Y es que, el gobierno del Botànic apostó por “poner a las personas primero” reforzando la “cuarta pata” de nuestro Estado de Bienestar, los servicios sociales. Además de las distintas leyes, decretos y resoluciones que mejoran el Sistema Público de Servicios Sociales, se impulsó una política que incluía un considerable incremento presupuestario (en 2022, un 176% más con respecto a 2015) con el objetivo de reducir la lista de la dependencia, contribuir a mejorar la vida de las personas mediante la Renta Valenciana de Inclusión, ampliar las plantillas de los servicios sociales de las administraciones locales con el “contrato programa” o aumentar el número de plazas residenciales, de viviendas y de centros de atención diurna. En 2019, además, se aprobaba la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, reconocida positivamente por expertos y profesionales de los servicios sociales y una referencia para otras Comunidades. También, se ponía en marcha, este año 2023, el llamado “Decreto de tipologías” que actualiza la normativa, (alguna tenía más de 30 años de vigencia) y establece un nuevo modelo de intervención “centrado en la persona”, regula la organización de los recursos de atención (residencias, centros de atención diurna, atención temprana, etc.), sus espacios, el perfil de las plantillas profesionales que deben atender a las personas y supone un incremento significativo en la ratio de personal. Ese decreto, bien acogido por la gran mayoría de entidades, se encuentra en estos momentos en un “limbo”. Según la administración a la que se pregunte, la respuesta es que está “paralizado”, “congelado” o “su aplicación es parcial”.

Al mismo tiempo que la mejora en la atención social se hacía patente, se producía un hito en la Comunitat Valenciana: se llegó a un acuerdo de homologación salarial que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, sindicatos y patronales firmaban en noviembre de 2022, afectando a cerca de 10.000 profesionales y que se materializaba en el mes de marzo con la firma de los agentes sociales. Esta revisión salarial, progresiva hasta 2026, y que se financia con el incremento de los módulos de la acción concertada en los próximos 3 años, también hace posible la equiparación salarial entre los y las profesionales de los distintos colectivos (discapacidad, infancia y adolescencia, personas mayores y exclusión social), hasta ahora con salarios muy diferentes. Sin embargo, en noviembre de 2023 llegan malas noticias para un Tercer Sector que representa, según datos de la Plataforma del Tercer Sector de España, el 1.45% del PIB nacional y emplea al 3% de las personas asalariadas. Además, las entidades que conforman el tejido asociativo representa, según la Plataforma Autonómica, a más de 300.000 personas vulnerables. Los rumores de un posible impago de los nuevos módulos de la acción concertada que debían sostener la homologación salarial y hacer frente a la subida de la inflación de este año (9%), así como reducir el déficit económico de las entidades y mejorar la ratio de personal para poder ofrecer una mejor atención, es decir, cumplir con el “Decreto de tipologías”, se hacían realidad. “El Botànic os ha mentido”, “nos hemos encontrado facturas en los cajones”, “no hay dinero disponible”, “han endeudado la Generalitat”, han sido frases utilizadas por el gobierno de PP-Vox para, en realidad, desviar los más de 38 millones de euros que el Consell de Ximo Puig había consignado para hacer frente a este incremento. Así, el pasado 8 de noviembre, el Consell de Carlos Mazón publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el acuerdo por el que esta asignación presupuestaria se transfería del capítulo 4 (gestión y organización del sistema) al 2 (planificación y coordinación de infraestructuras) de la Conselleria de Igualdad y Políticas Sociales.

Destapado el “engaño”, los motivos expuestos por la Conselleria no se sostienen. El Consell del Botànic, nunca dejó de financiar los servicios sociales y mejoró los tiempos en los pagos al Tercer Sector y todos los indicadores del sistema, tal y como ha ido destacando la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales en su Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales de los últimos años (de hecho, nuestra Comunitat pasaba de ser la última de la lista en cuanto a inversión social a estar por encima de la media de las CC.AA). No aportar los 38 millones de euros supone poner en peligro a las organizaciones que componen el Tercer Sector de la Comunitat que deberán rehacer sus presupuestos a mes y medio para cerrar su ejercicio; comunicar a las personas usuarias, a sus familias y al personal laboral que no se va a  aumentar la ratio de profesionales para la mejora de la atención y tampoco los salarios (que en algunos casos suponía una subida de hasta un 50% en los próximos años, sobre todo para el personal auxiliar, que es el peor remunerado).

Es indignante que mientras se niegan 38 millones para mejorar la atención social a personas, el Consell de Carlos Mazón se permite eliminar, de facto, el impuesto de sucesiones, que suponía un ingreso en la Generalitat superior a 350 millones de euros que pagan solo una de cada diez personas que heredan, es decir las personas más adineradas. Las prioridades están claras.

