El pasado día 4 del corriente fue convocada la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Cartagena para aprobar la cuenta general del ejercicio de 2017. Nuestro Grupo Municipal en el ayuntamiento, CTSSP-Podemos, votó en contra de la aprobación porque, a pesar de que algunos nos quieren hacer ver que esto es sólo un trámite, la realidad es que no es así, ya que en esas cuentas, como vamos a demostrar, va incluida toda la mala gestión que han hecho desde el Gobierno durante todo el ejercicio.

El presupuesto del ejercicio de 2017 se aprobó por la Corporación en el mes de enero de ese año, y para el 31 de marzo la Junta de Gobierno ya había realizado nada menos que 99 modificaciones presupuestarias por importe de 11,6 millones de euros. No sabemos si el resto de trimestres siguió el mismo ritmo de modificaciones presupuestarias porque no las han publicado, la transparencia brilla por su ausencia, pero todo apunta que sí, por lo que no es difícil obtener la conclusión de que el presupuesto aprobado por la Corporación en enero no tiene nada que ver con el presupuesto que se ha liquidado al final del ejercicio.

Naturalmente que, de este hecho que es muy relevante, nos surgen algunas preguntas: ¿De qué sirve que toda la Corporación Municipal apruebe el presupuesto si a lo largo del ejercicio la Junta de Gobierno lo deja irreconocible? ¿Qué capacidad política tiene este Gobierno para elaborar el documento más importante del año si en sólo tres meses ha necesitado 99 modificaciones?

La cuenta 413, que recoge todos los gastos realizados que no estaban contemplados en el presupuesto, tenía al final del ejercicio nada menos que 4.923.964€ de saldo. Es decir, han gastado cinco millones de euros que no tenían consignación presupuestaria.

Entrando en el análisis concreto de las cifras nos encontramos que en el presupuesto de ingresos hay diferencias tan importantes entre lo presupuestado y lo ejecutado, como que se han recaudado 3,6 millones de euros más de las previsiones. Está bien practicar la prudencia en los ingresos presupuestarios para no incurrir en déficit, pero ser tan comedido con las necesidades que hay en la calle es casi irresponsable, además de que comprobaremos que la prudencia no fue el problema.

Es en el presupuesto de gastos donde salta por los aires todo el rigor que es exigible a cualquier Gobierno: su total, sin incluir la amortización de los préstamos, era de 179,4 millones de euros. Lo que nos dice la liquidación que han ejecutado del mismo son 168.8 millones. Así que la diferencia de 10,7 millones es lo que el Gobierno Municipal ha dejado sin ejecutar.

Como todos sabemos, es dramática la situación que hay en muchos barrios y diputaciones de nuestro municipio respecto de las obligaciones municipales para resolver los problemas de la gente. El presupuesto es la herramienta fundamental para ello, y aún así el Gobierno deja sin gastar casi 11 millones de euros. Mayor incapacidad política es imposible.

¿Y a dónde han ido esos millones del presupuesto que el Gobierno no ha ejecutado?

Desde el año 2012 todos los políticos en activo, y también quienes no lo somos, sabemos que existe esa nefasta Ley que nos dejó de herencia el Partido Popular que lleva por denominación Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que el artículo 32 de esa Ley dice lo siguiente:

“Artículo 32. Destino del superávit presupuestario.

La cantidad presupuestada para amortizar la anualidad de la deuda era de 9.314.203€, y en aplicación del artículo 32, que deja muy claro dónde va el superávit presupuestario, han amortizado 16.452.689€, es decir, 7.1 millones de euros por encima de las exigencias legales.

Destinar más de siete millones de euros por encima de las exigencias legales a pagar la deuda a los bancos, con la cantidad de reivindicaciones sociales y de inversión que hay en un municipio que se nos cae a pedazos por los cuatro puntos cardinales, es incalificable políticamente.

El problema es mucho más grave aún, porque esta ha sido la tónica general durante toda la legislatura. Veamos el siguiente cuadro:

Los gobiernos de la legislatura, incluido el tiempo de MC, cuando finalice van a tener deuda amortizada por 74,6 millones de euros y unas inversiones realizadas de sólo 26 millones en toda la legislatura.

Con este balance hay dos conclusiones claras: han venido al Gobierno a pagar las deudas con los bancos que nos dejó el desmadre del Partido Popular durante sus 20 años de desgobierno, y no a hacer políticas para solucionar los problemas de la gente. Un balance político lamentable y cargado de mediocridad.

Como se ve, está más que justificado nuestro voto en contra de estas cuentas en la Comisión.