De un Gobierno comprometido con las buenas prácticas democráticas (que apoya al emprendimiento innovador y a la cohesión social) se espera que sus actos se correspondan con sus discursos. Lamentablemente, el decreto ley por el que se modifica la Ley 16/ 1987 de 30 de julio en materia de arrendamiento de vehículos con conductor es un ejemplo de máxima contradicción entre el discurso y la acción política.

El ministerio de Fomento, ante el “supuesto” conflicto entre el sector del taxi y las VTC, ha decidido mediante un decreto ley, sin haber siquiera intentado una mesa de diálogo con los sectores afectados. Es una mala praxis de Gobierno. Es un mal ejemplo para nuestra democracia. Allí donde no hay diálogo, negociación y consenso, suele haber fracaso.

Porque el taxi puede y debe mejorar en su situación. Pero es lamentable que el decreto ley lo intente hacer poniendo una espada de Damocles sobre 15.000 trabajadores que prestan, a más de siete millones de españoles, un servicio moderno. Con esas premisas no es de extrañar que el decreto ley sea un auténtico laberinto de inseguridad jurídica, económica y social. El decreto ley no cierra un conflicto, sino que abre más.

Se decreta, como principio, que en cuatro años ya no podrá haber VTC en las ciudades. Ese plazo se otorga a modo de indemnización “a ojo” sin ningún fundamento, a unas licencias obtenidas legalmente y sancionadas por el Tribunal Supremo, y además se transfiere a las CCAA, mediante un decreto ley, a pesar del tenor literal del art. 86 de la Constitución, la facultad para exigir nuevos requisitos a las VTC. Es fácil pronosticar la litigiosidad a la que dará lugar esta insólita regulación.

Si el decreto ley referido es un muy mal ejemplo para un Estado democrático y de Derecho, aún lo es peor como señal para el desarrollo de un país innovador, que con emprendedores, como es nuestro caso, convierten el avance tecnológico en una oferta que democratiza el acceso a una movilidad sostenible y de calidad. Por ello, este Gobierno no puede ser el que frene los procesos tan claros de innovación que tanto necesita la economía española. No va con su naturaleza.

Pero es que, además, socialmente el decreto ley es muy reaccionario, perjudica seriamente ese espacio democratizador que los ciudadanos han avalado con un uso mayoritario y provoca angustia a miles de trabajadores que, con empleos estables y salarios dignos, ven un horizonte de paro y exclusión. Y muchos de ellos son trabajadores que han logrado su reinserción laboral. ¿Es comprensible esta política? ¿No necesitamos empleos estables y seguros?

No es casual que la Federación de Servicios Movilidad y Consumo de UGT haya hecho una muy sensata apelación al rechazo a este decreto ley, al tiempo que reclama un espacio de diálogo entre todos los agentes implicados. Resulta pues bastante evidente que este decreto ley no responde a los principios básicos del Estado Social y Democrático de Derecho.

Porque no ha sido consensuado. Porque genera gran inseguridad jurídica, porque frena la innovación y daña a los trabajadores, porque no contribuye a la sostenibilidad. Este decreto ley no es propio de este gobierno. Es un decreto ley insostenible.

Confiamos en el que el gobierno y los grupos parlamentarios abran un diálogo que esté a la altura de unas ciudades modernas, sostenibles y democráticas. Confiamos, también, en nuestra democracia y en nuestras instituciones. Solo usaremos lo que hemos aprendido innovando: el diálogo, los argumentos y la racionalidad. Porque sabemos que esos principios son más fuertes y sostenibles que la intimidación o la fuerza.