio básico de igualdad ante la ley. Es decirle a la ciudadanía que hay dos reglas: una estricta para la mayoría y otra flexible para quienes contaminan con respaldo político.

El Mar Menor no necesita más pactos vergonzantes ni más cesiones a quienes lo han llevado al borde del colapso. Necesita exactamente lo contrario: leyes más duras, controles reales y responsabilidades personales, incluso penales, para quienes destruyen el medio ambiente.

Todo lo demás, reformas a la baja, discursos vacíos y alianzas con el negacionismo, no es gestión. Es una renuncia deliberada a proteger una joya que es de todos.

La liberación de 65 trabajadores extranjeros explotados en una finca agrícola de Ulea no es solo una noticia policial. Es una enmienda a la totalidad al discurso que Vox y su líder regional, José Ángel Antelo, llevan tiempo propagando sobre la migración irregular.

Porque mientras Vox señala al migrante como amenaza, invasor o problema de convivencia, la realidad demuestra algo mucho más incómodo: el sistema económico y agrícola que dicen defender se sostiene, en demasiadas ocasiones, sobre su explotación.

No hablamos de irregularidades menores ni de casos aislados. Hablamos de personas obligadas a trabajar en condiciones inhumanas, privadas de derechos básicos, sometidas por el miedo y la necesidad. Cinco detenidos, tres en prisión. Eso tiene un nombre: explotación laboral grave. Y ocurre en el corazón del campo que Vox idealiza y dice proteger.

¿Quién se beneficia realmente de la migración irregular que Vox demoniza?

Desde luego, no los trabajadores. Se benefician quienes los contratan sin derechos, quienes los hacinan, quienes los amenazan con la deportación si protestan. Y ese modelo no se combate con discursos incendiarios ni con expulsiones simbólicas, sino con inspecciones, regulación y voluntad política. Justo lo que Vox rechaza de forma sistemática.

El discurso de Antelo y de su partido no es inocuo. Genera miedo, y el miedo es el mejor aliado del explotador. Cuando una persona teme ser detenida o expulsada, no denuncia. Cuando se la presenta públicamente como sospechosa por el simple hecho de existir, se normaliza que se la trate como mercancía. Ese es el efecto real y tangible del discurso de la “mano dura”.

Vox habla sin descanso de “ley y orden”, pero guarda un silencio atronador ante el desorden moral y económico que permite que decenas de personas sean tratadas como esclavos modernos. Nunca les oímos exigir más inspecciones laborales en el campo. Nunca señalan a los empresarios explotadores. Nunca proponen regularizar para proteger derechos. El enemigo siempre es el último de la cadena, el más débil, el que no puede defenderse.

Y aquí entra también la responsabilidad de su entorno social y político, de quienes repiten consignas sin detenerse a mirar las consecuencias. Porque no se puede clamar contra la migración irregular mientras se aplaude un modelo productivo que la necesita para funcionar. No se puede exigir expulsiones masivas y luego fingir sorpresa cuando aparecen casos de explotación sistemática. Eso no es ingenuidad: es hipocresía política.

España necesita trabajadores en el campo. La Región de Murcia los necesita. Lo que no necesita es un discurso que convierte a esas personas en chivos expiatorios mientras protege, por acción u omisión, a quienes hacen negocio con su vulnerabilidad.

Endurecer la vida del migrante no protege el campo: protege al explotador.

El caso de Ulea debería servir para desmontar relatos interesados. Para recordar que el verdadero problema no son quienes vienen a trabajar, sino quienes se aprovechan de que llega de manera irregular, voz ni respaldo institucional. Y para evidenciar que un proyecto político que solo apunta hacia abajo, mientras mira hacia otro lado cuando el abuso viene de arriba, no defiende la ley ni el orden: defiende un privilegio.

Porque no hay mayor fraude moral que utilizar el sufrimiento ajeno para ganar votos. Y no hay mayor indignidad que llamar amenaza a quien, en realidad, está sosteniendo con su trabajo aquello que otros dicen amar.