Vivimos en el imperio del bulo y las mentiras calculadas. No hay día en que no nos intenten colar algún bulo, sobre todo proveniente de la extrema derecha, aunque el Partido Popular se ha abonado a esta manera de hacer política, conscientes de que tiene más impacto en su electorado y entre las personas indecisas cuanto mayor es la barbaridad que sueltan y cuanto mayor número de mentiras dicen en una misma frase.

En la era de la Inteligencia Artificial y de las redes sociales ya nada es lo que parece. Pululan por las redes videos hechos con IA, los llamados deepfakes, en los que aparecen escenas violentas, bombardeos y asaltos ficticios o suplantaciones de identidad de los rivales políticos, videos que calan en las mentes deseosas de usar esas imágenes para atacar al rival político o para tumbar al gobierno. En Francia, hace unos meses, se viralizó un video falso hecho con IA en el que se veía a un numeroso grupo de inmigrantes saltando entre las bancadas de la Asamblea Nacional, gritando e insultando, como si del asalto al Capitolio (ese sí real) se tratara. La extrema derecha no tardó en utilizarlo para, una vez más, criminalizar al colectivo inmigrante, aunque no se tardó en desmentir el bulo, pero ya había conseguido su objetivo, soliviantar al sector más radical de la sociedad francesa.

El campeón de los bulos es, de nuevo, Donald Trump. El mandatario norteamericano ha usado la IA para mostrar a Obama siendo detenido por la policía en el despacho oval, a Kamala Harris en un decorado digno de la URSS o a la cantante Taylor Swift, demócrata confesa, apoyando a Trump. El colmo se alcanzó en 2023 cuando el equipo de Trump manipuló un video en el que un presentador de la CNN contrario al presidente declaraba (falsamente) su apoyo.

Las mentiras y los bulos son un modus operandi cada vez más frecuente en la política nacional, todos ellos desde la derecha y la ultraderecha. Desde el bulo de que “se están destruyendo las presas en España”, pasando porque “los inmigrantes irregulares reciben ayudas en cuanto pisan el país”, por la teoría del “gran reemplazo” (usado también en Francia), o la vinculación entre inmigración y delincuencia, entre otros muchos, usan la estrategia de “miente que algo queda”, impregnando las mentes desinformadas y ávidas de utilizar cualquier cosa que les sirva para atacar al gobierno.

Capítulo aparte lo constituye la sarta de mentiras vertidas sobre la Agenda 2030 de la UE, un catálogo de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para mejorar la sostenibilidad y combatir la pobreza. Así, es falso que la Agenda 2030 prohíba el consumo de carne o lácteos, o que imponga comer insectos, como no es cierto que se limitarán los viajes o se prohibirá la propiedad privada (coche, vivienda). Y, por supuesto, la Agenda 2030 no es un plan para que una élite global gobierne el mundo o elimine las soberanías nacionales, tal y como repiten incesantemente desde Vox.

El Gobierno regional, con el presidente López Miras a la cabeza, no es ajeno a la utilización de bulos que les son muy rentables electoralmente, empezando por el bulo del “cierre del trasvase Tajo-Segura”, argumento usado repetidamente desde la llegada al poder del Partido Popular en la Región de Murcia, allá por 1996, con Ramón Luis Valcárcel como presidente. López Miras echa mano del manido mantra cada cierto tiempo, sobre todo cuando se dirige al lobby de los regantes, para asegurar la fidelidad del colectivo de agricultores y ganaderos, pero lo cierto es que nunca ha dejado de venir agua desde el Tajo, a pesar de la oposición de los miembros de su propio partido de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El mayor escándalo por la difusión de bulos en nuestra región provino a raíz de la agresión a una persona de 68 años en Torre Pacheco. La difusión de un video falso, por parte de los medios de la ultraderecha, de otra agresión, provocó la reacción violenta de una parte de la población contra toda persona de origen magrebí, cuando nunca ha habido problemas de convivencia.

Pero, en mi opinión, lo que más está degradando la democracia en nuestro país es el uso de bulos y mentiras en sede parlamentaria, algo cada vez más habitual. Sus señorías, en virtud del artículo 71 de la Constitución, según el cual “los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”, abusan en sus intervenciones en las sesiones de control al gobierno de las mentiras, las exageraciones y los bulos, a sabiendas de que sus soflamas no tendrán consecuencias penales o políticas. Pero esto desanima a la ciudadanía y nos aleja del respeto que hay que tenerle a las instituciones cuando ni siquiera la bancada de la oposición, sobre todo, respeta la verdad.

A pesar de la constante labor pedagógica de páginas web especializadas en desmentir bulos y de especialistas que confrontan con datos los intentos de desinformación, parece que se está perdiendo la batalla contra la mentira institucionalizada, que solo favorece al auge de la ultraderecha. Es necesario no cejar en el empeño e ir desmintiendo esos bulos y mentiras, aunque sea una ardua tarea. La democracia lo merece.

El Gobierno regional es muy dado a usar eslóganes que le reportan beneficios electorales. Ya pasó en 2001 con el famoso 'Agua para todos', inscrito en una pancarta que los murcianos y murcianas tuvimos que ver durante varios años colgada de la fachada del Ayuntamiento de Murcia, en la época de la burbuja inmobiliaria, con las obras faraónicas proyectadas como el parque Paramount o el resort Marina de Cope, que habrían necesitado de ingentes aportes de agua para su mantenimiento. Afortunadamente, esos proyectos no se realizaron, gracias sobre todo a la oposición de la sociedad murciana y a la acción de la justicia que paralizó algunas de esas obras. 

25 años después, otro lema se repite sin cesar, 'la mejor tierra del mundo'. Parece que los próceres murcianos no han viajado mucho, pues muchos son los motivos que contradicen ese eslogan. Basta con hacer un repaso a algunos datos recientes para comprobarlo. Veamos.

La Región registra un 20,6% de abandono educativo temprano, muy por encima de la media nacional, que se cifra en un 12,8 %, y casi el doble que las comunidades con mejores resultados. Este abandono escolar está relacionado con la precariedad laboral o la baja financiación de la educación pública con respecto a la educación privada-concertada. Así, aunque se aumentó la inversión en educación en un 9% en 2025, este dato esconde que el 77 % de esa inversión va destinada al sector privado-concertado, muy por encima de la media española (57%). La masificación de las aulas, el presupuesto raquítico de los centros públicos para atender a la diversidad del alumnado inciden de manera muy importante en la tasa de abandono escolar.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada recientemente, el 32,5% de la población de la Región de Murcia estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope) en 2025, un dato superior al 2024 (32,4%), sólo por debajo de Andalucía (34,7%) y Castilla-La Mancha (34%). Casi la mitad de la población de la región no puede afrontar gastos imprevistos, y el 42,5% no puede irse de vacaciones una semana. Estos datos demoledores ponen de relieve las dificultades que afronta un amplio sector de la sociedad murciana. Aunque se acaba de aprobar la Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia 2026-2028, está por ver su eficacia si no se actúa sobre la raíz del problema, como es reducir la desigualdad y distribuir la riqueza de un modo más efectivo.

El alza del precio de la vivienda, el mayor problema con que se enfrenta la sociedad actual, golpea de lleno a nuestra región. Así, según el portal Fotocasa, el precio de la vivienda usada en la Región de Murcia ha subido casi un 30% en el último año, encabezando el ranking nacional de subidas, con un precio medio de 1.924 euros por metro cuadrado, 439 euros más que en 2024. El alquiler tampoco es asequible, habiendo experimentado una subida interanual del 9% a marzo de 2026, situándose en una media de aproximadamente 9,43 a 10 euros por metro cuadrado. En un reciente informe de Cáritas se indica que el 46% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado en la Región de Murcia se encuentran en riesgo de pobreza.

El medio ambiente también es una asignatura pendiente en nuestra región. Aunque el Mar Menor experimenta una ligera mejoría, con menores aportes de nutrientes a la laguna costera, sigue siendo un ecosistema frágil, con problemas que no se resuelven vinculados a la agricultura intensiva y con la espada de Damocles de la reforma de la Ley de Protección del Mar Menor por la dependencia del PP regional a las imposiciones de Vox para aprobar los presupuestos.

Otro problema que sufrimos es la contaminación atmosférica vinculada a la alta dependencia del coche. Murcia es la ciudad española que más usa el coche (el 72% de su población lo usa habitualmente), dando como resultado que en más de la mitad de los días de 2025 se han registrado niveles desfavorables de la calidad del aire. A pesar de la propaganda que realiza a diario el alcalde Ballesta con su tranvíbús, este medio no soluciona en absoluto el problema de la movilidad, ya que sólo une el centro con el hospital de La Arrixaca en el Palmar.

Otro aspecto ambiental que nos sitúa a la cola es la proliferación de plantas de biogás en poblaciones como Cartagena, Lorca, Las Torres de Cotillas, Fuente Álamo o San Javier, que son la excusa perfecta para mantener la ganadería intensiva de porcino, con la contaminación por purines, los malos olores y la intensificación del tráfico de vehículos pesados asociados a la implantación de estas plantas sobredimensionadas. La última noticia aparecida en los medios de comunicación es la presunta ocultación por parte de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca del Informe de la UPCT sobre metales pesados (arsénico, cadmio, plomo y zinc), en el Campo de Cartagena. Este hecho ha llevado a Ecologistas en Acción a denunciarlo ante la justicia.

La situación social, económica y ambiental de la Región de Murcia, de la que sólo he desgranado unos pocos datos, contradice el triunfalismo del gobierno regional y su lema 'La mejor tierra del mundo', que puede servir como campaña de marketing para incautos, pero que no refleja la realidad de un territorio que atraviesa por múltiples problemas que no tienen visos de tener una solución a corto plazo.

En 2004 se entrenó una película del género 'catastrofista', 'El día de mañana', dirigida por Roland Emmerich, cuyo argumento giraba en torno a que la fusión de los polos afectaba a la corriente del Atlántico Norte, provocando tormentas, inundaciones y olas de frío extremo en latitudes templadas. Sin llegar a ese grado, estamos viviendo en el oeste de Europa y en España en particular la llegada de una sucesión de borrascas que traen lluvias persistentes, nevadas copiosas y tormentas marítimas, el llamado 'tren de borrascas'. También afecta al norte de América, causando ya 20 muertes en EE.UU. debido a la ola de frío.

Según los meteorólogos, dos son las razones que provocan estas anomalías: el desplazamiento hacia el sur de la 'corriente de chorro', normalmente situada en las proximidades del Polo Norte, que actúa como una verdadera 'autopista' para las borrascas, y el debilitamiento del vórtice polar, una masa de aire muy frío y baja presión que gira alrededor de los polos, confinada en la estratosfera, actuando como un escudo que mantiene el aire gélido en el Ártico o la Antártida, impidiendo así, en condiciones normales, que el aire polar descienda hacia latitudes más meridionales. Algunos modelos prevén para este mes olas de frío aún más acusadas, si el vórtice polar llegara a colapsar.

