Nos dijeron que la Ley iba a hacer que el territorio contribuyese decisivamente a cambiar el modelo económico del archipiélago, iba a sacarnos de la crisis económica. Hace más de un año que, el 1 de septiembre de 2017, entró en vigor la Ley del Suelo, y la revolución no ha llegado. ¿Dónde están las inversiones millonarias paralizadas por las leyes anteriores que esgrimían, indignados, los empresarios? ¿Dónde quedó la asombrosa velocidad que se iba a imprimir a los procedimientos administrativos, una vez talada la jungla legal y dinamitada la malvada burocracia? ¿Dónde están los miles de nuevos agricultores atraídos por las asombrosas rentas complementarias, por los muros que ya les dejan reparar, por las fincas que antes no les permitían cultivar?

Más de un año después, algunos siguen teniendo las mismas ganas que siempre han tenido de dar ese pelotazo inmobiliario que ahora parece más fácil. Siguen pensando que, gracias a sus buenas relaciones públicas, podrán hacer lo que no se debe donde no se puede, proyectos impensables en sitios imposibles; pero no están seguros, jurídicamente: el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de las Islas Verdes consiguió que el Tribunal anulase la declaración de interés insular de un montón de proyectos en La Palma, y el recurso presentado contra la propia Ley del Suelo fue admitido a trámite y está pendiente de sentencia.

Además, más de un año después, las administraciones, y en especial los municipios siguen sin tener personal para abordar las tareas y responsabilidades que cargan sobre sus espaldas. Continúa sin saberse qué parte de los planes actuales sigue vigente y qué parte fue derogada por ser contraria a las disposiciones de la Ley. Cabildos hay, como los de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, que siguen tramitando planes insulares, añadiendo un mayor grado de inseguridad.

El Gobierno de Canarias está preocupado porque es consciente que no termina de arrancar su apuesta legislativa por antonomasia, la estrella de la legislatura. Pero frente a la realidad, solo opone palabras y más palabras, una publicidad institucional continua, a través de todos los medios de comunicación posibles, cueste lo que cueste.

Pero la Ley ha tenido ya efectos territoriales y sociales, aunque no haya conseguido todavía materializar sus peores propósitos contra la sostenibilidad del territorio en Canarias. En primer lugar, la falta de participación ciudadana que caracterizó a la elaboración de la Ley del Suelo continúa estando presente en la tramitación de sus reglamentos, que se sacaron a información juntos, en un paquete de cuatro imposible de analizar con rigor y con un plazo perentorio de participación que el Gobierno se negó a ampliar, igual que hizo con la Ley.

Esta desconsideración a la participación ciudadana parece haber sido inoculada a la mayoría de las administraciones que han comenzado, lentamente, a poner en marcha medidas organizativas internas exigidas por la Ley. Así, para la constitución de las comisiones de evaluación ambiental, cabildos y ayuntamientos se han negado a integrar en ellas a representantes técnicos cualificados de organizaciones ambientales y ciudadanas, como se les solicitó, aunque fuera solo con voz, sin derecho a voto. La única excepción ha sido el Cabildo de Fuerteventura, aunque limitada a incluir a un representante de un colegio profesional.

La teoría y la práctica de la Ley también parecen haber reforzado, junto con la falta de consideración a la ciudadanía, la osadía de administraciones y agentes económicos a la hora de plantear decisiones y exigencias territoriales como la necesidad de revisión del Plan Especial de El Rincón de La Orotava después de haberlo tenido congelado e inaplicado durante 21 años, desde que se aprobó; la inclusión en el Plan Insular de Fuerteventura de un incremento de 30.000 camas turísticas; la construcción de un bloque de viviendas dentro de un sistema general de espacios libres en Las Palmas o la financiación pública de infraestructuras millonarias que correspondía realizar a promotores privados.

Por otra parte, continúa tan activa como desde hace años, y aumentada por la proximidad de la cita electoral, la política de grandes infraestructuras públicas innecesarias e insostenibles, como el macromuelle de Agaete y los trenes y nuevas pistas de aeropuertos en Tenerife y Gran Canaria. En contraste con esta actividad promotora y constructora, las administraciones permanecen pasivas frente a graves problemas territoriales y sociales, como la multiplicación de viviendas vacacionales, que ha provocado el alza de alquileres y expulsión de inquilinos en zonas urbanas, sin que Comunidad autónoma, Cabildos y Ayuntamientos hayan arbitrado medidas para frenarla y ni siquiera hayan aplicado su propio planeamiento cuando contiene determinaciones que impiden el alojamiento turístico en la forma en que se está produciendo.

