Allá por 2006 o 2007, el responsable del SATSE publicó en su revista de difusión un artículo en el que definió la estrategia por décadas de su sindicato. La idea central era que 'no hay café para todos', es decir, que las mejoras salariales (en aquel momento se estaba negociando la carrera profesional), debían ser corporativas y engrosar las nóminas de médicos (por entonces SATSE estaba coaligado con el sindicato médico en CEMSATSE) y profesionales de la enfermería, a falta de una masa salarial suficiente para mejorar los salarios de todas las profesiones que integramos la Función Pública Regional.

El 'no hay café para todos' se ha mantenido en el tiempo sin un ápice de enmienda, ni siquiera cuando la pandemia de la COVID-19 demostró que el trabajo es un producto social en el que todas y todos aportamos, y en el que la ausencia de una categoría profesional puede ser dramática para la consecución de los retos laborales. ¿Qué hubiera ocurrido sin las/os auxiliares sanitarias/os del IMAS en los centros ocupacionales y residencias de personas mayores durante el confinamiento y el estado de alarma posterior?, ¿qué hubiera ocurrido sin todas aquellas profesiones que tuvieron abastecidos y abiertos los estantes de los centros comerciales?, ¿y sin cocineras y cocineros, personal de limpieza o de oficios?. Sin embargo, hay sindicatos que niegan el café a todas las compañeras y compañeros de consejerías y organismos autónomos, aquellas compañeras y compañeros que garantizan las prestaciones sociales, que gestionan los impuestos, que protegen el medio ambiente con su actuación fiscalizadora de las actividades económicas, y su incidencia en la naturaleza, que trabajan en colegios e institutos en actividades de apoyo a la docencia, que controlan la plagas y que los alimentos lleguen en buenas condiciones a nuestras mesas, o que investigan en nuevas variedades para la agricultura y la ganadería, que protegen la salud en laboratorios o en organismos de alerta frente a enfermedades.

Estos sindicatos, los del 'no hay café para todos', saben modular también sus estrategias, y en determinados momentos sirven también café cuando una ración del mismo no corresponde a las categorías profesionales que dicen defender. Ocurrió, por ejemplo, cuando en 2018 firmaron con la Consejería de Hacienda una segunda carrera para el personal docente. En la actualidad este colectivo tiene dos carreras profesionales vinculadas a tiempo trabajado: los sexenios, que gratifican la antigüedad del profesorado cada seis años, y la carrera profesional horizontal que añade un plus de gratificación cada cinco años. Este último acuerdo se firmó con FSES, integrado por el sindicato ANPE y el sindicato SATSE, después de que este último rompiera su coalición con el Sindicato Médico, al que acusaba de una gran voracidad retributiva.

El último ejemplo del 'no hay café para todos' ocurrió en noviembre de 2022, cuando el Sindicato Médico y FSES, junto a CSIF, le sacaron al consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital, 25 millones de euros a repartir entre el colectivo médico y la aristocracia de la profesión de enfermería. A los 25 millones de euros se sumó, ya en 2023, otros 10 millones de euros para la integración del personal docente de FP en el Cuerpo de Profesores de Secundaria. Por esas fechas, el consejero juraba y perjuraba a CCOO que las arcas públicas regionales eran un espacio vacío solo habitado por grandes telarañas, y que le resultaba imposible implantar la jornada laboral semanal de 35 horas.

Cuesta mucho aceptarlo, pero el Gobierno Regional adolece de un indisimulado clasismo, si nos atenemos al maltrato continuado del personal de administración y servicios de la CARM, para el que nunca tiene fondos económicos. Sí, no tienen dinero para ese personal que mueve la Administración Regional, que garantiza derechos, que protege el medio ambiente, que regula aspectos lesivos del mercado laboral, que cuida de personas discapacitadas y de personas mayores, que abre y cierra institutos, que gestiona los centros educativos, que los limpia, que cocina en residencias de personas mayores y centros de personas discapacitadas, que cuida, protege y da dignidad a la figura del funcionario y la funcionaria, que recauda impuestos, investiga en el IMIDA o cuida de los niños en las escuelas infantiles.

Si el Gobierno Regional no fuera clasista, les reconocería iguales derechos laborales, no los dejaría fuera de las mejoras salariales con las que obsequia a médicos o a la aristocracia de la enfermería. Tampoco firmaría contratos a tiempo parcial extendiendo la pobreza laboral también a la Función Pública, no permitiría que las categorías profesionales más feminizadas fueran al mismo tiempo las menos retribuidas. Sería un buen empresario y no el tipo de 'patrón' autoritario, arbitrario y clasista como lo es en la actualidad.

Entre los sindicatos corporativos CEM y FSES-SATSE-ANPE y el Gobierno Regional existe una cierta complicidad, como se puede observar en el espectáculo que han montado a cuenta del acuerdo de implantación de las jornadas laborales de 35 horas firmado por CCOO y UGT en Madrid, junto a la jubilación parcial, la implantación de la clasificación profesional del artículo 76 del TREBEP o la creación del Grupo B, incluidos en el Acuerdo Marco para una Administración para el Siglo XXI 2022-2024. Una complicidad que implica que el reparto de la masa salarial se concentre en determinadas categorías profesionales en detrimento del reparto equitativo de la misma.

Fuera de este reparto queda la gente que más apoyo necesita en la actualidad y que mueve los engranajes de una Administración Regional cada vez más diezmada y menospreciada políticamente.

La salud y la educación son los derechos que ocupan mayor espacio en los medios de comunicación, en las tertulias e incluso en las barras de los bares (hablamos de derechos, no de fútbol o de valores o percepciones sociales). Los motivos no son discutibles y están íntimamente urdidos en la trama de la democracia. Curiosamente, la educación se configura constitucionalmente como un derecho fundamental, mientras el derecho a la salud se incluye, junto a otros como la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, el del disfrute de una vivienda digna y adecuada o el de la protección social, económica y jurídica de la familia, en los principios rectores de la política social y económica. Y decimos curiosamente porque el tratamiento que los poderes públicos otorgan a la educación y a la salud son similares aunque, habrá que decir también, decreciente en cantidad y calidad, mientras que el disfrute del resto de derechos enunciados son postergados y ninguneados con harta frecuencia.

Frente al prácticamente único modelo de familia que ha existido económica, social, cultural y legalmente en España, la futura Ley de Familias reconoce la existencia de la pluralidad de las mismas y equipara los derechos de las parejas de hecho a los de los matrimonios. El reconocimiento de tal pluralidad parece que se mantiene en la denominación de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, de la que se ha caído el LGTBI de la antigua denominación. Incluso habrá que recordar que la equiparación de los derechos de las parejas de hecho y de los matrimonios está ya muy avanzada en las legislaciones autonómicas. Por ejemplo, el acogimiento de menores, el acceso a una vivienda pública, los permisos laborales, etc.

No obstante, para disfrutar de los derechos que se reconocen a las parejas de hecho, sus miembros deben expresar, de modo fehaciente, su voluntad de constituirse como pareja de hecho, tal como establece la Ley 7/2018, de 3 de julio, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Tal voluntad se confirma mediante su inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Región de Murcia. Y aquí comienzan los problemas para las parejas de hecho, es decir para la “unión estable, libre, pública y notoria en una relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su sexo, de dos personas mayores de edad o menores emancipadas”

En un reportaje del diario La Verdad de Murcia se informa que la demora para registrarse como pareja de hecho en la Región de Murcia varía entre los 6 y los 12 meses, contradiciendo lo establecido por la Ley 7/2018 que prevé que la inscripción se realizará en el plazo máximo de 3 meses desde la solicitud. ¿Motivo o motivos del incumplimiento de la ley? De acuerdo con el diario citado “el Gobierno Regional asegura que en los dos últimos años las solicitudes se dispararon un 170 por ciento y que el 60 por ciento de ellas son ciudadanos extracomunitarios”. Se podría pensar que la acumulación de expedientes sin resolver obedece a que no es prioridad del Gobierno Regional reconocer los derechos a ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea, si no fuera porque las demoras administrativas, y también las sanitarias, se dan en gran parte de la Administración Regional: desde el reconocimiento de familias numerosas hasta los expedientes de impacto ambiental, de implantación de nuevos actores económicos o las citas con los médicos especialistas.

El Gobierno de López Miras no parece interpelado cuando la ciudadanía demanda mayor celeridad en el reconocimiento de sus derechos subjetivos, siendo la percepción general que cuando se trata de exigirle deberes no es tan acomodaticio. La circunstancia de que las parejas de hecho tengan que esperar meses y meses para poder solicitar determinados derechos o servicios incumpliéndose la ley, no parece tener importancia. Todo lo cual erosiona la confianza en la política, en los políticos y en las personas que tienen que cumplir y hacer cumplir la ley sirviendo al interés general.

Llegado a este punto habrá que decir que el incumplimiento en la aplicación de una ley puede ser por muchos motivos, los más significativos la falta de voluntad política al constatar que esa no es su ley, que no se cree en esa ley, que esa ley no tiene rédito electoral o que no se asignan los recursos necesarios para que su cumplimiento sea efectivo. Desgraciadamente, este último motivo es el que predomina en la política regional actual, dejando aparte la fijación política que se tiene con el Consejo de la Transparencia. Es lo que ocurre con la inaplicada Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia o con las leyes de protección de la naturaleza: que no hay personal, que no se tiene interés en que lo haya y que se quiere que todo fluya dentro de la más ilustre retórica reaccionaria tan magistralmente descrita por Albert Hirschman.

Habrá que concluir este artículo recordando el principio de parsimonia de Ockham: “en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable”. Y añadir que la explicación más probable es la que siempre negará la instancia política rebuscando en teorías cada una más descabellada. La adhesión del Gobierno López Miras a una política neoliberal sin matices, aquella que demoniza el déficit público y que se refleja en las privatizaciones de servicios públicos y discontinuas campañas de desprestigio de los empleados públicos, está provocando que los derechos subjetivos de la ciudadanía no sean reconocidos o se reconozcan con retrasos insoportables. La economía surgida del Consenso de Washington es incompatible, al menos en su versión más radical, la que ahora pregona el Gobierno Regional, con la satisfacción de determinados derechos de la ciudadanos plasmados en la Constitución y en sus normativas de desarrollo. Va siendo hora de cambiar de discurso o de constitución. Las cosas son terriblemente sencillas.

 Lo dicho.

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles”

 Bertolt Brecht

Tal vez estas palabras del escritor alemán sean más conocidas por servir de frontispicio a una canción memorable de Silvio Rodríguez, “Sueño con serpientes”. Tal vez ya no existan, o sean una rara avis, las personas imprescindibles, las inasequibles al desaliento. Realmente en estos tiempos difíciles, en los que las certezas son como icebergs a la deriva y las estrofas de ese poema que se llama futuro están veladas por una luz gris que ni ciega ni da esperanza, son necesarios tipos como Ramón Murcia Alburquerque. Tipos a la vieja usanza a los que se odia o se ama, pero que nunca dejan indiferente a nadie y a los que se abraza con confianza en la convicción de que te encuentras ante personas honestas. Convengamos que gritonas pero honestas.

Ramón Murcia, al que ahora hemos despedido con una memorable comida en un lugar de la huerta, o lo que queda de ella, entre palmeras, limoneros, hierba, brazales y tapas de alcantarilla que sobresalen sobre el asfalto del carril, es un imprescindible porque, guste o no guste, ha sido toda su vida ese hombre coraje que ha luchado y se ha volcado por la gente y por una idea de sociedad y país que nada tiene que ver con el abrazo histriónico a símbolos e invenciones de la tradición estériles. Hablamos de un ciudadano en el significado mayúsculo de la palabra: cívico, solidario, enemistado con la injusticia y con la arbitrariedad, centrado en los demás y no en sí mismo.

Ramón Murcia fue un lider del movimiento sindical de los años ochenta y noventa del Siglo XX en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Tal vez por eso solo merezca un reconocimiento público. Y no será ocioso decir que su referente ideológico siempre fue el bien común, tanto de las personas a las que representaba como del servicio público al que se debía y en el que creía. Fue fundamental en los servicios sociales públicos de nuestra región y negoció que el único régimen jurídico del personal que trabajaba en la CARM fuera el regulado por el derecho administrativo. Todavía hoy en la mayoría de las comunidades autónomas conviven de manera inestable, y a veces conflictivo, los funcionarios con el personal laboral.

Poco a poco se están jubilando todas aquellas personas que comenzaron a trabajar cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía y el Estado comenzó a transferir las competencias que hoy ostentamos. Gente joven, gente, y perdonad la osadía, creyente en una sociedad mejor y más solidaria. Ramón Murcia formaba parte de esa gente. Vivió su vida laboral como una misión nada inquisitiva. No imponía, convencía. Mucha gente lo recordará con sus sempiternos tirantes, con su voz que alguien pensará bronca pero para los que lo conocíamos la sabíamos equilibrada y segura. Tuvo y tiene personas que no lo tienen en estima. Acaso por su franqueza.

