Juan Antonio Vielva salió a dar un paseo montaña arriba en pleno invierno. Estaba nevado y quería verla bajo el manto blanco sin cables, sin pilonas de hormigón, telesillas, remontes, construcciones, ni cabinas de motores. A unos 2.000 metros de altitud se encontró a un señor mayor sentado en una piedra, que lloraba. Vielva, que entonces era director del Parque Natural de Peñalara, le ofreció ayuda, pensó que había sufrido un percance; pero aquella persona no podía creer que tenía delante de nuevo ese paisaje; estaba convencido, le dijo entre lágrimas, de que moriría sin ver Peñalara en su forma original, como había sido tantos años antes.

Todo empezó con una vía de tren, un club alpino y una ley de la época franquista que aspiraba a convertir esta parte de la Sierra de Guadarrama en la Manga del Mar Menor; un lugar de interés turístico nacional que preveía bloques de chalets al borde de la laguna de Peñalara, un valioso ecosistema glaciar. Aquel intento de operación inmobiliaria a lo bestia y de turismo de masas se quedó en una estación de esquí enclavada en el puerto de los Cotos. Parece de lo más natural ver a esquiadores, enfundados en sus trajes, subir a un telesilla impulsado por un motor para ascender todo lo que se pueda y después deslizarse ladera abajo. Pero en nuestra cultura pensamos menos, si es que lo pensamos, cómo se llamaban las especies de árboles que se talaron para hacer posible ese disfrute, en los arroyos y cursos de agua que se desviaron, alterando el ecosistema, o en el alquitrán esparcido bajo la nieve, necesario para que la humedad no arruine la experiencia en la pista.

Cuando Peñalara fue declarado parque natural en 1990 por sus excepcionales valores ambientales y paisajísticos, ya eran muchas las personas a las que una estación de esquí en semejante paraje les parecía una anomalía: académicos, conservacionistas, profesores de universidad, escritores. Desde esa fecha y durante los siguientes años, la empresa propietaria de la estación, que también tenía permiso de construir, hacía planes urbanísticos y de ampliación, mientras se organizaba una ofensiva que terminó con la expropiación de Valcotos, como se llamaba el complejo de esquí alpino. “Recibí amenazas, contrataron a abogados para ir a buscar a la gente del pueblo y que cobrara el lucro cesante por las pérdidas que iba a tener al cerrar la estación”, rememora Juan Antonio Vielva. Esa misma gente preguntó tiempo después si alguien vendría a cobrarle el dinero extra que ahora ganaba; una vez desaparecida la estación, le iba mucho mejor porque acudían más personas a disfrutar de la nieve y del entorno que cuando solo iba el exclusivo mundo del esquí.

Quien compró Valcotos para restaurar el espacio natural fue la Comunidad de Madrid por decisión de Alberto Ruiz-Gallardón. “Fue la valentía política de la derecha en Madrid de ese momento. El PP de entonces atendía estas cosas, escuchaba, eran otros tiempos”, recuerda con pesimismo Vielva.

Valcotos era una estación muy pequeña, poco más de tres kilómetros de pistas; algo insignificante si se compara con Los Tres Valles en los Alpes franceses, una de las más grandes del mundo, con 600 kilómetros de pistas. Pero Valcotos fue la primera y por ahora la única estación de esquí del país y de Europa que se ha desmantelado para recuperar la montaña en su estado original. El proyecto de restauración, que aún hoy permanece activo, sigue siendo pionero y un referente.

“Guadarrama no es los Alpes, pero es el símbolo donde nace en gran parte la conciencia ambiental en España, en el siglo XVIII los naturalistas venían aquí”. Dice esto Julio Vías, una de las personas que más sabe sobre esta sierra. De paseo por la antigua estación una mañana de febrero, señala una pendiente donde solo se ven pinos, ni rastro de remontes, ni vallas, ni casetas, nada. “La última vez que subí en el telesilla fue en 1997, dos años antes de que lo desmantelaran, esto ha cambiado radicalmente; estabas en la Morcuera, al atardecer, y veías el perfil de la sierra plagado de remontes”.

El antiguo director del parque, Vielva, reconoce que cuando empezó la restauración no sabían qué hacer, nadie había hecho algo así antes. “No teníamos ni idea”, se ríe. Todo fue prueba y error, siguiendo el principal consejo que le dio el botánico y ecólogo Pedro Monserrat, cofundador del Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca, un centro pionero y muy avanzado. “Me dijo, Juan, lo que no sepas, no toques”.

Pero lo titánico ya no solo era recuperar el paisaje, sino hacerlo de forma manual, sin medios mecánicos para no dañar la montaña más de lo que ya estaba. Y a esa altitud. Cuatro operarios contratados por la empresa pública Tragsa metían piedra a piedra los enormes bloques de hormigón de las construcciones dentro de bolsones de obra que un helicóptero transportaba después montaña abajo. Las grúas empujaban los pilones y las ruedas sobre las que daban la vuelta los telesillas; se montaron andamios bajo las enormes estructuras de hierro para retirar las piezas. Dentro de todo, esa fue la tarea más sencilla. El día que aquel señor lloró por ver de nuevo el paisaje de Peñalara, aún faltaba recuperar la topografía de toda aquella sierra.

Los suelos habían quedado tan degradados que no se podía plantar nada, había que conseguir tierra, y se fue a por ella a los cortafuegos de la Morcuera, pues su composición y altura eran parecidas. La consigna de la dirección del parque era: nada de especies comerciales, hay que regenerar con vegetación original. Así que el equipo deshacía las boñigas de las vacas que pastaban, pues ahí dentro estaban las semillas; después se hacía un cercado, segaban y las esparcían. El material vegetal se subía con animales. “Tuvimos muchos disgustos, se quitaba la nieve y de nuevo todo estaba seco, marrón, yo decía me cago en…”, recuerda el antiguo director.

No todo fueron logros. En Peñalara faltan praderas. “Quizá fue culpa mía, que no insistí lo suficiente”, dice Vielva. Los piornos se han extendido, pero la intención de la restauración era obtener un paisaje más diverso. Se le ocurrió que con un pastor de ovejas que supiera guiarlas muy bien, las boñigas de los animales dispersarían semillas hasta crear un tapiz. “Ofrecíamos alojamiento y un sueldo, pero no encontré ningún pastor de montaña que quisiera venir. Ahora esas zonas donde hay piornos serían praderas”.

Las imágenes aéreas muestran cómo poco a poco un entorno destruido ha ido recuperando su identidad, el color verde se extiende y han vuelto los piornos, los cambroños y los pastizales. “Juan, no te atreverás a romper el aparcamiento de Cotos y recuperar el arroyo de los Cotos, es fundamental para la salamandra, que está desapareciendo”, pidió un especialista en anfibios. Y así se hizo. En una segunda visita a la antigua Valcotos, un grupo de niños juega con la nieve en la pradera que se creó después de quitar una parte del aparcamiento; ahí se oye correr el agua del arroyo a pocos metros de donde estamos.

El físico Luis Durán no recuerda bien cuánto le quedaba a la estación de esquí cuando él subía por el telesilla. Se montaba en verano con una mochila en la que llevaba un pluviómetro, un sensor de temperatura del aire, de humedad relativa del aire, unas baterías que pesaban bastante, un ordenador de los años 90 “que era un ladrillaco”, un bocadillo y agua. No quería hacer el servicio militar, así que, con la Comunidad de Madrid desbordada por las peticiones de objetores de conciencia, como la suya, se adelantó y pidió montar una estación de meteorología automática; una cosa bastante rara, como él mismo reconoce, pero es que quería saber qué pasaba por encima de la cota de los 1.800 metros.

“A partir de la venta Marcelino, a unos 2.100 metros, no se sabía nada sobre las condiciones meteorológicas de la montaña”. A los gestores del parque les pareció una buena idea, y por ese telesilla Durán fue subiendo poco a poco el material necesario para tener ojos a una altitud elevada. Han pasado 25 años y hoy este físico y profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid tiene un pequeño equipo de investigadores con el que sigue subiendo; han desarrollado una herramienta para integrar sus datos recogidos durante todo este tiempo y otras bases de datos y han reconstruido una serie de 1900 a 2025.

Lo que cuenta esa serie es que la temperatura mínima aumenta 1,4 grados cada 50 años, y que ha habido una disminución de días en los que nieva a 14 días cada 100 años. “Hay evidencia científica de que el número de días en los que nieva ha bajado, y esto es fundamental, la lluvia cae, escurre y acaba en los pantanos antes. Un manto de nieve permanente que se va fundiendo poco a poco hace que el recurso hídrico se conserve muy bien, las montañas llenas de nieve son embalses gratis, generan biodiversidad, ocio, paisaje, es lo mejor que podemos tener; que eso pueda ser agua directamente es un problemón”.

A siete kilómetros, Navacerrada abrió solo dos días en 2024. “Hablo desde hace 25 años con los consejeros de medio ambiente, he conocido como a 16, todos del PP, algunos amigos, y hasta la llegada de Isabel Díaz Ayuso todos estaban de acuerdo en que no tiene ningún futuro”, incide Julio Vías. Mientras, el panel informativo de la obra de restauración de la antigua Valcotos, que estuvo visible durante todo el proceso, deja un mensaje bastante elocuente, en un momento en el que el cambio climático no parece dar mucho espacio al negocio del esquí: “Cada vez que restauremos un pedazo de naturaleza, que quitemos un artificio donde sobra, estaremos contribuyendo no solo a reparar un daño al mundo, sino también a recobrar un escenario de libertad”.

Kate Valentine sostiene con sus dos índices hacia arriba y una sonrisa infinita el ánimo de la decena de mujeres reunidas en una sala del ayuntamiento en el pequeño pueblo de Forest Row. Esta localidad a una hora al sur de Londres rodeada de bosque tiene solo tres calles, pero alberga uno de los movimientos más potentes de cuidado de la salud mental a través del canto de mujeres y madres. Sin nociones de solfeo, sin partituras ni nada que mirar, juntas en un gran círculo, estas mujeres empiezan a entonar una melodía, guiadas por Valentine. Algunas están sentadas en sillas, otras en el suelo sobre una alfombra llena de materiales de juego, pues esta es la única hora a la semana en la que ellas encuentran un espacio al que acuden con sus bebés o hijos pequeños haciendo otra cosa que no sea solo cuidar. Aquí no vienen a un grupo de crianza, el encuentro no es para los niños, aunque puedan estar. Se trata de ellas, de fortalecerlas, nutrirlas y darles alas. De forma mágica, en medio de carreras de los pequeños por la sala, o del llanto de alguno de los bebés, entre todas consiguen que en el ambiente flote una poderosa y bella melodía a varias voces que suena realmente bien.

La maternidad y todo lo que la rodea sigue siendo invisible más allá de la puerta de casa. Solo es bien acogida si no molesta. Las madres, como dice Valentine, “no son un asunto sexy ni interesa”. Sin embargo, a muchas esta experiencia se las lleva por delante. Una de cada ocho mujeres en Reino Unido sufre depresión postparto.

“La misión de Singing Mamas es empoderar a las mujeres para mejorar su bienestar a través de una comunidad creativa”, resume sonriente la creadora de Singing Mamas sentada en la terraza de un pequeño café de Forest Row. El proyecto es una poderosa conexión con la promesa de vida buena que el ecologismo dejó apartada y que hoy resurge con fuerza en una nueva mirada ambiental que aspira a convencer de que se puede vivir aún mejor de como lo estamos haciendo dentro de los límites planetarios. Juntarse con otras personas en un grupo con un interés común es algo tan natural como revolucionario en estos tiempos de desconexión generalizada. Pero tiene la fuerza suficiente para promover actividades de bajo impacto en emisiones de carbono, si encontramos el tiempo. La creatividad compartida es un lujo popular que no necesita grandes aparatos ni infraestructuras, hacer arte de forma colectiva es un gesto de lo más sencillo que trae bienestar sin consumo y de forma local. “Es un modelo de bienestar en un lugar, algo muy diferente de ir a otra zona con un experto que te ve un rato. Esto es tu gente y los especialistas están ahí, dentro, es la fuerza de la comunidad”, se emociona Valentine.

La creatividad compartida es un lujo popular que no necesita grandes aparatos ni infraestructuras, hacer arte de forma colectiva es un gesto de lo más sencillo que trae bienestar sin consumo y de forma local

Esta enfermera de 45 años nunca planeó un movimiento que hoy se ha extendido por el boca a boca en más de 12 países; tampoco pensó que formaría a más de 400 personas para ser ‘líderes’ de otros grupos de madres. A ella le encantaba cantar de niña, –“los niños y la música van unidos de forma natural”–, aclara. A los 11 años, en una prueba musical en la escuela, su maestra le dijo que no tenía buena voz. Se quedó traumatizada y se calló. Hasta un día que, tras ser madre de su tercer hijo, pegó la cara en el cristal del café de la escuela infantil, donde vio a un grupo de personas que cantaba de forma muy relajada. “Mis hijos lo disfrutaron tanto que volví cada semana y yo pude experimentar de nuevo los beneficios de cantar. Después tuve que mudarme aquí, a Forest Row, y dejar aquella encantadora comunidad”. Y fue en este pueblo y en busca de nuevos amigos, donde una conocida le organizó sin ella saberlo un encuentro con otras madres para que ella lo guiara. “Kate, ¿creo que tú sabes algunas canciones, no?”.

Sarah Ravenscroft tiene cuatro hijos y un marido que siempre está trabajando, incluidos los fines de semana. Ella trabaja lunes y jueves como maestra de niños de cinco años. No se pierde este grupo ni una sola semana. Le gusta mucho cantar y le habían dicho que aquí no iba de ser perfecta, de saber cantar. “Yo aquí siento fuerza, conexión, amor, esas cosas que merecemos sentir cuando trabajamos tan duro. Yo me he sentido muy aislada, sobre todo con mi hijo autista, cuando no era posible estar con él en ningún grupo ni se comprendía quién era. Muchas veces estás en casa y cuando sientes que todo es un caos vienes aquí y sientes un apoyo increíble”.

Sarah Harvey atravesó una depresión postparto al nacer su primer hijo. A las 16 semanas logró salir de casa para intentar conectar con otras personas. “Me gustaba la idea de ir porque iba a hacer algo, cantar, el plan de sentarme con otras madres para hablar era demasiado duro en ese momento”. Durante semanas atravesó ese proceso solo con el apoyo de este grupo. ¿Le ha ayudado con su salud mental? “Desde luego, el propio proceso de cantar creo que ha sido sanador para mi sistema nervioso, respirar, mantener la atención, fomentar la creatividad, cuando creas un ritmo entre todas las mujeres. Lo que estamos haciendo es a la vez sencillo y salvajemente nuevo”.

Grace Agatte-Bacon tiene su propia empresa, al nacer su primera hija paró solo el día que dio a luz. Cuando hablamos, a mediados de septiembre, hace una semana que se ha mudado a Forest Row con su familia; antes, cuando vivía a las afueras de Londres, se sentía muy sola, sus amigos estaban lejos. “Quería estar en un lugar donde hubiera una mejor comunidad. Espero recuperar el canto, antes estaba siempre cantando. Como adultos siempre estamos pensando en algo, preocupaciones. Pero cuando cantas solo haces eso, estás feliz”.

