Sí, es una barbaridad el acuerdo que firmaron el pasado 25 de junio, en La Haya, los 32 países aliados de la OTAN.

Un acuerdo de cinco puntos en el que “los aliados reafirman el firme compromiso con el nexo transatlántico”, y “ratifican que unidos ante (…) la amenaza que Rusia representa para la seguridad euroatlántica y la persistente amenaza del terrorismo, se comprometen a invertir el 5% de su PIB anualmente en Defensa para 2035 (…) y destinarán al menos el 3,5% del PIB anualmente de acuerdo con la definición consensuada por la OTAN de gasto en defensa para dotar de recursos a los requerimientos centrales de defensa y para cumplir los Objetivos de Capacidad de la OTAN. Los Aliados acuerdan enviar planes anuales mostrando un camino creíble e incremental para alcanzar este objetivo (…) Y destinarán hasta el 1,5% del PIB anualmente para, entre otras cosas, proteger nuestra infraestructura crítica, defender nuestras redes de comunicación, asegurar la preparación civil y la resiliencia, impulsar la innovación, y fortalecer nuestra base industrial de defensa”.

Un compromiso claro para todos los firmantes (sí, “los aliados”). ¡Un acuerdo para el 2035! Ese es el horizonte que la OTAN se ha fijado para que “los aliados” alcancen una inversión del 5% del PIB en Defensa. Una decisión, tomada en 2025, que se va a transformar en contratos a largo plazo y en mayor deuda pública. La UE habla de recursos de un crédito común a larguísimo plazo (cincuenta años con carencia de diez) que se “represtamizará” a los Estados miembros. Créditos que van a suponer otra “hipoteca” más para nuestros descendientes. Otra decisión de hoy para la ruina de mañana.

Sí, es una barbaridad, porque es un acuerdo que modifica drásticamente el perfil presupuestario de nuestras inversiones nacionales, al tener que detraer dinero de las partidas dedicadas a gastos sociales para meterlo en la caja de seguridad y defensa.

Es una barbaridad, porque pasa a considerar el gasto en armamento como el principal factor de “estímulo de la economía” versus los gastos sociales.

Es una barbaridad que la UE, frente al mito de que es garantía de paz y cohesión social, apueste por una doctrina del shock militar, con la que se aumentan los presupuestos para la guerra y se reactiva la industria armamentística. Hay quien dice que “el capitalismo verde y digital, modelo para la recuperación capitalista post-pandémica, ha devenido en capitalismo verde oliva, verde militar”.

Es una barbaridad que las nuevas reglas fiscales de la UE contemplan que el gasto público en armamento y seguridad sea considerado como prioritario frente a otras posibles inversiones.

Es una barbaridad, porque –como se ha demostrado empíricamente a lo largo de los últimos años– un mayor gasto en armamento no significa un aumento de la seguridad.

Es una barbaridad porque, al final, y aunque ahora algunos lo pongan en duda, los acuerdos hay que cumplirlos. Este acuerdo se revisará en 2029, “a la luz de los Objetivos de Capacidad actualizados”, para analizar si el 5% pactado sigue siendo suficiente, si hay que aumentarlo o hay que rebajarlo –opción poco probable–. Y también se revisará anualmente, para comprobar que los diferentes países cumplen con los Objetivos de Capacidades que la OTAN les propone a través del Proceso de Panificación de Defensa. Y ahí no valdrán las “ambigüedades constructivas” ni las “excepciones ibéricas”.

Y que estos acuerdos hay que cumplirlos lo ha demostrado el presidente del Gobierno cuando, deprisa y corriendo, decidió el pasado abril, y en el plazo de una semana (desde el anuncio en rueda de prensa a su paso por el Consejo de Ministros), aumentar en 10.400 millones de euros el presupuesto en defensa y cumplir con el acuerdo de la cumbre de Gales (2% del PIB) asumido por el Gobierno del PP.

Puede que el Gobierno no cumpla en esta legislatura lo firmado, pero ya va servido con solo repetir la maniobra de 2025: pasar de un presupuesto inicial en Defensa (prorrogado de 2024) de 12.317 millones de euros a 33.123 millones (según declara el propio Gobierno). Eso lo ha hecho con un incremento adicional de 10.491 millones (acuerdo relámpago en Consejo de Ministros) y con el “reconocimiento de la transferencia” de otras partidas a Defensa (otros 11.000 millones).