Este narrador conoció antes su voz que su figura. Escuchó su vozarrón lanzando improperios contra un consejero de finales de los ochenta, desde el fondo de la cocina donde Antonio Ripoll, otro imprescindible jubilado prematuramente, hervía un queso de cabrales. No recuerdo el nombre del consejero, casi nadie los recuerda porque tal vez lucharon un día o un año y fueron buenos pero no imprescindibles.

Sus últimos años de vida laboral los desarrolló como director en el Centro Ocupacional López-Ambit. Allí pasó el confinamiento del Covid19 y los meses que siguieron a tan nefasta desgracia. Estuvo perenne acompañando al personal del centro, a sus compañeros, por los que se desvivió para que pudieran desarrollar sus funciones con la máxima seguridad posible. Y se desvivió también por los usuarios que son, no se olvide, la razón de ser de los empleados públicos.

Vivimos un tiempo en los que definitivamente comenzamos a soñar con serpientes, “largas, transparentes / y en sus barrigas llevan / lo que puedan arrebatarle al amor”. Silvio Rodríguez nos canta sobre ellas y nos habla de los imprescindibles, esas personas que pueden alejar de nosotros las pesadillas … como Ramón Murcia, como muchas de las personas que lo han acompañado en su despedida.

Hasta ayer parecía que la legislatura del ecocidio terminaba de la mano de Antonio Luengo como Consejero de Agricultura (también lo es, nos tememos que a su pesar, de Medio Ambiente) apuntándose el discutible y sorprendente mérito de lograr la casi destrucción de los órganos ambientales de la Comunidad Autónoma. A día de hoy, el Gobierno que ha presumido de la simplificación administrativa y ambiental, deja un colapso total para las empresas y los ciudadanos y, sobre todo, para la conservación de nuestro medio natural. Pero nos equivocamos: el presidente López Miras ha decidido apartar a Luengo de las competencias y crear una flamante, y atractiva socialmente, Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación. 

Durante su mandato en materia medioambiental, el consejero Luengo, solo o en compañía de otros, se ha ganado la medalla de ser el responsable político que ha generado las mayores trabas en asuntos ambientales de los últimos tiempos. Y si el año 2022 ha sido desolador en este aspecto, el 2023 comenzaba con clara vocación de superarlo y de colocarse como el peor en lo que a la gestión política del medio ambiente murciano se recuerda. El nuevo consejero, Juan María Vázquez Rojas, veterinario, profesor universitario y senador, al que damos los tradicionales (ufff) 100 días de gobierno para que ponga en marcha el necesario cambio en materia ambiental, deberá demostrar que la creación de la nueva consejería no es un producto de marketing electoral y sí una enmienda a la totalidad de tanto desastre pasado.

La organización del aparato ambiental de la Consejería de Agricultura y muchos etcéteras se ha hecho famosa por el desinterés con el que la asume el Gobierno regional. No olvidemos que tanto la Dirección General de Medio Natural como la del Mar Menor funcionan descabezadas desde hace meses, sin directores al mando. Y recordemos que los responsables de estas direcciones y de la de Medio Ambiente, ante la situación de bloqueo técnico, han solicitado en varias ocasiones, por todos los medios oficiales y extraoficiales a su alcance, la urgente contratación de personal, llegando incluso a filtrar documentos a la prensa a modo de descargo.

Ante la ausencia de dirección política, Luengo, como de costumbre, decidió mirar para otro lado, de forma que las competencias y la responsabilidad de estas direcciones las tuvo que asumir el todavía secretario general Víctor Manuel Martínez, otrora portavoz del partido del Gobierno. Martínez, nombrado candidato a la alcaldía de Santomera, se ha limitado a no dirigir nada ni a mostrar apoyo alguno destacable, adoptando el papel de cómplice silente de esta destrucción interna de la consejería, quizá a sabiendas de su destino político. Obviamente, desde que fue nombrado candidato municipal, su esfuerzo está dedicado a la política municipal y no parece que estos problemas le turben lo más mínimo.

En la práctica, ante esta situación de desgobierno y falta de medios, los departamentos ambientales de la Comunidad de Murcia funcionan gracias al empeño personal de unos pocos funcionarios, una parte importante de ellos interinos, que se dejan la piel día tras día en contra de lo que parece el criterio de sus dirigentes políticos. Y en estas condiciones es difícil trabajar.

Por si hubiera algún atisbo de esperanza, para añadir más dificultades y como regalo de Reyes al medio ambiente murciano, el consejero Luengo parecía querer dar la puntilla despidiendo a buena parte de los técnicos que ha impedido el bloqueo de su consejería en 2022. Con el inicio del año, nueve profesionales de diversas disciplinas ambientales han sido despedidos y al menos otros catorce lo serán en los próximos meses. Sin duda, el nuevo Consejero de Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación tiene un primer expediente, y no menor, para cuando su nombramiento sea efectivo: conseguir dotar a las direcciones generales medioambientales del personal suficiente para que la protección de la naturaleza sea efectiva y para participar en el despliegue de todas las posibilidades de la Agenda 2030 (el primero de los objetivos no ha sido conseguido por ningún consejero anterior competente en la materia). 

El personal despedido o en puertas de serlo fue contratado de forma dudosa, irregular, como se tiene por costumbre en las direcciones generales ambientales desde tiempos históricos. Contratos precarios, de pocos meses, con despidos constantes y largos periodos de tareas desasistidas. Estas son las trabas reales, esto es la verdadera causa del bloqueo de innumerables asuntos que se apiñan en archivos y discos duros. Prácticas laborales que provocarían el hundimiento de cualquier empresa en el ámbito privado o, como es el caso, el colapso manifiesto de cualquier administración pública.

Estas prácticas, ejercidas sobre una plantilla pírrica que ha soportado una desatención histórica, es particularmente preocupante en el escenario económico y climático en el que nos encontramos, que no parece alterar a los que gobiernan. Sin duda alguna, no solo urge recomponer lo desmontado, sino que resulta inaplazable asignar recursos suficientes al aparato ambiental, la situación es tal que parece necesario duplicar o quizá triplicar el número de técnicos ambientales para alcanzar unos mínimos de calidad en esta Región que se pretende moderna.

Estas son las verdaderas tablas del ya incompetente en materia ambiental, consejero Luengo. Las trabas son la ineficacia planificada e intencionada de la Administración. Sepa el ciudadano que detrás de ese registro en el que deposita su solicitud, su proyecto o su propuesta ambiental no hay casi nadie ni casi nada por dejación de la acción política.

Desafortunadamente, la verdadera imagen de la Región de Murcia es, a día de hoy, la del incumplimiento sistemático de plazos y compromisos ambientales; para los grandes asuntos pero también para los ciudadanos y las empresas. Díganme con qué cara nuestro presidente y el nuevo consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, reclaman al Estado o a la Unión Europea supuestos derechos o beneficios cuando su carta de presentación es el incumplimiento ambiental sistemático e intencionado, el colapso en los plazos y la falta de ejecución presupuestaria.

Estas son las trabas ambientales reales, las que han paralizado la tramitación en la Región de Murcia y las que impiden el acceso a los recursos y a los mecanismos financieros, las que nos mantienen en el furgón de cola. Pueden aprobar el enésimo decreto de simplificación pero se olvidan de que sin medio ambiente no hay futuro, ni tampoco desarrollo. Esperemos que los cambios anunciados en la composición del Gobierno de la Región de Murcia sirvan para algo y no para rellenar primeras páginas de periódicos o iniciar los noticiarios de radio o televisión.

El pasado 21 de octubre un grupo numeroso de personas celebramos la jubilación de Antonio Ripoll Spiteri, Moss, Jefe de Servicio de Planificación y Evaluación de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector.

En general, los medios de comunicación suelen hacerse eco de obituarios, remembranza de personas que se fueron dejando una profunda huella entre familiares, amigos o en la sociedad. Son esos momentos tristes en los que el pesar y la añoranza se hacen carne en textos en general de alabanza sin demasiada mesura. Pero resultan más raros los artículos que celebran la jubilación de un amigo, compañero y una referencia fundacional y fundamental en las políticas sociales de la Región de Murcia desde los años ochenta, y menos cuando el retiro se produce sin motivo de salud alguno y a los 63 años. Moss podría haber continuado un quinquenio más siendo maestro y luz en la cada más sombría y descorazonadora situación de los servicios sociales en nuestra región.

¿Qué se puede escribir sobre una comida de jubilación en el octubre murciano? Un lugar propicio para la alegría, un jardín entre árboles frondosos y parterres al azar, un pequeño estanque, el cielo azul, un poco brumoso por la calima en lo alto, las tórtolas arrullándose en la rama de un sauce, mesas redondas con manteles blancos debajo de sombrillas de colores claros, gente, mucha gente de muchos lugares y condiciones, abrazos, apretones de manos, un no te veo desde antes de la pandemia o desde antes de que todo se fuera al carajo, que diría Vargas Llosa. Porque sí, una jubilación sin motivo a los 63 años puede significar que algo, o todo, se fue al carajo, y cuando una persona como Antonio Ripoll, maestro y amigo de numerosos trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales decide apartarse definitivamente de su mundo y pasión de cuarenta y muchos años la sospecha se hace certeza.

Una tarde de finales de octubre da para mucho. Ya hemos hablado de los árboles, de las mesas, del estanque, del cielo de brumas vespertinas, de las bebidas y de la ambrosía del reencuentro con viejas amistades. Sería fácil ahora hablar de nosotros mismos y de nuestra relación con el homenajeado. Seguramente es lo esperable, un conocí a Antonio Ripoll hace 50, o 42 o 36 años. En Murcia, en el Barrio de Los Rosales, en la Universidad o en aquel bajo comercial que hacía las veces de aula de escuela infantil. O contar anécdotas de las largas horas de trabajo, en el café de las siete y media, en las conversaciones a media mañana que, por la brevedad del momento, se presumían incisivas, irónicas, cínicas y, los viernes, con cocoteros o flores estampadas.

La comida de la jubilación fue también una historia de soledad, la de la gente que bebe cicuta a sorbos breves, esperando un acontecimiento inexorable, como el tránsito de las estaciones o el regreso del cometa Halley. Sócrates la bebió mezclada con vino, aceptó su destino sabiéndose víctima de una ley injusta pero que tenía que acatar para seguir teniendo fe en el futuro de los griegos. Nada que ver con esta gente que la bebe pensando en su fin como el último día de la Humanidad.

Durante los últimos meses previos a su jubilación, fuimos muchas las personas que animamos a Moss a seguir en la lucha. Era un referente de los servicios sociales en Murcia, de la honestidad y de la responsabilidad, de compromiso con los colectivos más vulnerables. Era ese faro que emitía una luz poderosa y atrayente en un proceloso mar de mediocridad. Pero para él la política, y los políticos realmente existentes, no los deseados, solo entendían de ruedas de prensa que ocultaban el enorme vacío conceptual, el errático camino a ninguna parte, el desvarío provocado por no tener ninguna idea de futuro, tampoco de presente, sobre los servicios sociales, solamente ese instinto de supervivencia política que suele hacer daño y causar heridas permanentes.

Todo eso es ya pasado. Moss se mantuvo firme en una decisión largamente meditada, un aviso para navegantes entre islas oscuras y misteriosas: la política se ha divorciado de sus técnicos. En consejerías y organismos autónomos, la dirección política es cortoplacista, no tiene proyecto que no sea el de supervivencia. Atrás, muy atrás, quedan esos funcionarios que comenzaron a desarrollar proyectos con una constitución recientemente aprobada que hablaba de derechos, de bienestar, de igualdad, de protección de los colectivos necesitados. Como Moss.

Ahora ya jubilado, en las faldas del Carche, observando la naturaleza envolvente, el canto de los pájaros, las nubes en lo alto, el rojizo perfil del otoño, no tenemos otra opción que creer que las grandes personas volverán a soñar y a edificar en un páramo político. Nos va el futuro en ello. Moss será recordado siempre en su trabajo, utilizando una expresión de Román Krznaric,  como uno de los buenos antepasados a los que debemos nuestra confianza en el futuro. Mientras tanto, le recomendamos que relea La Conjura de los Necios, de J.K Toole. Se reirá en abundancia y se olvidará de tanto necio que anda suelto.