Roxana Bibi es madre soltera de dos hijas adoptadas después de pasar por varios y fallidos tratamientos de fertilidad. “Ser madre es potencialmente muy aislante, tienes que prepararte para afrontar que tu vida estará en una burbuja y tener pequeños espacios para salir de ella. Este es mi espacio, es como un masaje emocional, sin hablar, inspirador, son canciones que hablan de la vida, del amor, no es algo cognitivo, entra en cada célula de tu piel, en todas partes”.

Todas estas mujeres tienen bajas de maternidad largas, pasan mucho más tiempo con sus bebés 19 de lo habitual, está en la cultura inglesa. Las estadísticas muestran que, si en los 30 países más ricos del mundo las mujeres se toman una media de 19 semanas de baja por maternidad, en Reino Unido permanecen con sus bebés 39 semanas de media, aunque el sistema permite 52, un año. Para hacerse una mejor idea, en Noruega la baja alcanza 49 semanas, y en Suecia un año y medio; está muy documentado lo beneficioso que resulta para los bebés hasta tres años permanecer con sus madres. El problema de los largos periodos de baja, sin olvidar la capacidad financiera para sostenerlo y la exclusión de las madres de la rueda laboral, es la soledad del proceso y su fuerte impacto en la salud mental. En Reino Unido, al igual que en otros países, esta baja prolongada se puede compartir con la pareja, pero se trata de un paso aún muy sobre el papel.

Catarina Neves es socioterapeuta y acude al grupo de música de Forest Row todos los miércoles desde que nació su hijo de dos años. Intenta no perderse ninguno. Va al organizado a mediados de septiembre para hacer las fotos de este reportaje, con su hijo. Empezó a hacer fotografía para recuperar poco a poco su identidad, “para sentir que soy yo”. Pero reconoce que le costaría mucho volver a su trabajo anterior por la carga mental que significa asumirlo todo. “Si trabajas a jornada completa y eres madre algo va a fallar, eso es lo que siento yo. No es fácil decir ”ahora paro mi carrera y me ocupo del niño“, pero al final también ves que todos nos beneficiamos. Por eso estos grupos son muy importantes, no tenemos que vivir como lo estamos haciendo, necesitamos más comunidad, más apoyo, no se puede estar sola”.

Madres, enfermeras, médicos, matronas, músicos, maestras y trabajadores sociales forman el grupo que impulsa el trabajo de Singing Mamas. Todos ellos persiguen que el sistema sanitario de Reino Unido prescriba de forma habitual cantar como herramienta de bienestar y de salud, de prevención de enfermedades y como tratamiento. Ya hay estudios que respaldan esta mirada, por sus resultados. Uno de los primeros, publicado en 2018 por British Journal of Psychiatry, concluyó que cantar acelera la recuperación de los síntomas de depresión postparto. Se organizó un grupo de canto para 134 mujeres durante diez semanas. Al cabo de ese tiempo todas ellas habían mejorado y en las seis primeras semanas había remitido el 35% de los síntomas depresivos, tristeza persistente, problemas para el autocuidado, insomnio y fobia a las relaciones sociales.

Cantar, hacer jardinería, cocinar o caminar son actividades dentro de una tendencia que en Reino Unido ya es un plan gubernamental activo desde 2018: la salud creativa. Es decir, prevenir y ayudar a tratar dolencias con una actividad social. “La prescripción social es la idea de que el servicio público de salud va a prescribir una actividad que se desarrolle en tu comunidad para cuidar tu salud o para una intervención quirúrgica específica”, explica Valentine mientras conduce bajo un manto de agua. Por ejemplo, hay un modo concreto de cantar que aumenta la capacidad pulmonar y ayuda para tratar el asma.

Las mujeres entrevistadas para este reportaje coinciden en lo poderoso de las letras, de los ritmos, se sienten transportadas hacia ellas mismas y a cómo se encuentran en ese preciso instante. Es presente puro y eso las reconforta. Kate Valentine cuenta que las melodías salen de infinidad de fuentes: culturas populares de distintos países, las que compone el equipo o ella misma, o las madres que a su vez se convierten en líderes de su propio grupo y escriben. Hay canciones pop, folclóricas, tradicionales, clásicas. “Pero no son aleatorias, hay una conciencia real de qué canciones elegimos y la fuerza que tienen, están orientadas a fortalecernos en el interior, afrontar los retos como madres, o te conectan con la naturaleza”.

Nada en este movimiento respira que es necesario saber cantar o hacer música. No hay notas buenas ni malas. Los humanos llevamos la música de forma natural, está en todas las culturas populares, pero muchas veces ya no practicamos, hasta que nace un bebé. “Si no vienes de una familia que canta es muy probable que abandones antes o después. Parte de la misión de Singing Mamas es restaurar la cultura del canto natural”. Por eso Valentine se empeña en que cantar llegue al sistema sanitario. Si está prescrito en un hospital o en un entorno médico para las mujeres será más fácil superar el pudor que la mayoría de ellas resume en: “Yo no sé cantar”.

El desierto de Los Monegros es un ecosistema único en Europa, pero a finales de los años 80 se consideraba un secarral inmundo; un lugar estropeado para el que la única solución posible era regarlo hasta sacar algo digno.

–Dicen los ecologistas que en las saladas (refiriéndose a las de Monegros) hay vida.

–Y fauna, dicen que también hay fauna (risas).

Cuando el maestro de primaria Javier Blasco escuchó esta conversación entre dos técnicos de la Diputación General de Aragón en una mesa redonda sobre regadíos, aún no les podía rebatir que se equivocaban. Nadie se había tomado la molestia de estudiar aquel entorno, que simplemente se consideraba degradado por la desaparición del bosque. En ese instante, el profesor se propuso demostrar el valor de las estepas de la Depresión del Ebro con la titánica labor de inventariarlas desde cero. El resultado de un trabajo que le llevó 12 años completar, a la vez que enseñaba, fue una aportación de más de 200 especies nuevas de flora y fauna. “Nadie se imaginaba las maravillas que había allí, todo un patrimonio, especies desconocidas para la ciencia que estaban ahí metidas”, relata hoy. Es más, el hallazgo de decenas de especies nuevas que no aparecen en entornos próximos, y cuyos parientes más cercanos se encuentren en Asia occidental, indica que ambas regiones compartieron fauna y flora. Esto es algo que no se sabía.

Javier Blasco Zumeta, hoy jubilado, ha sido siempre un maestro de escuela, la mayor parte del tiempo en su pequeño pueblo de Pina de Ebro. En este lugar de apenas 2.500 habitantes del que nunca ha salido, le han cabido varias vidas, todas ellas relacionadas con el conocimiento y la protección de la biodiversidad: activista, entomólogo, ornitólogo, naturalista, conferenciante, asesor. Su libro publicado en 2024 ¿Quién quiere ir a la selva? (Tundra ediciones), algo así como sus memorias, es un no parar. Hoy no le da ninguna importancia a la multitud de reconocimientos y premios que ha recibido por su labor –“vanidad de vanidades”, los llama–, pero su aportación es enorme para la protección de un patrimonio natural que no solo no era reconocido, sino que se despreciaba. “Que me gustan los bichos es desde siempre, no tiene explicación, pero no tenía modo de plasmar esta emoción interior porque no disponía de conocimientos”.

Como naturalista autodidacta que ha sido –“yo he aprendido con los libros” –, se preocupó enseguida de preguntar a los especialistas. Para su famoso inventario de invertebrados de Los Monegros no dudó en ponerse en contacto con expertos de todo el mundo. “Yo les escribía diciendo que había cogido animales y que si me los podían estudiar; metía los insectos en cajitas y se los mandaba a Hawai, a Japón, Estados Unidos, por toda Europa, en España. Me gasté un pastizal, desde luego. Jamás me han pagado por esto”.

Metía los insectos en cajitas y se los mandaba a Hawai, a Japón, Estados Unidos... Me gasté un pastizal, desde luego. Nadie me pagó por esto

Zumeta era cazador, “como todos los niños rurales de aquella época”, cuenta. “El paso a la pubertad era comprar una escopeta de perdigones, ahora es tener un móvil”. Con 14 años y el anhelo de crear un zoo no dudó en escribir a Félix Rodríguez de la Fuente a Televisión Española. En la carta le pedía que le enseñara taxidermia. El naturalista y divulgador le contestó, y en el sobre metió los papeles para hacerse socio de la Asociación para Defensa de la Naturaleza (ADENA), con el mensaje: “Hazte amigo de los animales vivos y no muertos”.

La primera vez que vio a alguien relacionarse con un ave sin matarla era porque llevaba unos prismáticos. Cuando se dio cuenta de que aquel invento le permitía identificar lo que estaba viendo sin hacerle daño, cuando empezó a conocer sus nombres, dejó de matar. Después, su empeño por proteger la vida silvestre le ha dado muchas alegrías, pero también muchos disgustos. Uno de los más sonados fue el auge y caída de la posibilidad de que Los Monegros se convirtiera en parque nacional, la mayor figura de protección ambiental.

La propuesta llegó a las Cortes de Aragón en 1992, pero quedó en nada por la abstención del diputado tránsfuga del PP Emilio Gomáriz García. El profesor Zumeta, que para entonces ya era una persona con peso por sus descubrimientos, movilizó a todos los científicos del país y de fuera con los que había trabajado tanto durante años, pero sirvió de poco. Aunque a él le consta que, al presentarse un tiempo después al Premio Medio Ambiente de Aragón, el consejero de Agricultura desechó su candidatura sin más, con un simple: “Este le ha hecho perder muchos millones a Aragón”.

Cuenta divertido que algunas de las especies descubiertas por él llevan su nombre, otorgado por los autores de las descripciones: javieri, zumetae, blascozumetai, blascoi. Aunque reconoce que algo ha cambiado en la percepción que las personas tienen de la naturaleza –“en mi época no interesaba nada la biodiversidad”–, nota que en general la gente tampoco se preocupa mucho. “Yo creo que no mueve voluntades”, resume. La suya, sí.

Todavía hoy, con problemas de salud que le impiden salir al campo, acude una vez a la semana al colegio donde fue profesor para continuar un proyecto sobre medio ambiente que él lanzó hace años. En junio ha presentado en el Ayuntamiento de Pina de Ebro un libro sobre la historia de su pueblo, y tiene previsto completar la trilogía con una última entrega sobre arte “si la salud me deja”. Mientras, sigue aportando información a un archivo descomunal en Internet donde está repertoriado todo lo que él ha ido descubriendo. En nuestra charla, la palabra que sale una y otra vez es aprender. Y con ella se acaba: “Yo estoy bien si aprendo”, cierra el maestro.

Una noche del pasado otoño, dos investigadores franceses cruzan la frontera con España caminando por un pequeño río en Navarra. Se mueven con sigilo en mitad de la oscuridad, son dos sombras solo acompañadas por la luz de sus frontales. Ellos mismos deben verse bastante sospechosos, pues antes de salir llaman a la Guardia Civil española: avisan de que no son criminales, simplemente buscan salmones.

El Ugarana (en francés Nivelle y en euskera Urdazuri) es un río franco-español que fluye por el norte de Navarra y el departamento de Pirineos Atlánticos en Francia. Discurre por los pequeños pueblos de Saint-Pée-sur-Nivelle y Ascain antes de desembocar en el golfo de Vizcaya en la bahía de San Juan de Luz.

Los dos investigadores caminan apuntando sus luces hacia el agua nocturna de este pequeño río transfronterizo en el País Vasco. Al cabo de un rato, los ven. De piel dorada como la de una sardina, varios salmones nadan por el Ugarana, donde hasta ahora no se tenían datos de su presencia en la parte española, no había ningún registro histórico.

“Fueron los chicos franceses los primeros que vieron salmones en esta parte. Me avisaron y al día siguiente fuimos juntos, y ahí estaban, los vimos desde la orilla, cinco ejemplares y tres nidos”, cuenta Josu Elso, técnico de gestión ambiental en el Gobierno de Navarra.

Estos peces nunca habían remontado el río entero, no podían. Cada vez que lo intentaban, se daban contra un muro. Se trataba de la presa instalada por un empresario francés dueño de una piscifactoría situada en el borde mismo del río, que nunca aceptó construir un paso para peces en la presa de cinco metros de altura que bombeaba agua para alimentar las piscinas de truchas arcoíris. La ley francesa, como la española, obliga a abrir estos pasos y permitir que los salmones puedan seguir su camino. El caso de este empresario había llegado incluso a los tribunales tras la denuncia de la asociación de pescadores de los Pirineos Atlánticos. Pero las demandas, que prosiguieron durante años, nunca prosperaron.

Charlie Pichon trabaja en esta federación de pescadores como experto en restauración ecológica. Ha sido el responsable de negociar una solución sobre esta barrera, pero no con el propietario, que murió hace algunos años, sino con su hija, heredera de las instalaciones. El colectivo de pescadores, al que Pichon representa, ya no quería un paso para peces, sino que se tirara la barrera, liberar el río y ayudar a que el salmón, una especie emblemática en declive en Europa, pueda recuperarse, al igual que la biodiversidad de esta zona. Su principal argumento era que la piscifactoría no funcionaba desde 2011.

El objetivo de la federación de pescadores era comprar los terrenos a la hija del empresario. “El primer día que empezamos a hablar ofrecí 10.000 euros. Terminé aceptando pagar 80.000, así que no debí negociar muy bien”, se ríe Charlie Pichon mientras explica todo el proceso en el mismo lugar donde estaba la presa. También suelta una carcajada Josu Elso del Gobierno de Navarra, especialista en salmones. En los últimos meses ha trabajado estrechamente con el técnico francés, pero no se conocían en persona. Se han puesto cara al aceptar acudir al río Nivelle para este reportaje.

Desembolsar 80.000 euros para tirar lo que se ha adquirido puede resultar difícil de entender. “Sí, compramos un derecho para destruir”, incide Pichon. En el lugar donde estaban las instalaciones ya no queda nada que recuerde a una factoría de la que salen pescados alimentados en piscinas. El sonido que nos envuelve es el de un río cuando el agua corre libre. La presa ya no está. Las obras empezaron en julio de 2023 y terminaron en octubre de ese mismo año. Apenas un mes después, los investigadores del Instituto Nacional de Investigación Agrícola (INRA, en sus siglas en francés), avisaron a los técnicos ambientales del Gobierno de Navarra de que habían visto salmones en la parte española del río.

El dinero para pagar por la piscifactoría, la presa y el terreno salió de la federación de pescadores de Francia y de una pequeña subvención de organizaciones oficiales de protección del agua. Pero aún quedaba sufragar toda la restauración del ecosistema. Y esto ha sido posible gracias a la ayuda económica de una pareja de filántropos que está detrás del movimiento Open Rivers, una iniciativa que busca derribar pequeñas presas en Europa y restaurar los ecosistemas. Lisbet Rausing, nieta del cofundador del imperio Tetra Pack –la compañía sueca que inventó el tetrabrik– y su marido Peter Baldwin, profesor e investigador de Historia en la Universidad de California, han donado 50 millones de dólares entre 2021 y 2027 para derribar barreras fluviales.

