Amigos, amigas

Me siento absolutamente honrado de recibir el premio CyO Respecto a los Animales. Muchísimas gracias.

Dejadme poner un punto de humor: me habría gustado venir a recogerlo personalmente, pero causas ajenas a mi voluntad me lo impiden. De hecho, me lo impiden mucho...

Este es un reconocimiento colectivo. A todo un país que, a pesar de las carencias que aún tenemos, ha decidido poner el respeto a los animales en la fachada principalísima de su sistema de valores.

Hay momentos en que como nación nos ponemos ante el espejo y nos gustamos.

Nos gustó cuando en la década de los ochenta hicimos la primera ley de protección de los derechos de los animales del Estado.

Nos gustó cuando en 2003, con una amplísima mayoría (abro paréntesis: los países solventes son aquellos que en cuestiones trascendentes son capaces de construir grandes consensos que los blindan a los eventuales cambios de aritméticas parlamentarias; cierro paréntesis), aprobamos la segunda ley de protección de los animales, donde, justamente, definíamos a los animales como seres con capacidad de sufrir, los sacábamos del ámbito de las cosas y les conferíamos subjetividad como depositarios de derechos. Aquella ley, también pionera, prohibía categóricamente sacrificar gatos y perros abandonados después de 20 días sin ser reclamados en los centros de acogida. Fue un paso muy importante. Una decisión que, colectivamente, fuimos capaces de mantener pese a los recortes de la crisis económica.

Y, sobre todo, nos gustó ese día en el fuimos fuimos, desde este pequeño país del sur de Europa, depositarios de los mejores valores de la humanidad y prohibimos las corridas de toros. Barcelona, capital del mundo civilizado.

Fue la ciudadanía, con decenas de miles de firmas, quien impulsó aquella medida a través de una iniciativa legislativa popular. Porque en pleno siglo XXI es inconcebible que haya espectáculos públicos basados en la muerte y el sufrimiento de un ser vivo.

Recuerdo el titular inmenso de un diario británico al día siguiente de que el Parlament hiciera aquel acto de dignidad: “Catalunya prohíbe la barbarie”. Es exactamente eso. Nos sentimos legítimamente orgullosos por ello.

Como diputado tuve el privilegio de ser ponente de algunas de estas leyes. Y, paradójicamente, como consejero de Sostenibilidad he tenido que defenderlas ante las resoluciones del Tribunal Constitucional, que pretendían volver a tiempos oscuros y lúgubres.

Y ahora nos vemos abocados a librar una nueva batalla. Desde el nacionalismo español más rancio se pretende que el maltrato de los animales sea el estandarte identitario del Estado. Y será en la juventud donde encontraremos nuestro mejor aliado para hacer una sociedad más decente, más sensible, más culta.

Nos gustamos y nos emocionamos cada día con los miles de voluntarios y voluntarias y con las decenas de entidades animalistas que ,a menudo con el único capital de su pasión, su determinación, su generosidad, hacen posible que la defensa de los animales, empapada de ternura, sea efectiva y, sobre todo, llegue a todos los rincones de Catalunya.

Como consejero, una de las primeras visitas que hice fue al refugio que la Asociación para la Defensa de los Équidos tiene en Fonollosa. ADE es una asociación con más de 300 socios que lleva 15 años haciendo labores de rescate y decomiso de animales, ha salvado más de 600 équidos, de los que para la mayoría se han tramitado adopciones responsables.

Después inauguré su refugio de Rubió. Me impresionó la mirada de aquellos caballos que algún degenerado había abandonado, maltratado, desamparado. Hoy en los refugios de la ADE encontrarán una segunda oportunidad. He pedido que la dotación económica de este galardón les sea entregada. Para que, modestamente, puedan seguir protagonizando este milagro diario que tanto los agradezco.

Gracias, otra vez, por este premio, desde el afecto y el reconocimiento más profundo al amigo Fernando Turró [presidente de la Fundación CyO], con quien tantas batallas y tantos ideales hemos compartido y compartiremos. Termino con las palabras de Gandhi: “El nivel de civilización de un pueblo se mide por el trato de dispensa a los animales”.

Seamos dignos.

Hace un año que se decretaron las primeras prisiones provisionales para diferentes miembros de entidades sociales y el gobierno de Catalunya y la presidenta del Parlament. Muchos días, muchas horas en cautividad, sin haber sido condenados, sin haber sido juzgados, sin haber sido oídos por la autoridad judicial respecto al fondo del asunto.

