El proyecto de presupuestos presentado por el gobierno de Canarias para 2019, respecto a la educación y los servicios públicos, son un ejemplo de publicidad engañosa y manipulación informativa.

Centrándonos en el ámbito educativo, la divulgación del proyecto por parte del gobierno contiene varias falsedades que los datos desmienten con rotundidad. Por no extendernos, lo ilustraremos con dos ejemplos

El gobierno dice que “los 1.713 millones de euros del presupuesto de educación son el mayor presupuesto con fondos propios”. Primera falsedad. En el año 2009 –una década atrás, el presupuesto de educación era de 1.750 millones de euros, es decir, 37 millones más. La afirmación del gobierno es escandalosamente engañosa ya que el PIB de 2019 será un 17% más alto que el de 2009 por lo que, siendo rigurosos, para que fueran equiparables, el presupuesto de 2019 debería crecer en 335 millones de euros. Es decir, debería alcanzar los 2.048 millones de euros. Esto nos puede dar una idea de la gravedad de los recortes sufridos por la educación canaria en esta década.

El gobierno también afirma que “esta cifra nos coloca en la senda de superar el objetivo del 5% del PIB en 2022”. Segunda falsedad. Los 53 millones de euros que aumenta el presupuesto de educación respecto al año anterior representa un crecimiento de 0,03 puntos. Esto nos sitúa en el 3,6% del PIB, muy lejos de la senda necesaria para llegar al objetivo. A ese ritmo de crecimiento tardaríamos 49 años en llegar al 5%, mientras que la Ley Canaria de Educación establece que deberíamos llegar en 3 años.

El análisis del proyecto de presupuestos para 2019 nos permite concluir lo siguiente:

1. Aunque aparentemente el presupuesto crece –como dice el gobierno-, ese crecimiento es bajo y ridículo respecto al PIB. Cuando se aprueba la Ley Canaria de Educación en 2014, el presupuesto de educación representaba el 3,79% del PIB. Cuando se agote esta legislatura estaremos en el 3,63%. Es decir, bajaremos en estos 5 años un 0,16% respecto al PIB.

2. Queda acreditado que la educación no es una prioridad para los firmantes del pacto presupuestario. PP, CC y ASG incumplen su compromiso de “incorporar en el Proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria para 2019 un presupuesto de Educación que se sitúe como mínimo en el 4% del PIB”. Pero además de incumplir la ley, el Presidente Clavijo rompe su promesa electoral de “incrementar el presupuesto de inversión en educación hasta alcanzar la media europea”.

3. Los 270 millones de euros de rebajas fiscales contenidas en los dos últimos presupuestos son innecesarias e injustas. Innecesarias porque tenemos la fiscalidad más baja del Estado y dichos ingresos son imprescindibles para recuperar los recortes sufridos por nuestros debilitados servicios públicos. E injustas porque los más beneficiados serán las clases medias altas y ciertos grupos empresariales, ya que para ese 40% de la población canaria que se encuentra en el umbral de la pobreza (parados y trabajadores pobres), la bajada del IGIC les repercutirá de forma mínima y no se beneficiarán de las deducciones en el IRPF ya que, la gran mayoría, no presenta la declaración de la renta por no estar obligados a ello.

4. Estos presupuestos no son solidarios con la desigualdad económica y social. No contienen ninguna medida que mejore la contribución fiscal de los sectores que más beneficios obtuvieron durante la crisis y la recuperación y, con ello, impiden disponer de unos ingresos y un techo de gasto suficientes para afrontar una verdadera política de redistribución de la riqueza y recuperación de los servicios públicos.

En definitiva, pese a la publicidad engañosa que trata de ocultar la realidad, estos presupuestos no trasladan la recuperación económica a los servicios públicos. La financiación de la educación, en concreto, se encuentra entre las más bajas de la historia en relación con el PIB.

Fernando Redondo Rodríguez y Pablo Joel Santana Bonilla (miembros de la Plataforma por el 5% del PIB para la Educación).

Entre otras medidas, plantea la necesidad de ampliar la plantilla de orientadores y orientadoras profesionales y la modernización de este servicio para que impacte en todo el sistema educativo

Un informe reciente del Parlamento Europeo destaca que Canarias padece un conjunto de relevantes carencias sociales y educativas, lo que obliga a que nuestra comunidad realice un mayor esfuerzo inversor para superarlas. El informe, Política de cohesión en las Regiones Ultraperiféricas, constata la existencia de niveles educativos inferiores a la media estatal, “con bajas tasas de graduación en la Formación Profesional y resultados internacionales por debajo de la media en diversos ámbitos”, vinculando nuestros bajos niveles educativos a la persistente pobreza en las Islas. La Plataforma por el 5% para la Educación en Canarias valora el contenido de este informe y entiende que coincide con sus reivindicaciones dirigidas a la mejora de nuestro sistema educativo.  

