Hemos cerrado un mayo trágico en cuanto a violencia contra las mujeres. El fin de semana pasado una mujer fue asesinada en Córdoba a manos de su pareja; otra fue herida de gravedad en la provincia de Cádiz; y en el lapso de pocos días, hubo dos agresiones sexuales múltiples en Valencia. Cada semana que pasa, en cada caso que conocemos, nuestra sociedad se pone frente al espejo. La mayoría —gracias a décadas de trabajo feminista de sensibilización y concienciación— vemos todavía un machismo hediento con el que debemos acabar; pero hay también una minoría tan ruidosa como infame que prefiere hacer caja electoral con el sufrimiento de las mujeres.

No hablo solo de la ultraderecha negacionista que ahora, gracias al PP, tiene cargos de gobierno desde los que esparcir su odio. Hablo también de la presidenta de la Comunidad de Madrid que, en un ataque de bilis y ganas de polémica, ha tildado a las feministas de “malcriadas” por defender la aprobación de las nuevas leyes del Ministerio de Igualdad, como la del “solo sí es sí”, que buscan proteger y evitar precisamente que nos asesinen por ser mujeres.

Malcriadas por querer volver a casa sin pasar miedo, cuando queramos, como queramos; borrachas o sobrias, solas o acompañadas. Malcriadas por querer pasar una fiesta sin preocuparnos de que nos vayan a echar algo en el vaso. Malcriadas, en definitiva, por no querer ver a nuestras amigas, madres, hermanas o hijas, sufrir violencia.

Pero la insensibilidad de Ayuso no acabó ahí. En la sesión de control del jueves pasado, cuando le pregunté por derechos laborales y la ausencia de ellos en su modelo económico, también se atrevió a llamarnos vagas. Esta vez por haber logrado el reconocimiento a la baja por menstruación dolorosa. Algo que no solo cimenta un nuevo derecho laboral histórico en Europa, sino que rompe con un estigma que nos persigue a las mujeres desde siempre. No solo tenemos que aguantar en el puesto de trabajo con dolores que nos dejan dobladas, o sangrados que nos obligan a ir al baño a cada rato, o pedir perdón —y rogar comprensión— por menstruar, sino también que la presidenta de la Comunidad de Madrid nos llame vagas. Pues ni vagas, ni malcriadas: mujeres y feministas. Y que se vaya acostumbrando porque estas conquistas han venido para quedarse. Ya está bien de aguantar insultos por defender una sociedad en igualdad.

No olvidemos que solo juntas y combativas podremos lograrlo. Hubo una primera ola feminista que nos trajo avances tan básicos como el derecho al sufragio —gracias al que Ayuso, por cierto, es presidenta—; una segunda, donde dejamos claro que lo “personal es político”, y que como sociedad debemos ocuparnos tanto de los asuntos públicos como de lo que pasa en casa; la tercera ola abrió nuevas cuestiones como que la violencia machista intersecciona con los atributos raciales o de clase social; hoy vamos por la cuarta, y yo solo deseo que la resaca de esta ola se lleve lejos, bien lejos, ideas tan injustas, envenenadas e hirientes, como las que pregona Ayuso. Porque solo cuando nos liberemos de ese lastre, estaremos en condiciones de alcanzar una igualdad real.

El 18 de noviembre del año pasado, en sesión de control al Gobierno, pregunté a Ayuso sobre unas informaciones publicadas por elDiario.es en las que la Comunidad de Madrid entregaba a dedo un contrato de 1,5 millones de euros a la empresa de un amigo de su infancia, el señor Daniel Alcázar, y de la que ahora sabemos que su propio hermano, Tomás Díaz Ayuso, habría percibido una comisión o presunta mordida de 55.000 euros. También sabemos que esta empresa sin actividad no tenía experiencia previa en comercio internacional y constaba como dedicada a la ganadería. Todo muy extraño. Mi intervención no sentó nada bien, de hecho, se me intentó retirar la palabra y posteriormente el PP amenazó con ponerme una querella. La presidenta Ayuso, ni corta ni perezosa, lo negó todo. 