El proyecto surgió después de conocer que en Europa hay 1,2 millones de obstáculos en los ríos europeos, es decir, ya no sabemos lo que es un río salvaje. Pregunto a Charlie Pichon cómo fue el día que empezaron las obras de derribo de la presa. Se emociona. Recuerda el champán y el estrés dejado atrás después de haber dedicado cada día de los últimos tres años a este proyecto: las tensas negociaciones con la heredera, la oposición de algunos colectivos a que se tirara la presa, los registros ante notario de cada paso dado hasta que la pala de la retroexcavadora rompió la primera piedra. “También me tuve que pelear con el operario de la máquina, que tampoco lo entendía, decía que era peor para el río”, recuerda divertido.

Solo han pasado algunos meses desde que ya no hay ninguna barrera en el Ugarana y el río se ha recompuesto, recuperando miles de toneladas de sedimentos que estaban bloqueados al otro lado de la presa y que son claves para que los salmones encuentren espacios donde reproducirse. Pero también para crear nuevos meandros y conseguir que baje la temperatura del agua, que sube hasta dos grados cuando hay una presa. Josu Elso precisa que el problema para el salmón no son solo las presas en sí mismas: “Nosotros hemos hecho seguimiento de salmones. Estamos en el límite sur de la distribución de la especie, que necesita aguas frías, y en estos veranos que hemos pasado últimamente con estas olas de calor los salmones se morían solos, de forma natural. Por lo tanto, conseguir que no suba la temperatura por culpa de una presa que no tiene ningún sentido es clave”.

Las presas, azudes y en general cualquier barrera que bloquea el curso de un río, es una obra hecha por los humanos, y por lo tanto, al igual que se construyó se puede tirar. Es la idea que subyace detrás del movimiento que crece en Europa con el objetivo de derribar barreras fluviales cuando están obsoletas y por ello suponen una amenaza para la biodiversidad, la disponibilidad de agua e incluso la seguridad de las personas.

Solo en 2023 se contabilizaron 487 derribos de presas en 15 países europeos, según un informe publicado este lunes por el colectivo Dam Removal –formado por siete organizaciones conservacionistas–. Supone un salto del 50% respecto al año anterior, pero, sobre todo, de un 382% si se tienen en cuenta las que se tiraron en 2020, año que este colectivo toma como referencia para analizar la evolución. Su director de proyectos, el biólogo Rubén Rocha, aclara que “se empezaron a tirar mucho antes, en 2015, pero no hay datos fiables desde ese año”.

Para obtener los datos, este colectivo pide información directa a los gobiernos centrales, ayuntamientos, agencias de agua, organizaciones no gubernamentales e investigadores. La mayoría de los países carece de datos centralizados, por eso Dam Removal Europe estima que la cifra de presas que se han tirado es mayor de la recogida en su estudio.

Es importante señalar que la mayoría de las presas que se tiran en Europa, sobre todo en Francia (156) y España (95) –los dos países donde más se derribaron en 2023– son azudes de menos de dos metros de altura y que ya no están operativos, pero sí son relevantes para recuperar la salud de decenas de cursos de agua y de su biodiversidad. “Las presas y otras barreras no solucionan el problema de la disponibilidad de agua. Meter el agua en cajas (embalses) tiene el efecto contrario, pues da la idea de que hay agua disponible, lo cual aumenta su uso y reduce la disponibilidad”, como explica el biólogo.

Hay partidos políticos que hablan de que tirar presas aumenta la sequía, eso es totalmente falso, es una narrativa que no se sostiene

Rubén Rocha — Director de proyectos de Dam Removal Europe

Dam Removal Europe destaca que lo importante del movimiento, al que cada vez se suman más países, es que sus beneficios ya están muy demostrados y medidos: favorecen la migración de peces, reducen el riesgo para las personas por construcciones que pueden caerse, previenen inundaciones al dejar que los ríos fluyan libres, mejoran la biodiversidad porque permiten el movimiento de los nutrientes, frenan el aumento de la temperatura del agua y además se obtiene agua de mejor calidad. “Sé que hay partidos políticos que hablan de que tirar presas aumenta la sequía, eso es totalmente falso, es una narrativa que no se sostiene”, analiza Rocha.

El bulo de la sequía

Ese discurso y su bulo fueron alimentados en España por el partido Vox para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de estar destruyendo almacenes de agua mientras España atravesaba escasez hídrica y sequía de lluvias. Lo cierto es que la eliminación de estos obstáculos “esencialmente obsoletos”–más barreras que presas, en cualquier caso– es una obligación que deriva de la Estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad con la idea de cumplir con la Directiva Marco del Agua, es decir, observar la ley.

De hecho, este bulo fue la continuación de los mensajes que tanto Vox como el PP lanzaron en momentos pico de sequía el año pasado en los que afirmaban que la llegada de agua a las desembocaduras de los ríos y su entrada en el mar eran un “desperdicio” de recursos. A ese discurso contribuyeron, entre otros, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, cuando se quejó de que se liberaba agua en un embalse “porque no hay dónde almacenarla”. El diputado de Vox en el Congreso, José María Figaredo, llegó a exclamar, a cuenta de la desembocadura del Tajo o el Ebro en el hemiciclo que “en España se pierde cada año muchísima agua. Hectómetros cúbicos que son vertidos al mar sin motivo alguno” .

Para este informe de Dam Removal Europe, la organización ha hecho por primera vez un intento de trazar los riesgos que representan las presas obsoletas para la seguridad de las personas. Así, contabiliza 82 incidentes en 16 países que resultaron en 129 fallecidos desde el año 2000.

En Europa hay 1,2 millones de barreras que bloquean los ríos, según el único gran ejercicio para contabilizarlas que ha llevado a cabo la Unión Europea, el proyecto Amber, que duró cuatro años y se publicó en el año 2020. Y de estas presas, más de 150.000 ya no se usan, según cálculos de Dam Removal Europe. Esas son las que la organización pelea para que se tiren. Para Rubén Rocha, “ya no es únicamente una lucha de organizaciones conservacionistas, también de muchos gobiernos y de la Unión Europea, es muy difícil parar un movimiento que muestra y mide tantos beneficios”.

¿Cuál es la huella de carbono de un aguacate exportado por una empresa española? Pues depende de si fue cultivado en el país o traído de Chile para revenderlo en las principales capitales europeas. Esto es lo que ha analizado un equipo de investigadores de varios países, entre ellos el CSIC, debido al boom que vive esta fruta tropical y a su impacto ambiental, cada vez más cuestionado.

España es el principal productor de aguacates de Europa, con el 90% de la producción, que se concentra en la región de la Axarquía, Málaga. En menos cantidad también se produce en Granada, Valencia, Huelva y Cádiz. Sin embargo, el país solo abastece el 10% del mercado europeo. Esto se debe a que casi la totalidad de los aguacates que se consumen en Europa proviene de Chile y de Perú. “España es el único país productor de aguacate del mundo que importa para reexportar”, explica Iñaki Hormaza, uno de los autores y profesor de investigación del departamento de Fruticultura Subtropical de La Mayora, situado en Málaga.

En estos momentos, por ejemplo, en los supermercados del país pueden encontrarse aguacates producidos aquí, pues la temporada de cultivo abarca de septiembre a marzo. Pero estos conviven en los lineales con aguacates importados de Guatemala, incluso de Marruecos. A partir de abril, cuando ya no se cultivan en el país, las empresas los importan de Chile y de Perú para ofrecer aguacates 12 meses al año por una demanda que no para de crecer. Los principales centros de envasado están en la Axarquía, la misma región donde se producen.

Esta contradicción es la que ha llevado a estos investigadores a comparar la huella de carbono del aguacate hass, la variedad más comercializada, cuando viaja desde la ciudad de Quillota en Chile hacia el puerto de Algeciras en Cádiz y de ahí hasta el norte de Europa, con otro circuito corto, por el que la mercancía sale de Andalucía hacia las ciudades europeas.

El resultado es que el transporte por carretera desde España hacia Amsterdam, París o Londres sería la mejor opción, con una diferencia de 0,14 kilos de CO₂ equivalentes respecto a 0,22 kilos de CO₂ equivalentes. Sin embargo, cuando la opción es importar aguacates de Chile, la mejor opción según esta investigación es el transporte marítimo hasta puertos europeos, en lugar de exportar aguacates a través del puerto de Algeciras (0,34 kilos de CO₂ equivalente respecto a 0,43 kilos de CO₂ equivalente).

“Producir aguacates aquí y comercializarlos de forma local sería el límite para no hacer un uso inadecuado de la tierra”, incide Hormaza. La cuestión es que el cultivo del aguacate en Andalucía no empezó con la vista puesta en el consumo nacional, la visión siempre fue exportar. De hecho, se consumen más aguacates per cápita en Suecia que en España.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y la OCDE, el club de los 30 países más ricos del mundo, prevén que el aguacate será la fruta tropical más comercializada en 2032. Pero se trata de un cultivo de regadío que no prospera por debajo de los dos grados de temperatura. Es decir, se cultiva en regiones donde no hay agua, como en la Axarquía, donde la superficie cultivada de aguacates, en constante aumento, ha secado el embalse de La Viñuela. Y en un contexto de sequía y cambio climático, los agricultores piden usar agua regenerada o que se ponga en marcha una desaladora para salvar el aguacate malagueño y seguir exportando a Europa.

Fermín Salcedo atiende desde su tractor, pues está labrando la tierra para los cultivos del próximo verano: calabacín, pimiento, berenjena, tomate, pepino, sandía y melón. Tiene una explotación de 27 hectáreas que trabaja junto a Julio Quilis y Francisco Barat, hijos de agricultor e ingenieros técnicos agrícolas como él. Sus campos, en Valencia, ahora tienen certificación ecológica adquirida en 2011, pero antes allí echaban productos químicos, como hizo toda la vida el padre de Fermín. “La de mi padre es la generación perdida, que ha drogado la tierra con pesticidas, y eso vale para algunas décadas, pero no es sostenible en el tiempo”.

Este agricultor de 51 años entiende y comparte el hartazgo de muchos compañeros de oficio que están, cuenta, esclavizados por una cadena viciada que impone producir siempre más y barato pues compiten con países con los que en realidad es imposible. Perder dinero era su realidad diaria. “Pero ¿cómo voy yo a competir con Marruecos? Estaba harto de que las cadenas de distribución me dijeran cuánto tenía que cobrar por mi producto, y que soy caro”. Así que echó la vista atrás hasta la generación de su abuelo. “Él usaba estiércol, pues yo igual; él vendía en el mercado local, y aquí en Valencia eso aún se puede hacer”.

Para quedarse hoy en el campo, explica, hay que estar formado, tener conocimientos y así poder hacer las cosas de forma distinta: dejar los monocultivos, diversificar la producción y cuidar el suelo. “En el momento en el que dejas de maltratarlo se repone muy bien”, incide Fermín.

Ninguno de los agricultores entrevistados para este reportaje dice que el cambio sea sencillo, más bien al contrario. Supone un giro radical en la mirada de la agricultura y asumir más riesgos. Pero a la vez, cuentan, esto los hace menos dependientes de factores externos, como los comerciales de las grandes empresas de fitosanitarios que visitan sus campos día tras día, también para venderles productos que llaman ecológicos. “Te hace más fuerte. Yo les digo, no, dejad actuar a la naturaleza”, explica el agricultor valenciano.

Me di cuenta de que no íbamos bien. Teníamos una visión muy convencional. Siempre se trataba de matar al pulgón, no de pensar de forma ecosistémica para crear equilibrios

Ernest Mas — Agricultor

Ernest Mas pertenece a la quinta generación de agricultores de una empresa familiar.  Hace unos diez años, una plaga de pulgón en las sandías, que era su producción principal, hizo perder mucho dinero a esta compañía de Cambrils (Tarragona). “Aplicábamos tratamientos químicos semanales, y nada, fue una campaña desastrosa”. Él y sus primos, que dirigen la empresa y una superficie agrícola de 300 hectáreas, decidieron parar y pensar.

“Me di cuenta de que no íbamos bien. Teníamos una visión muy convencional. Siempre se trataba de matar al pulgón, no de pensar de forma ecosistémica para crear equilibrios”.

Las flores al rescate

Tras un largo proceso, puso en marcha algo que no existía y que ha valido a esta explotación familiar multitud de premios: intercalar flores entre los cultivos, una técnica que hoy se conoce como intercropping floral. “Fue la bomba. Históricamente sí se había hecho poner bandas florales en la periferia del campo, pero nunca dentro, nos dimos cuenta de que era mejor plantar todo a la vez. Ahora hay muchos colores, flora, fauna. De una forma sencilla rompimos el monocultivo, pero no fue nada sencillo llegar ahí, fue un proceso complejo”.

Gracias a su experiencia, hoy se cultiva con flores en otros lugares cómo Castilla La Mancha, en la Región de Murcia y en otros países. Y en un sector que suele ser receloso y desconfiado, en esta empresa comparten todos sus avances. Reciben tantas visitas de científicos y estudiantes que este agricultor ha empezado a denegar encuentros.  “No me da la vida”, se justifica.

Mas también comparte la indignación de los agricultores, y en su caso asegura que los pasos que la empresa ha dado hacia un modelo sin pesticidas ha sido por su propia iniciativa, sin esperar a nadie. ¿Les va mejor en el modelo ecológico que cuando usaban químicos? “No me gusta compararme, pero si reflexionamos, en estos últimos 20 años se sigue haciendo el mismo tipo de agricultura, se usan químicos cuando hay una crisis climática, hay sequía y se riega. La gente se está manifestando porque no se gana la vida, el modelo que tenemos no es rentable, es muy intensivo y no funciona”.

Sorprende escuchar a alguien que se pasa la vida probando cómo mejorar que ha frenado la investigación, que ahora mismo no quiere ir más allá. “No merece la pena, el problema es el modelo de consumo, a la gente le importa poco que yo haga una agricultura más sostenible, porque ya ni sabe de dónde vienen los productos, es muy complicado reconectarla. ¿Cómo le explicas a la gente que no coma aguacates todos los días?”.

Con el mismo obstáculo se choca Fermín Salcedo, el agricultor de Valencia. “Nuestro problema ya no es la producción, sino los consumidores. La gente prefiere abrir una bolsa de plástico y sacar una ensalada y ver una serie, no quiere lavar la lechuga, ni pelar patatas. Por eso nosotros vamos a la gente que sí valora lo que hacemos. Y por ahora podemos ganarnos la vida”.

Olivares y biodiversidad

Cada vez que cae una gran lluvia, Luis Montabes se fija en que dentro de su finca familiar de olivares en la Sierra Mágina (Jaén), la hierba alcanza hasta la cintura. El terreno que linda con el suyo “parece una pista de tenis de Roland Garros”. No crece ni un centímetro de verde. Hasta la entrada de los productos fitosanitarios, el olivar en esta región que produce el 20% del aceite de oliva del mundo era un “entorno rico en biodiversidad”. Los 11 propietarios de la empresa Monva, entre los que está Luis, heredaron más de 500 hectáreas de olivar. “En los años 80, cuando se arrancaban olivos, mi padre plantó miles de ellos donde antes había cereal. La tierra siempre estuvo bien cuidada, pero se usaban más productos químicos”.