El debilitamiento o la deformación del vórtice polar que se observa permite que las masas de aire frío desciendan hacia el sur; si se suma que ese aire está cargado de humedad proveniente del Océano Atlántico, tenemos como resultado este 'tren de borrascas' que no tiene visos de terminar. Según la mayoría de la comunidad científica, esa deformación del vórtice polar es debida al derretimiento de hielo marino en partes del Océano Ártico, causado por el aumento de las temperaturas del agua. El Ártico se calienta a un ritmo cuatro veces superior al promedio mundial, provocando una serie de consecuencias, como la fusión del permafrost, la capa de suelo congelado que, al fundirse, libera toneladas de CO2, retroalimentando el calentamiento global. Según la ONU, las temperaturas invernales del Ártico se elevarán de 3°C a 5°C para 2050 y de 5°C a 9 °C para 2080, acentuando y agravando la situación.

Los negacionistas del cambio climático, empezando por la ultraderecha, a la que le sigue de cerca el PP, ansioso por no despegarse de su rival ultra en las encuestas, suelen usar un argumento 'cuñado' cuando afirman que “si hay nevadas y olas de frío, ¿dónde está el calentamiento global?” Ignoran, de forma premeditada o no, que el cambio climático implica modificaciones en el patrón climático planetario que afecta de distintas maneras, a menudo de forma catastrófica, desde inundaciones, hasta incendios, pasando por olas de frío cuando no toca y sequías prolongadas.

La Región de Murcia es una de las primeras candidatas a sufrir los estragos del cambio climático. Aunque nuestra posición alejada de la costa atlántica hace que el impacto de las borrascas sea más moderado, no nos libramos de las lluvias, los fuertes vientos y los temporales marítimos. Nuestra región es más sensible a otras manifestaciones de la emergencia climática, como son la desertificación, las olas de calor extremas en verano o las inundaciones torrenciales. El socio de López Miras en la Asamblea Regional, Jose Ángel Antelo, ya dejó caer algunas perlas en relación al cambio climático, calificándolo de “milonga”, o afirmando el portavoz de Vox, Rubén Martínez, que “el impacto de la acción del hombre sobre el cambio climático es nulo”, demostrando una ignorancia supina y negando las evidencias que miles de científicos de todo el mundo acumulan repetidamente.

Parafraseando el eslogan de la campaña electoral de Bill Clinton en 1992, 'It’s the economy, stupid', podríamos dirigir a los negacionistas esta frase sobre la influencia de la emergencia climática en las desgracias que viven miles de familias desde hace meses, desde la tragedia de la DANA a las inundaciones que asolan el sur de España: 'Es el cambio climático, estúpido'.

En 1992 se inauguró la primera linea de alta velocidad en España entre Madrid y Sevilla con motivo de la Exposición Universal de la ciudad hispalense que, junto a los JJ.OO. de Barcelona, mostraron al mundo hasta qué punto nuestro país había llegado a la modernidad, tras 40 años de dictadura, siete años de transición política a la democracia y 10 años de gobierno socialista con Felipe González.

Hasta entonces, sólo Japón, con los famosos trenes bala, desde 1964, y Francia, con las lineas del TGV en funcionamiento desde 1981, disfrutaban de líneas de alta velocidad que permitían alcanzar velocidades superiores a los 250 km/h. A partir de 1992, tal fue la apuesta de los distintos gobiernos españoles, tanto del PSOE como del PP, por esta red de ferrocarriles que, a día de hoy, ostentamos el segundo lugar del mundo en longitud de vías de alta velocidad, con cerca de 4.000 kms., sólo por detrás de China, que posee 38.000 kilómetros (y la previsión de construir 15.000 km más). En Europa, Francia cuenta con una red de 2.800 kms, y Alemania, 1.700, dos países que, sin embargo, cuentan con mayores poblaciones que nuestro país.

A la sombra de la burbuja inmobiliaria, a partir de 2002 comenzó, con los gobiernos de Aznar y Zapatero, la fiebre inversora en alta velocidad, multiplicándose el presupuesto destinado a la red de AVE, desde los poco más de 2.000 millones ese año, hasta alcanzar los 10.000 millones de euros en 2008, con un total de 65.000 millones. La crisis económica causada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria hundió la inversión a partir de ese momento, dejando varios proyectos aún inacabados a día de hoy, como son el Corredor Mediterráneo, entre Almería y Barcelona, la linea al País Vasco o el AVE a Extremadura.

Este crecimiento espectacular de la alta velocidad en España en poco más de 30 años se ha realizado a costa de sacrificar multitud de lineas convencionales, con la desaparición de 500 kms de este tipo de vías y el cierre de más de 400 estaciones, dejando a centenares de pueblos, sobre todo en la España interior, incomunicados por ferrocarril. Algunos de estos casos los hemos vivido en la Región de Murcia, incluso desde antes de la aparición de las lineas de AVE. Así, la linea Murcia-Granada, activa desde finales del siglo XIX, dejó de estar operativa parcialmente en 1985. Los más antiguos del lugar recordarán la linea Murcia-Mula-Caravaca, puesta en funcionamiento en 1933 y cerrada en 1971, cuya estación alberga hoy Aguas de Murcia y cuyo trazado se ha convertido en la Vía Verde del Noroeste, tan utilizado por los amantes de la bicicleta y el senderismo.

Es significativo que, a pesar de la multimillonaria inversión en alta velocidad, de los 665 millones de pasajeros que usaron el ferrocarril en 2023, sólo el 6% utilizó el AVE, el 8% la media distancia y la inmensa mayoría, el 86%, hizo uso del servicio de cercanías, sobre todo en Madrid y Barcelona. También hay que destacar que el transporte de mercancías por tren en España es testimonial, siendo el transporte por carretera el que se usa mayoritariamente, con los problemas de circulación y contaminación atmosférica que ello conlleva.

Todo ello hace que, aunque tenemos la segunda red más extensa de alta velocidad del mundo y la primera de Europa, el uso de este medio de transporte sea mucho más bajo que en los países de nuestro entorno. Así, según al OCDE, el país europeo que más rentabilizó el tren en 2023 fue Austria, con 1.585 km por pasajero, seguido por Francia, con 1.465 km por pasajero. En España cada pasajero recorrió 720 km en un año. En cuanto al transporte de mercancías, si en Alemania se transportaron 3,8 toneladas por kilómetro de red en 2023, en España apenas se alcanzaron las 0,6 toneladas por kilómetro, todas en la red convencional. Los altos precios medios de los viajes en AVE, sumado a su variabilidad, son dos de los factores que hacen que el uso de este medio sea mucho más escaso de lo que se esperaría en relación a la longitud de la red.

Una red de alta velocidad sobredimensionada, con grandes dificultades para hacer un mantenimiento óptimo, como se ha comprobado tristemente en el reciente accidente de Adamuz y las diversas incidencias que surgen de forma más o menos regular, el abandono de la red convencíonal, todo ello aderezado por la carrera de las diferentes Comunidades Autónomas en conseguir la alta velocidad por intereses electoralistas han llevado a una situación en la que se prima la rentabilidad a la consecución de un servicio público que alcance a más personas, con precios competitivos para los consumidores. Aún estamos lejos de los países de nuestro entorno en la generalización del transporte ferroviario, el más ecológico y sostenible frente al transporte privado por carretera. Debe ser el objetivo optimizar las inversiones para que este medio de transporte sea el más usado por la ciudadanía, con garantías de seguridad y fiabilidad, y que se consiga la vertebración de todo el territorio de una manera eficaz, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

El bombardeo de Caracas por parte del ejército de EEUU y la subsiguiente captura de Maduro y su familia suponen un grave atentado contra el derecho internacional. Según la ONU, la invasión de otro país es una violación grave de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza (Artículo 2(4)), con raras excepciones como la legítima defensa ante un ataque armado (Artículo 51) o una autorización del Consejo de Seguridad (Capítulo VII). Trump y su gobierno han incumplido este mandato de la ONU, abriendo el camino a que cualquier otro país se tome la justicia por su mano y justificando, de paso, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el genocidio del pueblo palestino por parte de Netanyahu. Si cualquier país poseedor de armas nucleares se arroga la potestad de invadir un país o aniquilar a todo un pueblo en nombre de la “seguridad nacional”, ¿con qué autoridad moral se puede impedir que, por ejemplo, China invada Taiwan o que Corea del Norte ataque a su vecino del sur?

Como era de esperar, las primeras reacciones del Partido Popular en la Región de Murcia ante esta acción ofensiva de EE.UU. en Venezuela han ido en la dirección de justificarla, celebrando el bombardeo y, por tanto, la matanza indiscriminada de venezolanos y venezolanas en nombre de la “libertad”. López Miras se alinea con su partido, manifestando que este ataque supone “una oportunidad de libertad para el pueblo venezolano”. Valiente modo de restablecer la libertad, bombardeando a sus habitantes e imponiendo por la fuerza un régimen que debería surgir de la voluntad del propio pueblo venezolano, y no de los delirios megalomaníacos de un presidente de un país supuestamente democrático como es el norteamericano.

La aspirante a presidenta de Venezuela y reciente Premio Nobel de la Paz, Maria Corina Machado, dice “estar lista para tomar el poder”, en una declaración más propia de un intento de golpe de estado que de tener intención de obedecer a la voluntad del pueblo venezolano. En la historia del último siglo de EEUU no son pocas las ocasiones en que el país más poderoso del planeta ha intervenido en algunos países que no comulgaban con la política yanqui, siendo el más conocido Chile en 1973, derrocando al legítimo presidente Allende, aunque ya había intervenido en otros países de América Latina como República Dominicana en 1965, y lo seguiría haciendo en la isla de Granada en 1983, o en Panamá en 1989, eso sin mencionar a la guerra de Irak, basada en la falacia de la existencia de “armas de destrucción masiva”, argumento que fue apoyado por el presidente Aznar en 2003.

A nadie se le escapa que, tal y como ocurrió en la guerra de Irak, el uso de argumentos como la lucha contra el narcotráfico o contra el terrorismo no son sino excusas para esconder el verdadero origen de esta operación: el control del petróleo que el país caribeño extrae y exporta principalmente a China, en un volumen equivalente al 80% de su producción. Aquí se juega el dominio económico y geoestratégico de las próximas décadas, con el gigante asiático que domina el mercado de las tierras raras, materia prima imprescindible para el desarrollo de las tecnologías punteras en comunicación en el área digital.

Y, mientras tanto, Europa mantiene una postura tibia, sin condenar explícitamente el ataque, merced a la disparidad de opiniones en el seno del Parlamento Europeo, desde la izquierda y el partido verde que condenan la acción militar y abogan por la defensa de los derechos humanos, hasta la derecha y la extrema derecha, que aplauden la detención de Maduro y justifican el uso de la fuerza para revertir un régimen que no les es afín. Todo ello sin que sea óbice desear un régimen democrático para Venezuela, pero siempre desde el respeto a los derechos humanos y a la organización de elecciones limpias supervisadas por observadores internacionales.