Si atendemos a la gestión realizada hasta la fecha, cabría pensar que no se la cree. Y dejaríamos de escribir y usted, lector, de leer. Sería sencillo deducir que se trata de una maniobra electoral, de un maquillaje verde, como el que tanto gusta a quienes esquilman el medio natural de todos para su propio beneficio. No nos engañemos, a estas alturas, todos sabemos que el Gobierno Regional no ha movido un dedo por conservar la naturaleza, de hecho, ha movido muchos para todo lo contrario.

El consejero Luengo ha sido, probablemente, el peor consejero en cuanto a la gestión de sus competencias ambientales. No solo se le ha muerto el Mar Menor mientras, cruzado de brazos, se ha dedicado a buscar las excusas más peregrinas para evitar actuar, sino que ha ideado y ejecutado toda una serie de artimañas para hacer desaparecer, sin armar ruido, la maquinaria administrativa que debería de cuidar nuestro entorno y nuestra salud. No solo ha destilado hasta el infinito toda la normativa ambiental, bajo la excusa de la simplificación, con resultados catastróficos (recuerden los miles de expedientes ambientales atascados que aún nadie ha resuelto), sino que ha fomentado y dirigido el hundimiento de la estructura organizativa y el fomento del trabajo basura en las tres direcciones generales ambientales. Las consecuencias de este desaguisado quizá tarden en ser conocidas por el público, pero su impacto sobre la economía y el medio ambiente murciano son de una magnitud enorme. Si habláramos de una empresa podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que la administración ambiental murciana está en quiebra técnica.

Con las cosas así, no es de extrañar que esta nueva Consejería no sea plato de buen gusto de los políticos y que muchos la consideren un regalo envenenado al nuevo consejero o consejera. A fin de cuentas: ¿Quién quiere una empresa en quiebra con un horizonte de altas temperaturas, eutrofización y posibles danas? Y lo que es peor, sin herramientas para solucionar la papeleta.

Pero demos una oportunidad al nuevo consejero, hagamos un ejercicio de contención e intentemos confiar en la nueva consejería, compremos el discurso y pensemos en cómo está el panorama y qué esperamos de ella. Lo primero es un diagnóstico de los medios. ¿Sabe el lector que buena parte del personal de los cuerpos técnicos ambientales (biología, ingeniería forestal, de montes, ciencias ambientales, etc.) están trabajando con contratos basura y que cada pocos meses son despedidos? Según los últimos cálculos, estimamos que aproximadamente el 50% de este personal trabaja como interino, y son contratados y despedidos periódicamente, en una práctica laboral más que dudosa. Esta proporción es mayor en dos de las tres direcciones generales ambientales, donde el número de trabajadores precarios supera al de funcionarios de carrera. Esto en la práctica supone que la mayoría de las personas que realizan el trabajo de base (informes, autorizaciones, inspecciones, etc.), serán despedidas en meses. Podrían volver, o no, quizá vuelvan a ocuparse de esos expedientes que tan atascados están y que tantos achacan a las “trabas ambientales”, pero probablemente no.

A este fraude laboral y ambiental hay que sumar la desmembrada estructura, si es que eso existe, de estos órganos. ¿Sabe el lector que las funciones de director general de medio natural y de directora general del Mar Menor hace meses que no son ejercidas por sus titulares? Nadie al mando. Lo que sí sabe el lector, a poco que le interese el tema y haya leído la prensa últimamente, es que algunos de estos directores se han visto obligados a dejar constancia por escrito de que con esos mimbres no pueden trabajar.

En este escenario, la jerarquía y organización es un caos, tenemos otro problema. Ante la escasez de funcionarios estables y bajo la presión política de Luengo y compañía (que no han dudado en apartar a los técnicos históricos que incomodaban a ciertas personas) pocos son los que se prestan al juego y los que lo hacen trabajan con enormes dificultades. Apartados los expertos, no son raros los mandos inoperativos que directamente han sido colocados como atrezzo. 

Así está el panorama. Una administración que tiene que lidiar con complejos procedimientos ambientales, en un entorno tremendamente inestable, en el que las personas encargadas son despedidas y trasladadas constantemente, y en el que los responsables y directivos son cargos de paso, sin dominio de la materia y en un puesto que, seguramente, les incomoda. Si el nuevo consejero viene a ejercer su función con responsabilidad, la primera palabra que debería incorporar a su estrategia es “emergencia”, todas las actuaciones a llevar a cabo deben de realizarse ya, no hay tiempo para experimentos.

La creación de una Consejería de Medio Ambiente es, a priori, una buena decisión. La petición de creación de un departamento ambiental independiente y eficaz en la Región de Murcia es una petición desesperada de muchos sectores de la sociedad, no parece existir otra salida. Los hechos demuestran lo nefasta que ha sido la política murciana de considerar Medio Ambiente como el furgón de cola de las más variopintas consejerías, en particular de la de Agricultura. No solo no ha recibido la atención que precisa, sino que ha tenido que soportar como le ponían palos en las ruedas desde dentro hasta llegar al colapso actual.

Confiemos en que López Miras y el consejero confían en la flamante nueva consejería. Si de verdad tienen voluntad por conservar nuestro medio ambiente actuarán, y deberían hacerlo con extrema urgencia.

La primera cuestión será dotar de recursos a la consejería. De nada vale seguir inventando órganos inoperativos y vacíos, ya tenemos la experiencia de la Dirección General del Mar Menor, aprendamos de los errores. Será ineludible crear, en la próxima mesa de negociación con Función Pública, las plazas necesarias y suficientes de estos cuerpos ambientales. No es posible mantener una consejería a base de contratos basura, rozando la ilegalidad constantemente. Esperamos, sin excusa, que se creen decenas de puestos de trabajo de estos cuerpos expertos en la conservación de nuestro medio natural, estables e independientes, que aporten la capacidad para darle la vuelta a la situación y permitan mantener la necesaria continuidad en la gestión y efectividad en el cumplimiento de estas funciones.

A estos recursos humanos será necesario añadir los adecuados medios y recursos económicos. No tenemos tiempo para regateos ni para promesas trileras, esta dotación tiene que verse reflejada ya. El medio ambiente, la economía y la salud de los murcianos depende de ello. Creemos una estructura sólida, el medio ambiente no entiende planes cortoplacistas, miren al Mar Menor.

Queremos creer en la nueva consejería, pero permítannos dudar. Recordemos que el presumiblemente nuevo consejero (al menos en todas las conversaciones de pasillo se le da como favorito), Víctor Manuel Martínez, ha sido el número dos de Luengo y partícipe necesario del desastre actual. En la práctica ha ejercido de secretario general y de director general por ausencia de dos de las tres direcciones ambientales. Hablamos del  mismo secretario general que no nos recibe a las organizaciones sindicales desde hace años. Esperemos que reflexione y retire su veto: si queremos construir hay que hacerlo juntos. Si de verdad el Gobierno regional se cree la consejería de Medio Ambiente, empecemos a trabajar desde hoy.

El pasado 9 de diciembre publicamos un artículo en Nueva Tribuna sobre el oscuro futuro de la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Las dudas eran, y siguen siéndolo, muchas sobre la viabilidad de una norma que reconoce derechos subjetivos pero que parece invisible a las leyes de presupuestos regionales.

 En realidad, el marco legislativo de la Región está sometido a una tensión propia de democracias iliberales. El Prlamento propio no es ajeno a la colonización del poder legislativo por el ejecutivo en una legislatura que, en cuanto a la calidad democrática, podría aparecer sin problemas en El ocaso de la democracia de Anne Aplebaum, una intelectual liberal conservadora perpleja por la deriva de antiguas compañías ideológicas. Pero esta es otra historia.

No ha ocurrido nada en particular que pueda modificar nuestra opinión sobre el futuro de una ley con muchas posibilidades y escasa financiación, en un entorno político en el que se ha adoptado con gran entusiasmo tanto el proyecto neoliberal como su proyección mediática en la estela del gobierno Díaz Ayuso. El nuestro es un gobierno de la libertad que nos habla de una nueva frontera para el libre comercio y de la importancia de la responsabilidad individual. De ahí la bajada de impuestos y la deriva de las necesidades y deficiencias de los servicios públicos a otras instancias políticas con residencia fuera de nuestras fronteras regionales.

Es difícil saber cómo la apuesta por un modelo económico y social que prioriza lo individual sobre lo colectivo, en una Región en la que nunca se desarrolló un estado del bienestar homologable a la de los países de la Europa Occidental, puede ser compatible con el reconocimiento de derechos de segunda generación que además pretende su universalidad.

No obstante, que no haya ocurrido nada reseñable que nos haga confiar en una implantación efectiva de la Ley de Servicios Sociales en nuestra Región, al menos nada en la ley de presupuestos para 2022, no implica que no se produzcan actuaciones políticas que producen perplejidad. Por ejemplo, en la forma de dar a conocer el contenido de la ley, no tanto por el lugar de su presentación o los actores como los patrocinadores.

El pasado 21 de diciembre se celebró en el Real Casino de Murcia, un edificio que fue restaurado con fondos públicos a pesar de mantener su carácter de club privado inaccesible a la ciudadanía murciana, un coloquio sobre la nueva Ley de Servicios Sociales. La mesa redonda, en la que participaron diversos actores públicos y privados de los servicios sociales de la Región, fue presentado por la Coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Grupo Orenes centrado en el mundo de las apuestas deportivas y el juego online. No creemos necesario recordar que las casas de apuestas están cuestionadas no solo por el agravamiento de diversas ludopatías, sino también por su implantación territorial y por su impacto diferencial en los distintos grupos sociales. Tampoco que una industria tan cuestionada, como es la del juego, por el aumento de la ludopatía y por su estrategia territorial de captación de clientes puede incidir directamente en la perpetuación de la pobreza.

Realmente, la decisión de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social puede responder a cierta torpeza política y acaso no sea pertinente comparar el dejarse patrocinar por una empresa de apuestas deportivas con el de poner al pirómano a sofocar un incendio, porque detrás de un acto de este tipo hay muchos especialistas en servicios sociales, y también políticos, que han trabajado para transmitir a la sociedad los beneficios de una nueva ley y que merecen respeto. En algún momento habrá que convenir además que la responsabilidad social corporativa no es, ni debe serlo, una mera estrategia de márquetin empresarial. Pero esto es también otra historia.

En los últimos días, el runrún de fondo sobre la lamentable (RAE, 1. que es digna de ser lamentada y 2. (aspecto, estado) que está muy desmejorada o maltrecha) situación de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aumenta rápidamente en decibelios y velocidad de transmisión.

La falta de personal para prestar los servicios públicos es escandalosa, la dificultad para velar por el interés general sigue su escalada, las denuncias de nepotismo en la asignación mediante comisión de servicios de puestos de trabajo “sensibles” es motivo de charla y crítica diaria, las denuncias de represalias políticas sobre empleados públicos ejemplares trascienden a la prensa, los comentarios sotto voce sobre las presiones para condicionar el trabajo administrativo y sus resultados continuo.

En realidad, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ha sido el único departamento del Gobierno Regional donde el inservible Protocolo para la prevención, identificación y actuación frente al acoso laboral en la Administración Regional ha detectado un caso de acoso laboral. Vaya por delante que dicho protocolo parece más diseñado para proteger a los acosadores que a las víctimas y que la revictimización de la persona acosada es harto frecuente. 

En la Administración Regional se padece un grave problema de gestión de recursos humanos, con una normativa que permite la perversión en su asignación eficaz y eficiente. De tal situación podemos responsabilizar al Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo, a la caracterización de los concursos de méritos generales y específicos o a la falta de regulación objetiva en la asignación de comisiones de servicio. En definitiva, a la falta de criterios objetivos, por escrito, públicos y recurribles en vía administrativa y judicial. No obstante, este es un problema global que afecta a la totalidad de la Administración General de la CARM y a sus organismos autónomos, no es específico de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

Lo específico de la Consejería de Agua es que padece un problema, acentuado con el tiempo, de credibilidad relacionado con la aplicación de la normativa en la que tiene competencia, de un número insuficiente de personas para ejecutarla y hacerla efectiva, de una protección insuficiente de todos aquellas personas que ostentan potestades públicas de ejecución y sanción. De ahí a la denuncia pública o privada, esta última en voz alta o, con más frecuencia abonico, que se viene produciendo desde hace años, especialmente con el nombramiento como Jefa del Servicio Jurídico de una persona de otra administración pública, aunque la situación se arrastra desde prácticamente siempre, con conatos de “soluciones a las bravas” como fue la invención del ARCA (leer entre otros La épica y el ARCA o La Agencia del Clima y del Medio Ambiente (ARCA) es para el verano) o las actuaciones poco meditadas y con consecuencias en la gestión técnica y administrativa de la primera sopa verde en el Mar Menor. 