Un total de 15 hectáreas hoy se trabajan de modo ecológico dentro del proyecto Olivares Vivos, que lidera la organización Seo/BirdLife. Las otras 512, que también están certificadas dentro de esta iniciativa conservacionista, son de producción integrada, que significa aportar minerales sintéticos a la planta, “pero no echar veneno, para entendernos”. Luis dice que cómo no van a entender a los agricultores –“muchos ni siquiera son propietarios de la tierra que trabajan, no pueden cambiar ningún modelo” –. Al fin y al cabo, lo suyo es una empresa, tienen a ingenieros y herramientas para seguir mejorando. “Está claro que si vas a corto plazo usas más producto, pero te cargas la tierra. A largo plazo hay más biodiversidad, que es fundamental para la calidad del aceite de oliva. El medio ambiente no está reñido con la economía, pero tienes que aportar calidad”.

Al otro lado del teléfono suena un ruido de fondo. “Espera, le digo a mi compañero que baje el volumen de la tele”. “¿Me estás llamando desde tu celda? Sí”.

Mike Lynch-White es un activista climático encarcelado en Gran Bretaña desde el pasado mes de febrero. En este tiempo ha pasado por tres prisiones distintas, y ahora está en el centro penitenciario HMP Lewes, situado en el condado de Sussex del Este, en Inglaterra. No puede recibir llamadas, pero sí hacerlas. Explica que la conversación puede ser grabada y tiene 60 minutos, después la línea se cortará. Habla muy bajito y de forma pausada, hace silencios antes de responder a cada pregunta. Debe ser cuidadoso con sus palabras, dice, pues teme poner en peligro su liberación inminente: “Estoy dentro del programa de liberación anticipada, me pondrán una pulsera electrónica, la policía tiene que comprobar la dirección donde debo estar localizable y rápidamente se desharán de mí, las cárceles en Reino Unido están increíblemente llenas”, ironiza.

Mike había sido arrestado 16 veces por acciones climáticas antes de ser condenado a una pena de 27 meses de prisión –que después fue rebajada a 23 meses– por daños causados al Ayuntamiento de Brighton al echar pintura de color rosa sobre la fachada del edificio y por entrar en una fábrica del puerto de carga de Runcorn para protestar por la fabricación de armamento en Inglaterra para Israel.

Durante su llamada desde la cárcel, que dura unos 40 minutos, Mike intenta ser muy conciso sobre los hechos y puntualiza: “Mi pena es más severa que la de mi compañero, un año más de cárcel, por mi historial de acciones climáticas”. Cuando salga de prisión aún le quedará otro juicio pendiente por su papel en la acción Heathrow Pause, en la que varios activistas volaron drones en la zona exclusiva del aeropuerto de Londres en 2019 para interrumpir vuelos comerciales y llamar la atención sobre “la locura peligrosa” de ampliar el aeropuerto.

Este licenciado en Física teórica es cofundador de Scientist Rebellion, una organización de protesta formada sobre el principio de que quienes tienen el privilegio de saber tienen un mayor deber de actuar: “Si los científicos no actúan como si esto fuera una lucha por sus vidas, ¿por qué debería hacerlo cualquier otra persona?”

La motivación de Mike coincide con la que muestran otros jóvenes entrevistados para este reportaje: se sienten en una obligación moral con la humanidad que él explica así: “No lo volveré a hacer, pero no me siento avergonzado, no se consiguen cambios radicales volviendo a casa cada noche, hay que hacer pequeños sacrificios. Martin Luther King fue a la cárcel muchas veces”.

A la cárcel por colgarse de un puente

Una madrugada de mediados de octubre de 2022, Marcus Decker, músico de 34 años, y Morgan Trowland, ingeniero de 40, escalaron el puente Dartford de 76 metros de altura levantado sobre el río Támesis y que conecta el condado de Kent en el sur y el de Essex en el norte. Una vez arriba, colgaron una enorme pancarta de color naranja sobre la autopista de cuatro carriles que habían dejado bajo ellos con el mensaje: Just Stop Oil (Parad el petróleo). Para que su acción llamara aún más la atención, montaron dos hamacas y se tumbaron sobre el vacío 37 horas seguidas, provocando que la policía cerrara el puente al tráfico.

En abril de este año Morgan fue condenado a tres años de prisión y Marcus a dos años y siete meses de encarcelamiento, después de haber pasado medio año de prisión preventiva. El abogado de ambos calificó la pena como “la más larga en la historia moderna de este país para un caso de protesta no violenta” y alertó de que podría tener un 'efecto de terror' en todas las acciones de este tipo. En octubre, el Tribunal Supremo les denegó la revisión de sus penas, con el argumento de que “no son excesivas” y que suponen una forma “legítima” de disuadir a otros de realizar este tipo de acciones.

Desde la cárcel de Chelmsford, Marcus lo tiene claro: “Asumí el riesgo de ir a la cárcel por un tiempo, pero no tenía ni idea de que sería tan largo”. Sus respuestas son escuetas debido a lo complicado del proceso para comunicarse con él. Primero hubo que contactar con su persona de confianza que hace de enlace con el centro penitenciario y que gestiona una cuenta de correo electrónico. Una vez enviadas las preguntas a esa dirección de e-mail, el personal de la cárcel las imprimió y se las dio. Él entonces tuvo derecho a escribir una respuesta manuscrita, la cual fue escaneada de nuevo por el personal de la prisión, que envió a la persona de enlace. Sobre el hecho de haber sido encarcelado por su protesta, Marcus se muestra igual de contundente que Mike: “Parece haber dado esperanza a mucha gente y haber servido de inspiración. Es una respuesta apropiada a la terrible crisis en la que estamos inmersos”.

Parece haber dado esperanza a mucha gente y haber servido de inspiración. Es una respuesta apropiada a la terrible crisis en la que estamos inmersos

Marcus Decker — Activista de Just Stop Oil encarcelado en Inglaterra

La pregunta que se hace Amnistía Internacional a propósito del derecho a protestar es si se están dando pasos atrás. La organización de defensa de los derechos humanos lanzó el año pasado una ambiciosa campaña, Protect the protest, que analiza esta cuestión en 21 países, como España, sobre diversos movimientos sociales, entre ellos el activismo climático.

“Estamos viendo acusaciones de sabotaje, que es muy grave, o sacar cañones de agua, o el uso de leyes antimafia”, explica Catrinel Motoc especialista de AI que está haciendo el mapeo del derecho a la protesta en Europa. En lo que lleva analizado asegura que los países están tomando respuestas desproporcionadas sobre acciones de protesta que son pacíficas.

“Estamos muy preocupados –añade– ”a medida que las protestas climáticas se han hecho más visibles, la respuesta de los estados es cada vez más severa“.

A medida que las protestas climáticas se han hecho más visibles, la respuesta de los estados es cada vez más severa

Catrinel Motoc — Especialista en derecho a la protesta de Amnistía Internacional

La especialista de Amnistía Internacional menciona la lucha de las mujeres sufragistas en Reino Unido para ganar el derecho al voto o el fin del apartheid en Sudáfrica. “A menudo escuchamos a los estados argumentar que este activismo es nuevo, pero no lo es, siempre se ha utilizado”, menciona Catrinel. E incide en que los países deben tener un cierto margen de tolerancia con acciones que son cada vez más disruptivas –“la gente tiene cada vez más imaginación”–, y siempre tomar en cuenta las motivaciones que llevan a las personas a protestar: “¿Es porque se levantan una mañana y deciden hacerlo, o porque quieren llamar la atención sobre una emergencia, como es el clima?”.

El ecologista y político Juan López de Uralde observa que la retórica y la respuesta legal a las protestas climáticas se están endureciendo, como él pudo comprobar en primera persona. Pasó 21 días en prisión preventiva en una cárcel de Copenhague en 2009 por hacerse pasar como invitado junto a una compañera de la organización Greenpeace en el Palacio de Amalienborg, la residencia de invierno de la familia real danesa. Fue durante la Cumbre Mundial del Clima de ese año. En la noche del 17 de diciembre, la reina Margarita de Dinamarca ofreció una cena a más de un centenar de líderes mundiales presentes en la cumbre. Los dos activistas, vestidos de gala, sacaron dos pancartas con el mensaje: “Los políticos hablan, los líderes actúan”.

“Cuando nos detuvieron nos aplicaron la ley antiterrorista, estuvimos en condiciones de aislamiento y nos pedían seis años de cárcel”, comenta por teléfono el exdirigente de Greenpeace. Para el veterano activista, si se comete una ilegalidad hay que responder por ella, pero de forma proporcional a los hechos y a las motivaciones.

“Y eso siempre ha ido en contra del activismo ambiental, pero se está endureciendo, lo hemos visto aquí con la fiscalía, y eso es una guerra cultural, decir que el activismo ambiental es peligroso, que va en contra del interés general, que es terrorismo; así que luego cuando llegan este tipo de penas, en vez de generar una mayor protesta social, produce indiferencia”. Uralde se refiere al informe anual de 2023 de la Fiscalía General del Estado, en el que se incluyó el término 'ecologismo radical' en el apartado de 'terrorismo'. Tras las protestas de todas las organizaciones ecologistas, este órgano retiró el término y aseguró que no volverá a emplearlo.

En su celda de dos metros de ancho por cinco metros de largo, Mike lleva leídos 44 libros. Dice que la biblioteca de la cárcel HMP Lewes es muy buena, conoce bien a los bibliotecarios. Por cada libro de ficción lee uno de no ficción. “El tiempo pasa muy despacio, tengo pilas de libros”, cuenta. Ahora está con el ensayo de David Graeber y David Wengrow The Dawn of Everything: A New History of Humanity. “Trata sobre la historia de la humanidad, las tribus y la agricultura”. 

Le pregunto qué es lo que más le preocupa del cambio climático y responde: “La comida”. No los fenómenos meteorológicos extremos, las inundaciones ni las olas de calor. “Lo malo es cuando no tengamos comida, ahí se pondrá muy feo. Estamos viendo claramente el inicio de eso. La gente piensa que esto va a pasar de forma gradual, pero no funciona así. Cuanto peor se ponga la situación, empeorará más rápidamente”.

Las 16 veces que le arrestaron no salió a protestar porque pensara que haciéndolo resolvería algo –“para mí el colapso es inevitable, va a pasar y no hay casi nada que podamos hacer”–, sino para que se sepa la verdad sobre lo que estamos dejando que suceda como humanidad. “La gente debería saber las personas que hicieron esto, el presidente de Shell o las empresas de combustibles fósiles en general, tendría que haber consecuencias en vez de que reciban dinero”.

En octubre de 2022, Víctor de Santos, ambientólogo español de 31 años especializado en gestión de agua, fue detenido por la policía en Alemania junto a otros 15 activistas climáticos de varios países, todos ellos miembros del colectivo Scientist Rebellion. Entraron en un edificio del fabricante de coches BMW, se pegaron con melaza a un vehículo de lujo, tiraron más melaza por el recinto y repartieron papers científicos sobre la necesidad de descarbonizar el transporte. “Nos desalojaron del edificio y nos despegaron las manos con cuidado, allí por lo menos hay un protocolo que es despegar activistas, aquí en España te las arrancan, directamente”, comenta mientras conversamos en una plaza de su barrio, al sur de Madrid.

Desde que regresó a España, en noviembre de 2022, está pendiente de la citación del juez, momento en el que tendrá que viajar a Múnich. El primer juicio tuvo lugar a finales de octubre de 2023, y el Tribunal Regional de esta ciudad condenó a un activista estadounidense y a tres italianos por daños criminales y allanamiento de morada a 210 días de cárcel o el pago de 1.680 euros cada uno. El juez finalmente retiró el cargo de coacción al tener en cuenta que el objetivo principal de las acciones no era dañar la propiedad sino llamar la atención sobre la crisis climática, que el propio magistrado calificó como “el mayor desafío para la humanidad”.

Mi padre ha cosechado el 40% de lo que suele cosechar en un año normal, los cultivos se están yendo a la mierda, eso es lo verdaderamente disruptivo, no que yo tenga antecedentes penales

Víctor de Santos — Ambientólogo y activista de Scientist Rebellion

Víctor dejó su trabajo como consultor ambiental, por el que ganaba un “sueldo decente” para dedicarse de lleno al activismo. Vive de sus ahorros, que ya se le están acabando, pero no piensa retomar una vida laboral. “Habrá que buscar otra forma de sobrevivir, una vez que has comprendido la magnitud del problema y también que es posible generar un cambio social, no puedes no hacerlo, como sociedad humana podemos transformarlo si está la voluntad de una mayoría”.

Marcus abandonó su carrera de músico, Mike su carrera como físico teórico; su pareja, Elena Egea, miembro de Rebelión Científica en España, dejó la astrofísica tras su doctorado, y Víctor, que es uno de los fundadores de Rebelión Científica en España, cuenta que otro compañero, Mauricio Misquero, abandonó su investigación del espacio con una beca Marie Curie. “Decía que no tenía sentido investigar el espacio cuando estamos destruyendo la Tierra”.

En una carta abierta difundida tras su encarcelamiento, Marcus, el activista que escaló el puente en Inglaterra, explicaba que los colectivos Extinction Rebellion y Just Sop Oil habían sido “explícitamente mencionados por los políticos al justificar las nuevas leyes”; el exmúsico se refería a la ley aprobada por el Parlamento en 2022 Police Crime, Sentencing and Courts Act que ha suscitado gran polémica al restringir el derecho de asamblea o dejar abierto el concepto de 'disturbio público' al criterio de la policía. En su escrito, concluía: “Esto significa que nuestras acciones están funcionando”.

Para llegar a su trabajo en la organización Greenpeace de Alemania, que está en Hamburgo, Marissa Reiserer se desplaza en su bicicleta plegable hasta el tren, y desde la parada donde se baja recorre el último tramo hasta la oficina de nuevo en bici. Para ese trayecto en transporte público tiene un abono por el que paga 49 euros al mes. Pero es que además con ese mismo título puede desplazarse por todo el país en metro, bus, tranvía y tren. “Para mí esto es muy útil, yo viajo mucho por trabajo y me parece increíble que sea tan fácil ir a otras ciudades sin pensar en comprar ningún otro billete”, cuenta por videoconferencia.

Alemania inauguró el pasado mes de mayo el Deutschland-Ticket, un billete único que por su precio y comodidad está desplazando viajes del coche privado hacia el transporte público. Reiserer, que es la responsable de movilidad de Greenpeace, explica que esta organización ahora pelea por que el abono baje de precio a 29 euros, pero no duda de que resulta una medida eficaz también para reducir el impacto ambiental de los coches, el cual representa en Europa el 12% de las emisiones de CO2, el principal causante del cambio climático.

Otros países europeos están dando pasos similares, haciendo de este tipo de billete claramente una medida climática, como el KlimaTicket de Austria. El pequeño país alpino puso en marcha este abono único en octubre de 2021. Por una suscripción anual que vale 1.095 euros (91,25 euros al mes) y 821 euros para los jóvenes, se puede viajar en todos los medios de transporte locales y regionales en las nueve provincias federales. La medida se presenta así: “Es mucho más que un simple billete de transporte público, también es un billete con el que esperamos alcanzar los objetivos del Acuerdo de París”, en referencia al acuerdo internacional vigente para reducir el aumento de temperatura del planeta en 1,5 grados.