El reciente informe Política de cohesión en las Regiones Ultraperiféricas, encargado por el Parlamento Europeo, destaca que Canarias, junto con Andalucía y Extremadura, tiene la tasa más alta de población en riesgo de pobreza en España, con un 28,4%. Y añade que se encuentra por debajo de la media estatal “en todos los niveles educativos. Muestra bajas tasas de graduación en la formación profesional y resultados de evaluaciones internacionales por debajo de la media en diversos campos, especialmente en materias como las lenguas extranjeras, en comparación con la media de la OCDE en PISA 2022.” Además, su tasa de abandono escolar “sigue siendo alta, aunque ha disminuido significativamente en los últimos años”. 

Desde la Plataforma del 5% compartimos ese análisis y entendemos que para salir de esta situación es necesario extender una oferta de educación y formación de calidad para toda la población canaria, algo que avala el informe de la Unión Europea (UE). Sin embargo, también consideramos que en

Canarias es necesario desplegar políticas que generen riqueza y la redistribuyan, superando nuestros actuales e intolerables niveles de pobreza y desigualdad. 

Entre las medidas de política educativa que incluye el informe está la necesidad de que el sistema educativo canario amplíe la plantilla de orientadores y orientadoras profesionales y modernice dicho servicio para que impacte en todo el sistema educativo. En línea con esa recomendación, el Consejo Económico y Social (CES) en su Informe sobre la formación dual en España (2023) ya apuntaba que “disponer de un buen sistema de orientación profesional es clave para atender a las necesidades de formación de las personas, aproximar la elección formativa a las tendencias ocupacionales y facilitar los resultados positivos del alumnado, limitando el riesgo de abandono de los estudios”.  

Recientemente el Consejo Escolar de Canarias ha hecho públicas 100 propuestas de mejora del sistema educativo canario. Entre ellas están: “potenciar la orientación profesional en los centros educativos de secundaria y bachillerato”, “incorporar inspectores educativos especializados en formación profesional”, y “proporcionar toda la información necesaria y el acompañamiento requerido por parte del alumnado en la puesta en marcha de la formación profesional Dual”. La Formación Dual es un modelo de FP que aúna, desde el principio hasta el final de la formación, preparación académica y prácticas en empresas. Todo ello en sintonía con las recomendaciones del informe de la UE, dado que la orientación y el acompañamiento al alumnado son elementos clave para reducir el abandono escolar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes. 

Recursos económicos 

El informe de la UE destaca también que hay factores demográficos y territoriales -la fragmentación de territorio, la concentración y dispersión de la población…- que hay que tener siempre presentes desde las políticas que se desarrollen en Canarias. Esto tiene implicaciones evidentes para “la coordinación y organización de recursos económicos, así como para las infraestructuras como la sanidad, educación y transporte.” Todo ello supone, en el caso de la educación, inversiones en infraestructuras y en recursos humanos a una escala mayor que si el territorio fuera continuo. 

En conclusión, si Canarias quiere revertir la tendencia de persistente empobrecimiento de la población y altas tasas de riesgo de pobreza infantil, combatir el abandono escolar aumentando la empleabilidad y ofrecer una formación de calidad que contribuya a la equidad social se hace necesario un esfuerzo que mejore de forma integral el sistema educativo y su ajuste positivo

con el sistema productivo. El estudio de la UE refuerza la necesidad de que Canarias invierta en educación, al menos, el 5% del PIB, tal como establece la Ley Canaria de Educación. 

Queremos suponer que, si usted y su partido se comprometieron a eso y lo señalaron como primer objetivo del ámbito educativo, no solo lo hicieron porque lo consideraban importante sino porque lo consideraban, asimismo, posible.

Cuando hicieron esa promesa la acompañaron de una serie de propósitos que la justificaban. Dijeron que era necesaria para “acometer con suficiencia los retos en materia de personal, de servicios complementarios, de mejora de infraestructuras y dotaciones, así como de becas y ayudas al estudio de las diferentes etapas y ofertas educativa.”