El próximo 21 de noviembre, a las 11,30h, en la plaza Manises frente al Palau de la Generalitat, el Tercer Sector sale a la calle para denunciar los recortes que ponen en riesgo la atención a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Hay que parar este atropello.

*Paco Quiles, secretario Tercer Sector ejecutiva PSPV València

Estos datos, que fueron extraídos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía y Dependencia, realizada por el Instituto Nacional de Estadística en año 2008, son demoledores, más si como advierte FEDACE, Federación Española de Daño Cerebral, más de 100 mil personas, anualmente, son dadas de alta de los hospitales españoles con probabilidad de padecer secuelas. En el Ejercicio 2016, por otra parte, según indica el grupo de expertos de la Estrategia para la atención al DCA en la Comunitat Valenciana, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, recibieron neuro-rehabilitación en unidades de DCA hospitalarias 618 pacientes de los 8.000 que fueron dados de alta con secuelas neurológicas. 465 pacientes fueron atendidos en régimen ambulatorio. Además un reciente estudio sobre “El impacto del ictus en Europa”, elaborado por la King’s College London para la Alianza Europea contra el Ictus (SAFE) prevé “un aumento del número total de episodios de ictus en la UE del 34%, pasando de 613.148 en 2015 a 819.771 en 2035”. El ictus representa, con el 78% de los casos, la primera causa de DCA en España.

El DCA, por tanto, se presenta de la noche a la mañana para quedarse, convirtiendo a la mayoría de las personas que lo padecen en usuarias de recursos sociosanitarios como pueden ser Centros de Atención Diurna, Centros Ocupacionales o Residencias. Usuarias siempre y cuando sean capaces de encontrar el recurso más apropiado a su situación particular, algo que se antoja complicado debido a la carencia de éstos. Según FEVADACE, Federación de DCA de la Comunitat Valenciana, menos del 0.5% de las personas que padecen un DCA tiene posibilidad de acceso a un Centro de Atención Diurna especializado en la Comunitat Valenciana. En este último caso son las Asociaciones de familias las que ofrecen mayor número de plazas de atención en los Centros que gestionan, plazas concertadas con la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives.

Detrás de cada dato existen historias que forman parte del día a día de Nueva Opción, Asociación de DCA de la provincia de València, pero también del resto de asociaciones locales, provinciales y autonómicas que existen a lo largo del país. En estas organizaciones las historias que se viven son de superación, pero también de dolor, rabia y desesperanza. Como la de Toñi, cuyo hijo, Ángel, de 34 años, lleva 14 en Estado de Mínima Conciencia; como la de Juan, que en su adolescencia sufrió un ictus, e imberbe todavía sus padres siguen moviendo cielo y tierra buscando el aceite de la vida que lo recupere; o Ana, que padeció una anoxia el día que nacía su hijo y, ahora, cada cumpleaños no hay nada que celebrar.

Detrás de cada dato también existen historias de miles de personas que no tienen la posibilidad de recibir una atención especializada debido a la falta de recursos humanos, materiales pero, sobre todo, económicos. La dichosa crisis económica era el motivo que se nos daba hace algún tiempo desde la Administración; ahora la deuda y la infrafinanciación se convierten en el nuevo argumentario. Pero ni un motivo ni otro deberían estar por encima de los derechos de ciudadanía, como son los de recibir una adecuada atención sanitaria, social o educativa.

Cierto es que la Administración autonómica valenciana ya hace unos años puso el foco de atención en el DCA, es imposible no reconocerlo. La creación, en 2014, de la Oficina Autonómica en la Conselleria de Sanitat (fue durante mandato del PP); la Declaración Institucional por el DCA, en 2015, de las Cortes Valencianas, ya con el “Govern del Botànic”, y la Estrategia Autonómica del DCA, en 2016, puesta en marcha por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública son, para el colectivo, momentos de gran importancia pues indica que comienzan a estar sus reivindicaciones presentes en la agenda política, tanto por el número de casos anuales, como por el elevado coste que para las arcas, públicas y personales, supone la atención de las personas afectadas. Sin embargo, los objetivos de la agenda no se están alcanzando en tiempo y forma por lo que es necesario exigir mayor compromiso y consenso por parte de todos los representantes políticos. La sanidad y la atención social o educativa no deberían ser motivos de discordia.

El día 26, por tanto, se convierte en la fecha señalada para que el colectivo de personas afectadas y sus familias se visibilice, pero sus reivindicaciones seguirán siendo diarias hasta conseguir que cada vida salvada sea vivida con dignidad, lema que con tanto acierto proclama el colectivo. Para ello se convierte en fundamental el cumplimiento de todos los puntos aprobados por las Cortes Valencianas en la Declaración Institucional, el cumplimiento de la agenda marcada por la Estrategia Autonómica y la más que necesaria coordinación entre las diferentes administraciones.