En una consejería como la de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente no extraña que las organizaciones sindicales reciban habitualmente quejas, llamadas telefónicas de asesoramiento o directamente la exposición de una situación de actitudes directivas que colisionan directamente con la independencia de las personas funcionarias en la aplicación de las leyes, o que se les recuerde al personal interino cuál es su situación laboral cuando su celo profesional coincide con el espíritu y con el texto de las leyes. 

En el periodo 2015-2019, el Protocolo para la prevención, identificación y actuación frente al acoso laboral en la Administración Regional se ha activado en 15 ocasiones. En 7 de ellas el expediente se cerró por desistimiento de las personas denunciantes, 5 se desestimaron por no cumplir los requisitos para la caracterización de acoso, 1 sigue en estudio y en otra más, se concluyó que “no se puede descartar que los hechos investigados se encuadren (...) como conductas constitutivas de acoso laboral por un abuso de autoridad concretado en una acción de represalia (…) por haber planteado sus opiniones técnicas contrarias a la organización, que ha supuesto presiones hacia ella y han terminado en quejas y demandas frente a la organización”. Hay que aclarar que cuando un servicio de prevención afirma que “no se puede descartar” hay que leer “existe acoso laboral”. Este último es el único caso, lo dijimos al principio del artículo, de acoso laboral detectado por un Protocolo normalmente inservible, y se desarrolló durante al menos un año en la Consejería de Agua. 

Nos encontramos, entonces, ante una situación que trasciende la normativa autonómica en la gestión de recursos humanos. Los problemas laborales existentes no son debidos, no al menos en parte, a un mal clima laboral o a reivindicaciones profesionales. Las denuncias de politización, de represalias políticas, de asignación arbitraria de puestos de trabajo de acuerdo con afinidades o una mayor o menor flexibilidad en la interpretación y aplicación de las leyes, de presiones más o menos veladas de acuerdo con la relación contractual del profesional con la Administración Regional, de desembarco de personal de otras administraciones con criterios más laxos para firmar tal o cual resolución, de burla de la legislación en materia de personal, de asignación diferente de cargas de trabajo, de “prisas” para resolver determinados expedientes, son frecuentes e indican un problema grave en la Consejería de Agua. 

Una organización que es incapaz o que no quiere ver la situación interna poco hará para actuar. Si además se percibe una sintonía indisimulada entre intereses económicos y/o corporativos, que presionan para sustituir el control público de la legislación por otro público privado, y la dirección de la consejería, poco ayuda. 

A esto, a lo ocurrido en los últimos meses de 2019 y principios de 2020, las culturas primitivas lo llamaban lluvia. Pero tal concepto se perdió con la labor de civilización que llevó a cabo el PP a partir de 1995, aunque otros autores la remontan a los desarrollistas años sesenta del siglo XX.

Era aquella época en la que los nativos nos quedábamos mirando un barranco y no nos teníamos que interrogar sobre la razón de aquellos surcos de tanta profundidad que dificultaban el paseo por las laderas de las montañas quebrando el terreno de forma a veces harto peligrosa. Sabíamos que por el lecho del barranco pasaría agua en algún momento futuro arrastrando todo lo que se hubiera depositado en los largos periodos de estiaje.

Incluso cuando descendíamos a su fondo, agarrándonos a los arbustos que crecían en sus taludes de arena, podíamos detectar los rastros de una avenida anterior. Troncos obstaculizando el fondo del barranco, restos de broza o de ramas entre las zonas rocosas, latas metálicas, botellas de plástico, restos de exploradores de fin de semana. ¿Quién no ha visto cortada la carretera entre El Palmar y La Alberca por la riada de la rambla del Puerto de la Cadena, por el mismo lugar por el que ahora la labor civilizadora ha decidido construir una urbanización de alto standing?

Pero eso fue antes del desarrollismo de los años sesenta del siglo fenecido, antes de que la labor civilizadora del laissez faire decidiera que la espontaneidad caprichosa de la lluvia no podía ser un impedimento para construir en cualquier sitio. Ya por aquel tiempo, había empresarios que vieron la luz después de la tormenta y se percataron de que las ramblas se enfurecían muy raramente; lo suficiente para plantar una urbanización en mitad de la rambla con calles asfaltadas, jardines, colegios, centros comerciales y mucha luz mediterránea. Ya llegaría el siguiente enfurecimiento del cielo y de las ramblas. Que se encargaran otros de los destrozos. Gregorio Morán, en su biografía de Adolfo Suarez, nos habla de alguno de aquellos empresarios autóctonos dispuestos a levantar muros en cualquier lugar.

Hasta entonces, las gentes sabían que esos extraños surcos más o menos profundos en las laderas de las sierras o en el fondo de los valles estaban ahí por alguna razón, a diferencia de todo un consejero de Fomento e Infraestructuras que declaraba, sin ruborizarse, que “fuera de este cauce, el drenaje natural de la cuenca se organiza a base de ramblas y ramblizos que, en muchos casos, carecen de cursos regulares y permanentes (…) no es extraño que haya tramos de estos cauces que desaparecen en determinados trechos de su recorrido, lo que provoca inundaciones siempre que se producen periodos de precipitación de carácter intenso”.

La no gente corriente sabía que esos extraños surcos no eran capricho divino alguno. Si se construía en los lechos de las ramblas, lo hacía gente humilde que no tenía otro lugar donde levantar los cuatro muros de adobe para cobijarse. Entonces, la labor civilizadora era muy modesta, sobre todo porque los medios técnicos para rediseñar el paisaje  seguían siendo muy limitados.

Aznar, el golf y los jubilados

Pero todo eso cambió de repente. El crédito descendió en torrentes desde el Norte, Aznar hizo lo suyo con la ley del suelo, el sol siguió acompañando los largos paseos de los ingleses o los alemanes por las playas mediterráneas, se habló de golf, de jubilados paseando bajo el cielo de abril por los fairways y del advenimiento del reino del pleno empleo y la celebración permanente bajo las palmeras, las banderas y rizos de fiesta mientras una suave brisa salada refrescaba el ambiente.

Fue en ese momento, aunque hay autores que lo remontan al origen de los tiempos, cuando se perdió la noción de lluvia, pérdida acompañada de un regreso a creencias pre científicas sobre la posibilidad de modificar el régimen de la misma. Las avionetas fantasma forman ya parte de nuestro relato colectivo y vuelan real o figuradamente cuando los algodones del cielo se oscurecen en sus bordes deshilachados o crecen formando largas torres amenazantes en el horizonte.

A partir de entonces se comenzó a construir en cualquier llano, barranco, ladera o palmo de terreno adquirido a bajo precio no importa donde. Y comenzaron a poner obstáculos en todas las zonas inundables: se levantaron muros, edificios, campos de golf, plantaciones… todos esos tramos de cauce desaparecidos por vivir en zonas áridas o semiáridas según el ilustre consejero.

Pero alguna vez la lluvia retorna a estas tierras, con más o menos furia reivindicativa, exigiendo lo que le pertenece y llevándose por delante lo que impide su satisfacción. De estas borrascas que nos han visitado se hablará durante mucho tiempo. Los agricultores andan enfurecidos porque son los pilares de la sociedad y hay gente que les responsabiliza del desastre medioambiental del Mar Menor. Los empresarios turísticos hablan de un futuro aciago. ¿Pero quién hablará en nombre de la naturaleza destruida?, ¿y quién hablará del Mar Menor, que ha sufrido indeciblemente con los temporales, con el arrastre de lodo tóxico, con la contaminación añadida de sus aguas? Hasta ahora es solamente un arma arrojadiza en manos de desaprensivos.

Alguna vez supimos lo que era el agua y la lluvia, y los temporales de levante y las ramblas a punto de desbordar. Todo eso lo olvidamos: ahora solo sabemos de destrucción.

En 1835, George Borrow viajó a España (1), comisionado por la Sociedad Bíblica Británica, para vender y popularizar el Nuevo Testamento en castellano, cuya lectura traería tolerancia y modernidad a un país azotado por las disputas, intermitentemente violentas, entre partidarios del Antiguo Régimen y reformistas. España no había roto, y al parecer todavía no lo ha hecho, con la reacción y con toda aquella forma de organización estatal y social preilustrada. Frente a las Luces, el Concilio de Trento y la Vulgata.

Casi por la misma época, al otro lado del Atlántico, la guerra de 1846-1848 entre Estados Unidos y México, que supuso la anexión de las tierras al norte del Río Grande por el primero, tuvo un fuerte componente anticatólico desde el desprecio a la supuesta inferioridad racial de los mexicanos y de sus religión ignorante y supersticiosa, incluso idólatra. Para Peter Guardino “la mayoría de los estadounidenses creía que el protestantismo era una de las raíces de la libertad, el republicanismo y la democracia (…) creían que los católicos debían lealtad al papa y que la iglesia católica era demasiado jerárquica como para ser compatible con la democracia” (2).

El catolicismo, en definitiva, encorsetaba el desarrollo de la libertad y reaccionaba contra los impulsos modernizadores hacia la democracia y los valores de la Ilustración. Que hubiera detrás el intento de perpetuar el estado estamental o, incluso, lo que Piketty define como modelo desigualitario trifuncional, no es objeto de este artículo.

En 1848, Karl Marx escribió en el Manifiesto Comunista esa vieja idea que tanto aterroriza a una parte de la sociedad: que la educación era fundamental en la transmisión y perpetuación de la ideología dominante y que había que sustraerla del ámbito doméstico convirtiéndola en social. Un debate que se dio, y sigue dándose, no solo entre izquierda y derecha, sino también entre liberales y conservadores o entre laicistas y no laicistas, aunque la deriva de los últimos meses en torno al pin parental está erigiendo de nuevo muros de separación casi infranqueables, al tiempo que se invierte la caracterización de los principios que se defienden y se recuperan tópicos propios del Siglo XIX.

El primero de ellos es que en la democracia actual los hijos pertenecen al estado en manos, por cierto, de la izquierda y de la ideología de género. Es la extrema derecha, y los partidos que la sigan, la que va a restituir la propiedad de los hijos a sus verdaderos propietarios. En la escuela se enseña lo que los padres consideran que es adecuado para sus hijos. El resto es adoctrinamiento y, como es sabido, bajo este paraguas caben muchas cosas: desde el darwinismo hasta la eficacia de las vacunas para erradicar las enfermedades. Lo que resulta extraordinario es que después de varias generaciones adoctrinadas por la izquierda y por sus teorías aberrantes sobre la esencia del ser humano, Vox gane las elecciones generales en la Región de Murcia.

Como escribe Fernando Savater, en una columna de El País, “creo que uno de los más importantes objetivos de la educación es que los niños conozcan las alternativas que existen a los prejuicios de sus padres. Sobre todo en el campo de los valores cívicos: educamos para vivir en sociedad, no solo en familia. En democracia las leyes liberan y las tradiciones y costumbres esclavizan” (3). El último párrafo es una cita muy conocido del abate Sieyès, autor de “¿Qué es el Tercer Estado?”

Traigo a colación a Savater porque el filósofo vasco sin duda tuvo algo que ver, no sé si sigue teniéndolo, con los inicios de un partido, Ciudadanos, neoliberal en lo económico pero defensor de los valores de la modernidad, algo así como los hijos o nietos de la Revolución del 68 francesa y de la postmodernidad. Curiosamente, parte de este partido ha aceptado el pin parental en la educación murciana, invirtiendo la máxima de Sieyès. Si hacemos caso a Vox, son las leyes las que esclavizan. Las leyes, los tratados internacionales e, incluso, las declaraciones universales, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y continuando con la Carta Europea de los Derechos del Niño, la Constitución Española o la más modesta Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia entre muchas otras. Y lo que libera, en sentido contrario, es la costumbre, la tradición, los prejuicios de lo doméstico.

Con el pin parental se va a impedir que muchos niños y niñas conozcan fuera de su entorno familiar cuestiones que pueden tener importancia en su vida presente o futura. No solo sobre si la naturaleza humana es inmutable o es una construcción social, o si la homosexualidad es una enfermedad, una desviación cultural o una realidad normal y respetable. Los grandes debates conceptuales están ahí; no obstante hay otro tipo de conocimiento más práctico, más cercano, que afecta o puede afectar en algún momento a los derechos de los niños y niños. Conocer da herramientas para discernir entre lo que está bien o mal. Yéndonos al ejemplo más extremo, por su repulsa social, según el Tribunal Supremos la mayor parte de los abusos sexuales a menores los realizan personas de su entorno inmediato. Es una realidad conocida por la policía, por los jueces por la sociedad en general. Sería realmente lamentable que niños y niñas que pueden sufrir ese tipo de abuso no tengan acceso a conocer su perversidad gracias al pin parental o, se podría escribir en este caso, “pin pariental”.