Esperemos que esta manera de entender la política internacional, con el uso de la fuerza como modo de actuación, no se generalice, pues abre la puerta a posibles conflictos que, hasta ahora, estaban contenidos por el respeto a la Carta de la ONU y a un orden mundial que está en riesgo de orientarse hacia un panorama muy peligroso en este primer cuarto del siglo XXI.

Se cumplen 50 años de la muerte del dictador en la cama, hecho que fue seguido de una transición a la democracia con sus luces y sus sombras, con el protagonismo del pueblo español, empeñado en dejar atrás 40 años de sacrificios y represión, por mucho que el emérito se arrogue ser “el que construyó la democracia”. Esa transición sufrió la amenaza casi constante de una involución reaccionaria por parte de un sector del ejército, que estuvo a punto de hacerla fracasar, llegando a su punto álgido con la intentona golpista del 23 de febrero de 1981. 

Estos 50 años han traído un periodo de avances sociales y económicos, más palpables para el segmento más acaudalado de la sociedad, dando como resultado una marcada desigualdad de riqueza y renta, con el 10% más rico acumulando más del 60% de la riqueza total, mientras que la mitad inferior posee aproximadamente el 7%. Los apuros económicos de un amplio sector de la población se manifiesta en la dificultad, si no imposibilidad, de acceder a una vivienda digna o en la precariedad laboral, sobre todo entre la juventud.

En este contexto, asistimos al auge de la extrema derecha, fenómeno que no ocurre solamente en España, con Vox como tercera fuerza política, pisándoles los talones al Partido Popular, o en Cataluña, con Aliança Catalana haciendo lo propio con Junts, sino que ya lleva años sucediendo en Europa, con Alternativa para Alemania, los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni o Rassemblement National de Marine LePen en Francia, por citar algunos ejemplos cercanos. La ultraderecha propone soluciones populistas y simplistas para problemas complejos, acusando a migrantes, feministas, al colectivo LGTBI+, a ecologistas y partidos de izquierda de todos los males de nuestro país, con mensajes para incautos y crédulos que solo buscan soluciones inmediatas a sus problemas, aunque sean soluciones falsas. 

Es preocupante, sobre todo, cómo esas ideas se están introduciendo entre la gente joven, sobre todo en los chicos. Se estima que el 21% de la juventud abraza las ideas ultras, uno de cada cinco jóvenes, que suelen “informarse” mayoritariamente a través de las redes sociales y YouTube, fuente inagotable de noticias falsas, y desde donde agitadores cibernéticos difunden discursos de odio. En mi trabajo como profesor de Secundaria compruebo cómo adolescentes entonan himnos fascistas, a menudo sin conocer su origen, o repiten descalificaciones al presidente del gobierno, sólo siguiendo una moda que se vende como “antisistema”. Si en los años 70 el modo de canalizar la frustración de un futuro incierto era a través del movimiento punk, de orientación izquierdista y anarquista, en el siglo XXI es el acercamiento a la ultraderecha el modo que tienen los jóvenes de protestar por la falta de perspectivas de futuro. 

El Partido Popular se ha subido al mismo carro que Vox, llevados por su preocupación ante las encuestas que anticipan una subida en la estimación de votos de la ultraderecha. Sólo hay que escuchar a los representantes del PP, con Feijóo a la cabeza, repetir los mantras ultras, en su intento desesperado de impedir que Vox les supere por la derecha, y sólo hay que ver cómo los gobiernos autonómicos gobernados por el PP asumen como propios los postulados de Vox, como la denuncia de la Agenda 2030, la culpabilización de la inmigración, o la acusación al feminismo de ser “demasiado radical”. 

Ocurre en la Comunidad Valenciana, con la investidura de Pérez Llorca como nuevo presidente asumiendo en su discurso mensajes ultras. Otro tanto ocurre en la Región de Murcia, con el cierre de los centros de acogida a menores migrantes o, más recientemente, el rechazo de PP y Vox en la Asamblea Regional de una iniciativa destinada a reforzar y acelerar la protección de la tortuga mora, especie en peligro de extinción, con el 70% de su población europea presente en nuestra región. El presidente López Miras también sucumbió a las exigencias de Vox para negociar los presupuestos, con la condena a las políticas del Pacto Verde Europeo, la oposición al reparto de menores migrantes no acompañados, la modificación de la Ley del Mar Menor y la reducción de subvenciones a los sindicatos y a la patronal. 

El auge de la extrema derecha y del fascismo en Europa en general y en España en particular nos debería preocupar como sociedad. Una ideología que se basa en el odio al diferente, en un nacionalismo exacerbado en el que ser de una determinada nacionalidad es un mérito que hace ser superior a la nacionalidad de al lado, en un ultracatolicismo fanático que rechaza a otras religiones y en la nostalgia de una dictadura que casi ningún seguidor ultra ha vivido, asignándole virtudes y logros que no existieron, sólo puede suscitar rechazo en las personas con un mínimo de capacidad crítica. Es una obligación moral repudiar esta ideología que, caso de volver al poder, pondría en peligro la propia democracia, que tantas décadas de esfuerzos y sacrificios han costado a las generaciones anteriores.

El Partido Popular de la Región de Murcia, ante el avance de la extrema derecha, se ha echado al monte, a imagen y semejanza de Díaz Ayuso, figura admirada por López Miras, que replica todas y cada una de las medidas que la presidenta madrileña aplica en su región. 

Así, ante la obligatoriedad por parte de las comunidades uutónomas de entregar los datos de cribado de cáncer, los consejeros y consejeras de Sanidad de las autonomías gobernadas por el PP, nuestra región incluida, con Juan José Pedreño a la cabeza, se levantaron de la mesa al comienzo de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, habiendo disfrutado, eso sí, del banquete previo. Ese desplante a la ministra García no ha sido un simple hecho simbólico, sino que es un desprecio a la salud de cientos de miles de mujeres que están a la espera de pruebas médicas para confirmar o descartar un cáncer de mama. Y no sólo eso, sino que esta espantada ha impedido aprobar que se destinen 2 millones de euros a la investigación y la vigilancia del cáncer en nuestro país. 

Otra ocurrencia del Partido Popular murciano es la de implantar el llamado 'modelo EGB' a los centros educativos a partir del curso 2026/2027 con la pretensión de que se imparta 1º y 2º ESO en los colegios, a imagen de los años 80, cuando su equivalente, los antiguos 7º y 8º de EGB, se daban en los centros de Primaria. Me parece que la Consejería de Educación no ha calibrado bien las consecuencias de tal decisión. ¿Se desplazará el profesorado de Secundaria a los colegios para impartir sus materias? ¿Tienen los colegios los medios adecuados para llevar a cabo dicho traslado de alumnado -laboratorios, talleres, aulas temáticas-? El consejero de Educación, Victor Marín, calificó esta medida, en una entrevista reciente, como de “acción moderna, realista y eficaz”, cuando es algo antiguo y cuya eficacia no está probada, siendo el medio de intentar solucionar la masificación de las aulas, pero sin invertir en la construcción de nuevos centros educativos públicos. El consejero aprovecha para cargar contra el sistema educativo, tachándolo de “modelo fracasado”, que “ha instalado la mediocridad, ha minado la cultura del esfuerzo y ha erosionado la autoridad del docente”, en una clara estrategia de desprestigiar la educación pública y continuar con su apuesta por la educación privada y concertada. 

El tercer frente abierto por el Gobierno regional en contra de los intereses de la mayoría lo encontramos en el tema de la vivienda. A imagen de su homóloga madrileña, López Miras se niega a aplicar la Ley de la Vivienda, en concreto en lo que se refiere a la declaración de zonas tensionadas, es decir, aquellas áreas urbanas en las que las familias deban dedicar al alquiler más del 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares en esa zona. El precio medio de la vivienda en la ciudad de Murcia se ha incrementado un 11% en el último año, y se prevé que siga subiendo otro 5% en este 2025. Además, el Ministerio de Vivienda ha detectado la presencia en la Región de Murcia de 1.402 pisos turísticos ilegales, una práctica especulativa que, en parte, es la causa del alza de los precios de la vivienda.

El medio ambiente es otro aspecto que el Gobierno regional continua sin poner en valor. Se sigue sin aprobar el Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor, en un momento en que vuelven a sonar las alarmas por el estado de anoxia que se comienza a percibir en la masa de agua, lo que hace temer que se repita la situación de los años 2019 y 2021. La aprobación de este plan acumula ya dos años de retraso desde que se le otorgó de personalidad jurídica a la laguna costera más importante del Mediterráneo Occidental, tal y como denuncia el Comité de Seguimiento del Mar Menor. Tampoco se ha aprobado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, que regula las actividades de este espacio natural costero. La reducción de la contaminación atmosférica es otra asignatura pendiente del Gobierno de López Miras. Un estudio reciente de la UMU vincula los altos niveles de ozono, PM10 o dióxido de nitrógeno, junto a noches tropicales y olas de calor, con el aumento de la mortalidad en nuestra región.

A nivel local, el Partido Popular de la ciudad de Murcia ha llegado a descalificar públicamente a personas particulares, con nombres y apellidos, vecinos del barrio de Vistabella, para no reconocer las necesidades de un barrio emblemático de la ciudad reivindicadas de forma pacífica y festiva por unos centenares de vecinos y vecinas, usando el bulo y la mentira, en una maniobra más propia de organizaciones mafiosas que de un partido que gobierna. 

Las diferentes decisiones que está tomando el Gobierno regional en materias sensibles que afectan directamente a la vida de la ciudadanía, como la sanidad, la educación, el medio ambiente o la vivienda, no atienden a los intereses de la mayoría social, sino que responden a una estrategia acordada entre las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para hacer lo contrario de lo que acuerda el gobierno central, con una finalidad puramente partidista, aunque ello suponga el menoscabo de las condiciones de vida de murcianos y murcianas. ¿Cuándo se dará cuenta la sociedad de esta región de esta realidad?

La naturaleza nos sigue avisando. Cuando está a punto de cumplirse un año de la tragedia de la dana de Valencia, se repiten los avisos naranjas y rojos en Cataluña, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, con lluvias torrenciales, inundaciones que han provocado cortes de luz, personas desplazadas de sus hogares, aunque, afortunadamente, sin víctimas mortales a la hora de escribir estas líneas.

Después de un verano catastrófico de grandes incendios que han calcinado más de 400.000 hectáreas en nuestro país, llega el turno de la borrasca, esta vez proveniente del Atlántico, donde un huracán, bautizado como Gabrielle, generado por las altas temperaturas del agua, se ha movido hacia la península ibérica transformado ya en un ciclón postropical, causando grandes daños, de nuevo, en la zona mediterránea.

¿Y a qué se dedica el Partido Popular de la Región de Murcia mientras tanto? Pues a recibir a los presidentes autonómicos para rivalizar con la ultraderecha en su política migratoria, proponiendo medidas más propias de Vox, como exigir una integración “cultural” de las personas migrantes, es decir, que olviden su origen, su religión y sus costumbres para ser “españoles de bien”, amenazándoles con su expulsión, copiando la estrategia trumpista.