Asignar en los presupuestos de 2026 y 2027 partidas militares de “solo” 35/36.000 millones de euros (2,1%) –el triple del presupuesto inicial del Ministerio de Defensa en 2025– ya supone una inyección de dinero sin precedentes, que va a afectar gravemente a partidas dedicadas a gastos sociales. Solo en términos comparativos, la inversión en la industria armamentística va a ser diez veces superior a la que se hace en Justicia (2.200 millones), cuatro veces más que en vivienda (3.400 millones), o más del doble que en sanidad y educación.

¡Una barbaridad!

Y para más inri: hay muchos juristas que ponen el dedo en la falta de transparencia de los contratos de defensa y, por tanto, en un “potencial sobrecoste en la cadena de suministro armamentístico”. El abuso del “secreto”, en estos contratos, “por afectar a la seguridad y al interés nacional”, es un campo abonado para “intermediarios facilitadores”.

Lo que nos faltaba… en estos tiempos que vivimos.

Más barbaridades, no por favor.

Las políticas de austeridad y la gestión de la crisis migratoria son ejemplos claros de cómo la idea de Europa se degrada y pervierte

Mientras revalidamos los Ayuntamientos del Cambio en 2019, necesitamos más Manuelas, Adas, Xulios, Kichis en otros municipios, comunidades autónomas, así como en las instituciones europeas

Nos jugamos mucho en estos meses. Mientras los rumores sobre el adelanto electoral serán una constante en un Congreso sin mayorías claras, lo que sí es seguro es que dentro de seis meses, a finales de mayo, tendrán lugar de forma simultánea las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Y a nadie se le escapa que lo que suceda en estos tres niveles tendrá implicaciones directas en el futuro de nuestro país, y en la idea de Europa como espacio de derechos y libertades.

Han transcurrido ya diez años desde el inicio de la crisis financiera, y sus efectos políticos y sociales no solo no han desaparecido, sino que la creciente oleada de nacionalismos y xenofobia que va ganando terreno no se entiende sin el malestar, la incertidumbre y el miedo que están experimentando amplios sectores de nuestras sociedades.

Entre las múltiples crisis que afronta la Unión Europea en estos tiempos y las distintas dimensiones que entran en juego (política, económica, social…), la crisis de identidad es quizás la más inquietante, en la medida en que repercute en el resto. ¿Qué queda de Europa tras la crisis? ¿Seguimos pensándola como un espacio inclusivo, referente de los avances democráticos y sociales en el mundo? Las políticas de austeridad y la gestión de la crisis migratoria son ejemplos claros de cómo la idea de Europa se degrada y pervierte, al anteponerse las lógicas de mercado y el nacionalismo a uno de los principales proyectos de paz del último siglo.

Este escenario dominado por la incertidumbre y la precariedad ya lo anticipó el difunto Zygmunt Bauman en sus trabajos sobre la modernidad líquida y el coste humano de la globalización a finales de los noventa y principios de este milenio. Ante la camisa de fuerza de unos mercados que operan a escala global —con una Unión Europea como apéndice— y la opción de «repliegue» con tinte excluyente que hoy representaría la extrema derecha en ascenso, solo nos queda la alternativa democrática que regule y dé respuesta a los importantes retos de nuestro tiempo (desigualdades, cambio climático, etcétera).

Hoy por hoy, esta opción democrática y lo que siempre hemos asociado a la idea de Europa se están reconstruyendo desde los Ayuntamientos del Cambio. Esa mirada abierta y fraterna, acompañada del desarrollo de unas políticas que sitúan en el centro a las personas, predomina en municipios como Madrid, Barcelona, Cádiz o A Coruña, entre otros. Ahí es donde se está demostrando que sí se puede reducir la deuda, acabar con la corrupción y generar superávit, al mismo tiempo que se invierte en más gasto social para mejorar nuestro día a día.

Por supuesto, se podría haber hecho más, si bien nos toca entender qué corsés lo han impedido y cómo los podemos afrontar a corto plazo: o revalidamos los Ayuntamientos del Cambio, al mismo tiempo que en 2019 ampliamos el cambio a las comunidades autónomas y al Parlamento Europeo, o nos seguirán poniendo palos en la rueda desde niveles superiores al municipal. La regla de gasto y su interpretación es la muestra palpable de la necesidad de llevar el cambio a otras escalas. Una norma impuesta desde Bruselas —nivel europeo— y cuya interpretación —nivel gubernamental— ha condicionado el margen de maniobra para reinvertir el superávit que se ha generado desde nuestros Ayuntamientos.