En realidad, toda esta locura que se ha extendido por las redes sociales, por los periódicos, entre la sociedad en general, sobre quién tutela mejor los derechos de la infancia, el estado o la familia, parte de una premisa falsa: la escuela pública adoctrina, la concertada y la privada educa en los valores elegidos por los padres.

De los grandes países católicos de Europa Occidental, solo Italia y España mantienen una precaria separación entre iglesia y estado. Para Odifreddi “el 25 de marzo de 1947, el ex ateo Palmiro Togliatti traicionó los principios comunistas que habían llevado a una Italia antifascista y votó a favor de la vergonzosa inclusión del concordato fascista en la Constitución Republicana”(4). En España, se firmó la reforma del concordato de 1953 con el Vaticano el 3 de enero de 1979, sin que hasta el momento se haya derogado.

Los privilegios de la iglesia católica no es todo el problema. Más preocupante es la pervivencia del tradicionalismo anterior a Las Luces y, sobre todo, del músculo que todavía exhibe. En este sentido, no somos un país que comparta del todo los valores que encarna la Unión Europea. Ni siquiera la referencia al pasado cristiano de Europa tienen la misma interpretación en los países protestantes, o de fuertes minorías protestantes, que en España. Incumplir la ley, como se quiere hacer con la implantación del pin parental, es impensable en paises como Alemania, Francia o Inglaterra. Culpar a la dominación cultural de la izquierda o a la ideología de género de la igualdad, de la tolerancia, del derecho a la diversidad, es desconocer Europa y que se vive en el Siglo XXI.

(1)-  Borrow, George: La Biblia en España. Traducción e introducción: Manuel Azaña (¡…!)

(2)- Guardino, Peter: La marcha fúnebre. Una historia de la guerra entre México y Estados Unidos.

(3)-Savater, Fernando. No, papá. El País. 14 de julio 2018 (¡Aniversario de la Toma de la Bastilla)

(4)- Odifreddi, Piergiorgio: Diccionario de la estupidez.

Durante las últimas semanas seguimos con interés la información que eldiario.es de la Región de Murcia (eldiariomurcia) publica sobre el devenir de Ciudadanos (Cs) en nuestra Región. Por momentos, parece que el digital hace de contrapeso de la información sobre Isabel Franco (vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) que publica La Verdad. Siempre en el sentido de que en su partido hay marejada de fondo y un cuestionamiento cada vez más mayoritario de su dirigencia. Desconocemos lo que en realidad acontece en un partido que se formó en aluviones a partir de un colectivo pequeño de personas.

Lo que sí sabemos es que en Cs, no solo en el ámbito regional, existe desconcierto y temor a la desaparición si no se reposiciona en el tablero político. Tres partidos cuya dirigencia exhibe en sus muñecas lazos o pulseras con los colores de la bandera nacional son un número excesivo. Más aún si los tres luchan por un espacio electoral que oscila entre el centroderecha y la extrema derecha. Posiblemente Cs no renuncie a esa metamorfosis que le llevó de la socialdemocracia al liberalismo progresista y, últimamente, al liberalismo compasivo vs neoliberalismo. O que recupere el lugar que le asigna en el eje derecha-izquierda el profesor Francesc de Carreras.

Ciudadanos nació como un partido socialdemócrata no nacionalista catalán, al menos si hacemos caso a de Carreras. Aún cuestionando el espacio socialdemócrata que dijo ocupar inicialmente, Cs nos pareció en un principio postmoderno, cosmopolita, hijo o nieto del Mayo del 68, defensor del individuo frente a la comunidad, jacobino en el debate territorial pero sobre todo en la igualación de los servicios públicos y, con el tiempo, profundamente neoliberal en lo económico.

Nada que ver con la mayoría moral norteamericana o con esa otra española cada vez más radicalizada (o así percibida) por su actual visibilidad política y social. Un partido político, en definitiva, con el que se puede estar o no de acuerdo, pero que se le supone respetuoso, y lo es, con los derechos individuales, sean del tipo que sean, de la ciudadanía.

Rivera cometió un grave error estratégico al decidir disputar la hegemonía de la derecha al PP. Algo tuvo que ver en el desastre electoral del 10 de noviembre la crisis política catalana. No es difícil suponer también que fue más creíble la constante apelación a la mano dura con la violencia callejera, posterior a la sentencia del 'procés', de Vox o del PP que la de Ciudadanos. Simbología nacional y liberalismo casi nunca han ido juntas de la mano, y Cs nunca llegó a inscribir en su ADN el liberalismo ideológico, aunque sí el económico. Entre un país de ciudadanos libres, distintos y respetuosos con los diferentes y otro que soporta de mala gana al individuo si no participa de los ritos de la comunidad, Cs pareció decantarse por el segundo. Y para este segundo país ya estaba una parte del PP y, sobre todo, Vox.

Ciudadanos vive ahora maniatado por los errores de estrategia de su dirigencia. Ha pasado, en medio año, de poder ostentar la vicepresidencia del Gobierno de la nación a la irrelevancia parlamentaria. Gobiernan en tres comunidades autónomas, entre ellas la Región de Murcia, dependiendo de los votos de Vox para sacar adelante sus políticas. En nuestra Región no parece haber renunciado a la agenda de expansión del mercado, coincidente en este aspecto con la del PP y también con la del partido de extrema derecha, aunque afirme defender la iniciativa privada con ausencia del capitalismo de amiguetes o de boletín oficial.

Sin embargo, donde sí se puede observar la difícil situación de Cs es en la de la necesidad de vivir de los votos prestados, en la Asamblea Regional, por un partido político que hasta se cuestiona el propio nombre de la consejería de Isabel Franco, y no digamos ya las competencias de la misma: Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. A lo que habría que añadir otro inconveniente expuesto crudamente por el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Donald Tusk, en una entrevista reciente publicada en El País: “El problema de flirtear con la ultraderecha es que empiezas a pensar igual que ellos”. Una afirmación de la que debería tomar nota el PP como miembro del PPE.

Ciudadanos se juega mucho en los próximos meses. Por un lado, ser un partido con el que no se pueda estar de acuerdo, pero del que se sabe que defenderá siempre los valores de la tolerancia y del respeto a la diferencia. Por otro, mientra elige entre los diversos corazones que deben irrigar su ideología y sus alianzas, como partido de Gobierno (y en la Región de Murcia lo es) tiene la obligación de ser eficaz y eficiente en aquellas áreas de la Administración regional que gestionan, ampliando los derechos de la ciudadanía y su grado de satisfacción.

También, y esta es una receta que aprendió rápidamente el PP en 1995, debe confiar en los empleados públicos a su cargo. Estos podrán votar una u otra opción política cada cuatro años, o cuatro meses, pero siempre son leales a la organización y al servicio público, realidad que sigue desconociendo en parte Cs.

En un artículo publicado el 27 de octubre (“De la utilidad social de lo público: el Laboratorio de Mecánica del Suelo”) en eldiario.es de la Región de Murcia expusimos la necesidad de un control público de las infraestructuras construidas con el dinero de la ciudadanía. Llevamos demasiado tiempo asistiendo a un deterioro de lo público como cimiento del estado del bienestar, argumentándose para privatizar actividades hasta ahora satisfechas por las Administraciones Públicas que el mercado optimiza relaciones como calidad-precio, evitando el despilfarro y proveyendo de servicios eficientes. E incidíamos en la necesidad de controles sobre decisiones políticas ejecutadas por empresas privadas, por ejemplo la construcción de autovías, carreteras y su mantenimiento, y también sobre actividades privadas que pueden incumplir normas o deteriorar los mismos servicios a los que han llegado con la promesa de abaratar y mejorar. Todo lo ocurrido en el entorno del Mar Menor es ejemplo de cómo la dejación de funciones por parte de la administración regional y, en parte, central puede llevar a una situación prácticamente sin retorno en lo referente a la protección ambiental de una joya natural. En muchas ocasiones un mercado sin controles no responde efectivamente a las demandas de una sociedad democrática; sin controles ni trasparencia.

No se trata de defender una economía comunista ni nada por el estilo. Los países de economía planificada demostraron su ineficacia, su oscurantismo y la ausencia absoluta  de crítica por motivos obvios de la esencia de las dictaduras. No obstante, esa dificultad para utilizar la crítica como herramienta de cambio o incluso de supervivencia ha sido común en nuestra tierra. Incluso ahora, opiniones no canónicas sobre el agua o sobre la insostenibilidad de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena concitan el silencio o la franca hostilidad por parte de la clase política gobernante. Se trata de hablar del futuro de nuestra Región y de la vida de nuestros hijos en ella, no de comunismo, matiz que no parece interesar a las organizaciones empresariales murcianas.

Pero queríamos hablar sobre el Laboratorio de Mecánica del Suelo, del que, según La Opinión de Murcia de 5 de noviembre de 2019, la Comunidad Autónoma se está planteando prescindir. Estamos hablando de un Laboratorio, según el mismo diario “en el que se realizan los ensayos técnicos necesarios para determinar la seguridad en la construcción de carreteras. En  sus instalaciones se realizan también pruebas experimentales encargadas por empresas, porque dispone de equipos especiales que no existen en las compañías privadas que realizan este tipo de trabajos. Es considerado, además, el más avanzado de las comunidades autónomas, dado que solo el Centro de Estudios y Experimentación del Ministerio de Fomento resulta equiparable al de Murcia. En sus dependencias se realizan unos 4.000 ensayos al año para analizar los materiales y los procesos que se emplean en las obras de la red regional de carreteras”. De esta realidad ya hablamos en un artículo anterior.

También escribimos sobre la negativa a que el Laboratorio de Mecánica del Suelo auditara la llamada Autovía del Bancal, a fecha de hoy una ruina a la que la Administración Regional no sabe como hacer frente. No es de extrañar que en 2018 España siguiera a la cola de la Unión Europea en el Índice de la Percepción de la Corrupción, y que Inés Arrimadas valorara, hace unos días en un debate televisivo, el coste de la corrupción política en varias decenas de miles de millones de euros al año. Falta de controles públicos, falta de los mismos y falta de transparencia es un biotopo perfecto para la corrupción.

Resulta curiosa la respuesta que da la Consejería de Fomento al posible cierre del Laboratorio de Mecánica del Suelo. Al parecer “está evaluando los departamentos con el objetivo de incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos que ofrece”. Solo se puede manifestar perplejidad ante la supuesta evaluación de la eficiencia y eficacia de un Laboratorio que es el más avanzado técnicamente de todas las comunidades autónomas. En una Región acostumbrada a estar a la cola de prácticamente todos los indicadores económicos, laborales, educativos, sanitarios y sociales de España, que se cierre el Laboratorio de Mecánica del Suelo parece un contrasentido, a no ser que se quiera rematar la faena y que las carreteras de titularidad regional se conviertan también en las peores de nuestro país. La falta de controles lleva a determinadas consecuencias, sobre todo cuando hay interés en supeditar el interés general al particular. 

En los últimos años se ha puesto de moda intentar poner a la zorra a cuidar el gallinero. Ya lo escribimos con la frustrada creación de la Agencia Regional del Clima y Medio Ambiente (ARCA). En el caso hipotético del cierre del Laboratorio de Mecánica del Suelo, ¿quién controlaría el cumplimiento de los pliegos técnicos de las obras públicas?. En otras palabras, ¿quién evitaría la posibilidad de construir ruinosas obras públicas a cargo del erario público, es decir, a cargo de los impuestos que pagamos toda la ciudadanía murciana? El vicepresidente de la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Región de Murcia parece tenerlo claro: “Las instalaciones del Centro Tecnológico de la Construcción podrían cumplir el mismo cometido”. Las mismas constructoras de obras públicas se encargarían de supervisar la calidad en su realización. El círculo virtuoso que siempre nos devuelve al mismo gallinero.

Hay respuestas que lo explican todo.

En la sipnosis de 'Taxonomía del lucro', de José Manuel Naredo, se establece que “…la economía dominante no es de ninguna manera ese pretendido lugar de objetividad donde la sociedad siempre gana; al contrario, se aprecia que es el lugar en el que el poder y el dinero van continuamente de la mano generando redes clientelares que gobiernan la apropiación y redistribución del lucro, causando daños económicos, ecológicos y sociales”.

Tal vez lo ocurrido en los últimos años con las catástrofes medioambientales, de la que el Mar Menor es el último capítulo de la dejación de competencias y del vaciado de los controles normativos, sea ejemplo de ese intrincado ovillo de poder, dinero y puertas giratorias al que tan acostumbrados estamos en la Región de Murcia.

Por un lado, hay un interés social y por otro lo que el Gobierno Regional define, no sé sabe con qué herramientas analíticas, como interés social. Cuando el poder decide deshacerse a toda prisa de los controles públicos, no los ejerce o los dificulta negando los recursos técnicos y humanos para ejercerlos, el pesimismo político entendido como desconfianza ante el poder y su cadena de toma de decisiones es un buen método de partida para llegar a la verdad.