Hoy, viendo su resistencia a elevar hasta el 4% el presupuesto de Educación para 2019, no dejamos de preguntarnos los motivos de su incumplimiento.

¿Es que no considera grave que los niños de 0 a 3 años y sus familias sufran la más baja tasa de escolarización de todo el país? Usted mismo encargó un informe a las universidades canarias que pone de relieve la importancia de esta etapa educativa (estimuladora y potenciadora del desarrollo, preventiva en cuanto a las dificultades educativas y compensadora de desigualdades originadas por el entorno social, cultural y económico adverso); y el Consejo Escolar de Canarias, máximo órgano de representación de la comunidad educativa canaria, se lo ha demandado de forma reiterada y unánime. Sr. Clavijo, crear las 11.000 plazas de Educación Infantil 0-3 años necesarias para equipararnos a la media del estado supone una inversión de 70 millones de euros. Posiblemente menos que las rebajas fiscales previstas. Sus actos definen sus prioridades.

¿Es que acaso ha descubierto que el presupuesto actual es suficiente para acometer los retos pendientes en materia de infraestructuras y personal? No puede afirmarse eso cuando todavía tenemos 23 centros con cubiertas de amianto, cuando no hemos recuperado la gratuidad de los libros de texto o cuando somos la segunda comunidad con mayor déficit de profesores. El curso pasado, sin ir más lejos, teníamos 2.400 profesores menos que la media de las comunidades autónomas y ese déficit, entre otras muchas consecuencias, repercute siempre en los más débiles, en el alumnado con más necesidades. Queda claro que los recursos actuales no permiten acometer con suficiencia las carencias en materia de infraestructuras o personal.

Si los presupuestos de Educación para 2019 no alcanzan el 4% del PIB estará usted incumpliendo su programa electoral, y, aún más, la ley. La Ley Canaria de Educación, aprobada en 2014, obliga a incrementar el presupuesto de Educación progresivamente desde el 3,8% del PIB de aquel año hasta el 5% en 2022. En la actualidad, en el que para cumplir con la progresión prevista deberíamos estar por encima del 4%, apenas llegamos al 3,6% del PIB, lo que confirma su incumplimiento reiterado durante estos años en los que, además, ni siquiera se han publicado los desarrollos de la ley previstos por la misma para el 2016.

No solo el Consejo Escolar de Canarias sino el Diputado del Común, las dos Universidades Canarias y la totalidad de los grupos parlamentarios han tenido que recordarle su obligación de cumplir con la Ley Canaria de Educación y le han instado a elevar el presupuesto de Educación para 2019 al 4% del PIB.

La recuperación económica y las transferencias del Estado han creado oportunidades de financiación que no existían hace unos años. Usted mismo lo ha afirmado públicamente.

El retraso educativo de Canarias, el bajo nivel de estudios de su población adulta, los déficits heredados, la necesidad de una apuesta digital como elemento clave en la alfabetización del siglo XXI, la obligación de garantizar la accesibilidad universal como parte del derecho a la educación son retos también que requieren esfuerzos. Los altos índices de pobreza de nuestra sociedad y el peligro de su consolidación generacional solo pueden ser superados a través de la apuesta por la educación como opción prioritaria para asegurar un futuro digno. La profundidad de los recortes sufridos durante la crisis, hacen especialmente necesario un esfuerzo inversor que permita cumplir con su promesa electoral y con la ley. Y, sobre todo, con Canarias y su ciudadanía.

La próxima semana, probablemente, presentará ante el Parlamento canario su proyecto de presupuestos para la Comunidad Autónoma. Sr. Clavijo, tiene usted la oportunidad de cumplir la Ley y su compromiso con los electores y electoras de “incrementar el presupuesto de inversión en educación hasta alcanzar la media europea”. Esperamos que en las cuentas públicas canarias para 2019 incluya el 4% del PIB para Educación y cumpla con los niños y niñas de Canarias.

*Isabel Teresa Gómez Gutiérrez y Carlos Quesada Frigolet son miembros de la Plataforma 5% para la Educación.

Para la gran mayoría, estas rebajas fiscales no compensarán ni de lejos el gasto que lleva aparejado el deterioro y privatización de los servicios públicos, como estamos viendo en la sanidad, la educación y los servicios sociales, mientras que para esa minoría que siempre gana –sea con crisis o sin ella-,  estas rebajas supondrán un mayor margen de beneficios.