Y en plena deriva ultraderechista, el Partido Popular sigue sin admitir la existencia del cambio climático como origen de los cada vez más frecuentes fenómenos catastróficos que estamos sufriendo, calificando de “cortina de humo” y de “huida hacia adelante” la pretensión del Gobierno de alcanzar un pacto contra el cambio climático. En su intento de contrarrestar el ascenso de la ultraderecha, el PP de Feijóo y López Miras no tiene empacho de mirar hacia otro lado cuando se trata de afrontar de un modo decidido, con medidas efectivas, las causas de la emergencia climática.

¿Cuál es la única referencia al cambio climático por parte del presidente López Miras? De nuevo, sólo se refiere a él cuando defiende a los regantes y exige que les sea trasvasada toda el agua que necesiten desde la cuenca del Tajo, sin reparar en si su caudal alcanza o no el mínimo exigible para sostener el equilibrio ecológico de la cuenca cedente. La consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) ha elaborado recientemente un estudio según el cual la agricultura intensiva aporta casi 4.000 millones de euros al PIB y más de 100.000 puestos de trabajo en la Región de Murcia. Curiosamente, el director de esta consultora en Murcia es Javier Celdrán, antiguo consejero de López Miras entre 2017 y 2021. Y, curiosamente también, esta empresa es la adjudicataria sin concurso público de un contrato para el “asesoramiento, asistencia técnica y consultoría para la elaboración de un Plan de Recuperación Económico y Social de la Comunitat Valenciana”, adjudicación llevada a cabo por el vicepresidente de la Generalitat, el recientemente dimitido Gan Pampols, por un importe de 2,1 millones de euros. Con estos mimbres, cabría preguntarse sobre la imparcialidad y la exactitud de los datos aportados por la empresa adjudicataria.

El Partido Popular, tras culpar a la AEMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar de la tragedia de la dana del pasado año, continua dudando de la eficacia de la Agencia Estatal de Meteorología. El pasado jueves 25 el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, se quejó de los inconvenientes que suponen que “se suspendan clases, fiestas o eventos, y luego comprobamos que podían haberse celebrado con normalidad”, dudando una vez más del rigor de las previsiones de la AEMET, poniendo así por delante los intereses partidistas a la seguridad de la ciudadanía ante fenómenos climáticos extremos.

Si la negación de la emergencia climática es una de las señas de identidad de la ultraderecha, el hecho de que el Partido Popular se sume a esta postura para intentar frenar el ascenso de Vox y evitar que Abascal y los suyos les saquen ventaja en las encuestas es una mala noticia. Si el PP se negó a asistir a las sesiones de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso sobre cambio climático, tildando de “ocurrencia” y “farsa” esta comisión, el último capítulo de esta negación por parte del PP es el rechazo el pasado lunes en el Senado a un protocolo de colaboración entre la AEMET y las organizaciones agrarias para coordinar la información meteorológica, moción presentada por los socialistas.

El negacionismo climático mata, y la postura de la derecha y la extrema derecha españolas nos confirma que no entra en sus planes colaborar en la búsqueda de soluciones a las causas de la emergencia climática, condenando a la sociedad española a seguir sufriendo las consecuencias del principal problema del siglo XXI.

España es pasto de las llamas. En lo que llevamos de año, más de 400.000 hectáreas de bosques están siendo quemadas, cebándose estos incendios en Galicia, Castilla-León y Extremadura. Estos incendios no son exclusivos de nuestro país. En Europa ya son más un millón las hectáreas quemadas en 2025, una superficie equivalente a la tercera parte de Bélgica. Entre principios de enero y el 19 de agosto, los incendios forestales en 22 de los 27 países de la UE emitieron 35 megatoneladas de CO2, un nivel sin precedentes a esta altura del año. En el ámbito regional, este año hemos tenido suerte, ya que sólo han ardido una treintena de hectáreas en la Región de Murcia, en un total de cinco incendios en los municipios de Cieza, Caravaca de la Cruz, Moratalla, Ricote y Abarán, por lo que ha sido posible enviar efectivos a Extremadura para contribuir a sofocar las llamas.

Lo cierto es que nueve de cada diez incendios tienen origen en la actividad humana. Las causas de estos incendios, según la Fiscalía General del Estado, en su Memoria Anual, son variadas, siendo la negligencia debida a las quemas agrícolas no autorizadas y para la regeneración de pastos el origen más común, con un 68% de los casos, y no una supuesta confabulación promovida por el gobierno, siguiendo la malvada Agenda 2030, para instalar campos solares, como intenta hacer creer la ultraderecha en las redes sociales.

El cambio climático y la deficiente gestión del territorio por parte de las diferentes administraciones son factores clave en el aumento exponencial de los grandes incendios en nuestro país. El incremento de las temperaturas, año tras año, junto con la escasez de lluvias, debido a la emergencia climática, es terreno abonado para que los grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas y son muy difíciles de extinguir, sean cada vez más frecuentes, como se está verificando este verano.

Está comúnmente aceptado que, para prevenir los incendios, es necesario “limpiar” los montes, y así se repite desde los medios de comunicación. La frase “los incendios se apagan en invierno” es un mantra que oímos de forma incesante. La primera idea que se nos viene a la cabeza al hablar de la “limpieza” de los montes es que el estado natural de los bosques, con un sotobosque y un matorral desarrollado, es de “suciedad”, que acarrea la pérdida de pastos y promueve el acercamiento de lobos y jabalíes, dos especies denostadas en los últimos tiempos, sobre todo en el norte del país, además de que parecería que el paisaje natural es caótico y se aleja del territorio “ordenado” y modificado por el ser humano, diseñado para extraer de él materiales y recursos.

Pero cada vez son más numerosas las voces que cuestionan este extremo. Así, en 2019, ecólogos forestales de las universidades de Würzburg (Alemania) y Granada, en una carta publicada en la revista Science, exigieron un “cambio radical” en la estrategia de gestión de los bosques, sobre todo tras un evento catastrófico como puede ser un incendio. Estos investigadores defienden que la estrategia de retirar la madera muerta no es correcta, ya que trae como consecuencia una disminución constante de la diversidad biológica y la extinción de muchos hongos e insectos que dependen de esa madera muerta.

Otros investigadores, como los del departamento de Ecología de la Universidad de Oviedo, en un artículo aparecido en 2022, son partidarios de la renaturalización pasiva, es decir, la recuperación de los ecosistemas tras el abandono del uso humano del territorio, ya que representa una oportunidad para restaurar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en un contexto de crisis ambiental global. La aparición del matorral tras un incendio, al contrario de lo que se quiere a menudo transmitir, es beneficioso para el desarrollo posterior de un bosque maduro, ya que el sotobosque protege a los retoños de los árboles del mordisco y el pisoteo de los herbívoros y de las inclemencias del clima. Es decir, el monte “sucio” es un estado más en la dinámica del ecosistema forestal, un indicador de su madurez.

En la Región de Murcia, la actividad humana ha ido sustituyendo en las últimas décadas los encinares naturales por bosques de pinos, de crecimiento más rápido, mediante reforestaciones, alcanzando el 92% del total masa forestal, especies que acidifican el suelo, impiden el desarrollo de un estrato de matorral y facilitan los incendios a través de la resina y las acículas secas. Los bosques de pinos de nuestra región están sufriendo, además, los efectos de la sequía, con más de un millón de ejemplares muertos este año.

Además de favorecer la biodiversidad, la existencia de matorrales en los bosques evita la erosión del suelo y la pérdida de nutrientes del suelo, aumentando la humedad del follaje y del suelo, actúa como cortafuegos natural y captura el dióxido de carbono de una manera más eficaz. El matorral constituye el alimento de multitud de especies herbívoras y permite la polinización por parte de insectos, que regeneran de forma natural el bosque.

Frente a los bosques “humanizados” y a los monocultivos industrializados para la obtención de madera, como los de eucaliptos o pinos, sin un estrato de matorral bien desarrollado, que son candidatos a favorecer los grandes incendios, la existencia de un ecosistema forestal sano y diverso, y no “sucio” como se le suele calificar, la planificación en la ordenación del territorio, evitando la urbanización en zonas potencialmente incendiables, el destino de fondos para incentivar la economía rural, el mantenimiento de plantillas suficientes de cuerpos de bomberos forestales durante todo el año o priorizar la repoblación con especies autóctonas y adaptadas al clima de la península ibérica, además de tomarse en serio la emergencia climática, son algunas de las medidas que se deberían aplicar, según los expertos, para disminuir la virulencia de los incendios forestales.

Nuestro país está condenado a morir de éxito en relación al turismo. Cada año que pasa se baten récords de afluencia de turistas en España. Si en 2024 se alcanzó la cifra de 94 millones de visitantes extranjeros, sobre todo británicos, alemanes y franceses, está previsto que en 2025 se alcancen los 98 millones. A la Región de Murcia llegaron más de 1,1 millones de turistas en 2024, y en el primer cuatrimestre de este año, más de 320.000 visitantes internacionales eligieron la Región entre enero y abril, lo que supone un incremento del 19,8% respecto al mismo período de 2024.

Esta avalancha de turistas tiene su cara, la lluvia de millones que caen en nuestro país, sobre todo en las zonas costeras. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) prevé que en 2025 el sector de viajes y turismo en España podría alcanzar un nuevo máximo histórico, con una contribución estimada de 260.500 millones de euros al PIB, lo que equivaldría a casi el 16% de la economía nacional.

Pero estas cifras esconden una cruz, tanto en aspectos sociales como ambientales. Desde el punto de vista social, destaca la precariedad laboral, con empleos temporales y de baja cualificación, con largas jornadas y bajos salarios. Según un estudio realizado por la Universidad de Alicante en 2022, un 40,6% de los trabajadores de hostelería se encuentran por debajo del umbral de los 1.200 euros brutos mensuales y, a menudo, son puestos sobrecualificados, es decir, que el nivel de formación de las personas empleadas es más elevado que el requerido para esos puestos.

Otro problema social asociado al turismo de masas es la gentrificación, es decir, el desplazamiento de las comunidades locales por el auge de los alquileres turísticos y el aumento de los precios de las viviendas, cuyo exponente máximo lo encontramos en Baleares, donde ni siquiera las personas que acuden a trabajar pueden costearse una vivienda, ya que éstas están destinadas principalmente al turismo extranjero de alto poder adquisitivo. Pero esto ocurre en otras regiones españolas, como Andalucía, Canarias, Cataluña, Cantabria o Comunidad Valenciana. El alto precio de los hoteles, que ha aumentado un 40% con respecto a antes de la pandemia, es otro factor negativo del turismo.

Desde el punto de vista ambiental, la degradación de los ecosistemas costeros es el principal problema detectado. Así, un 36,5% de la línea de playa está urbanizada en España, y más de un tercio de los ecosistemas colindantes han sido destruidos por el actual modelo de producción y consumo. El turismo de masas produce un aumento del consumo de agua, de la generación de residuos y de la emisión de gases de efecto invernadero procedentes tanto de la propia actividad turística como de los vuelos internacionales. Ese aumento del tráfico aéreo propicia la ampliación de aeropuertos, como las proyectadas en los de El Prat, en Barcelona, o en el de Málaga, con graves impactos ambientales en el entorno.