Más de un año después de la entrada en vigor de la Ley del Suelo, el desarrollismo, la falta de participación ciudadana efectiva, la complicidad con agentes económicos, las indecisiones e inactividades continúan generando en el archipiélago conflictos sociales relacionados con el territorio. En la Plataforma  Canarias Territorio Sostenible estamos convencidos de que seguimos teniendo razón en nuestra oposición a la Ley del Suelo y que la incapacidad demostrada para ponerla en marcha nos da la oportunidad de conseguir que nuestro territorio sea utilizado de manera realmente sostenible, de forma que lo conservemos, lo mejoremos y puedan también usarlo las generaciones futuras de canarios. Esta oportunidad podrá convertirse en definitiva si de las próximas elecciones autonómicas sale una mayoría parlamentaria que asuma la necesidad de derogar la Ley del Suelo.

Mientras tanto, desde la Plataforma seguiremos con atención las actuaciones territoriales que pretendan desarrollar las disposiciones más insostenibles de la Ley, a fin de impedir cualquier atentado contra nuestro territorio, nuestro paisaje y el bienestar de los ciudadanos.

Debemos hacer pedagogía para que se entienda la importancia clave que el Cabildo tiene en el día a día de los grancanarios, más allá de la propaganda interesada. Ese conocimiento es vital para que se entienda que el principal objetivo que buscamos es mejorar las condiciones de vida de nuestros municipios.

Uno de los ejes sobre los que pivotar este cambio de condiciones pasa por reducir la dependencia alimentaria del exterior con lo que esto supone (intermediarios, subidas abusivas de precios, etc.).

Una política destinada a mejorar nuestro nivel de soberanía alimentaria sería un paso en esa dirección. Una política que ponga las condiciones para la recuperación de terreno dedicado a la agricultura. Por tanto, mejorar las rentas de las personas que se dediquen a esta actividad, generando cadenas de distribución autónomas que relacionen directamente a productores con consumidores y concretar medidas de la ley de cadena alimentaria para garantizar precios justos a los productores. Además, generar sinergias entre el sector primario y la actividad turística, lo que garantizaría un importante aumento de la renta para las personas que viven del sector primario. De esa manera el turismo devolvería a un sector tan importante el valor añadido que obtiene de los paisajes que se usan como reclamo para traer la gente a las islas.

El turismo como eje vertebrador de la actividad económica en la isla es otro objetivo primordial.

Dando pasos en esa dirección apostamos por un turismo sostenible que cuide de la isla. Las empresas turísticas radicadas en GC necesitan de la isla. O lo que es lo mismo, necesitan de unos paisajes cuidados, de playas limpias, también de infraestructuras cuidadas, de la tranquilidad de tener unos servicios públicos de calidad, (de manera que si un turista se enferma cuenta con la tranquilidad de una buena atención médica).

“Cuidar de la isla” debería ser un objetivo prioritario para el sector; la conservación de los paisajes que usa como reclamo, el cuidado de los lugares turísticos rehabilitando los espacios deteriorados y abandonados que cada vez están más presentes, debemos estar en contra de la política de tierra quemada que deja espacios abandonados y pretende ocupar nuevos. Por el contrario, se trata de cuidar los espacios turísticos consolidados, limpiando la chatarra que se ha ido abandonando en el centro mismo de los destinos turísticos.

Ligar el reconocimiento de la calidad de los establecimientos turísticos la calidad del empleo de sus trabajadoras y trabajadores, a la oferta de servicios y la calidad de los mismos, a la cantidad de productos KM.0 que se ofrecen en sus comedores.  De forma que su clasificación de calidad (el número de sus estrellas) esté también ligado a las sinergias que se crean con el sector primario. 

El tercer eje sobre el que deben confluir las políticas del Cabildo es la vivienda.