Claro está que hemos tenido diferentes oportunidades de comparecer ante el juez instructor, o incluso ante la sala de apelaciones del Tribunal Supremo, pero solamente para discutir las peticiones de libertad, la improcedencia del mantenimiento de la situación de prisión provisional, nunca entrando en el fondo del asunto ni en la defensa de nuestros actos ni en la demostración de la inexistencia de delitos.

Desde el pleno convencimiento de nuestra inocencia, de que no hubo actos violentos, de la legitimidad de nuestra actuación política y de la defensa de unas ideas por las vías democráticas y pacíficas, decimos que se nos está sometiendo a una pena de prisión sin sentencia generando una vulneración de la presunción de inocencia.

Más allá de los perjuicios personales que esta situación provoca, más allá del sufrimiento de familiares, –la pérdida del vínculo con hijos menores y padres–, el sometimiento a esta pena anticipada, excepcional y desproporcionada, supone un quebranto del sistema de garantías judiciales, que obviamente no sólo nos afecta a los investigados en la causa especial del Tribunal Supremo, sino que afecta a más de 7.000 personas en el estado español, que están en idéntica situación. Una medida que se había concebido como excepcional, afecta a un porcentaje muy elevado de los 60.000 presos que hay en el estado.

Algunos de nosotros hemos estado en módulos de preventivos. Hemos compartido cautiverio con decenas de personas esperando hasta cuatro años a ser juzgados. Hemos sido testigos directos de anticipos de penas, sin juicio, a través de la prisión preventiva, del almacenamiento literal, de seres humanos fruto del colapso de la justicia y de un funcionamiento muy deficiente que acaba conculcando el derecho básico a la libertad, a la presunción de inocencia o a la tutela judicial efectiva. Una vergüenza que tendría que interpelar al conjunto de ciudadanos.

El margen de discrecionalidad de que disponen los jueces de instrucción para decretar el ingreso en prisión, o para resolver las peticiones de libertad, es altísimo. Este margen de discrecionalidad, la inexistencia de una normativa que regule los supuestos y establezca unos determinados requisitos reglados, choca frontalmente con la protección del derecho fundamental a la libertad, pilar de cualquier democracia avanzada.

Recordemos que la medida de prisión provisional sólo puede acordarse cuando resulte objetivamente necesaria y no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional.

Y la pregunta es la siguiente: ¿Si, tal y como se expresa en los distintos autos del Tribunal Supremo, se cree que existe un riesgo de fuga (riesgo que cuesta apreciar por el comportamiento de los que estamos ingresados en prisión, que hemos acudido puntualmente y rigurosamente a todas las citas judiciales), no existen en pleno siglo XXI medidas para garantizar la eliminación de este riesgo? La respuesta es clara. Sí existen.

Por lo que se refiere a la reiteración delictiva, uno de los motivos señalados por el juez Llarena para justificar la permanencia en prisión, son nuestras ideas soberanistas, una ideología que coexiste “en un contexto político en el que no hay certeza de que haya desaparecido la intención de alcanzar la independencia de Catalunya”.  Es decir, que estamos en prisión provisional por nuestras ideas políticas, por no renunciar al derecho a la autodeterminación de Catalunya.

Privando a los presos preventivos de libertad se limita también nuestros instrumentos y mecanismos de defensa. No sólo porque los meses acumulados hacen mella en nuestros cuerpos y en nuestra mente, sino porque desequilibran las fuerzas. Las acusaciones (Fiscalía, VOX y Abogacía del Estado) habrán preparado el juicio en condiciones muy distintas a las nuestras, sin limitación de tiempo, sin limitación de instrumentos, sin limitaciones técnicas. Esto supone un quebranto al principio de igualdad.

Por lo tanto, una decisión discrecional de un magistrado instructor afecta directamente, a primera vista, a cuatro derechos fundamentales: a la libertad, a la presunción de inocencia, a la igualdad y al derecho a un juicio con todas las garantías. Cuando la excepcionalidad se convierte en habitual, el uso de la prisión provisional se transforma en abuso.

Mientras no se afronte una nueva regulación, un cambio profundo en la concepción de esta medida privativa de libertad, continuaremos demostrando, siempre que tengamos oportunidad, que existen personas inocentes en prisión, que no estamos conformes con esta pena anticipada a la que se nos está sometiendo y, por último, evidenciaremos, al final, el fracaso del sistema cuando recaiga una sentencia absolutoria. Seguro que esto no compensará el daño sufrido, pero es probable que sirva para evitar situaciones semejantes en el futuro.