Todos estos problemas tienen su reflejo en la percepción que tiene la sociedad española del turismo de masas. Así, según un estudio realizado este mismo mes de julio por la SEO/Birdlife, casi nueve de cada diez españoles creen que el turismo masivo impacta negativamente en el medio ambiente, y más de la mitad, concretamente el 58%, considera que lo hace de forma importante. Además, son cada vez más frecuentes las manifestaciones de las poblaciones locales para protestar por este modelo turístico depredador, como en Canarias, Cataluña y Baleares.

Pero, ¿qué soluciones podrían aplicarse al problema del impacto negativo en el territorio y en las condiciones laborales precarias? Desde las instituciones, se deberían destinar más fondos a la planificación y menos a la promoción del turismo, para mejorar la gestión. La eliminación de los pisos turísticos ilegales es otra herramienta de que disponen los gobiernos autonómicos y locales para limitar la afluencia de turistas. La desestacionalización del turismo es otra medida adecuada para no concentrar la actividad en los meses estivales. El mantenimiento del control local del turismo, para no dejarlo en manos de inversores y franquicias internacionales y la sustitución del número de pernoctaciones por otros indicadores como el Índice de Progreso Social (IPS) ligado al turismo, aplicado en Costa Rica desde 2016. Este índice evalúa cómo el éxito económico se traduce en beneficios sociales y ambientales para las comunidades locales, no solo en ingresos meramente monetarios.

En la Región de Murcia se acaba de constituir el Consejo Asesor de Turismo, que agrupa a las principales asociaciones de hosteleros y representantes de la administración regional, con el objetivo de implementar “un nuevo modelo de colaboración público-privada que aspira a consolidar el turismo como un motor prioritario regional, buscando impulsar un modelo turístico sostenible, generador de empleo y riqueza”. Sin embargo, bajo mi punto de vista, faltarían en este Consejo Asesor organizaciones vecinales y ambientalistas que vigilasen que, efectivamente, se persigue un modelo sostenible ambientalmente y justo socialmente y no solo la obtención de beneficios.

En esta época estival es el momento de replantearse el modelo actual de turismo masivo para transformarlo en un modelo que no atente contra los derechos laborales y contra el medio ambiente. No hacerlo nos condena a matar la gallina de los huevos de oro y a destruir una industria que debe adaptarse al siglo XXI, con el cambio climático como telón de fondo, que también influirá en el futuro del turismo mundial.

Era una noticia anunciada desde hace meses. Firmado irónicamente un día después del Día Mundial del Medio Ambiente, se materializó el pasado 6 de junio el pacto de presupuestos entre el Partido Popular y Vox en la Región de Murcia. En este acuerdo, plasmado en un documento de sólo cuatro páginas, se confirma la rendición del PP regional a las exigencias de la ultraderecha, sobre todo en materias sensibles como el medio ambiente o la migración.

Así, en el pacto se manifiesta el “contundente rechazo a las políticas de asentamiento y reparto de inmigrantes ilegales impuestas por el Gobierno de España”, demostrando una patente insolidaridad con otras Comunidades Autónomas, especialmente con el gobierno canario, gobernado paradójicamente por el Partido Popular. En las Islas Canarias se aglomeran más de 5.600 menores no acompañados, de los cuales 800 cuentan con protección de asilo, llegando a una situación de saturación de los recursos, principalmente en los 82 centros de acogida de las islas.

En otra demostración de insolidaridad, en el pacto, la ultraderecha exige el cierre del centro de acogida de menores de Santa Cruz, en el que viven 60 menores de entre 10 y 17 años, algunos de los cuales desde hace más de cuatro años, junto con 80 trabajadores, que denuncian el daño que pueden sufrir esos menores por el desarraigo al que se verán afectados. La alternativa a este cierre es la compra de viviendas por parte de la CARM para alojar a esos menores, pero es algo a lo que la ultraderecha se opone, una vez más. Asimismo, el acuerdo penaliza a las ONG que trabajan con migrantes, al retirarles las subvenciones, en un ejercicio de falta de humanidad, al privar de atención a las personas que huyen de manera desesperada de sus países de origen.

Todo esto obedece a una motivación puramente electoralista, la de asociar inmigración y delincuencia, idea falsa alentada con prejuicios y bulos que la ultraderecha difunde. Pero los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que los españoles delinquen más que las personas extranjeras en términos absolutos. En 2022, un 74,19% de los condenados tenían nacionalidad española, frente a un 25,81% de extranjeros.

Otro punto del acuerdo basado en una falacia es el que hace referencia a las 'okupaciones'. A pesar de la intención de crear un estado de alarma entre la población, lo cierto es que las llamadas 'okupaciones', es decir, el allanamiento y usurpación de inmuebles, afectan en la Región de Murcia solamente al 0,055% de las viviendas, 435 casos oficiales de un total de 780.000 viviendas en toda la región. Esa cifra, correspondiente a 2023, es, además, un 34% más baja que el año anterior. Seguir infundiendo miedo en la sociedad es el mecanismo que tiene la ultraderecha para intentar ganar poder, algo totalmente alejado de la ética que debe tener un partido político que aspira a gobernar.

Otro aspecto polémico del pacto es la “reducción de las aportaciones dirigidas a las Organizaciones Sindicales y Empresariales”, subvenciones que tachan de “parasitismo institucional” y “gasto superfluo” dirigido a “chiringuitos”, cantidades que suponen alrededor del 15% de sus ingresos, lo que podría afectar a la calidad de la atención a los trabajadores y trabajadoras con una merma, por tanto, en sus derechos. Sin embargo, el gobierno regional se arriesga a que la justicia tumbe la medida, como ya ocurrió en Castilla y León, cuando el Tribunal Superior de esa Comunidad Autónoma obligó a la Administración regional leonesa a devolver cerca de dos millones de euros a CCOO y UGT tras una denuncia de éstos.

Entre las medidas acordadas entre PP y Vox, preocupa especialmente a las entidades ambientalistas las referentes a la caza y al Mar Menor. En el primer caso, se pretende poner en práctica la gestión y la defensa de varios aspectos prohibidos actualmente por normativas estatales y europeas, como la caza de la tórtola y el arrui, o la práctica del silvestrismo, y que pretende, además, imponer actividades extraescolares con el objetivo de fomentar la caza entre los más pequeños.

En cuanto al Mar Menor, las modificaciones legislativas pactadas incluirían “sustituir un objetivo ambiental, por uno basado en la explotación de este recurso natural”, tal y como denuncia la Alianza Mar Menor (AMARME), además de excluir del ámbito de aplicación del actual ley al término municipal de Fuente Álamo, territorio por el que transita gran parte de la rambla del Albujón y donde se sitúan muchas macrogranjas de porcino. También se pretende eliminar la Comisión Interadministrativa y al Consejo del Mar Menor y otras medidas que afectarían de una forma radical a la albufera, imposibilitando su recuperación y agravando su situación ambiental.

El pacto suscrito entre PP y Vox en la Región de Murcia supone un retroceso en los derechos humanos, en los derechos de los trabajadores y en el derecho de un ente jurídico como es el Mar Menor, todo ello para asegurar la permanencia del presidente López Miras en el poder unos cuantos años más, a costa de los intereses de la mayoría. Todo un despropósito.

El pasado martes 13 de mayo fue rechazada por la mayoría de los grupos en el Congreso la iniciativa legislativa presentada por López Miras para “blindar” el trasvase Tajo-Segura, con los votos en contra de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, con la abstención de Podemos y los votos favorables de PP, Vox y UPN, que no alcanzaron su objetivo. López Miras califica de “decisión unilateral del gobierno” el resultado de esa votación, como si fuera algo que el “malvado Sánchez” hubiera decretado en solitario, obviando que es la mayoría de la Cámara Baja la que, de forma democrática, ha tomado esa decisión. También argumenta el presidente regional que han sido “criterios ideológicos” los que han dirigido este asunto, y no criterios técnicos o ambientales.

La polémica ha surgido por las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura presentadas por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que proponen reducir las derivaciones hasta en un 40% para 2027, pasando de una media de 320 hm3 anuales trasvasados actualmente desde la cabecera del Tajo hacia el Levante, a 248 hm3 en 2026 y 193 hm3 en 2027. Pero esto no es una decisión arbitraria, sino que responde a una serie de estudios realizados por la Cátedra del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) por los que se ha comprobado que no se cumplen los caudales mínimos legales del Plan Hidrológico del Tajo. Así, existen ocho masas de agua en las que, al menos en algún día, el caudal circulante era inferior al fijado como mínimo, en ríos como el Jerte, el Jarama, el Tajuña o el Manzanares, entre otros, además del propio río Tajo a su paso por Talavera de la Reina o Aranjuez.

Además, el Tribunal Supremo acaba de sentenciar en firme que el Plan Hidrológico del Tajo (2022-2027) vulnera la normativa europea de aguas, obligando al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a establecer inmediatamente caudales ecológicos en las zonas protegidas de todo el recorrido del río, sobre todo en las áreas incluidas en la Red Natura 2000, y no de forma escalonada hasta el año 2027.

Habría que explicarle a PP murciano que este rechazo al “blindaje” del trasvase no es una confabulación contra la Región de Murcia, sino una manera de garantizar, en un contexto de cambio climático, la buena salud ambiental de nuestros ríos en general, y del Tajo en particular. Hay que recordarle a López Miras que los caudales ecológicos cumplen una función muy importante, como es mantener la biodiversidad, garantizar el buen estado de los ecosistemas fluviales o reducir la degradación y pérdida de los humedales, tal y como dicta la Directiva Marco del Agua.

Sin embargo, ¿cuál es la reacción del PP? Una vez más, los populares murcianos tildan de “traidores” a los que osan poner en cuestión el sacrosanto trasvase, mientras que el PP de Castilla-La Mancha asegura que “nunca van a ceder a las pretensiones del ecologismo”. La derecha española vuelve a retomar la vieja falacia de que “el agua de los ríos se pierde en el mar”, volviendo el PP murciano al famoso 'Agua para todos' del 2001, y a tratar a los ríos como meras tuberías que transportan agua de un lado a otro.

Y todo eso, ¿para qué? Para atender a la insaciable agroindustria, esa maquinaria que produce enormes daños ambientales y sociales, cuyo principal damnificado en nuestra Región sigue siendo el Mar Menor, a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Segura ya ha detectado más de 8.000 hectáreas de regadío ilegal en el entorno de la laguna, y obligado a la Consejería de Agricultura a restituir casi 3.000 hectáreas, pasando a ser terrenos de secano o de vegetación natural. Estas restituciones han permitido reducir en cerca de 500 toneladas la contaminación difusa por nitratos al Mar Menor, pero aún queda camino por recorrer.