Cuando una Consejería, pongamos la de Fomento e Infraestructuras, se plantea inicialmente que el Laboratorio de Mecánica del Suelo deje de ser un organismo de control técnico de calidad en la construcción de obras públicas, hay que aplicar ese pesimismo político. Ya lo hicimos en su momento con la frustrada creación de la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA) y afirmaciones tales como que “el empresario que no vea el medio ambiente como una oportunidad de generar riqueza se quedará fuera del mercado” o que “el medio ambiente es una oportunidad de negocio” (https://www.nuevatribuna.es/opinion/francisco-saura-perez/la-epica-y-el arca/20180430082414151371.html).

Anteriormente lo vivimos con el cierre ficticio del Parque Científico de Murcia, un ERE no menos ficticio, la construcción de un Centro de Datos por valor de 15 millones de euros, la multiplicación de los presupuestos en Informática año a año y el desastre continuo de una Administración Electrónica de continuo caída. No nos pasó desapercibida tampoco “la tierra de libertad y valentía” de López Miras y su afirmación de que “para los cobardes el futuro es incierto, para los valientes una oportunidad” (https://www.nuevatribuna.es/opinion/francisco-saura-perez/tierra-libertad-valentia-proposito-nuevo-gobierno-murciano/20180422190233151126.html).

En realidad, detrás de toda la grandilocuencia y floritura neoliberal se encuentra lo que algunos economistas llaman capitalismo de boletín oficial o de amiguetes, es decir, la entrega al mercado de porciones del pastel público mediante concesiones administrativas.

Pero, ¿qué es el Laboratorio de Mecánica del Suelo?: un laboratorio que garantiza la calidad en la construcción de infraestructuras públicas, también de obras privadas previo pago de una tasa pública, en toda la fase de ejecución., con un personal altamente cualificado que participa regularmente con ponencias en congresos y jornadas técnicas junto a otros laboratorios como el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDAX), centro de referencia técnico nacional del Ministerio de Fomento.

¿Es posible que la calidad en la construcción de una obra pública no sea contrastada por el Laboratorio de Mecánica del Suelo? Lo es. Dos ejemplos aleccionadores son la denominada popularmente Autovía del Bancal. “este eje de titularidad autonómica, que conecta Murcia y la zona oriental de la Región con el Mar Menor y el sur de Alicante, tiene problemas estructurales y de construcción prácticamente desde que se puso en servicio a finales del año 2019, lo cual ha obligado a realizar continuos trabajos de reparación del firme por parte de la Consejería de Fomento” (https://www.laverdad.es/murcia/autovia-bancal-convierte-20190815002916-ntvo.html). La otra es la RMC1, Alcantarilla-Barqueros. De la primera, todavía se desconoce que saldrá más barato: seguir parcheándola o reconstruirla desde el inicio. Ser posible no es sinónimo de ser deseable.

Como ya hemos dicho anteriormente, el Laboratorio de Mecánica del Suelo es un organismo público altamente especializado que posee una maquinaria puntera en el control de la calidad de la ejecución de las obras públicas. No existe ninguna empresa del sector que posea dicha tecnología. ¿Significa esta superioridad técnica que exista competencia desleal con el sector privado? Sin duda que no porque permite que el cumplimiento de los pliegos técnicos de una obra civil sean controlados.

No podemos olvidar que si una carretera está bien hecha puede tener una vida útil de 15 a 20 años; en sentido contrario, la vida útil se puede reducir en un 50% pero los beneficios empresariales se pueden disparar por el ahorro durante la ejecución y los costes adicionales de las reparaciones.

Sería una osadía por parte de la Consejería de Fomento e Infraestructuras que, en pleno desvelamiento social del abandono de parte del control público en competencias sensibles para la salud pública o el medio ambiente entre otras, resuelva que el Laboratorio de Mecánica del Suelo no es necesario, y libere así a las empresas concesionarias de obras públicas del necesario control de calidad por parte de un organismo público e independiente. Es sabido que el que paga impone sus condiciones. Lo saben las empresas que pagan y las empresas de control de calidad que reciben el encargo correspondiente.

En 2017, frente a la conclusión de las concesiones a determinadas empresas que gestionaban las ITV de la Región de Murcia escribimos que frente a la renovación de la concesión administrativa o a la liberalización mediante autorización administrativa que propugnaba Ciudadanos (Cs), era prioritaria la creación de una empresa pública, lo que supondría “recuperar recursos que podrían ser utilizados en sectores como la educación, la sanidad o los servicios sociales” (https://www.nuevatribuna.es/opinion/francisco-saura-perez/necesidad-empresa-publica-gestione-itv-murcia/20171025170645144700.html). No se nos hizo caso.

Finalmente la liberalización fue forzada por la inexistencia de regulación y a fecha de hoy una cuarentena de estaciones de ITV hace su negocio en nuestra Región sin que se haya demostrado que la liberalización del sector permitiera ahorro en el bolsillo de los consumidores cautivos de este servicio (https://www.laverdad.es/murcia/murcia-segunda-comunidad-20191007134444-nt.html).Ni siquiera la única ITV pública existente, la de Alcantarilla, se ha transformado en esa entidad pública de control del cumplimiento normativo en seguridad vial.

Como escribe José Manuel Naredo, esto es un aviso para navegantes, no se trata “de seguir anteponiendo al actual individualismo, que se supone pre o anti social, un colectivismo que lo anule, sino de plantar un nuevo ”individualismo ético“ (con palabras de Javier Muguerza) que daría a la persona la categoría de ciudadano(a) como sujeto político y económico activo que contribuye a organizar la convivencia y la intendencia de la sociedad en la que vive, teniendo a la vez el derecho y el deber de hacerlo”.

En los últimos años hemos observado en todos esos empleados públicos que han defendido el cumplimiento de la normativa, la necesidad de control público sobre determinadas actividades privadas previsiblemente contaminantes, la protección del medio ambiente, la seguridad vial, la calidad en la ejecución de las obras públicas, ese “individualismo ético” que les hacen ser garantes del interés general. Todo lo contrario de lo que hemos observado en muchas decisiones políticas que solo persiguen el lucro personal y el de su entorno.

Defender el control público mediante organismos técnicos y científicos integrados en las Administraciones Públicas de las actividades privadas que puedan ser perjudiciales no puede quedar en una mera defensa laboral. Nos jugamos mucho frente a este capitalismo de amiguetes envuelto en los ropajes del neoliberalismo.

De los neandertales se ha escrito mucho, y mucho que se escribirá. También de su extinción e incluso hibridación marginal con el hombre moderno. Se ha escrito más de lo último que de lo primero. A fin de cuentas, en demasiadas ocasiones nos preocupamos más por los muertos que por los vivos. Unos con nostalgia simbólica y viril, otros porque creemos que no se hizo justicia con nuestros antepasados.

De los neandertales escribiremos en las próximas semanas, y no poco. Tal vez porque hay gente que los imagina rodeando a sus presas, humanas o no, matando, desgarrando la carne, comiéndola cruda, trazando líneas paralelas de sangre en nuestra frente y en nuestras mejillas. Los neandertales son una metáfora, por supuesto, al igual que los bárbaros de Kavafis y aquellos galos irreductibles cercados sobre el mar.

Los neandertales dominaron el fuego aunque nunca sabremos si llegaron a la sofisticación de utilizarlo para sacar el demonio de las cabezas de alguna gente. Heterodoxas, que las hubo, y brujas. Heterodoxos y brujos que rondaban los caminos cuando todo era quietud en la oscuridad. Siglos y milenios de llagas purulentas extendiéndose y retrocediendo para coger de nuevo impulso hasta cubrir las tierras del mundo. Eso fue antes de la Razón. En otro momento hablaremos si la razón o su sueño creó monstruos, cuales fueron, que demonios llevaban en sus cabezas, como devoraron a otros hijos de la Razón... Porque aunque seamos hijos de la Luz, muchos de los que dicen participar de la misma viven también en la oscuridad. Unos porque nunca superaron el vicio de la soberbia, otros porque se aferran a vulgatas materialistas y no buscan en el estudio las respuestas a sus plegarias.

Pero hablamos de los neandertales redividos, de la metáfora de los símbolos que darán de comer a la gente, de las banderas que flamean al viento, de las batidas por los cotos de caza de La Mancha, del macho español hundiendo su puño en la carne desgarrada del toro. De toda esa simbología que nos hace ser españoles, el más vulgar privilegio - la nacionalidad - de los que carecen, carecemos, de una identidad social cualquiera, en palabras de Umberto Eco.

No hay fascismo sin tradición, aunque se pueda ser preilustrado y no ser fascista, pero todo fascista es preilustrado. Y todo preilustrado se desliza hacia el fascismo cuando constata que su sistema de valores ha dejado de ser, o corre el riesgo de dejar de serlo, hegemónico socialmente. Es entonces cuando el torero sale al centro del ruedo, gira sobre sí mismo con los brazos en alto, con la espada en una mano y las banderillas en la otra. Conocemos el trofeo que brinda con ese gesto: las orejas y testículos (a falta de rabo) de la gente a la que se le ha metido en la cabeza el demonio de la razón.

El torero, otra metáfora de la España eterna.

Creíamos que nunca volveríamos a comer de los símbolos, o al menos que no nos volverían a engañar con sus imágenes del NO-DO; creíamos que libertad e igualdad, fraternidad y sororidad- ahora-, eran imágenes decisivas, irrefutables para actuar como antídoto frente a la pre-Ilustración y el fascismo. Creíamos muchas cosas. También que Las Luces iluminan el futuro. De errores vive el mundo; vive y muere.

En estos días se celebra una carrera regresiva en la derecha española; una carrera por recuperar los símbolos más atroces del Homo Neanderthalensis, sin excluir el canibalismo. Seguimos hablando metafóricamente, claro. En realidad las tres derechas son tributarias de la tradición preilustrada, siempre lo han sido a pesar de la modernidad de la que se jactó hace poco tiempo una de ellas. Esto puede ser bueno o malo, que cada cual que saque sus conclusiones. Lo terrible es que en algún momento o en alguna premisa coqueteen con el fascismo. Mucha gente conoce el poder de atracción de este tipo destructivo y sangriento de irracionalismo que busca en la Ilustración el origen de lo que consideran devastación social actual. La derecha española parece rodar cuesta abajo, hacia un enorme error que se ha convertido en la puerta del infierno: creer que la simbología de Vox concita el consenso de la tantas veces invocada mayoría social.

El Partido Popular ha sido víctima del sueño del Fin de la Historia y del Imperio de los Mil Años del Neoliberalismo. Tal vez ahora también lo sea de las contradicciones de su origen y de su electorado. Ante esta posibilidad, el denostado Mariano Rajoy nos parece un hombre de la Razón.

Increíbles metáforas para un futuro próximo.

No es que seamos treinta mil o cuarenta mil. Ser no es estar. Aunque estemos tal vez no seamos, pero al menos estamos para ser. Luego están los que no son ni quieren ser.

El viernes fue un día azul. El sol de mediodía hacía de parteluz. Iluminaba los edificios de estilo veneciano, la sombra decrecía hacia la fachada del Palacio Episcopal. Las ondas de la marea rosada venían de todas las calles de la ciudad, de las más anchas y de las más estrechas. De Santo Domingo por calle Platería, de Plaza Cetina y Gran Vía. Pero sobre todo, el atardecer así lo atestiguó, de los institutos y de la Universidad de Murcia. Era una marea con todos los matices del color morado, que a veces chocaba como ola de huracán sobre el Banco Sabadell. Y durante el tiempo que duraba la tempestad, el griterío hablaba de otros mundos, no del que vivimos, porque este sufre alguna enfermedad que mata y que hace sufrir.

Fue un día de primavera, de pancartas de cartón, de camisetas y chalecos, de chapas y bragas para el cuello con frases de Rosa Luxemburgo, de símbolos en los rostros, en los brazos, de labios pintados de morado, de banderas ondeando al viento, de personas mayores, jóvenes, adolescentes haciendo de las calles un lugar de libertad. Desde el vuelo de las palomas, la Gran Vía era una riada humana discurriendo entre imaginarios meandros, que la retenía y la desviaba por las calles aledañas. La Historia desciende lenta arrastrando a su paso todo lo que le ofrece resistencia.

Somos un pueblo de enigmas

Antes de las siete de la tarde, cuando el sol ya apenas iluminaba los áticos de los edificios, la marea comenzó a converger en la Plaza Fuensanta. Bajando el Puente Viejo, ya se sabía que iba a ser una manifestación de las grandes. Estas cosas se saben en seguida. Solo hay que fijarse en el fluir de la gente por las aceras.