Estos dos países, en particular Alemania, por su mayor cantidad de población y una estructura política parecida, han sido la inspiración de Greenpeace en España para su campaña ‘T-lleva’, que persigue instaurar aquí un abono único de transporte público por 30 euros al año. La organización ha lanzado el debate en un contexto en el que el próximo 31 de diciembre terminarán los descuentos en los abonos de transporte urbano e interurbano que el gobierno y las autonomías pusieron en marcha por el aumento de la inflación. “En líneas generales será positivo y una herramienta para luchar contra el cambio climático que favorezca la reducción de emisiones en el transporte”, comenta Cristina Arjona, responsable de movilidad de la organización conservacionista.

Tres meses con un billete de nueve euros ahorran aproximadamente la misma cantidad de CO2 que un año de límites de velocidad en las autopistas

Oliver Wolff — director general de la Asociación de Empresas de Transporte de Alemania

En Alemania, el Deutschland-Ticket es el sucesor del billete de nueve euros, una medida especial que el Gobierno activó en el verano de 2022 y que resultó un éxito rotundo. Como respuesta a la escalada de precios, entre los meses de junio y agosto funcionó un abono de tarifa única para todo el país.

Un impacto por el clima muy relevante

La medida, financiada en un 50% por el Gobierno federal y en un 50% por las regiones, demostró que impulsar el transporte público desvía el uso del vehículo privado y por lo tanto tiene un impacto muy relevante en la reducción de emisiones de CO₂.

Un estudio encargado por el Gobierno a la Asociación de Empresas de Transporte (VDV en sus siglas en alemán) y a Deutsche Bahn, la principal empresa ferroviaria del país, concluyó que el 10% de los desplazamientos realizados sustituyó un viaje que de otro modo se habría hecho en coche. El informe calculó las emisiones evitadas teniendo en cuenta los viajes transferidos del automóvil a los autobuses y trenes en 1,8 millones de toneladas de CO₂. “Tres meses con un billete de nueve euros ahorran aproximadamente la misma cantidad de CO₂ que un año de límites de velocidad en las autopistas”, explicó en una nota el director general de la Asociación de Empresas de Transporte, Oliver Wolff.

El éxito fue lo que de algún modo obligó al Gobierno a afrontar la continuidad de la medida. Ahora, el Deutschland-Ticket de 49 euros estará vigente hasta 2025, y los estudios preliminares que se han realizado arrojan resultados parecidos: por el momento se ha desplazado el 8% de trayectos que se hubieran realizado en coche. En cuanto a la reducción de emisiones, es menor de la esperada, en principio porque el precio es menos atractivo. La previsión de la Agencia Federal de Medio Ambiente (UBA) es que este abono único logre una reducción de emisiones de entre 0,5 y 0,6 millones de toneladas de CO₂ anuales.

Lo más peliagudo de estas medidas ha sido cómo gestionarlas y financiarlas. Austria, donde el 85% de los trayectos en coche fue sustituido por el transporte público en los primeros meses desde su implantación, necesitó una negociación de dos años entre el Gobierno federal y los operadores de trenes. De hecho, en Francia, su presidente Emmanuel Macron se ha abierto recientemente a implantar un billete similar “con las regiones que quieran”, como ha comentado en un programa de televisión.

Greenpeace en España sugiere varias formas de financiar un abono único aquí, el cual costaría unos 2.000 millones de euros, según sus estimaciones

En Alemania ahora se analiza cómo se reparte su coste, más elevado de lo esperado. Greenpeace en España sugiere varias formas de financiar un abono único aquí, el cual costaría unos 2.000 millones de euros, según sus estimaciones. Se podrían cobrar impuestos al queroseno en los aviones, que ahora mismo es un combustible fósil exento de tributación, o aumentar la recaudación a los hidrocarburos en general. “El dinero para un abono único de transporte está ahí, pero hasta ahora se ha gastado en ayudas que dañan el clima”, según Arjona.

Lo que es seguro es que cada vez más países están dando pasos similares. Hungría inauguró su billete único el mismo día que Alemania, el 1 de mayo de 2023, por un precio idéntico, 49 euros al mes y un descuento del 90% para los estudiantes. Portugal ha seguido la misma línea y desde agosto ofrece un abono por 49 euros pero únicamente para los trenes; no incluye el transporte público urbano ni interurbano.

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Clara Benito Pacheco nunca se imaginó que sería cabrera. Siempre vivió en la ciudad, hasta que conoció a su pareja, David, que es biólogo. Por amor, en 2015 compró con él cinco “cabritas” y empezaron a pastorearlas en extensivo para ayudar a regenerar el monte en la sierra norte de Madrid. Dice que sus antiguos compañeros de Bellas Artes “flipan” con su cambio, pero a ella le encanta. “Descubrir esto fue una maravilla para mí”, cuenta mientras camina entre matorrales de jaras monte arriba para saludar a sus cuatro mastines, los guardianes que protegen del lobo a un rebaño que ya alcanza 130 cabras.

Hoy se ocupa ella sola de Entrelobas, como se llama su iniciativa de pasto salvaje, que resulta especial por el manejo del rebaño. Hace dos años, Clara aceptó ser proyecto piloto de algo muy innovador: un sistema digital de redileo virtual que elimina el vallado físico y que le permite disponer de mucho más tiempo, en un momento en el que el pastoreo es menos atractivo por lo exigente que resulta y la cantidad de soledad que acumula. “El telepastoreo me ha cambiado la vida, ahora puedo conciliar con mis hijas, dedicarme a otras tareas”, relata.

Clara saca el móvil de su bolsillo, en la pantalla se ven muchos puntitos en un mapa: son sus cabras. Tiene descargada una app que le permite dibujar un vallado virtual, sin estacas ni hilo. “Ellas saben, porque cuando se acercan a uno de los límites reciben un pitido a través del collar y se mueven de lugar”. Es un dispositivo que se carga con dos pequeñas células solares para que siempre funcione, así los límites del vallado se quedan grabados y las cabras están localizadas en todo momento porque los collares llevan gps.

“Hace falta que haya pequeñas ganaderías en extensivo por el monte, se ha perdido y para el cambio climático es una herramienta fundamental

Clara Benito — Cabrera

“Antes yo tenía que estar aquí todo el rato, son muchas horas en el campo y lo hacía con gusto, pero es muy cansador. A la hora de comer las dejaba cerradas con un pastor eléctrico, comía a toda prisa y regresaba hasta que caía la noche”. Desde que las cabras están controladas con este sistema de telepastoreo, puede pasar las tardes con sus hijas, incluso estar toda la familia junta. “Nunca podíamos estar los cuatro, solo los fines de semana”. También quiere más tiempo porque aspira a tener su propia quesería en el pueblo Serrada de la Fuente, donde vive. El local está en obras y ahora puede supervisar la reforma.

“Hay mucha gente que no se lanza a esto por lo exigente que es en cuanto a tiempo, pero si descubres que hay una manera en la que te puedes liberar un poco, igual te lo piensas”, reflexiona Clara. Y para ella es muy importante que cada vez más gente dé el paso: “Hace falta que haya pequeñas ganaderías en extensivo por el monte, se ha perdido y para el cambio climático es una herramienta fundamental”. Hasta donde ella sabe, tiene el mayor rebaño caprino ecológico telepastoreado del mundo.  

A esta exrestauradora de 41 años, la Comisión Europea le acaba de reconocer con un premio como la mejor agricultora sostenible, porque sus cabras son muy importantes para prevenir incendios y regenerar el monte. Sus animales solo comen jaras y pasto salvaje; las cabras son los únicos herbívoros capaces de digerir grandes cantidades diarias de lignina, una sustancia que contiene la madera. Donde nos encontramos estamos rodeadas de jara, que cuando crece sin control es como gasolina; “¿ves que los arbustos tienen ya un tamaño medio? Es porque las cabritas se han ido comiendo los más grandes y así se ha ido haciendo más pradera, y recuperando biodiversidad”, contextualiza Clara.

Lo suyo es un trabajo de equipo: primero, el servicio de prevención de incendios de la Comunidad de Madrid abrió una faja en forma de peine y un cortafuegos más arriba, y después entraron las cabras a continuar la labor, comiendo y abriendo camino. Ella es la que dirige toda la operación, pastoreándolas mediante un contrato con la cámara agraria que le permite trabajar 95 hectáreas de propietarios particulares que tienen este lugar abandonado. “Ellos podrían decir, oye me he enterado de que no sé quién está trabajando mis tierras y quiero que me deis lo que me corresponde, entonces se les daría la parte proporcional”.

Bajo un sol abrasador más propio del verano que de principios de octubre, Clara mira hacia el suelo y menciona el ir y venir de universidades y centros de investigación que se acercan a este monte para interesarse por su proyecto y tomar muestras para medir cómo evoluciona la calidad de la tierra. Si todo va como se espera, el suelo irá ganando humedad con el paso del tiempo, estará oxigenado y será capaz de capturar CO2 y tener toda la biodiversidad de antes. “Por el momento están haciendo pruebas”.

Sus cuatro mastines acuden a ella y enseguida les da una orden: “Con el ganado”. Están con su dueña desde que esta exurbanita vio un lobo. Nunca había visto uno y cuando lo adivinó escondido entre unos arbustos pensó que era el perro de la vecina, el Guache. Era invierno y el animal llevaba su collar de pelo blanco. Clara se puso a mover frenéticamente las manos, pero el lobo la ignoraba, no daba un paso. “Supe lo que era cuando David me enseñó una foto y lo reconocí. Me pareció espectacular, él estaba celoso de que hubiera visto al lobo, que no aparecía por aquí desde hacía 50 años”.  

El regreso de este animal tan temido por los ganaderos significa que la tierra está mejorando. Desde que tiene a sus cuatro guardianes nunca se le ha acercado de nuevo uno, y eso que ahora ya hay manadas. “Yo no puedo hablar por otros lugares, pero yo nunca he sufrido ataques, aquí en Berzosa del Lozoya, tener mastines es la única manera de proteger el ganado”.

Otras ganaderías vecinas con vallados sí han sufrido ataques, así que después de que Clara tuviera su primer encuentro con el lobo, querían saber más. Pero no le preguntaban a ella, sino a su pareja. “Al principio los hombres no me dirigían la palabra, cuando estábamos David y yo juntos solo hablaban con él. Ahora, claro, ya han pasado 10 años”.

-¿Y cómo te conocen?

-Como la cabrera.

En cada lavadora que la científica Dominique Claveau puso entre junio y noviembre de 2021, apuntó todo tipo de datos: lavado con agua fría o caliente, programa y duración, tipo de ropa, de detergente, cuántos lavados al día. Después de unas cuatro o cinco lavadoras, hacía una maniobra que también realizaban otros 30 hogares, y que consistía en vaciar y limpiar el filtro de microplásticos que habían instalado para un experimento de ciencia ciudadana.

“Las fibras textiles son la principal fuente de contaminación de ríos y océanos por microplásticos, queríamos saber cuánto de esa polución se puede ahorrar deteniéndola donde se produce, en este caso, en la lavadora”, comenta Claveau por videoconferencia desde Montreal, donde trabaja como directora de proyectos en la Universidad Politécnica.

Las microfibras de la ropa representan el 35% de la contaminación por microplásticos, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Estas partículas, inferiores a 5 mm e invisibles al ojo humano, se desprenden por millones de los tejidos sintéticos con cada lavado; también se sueltan de los neumáticos de los vehículos con el rodamiento, o de los productos cosméticos. En definitiva, están por todas partes, llegando a ríos y océanos, al interior de los peces, y de los humanos. Ya es sabido que estamos comiendo plástico.

Las fibras textiles son la principal fuente de contaminación de ríos y océanos por microplásticos, queríamos saber cuánto de esa polución se puede ahorrar deteniéndola donde se produce, en este caso, en la lavadora

Dominique Claveau — Investigadora de la Universidad Politécnica de Montreal (Canadá)

A la académica Dominique Claveau la idea del experimento le llegó por Catherine Houbart, activista ambiental y directora de la organización conservacionista GRAME. Houbart había descubierto “con gran sorpresa” que el río San Lorenzo, uno de los principales ríos de Norteamérica y frontera natural entre Estados Unidos y Canadá en su primer tramo, es uno de los más contaminados por microplásticos del mundo; de modo que quería abordar el problema junto a la ciudadanía, en casas y con lavados reales, no haciendo girar una lavadora en un laboratorio. Una vez realizado el experimento necesitaría que la universidad analizara los datos.

Hacer visible lo invisible: 12,8 toneladas de plástico retenidas

La organización GRAME compró los filtros a un fabricante canadiense, y buscó voluntarios que, durante seis meses, fueron apuntando, igual que Dominique y que la propia Catherine, todos los detalles sobre sus lavados. Se les pidió que cada cierto tiempo limpiaran los filtros, instalados de forma externa y conectados a las lavadoras, y que aislaran la materia que salía de ellos. “Yo al principio usaba un filtro de café para tirar el agua que sobraba, no se podía desechar tal cual en el lavabo porque esta también contenía microplásticos”, apunta Claveau. Los voluntarios metían lo atrapado por el filtro en pequeñas bolsitas de plástico con cierre hermético, que algunos congelaban y otros secaban. Después, las enviaron por correo postal en dos tandas a la Universidad Politécnica de Montreal.

En el laboratorio, primero secaron y pesaron las muestras. A continuación, limpiaron la materia y dejaron fuera los tejidos naturales como el algodón. “Lo que obtuvimos era el reflejo de cómo está compuesta la ropa, que no siempre coincide con lo que marca la etiqueta”, explica la investigadora de la politécnica. Lo que salió es que el 32% de los tejidos recuperados eran plástico. “Con los datos en la mano, sacamos la calculadora”, como ha explicado Mohammed Abourich, autor del informe tras el experimento.

El estudio concluyó que el filtro atrapa el 87% de los microplásticos que se desprenden en cada lavado, y que un hogar canadiense medio podría desviar de los cursos de agua 16 gramos de materia plástica al año, el equivalente del peso de una botella de plástico de refresco de 500 ml. Extrapolado a la escala de la ciudad de Montreal, esto significa un potencial de 12,8 toneladas de plástico evitadas.

A Catherine Houbart de GRAME lo que más le sorprendió fue, por un lado, la cantidad de microfibras que se generan en un único hogar, “se hizo visible lo que suele ser invisible”, comenta por videoconferencia desde su oficina en Montreal. También, que el filtro debería estar dentro de la lavadora. “Muchos candidatos al final nos dijeron que no podían unirse al proyecto porque no tenían espacio donde colocar el filtro. No es realista que dejemos de consumir fibras sintéticas, lo mejor sería que estos filtros estuvieran integrados en las máquinas, como en Francia”, analiza.

En el país europeo será obligatorio a partir de 2025 la venta de lavadoras con filtros de microplásticos integrados, con el objetivo de reducir esta contaminación masiva. Mientras, queda pendiente qué hacer con los restos que se recogen. En este experimento canadiense se tiraron a la basura. “Es verdad que la materia no desaparece, lo que hacemos es moverla de sitio, pero creo que es mejor que soltarlos a lo bruto en el medio ambiente”, concluye la investigadora de la Universidad Politécnica de Montreal. 