Hace un par de semanas, la misma presidenta que lo había negado todo, dio una rueda de prensa en la que disparó a matar contra Casado. El precio de la bala fue reconocer que su hermano sí había cobrado una comisión. Pero lo que trascendió fue que había sido víctima del espionaje de la dirección de su propio partido. Pasó de posible corrupta a víctima en cuestión de segundos. Por cierto, una víctima muy bien avenida que no ha parado de transferir dinero público a su entorno. El resultado todos lo sabemos: victoria para Ayuso en la guerra interna del PP y fin político de Pablo Casado, eso sí, gracias a la presión del ecosistema mediático de derecha y ultraderecha que no se olvidan de quién les riega cada día con dinero público.

La contratación de emergencia es una puerta abierta a la corrupción porque no tiene los mismos parámetros de control que la contratación ordinaria. Fue el método utilizado por las administraciones en los peores días de la pandemia. Era un momento en el que los ciudadanos esperábamos ejemplaridad de todos los cargos públicos con responsabilidades de gobierno. Pero muy lejos de ser ejemplar, Ayuso aprovechó la vía de emergencia para hacer un trasvase de dinero público a sus familiares y amigos. Otra información a propósito de este tipo de contratación que ha aparecido es que una empresa vinculada a la madre de Ayuso, Prohinsa SA, recibió 25 contratos por más de un millón de euros.

Mientras la vorágine comunicativa aspiraba a engullir este presunto caso de corrupción, nosotras no hemos dejado de apuntar a las irregularidades en los contratos de Ayuso por dos vías. 

La primera ha sido parlamentaria. Dada la gravedad de las informaciones elevamos un escrito para constituir una comisión de investigación de los contratos. Fue bloqueada por el PP. En la comisión de vigilancia de las contrataciones hemos solicitado por segunda vez la comparecencia del hermano de la presidenta, la del dueño de Artesolar y la del amigo de la infancia de Ayuso. También se han resuelto con el bloqueo antidemocrático del grupo del PP, que en vez de trabajar como representante de los intereses de los madrileños, actúa como encubridor de un posible caso de corrupción. Para quienes actúan como una mafia, la omertà no es discutible. La segunda vía ha sido judicial. Después de haber recabado todas las pruebas a las que tenemos acceso, hemos presentado una denuncia que la fiscalía anticorrupción está estudiando. 

El último capítulo de este caso «poco ejemplar» que podría constituir incluso una «ilegalidad» de posible «tráfico de influencias» o de utilización de un «testaferro», (no son palabras mías sino del señor Pablo Casado) es que Ayuso ha usado la Comunidad de Madrid para emitir un comunicado nocturno en el que reconoce que su hermano recibió ya no 55.000 euros sino 283.000. 

Tercer cambio de versión que la presidenta ha hecho coincidir con la invasión de Ucrania esperando que nadie hable de ello, porque cuando sus vergüenzas son tan grandes que no las puede tapar con victimismo, recurre al oportunismo aprovechando que el foco está en la guerra. Si tuviera algún tipo de compromiso con la democracia y la transparencia, solo estos cambios de versión, estas mentiras, deberían de haber provocado su dimisión.

Somos realistas y sabemos que Ayuso se escuda en la permisividad de la contratación de emergencia para evitar ser juzgada. Pero las malas prácticas y las triquiñuelas para transferir dinero público a su entorno no se agotan con el contrato de 1,5 millones de Priviet Sportive SL, ni con las empresas vinculadas a otros familiares.

Desde Unidas Podemos avisamos hace ya un año y pico de que el Gobierno de Ayuso había fraccionado un contrato de más de 18.000 euros para eludir la ley de Contratos del Sector Público y poder dárselo a dedo a la empresa Artesolar, donde su hermano —otra vez su hermano— trabajaba como responsable de ventas o llámelo conseguidor. No vaya a ser que lo saquen a concurso público y una PYME madrileña sea la que gane el contrato desde la legalidad, sin tratos de favor. 

Esta empresa se ha llevado diez contratos menores desde que gobierna la hermanísima. Y es cuanto menos curioso que haya empezado a recibir contratos a dedo de la Comunidad de Madrid el 17 de octubre de 2017, un mes después de que Ayuso fuera nombrada viceconsejera de Presidencia. En total 18 contratos.