La pretensión del PP murciano de “blindar” el trasvase, es decir, de asegurar la transferencia de agua para la agricultura intensiva, pasando por encima de otros usos y del mantenimiento del buen estado de los ecosistemas fluviales, es hipotecar el futuro de los ríos en un contexto de cambio climático cuyas consecuencias ya sufrimos, y ante el cual debemos adaptarnos cuanto antes. Será el cambio climático el que tenga la última palabra sobre el mantenimiento (o no) de las políticas de trasvases, y no las decisiones tomadas en los despachos.

Tras el “gran apagón” del pasado 28 de abril, el gobierno continúa investigando cuáles son las causas últimas de este incidente que causó miles de millones de euros en pérdidas económicas y encendió las alarmas en toda Europa. En el momento de redactar este artículo, parece que hay un sospechoso número uno, el deficiente sistema de estabilización de la red eléctrica, que permita mantener un equilibrio permanente entre la capacidad de generación y el consumo. El complicado mix de generación de energía en España, donde coexisten todo tipo de fuentes, tanto renovables (eólica, solar e hidroeléctrica) como no renovables (nuclear y centrales de carbón, gas y petróleo), dificultan la gestión de la energía en nuestro país.

En este episodio, los hay que arriman el ascua a su sardina, como la derecha y la ultraderecha, que aprovechan para cargar contra las energías renovables y apoyar a la energía nuclear, actuando como un lobby, llevados por su obsesión de ir en contra de la Agenda 2030 de la UE, aunque se haya demostrado que esta fuente es poco flexible, ya que su apagado y encendido requiere de mucho tiempo. La nuclear es una energía demasiado rígida que no responde de forma eficaz a los picos de demanda, en invierno y en verano, además de representar solamente el 20% de la generación de energía y arrastrar grandes problemas como la gestión de los residuos radiactivos, el riesgo de accidentes y su escasa rentabilidad económica.

Si el problema es que las renovables no pueden almacenar energía, ya se está trabajando para instalar baterías de almacenamiento en plantas eólicas y fotovoltaicas para guardar la energía e inyectarla durante dos, tres o cuatro horas, y poder usarla en las horas más tensionadas, en las que la generación no puede suplir la demanda, tal y como afirman desde la Fundación Renovables. El problema es el coste elevadísimo que conllevaría la instalación de esas baterías, que repercutiría sin duda en la factura de la luz, ya de por sí elevada.

Tanto la Fundación Renovables como la Red Eléctrica Francesa (RTE), aseguran que las renovables no fueron la causa de la caída de la red eléctrica, sino que la desconexión de las plantas renovables fue una consecuencia del cero de red. Aunque las renovables representaban el 70% de la generación eléctrica en España antes del incidente, RTE subraya que esa proporción no es inédita y que ya se había registrado en 2024 y 2025.

Aunque en nuestro país es la primera vez que ocurre un apagón a un nivel tan masivo, en los países de nuestro entorno ya ocurrió algo parecido en varias ocasiones: en Francia en 1978 y 1987, en Italia en 2003, en Alemania en 2006. Estos acontecimientos están haciendo que ciertos expertos e ingenieros se replanteen el modelo energético europeo. Según estos expertos, la existencia de una red inmensa y sobredimensionada de interconexiones eléctricas, diseñadas a partir de la década de los años 50, que abarca todo un país y que se extiende por todo el continente puede ser una debilidad para hacer frente a situaciones de emergencia como la vivida en España. Por el contrario, se apuesta por una red más descentralizada y territorializada, con la implantación de las llamadas smart grids (redes inteligentes), que integran tecnologías informáticas en tiempo real, de tal modo que se recogería información sobre el estado de la red e informaría a los consumidores sobre su demanda de electricidad, ajustando de un modo más exacto la producción y el consumo de energía.

Hay investigadores que van más allá, como el francés Jonathan Coignard, de la Universidad de Grenoble y especialista en autoconsumo energético, que estima que este apagón nos debe llevar a repensar nuestra relación con la electricidad. Coignard plantea la existencia de comunidades locales energéticas en las que no haya más de dos kilómetros de distancia entre las fuentes de energía, principalmente de fuentes renovables, y los consumidores, cuyo vecindario aceptaría la sobriedad en el consumo eléctrico, siendo los propios consumidores los que tomarían decisiones de forma democrática y colectiva en relación al uso de la energía, saliendo así de las soluciones técnicas ofrecidas por ingenieros especialistas en la arquitectura de las grandes redes, con el fin de reflexionar colectivamente sobre nuestro modo de hacer sociedad, recuperando así el poder de acción sobre la red eléctrica.

En un mundo ávido de electricidad, es preciso hacer una reforma en profundidad del sistema eléctrico, en el que la búsqueda de beneficios rápidos no sea el primer objetivo de las empresas que producen y suministran energía. Se debe repensar, además, el diseño de este sistema centralizado, mastodóntico, que cronifica las desigualdades y susceptible de ser vulnerable, como se experimentó el pasado lunes.

López Miras se ha plegado a las exigencias de Vox, haciendo suyos los postulados ultras, todo para seguir agarrándose al poder, aunque ello ponga en riesgo la concesión de ayudas europeas por valor de miles de millones de euros, la mayoría destinadas a la lucha contra el cambio climático, a través de medidas como la restauración ecológica de los ríos, la rehabilitación de casas para que sean más eficientes desde el punto de vista energético, el fomento del transporte sostenible o la recuperación del litoral, muy ligado en nuestro Región con el Mar Menor.

En una muestra más de su irresponsabilidad, el Partido Popular de la Región de Murcia, a través de su presidente, ha afirmado que “rechazan el Pacto Verde Europeo”. Pero, ¿sabe el PP en qué consiste este pacto? Aprobado en 2019, pretende poner a Europa a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, con un objetivo claro, alcanzar la neutralidad climática para 2050, es decir, reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Además, se quiere implementar la economía circular, aquella que minimiza la producción de residuos y que aspira a reducir la obsolescencia programada, es decir, a prolongar la vida útil de los aparatos que usamos, entre otras medidas.

El aspecto del Pacto Verde que irrita a la ultraderecha es el relativo a la agricultura y ganadería. El acuerdo europeo pretende favorecer una gestión sostenible de los cultivos y un mayor bienestar animal, así como producir más con menos, mediante la reducción en el uso de fertilizantes y plaguicidas, así como de antibióticos y otros medicamentos veterinarios y la adopción de postulados ecológicos en las explotaciones agrarias, con el fin de reducir su impacto sobre la biodiversidad, garantizando que los alimentos sean saludables y asequibles. La agricultura es responsable del 10,3% de las emisiones de GEI de la Unión Europea y casi el 70% de sus emisiones proceden del sector de las actividades ganaderas. La Estrategia 'De la Granja a la Mesa' intenta mejorar estos datos por medio de las medidas citadas, además de reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y luchar contra el fraude alimentario en la cadena de suministro.

La Región de Murcia tiene mucha responsabilidad en las emisiones de gases, ya que contamos con dos millones y medio de cabezas de ganado porcino, más que habitantes tiene la Región, generando el 20% de los residuos de porcino de toda España, con cinco millones de metros cúbicos anuales de purines y estiércol que contaminan el suelo y las aguas subterráneas. La pretendida construcción de plantas de biogás proyectadas en la Región no son ajenas al efecto llamada para la proliferación de estas macrogranjas de porcino, ya que sus residuos serían la materia prima para esas plantas.

El PP murciano está en contra de las medidas que el propio Partido Popular Europeo apoya. El grupo conservador en el Parlamento Europeo “ha defendido la ambición climática de reducir en torno al 55% las emisiones de CO2 para 2030 y ha abogado por la innovación”, tal y como aparece en su página web. López Miras y los suyos, fagocitados por la ultraderecha, demuestran ser tan anti-europeos como Vox y no tener escrúpulos de estar contra los intereses de la mayoría de murcianos y murcianas, defendiendo que se mantenga el modelo agrícola y ganadero intensivo, causante de residuos contaminantes que envenenan el suelo y los acuíferos, no aplicando medidas que mejoren el transporte público que reduzcan así la contaminación atmosférica.

Esto no es sino una estrategia, una vez más, para atacar al gobierno central, ya que firmando este acuerdo de presupuestos autonómicos con la ultraderecha, tal y como han hecho en la Comunidad Valenciana, quieren dejar en evidencia que no se está logrando, por ahora, el acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales en el Congreso, haciéndonos creer que, ellos sí, son buenos gestores al conseguir esos presupuestos, aunque ello suponga ir en dirección contraria a lo que se está intentando hacer en Europa. Declararse abiertamente en contra del Pacto Verde supone retrasar la transición ecológica de la economía, seguir dependiendo de terceros países que nos suministran energía y poner en riesgo los empleos del futuro.

Las sucesivas borrascas que atraviesan la península, asociadas a lluvias intensas y a la bajada de las temperaturas, han hecho resucitar los argumentos 'cuñados' en las redes sociales -algunos de ellos a cargo de conocidas estrellas mediáticas- en los que se cuestiona sin sonrojo la existencia del cambio climático, como si las condiciones meteorológicas de una zona concreta en un periodo concreto (en este caso, la península ibérica y en este mes de marzo) fueran representativas de la situación planetaria. Sin embargo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirma que 2024 fue el año más cálido jamás registrado, al superar en cerca de 1,55°C los niveles preindustriales. Si echamos un vistazo a la gráfica de la evolución de la variación de la temperatura media con respecto a 1950, se comprueba que esta curva se hace cada vez más pronunciada, alejándonos de la media de año en año. Además, los últimos siete años han sido los más cálidos desde que se tienen registros.

El cambio climático se refiere a la variación global del clima, a un cambio en los patrones climáticos por los cuales se producen olas de frío cuando no toca, incendios a gran escala, aumento de las precipitaciones masivas, como las DANA que asolan nuestro país, tal y como ha desvelado el Informe de Riesgos Climáticos de la Región de Murcia, coordinado por el catedrático en Geografía Física de la Universidad de Murcia (UMU), Carmelo Conesa García. Este informa revela que el cambio climático dará lugar a un incremento en la magnitud e intensificación de la fuerza de las lluvias y a una relativa mayor frecuencia de estas DANA.

Otros signos palpables de las consecuencias de este fenómeno global son el retroceso y la desaparición de los glaciares, como ya está ocurriendo en los Pirineos, el aumento de la temperatura del Mediterráneo, cuya consecuencia primera es la intensificación de las lluvias torrenciales, o el aumento de casos de enfermedades tropicales como el dengue o el virus del Nilo, como se ha comprobado recientemente en Tarragona o Sevilla, entre otros.

