Cuando se piensa en Venezuela casi nadie se plantea que, por autoritario que pueda parecer el régimen de Nicolás Maduro, ineficiente su acción de gobierno e incluso, legítimo el hilo que conduce hasta Juan Guaidó, el elemento (geo)político que subyace, es inquietante. Hace mes y medio que una cuarentena de países ha reconocido a un “Gobierno” que, en un contexto de polarización y crispación, no tiene un control real del territorio y mucho menos, del Estado. La decisión originaria proviene, además, de Washington y todo esto ocurre en un entorno volátil, como el latinoamericano, en el que los conflictos post-electorales son moneda corriente.

¿Qué sucederá cuando, a partir de ahora, vuelvan a producirse situaciones similares en la región? Difícil de predecir aunque, como otras muchas posibles consecuencias del inopinado desconocimiento internacional de Maduro, casi nadie se lo ha preguntado. Normal: el relato prefabricado en el que son encasilladas las noticias sobre Venezuela descansa sobre tres ejes argumentales (“Maduro-dictadura-hambre”) que traban casi cualquier cuestionamiento extra, por razonable que sea. Los enfoques son machacones y los comentarios, ideologizados. Ante eso, lo que este artículo se plantea es intentar iluminar las abundantes zonas de sombra.

Primera parada, nuestro entorno. Tocar la fibra sensible del europeo medio exaltando las disfuncionalidades del sistema político venezolano es relativamente sencillo. La cultura política de ambos continentes es tan diferente que hay circunstancias (como la corrupción, la hiperinflación o el desabasto) que aunque forman parte de la cotidianidad latinoamericana, en Europa, espantan. La pregunta entonces es ¿por qué la prensa nunca exaltó el grave conflicto poselectoral de Honduras, en 2017; los más de 380 mil muertos acumulados en México desde 2008 o el incremento en 2018, del 166%, de los homicidios en las favelas de Río de Janeiro?

La respuesta, posiblemente, sea múltiple: en la información internacional la agenda la suelen marcar las agencias de noticias; cada vez hay menos corresponsalías permanentes; América Latina es una región periférica… La cuestión subyacente es entonces de cajón ¿por qué a Venezuela, que tiene una población parecida a la de Perú, se le está prestando una atención informativa similar a la de México o Brasil? Eso, en Europa, equivaldría a poner en un mismo plano a Portugal y Alemania… Para responder, quizás sería bueno hacerse, como Mario Vargas Llosa en ‘Conversación en la catedral’, una pregunta matriz: “¿Cuándo se jodió Venezuela?”.

El relato mediático hegemónico tendría muy clara la respuesta: con el chavismo. Los datos duros, sin embargo, sugieren otra cosa: en 2008, los sociólogos venezolanos Margarita López Maya y Luis Lander sostenían que, entre 1989 y 2005, se habían producido 15,611 protestas callejeras en Venezuela (2,67 por día). El malestar, por tanto, viene de lejos ¿Pero por qué entonces casi nadie establece una línea de continuidad entre el descontento de la Venezuela pre y post-chavista? Los motivos se pueden intuir aunque, lo más práctico, es preguntarse por los efectos: sobrecargar el periodo actual tiende a hurtarle perspectiva al problema de fondo.

Prueba de ello es que, el tratamiento informativo que acostumbra a dársele a Hugo Chávez, escamotea que su primera elección como Presidente, en 1998, constituyó en realidad el último acto político de una larga crisis de legitimidad como las que ahora abundan, incluso en países de nuestro entorno. Chávez, hace veinte años, obtuvo un nada desdeñable 56% de los votos y su nueva Constitución, un 71%. Quizás por eso, visto desde la perspectiva actual, sea lícito preguntarse qué desencadenó un descontento tan grande para que los venezolanos escogieran a Chávez, de una forma tan abrumadora, por encima de sus partidos tradicionales.

