El gobierno del presidente Lenin Moreno habría accedido a levantar la vergonzosa incomunicación a la que Julián Assange ha sido sometido durante casi 7 meses en la embajada del Ecuador en Londres. Privado de acceso al internet, o cualquier otro tipo de comunicación con el exterior, incluyendo la prohibición de visitas, el aislamiento del periodista Assange no tiene precedentes en una democracia medianamente decente. Al parecer, fue la visita al Ecuador del Relator de la ONU para la Libertad de Expresión, y del Alto Comisionado para los Refugiados, lo que forzó el levantamiento de la incomunicación. Fue precisamente la ONU, en su resolución 54/2015 del 4 de diciembre del 2015, la que juzgó en contra de Gran Bretaña y Suecia, calificando la situación de Julián como una detención arbitraria. Una condena demasiado vergonzosa como para que la muy perfumada Gran Bretaña se digne acatar, a pesar de que las resoluciones de la ONU deberían ser vinculantes.

El levantamiento de la incomunicación, sin embargo, no viene gratis. Lo acompaña un draconiano protocolo de “disciplina”, que convierte de una vez al Ecuador de protector, en perseguidor. ¿Una embajada, con un régimen cuasi carcelario? ¿Para un asilado político, que no tiene ni cargo, ni deuda con la justicia? Tal parecería que la condición de perseguido político de Julián Assange, motivo y razón de su asilo ¿ya no es reconocida por el Ecuador?

En mis años como Cónsul en Londres, con frecuencia visité muchas cárceles en el Reino Unido y ni siquiera para visitar a los presos, nunca tuve que informar sobre mis “cuentas de redes sociales”, ni sobre “los números de serie y números IMEI de todos los componentes electrónicos”, bajo la amenaza de confiscación, como ahora se les exigirá a los visitantes de Assange, por lo general personalidades del más alto perfil, que llegan a expresar solidaridad (¡no a visitar una cárcel!). Es absurdo y peligroso exigir información personal y privada que corre riesgo de terminar filtrándose a los perseguidores de Assange.

El protocolo filtrado a la prensa representa censura pura y contradice totalmente la supuesta recuperación de la libertad de expresión en Ecuador a la que hace alusión el relator de la ONU, David Kaye. Se trata, pues, de “disciplinar” al editor en jefe de WIKILEAKS. El mensaje detrás de los eufemismos burocráticos es, básicamente:

Cuidadito con publicar los pecadillos de nuestros amigos, so pena de que permitamos tu extradición, donde los amos de planeta te harán pagar caro tus atrevimientos. ­Tus visitas pasan por nuestro filtro y nos reservamos el estricto derecho de admisión, solo a lo que consideremos políticamente correcto.

Ningún periodista que se respete debería someterse a un régimen de control sobre lo que puede, y lo que no puede escribir, o sobre quien puede, o no puede ver.

El protocolo repite en múltiples ocasiones la amenaza de terminación del asilo, bajo el rebuscado argumento de que los asilados políticos, supuestamente, no pueden opinar públicamente de política, o que no pueden ejercer plenamente su derecho a la libertad de expresión. En materia de derechos humanos, un derecho fundamental como la libertad de expresión tiene supremacía y prevalece por sobre cualquier tratado o convención de asilo, refugio, o lo que fuere. Los mismos tratados sobre asilo a los que el Ecuador se debe, no prohíben ese derecho. El protocolo no cita un solo artículo o disposición concreta de los instrumentos internacionales sobre asilo o refugio, sobre supuesta supresión de la libertad de expresión de los asilados. Además, resulta paradójico que quien recibió asilo precisamente por su trabajo como defensor de la libertad de expresión y la libertad de prensa, vea su propia libertad coartada por sus “protectores”.

Es claro que el gobierno de Lenin Moreno busca rendir a Julián, pero, por burdo que se avizore el régimen ahora impuesto a la embajada, Julián lo sobrellevará. En realidad, siempre existió un “protocolo”, aunque ni de lejos tan draconiano (y, la verdad sea dicha, con una notable mejoría desde el 2015, con la llegada del actual embajador). Se trata, después de todo, de la embajada más asediada del mundo. El protocolo anterior estuvo a cargo de la SENAIN (los ex servicios de inteligencia del Ecuador). Julián, en buena hora, no es la persona favorita de ningún servicio de inteligencia en el mundo. El ex presidente Correa, quien tuvo el acierto y la valentía de concederle el asilo, intentó reemplazar los servicios de inteligencia del viejo Ecuador, cooptados y dependientes de los EE.UU, por una estructura nueva, más soberana y confiable. Como toda agencia de “inteligencia”, la SENAIN resultó en un animal sin dios, ni ley, sobre el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni los embajadores en Londres, nunca tuvieron control. La SENAIN no estuvo entre los tantos aciertos del gobierno del ex presidente Correa, al punto de que, en mi opinión, excesos y torpezas de esa entidad son hoy causa de que el propio Correa sea víctima de una feroz persecución política.

La SENAIN siempre espió a Julián, a sus visitas y a todos al interior de la embajada. Una empresa de seguridad española, de las que para justificar su presencia requieren crear falsa inseguridad, produjo junto a SENAIN “informes” mal intencionados, forjados entre la paranoia y la fantasía, sobre el diario acontecer al interior de la embajada. Personalidades de altísimo calibre mundial, de entre los miles que han visitado a Julián, como la escritora Arundathi Roy, el famoso Daniel Elsberg, el actor John Cusack, la baronesa Helena Kennedy, o la artista Vivianne Westwood, que como primeros me saltan a la memoria, bien podrían dar penoso testimonio de la hostilidad de los “guardias” y de sus “protocolos”.

En todo caso, los entremeses caseros de lo que ha sido el refugio de Julián estos seis años, son su problema menor. Lo de fondo es la feroz persecución de los EE.UU., recrudecida en la administración Trump, donde un gran jurado federal continúa una investigación criminal de WikiLeaks y su personal. Lo de fondo es que el gobierno de Rafael Correa sí protegió a Julián con firmeza, como corresponde a un país que concede el asilo, y que el gobierno de Lenin Moreno, claramente incapaz de resistir la presión de EE.UU., en cambio, ha optado por la estrategia de la coerción y de la amenaza.

Esa es la explicación para el “protocolo” impuesto por Lenin Moreno en Londres. Apretar tres buenas vueltas a la tuerca con la se quiere cercar a Julián. Como si fuese poco, el cerco se aprieta también en Quito, con la derecha aliada del gobierno ecuatoriano que, al exigir la desclasificación de información sensible sobre un asilado político, nada menos que el más acorralado del mundo, pretende despojarle de la nacionalidad ecuatoriana, que por derecho le fue entregada. Esto como primer y necesario paso para una rendición final, dado que como ecuatoriano, Julián tiene la protección adicional de la Constitución, que prohíbe su extradición.

Se equivocan quienes creen que con amenazas, censura y chantaje van a quebrar a Julián. La pregunta que realmente importa es: ¿Cuánto falta para que se quiebre Lenin Moreno?