Me emociona observar como la generación de hombres y mujeres que nacieron en la oscuridad del franquismo, lucharon contra la dictadura, consiguieron derechos laborales, contribuyeron a modernizar nuestro país y cuidaron de su familia es capaz de defender con tanta fuerza sus derechos. Y lo hacen con un espíritu de solidaridad intergeneracional porque su objetivo es defender unas pensiones dignas no solo para sí sino para generaciones venideras: para sus hijos y para sus nietos.

Analicemos. De una parte desde la crisis económica del 2008 se produce un intensa devaluación salarial como consecuencia de la aplicación de una serie de medidas neoliberales auspiciadas por la Unión Europea que tienen como objetivo reducir los costes laborales. Se implementan medidas de abaratamiento del despido, generalización de los contratos temporales que disminuye el empleo de calidad, la desarticulación de la negociación colectiva y la individualización de las relaciones de trabajo. El objetivo es claro crear una precariedad laboral con un ejército de desempleados que empuje a la baja los salarios. Según datos de la OCDE España es el 7º país del mundo y el primero en la Unión Europea de trabajadores pobres.

Pero este perjuicio no solo repercute sobre el nivel de bienestar de los trabajadores, sino que tiene un profundo impacto negativo sobre los ingresos de la Seguridad Social deteriorándolos seriamente al producirse una caída de las cotizaciones. Como consecuencia, para hacer frente al pago de la prestación el Gobierno se ha visto obligado a detraer recursos de la llamada “hucha de las pensiones ”en varias ocasiones, desde 2011 (66.815 millones de euros) no ha dejado de menguar y actualmente se encuentra en su nivel mas bajo desde su constitución (8.000 millones de euros).

De otra parte las sucesivas reformas laborales introducidas en el Sistema han dado como consecuencia una devaluación considerable de las cuantías de las pensiones. La reforma del PSOE de 2011 elevó la edad de jubilación de 65 a 67 años y amplió el periodo de cotización que se toma en consideración para calcular la base reguladora, se calcula que supondrán un recorte de un 10 % de las pensiones públicas y tendrán un mayor impacto sobre las mujeres, sobre ellas recaen los trabajos de la reproducción y de cuidados no asalariados y por tanto arrastran vidas laborales mas cortas con más precariedad e inestabilidad en sus empleos.

La segunda reforma laboral aprobada por el PP en 2013 introduce el llamado factor de sostenibilidad que vincula su cuantía a la esperanza de vida, su aplicación según los últimos acuerdos con el Gobierno se preve a partir de 2023. Por otro lado se modifica el criterio de actualización de las pensiones en torno al IPC y se establece un factor de revalorización basado en los ingresos y gastos del sistema que en un contexto de crisis económica conduce a una práctica congelación de las pensiones y desde entonces se han revalorizado con un 0.25% lo que se ha traducido en una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas.

Todos estos factores combinados arrojan una estimación de una devaluación de un 35% para el 2050, nuestros mayores verán como se desploman sus ingresos. Dichas medidas harán mas impacto sobre las pensiones de nuestros actuales jóvenes y las mujeres como consecuencia de la precariedad laboral. Existe una brecha salarial de género en perjuicio de las mujeres cuantificada en un 37%.

¿Pero quienes son los principales beneficiados de estas reformas y del desplome de nuestras pensiones públicas? Sin duda los capitales financieros que observan con deleite esta gran tarta.

El relato en torno a la falta de sostenibilidad del sistema se construye por el run-run que generan las opiniones de diversos economistas neoliberales, los denominados “expertos, declaraciones de diversos representantes europeos asociado a la confusión en los mensajes enviados por los Gobiernos, incluido el actual. Recientes declaraciones de la Ministra Calviño afirman que el Ejecutivo se opone a vincular la subida de las pensiones solo al IPC por ley y el Secretario de Estado Sr. Granado indica que además de los precios se tenga en cuenta la situación económica, porque la indexación nos da a largo plazo unos efectos perversos y apuesta por introducir un ”índice permanente “. Esto no solo crea inseguridad y preocupación en nuestros pensionistas sino que empuja a aquellos trabajadores asalariados que pueden permitírselo a la contratación de un plan de pensiones privado. Pero la gran mayoría de ellos carecen de capacidad de ahorro, por no entrar a valorar el riesgo que supone los planes de ahorro privados, nuestros pensionista actuales y futuros se verían, nos veríamos, abocados a la pobreza en el ocaso de nuestras vidas.

Las pensiones constituyen un derecho y el Estado debe aportar los recursos necesarios para garantizar ese derecho, nuestra Constitución en su artículo 50 mandata“ mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad ”. Por tanto se trata de una obligación de los poderes públicos. Existen instrumentos para corregir la grave disfunción del sistema, Unidos -Podemos defiende que las pensiones deben ser financiadas con los Presupuestos Generales del Estado y revalorizarse con el IPC por ley.

Según el acuerdo al que han llegado con el Gobierno se prevé su revalorización con arreglo al IPC en 2018 y 2019 y dentro del marco de la reforma integral del Sistema se incorporará a la normativa de la Seguridad Social la revalorización de las pensiones conforme al IPC real. Esta medida asociada a la subida del SMI supone un avance y una esperanza para nuestros pensionistas aunque tendremos que esperar a que se aprueben los presupuestos y que cristalice en una reforma legislativa.

Llegar a un consenso en las negociaciones en el pacto de Toledo está resultando tarea ardua y difícil, todo apunta a que nuestros pensionistas tendrán que continuar en la lucha en las calles y en las urnas, no será fácil pero estoy segura que lo conseguirán.

*Chelo Poveda es responsable de la Secretaría de Políticas Públicas del Consejo Ciudadano Municipal de Podem