La respuesta es sencilla: el Caracazo, una revuelta popular que tuvo lugar en la capital del país en 1989. Su saldo fue de 276 muertos oficiales y más de 3 mil oficiosos (recuérdese, como referencia, que ETA asesinó en España a 829 personas en 51 años). Durante los nueve días que duró el motín, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la mayoría de las muertes fueron ocasionadas por disparos indiscriminados realizados por agentes del Estado venezolano mientras que otras fueron el resultado de ejecuciones extrajudiciales” (CIDH, 1999). Si hoy, los venezolanos siguen recordando aquello con terror, imagínese en 1998.

Dicho esto ¿cómo se llegó a un punto de ebullición tan extremo? De hecho ¿cuál fue el detonante real de un suceso que dinamitó la legitimidad del sistema político y envenenó el devenir del país por décadas? El relato oficial, el de la Wikipedia, alude al incremento del  precio de la gasolina pero el verdadero problema de fondo fue más estructural: entre 1982 y 2003, los precios internacionales del petróleo, se desplomaron. En la ‘Venezuela Saudita’ eso supuso que se pasara, en poco tiempo, de incrementos del 25% en el salario real y del 40%   en el gasto social, a planes de ‘ajuste’ que, desde 1983, contrajeron exponencialmente el PIB.

En el plano social, esos recortes provocaron que el país pasara, rápidamente, de elevados niveles de bienestar y una estabilidad política considerable, una rareza en América Latina, al  caos. Protestas callejeras, revueltas, intentos de Golpe, inflación galopante, inseguridad y sobresaltos se convirtieron, después de 1989, en el pan nuestro de cada día: en realidad, un escenario muy similar al de los últimos años. ¿Qué hay entonces de excepcional en el periodo de Maduro? Pues, salvo que ahora se televisa, no gran cosa: los precios del petróleo volvieron a caer abruptamente en 2015 y la economía venezolana sigue siendo crudo-dependiente.

Sea como fuere, lo más inquietante, lo que explica el carácter endémico de la conflictividad (y casi nunca se le cuenta a la opinión pública internacional) es que la clase política venezolana nunca ha sido capaz, ni antes ni después de Chávez, de tejer un consenso orientado al reparto de la renta petrolera pero, sobre todo, al establecimiento de un modelo de desarrollo  sostenible. Eso ni siquiera fue posible cuando, en 2011 y 2012, los precios internacionales del petróleo superaron los 100 dólares: el rentismo es insaciable. Pero ¿qué causó y qué causa ese fracaso político nacional? La mala administración, la cultura del despilfarro y la corrupción generalizada tienen parte de culpa pero la oposición que ahora abandera Guaidó, también.

De hecho, mientras su grupo político perdía 24 de 26 elecciones, intentó golpes de Estado (2002), referéndums revocatorios (2004) y boicots electorales (2006 y 2017) pero, sobre todo, le apostó todo a una política combinada de lobby exterior y protesta callejera interior. Un comportamiento como ese, en España, sería carne de Tribunal Supremo ¿De dónde sale entonces el reconocimiento de Guaidó como Presidente ‘encargado’? Sería bueno saberlo: lejos de contribuir a desactivar el problema, le echa leña al fuego y eso, considerando la situación actual, es muy preocupante: en Venezuela hay cultura de la violencia, resentimiento acumulado y muchas armas sueltas ¿Hasta dónde quieren llegar algunos? No se entiende.

La pregunta, en realidad, debería ser más amplia: ¿hacia dónde irá Brasil en los próximos años? Si nos atenemos a los trapos sucios de Jair Bolsonaro, divulgados por la prensa internacional durante las últimas semanas, fascismo puro y duro. Si se consideran algunos elementos, menos centrados en el personaje, la explicación puede ser más rica en matices. En realidad no se trata de blanquear al próximo presidente, un outsider, sino de saber qué puede pasar en la octava economía del mundo: un país habitado por 208 millones de personas, que dobla en extensión a la Unión Europea y que suele ser frecuentemente asociado -desde que el intelectual vienés Stefan Zweig publicó un libro al respecto, en 1941- a la idea de futuro.