Las ciudades están creando una isla de calor mucho mayor de la que conocemos. El subsuelo de las grandes urbes se calienta, y esto ya tiene efectos, como en Chicago, donde el suelo ha cedido milímetros y se están deformando infraestructuras.

Todo ese calor procede de los cimientos de los edificios, los sistemas de calefacción, las tuberías de todo tipo, los túneles, aparcamientos subterráneos o el metro, por constantes pérdidas térmicas. Pero también se ha generado a través de los materiales que sirven para construir estas infraestructuras, como el cemento, pues son como esponjas que absorben la radiación solar.

Los científicos llaman a este fenómeno ‘cambio climático subterráneo’, cuyo impacto se caracteriza por contaminar el agua o inducir problemas de salud como el asma, pero hasta ahora no se había puesto el foco en su impacto en las infraestructuras urbanas. El primer lugar donde este aspecto se ha investigado es el distrito financiero de Chicago, conocido como el ‘Loop’. Para analizarlo, el investigador Alessandro Rotta Loria, profesor de ingeniería civil y ambiental de la Universidad de Northwestern y autor del estudio, colocó con ayuda de sus estudiantes más de 150 sensores de temperatura en distintas localizaciones en la superficie y en el subsuelo de la ciudad.

Su equipo también instaló sensores en Grant Park, un espacio verde situado junto al lago Michigan, alejado de los edificios y de los medios de transporte. Los datos de su sistema de sensores indicaron que la temperatura del subsuelo bajo el distrito financiero sube hasta 10 °C respecto a Grant Park.

La temperatura del subsuelo bajo el distrito financiero sube hasta 10 °C respecto a Grant Park, un espacio verde junto al lago Michigan

Los resultados, tras tres años analizando estas mediciones, se cruzaron con una modelización de numerosos espacios subterráneos: aparcamientos, túneles o estaciones de tren, habituales en ese distrito, para simular cómo se ha calentado el suelo desde 1951, cuando se construyeron estas infraestructuras, hasta hoy; y establece una proyección desde el momento actual hasta 2051.

Según el estudio, hasta los 100 metros de profundidad el suelo se ha calentado a una media de 0,49 °C al año, y en este momento se está calentando 0,14 °C al año. El análisis plantea que el calentamiento probablemente se haya ralentizado debido a que las capas de suelo subterráneas hayan llegado a un punto de saturación térmica; es decir, a medida que la temperatura en la superficie ha ido aumentando y también la del subsuelo, la diferencia entre ambas ya no es tan significativa, de modo que cada vez es menos posible que el calor pueda moverse de una a otra.

“El suelo se está deformando debido a las variaciones de temperatura, y ninguna estructura ni infraestructura civil está preparada para resistir estos cambios. Aunque el fenómeno no es peligroso para la seguridad de las personas, sí afectará  a las operaciones cotidianas de estos sistemas y, a largo plazo, a las infraestructuras”, dice Rotta Loria.

La principal hipótesis de la investigación, incide Rotta Loria en su análisis, es que “estas islas de calor en el subsuelo representan un peligro silencioso para las áreas urbanas, en detrimento del correcto funcionamiento de las infraestructuras civiles”. El ingeniero pone como ejemplo el sobrecalentamiento de los raíles del metro, que fuerzan a reducir la velocidad del suburbano o a detenerse para evitar incidentes, con “significativos costes económicos asociados por el retraso de los servicios de transporte público”.

Este cambio climático subterráneo no es un fenómeno que se esté dando únicamente en el distrito financiero de Chicago. Como se plasma en el estudio, otras investigaciones recientes apuntan a que estas islas de calor han generado aumentos de temperatura de entre 0,1 °C y 2,5 °C por década en varias ciudades del mundo, hasta los 100 metros de profundidad.

Rotta Loria concluye: “No hay que estar en Venecia para vivir en una ciudad que se hunde, aunque las causas de ese fenómeno sean completamente diferentes”. 

En la pedanía de El Palmar (Cádiz), los vecinos no reciben agua potable en sus casas, tampoco hay alcantarillado ni farolas en las calles. Sin embargo, cada verano, los más de 20.000 turistas que acuden a su paradisiaca playa de cuatro kilómetros tienen duchas de las que sale agua dulce para quitarse la sal del baño en el mar.

Pero este año las cosas son diferentes, con los embalses en la provincia de Cádiz a menos del 30% de su capacidad. “Hace siete meses que no llueve, quitar las duchas de las playas era un clamor popular”, exclama Manuel Martín, pediatra jubilado y vocal de la asociación de vecinos Santo Domingo de la Calzada, que lleva 30 años reclamando agua potable y servicios básicos en este núcleo costero de Vejer de la Frontera.

A finales de junio, el nuevo gobierno del PSOE les ha hecho caso tras 12 años de mayoría absoluta del Partido Popular. El consistorio anunció a finales del mes pasado que quitaría el servicio de duchas en las playas este verano ante “los cientos de peticiones ciudadanas y por sentido de la responsabilidad”.

Resulta complicado conocer el ahorro real de agua con este tipo de medida, sobre todo en un enclave donde no hay suministro municipal. “En algunos casos se trata de una medida simbólica, pero haz un cálculo rápido, cada cinco minutos de ducha son 100 litros que se pierden, en un lugar donde la gente vive a base de pozos de un solo acuífero, lo importante es el mensaje”, ilustra Lola Yllescas, de Ecologistas en Acción de Vejer, Conil y Barbate.

Desde esta organización conservacionista se han estado reuniendo con varios ayuntamientos de Andalucía para pedir la clausura de lo que Yllescas considera “instalaciones que responden a una necesidad creada recientemente, inventada hace pocos años”. Este verano, ante la situación de sequía severa, “es chocante verlas abiertas” y observar cómo “niños y adultos no hacen el mejor uso de ellas”.

Las duchas de playa son instalaciones que responden a una necesidad creada recientemente, inventada hace pocos años

Lola Yllescas — Ecologistas en Acción de Vejer, Conil y Barbate

Cada vez son más los consistorios que están dando el paso de dejarlas sin servicio. Además de Vejer, los ayuntamientos de Chipiona y San Roque tampoco las tendrán abiertas. Torremolinos clausurará la mitad y varios municipios malagueños, al 100%.

En el caso de San Roque, desde el Ayuntamiento no pueden precisar cuánta agua se preservará por cerrar las 38 duchas repartidas en 12 kilómetros de playa, pues esta se incluye en los contadores del agua gestionada para los jardines públicos. “Pero a ver, no habrá agua, el ahorro es evidente”, matizan desde este consistorio.

En Rota, la asociación La Plazoleta, de la organización Ecologistas en Acción, lanzó en mayo una campaña de recogida de firmas para pedir al Ayuntamiento el cierre de todas las duchas y lavapiés de la playa.

“Este colectivo está completamente aburrido de enviar escritos al Ayuntamiento instando a las necesarias y urgentes medidas de control en el gasto de agua y contra su derroche. Por responsabilidad, por conciencia, por respeto, por solidaridad, hemos decidido iniciar esta campaña para conseguir que estos dispositivos no estén operativos”, explicaba entonces la organización en una nota. Recogieron más de 500 firmas en tres días. A finales de junio, el gobierno municipal anunció el cierre del servicio para este verano.

El Área Metropolitana de Barcelona calcula un ahorro aproximado de 20.000 metros cúbicos de agua al mes por el cierre de las duchas de playa

En Catalunya, el Área Metropolitana de Barcelona anunció en el arranque de la temporada de verano, a principios de junio, el cierre de todas las duchas de la región excepto en la ciudad de Barcelona, donde permanecerá abierta una por playa. Y calculaba un ahorro aproximado de 20.000 metros cúbicos de agua al mes, de forma que entre junio y septiembre el gobierno regional prevé ahorrar 80.000 metros cúbicos de agua.

“Nadie te alquila con un sueldo y dos hijas, te piden tres veces lo que ganas, es imposible”. Así explica Alicia Conejero que su hija de 34 años, separada, viva con ella semanas alternas. “Está desesperada, ya se ha apuntado a la lista de nuevos proyectos, a ver si consigue entrar”, incide por teléfono desde Barcelona.

La lista a la que se refiere esta funcionaria jubilada es de las nuevas viviendas colaborativas que promueve la asociación Sostrecivic. Cuando estén terminadas seguirán el mismo modelo del piso de Alicia, donde ella vive desde 2021: ni alquilado, ni comprado, ecológico y por todo ello, asequible. El edificio se encuentra en el barrio de Poblenou y las casas pertenecen a la cooperativa que ella y otras 19 familias crearon para presentarse al concurso de suelo público del Ayuntamiento de Barcelona. Lo ganaron y construyeron el edificio desde cero. El esquema económico es la cesión de uso, es decir, los pisos pertenecen a la cooperativa y los usuarios pueden habitarlos durante 75 años, prorrogables otros 15; pueden traspasarlos a otra persona, pero no venderlos.

Esta idea, que nació en Dinamarca en los 70 y que hasta ahora ha sido una anécdota aquí, está en un momento de boom. “La gente está desesperada con el tema de la vivienda; aspiraba a comprar después de años de alquiler, pero ve que ya no puede y está abierta a escuchar otros modelos”, explica Jose Tellez, de Sostrecivic, una organización que lleva 20 años promoviendo el acceso a la vivienda a través de cooperativas y en régimen de cesión de uso, y que ya tiene promotora e incluso constructora propia para controlar todo el proceso.

Como cada vez hay más iniciativas de este tipo por todo el país, las organizaciones de la economía solidaria han creado un mapa que permite identificar los proyectos en marcha y su fase de desarrollo. Por un lado, para darles visibilidad, pero sobre todo como mensaje a las administraciones públicas. “Es la ciudadanía organizada la que está pidiendo y promoviendo otro modelo de vivienda”, incide Tellez de Sostrecivic.

En Cataluña, que es la más avanzada, hay más de 40 proyectos en marcha; en Madrid unos siete, en Valencia cinco, también en Palma, Zaragoza, Bilbao, Pamplona o Sevilla. La Comunidad Valenciana ha sido la primera en dar luz verde a la primera normativa con rango de ley que regula y fomenta el acceso a la vivienda colaborativa.  

Alicia, que en condiciones normales vive sola, se considera una “privilegiada”, pues accedió a una vivienda de una habitación “que es una maravilla”, por la que pagó una entrada de 29.000 euros y que le cuesta 630 euros al mes. “Esto incluye no solo la cuota mensual (algo así como la letra si fuera una hipoteca convencional), también el agua, la luz, servicio de limpieza e Internet”. ¿Y la calefacción en invierno? “Ni me entero del recibo de la luz, porque aquí todo es eléctrico, no hay gas, pero es que esta casa está hecha de madera y súper bien aislada”.

Una mirada ambiental que reduce el coste de vida

La mirada ambiental con la que están pensados estos edificios reduce aún más los costes de vida de sus ocupantes, por el ahorro energético. La Balma, como se llama el bloque de Alicia, es un edificio pasivo, significa que el consumo de energía es prácticamente cero. “Y ahora vamos a poner placas solares, así que produciremos energía”, añade satisfecha.

Ella tiene claro que ha podido acceder a este tipo de casa porque el Ayuntamiento de Barcelona se ha involucrado. “Por la entrada que yo pagué, en Poblenou solo encuentras cuchitriles, el suelo se lleva mucha parte del coste”, remacha; también se implica la Generalitat de Catalunya, que da subvenciones de hasta 5.000 euros para vivir en una de estas casas. Eso sí, el acceso está limitado por renta y no es compatible con tener una casa en propiedad.

En Madrid, no hay ayudas del consistorio ni suelo público ofrecido para este modelo

Madrid, sin embargo, es el extremo opuesto. “Podemos decir que aquí es un asunto totalmente ignorado”, se queja el arquitecto Iñaki Alonso, cuyo estudio de arquitectura Satt es promotor del proyecto Entrepatios, un edificio de madera construido en el sur de Madrid. El proyecto ha sido multipremiado por su innovación social y ambiental, al igual de La Borda, en Barcelona. Aquí se ha hecho todo por las bravas, por el empeño de Alonso y de las 17 familias que pasaron años hasta lograr comprar un suelo que pagaron a precio de mercado y que los bancos confiaran en ellos. No hay ayudas del consistorio ni suelo público ofrecido para este modelo.

La cuota mensual en Entrepatios es de 750 euros al mes. “Pero hoy los precios de la construcción han subido muchísimo, entre un 25% y un 35%, nuestro modelo no soluciona el problema de acceso a la vivienda a menos que la administración pública se involucre, cediendo suelo en cesión de uso y que haya incentivos fiscales verdes”, incide este arquitecto. Y a propósito de esto último reflexiona: “¿Por qué paga los mismos impuestos un edificio hecho de cemento y mal aislado que otro que consume cero energía y es una solución al cambio climático?”.

El auge de estas iniciativas cuenta en general con una parte ambiental potente, pero cuando Alonso cuenta la apuesta ambiental de Entrepatios, que es parecida en otros proyectos, parece ciencia ficción si se compara con el parque inmobiliario nacional, con casas que en general ni siquiera cuentan con un aislamiento mínimo.

“Entendemos los edificios como sumideros de carbono, que es lo que hacen los bosques, primero porque están 100% electrificados y cuentan con 100% energía renovable, no hay ningún elemento de combustión en el edificio, y a través de la incorporación de plantas y cubiertas vegetales conseguimos absorber CO₂. Por otro lado, al construir con madera, en vez de cemento, que es causante de entre el 6% y 8% de las emisiones de CO₂, edificamos con un material que en su fabricación absorbe dióxido de carbono en vez de emitirlo”, incide.

Al construir con madera, en vez de cemento, que es causante de entre el 6% y 8% de las emisiones de CO2, edificamos con un material que en su fabricación absorbe dióxido de carbono en vez de emitirlo

Iñaki Alonso — Arquitecto del estudio Satt

Este arquitecto se reunió con los directivos de todas las grandes promotoras del país para insistirles en poner en marcha proyectos más sostenibles tanto desde el punto de vista ambiental como social. “Y como no los convencimos, decidimos montar esa promotora inmobiliaria nosotros, Distrito Natural. ¿Por qué? Porque la clave para conseguir construir los indicadores ambientales y sociales a los que aspiramos es promover”, explica el arquitecto.

Juan Ruiz-Jarabo trabaja en la industria de las energías renovables en Alemania y es uno de los futuros vecinos de una covivienda impulsada por Distrito Natural en Arganzuela, en el sur de Madrid. Como sin ayudas públicas es complicado replicar el esquema de cesión de uso, aquí cada vecino es propietario, pero el proceso de construcción del edificio es participativo y el diseño seguirá los mismos principios de espacios comunes y energía cero que son marca de la casa de Distrito Natural.

“Siempre recuerdo una frase del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que decía que cuando compras algo, no lo compras con dinero, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar en conseguir ese dinero. Y por eso haber conseguido un piso en este futuro edificio comunitario y ecológico me da una tranquilidad, una alegría y una paz espiritual muy grande”, explica Juan por teléfono. “Después de 25 años trabajando me daba mucha rabia meter el fruto de esos esfuerzos en una vivienda convencional, queríamos que nuestros ahorros se canalizasen allí, no solo porque el edificio sea Passivhaus (un estándar de construcción de alta eficiencia energética), sino también por la comunidad colaborativa”, remata.