Por poner algunos ejemplos: ¿Compensará ese dinero el gasto en médicos privados derivado de las interminables listas de espera o el gasto farmacéutico? ¿Y los gastos en libros de texto o guarderías? ¿Y la falta de ayudas para nuestros mayores y dependientes?  Si hacemos cuentas veremos que nos están dando gato por liebre.

No es noticia que la contribución fiscal en España esté 7 puntos por debajo de la media de la eurozona y que los ingresos fiscales en el presupuesto de la Comunidad Canaria para 2018 se sitúen a la cola del Estado con 3 puntos porcentuales por debajo de la media del conjunto de las comunidades. También es poco conocido que la contribución fiscal en las cuentas de Canarias decreció durante la crisis y hoy es 0,6 puntos inferior a la de 2008, lo que supone una pérdida de ingresos de unos 240 millones de euros. Tampoco escandaliza, por último, que los servicios públicos, que en Canarias siempre arrastraron déficits históricos, sufrieran durante la crisis económica (2008-2014) unos recortes tan brutales que, todavía hoy -en el 2018-, estamos en un -1,1% del PIB en gasto social que teníamos en 2008, es decir, 511 millones por debajo del nivel de aquel año.

Desde nuestro punto de vista, mientras el gasto social no recupere los niveles anteriores a la crisis y los servicios públicos no restablezcan los estándares de calidad y gratuidad que tenían, no sólo no se justifica ninguna rebaja, sino que son necesarias recuperaciones fiscales para dar cumplimiento al artículo 31 de la Constitución donde se establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Sería razonable establecer medidas de compensación y baja fiscalidad para ese tercio de la población canaria que vive instalada en la pobreza pero, en coherencia con nuestra carta magna, el Gobierno de Canarias debería activar un conjunto de medidas fiscales para que las rentas altas y las de capital contribuyan en su justa medida a incrementar de forma más significativa los ingresos de nuestra comunidad. ¿No tenemos un REF fiscal que posibilita que los excedentes empresariales se puedan dedicar a recapitalizar los negocios para crear empleo?

Nuestro IGIC representa un tercio del IVA que se paga en la península. Bajarlo 2 puntos (del 7 al 5%) sería tan descarado como irresponsable, ya que  significa disminuir los ingresos de la Comunidad en unos 250 millones de euros y, en consecuencia, bajar el techo de gasto en la misma proporción. Ya se realizaron rebajas fiscales en el 2018 por valor de 120 millones de euros. ¿Es prudente y razonable seguir con esta “fiesta fiscal”cuando la recuperación está en pañales y los servicios públicos desnutridos?

Otro interrogante: ¿Con qué autoridad moral y política podrá pedir Canarias mejoras económicas a Madrid y al resto de Comunidades cuando, siendo la comunidad con menor contribución fiscal, se permite renunciar a una parte de los ingresos y, con ello, reducir el techo de gasto,  realizando rebajas fiscales en los primeros años de la recuperación?

Somos conscientes de que el actual momento preelectoral se presta a medidas populistas pero hacemos un llamamiento al rigor y la responsabilidad. Queremos instar a la sociedad y a las fuerzas políticas a establecer una fiscalidad justa y proporcional cuyo principal objetivo sea la mejora de los servicios públicos sanitarios, educativos y sociales.

Por último. La Ley Canaria de Educación, aprobada en 2014, establece que los presupuestos de Educación deberán aumentar progresivamente hasta alcanzar el 5% del PIB en 2022. El gobierno y todos los grupos políticos saben que si el presupuesto de Educación para 2019 no aumenta en los 245 millones necesarios para llegar al 4% del PIB será prácticamente imposible cumplir el objetivo previsto.

Por otro lado,  el programa de Coalición Canaria para las elecciones de mayo de 2015 establecía que “... la Educación debe constituir uno de los ejes esenciales del diseño de la Canarias que queremos”y citaba como primer objetivo “Incrementar el presupuesto de inversión en educación hasta alcanzar la media europea”.

Sr. Clavijo: cumplir la Ley y cumplir su Programa Electoral deberían ser, desde nuestro punto de vista, dos de sus principales obligaciones. No desaproveche la ocasión. Cumpla con la ley y con la palabra dada.