Pese a ello en Brasil, ahora mismo, no se respira mucho optimismo. Como decía el humorista Millôr Fernándes en tiempos de crisis, aquél es un país con “un enorme pasado por delante”. Un pasado que da pistas. La primera: Bolsonaro será presidente pero, al igual que Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), no tendrá un poder absoluto. Eso siempre y cuando, claro, no rompa las reglas del juego. En caso de que respete la Constitución, lo previsible es que el parlamento de Brasilia siga siendo el gran escenario de negociación. Es algo a lo que un país que tiene más de treinta partidos representados en el parlamento está muy acostumbrado. En ese marco, Bolsonaro y su Partido Social Liberal (PSL) no lo tendrán fácil: contarán con un porcentaje de escaños similar al de Ciudadanos en España (10%).

¿Qué margen de maniobra dejará eso? Pues considerando que el código deontológico del citado PSL impide alianzas con la izquierda y que negociar con los parlamentarios sectorialmente, como pretendía Bolsonaro, no parece viable, lo probable es que tenga que entenderse con los partidos de centro-derecha (en Brasil, llamado Centrão). El Centrão es una decena de grupúsculos que controlan el 40% de los escaños (más o menos como el PP en España), conforman una malla clientelista con ramificaciones en casi todos los Estados y defienden, ante todo, sus intereses: durante años, constituyeron la base parlamentaria de los Gobiernos de izquierda hasta que, en 2016, promovieron el impeachment… contra la izquierda. En estas presidenciales no han logrado rematar la faena, pero siguen mandando.

Su poder territorial, de hecho, sigue siendo inmenso. Un fenómeno interesante en estas elecciones ha sido, en efecto, la bifurcación del voto: en bastantes estados, Bolsonaro ha ganado la elección presidencial mientras que en la local, para Gobernador, se ha impuesto un centrista. Es el caso del sureño estado de Paraná: Bolsonaro ganó allí con un 56% y el candidato a Gobernador, centrista, con un 59%. Esto a lo que en realidad remite es a la naturaleza del Centrão: se trata, más que de un conjunto de partidos ideológicamente afines, de familias político/empresariales que parasitan y al mismo tiempo garantizan la reproducción del sistema. Estamos, pues, ante el auténtico catalizador y contrapeso de la política brasileña.

Con Bolsonaro, los fieles de la balanza no parece que vayan a cambiar mucho. Pero lo que se pesa, sí: no solo la colaboración entre este centro y esta derecha, si se concreta, será inédita sino que proyectará a algo más que a dos grandes conjuntos de familias políticas. De hecho, la nueva derecha brasileña se ha erigido en estas elecciones en representante de una oligarquía periférica emergente, ligada al agronegocio y sostenida por los 44 millones de evangélicos y su Teología de la Prosperidad (que contraponen a la Teología de la Liberación). El Centrão, por el contrario, representa una vieja lógica de poder (con capacidad informal de veto) que tiene su matriz en el estado de São Paulo, el más rico y desarrollado.

El quid de la cuestión radica, en realidad, en que ambos polos se necesitan: en 2016, el centro necesitó a la derecha para desalojar del Gobierno, vía impeachment, a Dilma Rousseff. Tenía muchas ambiciones pero sobre todo temía dos cosas, que los Juegos Olímpicos de Río consolidaran el liderazgo político de la expresidenta y que la explotación del petróleo, inédita en Brasil, proporcionara una base material sólida a la izquierda. Era, pues, el momento y la derecha apoyó. Ahora, sin embargo, esa misma derecha es la que reclama empatía: el agronegocio, que ya genera uno de cada tres empleos en Brasil y supone el 44% de las exportaciones, necesita inversiones, no solo traducidas en dinero, sino en decisiones políticas.

Y 'decisiones políticas' quiere decir iniciativas capaces de alterar dinámicas tradicionales. En concreto: la patronal del agronegocio pide desde sus bases en estados periféricos (como Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul o el ya citado Paraná) una fuerte inversión en infraestructuras que permita colocar sus cosechas en los mercados internacionales sin depender tanto de puertos ya insuficientes, como el de Santos, que está en el estado de São Paulo. También reclama carreteras e incluso hidrovías que permitan sacar sus zafras por el Amazonas. Si Bolsonaro impone un programa así estará afectando a los intereses de la centralizadora y especuladora oligarquía paulista. Aquí hay, pues, un escollo potencial.