Ampliamos la denuncia con esta información, esperando que los jueces puedan exigir al gobierno de Ayuso las explicaciones que en la Asamblea de Madrid no están dando. 

No sabemos si hay más contratos irregulares, por eso hemos solicitado de manera urgente que se haga una auditoría externa e independiente para pasar el algodón a todos los contratos. Justo coincide con la presentación del popurrí que supone la Ley Ómnibus y que en lo tocante a transparencia va a reformar la Cámara de Cuentas para garantizarse su control. Es decir, quien va a fiscalizar las cuentas y contratos de la Comunidad de Madrid va a ser gente puesta por el PP. Los trapos sucios se lavan en casa.

Ayuso quiere cerrar este tema cuanto antes, por eso la semana pasada no quiso comparecer en la Asamblea. Se ha metido en su camarote de la puerta del Sol, a dejar que pase la tormenta, mientras sigue navegando en su velero llamado Impunidad hasta las próximas elecciones. Pero las preguntas siguen abiertas y no podemos permitir que caigan en el olvido. La corrupción es el mayor mal de nuestra democracia —ya le costó el gobierno al PP de Rajoy— y ahora Ayuso debe responder.

La Ley Ómnibus es la muestra perfecta de las costuras autoritarias del gobierno de Ayuso, responsable junto a la extrema derecha del menoscabo de la democracia en la Comunidad de Madrid.

Desde que comenzó la legislatura, Ayuso ha pisado el acelerador de las reformas liberticidas y, para sortear las críticas de sus impopulares medidas, ha desplegado un autoritarismo en las formas y en el fondo, con el último objetivo de cercenar cualquier tipo de debate, cualquier tipo de reflexión pública sobre los asuntos que nos conciernen a todos. 

En las formas, desde silenciar preguntas incómodas. Desde aquellas que tienen que ver con los contratos a dedo que ha firmado la empresa donde trabaja su hermano con la administración, hasta la aprobación de leyes por la vía de urgencia, sin debate, presentadas en periodos festivos y sin darles publicidad. Esto último ha ocurrido con la Ley Ómnibus, cuyo anteproyecto publicó el 23 de diciembre y con solo 7 días para las alegaciones.

Esta ley es una especie de “cajón de sastre” que reformará 32 leyes y 5 reglamentos de muy diversa índole. Eso sí, todas las modificaciones ahondarán en la privatización y la desregulación, para facilitar el “negociete” de empresas amigas o multinacionales extranjeras, en detrimento, por supuesto, de lo público y de las Pymes o los autónomos que, por cierto, siempre pagan sus impuestos aquí.

Esta reforma afecta a campos muy distintos. En materia de salud, Ayuso pretende crear la agencia de Contratación Sanitaria, una entidad sin control parlamentario con la que le será más fácil continuar desmantelando la sanidad pública y repartirla entre las empresas amigas del PP, como vemos que hacen siempre que tienen la oportunidad. Parece que el gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha dado por aludido con la urgente necesidad de reforzar la sanidad pública que ha evidenciado la crisis del Covid-19.

En medio ambiente, la Ley Ómnibus abre la puerta a tropelías tales como permitir construir hoteles en reservas naturales, facilitar la edificación en suelo no urbanizable o autorizar la caza y la recolección de especies protegidas. Todo lo contrario a lo que se espera de una región respetuosa con sus ecosistemas.

En transporte, se cobra su venganza contra el sector del taxi, permitiendo el intrusismo de las VTC. El resultado es dejar tiradas a 20.000 familias para favorecer a empresas —algunas de ellas participadas por compañeros y excompañeros de partido— que ni siquiera tributan en España. Ya sabemos que el modelo de Ayuso para Madrid es apostar por el trabajo precario, dándole la espalda a las pequeñas empresas, a los autónomos y a los trabajadores de la región. Así lo demuestra siempre que tiene oportunidad: el otro día, sin ir más lejos, haciendo de comercial para Uber.

Pretenden además con esta Ley crear mancomunidades ad hoc con los ayuntamientos “amigos”, es decir, gobernados por el PP. Para inyectarles financiación sin caer en la vergüenza del favoritismo, una forma algo más sofisticada para continuar con su política de la desigualdad  favoreciendo a determinados municipios en detrimento de los que tengan otro color político.

