Este martes 9 de octubre nuestro gobierno tiene la posibilidad de demostrar su compromiso con el Acuerdo de París. Su voto en el Consejo de la Unión Europea sobre los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para coches y furgonetas es decisivo en la ambición que tendrá Europa en la descarbonización del sector del transporte.

Mientras que países como Alemania defienden su tecnología diésel a pesar de las miles de muertes prematuras que provoca y los fabricantes de coches se resisten a abandonar los combustibles fósiles, otros países, como Francia, parece que apostarán por una transición ordenada pero urgente hacia una movilidad baja en carbono. Esta presumible división en las votaciones del próximo martes hace que de la posición española en el Consejo dependa el transporte que tendremos de aquí a 2030.  

El Parlamento europeo votaba esta semana por acelerar la descarbonización de los vehículos ligeros por 389 votos a favor, 239 en contra y 41 abstenciones. Entre estos votos a favor están los de los socialistas españoles que defendieron un 40% de reducción de emisiones para 2030 y un sistema de obligatoriedad de ventas de vehículos cero emisiones.  ¿Será coherente con este posicionamiento nuestro gobierno? Debería serlo, porque de no ser así, será imposible conseguir los compromisos internacionales de reducción de emisiones a los que dicen estar comprometidos.

Es una oportunidad en 10 años la que se nos ofrece para apostar por un transporte sostenible y es necesario aprovecharla si queremos mantener los empleos asociados, defender la salud de la ciudadanía y ganar la batalla contra el cambio climático. Ya nadie duda que la contaminación es un problema de salud pública que provoca, en el mundo, cerca de cerca de 5,5 millones de muertes prematuras, ni tampoco hay dudas de que la transformación del sector transporte es indispensable para evitar estas muertes. Mientras nuestra industria se resiste al cambio e intenta atrasarlo alegando pérdida de empleo y falta de tiempo, lo cierto es que son los propios fabricantes europeos los que están invirtiendo 7 veces más en China que en nuestras fronteras en la producción de vehículos eléctricos, porque es en China, donde gracias a unos objetivos de ventas de este tipo de vehículos y las penalizaciones asociadas, aseguran su mercado. Será entonces la falta de ambición en este sentido la que destruya los empleos vinculados al sector en el largo plazo.

Sería incomprensible que teniendo en cuenta la capacidad privilegiada de España en cuanto a la producción de energías renovables fuera precisamente, el voto de nuestro gobierno, el que ponga la balanza a favor de países como Alemania. De ser así, estaría retrasando un tipo de movilidad que no sólo es más sostenible desde el punto de vista ambiental sino también económico.  Una menor dependencia de las importaciones de petróleo mantendría en nuestra economía unos 3.200 millones de euros y un transporte vinculado a renovables crearía miles de nuevos empleos vinculados al sector.

Votar por ambición este martes, en línea con lo defendido por el Parlamento europeo, es la única opción coherente con la descarbonización que el MITECO defiende y el único camino para ayudar a la industria a hacer una transición ordenada hacia la descarbonización del sector en el horizonte 2050.