De todos modos hay otro terreno donde el entendimiento, incluso inmediato, parece más plausible: el gasto público, que desde 1995 ha crecido un 58% y actualmente carcome las finanzas e hipoteca el futuro, se ha convertido en una obsesión política compartida por centro y derecha. Ahí, un severo plan de ajuste, como en la Argentina de Mauricio Macri, parece avecinarse. Y ello hasta el punto de que este último debiera constituir el motor del próximo Gobierno: útil tanto para descoser los avances sociales tejidos por la izquierda (sobre todo en el empobrecido Nordeste) como para obtener (privatizaciones mediante) los apoyos políticos que Bolsonaro necesitará en el parlamento y, por qué no, en el ávido capital exterior.

En cuanto al resto de asuntos candentes, desde la política presupuestaria hasta las libertades públicas pasando por las políticas de seguridad, sociales y medioambientales, la actuación de Bolsonaro es probable que tienda a subsumirse al modelo de crecimiento adoptado, a la evolución de las relaciones de fuerza y por supuesto, a la coyuntura. En la práctica, el nuevo presidente hará lo que más le convenga en cada momento: de hecho, no debieran descartarse manipulaciones, golpes de efecto e incluso algunas desagradables sorpresas. La izquierda, mientras tanto, zozobra: está políticamente descabezada; orgánicamente fragmentada; institucionalmente limitada y con su capacidad de movilización lastrada. Y ojo porque el poder desgasta pero -como decía Giulio Andreotti- la oposición desgasta aún más.

A Jair Bolsonaro, reciente ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, le hubiera resultado complicado ser elegido en España: en 2003, en los pasillos del Congreso, no dudó en espetarle a una compañera diputada que no la violaba porque “no se lo merecía”. Además de ese desagradable episodio, el personaje en cuestión ha ido acumulando a lo largo de los años improperios y salidas de tono de todos los colores: racistas, machistas, homófobas, glorificadoras de la dictadura militar y en términos generales, poco compasivas. Los brasileños no pueden esconder que saben quién es Jair Bolsonaro: sus exabruptos, exageraciones, zafiedades y empanadas mentales forman parte del acervo político nacional. 

Aunque, desde que el ex Presidente Lula da Silva (PT, izquierda) fue encarcelado y su candidatura presidencial, impedida, Bolsonaro lideraba las encuestas, sus posibilidades reales se dispararon a una semana de los comicios. Contribuyó a ello la transfusión de votos de la burguesía urbana liberal, fundamentalmente paulista (del Estado de São Paulo, 45 millones de habitantes, con un PIB y un IDH de los más altos de América Latina). Prueba de ello es que el PMDB y el PSDB, los dos grandes partidos promotores -en 2016- del Impeachment contra la ex Presidenta Dilma Rousseff, el domingo pasado, apenas sumaron un 6%. El anti-petismo no parece haber sido de hecho, el causante de una adhesión en masa tan rápida e impresionante. 

En 2014, en la primera vuelta, la candidatura de Dilma Rousseff cosechó 43 millones de votos. El domingo pasado, la de Fernando Haddad (PT) y la de Ciro Gomes (PDT), que esta vez fueron por separado pero se reunirán en la segunda vuelta, sumaron 44 millones. Lo relevante fue, sin embargo, un importante trasvase de intenciones de voto (de Lula a Bolsonaro) que equivale, prácticamente, a los apoyos que hace cuatro años hicieron la diferencia en la segunda vuelta ¿A qué ha podido deberse? Pues a lo que Yves Pedrazzini llamó, hace años, ‘Cultura de Urgencia’, es decir, a un movimiento táctico en un país en el que, los partidos políticos, con muy pocas excepciones, no suelen querer decir (casi) nada para la gente. 