El acceso a la vivienda de muchas personas que viven en la isla se hace cada vez más difícil, el alquiler es cada día más caro y por tanto, consume mayor parte del salario, obligando a las personas a vivir más lejos de su lugar de trabajo o en infraviviendas que no reúnen condiciones. 

Este fenómeno se ve agravado por el creciente número de viviendas vacacionales con una cantidad que se estima en 40.000 legalizadas. Todo ello ha disminuido drásticamente el número de viviendas disponibles para el alquiler (en muchas ocasiones fuera del concepto original que aportaba ingresos complementarios a la economía familiar y derivando en beneficios a grandes grupos explotadores de edificios vacacionales), y como consecuencia se han disparado los precios, lo que termina produciendo graves perjuicios tanto para las personas como la gentrificación, como a los servicios en los barrios que se tornan ineficientes debido al cambio de configuración de la población.

Cuidar de la gente significa poner en valor la primera medida que no es otra que recordar que la vivienda es un derecho humano, recogido en la constitución, por lo que es urgente además de la regulación del mercado de vivienda vacacional, desarrollar políticas de vivienda pública que resuelvan la crisis habitacional a la que estamos asistiendo. Para ello no es necesario la construcción de nuevas viviendas, sino un Plan de Recuperación de barrios que rehabilite y recupere viviendas abandonadas, mejorando la vida de los barrios.

El cuarto eje - cuidar a nuestra gente - es el que tendría que haber sido obvio a lo largo de estos años y sin embargo, ha quedado relegado, frente a los megaproyectos elaborados sin debate público. 

Cuidar a nuestra gente es también ofrecer unos Servicios Públicos suficientes y de calidad. No es este artículo el lugar para repasar las carencias en Sanidad, que han obligado a movilizarse a miles de personas en los últimos días. Sin hablar de la escasa oferta de Residencias para las personas mayores, así como la todavía muy tímida oferta de Educación Infantil (0-3).

Por eso desde las instituciones públicas de nuestro Archipiélago tenemos que apostar decididamente por políticas públicas que pongan en el centro a la gente, que “cuiden de su gente”, y en la que es imprescindible y urgente una apuesta decidida por una mejora de los Servicios Públicos.

Cuidar de nuestra gente es situar la tasa de empleo en los servicios públicos en la media europea. Es conocido que mientras la tasa de empleo en los SSPP, en los países nórdicos alcanza el 30% en Canarias se sitúa alrededor del 17%, lo que nos da una idea del margen de mejora en las islas. Una mejora significativa de los SSPP, llevaría aparejada no solo una mejora necesaria de la atención en la salud, a nuestros mayores, a nuestra infancia,… sino que ayudaría a incrementar también significativamente el empleo (y contribuir a salir de las tasas de paro de dos cifras a las que no nos podemos acostumbrar).

Y para finalizar un eje fundamental, intentar lograr la soberanía energética pública.

Se ha dicho que Canarias puede ser la Arabia Saudí de las Energías Renovables, que disponemos de diversas fuentes de energías; sol, viento, mar e incluso geotérmica, en cantidad más que suficiente para abastecernos de la energía que necesitamos. Fuentes de energía que nos ofrece la naturaleza y que por tanto pertenecen a los canarios. 

No se trata de crear grandes infraestructuras tremendamente costosas tanto en dinero como en consumo de un territorio ya bastante acosado, controladas por las grandes multinacionales, (el Salto Chira-Soria es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer). Sino de crear un sistema de generación distribuido que utilice infraestructuras más pequeñas y que puedan controlar Ayuntamientos, Mancomunidades, e incluso Comunidades energéticas de carácter más local. 

Es una oportunidad única para que las instituciones públicas planifiquen y organicen la producción de energía y ganar por un lado en autosuficiencia y por otro, la producción nos permite una mayor capacidad de las Instituciones para tener unas finanzas que permitan abordar el coste de los servicios públicos. 

Por otro lado, es urgente desarrollar un Plan Insular de Ordenación para la implantación de las Energías Renovables y que evite la proliferación descontrolada de plantaciones de paneles solares que se empiezan a diseminar por la isla.

Retomando la idea inicial se trata de desarrollar una política que “cuide” nuestro territorio, para que la gente pueda vivir mejor.