Antes de lanzarse a comprar en esta promoción que ya tiene el 80% de los pisos reservados, Juan consultó precios en las promociones inmobiliarias convencionales cercanas y descubrió que algunas eran más baratas, pero otras más caras de lo que ellos pagaron por su vivienda ecológica.

En Dinamarca, la cesión de uso está en el 33% de las viviendas, en Alemania en el 30% y en Suiza, el 20%: se considera que a partir del 30%, se logra bajar los precios del alquiler.

Este movimiento para conseguir otro modelo de vivienda es “imparable”, en opinión de Jose Tellez de Sostrecivic, cuya organización aspira a ocupar el 30% del mercado de la vivienda en Cataluña. “En los países pioneros se ha demostrado que a partir de ese porcentaje es cuando realmente bajan los precios del alquiler”, explica. En Dinamarca, la cesión de uso está en el 33% de las viviendas, en Alemania en el 30% y en Suiza, el 20%.

Una mañana de solazo de principios de julio, un grupo de vecinos de la calle de Gregorio Donas, en el sur de Madrid, mostraba con orgullo lo conseguido: poner una instalación de placas solares en la cubierta de su edificio. Ahí lucían, ocupando casi todo el espacio disponible, los paneles previstos para suministrar hasta el 80% de la electricidad que consumen las casas de 14 vecinos, el ascensor y las zonas comunes.

“Es para ahorrar en la factura de la luz, que tal y como están las cosas...”, se entusiasmaba en ese momento Teresita, vecina del tercero que se apuntó al proyecto. Hoy, la ilusión de estas personas, que han invertido una media de 3.000 euros –aunque esta cifra varía según el consumo de cada vivienda–, se ha convertido en una enorme frustración.

Ocho meses después de haberlas puesto, las placas siguen sin estar conectadas a la red eléctrica, así que, de los ahorros previstos, nada. “Estamos hartos. Unión Fenosa, que es la distribuidora de esta zona, nos ignora, pasa de nosotros olímpicamente; que si falta un documento, que si pone pegas…”, resume Andrés Almansa, vecino del ático que ha liderado todo el proyecto en su bloque. La empresa contesta a Ballena Blanca que “no ha sobrepasado en ninguna de las fases los plazos establecidos por la ley y ha aplicado en todo momento los criterios que esta marca para velar por la fiabilidad, seguridad y calidad del suministro”.

El 66% de la población del país vive en bloques de pisos, por lo tanto, cubrirlos es imprescindible si queremos llegar a una transición energética en manos de la ciudadanía

Laura Feijóo — Responsable del departamento de autoconsumo de Ecooo

El boom de instalaciones de autoconsumo solar –que la ciudadanía produzca la electricidad que consume y vuelque a la red la que le sobra recibiendo una compensación económica en forma de ahorro en el recibo– está ocurriendo sobre todo en casas individuales, no en bloques de pisos. Sin embargo, cada vez más comunidades de propietarios se atreven a poner placas en sus azoteas, animadas por algún vecino en el que confían y por los altos precios de la electricidad.

“El 66% de la población del país vive en bloques de pisos, por lo tanto, cubrirlos es imprescindible si queremos llegar a una transición energética en manos de la ciudadanía”, incide Laura Feijóo, responsable del departamento de autoconsumo de Ecooo, la compañía instaladora que se ha hecho cargo de las placas de la calle Gregorio Donas.

Pero el entusiasmo de las comunidades de vecinos que dan el paso está chocando con la lentitud de todo el proceso, algo generalizado en el país, según diferentes analistas consultados. “No hay ahorro hasta que finaliza la tramitación, en la que intervienen las consejerías de Industria, la comercializadora y la distribuidora. Y esta última está ejerciendo su rol de poder; como no hay competencia, si no lo quiere hacer, no lo hace. Responde tarde, apura los plazos o pide trámites que a veces no son obligatorios”, comenta Feijóo.

Alejandro Pons hace la misma llamada cada semana desde hace meses. Este jubilado de 72 años, habitante del municipio de Godella (Valencia), marca el número de la distribuidora Iberdrola; le atiende un operador y explica que quiere pedir un punto de conexión a la instalación de placas solares de su bloque. Él y otros siete vecinos colocaron el pasado julio sobre la cubierta que comparten 22 placas solares con una potencia total de 10 kilovatios para cubrir parte de los servicios comunes de ascensor y aparcamientos y el consumo doméstico de cinco vecinos.

“Doy el número de expediente y me dicen que un gestor tiene que hacer la supervisión en un plazo de cinco días. ‘¿Me pasa con el gestor?'. 'No puedo’, me responden. Pasan los cinco días y nada; y así cada semana, es desesperante. Al final uno se pregunta si es incompetencia o que no quieren”, relata fatigado.

Juan Sacri, director de Sapiens Energía, que se dedica a promover comunidades energéticas a nivel nacional, explica que, en su experiencia, la conexión a la red eléctrica en autoconsumo para una casa individual tarda entre dos y cuatro semanas. “Pero en los proyectos colectivos no hemos tramitado ninguna en menos de seis meses”. Sin embargo, no cree que el retraso, que coincide en que es generalizado, se deba únicamente a la distribuidora: “Se atasca en la comunicación que hay entre esta y la comercializadora, no se dedican recursos ni formación suficientes, el proceso no está estandarizado”, incide.

Guillermo es de la misma opinión. Él es uno de los 16 vecinos de una urbanización de Majadahonda, a las afueras de Madrid, que por fin ha logrado conectar su instalación colectiva a la red después de un año. Describe el proceso como una tortura. “Cuando todo estaba validado y el contador dado de alta, llegó un momento que fue como la película Los Vengadores: todo desaparece; mientras no haya comunicación entre la comercializadora y la distribuidora, no ocurre nada”. En el caso de esta comunidad de vecinos, él fue quien tuvo la iniciativa, con un objetivo claro de ahorrar en el recibo de la luz. “A ver, tengo cinco hijos, lo mío no es una motivación ecológica como la de otros”.

Cuando todo estaba validado y el contador dado de alta, llegó un momento que fue como la película Los Vengadores: todo desaparecía

Guillermo — Vecino de una comunidad de autoconsumo en Majadahonda (Madrid)

Los trámites se desatascaron solo cuando, después de entre 40 y 60 llamadas al servicio de atención al cliente de Iberdrola, el operador que le atendió le puso en contacto con el responsable de la distribuidora en esa zona. “Vino la contrata, puso un contador en cada casa, sincronizó algo y el contador ya funciona”. En cinco días estaba todo en marcha.

“Hemos detectado que en la fase denominada 'posibilitar contratación', que se produce tras la finalización de las obras, es donde se reciben la mayor parte de preguntas, peticiones y en algún caso reclamaciones. Lo cierto es que para emitir el contrato, la regulación obliga a que el cliente presente diferentes documentos que, según hemos podido ver, crean múltiples dudas y es el origen de gran parte de los denominados retrasos”, explica Iberdrola. También cuenta que en la fase de contratación debe firmarse un acuerdo entre todos los participantes del autoconsumo colectivo y que ahí “se pueden producir retrasos, puesto que la información entre las comercializadoras debe ser consistente”.

La ilusión de los pioneros

“Nos estamos cargando la ilusión de los pioneros, porque interés hay muchísimo; nosotros recibimos cada semana entre 10 y 15 peticiones de información. Convencer a los vecinos e instalar las placas al final está siendo lo más fácil”, explica Laura Feijóo, de Ecooo.

El problema de estos retrasos, en opinión de Joan Herrera, exdirector del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), es que impiden pensar a lo grande para que la ciudadanía tenga un papel en la transición energética hacia un modelo con renovables. Hoy, como actual director de Energía y Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, está pendiente de que Endesa conecte a la red eléctrica el proyecto de autoconsumo compartido por el que este consistorio ha adelantado un millón de euros para las placas que ha instalado en 22 tejados de edificios municipales, con una potencia de 750 kilovatios.

“Nuestra perspectiva es hacer una cesión de generación a favor de la ciudadanía, ya podríamos estar autoconsumiendo desde hace meses”, incide. La ley permite compartir la electricidad generada por autoconsumo hasta dos kilómetros de distancia del tejado donde se hayan instalado los paneles. “Eso es todo el ámbito doméstico de El Prat”, explica Herrera.

Para este jurista, la clave para agilizar todo el proceso estaría en desarrollar el papel de gestor de autoconsumo compartido, de modo que un solo interlocutor represente a la comunidad energética ante comercializadoras y distribuidoras, en lugar de que cada vecino tenga que comunicarse por su cuenta. “Esto existe en un Real Decreto Ley, pero no se ha desarrollado”.

Al final, quienes lo consiguen relatan que merece la pena, pero, como resume Guillermo, el vecino de Majadahonda: “¡Hay que ver lo que cuesta!”.

Desde el 1 de enero, las grandes superficies comerciales de alimentación que vendan productos frescos deben aceptar los recipientes reutilizables que lleven los consumidores. Las bolsas o tuppers propios. En Ballena Blanca nos hemos dado una vuelta por una decena de supermercados y comercios de alimentación de Madrid, Barcelona y Zaragoza para comprobar si estos establecimientos ya aplican el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases y cómo lo hacen.

El objetivo de la medida, que supone una total novedad en la manera de llevarnos a casa los alimentos que compramos a granel, es reducir el uso de plásticos y su impacto ambiental. Eso sí, la norma no es obligatoria para los consumidores, solo para aquellos que lo quieran de forma voluntaria.

Nuestra primera parada ha sido Madrid. En Dia, Froiz, Alcampo, Sánchez Romero y El Corte Inglés aceptaron nuestro tupper.

En la charcutería de un hipermercado de la cadena Alcampo compramos 100 gramos de jamón york:

–“¿Puede meterlo en mi tupper en vez de en papel plastificado y bolsa de plástico? Al charcutero la petición no le sorprende.

– “Claro”. Observa el recipiente, y procede. Lo pesa de tal modo que la máquina, que tiene tara, solo cuente la cantidad de producto, sin el recipiente.

Este dependiente observa con atención la fiambrera, pues no vale cualquiera. La norma especifica que “estos recipientes podrán ser rechazados por el comerciante para el servicio si están manifiestamente sucios o no son adecuados”.

Cuando pedimos que en ese mismo recipiente reutilizable también meta 100 gramos de queso de sándwich, surge un debate entre los tres dependientes que atienden, y concluyen que no se puede. La medida es tan nueva que no lo tienen claro, y por otro lado al parecer casi nadie lo pide.

Una de las dependientas consulta las directrices que les han hecho llegar en la cadena de hipermercados, y la muestra: “Atención a la mezcla de productos cocidos / curados”.

Nos explican que debemos llevar tantos tupper como productos queramos comprar. En el rato que dura el proceso, otro cliente que espera su turno y que no ha dejado de observar, comenta: “No tenía ni idea de que esto se podía hacer. Es una manera de llevarte menos plásticos a casa, porque es llegar con la compra y tirarlos a la basura”.

Sin embargo, en Ahorramás, también en Madrid, el charcutero nos dice que no puede meter el embutido en el recipiente. Argumenta que se debe “a la contaminación cruzada”, por introducir en la sección de charcutería un elemento extraño que no sabe si está limpio o sucio. Le recordamos la ley, responde que está al corriente, y que sabe que sus jefes la están estudiando. “Pero por ahora, no nos dejan”. En Mercadona, que también vende al corte, nos dicen igualmente que no.

Zaragoza y Barcelona

En Zaragoza probamos suerte en Eroski. En uno de estos supermercados del centro pedimos pavo braseado. Aceptan el tupper, pero nos indican que tienen que meter el embutido con el papel plastificado porque sus máquinas son antiguas y no tienen tara, así que no pueden aislar el precio del embutido sin contar el recipiente. Nos vamos con el pavo dentro de un papel plastificado, y todo dentro de nuestra fiambrera.

En nuestra última parada, en Barcelona, comprobamos que la nueva norma se aplica de forma muy desigual y que los comerciantes no la tienen interiorizada. En ninguno de los comercios donde preguntamos de las tres ciudades existe un cartel que anuncie la posibilidad de llevar un recipiente propio para guardar los alimentos a granel.

En esta ciudad probamos en tres comercios: Keysi, Mercadona y Caprabo. En el primero compramos queso rallado, que nos meten sin problema en una bolsa de papel. También pedimos queso al corte y nos lo guardan en nuestro tupper de vidrio. Mercadona también nos dice que sí, y en nuestra última parada, Caprabo, la dependienta nos dice de forma muy seca que no, sin dar más explicaciones.

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Reportaje elaborado con información de: Laura Rodríguez, Sara Acosta, Eduardo Viñuales y Sofía Nogués.

Es día de noviembre con solazo en El Realengo. En esta pedanía de 300 habitantes del municipio de Crevillente (Alicante), los vecinos tienen descuento en la factura de la luz solo por estar a medio kilómetro de una instalación fotovoltaica. Cuanto más sol, mayor es la cantidad de energía que generan los 300 paneles instalados sobre una marquesina gigante situada a la entrada del pueblo. “Es genial, es limpio, aunque mi marido dice que de todas formas la electricidad está carísima”, comenta Luisa, que dejó la ciudad para venirse a este lugar mínimo, mientras señala las placas. “Mira, también tenemos dos aparcamientos para recargar coches eléctricos”.

Esta pedanía ha sido pionera. Aquí empezó a funcionar en septiembre de 2021 una de las primeras comunidades energéticas del país, en un proyecto piloto financiado por la Unión Europea, avalado por el IDAE y promovido por la cooperativa Enercoop. La idea era buscar un modelo económico que desarrollara las renovables haciendo más partícipe a la gente. Sería mediante autoconsumo colectivo, es decir, convertir a los habitantes de este pueblecito en productores de electricidad renovable, la cual generarían desde una instalación comunitaria, y de cuyos ahorros podrían beneficiarse por estar situada a menos de 500 metros de sus casas. Esa distancia es la que permitía la ley en ese momento, ahora, el Gobierno ha anunciado que la aumentará a 2.000 metros.

“El problema es que la transición energética está siendo muy asimétrica, hay una barrera económica evidente; o tienes 8.000 euros para poner placas solares en una casa individual, o si optas por hacerlo en una comunidad de vecinos tienes que convencer a mucha gente; la comunidad energética busca modelos económicos para todos, también para los consumidores vulnerables que no pueden pagar”, comenta Joaquín Mas, director general de Enercoop.

En este caso, se trata de un modelo de reparto solidario, que aplica diferentes coeficientes de participación según el consumo de cada hogar. No es lo mismo quien pasa todo el día en casa que quien están todo el día fuera.

El municipio de Crevillente era un buen lugar donde poner a prueba este sistema, al tener algo distinto de la mayoría: la distribución de electricidad depende solo de esta cooperativa local, de la que prácticamente todos los habitantes son socios. Estamos hablando de 30.000 personas. “La cooperativa nació en 1925 por la necesidad de electrificar la industria textil; Crevillente era uno de los principales fabricantes de alfombras; a las compañías eléctricas no les interesaba este lugar, así que los empresarios la promovieron”, explica Mas.