En Brasil no existe, de hecho, una crisis de legitimidad como la que caracteriza a algunos países europeos: allí, eso de “el sistema YA no me representa luego voto en contra” se cambia por “el sistema NUNCA me representa luego voto a quien se acuerde de mí”. Es una lógica distinta a la europea que, además, tiende a decidirse en el último momento: en 2002, Lula, fue más una revuelta contra los padecimientos provocados por los planes de ajuste que un voto racional a favor de un proyecto izquierdista. En 2018, Bolsonaro, parece estar suponiendo (más que una repentina fe fascista colectiva) un voto retador y una salida frente a los bloqueos, cada vez más incómodos, y a la polarización política a la que ha estado sometido al país. 

Hay en este sentido un dato que a menudo se olvida. En esta elección, no solo PMDB y PSDB se han quedado en un 6% sino que varios políticos ‘demasiado’ identificados con el sistema, de izquierda y de derecha, se han quedado fuera de Congreso y Senado (la más conocida, Dilma Rousseff). ¿Qué quiere esto decir? Pues, para empezar, que lo sucedido el domingo pasado en Brasil tiene una lectura menos simplista y formalista de la que, rápidamente, se le ha querido proporcionar en Europa. ¿Similitudes con la oleada mundial de ultraderechismo? Pues quizás, aunque con la condición de que se le preste más atención a las peculiaridades locales: Brasil es, por ejemplo, uno de los países más desiguales del mundo, dato no menor. 

La desigualdad supone, en la práctica, poca cohesión social y obliga a proporcionar explicaciones segmentadas y desde luego, mucho más matizadas de las cosas que aquí en Europa. En las zonas rurales, por ejemplo, prácticamente el único factor de vertebración social que existe son las iglesias, sobre todo evangélicas. Dichas instituciones que constituyen en multitud de ocasiones instancias de canalización local de las relaciones de poder son las estructuras que verdaderamente articulan, organizan y median en el Brasil contemporáneo. Su existencia, en el fondo, se ha convertido en un regulador al servicio de la estabilidad del sistema y su capacidad de presión, precisamente por ello, está aumentando sin freno. 

En dicho marco, un factor que preocupa cada vez más a los evangélicos brasileños es la arrogante preeminencia de los circuitos de poder tradicionales: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia y el empobrecido Nordeste, granero del PT y desembocadura de fondos públicos. Y ahí es donde, los evangélicos, han encontrado un aliado estratégico: el Agronegocio. En los últimos años, de hecho, el país está cambiando su matriz productiva, ligándola a las exportaciones agrícolas. Ello está provocando sigilosas alteraciones en las relaciones de poder: el eje parece estar moviéndose, desde los centros tradicionales, hacia la llamada República de la Soja (una extensa zona de cultivo, equivalente a la superficie de Gran Bretaña). 

Durante el Impeachment contra Dilma Rousseff, en 2016, eso fue parte de lo que estuvo en juego: la burguesía paulista, reunida alrededor de la suma PMDB/PSDB, no podía sola. Su temor político era que los ingresos petroleros (toda una novedad en Brasil) cayeran en manos del PT: contra un clientelismo tan generoso iba a ser imposible competir (no preocupaba la corrupción, inquietaba el asentamiento material del lulismo). Hicieron falta apoyos para la conspiración, por lo que se sumó a la causa a esa curiosa alianza, muy reaccionaria, de sojeros y evangélicos. Dos años después, Bolsonaro es el resultado político de aquella ‘santa’ alianza con la salvedad de que, a la burguesía paulista, el genio se le ha salido de la lámpara. 

Si los resultados de la elección del domingo pasado se mapean, se puede constatar que, casi todas las zonas teñidas de bolsonarismo, cultivan soja: desde Mato Grosso a Paraná, pasando por Goiás o Rio Grande do Sul. El Brasil profundo bulle y hoy por hoy necesita de puertos controlados por la burguesía urbana (como el de Santos) para colocar su mercancía en los mercados mundiales. Mañana quizás no (los ojos están puestos en el Amazonas) pero hoy por hoy la entente funciona: a la burguesía le cuesta mucho fidelizar, en un contexto de declive económico, a un proletariado urbano machacado por el desempleo, la precariedad y la violencia y precisamente por eso, prefiere negociar bajo cuerda con un liderazgo carismático ‘de urgencia’ como el de Bolsonaro. El capítulo que viene, una sorda batalla intraoligárquica.