La ultraderecha continua negando la existencia del cambio climático, calificándolo de “fanatismo climático”. Pero lo más grave es que el Partido Popular se ha sumado a esta postura, a través del pacto alcanzado entre el PP valenciano de Mazón y Vox para aprobar sus presupuestos. Para ello, el presidente valenciano no tiene empacho en hablar de una “agenda ambientalista mal concebida” en Europa, de la aplicación de un “pacto verde radical” o en eliminar todas las partidas destinadas a Agenda 2030 y Desarrollo Sostenible. Eso sin hablar de otros temas como la inmigración o la memoria histórica, asumiendo como propio el ideario xenófobo y negacionista de la ultraderecha, todo ello con el beneplácito de Génova, tal y como ha afirmado su portavoz Borja Sémper, al admitir que están de acuerdo con ese pacto, todo en aras de la “estabilidad” en el gobierno, aunque eso implique una deriva reaccionaria.

Pero lo más grave en relación a nuestra región es que el PP espera que esos pactos se reediten en otras Comunidades Autónomas como Aragón o la Región de Murcia. En la Región planea, por tanto, la amenaza de ese pacto entre PP y Vox que incluirían los mismos puntos que el pacto valenciano en relación al Pacto Verde, la inmigración y la memoria histórica, retrocediendo en la lucha contra la contaminación atmosférica, problema muy grave que sufrimos los murcianos y murcianas, la recuperación del Mar Menor, el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes o la transmisión veraz de la historia reciente, sin dogmatismos ni falsedades.

La adopción por parte de la derecha española de los postulados de la ultraderecha es una muy mala noticia que confirmaría el retroceso en materias como la lucha contra el cambio climático y los derechos sociales. Sólo queda que la sociedad civil reaccione y no permita, de una manera democrática, esta involución.

La llegada al poder de Trump y el ascenso de la ultraderecha en Europa, representado en el 'akelarre' ultra del pasado fin de semana en Madrid, coincide con una avalancha de ideas disparatadas que pueblan las redes sociales y que, en algunos casos, son amplificadas por los medios de comunicación convencionales. ¿Casualidad? No lo creo.

Como ejemplo, asistimos incrédulos a la presencia en prime time de televisión de un terraplanista que niega que la Tierra sea redonda, con argumentos que harían palidecer de vergüenza al mismísimo Galileo. Otro ejemplo lo encontramos en las declaraciones del otrora líder de Ciudadanos, al calificar de “estafa piramidal” el sistema público de pensiones, en un claro intento de demonizarlo, para favorecer así los planes de pensiones privados. Lo chocante es que se le de cancha en los medios a estos difusores de mentiras sin ningún problema, solo por buscar audiencia fácil.

El colmo de lo absurdo lo encontramos cuando Trump anuncia aranceles del 25% a los productos europeos, entre ellos el acero, el aluminio, con el riesgo de que afecte a otras mercancías tan valiosas en España como el aceite de oliva, lo que afectará sin duda a la economía de nuestro país, y la ultraderecha lo aplaude, solo porque lo lleva a cabo su adorado presidente norteamericano, tirando piedras contra su propio tejado. O cuando Marine LePen, líder del partido ultra francés, ataca a los productos agrícolas españoles, pero recibe igualmente el apoyo de Santiago Abascal y su partido. Pero lo más sangrante es que haya personas de a pie que lo apoyen, sin calibrar las consecuencias.

Otras ideas que, desde la ultraderecha, nos quieren inocular, y que también repiten en la Región de Murcia, son que no necesitamos a la inmigración para nuestra economía, cuando es sabido que la baja natalidad de Europa en general y España en particular haría que, para sostener el sistema de pensiones y atender la demanda de trabajadores en sectores como la construcción, la hostelería o la agricultura, se requeriría de unos 300.000 trabajadores extranjeros al año, cifra que ascendería a unos 60 millones de aquí a 2050, si hablamos de Europa al completo.

También el pago de impuestos es la diana de la extrema derecha (y del Partido Popular), acusando al gobierno de que vivimos en un “infierno fiscal”, obviando que es gracias a los impuestos que se puede mantener la Sanidad y la Educación públicas, que se arreglan o construyen carreteras, hospitales y colegios, se mejora el transporte público, se invierte en ciencia o que se conceden ayudas a personas que lo necesitan. Y de nuevo, lo peor es que hay gente que compra ese discurso, aunque vaya en contra de sus propios intereses.

¿Y qué decir de la cultura? La extrema derecha censura libros y películas, llega a acosar y agredir a escritores, como se vivió en la pasada Feria del Libro de Madrid, prohíbe obras de teatro en los ayuntamientos donde gobierna, vandaliza monumentos conmemorativos de personas de izquierdas, hechos que nos recuerdan los peores años del nazismo. Reniegan de la industria cinematográfica española, que cosecha premios y éxitos de público, alcanzando altas cotas de calidad.

En cuanto al cambio climático, la negación de este fenómeno global y certificado por la ciencia, por parte de la ultraderecha nos lleva a que gran parte de la sociedad que les sigue cierre los ojos ante las causas que agravan hechos catastróficos como los incendios forestales, las inundaciones (como la reciente DANA en Valencia) o las olas de calor y frío que asolan nuestro país año tras año, y que tan caros son en vidas humanas y pérdidas materiales. Ideas falsas como que la demolición de pequeños azudes es la causa de las inundaciones se extienden entre un sector de población desinformada y crédula de los bulos que circulan por las redes sociales.

Nos tenemos que preguntar las razones de que esta ola de ideas de extrema derecha campe a sus anchas, máxime cuando la ideología fascista fue causante de los mayores desastres del siglo XX, dos guerras mundiales, cientos de millones de muertos y dictaduras en países europeos durante décadas. ¿Qué hace que millones de personas en Occidente repitan ideas insensatas sin cuestionarse siquiera si son ciertas o no? ¿Qué provoca que, en un mundo donde más posibilidades tenemos de llegar a una información veraz y donde cualquier persona puede formarse, haya gente que dé por buenas ideas falsas que van en contra de sus intereses? La aceptación de manera acrítica de estas ideas que podemos calificar de estúpidas no nos hace albergar muchas esperanzas sobre el futuro inmediato, pero hay que continuar con la pedagogía, explicando una y mil veces, si hace falta, que persistir en esas posturas solo nos puede llevar al desastre. Seguiremos insistiendo.

En junio de 1934 se publicó en Francia un manifiesto titulado 'La juventud frente al fascismo', firmado por intelectuales, profesionales de distintas ramas, estudiantes, escritores (entre los que se contaban Paul Éluard, André Breton, Louis Aragon, Jean Giono o André Gide, entre otros). En esta publicación se analizaban las razones por las que la juventud podría abrazar la ideología fascista, como estaba ocurriendo en la Alemania nazi y la Italia de Mussolini. El paro y la desesperación ante la situación económica les empujaban hacia esa ideología, afirmaban. También enumeraban los puntos de la propaganda fascista, el nacionalismo, el odio al extranjero, el antiparlamentarismo, y advertían a la juventud de los peligros de adscribirse a esas ideas.

Noventa años después, parece que la historia se repite. Un estudio elaborado por el instituto de investígación social CIMOP (siglas de Comunicación, Imagen y Opinión Pública) revela que un cierto porcentaje de jóvenes de entre 16 y 30 años desconoce la historia reciente de España, o tienen una visión sesgada de la misma, repitiendo falsos mantras que la ultraderecha difunde, relativos al franquismo y a la Transición. Estas ideas falaces, preconcebidas y maniqueas se han llegado a escuchar en el Congreso de los Diputados, cuando lideres ultras afirmaban que el actual gobierno es “el peor en los últimos 80 años”, o que el franquismo fue un periodo “de reconstrucción, progreso y reconciliación”.

Si uno se da una vuelta por las redes sociales, y sobre todo en la red del hombre más rico del mundo, podemos comprobar cómo circulan todo tipo de falsedades sobre la etapa más negra de la historia del siglo XX en nuestro país, la guerra civl y la dictadura franquista, atribuyéndoles todo tipo de virtudes, justificando el golpe de estado y la posterior represión que mató o envió al exilio a centenares de miles de compatriotas. Así, se asocia la Segunda República solamente con la izquierda, obviando que hubo un gobierno de derechas entre noviembre de 1933 y febrero de 1936; se habla de la guerra civil como “lucha fratricida”, poniendo en la misma balanza a los golpistas y el gobierno legítimo; o se idealiza la época franquista, sin tener en cuenta la represión, los encarcelamientos, las ejecuciones y el exilio de las personas que no acataron el nuevo orden o que tenían un pasado republicano.

Esta ola reaccionaria y ultraderechista que recorre Europa, España y la Región de Murcia tiene su reflejo en las aulas. Adolescentes que repiten esos mantras, o que entonan el 'Cara al sol', a menudo sin saber que es un himno fascista, que reproducen lo que escuchan en casa, sin ningún atisbo de crítica, son el caldo de cultivo de algo muy peligroso, la extensión de ideas racistas, xenófobas y machistas que contaminan a la gente joven.

El problema es que no solamente Vox usa esa estrategia de difundir bulos alabando el franquismo para ganar votos, sino que el propio Partido Popular se apunta a esa estrategia, temeroso de que la extrema derecha le coma la tostada. Por ello, el PP adopta el argumentario ultra referido a temas como la inmigración, el ultranacionalismo o el feminismo, y apoya a dirigentes ultras como Trump, Netanyahu o Milei, además de ser muy tibios a la hora de condenar el franquismo, habiéndose opuesto al traslado de los restos de Franco de Cuelgamuros y, en este año, que se cumplen 50 años de la muerte del dictador, estando en contra de la conmemoración de este hecho que inició la etapa democrática en España, como hacen los países de nuestro entorno que han vivido una dictadura, como Portugal y Alemania.

En Murcia vemos cómo el actual consistorio, con el alcalde Ballesta a la cabeza, ha emprendido la reforma de la llamada Cárcel Vieja, para convertirlo en un espacio amable que haga olvidar que fue un lugar de represión durante 50 años, donde llegaron a estar encerradas más de 3.000 personas a la vez en la época de la dictadura, y que fue lugar de torturas, fusilamientos y humillaciones. La actual reforma obvia deliberadamente toda referencia a la memoria de esos muros, siendo un escalón más para olvidar la etapa más oscura de nuestra historia reciente. Ese empeño de la derecha y la ultraderecha de que no se hable de los 40 años de franquismo, argumentando que “hay que pasar página” y que hablar de ello “divide a los españoles” es el terreno abonado para el resurgir de la extrema derecha, sobre todo entre la juventud, que no ha vivido esta etapa y que es permeable a ideas falsas que blanquean el franquismo.

Ante esto, hay que hacer hincapié en la educación, con campañas que expliquen con rigor científico lo que pasó realmente, y que la historia que se explica en los institutos esté libre de sesgos ideológicos, dedicando un tiempo efectivo a tratar esta etapa histórica y contrarrestando los bulos que las redes sociales difunden, aunque es un trabajo ímprobo muy difícil de llevar a cabo. Ya se sabe que si no se conoce la historia, estaremos condenados a repetirla.