De paso, van a suprimir el papel de los Ayuntamientos a la hora de tramitar la Renta Mínima de Inserción. Las personas beneficiarias perderán el asesoramiento tan necesario que las entidades locales prestaban, sobre todo en lo relativo a la brecha digital. Tampoco asignan a esta ayuda fondos propios desde la Comunidad Autónoma, por lo que seguimos siendo completamente dependientes de la Unión Europea. 

Además, se aseguran de que esta ayuda sea subsidiaria a la del Ingreso Mínimo Vital y no complementaria como se pensó cuando se diseñó. Está claro que la hoja de ruta de Ayuso pasa por el recorte en servicios sociales. Si alguien puede albergar todavía alguna duda, que compruebe los recién aprobados presupuestos, donde pasa de 160 millones a 40 este año. 

Podríamos seguir, porque en las 215 páginas de esta Ley Ómnibus da tiempo a cercenar muchos derechos y libertades. En una democracia sana los dirigentes políticos deben escuchar de manera activa a la ciudadanía. Ganar unas elecciones no otorga un cheque en blanco, sobre todo cuando la mitad de la población que ha votado, no te ha votado a ti.

Muchos recordamos los mensajes de Isabel Díaz Ayuso en campaña. La palabra libertad lo ocupaba todo. Sin embargo, lo primero que hizo nada más asumir la presidencia fue acabar con la libertad de prensa a través de su golpe de estado en Telemadrid, de la mano de la extrema derecha. Mientras seguía hablando de libertad, lo segundo que hizo fue intentar amordazar a la oposición parlamentaria, impidiendo los debates libres en la Asamblea de Madrid o presentando esta ley de tapadillo para coger a los madrileños desprevenidos. 

Con tanto repetir su palabra mágica, libertad, se le olvidó presentar su programa. Su programa de verdad, el que ahora vemos que está lleno de medidas liberticidas, como esta Ley al revés que aprobará a pesar de ir en contra del interés general. Lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, con el gobierno de Ayuso, es un atropello y una estafa a la ciudadanía. En una democracia sana no se cercena la labor de la oposición, ni se escatiman las explicaciones, tampoco se miente descaradamente ante cualquier adversidad en lugar de rendir cuentas, por tanto es normal y deseable que la gente se movilice, porque las siguientes preguntas son ¿Libertad para quién? ¿Libertad para qué?

Esta semana conocíamos cómo la brecha de género crece en la Comunidad de Madrid, y es que, si pudiéramos hacer un análisis de los perfiles de trabajadores y trabajadoras en nuestra región, acertaríamos al decir que si bien la precariedad es un rasgo común, ésta se acentúa aún más en las mujeres, al igual que los datos de pobreza y de pobreza extrema.  

En el ámbito estatal, durante 2018, la brecha salarial entre hombres y mujeres llegó hasta el 30% lo que a la larga -si esta diferencia se mantiene en el tiempo- lastra no sólo nuestra vida presente sino también nuestra vida futura, condicionándonos también a percibir pensiones más bajas: cotizamos menos años, nuestra vida laboral se ve más veces interrumpida que la de nuestros compañeros y muchas de nosotras regresamos al ámbito doméstico -o ni siquiera salimos del mismo- con lo que somos las principales receptoras de pensiones no contributivas. Además, la brecha de género se extiende también a la viudedad, cobrando una pensión menor que la de nuestras parejas en caso de fallecimiento y haciendo que la brecha de las pensiones nos sitúe hasta en un 73% de desigualdad frente a los hombres en nuestro país.

Pero la precariedad no sólo se percibe en el salario que hombres y mujeres recibimos a final de mes, sino también en la temporalidad en el empleo. Las mujeres somos campeonas nacionales en trabajos parciales forzosos con el 78% de estos empleos y sólo un 71% de privilegiadas pueden optar a un puesto de trabajo a jornada completa. Pero en ambos casos la promoción sigue siendo una utopía para nosotras.

