Una vez más, todos están pendientes de Junts per Catalunya. Ahora la cuestión es la rebaja de la jornada laboral a 37 horas y media, tal y como pretende la vicepresidenta del Gobierno español, Yolanda Díaz. Y una vez más, toda la presión recae sobre el voto de los siete diputados de Junts. Como pasa siempre, la estrategia se basa en discursos sobre si somos de derechas o muy de derechas. Primero nos acusan, o incluso nos insultan algunos de los promotores, y después nos piden responsabilidad y sensibilidad social. Tal vez, si invirtieran el orden les iría mejor. En todo caso, la posición de Junts no va de todo esto.

No deja de resultar extraño que no acaben de entender o aceptar que la política de Junts no se ubicará nunca en este eje ideológico. En primer lugar, porque nos coloca en uno de los bandos dentro de la escaramuza en la que hoy en día se ha convertido la política española. Como siempre decimos, nuestro bando es y será sólo el de Catalunya. En segundo lugar, y no menos importante, porque las cosas en general necesitan abordajes un poco más matizados. Y cuando, como es el caso del debate sobre la reducción horaria, afecta a intereses diversos, es necesario afrontarlo con una incombustible voluntad negociadora. Porque, si no es así, el resultado será la imposición de unos intereses en detrimento de otros. Mal asunto cuando hablamos de las cosas del comer, coloquialmente hablando.

La legitimidad e incluso la buena intención de las partes se reconoce. Los sindicatos defienden históricamente la reducción de la jornada, mal consejo sería que les pidiéramos que no lo hicieran. Y las patronales, en justa reciprocidad, se defienden desde los costes laborales, la productividad y la viabilidad de los proyectos empresariales, en especial los de las pequeñas y medianas empresas. Por eso sorprende cómo de torpe ha sido el Gobierno Sánchez y en especial la vicepresidenta Díaz en la gestión de esta cuestión tan compleja. Más que una propuesta seria, han convertido las 37 horas y media en un lema de campaña.

Si el objetivo era avanzar en la línea de reducir la jornada se tendría que haber hecho integrando al máximo todas las perspectivas y no pervirtiendo el debate, convirtiéndolo en un combate entre vencedores y vencidos, entre antagónicos, que no lo son tanto, por suerte.

Los sindicatos y las patronales han sabido reducir a mínimos la conflictividad laboral a través de la negociación colectiva. Por eso es aún más difícil de entender que en un caso tan trascendente no pueda ocurrir lo mismo. Desde Junts per Catalunya no nos lo creemos y por eso reclamamos volver al diálogo social y continuar negociando, que se les ayude a sentarse y que no se muevan hasta que no lleguen a un acuerdo.

Dicho esto, que nadie entienda esta exigencia como una manera de escurrir el bulto. Nosotros no practicamos esta política. Al contrario, lo que estamos diciendo es que no es buena opción imponer ideológicamente las 37 horas y media porque comportará serias consecuencias, algunas en el terreno económico. Su impacto en sectores como el de servicios o el agroalimentario puede ser especialmente perjudicial para la ocupación y pone en riesgo el mantenimiento de muchísimas pequeñas y medianas empresas y Catalunya es un país de pymes. El 68% de la ocupación en Catalunya la generan las pequeñas y medianas empresas, que representan el 99% del tejido empresarial catalán.

Por otro lado, la propuesta incrementa los costos laborales de las empresas, sin que este incremento repercuta en una mejora salarial efectiva para los trabajadores, que es lo que, estamos convencidos, querrían por encima de la reducción de la jornada. ¿O cómo queda la revisión de los precios, o sus efectos para los servicios contratados a pequeñas empresas o incluso a entidades del tercer sector al incrementar los costes por tener que necesitar más personal para el mismo servicio contratado?

Por si todo esto no fuera poco, hay otros impactos, menos evidentes pero igualmente nocivos. Dar por buena la imposición de parte, en este caso gubernamental, de una medida como esta no hace más que debilitar la herramienta del diálogo y la concertación social y abre la puerta a que otros gobiernos puedan, legítimamente, deshacer el camino. Mala inversión esta. Si queremos que las reformas perduren, y no pase como en el caso de las leyes de educación, es necesario buscar un acuerdo y el consenso como única garantía para su aplicación real y eficaz.

Pero la política española está amarada de un frontismo y un tacticismo que no nos permite ser muy optimistas. Avisamos que difícilmente podremos dar apoyo. Y no porque estemos políticamente en contra, sino porque, si depende de nuestros votos, no se aprobarán medidas de parte que pongan en riesgo la ocupación de calidad. No pondremos nunca en riesgo la pequeña y mediana empresa ni avalaremos debates que, por su enfoque táctico, no abordan los verdaderos retos del mundo del trabajo y la empresa, que no son otros que la creación de ocupación estable y de calidad en una economía en plena transformación, el incremento salarial, el aumento de la productividad, la modernización de las empresas y la protección de los emprendedores.

Estos retos tienen, además, una declinación catalana evidente y grave. Los trabajadores y trabajadoras de Catalunya pierden poder adquisitivo porque el salario mínimo en España no contempla las diferencias territoriales del precio de la vida. Abramos este debate con coraje y abordemos este agravio que penaliza a los catalanes. Abrámoslo también desde la perspectiva de su impacto sobre la actualización según el IPC catalán de los salarios y, por tanto, de las pensiones. Y abramos al mismo tiempo el debate sobre la desproporcionada presión fiscal que al mismo tiempo sufren las pequeñas y medianas empresas en Catalunya.