Una vez más, y como viene ocurriendo cada cierto tiempo, la ciudad de Murcia atraviesa episodios continuados de alta contaminación atmosférica, situación que afecta directamente a la salud de la población, especialmente a la infancia y a las personas mayores. La capital de la región es una de las ciudades españolas con mayor contaminación, debido sobre todo a los humos expelidos por los tubos de escape de los vehículos privados y a las quemas agrícolas que siguen realizándose sin control. Pero esto no es exclusivo de Murcia; la Región de Murcia es la comunidad autónoma más contaminada, superando en más de un 30% la media nacional, según los últimos datos del INE. También Cartagena, Lorca, Alcantarilla, Molina de Segura, registran una calidad del aire negativa en más del 90% de año, según los datos de la propia Consejería de Medio Ambiente, con altas concentraciones de partículas PM10 y PM2,5, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y ozono que afectan a las vías respiratorias, agudizando las enfermedades pulmonares y reduciendo la esperanza de vida.

Las autoridades municipales culpan de esta contaminación principalmente a la “intrusión de una masa de polvo sahariano”, ese cajón de sastre que se suele utilizar para desviar la atención de las verdaderas causas, como es el tráfico desmesurado, sobre todo en las horas punta, las nueve de la mañana y a las ocho de la tarde, momentos en los que se superan los 200 microgramos por metro cúbico de contaminantes en suspensión. La reversión de los planes de movilidad llevada a cabo por el actual consistorio capitalino, sumado a las deficiencias en materia de transporte público en la ciudad de Murcia, nos da como resultado la reincidencia en los episodios de contaminación extrema que supone la suspensión de actividades deportivas en los centros educativos, la recomendación de usar mascarilla y de no realizar actividades al aire libre.

El ayuntamiento de Murcia se jacta de tener el protocolo de calidad del aire “más avanzado de España”. Podemos estar de acuerdo en que se realizan mediciones de contaminantes atmosféricos, pero este protocolo se limita a advertir a la población de estos episodios acompañados de diversas recomendaciones, algunos posts en redes sociales y poco más. Sin embargo, no existe un plan real de prevención ni se incide en las causas reales de la contaminación. Los coches campan a sus anchas, y tenemos el peor sistema de transporte público del país, algo extensible al resto de la región. Al año se realizan en la Región de Murcia mil millones de desplazamientos, cuatro millones al día. Pues bien, el 95% de estos mil millones de desplazamientos se realizan mediante el transporte privado. Solo un 5% de estos trayectos se llevan a cabo mediante transporte público.

Los expertos tienen muy claro cuáles deben ser las vías para disminuir la contaminación atmosférica. Según la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, es de obligado cumplimiento la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes, en nuestra región, Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura. Estas ZBE deberían de haber sido implantadas a partir del 1 de enero de 2023. Sin embargo, ninguna de estas ciudades ha hecho los deberes a día de hoy, por lo que, recientemente, el Defensor del Pueblo ha exigido que se habiliten esas zonas. Pero los ayuntamientos del Partido Popular de la Región de Murcia se escudan en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se anularon las áreas delimitadas por el equipo de Almeida por lo que, en el caso de implantarse esas ZBE, no se incluirá la restricción al tráfico para los vehículos más contaminantes, ni discriminará el acceso según el distintivo ambiental. El Ministerio de Transición Ecológica ya ha advertido que esto podría suponer la pérdida de fondos europeos.

La sociedad civil debe reaccionar ante la inacción de los ayuntamientos en materia de contaminación atmosférica y la falta de medidas efectivas para potenciar el transporte público, a pesar de las demandas aplastantes de la población. Sólo así se protegerá la salud colectiva ante estas agresiones ambientales.

De nuevo la Naturaleza ha mostrado su cara más destructiva, con la catástrofe de las lluvias torrenciales que han causado decenas de fallecidos y desaparecidos, así como daños materiales inmensos, sobre todo en la Comunitat Valenciana, situación que es cada vez más frecuente y cuyas consecuencias son cada vez más trágicas.

No hay año en que no se repitan estas tragedias, con víctimas mortales e incalculables daños materiales. Según los expertos, varias son las razones de esta sucesión de fenómenos extremos, pero la más clara es la emergencia climática. Podríamos repetir lo que se viene advirtiendo desde hace décadas, que año tras año se baten récords de temperaturas, tanto en la superficie del planeta como en el Mar Mediterráneo, datos que, una vez más, se cumplirán este año 2024.

Así, en julio de este año se alcanzó el récord de temperatura media planetaria desde que existen registros, con 17,16 ºC, y en el Mediterráneo se llegó a más de 28ºC. También se podría hablar de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), circunstancia que, lejos de disminuir, va en aumento, según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial, habiéndose incrementado más de un 11% en la última década.

Todas estas situaciones provocadas principalmente por la acción del ser humano con nuestras actividades económicas tienen su consecuencia en estos fenómenos extremos y catastróficos.

 Pero nuestra sociedad prefiere ignorarlas. El pasado día 24 de octubre se celebró el Día Internacional del Cambio Climático. Ese día, en la Asamblea de Madrid se presentó una iniciativa legislativa por parte de la oposición para luchar contra este problema, pero la alianza negacionista entre PP y Vox la echó para atrás.

En la Región de Murcia, poco hay legislado más allá de que las empresas lleguen un acuerdo “voluntario” para alcanzar la neutralidad climática, mientras nuestras ciudades siguen estando contaminadas, con un transporte público penoso y con los atascos como situación habitual en las calles.

Pero lo más grave de todo esto es el negacionismo al que la ultraderecha se ha abonado desde el comienzo, al culpar de las inundaciones a la “destrucción de presas”, cuando en realidad esas obras se refieren a azudes en pequeños ríos que rompían la dinámica fluvial, afectando además a la fauna, que no servían para retener agua, y cuyo objetivo era recuperar y renaturalizar esos ríos, y en ningún caso se trataba de macropresas, en un ejercicio de ignorancia y mala fe, teniendo en cuenta, además, que esas pequeñas presas obsoletas se encuentran sobre todo en las cuencas del norte de España, no en el Levante.

Esa actitud les lleva incluso a negar la propia existencia del cambio climático, fenómeno del que ya se habla hasta en los medios generalistas, cuando hace pocos años se obviaba.

Para los negacionistas, el aumento de las temperaturas “es algo natural”, o bien se trata de “una conspiración del globalismo internacional para acabar con nuestro modo de vida”. También argumentan que las DANA “siempre han existido”, pero la verdad es que nunca antes se producían con tanta intensidad y, sobre todo, con tanta frecuencia.

 Sin embargo, no se vislumbra que las instituciones, tanto a nivel estatal, como autonómico y municipal, traten de aplicar las medidas que se sabe que son efectivas para frenar el cambio climático, algo que será más difícil, si no imposible, de conseguir si no se ponen los medios adecuados.

La teoría es conocida: acabar con nuestra dependencia de los combustibles fósiles, aumentar la eficiencia energética, culminar la transición a las energías renovables, potenciar el transporte público, practicar una agricultura y ganadería sostenibles, reducir el consumo desaforado, entre otros. Pero en la práctica, los gobiernos van demasiado lentos en aplicar estas medidas, presionados por los “lobbies” de las energías fósiles, del automóvil y de la industria pesada.

Es el momento de entender lo que la Naturaleza nos avisa de un modo cruel. La Ciencia ya nos ha advertido de forma reiterada de las consecuencias de esta carrera desenfrenada, pero seguimos ignorando sus llamadas. ¿Hasta cuándo?

Recién acabada la Feria y con la sucesión de eventos de todo tipo, mayoritariamente musicales, previstos para lo que queda de año y durante 2025, se ha reabierto el debate sobre el ruido y otras molestias que debe soportar la ciudadanía de una forma cada vez más frecuente.

El cambio a última hora y sin previo aviso de un concierto desde el recinto de la FICA a la Nueva Condomina no ha hecho sino trasladar el asunto de los ruidos de un lugar a otro, sin dar solución al verdadero problema, la conciliación entre la diversión de unos pocos y el descanso de la mayoría.

Los festivales al aire libre en la ciudad no solo afectan a estos dos espacios. Ya son décadas en las que se vienen usando lugares como el parque de Fofó, el Cuartel de Artillería o la plaza de toros, en pleno casco urbano, con las consiguientes molestias para el vecindario más próximo.

El Ayuntamiento de Murcia se ha convertido en el consistorio de los festejos. Si en 2018 el presupuesto destinado a fiestas populares y festejos era de poco más de 800.000 euros, este año supera los 2 millones de euros. Además, la Comunidad Autónoma ha destinado para 2024 1,65 millones de euros a los festivales, casi todos de índole privado, por su “reclamo indiscutible para el turismo”, un millón más que en 2023, argumentando que “ayudan a construir la imagen” de la Región y que son ya “una seña de nuestra identidad”.

Pero no han contado con la cara B de este fomento de eventos privados al aire libre, los ruidos ambientales que cada fin de semana, prácticamente, atronan el entorno, además de la intensificación del tráfico privado, con la contaminación asociada, y la suciedad que deja a su paso, que repercute en espacios naturales como el río Segura.

Varias asociaciones vecinales plantean que estos eventos festivaleros y conciertos no se lleven a cabo en espacios rodeados de edificios y casas, sino que se trasladen a lugares más aislados, pero bien comunicados con transporte público. Este problema no es exclusivo de la ciudad de Murcia. En Madrid, los vecindarios adyacentes al estadio Santiago Bernabéu y a la Caja Mágica, éste al sur de la capital, están hartos de ruidos hasta altas horas de la madrugada. En Valencia ocurre otro tanto con los residentes cercanos a la Ciudad de las Artes, sede de conciertos y festivales. Bilbao, Barcelona, Sevilla, muchas ciudades sufren este problema, al que los equipos de gobierno municipales no han sido capaces de poner solución.

Hay otro aspecto asociado al problema del ruido. La acumulación de festivales musicales en los que no se prima la calidad, sino el negocio, ha sido puesta en entredicho por numerosas asociaciones de usuarios y profesionales del sector de la música. En 2023 se celebraron en España un total 908 festivales, 103 más que en 2020, siendo las comunidades de Cataluña, Madrid y Andalucía las que acogen mayor número de estos eventos.

Muchos de los festivales han recibido quejas por parte de los participantes, por los precios abusivos, colas en barras y baños, la prohibición de entrar al recinto con comida propia y graves problemas de movilidad, como se comprobó en Murcia en el concierto de Nueva Condomina, donde el Ayuntamiento dejó tirados a miles de personas sin transporte público, a pesar de haber anunciado un servicio especial de tranvía para llegar al casco urbano.

Muchos de esos festivales buscan a menudo más el beneficio rápido que la calidad de su oferta musical, constituyendo una “experiencia” en sí misma, un bien de consumo rápido para ser mostrado en las redes sociales.

Los beneficios económicos, a menudo para unos pocos, que traen consigo los festivales y conciertos no pueden suponer que vecinos y vecinas de determinados barrios sufran de forma reiterada molestias en forma de ruido, aglomeraciones, suciedad y atascos. Los ayuntamientos deben encontrar soluciones para conciliar ambos intereses sin perjudicar a las partes. Es una tarea ardua pero necesaria para toda la ciudadanía.