Fernando Redondo Rodríguez, Isabel Teresa Gómez Gutiérrez y Bernardino Ruiz Velázquez (miembros de la Plataforma Ciudadana por el 5% del PIB para la Educación)

Así lo refleja el informe sobre la “Situación de la infancia y la familia en Canarias” encargado por la Dirección General de Protección de la Infancia y Familia del Gobierno de Canarias y elaborado por especialistas de las dos universidades públicas canarias bajo la coordinación de María José Rodrigo, donde se precisa que esta etapa cumple una triple función:

a) estimuladora y potenciadora del desarrollo,

b) preventiva en cuanto a las dificultades que pudiesen surgir y

c) compensadora de aquellas desigualdades originadas por el entorno social, cultural y económico adverso.

Por otro lado, las directrices de la Unión Europea -a las que tanto se acude cuando interesa-, son muy claras al respecto. En las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Barcelona, celebrado los días 15 y 16 de marzo de 2002, en el punto 32, párrafo 5º, se establece lo siguiente:

“Los Estados miembros deberán suprimir los elementos que desincentivan la participación de la mano de obra femenina y, teniendo en cuenta la demanda de servicios de cuidado de niños y en consonancia con los modelos nacionales de asistencia, esforzarse en prestar para 2010 servicios de cuidado de niños al menos al 90% de los niños de edad comprendida entre los tres años y la edad de escolarización obligatoria, y al menos al 33% de los niños de menos de tres años.” Aunque, obviamente, de forma paralela hay que seguir trabajando, generando conciencia y condiciones para que la crianza de los niños y niñas no sea una actividad exclusiva o fundamentalmente femenina.

Los acuerdos anteriores quedaron ratificados en el punto 13 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre los resultados del Consejo Europeo de Barcelona, publicados en el Diario Oficial de La Unión Europea el 20 de marzo de 2002 e incorporados al Informe sobre la conciliación de la vida profesional, familiar y privada, presentada al Parlamento Europeo por la Comisión de derechos de la mujer e Igualdad de oportunidades,  el 23 de febrero de 2004, en sus considerandos (punto E) y en el punto 21.

Tal como venimos denunciando desde la Plataforma por el 5% para la educación, Canarias se sitúa a la cola del Estado en la implantación de la Educación Infantil de 0-3 años. En el curso 17-18, en el conjunto de España estaba escolarizado el 37´9% de dicha población, mientras que en Canarias este porcentaje se sitúa en el 16,8%, muy lejos de la media del Estado. Este último dato, además, queda agravado si tenemos en cuenta que solo el 5,2% es ofertado en centros públicos.

De lo anterior podemos extraer dos conclusiones:

1.La media de España supera el 33% de escolarización de los niños y niñas menores de 3 años establecido como referente por la Unión Europea con 8 años de retraso.

2.Canarias, 8 años después del plazo propuesto, no solo no ha recorrido ni la mitad de la senda propuesta, sino que todavía no tiene -o no se ha hecho público-, un plan para conseguirlo.

Según nuestros cálculos, serían necesarias unas 11.000 nuevas plazas, es decir, 840 unidades de Infantil 0-3 años, para alcanzar la media del Estado.  Partiendo de los costes medios estimados en distintos estudios, dicho objetivo tendría un coste que ronda los 70 millones de euros.

Entre los sectores que defendemos la calidad de los servicios públicos y el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación aprobada por el Parlamento de Canarias en 2014,  surgen dudas razonables. ¿A quién beneficia tanto retraso y pasividad? ¿Por qué está creciendo la oferta de la enseñanza privada?

Tampoco es razonable culpar o esperar a la financiación del Estado para tomar la iniciativa. Todas las Comunidades Autónomas, con sus propios recursos, se han puesto a la tarea desde hace años. Eso les da todavía más autoridad para reclamar una financiación justa del Estado para esta etapa. Como dice el refrán “a Dios rogando y con el mazo dando”. El Gobierno de Canarias, en lo que respecta a la Educación, hasta ahora, ni se compromete ni toma la iniciativa.

El retraso de la educación en Canarias en éste y en otros parámetros (financiación, plantillas, etcétera), tal como refleja el último informe del IVIE para la fundación BBVA, es absolutamente intolerable. 

El borrador de Presupuestos de la Comunidad Autónoma que presente el Gobierno Canario para el 2019 -si no opta por una incomprensible y poco responsable prórroga de los actuales-, nos sacará de dudas. Comprobaremos si persisten esas inercias o se da un giro que sitúe a la Educación como un tema prioritario para Canarias y su gente. Estaremos vigilantes.

Fernando Redondo Rodríguez y Bernardino Ruiz Velázquez (miembros de la Plataforma por el 5% del PIB para la Educación)