Estos son los debates que Junts quiere impulsar porque son los que realmente importan y afectan a los ciudadanos de nuestro país. No nos busquen en uno de los bandos porque nuestro bando es Catalunya. Aquí nos encontraran siempre.  

Hace un año que se decretaron las primeras prisiones provisionales para diferentes miembros de entidades sociales y el gobierno de Catalunya y la presidenta del Parlament. Muchos días, muchas horas en cautividad, sin haber sido condenados, sin haber sido juzgados, sin haber sido oídos por la autoridad judicial respecto al fondo del asunto.

Claro está que hemos tenido diferentes oportunidades de comparecer ante el juez instructor, o incluso ante la sala de apelaciones del Tribunal Supremo, pero solamente para discutir las peticiones de libertad, la improcedencia del mantenimiento de la situación de prisión provisional, nunca entrando en el fondo del asunto ni en la defensa de nuestros actos ni en la demostración de la inexistencia de delitos.

Desde el pleno convencimiento de nuestra inocencia, de que no hubo actos violentos, de la legitimidad de nuestra actuación política y de la defensa de unas ideas por las vías democráticas y pacíficas, decimos que se nos está sometiendo a una pena de prisión sin sentencia generando una vulneración de la presunción de inocencia.

Más allá de los perjuicios personales que esta situación provoca, más allá del sufrimiento de familiares, –la pérdida del vínculo con hijos menores y padres–, el sometimiento a esta pena anticipada, excepcional y desproporcionada, supone un quebranto del sistema de garantías judiciales, que obviamente no sólo nos afecta a los investigados en la causa especial del Tribunal Supremo, sino que afecta a más de 7.000 personas en el estado español, que están en idéntica situación. Una medida que se había concebido como excepcional, afecta a un porcentaje muy elevado de los 60.000 presos que hay en el estado.

Algunos de nosotros hemos estado en módulos de preventivos. Hemos compartido cautiverio con decenas de personas esperando hasta cuatro años a ser juzgados. Hemos sido testigos directos de anticipos de penas, sin juicio, a través de la prisión preventiva, del almacenamiento literal, de seres humanos fruto del colapso de la justicia y de un funcionamiento muy deficiente que acaba conculcando el derecho básico a la libertad, a la presunción de inocencia o a la tutela judicial efectiva. Una vergüenza que tendría que interpelar al conjunto de ciudadanos.

El margen de discrecionalidad de que disponen los jueces de instrucción para decretar el ingreso en prisión, o para resolver las peticiones de libertad, es altísimo. Este margen de discrecionalidad, la inexistencia de una normativa que regule los supuestos y establezca unos determinados requisitos reglados, choca frontalmente con la protección del derecho fundamental a la libertad, pilar de cualquier democracia avanzada.

Recordemos que la medida de prisión provisional sólo puede acordarse cuando resulte objetivamente necesaria y no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional.

Y la pregunta es la siguiente: ¿Si, tal y como se expresa en los distintos autos del Tribunal Supremo, se cree que existe un riesgo de fuga (riesgo que cuesta apreciar por el comportamiento de los que estamos ingresados en prisión, que hemos acudido puntualmente y rigurosamente a todas las citas judiciales), no existen en pleno siglo XXI medidas para garantizar la eliminación de este riesgo? La respuesta es clara. Sí existen.

Por lo que se refiere a la reiteración delictiva, uno de los motivos señalados por el juez Llarena para justificar la permanencia en prisión, son nuestras ideas soberanistas, una ideología que coexiste “en un contexto político en el que no hay certeza de que haya desaparecido la intención de alcanzar la independencia de Catalunya”.  Es decir, que estamos en prisión provisional por nuestras ideas políticas, por no renunciar al derecho a la autodeterminación de Catalunya.

Privando a los presos preventivos de libertad se limita también nuestros instrumentos y mecanismos de defensa. No sólo porque los meses acumulados hacen mella en nuestros cuerpos y en nuestra mente, sino porque desequilibran las fuerzas. Las acusaciones (Fiscalía, VOX y Abogacía del Estado) habrán preparado el juicio en condiciones muy distintas a las nuestras, sin limitación de tiempo, sin limitación de instrumentos, sin limitaciones técnicas. Esto supone un quebranto al principio de igualdad.

Por lo tanto, una decisión discrecional de un magistrado instructor afecta directamente, a primera vista, a cuatro derechos fundamentales: a la libertad, a la presunción de inocencia, a la igualdad y al derecho a un juicio con todas las garantías. Cuando la excepcionalidad se convierte en habitual, el uso de la prisión provisional se transforma en abuso.

Mientras no se afronte una nueva regulación, un cambio profundo en la concepción de esta medida privativa de libertad, continuaremos demostrando, siempre que tengamos oportunidad, que existen personas inocentes en prisión, que no estamos conformes con esta pena anticipada a la que se nos está sometiendo y, por último, evidenciaremos, al final, el fracaso del sistema cuando recaiga una sentencia absolutoria. Seguro que esto no compensará el daño sufrido, pero es probable que sirva para evitar situaciones semejantes en el futuro.