Por esto y por más que el Partido Popular, en voz de Cristina Cifuentes el pasado mes de marzo se empeñase (y se empeñe) en repetir que la brecha salarial no existe porque por ley mujeres y hombres cobramos lo mismo, la realidad que los datos arrojan es otra. Y es que, si bien el salario base de hombres y mujeres en un mismo puesto de trabajo es el mismo, no lo son los complementos salariales que cada uno percibe, ni tampoco el perfil de empleos más masculinizados y feminizados. Las mujeres, histórica y educativamente, optamos a puestos de trabajo de menor grado de especialización y por tanto peor remunerados que los de los hombres. Y la feminización y masculinización de los empleos también afecta a nuestro salario, como hemos podido comprobar gracias al trabajo de las empleadas domésticas en su lucha por la igualdad salarial. O en otros ejemplos evidentes en los que no se nos reconocen determinadas enfermedades laborales o está más premiado, retributivamente hablando, que un hombre maneje maquinaria pesada a que una mujer haga lo propio con productos químicos. Así, los hombres que día a día desarrollan profesiones en las que se tiene en cuenta este tipo de factores de peligrosidad, ven reducida su edad de jubilación mientras las mujeres no logramos conquistar este derecho.

Sin embargo, hasta ahora nadie ponía en duda que el trabajo reproductivo y más allá debía además recaer en nosotras. Somos las que llevamos el peso de la crianza de nuestros hijos e hijas y quienes hemos puesto las espaldas para que los recortes en dependencia, sanidad o educación afectasen lo mínimo posible a la vida de nuestras familias. Somos las que mayoritariamente cuidamos de nuestros mayores, enfermos. Y con esto vemos reducidas nuestras jornadas laborales remuneradas en un 22.4% de los casos, frente a un 3.44% de nuestros compañeros. Y por eso tenemos una dificultad mayor para volvernos a incorporar al mundo laboral. Así que tras tener que dejar nuestros trabajos y vernos recluidas al ámbito privado, después se nos penaliza para volver a la esfera pública para volver a desarrollar nuestras vidas con plena libertad como los hombres hacen. Y es que el patriarcado, amigas, nos prefiere en casa, como quería en casa a nuestras abuelas.

Pero este horizonte de desigualdad al que hasta ahora nos veíamos condenadas va siendo cada vez más corto, gracias al empuje de todas las mujeres en la construcción de un futuro donde seamos libres e iguales, que se demuestra en cada movilización feminista y que sobrepasó todas las expectativas el pasado 8M en todos los lugares de nuestro país. Porque el feminismo ha llegado para quedarse, porque ninguna mujer está dispuesta a renunciar a ser dueña de su propio destino.

Y desde que el cambio entró en las instituciones y logró sacar al “no se puede” del gobierno, desde Unidos Podemos tenemos claro que la filosofía del “Sí se puede” debe ser morada, debe estar atravesada por la mirada feminista y en este sentido, a través de los Presupuestos Generales del Estado, estamos trazando las líneas maestras de la España feminista que se abre paso entre tanta oscuridad que nos dejó el Partido Popular.

Por eso hemos llegado a un acuerdo para que los presupuestos de 2019 sean un punto de inflexión en el empobrecimiento de las trabajadoras, frenen la precariedad laboral y la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

Las medidas que se acuerdan en estos presupuestos van en la línea de disminuir las desigualdades y la brecha intergeneracional y de género. La subida del salario mínimo a 900€ nos afecta más a las mujeres que a los hombres porque somos nosotras las que en mayor medida percibimos este tipo de salarios, propios del sector servicios, un sector absolutamente feminizado. Además, la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años hará recuperar a miles de mujeres esta ayuda.

Estos presupuestos contienen medidas específicas para paliar la violencia machista y la discriminación laboral que sufrimos las mujeres, con la financiación completa del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o estableciendo medidas en el marco de la conciliación con la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad.

En 2019 se abre una nueva oportunidad para que en todo el Estado el “Sí se puede” desbanque al “no se puede” y con ello no sólo entre aire fresco y mirada violeta en nuestras instituciones, sino que también llegue, por fin, a los hogares de nuestra región. Queda muy poco para conseguirlo y las mujeres estamos dispuestas a conquistar el futuro, un futuro violeta que ponga las necesidades de las mujeres en el centro de las relaciones laborales de nuestra región.