Ya no hay nada escrito en el viento, pero hay señales que indican que las sombras se extienden y son húmedas y frías como en los sótanos de la antigua Inquisición. Y nosotros somos gente de libertad. De luz, de horizontes amplios. Miramos el mar, sus azules, imaginamos las velas en el horizonte, el viento hinchándolas y la velocidad que adquieren los sueños. Sin embargo, los enigmas siguen atormentándonos: unas veces creemos participar en un nacimiento, otras en un funeral.

Vivimos para ser libres aunque quieran encadenarnos. Pero movilizaciones como las del 8 de marzo demuestran que el viento nos es propicio, que las velas henchidas de esperanza nos llevan a mar abierto. A nuestra espalda, nos susurran voces extrañas. Es difícil no dejarse llevar a pesar de que sabemos que nos dirigen al naufragio, a los acantilados y la opresión.

Cerca ya del Puente Viejo, la gente se vuelve para contemplar la inmensa marea morada. Todavía no ha comenzado a moverse la cola de la manifestación cuando la cabeza se dispersa entre miles de flashes que fijan un momento histórico.

Dentro de pocas horas la fiesta habrá acabado. Las calles solitarias volverán a ser un lugar de miedo. Hay que acabar con ese monstruo que nos acecha e intenta desorientarnos. Los muertos no resucitan. Las Luces son nuestras, las tinieblas pierden territorio. Las ondas de la marea fluyen hacia el futuro. El feminismo arrastra los estériles de un mundo terrible que se resiste a morir.

8 de marzo. Cada vez estamos más gente, cada vez somos más gente. Un grito de sororidad se expande por el Universo.

La osadía es un bien preciado o despreciado, según convenga, en tiempos de mudanza. Osados hay muchos y osadías innumerables, y aunque muchas de ellas puedan parecer contradictorias, es sabido que en política, campo abonado para exhibirlas, todas las partes de un cuerpo, incluida la mente, pueden hacer cosas tan dispares o disparatadas como creíbles para el votante.

Hablemos por ejemplo del cuerpo presente del Partido Popular, convencido de su próximo retorno a la gobernanza patria. La mano derecha puede escribir que un presidente de gobierno es un traidor o un felón, la mano izquierda que un gobierno elegido por el Parlamento es ilegítimo, la pierna izquierda puede hacer malabarismos con el lenguaje y exigir elecciones inmediatas, la pierna derecha protestar porque la fecha de las mismas puede privar del reposo cofrade y un Consejero de Hacienda, pongamos el de la Región de Murcia, puede pedir al presidente traidor, incapaz, mediocre, felón, incompetente, ilegítimo, okupa, mentiroso compulsivo, o sea a Pedro Sánchez, que apruebe un real decreto-ley  para evitar que el “veto a los Presupuestos (abra) en las arcas regionales un agujero de 234 millones”. Al parecer, las cuentas regionales para 2019 se elaboraron teniendo en cuenta los ingresos que se obtendrían de la aprobación, en la que nadie creía, de los PGE 2019.

Es sabido que el real decreto-ley representa una concepción autoritaria de la gobernanza, que puede ser utilizado por gobiernos débiles a falta de apoyo parlamentario, o por gobiernos fuertes dispuestos a aplicar cirugía mayor sobre el cuerpo social. Ejemplos ambos los hemos tenido en los últimos cuarenta años. Con anterioridad no había nada, o tal vez si había algo en forma de añoranza que que promete reencarnarse en escaños en el cercano abril. Y es que ese mes maravilloso, de flores, agua, anocheceres claros y frescos, promete no volver a estar guardado en el cajón, “donde guardo el corazón”, querido Joaquín Sabina.

Volviendo a la osadía, a la gente osada que derriba muros o se estrella contra ellos, habría que preguntarse cómo un Consejero de Hacienda aprueba unos presupuestos fiándolo todo a un cadáver político, a no ser que creyera en una resurrección milagrosa mediante el boca a boca de los separatistas catalanes y afines. De tanto llamarlo traidor, el felón salió rana y ahora, con todo el asco del mundo, necesitan darle un beso para convertirlo en príncipe por un real decreto-ley.

Lo cierto es que con 234 millones de euros de descuadre en las cuentas regionales de 2019 tenemos un problema grave. La Administración Regional no tiene los recursos necesarios para mantener su estructura actual ni para garantizar los derechos de la ciudadanía reconocidos por ley. Es una Administración envejecida, sin relevo generacional, lo que impide la transmisión del conocimiento necesario para su supervivencia. Pedir ahora un real decreto-ley que apague el fuego avivado por la irresponsabilidad política no deja de ser una solución provisional. Lo paradójico es que provenga de un partido político al que no le ha importado las consecuencias de sus actos. Ahora toca pedir de lo que se ha abominado, pero en política no hay contradicciones, solo intereses.

El martes, 12 de febrero, se celebra en el Edificio Moneo, en nuestra opinión la joya arquitectónica del siglo XX en la ciudad de Murcia, una Jornada, organizada por CCOO, UGT, CSIF e Intersindical-SSPP con el título `Hacia una Administración Ambiental verdaderamente eficaz y al servicio de la ciudadanía´.

Desde al menos 2017, la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente fio la gestión medioambiental a la creación de una agencia del tipo de colaboración público-privada, en la que la CROEM tendría una participación decisoria, lo que, en algún artículo anterior, definimos como la dirección gerencial del gallinero por la zorra.

El proyecto de la Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA) nació con estudios previos, jornadas, coloquios, power point, declaraciones de prensa, entre otros y tuvo un parto difícil: fue presentada en sociedad como proposición de Ley del Grupo Popular de la Asamblea Regional de Murcia a principios de julio de 2018, en esa época del año en la que la ciudadanía está en otras preocupaciones e ilusiones.

Para esta futura, y frustrada, ley de creación no se pidió la participación ciudadana para que aportara ideas que la pudieran mejorar, tampoco, que sepamos, se consultó a los actores de la gestión medioambiental: las personas que trabajan en las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Mar Menor y del Medio Natural, que conocen el día a día de la aplicación de la legislación medioambiental, sus puntos fuertes y sus puntos débiles.

Tampoco parece que se contara con ninguno de los partidos restantes de la Asamblea Regional. En realidad, durante muchos meses se trabajó con las persianas bajadas y las bocas selladas. Tal vez esta sea una forma lícita de negociación, pero no parece lo recomendable si observamos los difíciles equilibrios en un parlamento sin mayorías absolutas estables.

Mientras esto ocurría y, posteriormente, cuando se iba retrasando la toma a consideración de la proposición de ley en la Asamblea Regional en busca de una mayoría suficiente que le pudiera dar un empuje, los trabajadores de las direcciones generales competentes en materia medioambiental mostraban su disconformidad concentrándose a las puertas del centro de trabajo, manifestando su oposición a la creación del ARCA y poniendo el dedo en el verdadero problema de la gestión medioambiental en la Administración Regional: la falta de estructura administrativa y la endémica falta de personal para hacer cumplir la normativa comunitaria, nacional y autonómica.

Realmente, la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por lo menos la actual dirección política, nunca consideró la experiencia de su personal y su capacidad para aportar soluciones.

En todo momento, el monotema discursivo del Presidente de la Comunidad Autónoma, del consejero competente y del resto del staff (ya sabemos que este término no es aceptado por la RAE) político de la Consejería, fue la “nueva frontera”, “la tierra de promisión” que sería la Región de Murcia con la llamada Ley de Aceleración Empresarial y de Creación del ARCA, y los llamamientos al empresariado para hacer negocio con el medio ambiente.

Finalmente, el fiasco de la Ley del ARCA fue monumental. Ciudadanos, PSOE y Podemos, que ya se habían opuesto desde el primer momento, dijeron que no a un híbrido que les recordaba no tan lejanos e hipotéticos chiringuitos montados en la Junta de Andalucía, y las trompetas dejaron de sonar entre acusaciones de electoralismo y de casi traición, aunque este último término no llegó a pronunciarse en público.

Llegado a este momento, con la IX Legislatura prácticamente agotada, las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSIF e Intersindical-SSPP, con el empuje, apoyo y entusiasmo del personal de las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Mar Menor y del Medio Natural (los verdaderos artífices de esta jornada), el edificio Moneo se convierte en el ágora del futuro de la gestión medioambiental en la Región de Murcia.

Los partidos y sindicatos que participan en las ponencias, los partidos y organizaciones de todo tipo invitados a la jornada, el público en general, tienen la oportunidad de trasladar a la ciudadanía murciana su proyecto de gestión medioambiental, sus confluencias y divergencias, su posición ante cuestiones básicas, y de gran transcendencia social, como es el cambio climático y las recetas para combatirlo. No son estas cuestiones de tratamiento partidista. El futuro de nuestro Medio Ambiente necesita de consensos. Creemos que es lo que busca esta jornada.

¡Nos vemos en el Moneo!

No es extraño que una persona ya en la cincuentena comience sentir las limitaciones del cuerpo, ese lento y cada vez más perceptible envejecimiento (¡Ya se sabe: superar el medio siglo no es un inconveniente en el tiempo que vivimos, con sus avances científicos y técnicos!), percepción que aumenta con lo que acontece alrededor. Cada vez visitamos más los hospitales, los tanatorios, las iglesias con sus tétricas campanadas a muerto y, de cuando en cuando, ceremonias laicas de despedida. Todo esto te acerca más al diálogo que alguna vez se intenta tener con la muerte, pero esta no responde, guarda silencio y, en muchas ocasiones, ni la llegamos venir ni llamarnos (¿cómo será su voz?) a su lado. Durante muchos siglos, la muerte fue representada con rasgos antropomórficos, e incluso la vimos jugando al ajedrez con alguno de sus clientes, aunque no cabe duda de que en ese tipo de partidas de ajedrez el jaque mate siempre las dan las piezas negras.

Digo que con el tiempo dejamos a un lado cierta presunción de inmortalidad y nos reconocemos en lo que seremos: memoria en alguna ocasión y casi siempre olvido. Y este reconocimiento resulta duro y miramos alrededor y vemos personas que tienen veinte, treinta o cuarenta años más que tú y resuelves que en veinte años se pueden cumplir muchos sueños: ganar un concurso de poesía, escribir varias novelas, callejear por Praga, extender los brazos en el acantilado para aspirar el aire salado del norte…

Es entonces, y no a los veinte, treinta o cuarenta años, cuando comprendes que necesitas tiempo, que el anterior ha volado con excesiva rapidez y que el que resta lo tienes que vivir con más intensidad, buscando la satisfacción en la sencillez pero también adentrándote en lugares inexplorados que antes desdeñabas y ahora la melancolía suple su conocimiento. Pero es también la edad, ya se ha dicho en otro lugar, en la que esa máquina llamada cuerpo humano comienza a sufrir pequeños fallos en unos casos, en otros graves o críticos. Y ahí está la muerte, silenciosa, moviendo las fichas del tablero para eliminar la pieza más deseable.

Enero ha sido un mes terrible, aunque el oscurecimiento del paisaje comenzó un día ventoso y fresco de octubre. Ves a la gente marcharse en silencio: compañeros, amigos, familiares, personas a las que quieres y sabes que los añorarás. Pronto los nombres dejan de pronunciarse y los recuerdos llegan como un rayo caído de un cielo cuajado de estrellas. Y piensas que tal vez la muerte esté rondándote, que esa extraña sensación en el ojo o ese dolor torácico que atribuyes al estrés es el peaje que pagas por tu trabajo y descartas una insuficiencia cardíaca o un daño ocular que puede impedirte volver a escribir o, ¡Dios!, a leer. Confías en la sanidad, es decir, confías en ese monumento al desarrollo humano que es la sanidad pública, universal, gratuita. Pero también ocurre que esa confianza se va diluyendo con la edad y qué, piensas, en un momento dado es posible que no esté ahí para ayudarte a ganar la trampa que te tiende la muerte en el tablero de la vida. Aunque eres consciente que el jaque mate llegará quieres retrasar ese momento para saborear los dulces existenciales que todavía no has probado o contemplar las islas vírgenes en el horizonte, a ambos lados del sol poniente.

Entonces comienzas a dar valor al tiempo de la sanidad pública, del Servicio Murciano de Salud (lo digo porque vivo aquí, en una tierra hermosa, con una luz brillante y clara, con un mar que te hace pequeño y enorme al mismo tiempo), y te preguntas porqué han transcurrido once meses desde la consulta con el especialista y porqué hace casi un año que esperas una llamada telefónica para hacerte una u otra prueba. Seguramente concluirás que hay que tener paciencia, que el personal sanitario vive entregado a su trabajo, que no le vas a hacer el juego a los gestores políticos y su interés en promocionar e imponer con el tiempo un modelo privado de sanidad, que tú aguantas y que no vas a permitir que te remitan con urgencia a un centro privado una vez presentada la queja por el retraso injustificado en la lista de espera.