Mientras revalidamos los Ayuntamientos del Cambio en 2019, necesitamos más Manuelas, Adas, Xulios, Kichis en otros municipios, comunidades autónomas, así como en las instituciones europeas. Y, para conseguirlo, Podemos es el nexo común entre todos esos niveles, desde nuestros barrios hasta el propio Parlamento Europeo. De ahí la importancia que adquiere participar en las primarias municipales, autonómicas y europeas de Podemos, que se están celebrando del 20 al 25 de noviembre. La consulta y la participación de las bases son un ejemplo de los avances que se han ido produciendo desde 2014 en clave de democracia interna de los partidos en nuestro país, hasta el punto de que el PP haya tenido que dejar atrás el clásico dedazo. Frente a los avances de las políticas del odio, el machismo y la xenofobia que representan los Trump, Le Pen, Salvini u Orbán, consolidemos los avances ya logrados y extendámoslos en los comicios de mayo de 2019. Si sembramos participación en otoño, recogeremos cambio en primavera.

“El 89% de los madrileños y madrileñas está satisfecho de vivir en Madrid”. Este es uno de los datos clave que daba el martes pasado la alcaldesa Manuela Carmena durante el Debate del Estado de la Ciudad. Y es fundamental, porque si queremos analizar seriamente cómo estamos gobernando desde los ayuntamientos del cambio, hay que hacerlo con datos, y hay que preguntarle a la gente, a nuestros vecinos y vecinas. 

Además de este dato, durante el debate manejamos otros como el número creciente de madrileños y madrileñas satisfechos con los servicios públicos municipales, o los de publicaciones internacionales como The Economist o Global Cities, que sitúan a Madrid cada vez en mejores posiciones  en rankings de calidad de vida. Madrid se parece cada vez más a otras grandes capitales europeas, y está visible en el mapa internacional de la participación ciudadana. ¿A qué se debe? A que en este gobierno de cambio tenemos un modelo de ciudad, un proyecto para Madrid.

Nuestro proyecto recoge los mimbres que se han puesto y desarrolla un modelo de ciudad basado en tres ejes fundamentales: democracia, sostenibilidad y derechos. Cada uno de ellos se ha desplegado en buena parte de las medidas que hemos tomado estos años en el Ayuntamiento de Madrid, y es precisamente la complicidad entre estas medidas la que conforma nuestro modelo de ciudad. 

Medidas como la compra de autobuses 100% verdes para la EMT, el  plan de calidad del aire, la participación vecinal en los proyectos de remodelación de las plazas en los barrios de Madrid, o la atención a todas las personas en los centros municipales de salud son solo algunos ejemplos. Esta transversalidad presente en la acción de gobierno, con las medidas del gobierno tocando varios de nuestros ejes de ciudad, representa la solidez de nuestro proyecto para Madrid.

En una Europa azotada por la austeridad y el auge de la extrema derecha se puede entender el ciclo político del cambio que está viviendo España, gracias a la irrupción de Podemos y de otras fuerzas políticas hermanas, como una escalera hacia un futuro mejor para todos y todas. Los Ayuntamientos del Cambio, en tanto que administración más cercana a los ciudadanos, representan ya el mejor ejemplo como primer escalón que corrobora que sí se puede. Las Comunidades Autónomas representan el segundo, mientras que al final de la escalera se encuentra el gobierno del país, la Unión Europea y ese otro mundo tan posible como necesario. 

Sin las dificultades que impuso el gobierno de Rajoy a los Ayuntamientos mediante la Ley Montoro y la regla de gasto, no cabe duda que podríamos haber avanzado mucho más, invirtiendo desde 2015 el superávit resultante de una gestión económica ejemplar en mejoras concretas para la vida de nuestros vecinos y vecinas. Este viernes publicaba El Boletín que la deuda de Madrid está en su nivel más bajo desde 2005 y el mismo día, eldiario.es adelantaba que la deuda pública de todas las administraciones alcanzó en junio un máximo histórico.

Estamos demostrando en los ayuntamientos donde gobernamos que sí hay alternativa, que se puede gobernar con un modelo de ciudad que tenga a la gente como prioridad. Se puede gestionar la economía de manera eficiente para que haya superávit que invertir en beneficio de la ciudad y de los vecinos y vecinas. Si la gente ve que gobernamos mejor en los Ayuntamientos, ¿no cabe preguntarse si es razonable que lo hagamos bien en las Comunidades Autónomas? Y si lo hacemos bien en las Comunidades Autónomas, ¿no tiene sentido que lo hagamos bien en el gobierno del país? Merece la pena trabajar para llevar gobiernos del Cambio a a todos los niveles, y de cara a ese objetivo el papel de Madrid es esencial. Lo hemos hecho bien hasta ahora pero tenemos que hacerlo aún mejor hasta 2019. Y a partir de ahí, consolidar a Madrid como referente de un gobierno para la gente, en España y en Europa. Porque el cambio empezó en las ciudades, y en 2019 toca subir otro peldaño.