Dentro de unos días llevarás un año en lista de espera. Y ese tiempo de demora sí que mata. Es un asesino implacable, la reina de las piezas negras del ajedrez, el que te rodeará para dejarte a merced de la muerte. Todas estas cosas se piensan cuando tienes ya esa edad en la que el cuerpo comienza a tener fallos. Y cuando visitas con frecuencia hospitales, tanatorios y cementerios. Tu gente se va alejando, la ves marcharse entre una niebla de rabia y olvido y sabes que la vida lleva un orden predeterminado y que, salvo las tragedias de las guerras y las hambrunas, no suele incumplirlo.

Y aquí seguimos, esperando. El 27 de febrero cumplirás doce meses en lista de espera. No vamos a señalar a los culpables porque se justifican a diario en los medios de comunicación. Todos los conocemos, aquí y en Madrid. No es que creas que lo tuyo es grave aunque a veces piensas que tu padre murió de esa enfermedad. Pero a cierta edad buscas el tiempo, sumas meses, años, décadas, sueñas que todavía puedes disfrutar de hermosas experiencias y cuando pasas por la puerta del Hospital Reina Sofía, suspiras y te dices que la llamada nunca llega, y te preguntas cuantas horas útiles aprovecharán nuestros políticos en su gobernanza. Pocas, están en otras cosas.

Vivimos en un mundo terrible en el que lo mejor se nos va como la arena entre los dedos, las personas y los sueños

Formaba parte, como escribió en su momento Galeano, de “esa mucha gente pequeña (que) en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”

José Antonio Pujante reunía en él muchas cosas, todas buenas, y cuando esto ocurre el olvido no es el desenlace definitivo de la vida

Ayer a mediodía, mientras en muchos hogares se escuchaba el tradicional Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, falleció José Antonio Pujante Diekmann, activista estudiantil en su tiempo, dirigente de IU en la Región de Murcia y extraordinario representante de los valores de la izquierda en el Ayuntamiento de Lorca y en la Asamblea Regional, militante también de las CCOO, además de, y esto siempre supone un valor añadido, profesor de filosofía en el IES Principe de Asturias de la Ciudad del Sol.

Nunca se sabrá si en ese momento triste sonaba desde Viena La Marcha Radetzky de Johann Strauss o si alguien, en algún lugar del mundo, leía la novela homónima de Joseph Roth o acaso El Mundo de Ayer de Stefan Zweig. Vivimos en un mundo terrible en el que lo mejor se nos va como la arena entre los dedos, las personas y los sueños.

No voy a escribir una elegía a José Antonio porque no lo conocí lo suficiente para arrogarme un papel que no me corresponde, pero sí puedo hablar de sus ideas porque intuyo que eran semejantes a las mías, aunque el compromiso se desarrollara de otra manera.

Aunque José Antonio fue un hombre público se puede decir de él, y no tanto de personas con otros compromisos políticos, que formaba parte, como escribió en su momento Galeano, de “esa mucha gente pequeña (que) en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.

El pensamiento que defendía José Antonio, me atrevo a aventurar que descendía directamente de la “gente peligrosa” de la Ilustración, era grande como pequeña era la gente que lo defendía. El mismo Galeano que también nos abandonó, nuestro Pepe Mújica forman parte, como José Antonio, de esa mucha gente pequeña. La humildad y la decencia de un mundo que parece irse llevándose todo lo bueno que habitaba en él.

Frente al tiempo de los “líderes”, de la grandilocuencia, del retorno a los llamados valores eternos y a la estigmatización de “el otro”, una ideología fuerte, universal, integradora, asertiva, con raíces históricas muy profundas y que ya no liben de los horrores del siglo XX, es imprescindible. Resulta patético que personas que tienen que decir mucho sobre las enseñanzas del pasado y mucho también que aportar al debate-crisis en el que nos desenvolvemos, hayan sido arrinconadas en los parlamentos y ayuntamientos, en los medios de comunicación y en el debate sobre el futuro.

Me atrevo a afirmar que son precisamente las personas que han sido ladeadas del ágora y del discurso dominante que se desarrolla en el mismo, las que más tienen que decir y aportar sobre el presente y sobre sus necesidades. El tiempo de los nacionalismos, que ahora parece resurgir por doquier, del cierre de fronteras, de la fe ciega en el neoliberalismo económico, de la defensa de las diferencias raciales y culturales, del apartheid, de la insolidaridad como método de supervivencia, no parecen las recetas del siglo XXI, aunque ahora veamos ondear sus banderas y su iconografía por todos los lugares del mundo.

No, la respuesta a la Gran Recesión debió llegar por otros canales del pensamiento, no por el reforzamiento de los consensos económicos de los años setenta y ochenta del siglo pasado ni por las reacciones radicalmente insolidarias, quisiera también escribir asociales, a sus efectos.

Decía que hay gente pequeña que merece monumentos en las grandes avenidas. Gente que se nos va con un gran bagaje intelectual y de interrelación con la realidad que no merecemos perder. La muerte es así de injusta. Siega en un momento cualquier vida y aunque todas tienen el mismo valor, no todas son lloradas de la misma manera o su ida desorienta con tanta intensidad.

Pero cuando perdemos a personas que nadan a contracorriente, con las que puedes mantener una larga y fructífera conversación sobre la esencia de la Humanidad y su futuro, cuando te encuentras a gusto contemplando los grandes escenarios de la historia, también de la naturaleza, e instantes después entiendes que ya no habrá complicidad y que el tiempo va de puñetazo en puñetazo hasta noquearte, comprendemos de qué va todo esto: de una lucha permanente entre duelo y duelo (por las personas, por las ideas, por los sueños, por las voluntades que aúnan ideas y sueños en un mismo mundo terrible).

José Antonio Pujante era una persona optimista. En general, la gente de la izquierda es optimista porque cree en la bondad última de la humanidad y en un progreso continuo en lo material y en lo, démosle una acepción no religiosa, espiritual. La que deja de serlo se desliza rápidamente hacia la derecha o se mantiene en ningún lado pero siempre aferrada a la esperanza. Pero a veces resulta difícil mantenerse como un olmo erguido en mitad de la tempestad, sobre todo cuando nos abandona la razón y permanece, levantando vientos, la barbarie.

Seguro que la despedida de José Antonio será también un momento de optimismo, como la fue hace unas semanas la de otro luchador de la izquierda, Manolo Lario. Un adiós de valores y sueños, una despedida que no lo será total porque siempre permanece entre nosotros el recuerdo y sobre todo el entusiasmo de la juventud y la edad adulta, las lecturas, la aprehensión de la razón, la creencia en la unicidad del género humano, el amor, la familia, la convicción en las ideas, la amistad, la eterna y profunda amistad que permanece como un faro a lo largo de las edades de la historia… José Antonio Pujante reunía en él muchas cosas, todas buenas, y cuando esto ocurre el olvido no es el desenlace definitivo de la vida. Es otra forma de vivir y estar entre nosotros.

Vayamos por orden. La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha recibido con profundo malestar la decisión de Ciudadanos (Cs) de presentar una enmienda a la totalidad a la proposición de ley de creación de la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA) por “razones medioambientales, jurídicas, económicas y de concepto”. Por su parte, el Presidente de la Región de Murcia, López Miras, seguramente sin haber pedido asesoramiento al Consejero de Hacienda, Jefe de Personal de la Administración Pública Regional, apunta a la Dirección General de Medio Ambiente y el Mar Menor (donde) “seguimos teniendo un cuello de botella en una burocracia que les está amargando la vida a muchas personas que lo único que quieren hacer es crear empleo, oportunidades y puestos de trabajo”, en una Región que, según el Secretario General del PP nacional, García Egea, puede liderar la IV Revolución Industrial.

En realidad son muchos conceptos, y muchos mensajes arteros, los que se declaman en unas pocas palabras. Es sabido que “burocracia” es un término con demasiada mala fama para pensar que el presidente murciano lo ha utilizado gratuitamente para crear opinión. Burocracia puede hacer referencia al conjunto de funcionarios de una Administración Pública, al conjunto de normas, papeles y trámites necesarios para gestionar una actividad administrativa o a la lentitud excesiva en la realización de estas gestiones. López Miras utiliza, claro está, esta última acepción, la que amarga, en su opinión, la vida a los emprendedores.

Lo que no dice es que esa “burocracia” es la que garantiza derechos y actúa independientemente para satisfacer el interés general. Lo dice la Constitución. Sí, la Constitución del Setenta y Ocho. Porque no es lo mismo una “burocracia” de una dictadura que la de una democracia, y porque en cuestiones de Medio Ambiente existe suficiente escarmiento para saber que los procedimientos reglados para autorizar licencias son imprescindibles si no queremos repetir el desastre del mar Menor, entre otros de menor entidad pero no menos dañinos. No vivimos en un entorno geográfico en donde haya un control a posteriori de la actividad económica.

España no es Chile, ni China. Las empresas deben cumplir la legislación, no hacer lo que les venga en gana para después indemnizar a las comunidades por los posibles efectos nocivos de sus actividades, aunque el presidente murciano no parece tener muy claro en el continente donde vive cuando, en referencia a las actuaciones en el Mar Menor, afirma que “nos gustaría ir más rápido, pero por desgracia debemos seguir una serie de normativas medioambientales ante la amenaza por parte de algunos grupos sociales y políticos de llevarnos ante la Fiscalía” (Onda Cero, 30 de abril de 2018).

La “burocracia” de la que habla López Miras no es tal. Es un conjunto de funcionarios reducido pero muy motivado. La Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor nunca ha tenido suficiente personal para gestionar las competencias que tiene atribuidas. Ni personal, ni estructura habría que añadir. Si existe el “cuello de botella” al que hace referencia López Miras no es por la “burocracia” en la acepción presidencial, es por la dejación de responsabilidades de los sucesivos gobiernos regionales y de las consejerías competentes en Medio Ambiente. Por no dotarla de suficiente personal y de una eficiente organización administrativa, por reducirla en la última década, por continuar con la política suicida de reducción de las administraciones públicas que está ocasionando un deterioro de los derechos y servicios a los que debiera tener acceso la ciudadanía murciana.

¿Qué ha dicho o hecho Ciudadanos para que su enmienda a la totalidad sea considerada una falta de respeto por parte de la CROEM? Posiblemente lo mismo que antes dijeron Podemos y PSOE, lo que en definitiva vinieron a decir los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional: que el ARCA no encaja en la legislación actual como organismo público. Seguramente serán las razones jurídicas y de concepto de las que habla Ciudadanos en su comparecencia pública para oponerse al ARCA. Ciudadanos utiliza el término “chiringuito” para definir el ARCA, lo mismo que hacen también Podemos y PSOE.

“Chiringuito” también tiene acepciones distintas y contrarias. Lógicamente, no se refieren al establecimiento a la orilla de la playa donde disfrutamos del estío sintiendo la brisa del mar con una cerveza y una marinera (o marinero) en la mano. Se trataría de un lugar para repartir puestos de trabajo, para ser juez y parte, para interpretar la legislación aplicable de una manera laxa y para hacer negocio del Medio Ambiente sin la molestia de la “burocracia”, es decir, del conjunto de funcionarios sometidos a la ley y a hacerla cumplir.

Hace ya décadas que las diversas consejerías por las que han discurrido las competencias medioambientales conocen las necesidades reales de las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Mar Menor y del Medio Natural. Lógicamente entre estas no está la intromisión, o la supervisión, de la CROEM en las potestades públicas. Tampoco ayudan declaraciones extemporáneas de políticos o dirigentes empresariales. Las leyes se pactan a la luz del día para evitar la intromisión de los lobbies. Es cuestión de transparencia. Pero sobre todo un presidente autonómico no puede afirmar que parte de la Administración Pública que debe implementar las políticas de su Gobierno es “una burocracia que les está amargando la vida a muchas personas”. Y esto por respeto a sí mismo y a las personas que están para desarrollar las decisiones políticas de su gobierno.

Es el momento de reflexionar sobre el modelo de administración medioambiental que queremos para nuestra Región. Las tres enmiendas a la totalidad de la proposición de ley de creación del ARCA han acabado con el sueño de la CROEM, lo que explica su enfado. También con la del Gobierno Regional. Llega el momento de valorar otras alternativas. Por ejemplo, la que llevan años demandando los profesionales que trabajan en ambas direcciones generales: estructura administrativa, dotación suficiente de personal, que se respete su trabajo y se proteja frente a presiones externas. En esta línea hay que trabajar.