Fina, también vecina de El Realengo, es otra de las personas que se beneficia de este proyecto, es socia de la cooperativa y por lo tanto puede descontarse en su factura parte del excedente producido por la instalación solar del pueblo. Está contenta, pero dice que el año pasado se notaba más. “A lo mejor ahorras 20 o 30 euros, pero es que está muy caro”. Y aquí entra el problemón energético que ha traído la invasión de Rusia en Ucrania. “Con esta situación nos hemos dado cuenta de nuestra vulnerabilidad, introducir la producción de energía a escala de ciudad nos hace menos vulnerables. Europa no es viable sin energía y la única vía son las renovables, las tenemos en cantidad suficiente”, dice con convicción Joaquín Mas de Enercoop.

“Con la invasión de Rusia en Ucrania nos hemos dado cuenta de nuestra vulnerabilidad; la producción de energía a escala de ciudad nos hace menos vulnerables, la única vía son las renovables, las tenemos en cantidad suficiente

Joaquín Mas, director general de la cooperativa Enercoop

En general hace tanto calor en El Realengo que la conserje del ayuntamiento, que prefiere no dar su nombre, tiene en su casa dos aparatos de aire acondicionado. Así que ella apenas nota el ahorro, pero también opina que la instalación ayuda. “Y estoy muy contenta con la cooperativa, te trata muy bien, si no pagas un mes pues te espera, pero con Iberdrola uy, te cortan la luz como no pagues”.

El cálculo que hace la cooperativa es que 65 familias ahorran entre un 15% y un 20% en el recibo y que la instalación cubre más o menos el 50% del consumo. El resto lo compra a la red.

La instalación de El Realengo ha sido el primer paso, pero el objetivo es convertir todo el municipio de Crevillente en una comunidad energética, usando las cubiertas de edificios públicos y también privados. La cooperativa aspira a utilizar 21 espacios; por el momento ha ocupado cuatro en el casco urbano: el campo de fútbol, el centro de personas mayores, el polideportivo y el centro de Semana Santa. Las primeras facturas tendrán descuento a partir de 2023 y solo con estos puntos de producción se alcanza a 900 personas que vivan en un radio de 500 metros, pues el cambio a 1.000 metros y el anuncio de ampliar la distancia a 2.000 metros ha sido posterior a toda la tramitación. “Aumentar la distancia claro que ayuda, es multiplicar el número de consumidores que pueden beneficiarse. Lo idóneo sería pasar de 500 a 5.000”, matiza Mas.

Pero solo con las cubiertas de los edificios no será suficiente, incide este directivo. Por eso se va a desarrollar una planta fotovoltaica pegada al municipio. No funcionará en régimen de autoconsumo colectivo, pues estará más lejos de dos kilómetros, pero inyectará más electricidad de origen renovable en la red. “Será una energía producida de forma muy cercana, lo cual también es un beneficio”.

El abogado David Tong (Nueva Zelanda, 37 años), escribió hace unos años una curiosa carta a su banco, BNZ, una de las entidades bancarias más grandes de ese país. En ella se presentaba como alguien que después de haber trabajado junto a científicos del clima, sabía que la única forma de proteger a los jóvenes y a las generaciones futuras era abandonar las energías fósiles. Por ello pedía que BNZ desinvirtiera todo su capital en este sector; de lo contrario dejaría de ser cliente, cosa que no le agradaba porque había abierto su cuenta con 18 años y su dinero, sus tarjetas y sus recuerdos estaban en esa entidad. La respuesta del banco, que llegó ese mismo día, no le convenció. Venía a decir algo así como que en realidad el capital invertido en petróleo y gas era muy poco y que la empresa ya estaba esforzándose por reducir su propia huella de carbono. Tong cerró la cuenta y se pasó a Kiwibank, y a TSB, pues “tiene una política más sólida contra la financiación de las energías fósiles”.

La responsabilidad de las empresas en la lucha contra el cambio climático ha protagonizado el arranque de la COP27 en Egipto. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha exigido este lunes la implantación de impuestos sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías de energías fósiles para abordar los problemas derivados del alza de los precios de la comida y la energía y los daños que sufren los países afectados por el cambio climático.

David Tong dirige las campañas de la organización Oil Change International, donde investiga a las grandes compañías de petróleo y gas. Este año ha publicado un estudio en el que analiza los pasos reales de las mayores compañías de estos sectores del mundo –BP, Chevron, Eni, Equinor, ExxonMobil, Repsol, Shell, TotalEnergies– para mantener el aumento de temperatura del planeta en 1,5 °C, tal y como marca el Acuerdo de París.

El resultado de su investigación es que ninguna de estas corporaciones tiene planes para detener la extracción ni la producción de energías fósiles. Lo más ambicioso que están haciendo, asegura, es vender sus activos menos valiosos, los que cada vez dan peores resultados y menos beneficios. Y esto, asegura Tong, es engañoso y muy poco alentador, pues sin la colaboración de estas empresas poco se puede hacer para frenar el cambio climático; sus productos son las principales causas del problema.

¿Cuáles son los planes reales de las empresas de gas y petróleo?

Las mayores empresas de estos sectores están intentando extraer hasta la última gota de beneficio que puedan produciendo petróleo y gas. Están marcando récords de beneficios en un contexto de sufrimiento de la población por la invasión de Rusia en Ucrania. Esta crisis energética europea está llenando los bolsillos de los grandes accionistas de las empresas petroleras. No hay ninguna razón seria para creerse que se están alineando con el objetivo de mantener el aumento de temperatura de la Tierra en 1,5 °C.

Lo que estamos viendo es que estas compañías intentan usar la crisis energética para mantenerse sin cambiar su modelo de negocio; simplemente ingresando beneficios extraordinarios

En 2021, la Agencia Internacional de la Energía, que fue creada en 1972 para estabilizar la oferta de crudo a los países ricos tras la crisis del petróleo, dijo que para llegar al escenario de 1,5 °C no hay camino posible para nuevo petróleo ni gas más allá de los proyectos que ya están en marcha. Sin embargo, las grandes petroleras, ocho empresas en total, están involucradas en más de 200 nuevos proyectos en espera de ser aprobados en los próximos tres años. Esta información es de mayo, pero si miramos ahora qué proyectos están pendientes de aprobarse, la foto es prácticamente la misma.

Lo que estamos viendo es que estas compañías intentan usar la crisis energética para mantenerse sin cambiar su modelo de negocio; simplemente ingresando beneficios extraordinarios.

En su informe se menciona que para limitar el aumento de temperatura del planeta es crucial reducir las emisiones a la mitad hasta 2030. Y que para eso, el único camino viable es cortar la producción de energías fósiles desde ya.

Ninguna empresa se ha comprometido a parar la exploración ni ha renunciado a nuevos proyectos de extracción. En las previsiones de estas compañías figura abandonar la producción en los próximos diez años, pero no lo están haciendo, no están cortando la producción, sino vendiendo sus activos con menos previsión de beneficio a otras empresas. Eso no ayuda al clima.

Es confuso cuando se miran los anuncios de petroleras y gasistas que se presentan como inversoras en energías renovables ¿Cuánto hay de cierto?

Bueno, juegan a la distracción, a contar que invierten en renovables, pero cuando miras las cifras del sector, el total de inversión de estas empresas en renovables es menos del 5%. Y quieren que nos fijemos en ese 5% para que no veamos dónde está yendo el 95% restante. La cifra sale de la Agencia Internacional de la Energía. Nosotros no hemos sido capaces de obtener ese dato empresa por empresa porque sus informes no son transparentes ni consistentes. Por ejemplo, muchas compañías ponen inversión en energías renovables y en gas en la misma categoría, así que no se puede decir lo que va gas y lo que va a renovables.

¿Incluyen el gas como si fuera una energía renovable?

Marcan información tipo “inversión en tecnologías bajas en carbono” en una sola línea de su hoja de balance, así que no se puede saber qué es exactamente.

¿Han podido comparar la inversión en renovables de estas empresas con la inversión en nuevos proyectos de exploración o de producción?

No, y por el momento no conozco a nadie que lo haya hecho a un nivel de empresas, porque los datos no están, pero lo que sí sabemos es que una abrumadora mayoría del capital de estas compañías está yendo al gas y al petróleo, en concreto a infraestructura para nueva producción.

Su previsión para hacer decrecer la producción en los próximos diez años es del 15%, pero eso es muy poco, lo que necesitamos para limitar el aumento de temperatura y dejarlo en 1,5 °C es el 50%

De las ocho compañías que analizan, ¿hay algún paso sólido?

Sus objetivos son parciales, no hay ningún compromiso para detener exploraciones nuevas. Su previsión para hacer decrecer la producción en los próximos diez años es del 15%, pero eso es muy poco, lo que necesitamos para limitar el aumento de temperatura y dejarlo en 1,5 °C es el 50%.

¿Cómo analiza el caso de Repsol?

Su caso es muy confuso. Esta compañía tiene un objetivo de alcanzar emisiones cero netas, pero usa una metodología muy extraña y única para calcular eso, en la que tiene en cuenta las emisiones evitadas de carbón quemado y que es desplazado por las ventas de gas. Lo que hacen es asumir que cuando vende gas, lo compra alguien que de otro modo quemaría carbón; se atribuye ese logro y reivindica evitar emisiones, pero el dióxido de carbono sigue saliendo de una planta de energía. Es contabilidad, no reducción de emisiones.

Si Europa va a sostener el objetivo del Acuerdo de París, ya no mantenerse en 1,5°C ó 2°C, sino al menos cumplir las promesas de los países para 2030, necesitará deshacerse del gas más rápidamente de lo que se habría hecho sin la invasión rusa de Ucrania

Sobre este objetivo de cero emisiones netas hay una gran confusión, ¿se ha convertido en un elemento vacío de significado?

Nadie sabe qué significa exactamente este objetivo. Usan este término para confundir, pues no existe una definición estándar de lo que quiere decir y cada empresa tiene una metodología diferente. Ponen cosas distintas y muchas de ellas no incluyen las emisiones de los productos que venden. Por ejemplo, Shell tiene un objetivo de emisiones cero netas, pero eso solo incluye sus emisiones corporativas directas, no abarca el 85% o 90% de las emisiones totales de la empresa, que vienen del petróleo y del gas que queman sus clientes. Es decir, se centra en el 10% e ignora el 90%.

¿La invasión de Rusia en Ucrania puede cambiar algo en favor del clima?

La invasión de Rusia en Ucrania ha alterado todo el sistema energético global y el europeo. Ha tenido muchas consecuencias. Por un lado, las grandes petroleras están obteniendo beneficios sin precedentes con una subida extraordinaria de los precios de la energía. Y esto se está haciendo a costa de la seguridad energética para la gente en toda Europa. Ellas simplemente quieren que los beneficios les lleguen a tiempo para este invierno.

Por otro lado, esto podría acelerar la transición del gas. Europa ya no puede apoyarse en el gas sucio de Rusia que llega por los gasoductos, y no será capaz de reemplazarlo al mismo nivel. Si Europa, si el mundo, va a sostener el objetivo del Acuerdo de París, ya ni siquiera mantenerse en 1,5 °C ó 2 °C, sino al menos cumplir las promesas de los países en el horizonte de 2030, necesitará deshacerse del gas más rápidamente de lo que se habría hecho sin la invasión rusa de Ucrania.

Desde que Rusia invadió Crimea en 2014, las empresas de gas y petróleo europeas y estadounidenses han entregado cerca de 100.000 millones de dólares estadounidenses al gobierno ruso.

¿Cuál puede ser el papel de la ciudadanía en todo este lío? Es fácil sentirse abrumado y con la sensación de no poder hacer gran cosa.

Todos tenemos poder como ciudadanos, pero en una economía que se ha construido en base a las energías fósiles es muy difícil marcar una diferencia significativa. Como individuos es muy complicado separar nuestras vidas del gas y del petróleo. Sin embargo, nuestro poder como ciudadanía es enorme. En mi propio país, Nueva Zelanda, he visto triunfar una campaña liderada por la gente indígena, por los maoríes, para que se prohibiera la producción de gas y petróleo en nuestras aguas. Nueva Zelanda es un país pequeño, pero nuestro territorio de acción es el sexto más grande del mundo. Eso es significativo.

Algo similar ha sucedido en otros países, como Costa Rica. Y la gente ha parado oleoductos como el Keystone XL en Estados Unidos; y los pararán en el Este de África, aún no, pero lo harán. En todo el mundo, como ciudadanos, tenemos el poder de acelerar la transformación del modelo de energía y parar la construcción de nuevas infraestructuras contaminantes. Poner fin a los beneficios de los ricos a costa del sufrimiento de la gente. Cruzo los dedos.  

La investigadora Imogen Napper tenía 24 años y estudiaba su doctorado en 2016 cuando se le ocurrió una idea que ella misma hoy llama “locura”. Salió del campus de la Universidad de Plymouth, una ciudad de mar en el sur de Reino Unido, y se fue de gira por supermercados y tiendas con la pregunta: “¿Aquí tienen bolsas biodegradables o compostables?”. El departamento el que realizaba sus estudios, y donde hoy sigue trabajando, es la Unidad de Investigación Internacional sobre Basura Marina de esta universidad, un centro pionero y uno de los más punteros del mundo en el análisis del impacto de los plásticos en los océanos.

“En conversaciones con mi supervisor salió un debate muy interesante sobre el plástico compostable y biodegradable; se estaba haciendo cada vez más popular y queríamos estudiar cuándo se desintegran estos productos. ¿Es una cuestión de días, meses, años?”, cuenta por teléfono desde Plymouth. Su supervisor era Richard Thompson, el investigador que acuñó por primera vez la palabra ‘microplástico’, y que ha dedicado toda su vida como científico a analizar los efectos de los plásticos en los entornos marinos.

El equipo de investigadores decidió hacer un experimento para indagar. Se introdujeron cinco bolsas biodegradables y compostables que la joven científica había recogido en los supermercados de la ciudad en tres lugares diferentes: enterradas bajo el suelo en la universidad, dentro del agua en el puerto Queen Anne’s Battery y al aire libre, sobre uno de los muros del campus.  

Napper hoy cuenta que iba a ver las bolsas cada mes, a comprobar en qué estado se encontraban. La idea era verificar su deterioro por la pérdida de superficie y desintegración, así como por cambios más sutiles en la estructura química.

En 2019, tres años después, publicaron un estudio pionero en el que sorprendían con una foto en la que la joven estudiante sostenía una de las bolsas biodegradables sucia, pero intacta y llena de productos. Solo las compostables se habían desintegrado en el mar al cabo de tres meses. Sin embargo, y aunque mostraran signos de deterioro, las depositadas bajo tierra ahí seguían. “Después de tres años estaba realmente sorprendida de que las bolsas aún pudieran llevar la compra, es lo más sorprendente para una bolsa biodegradable. Cuando vemos algo con esa etiqueta, creo que damos por hecho que se degradará más rápidamente que una convencional, pero nuestro estudio demuestra que no parece que sea así”, explicó entonces Napper.  

La joven ha seguido yendo desde entonces a ver las bolsas. A principios de julio, la científica publicó en la red social Twitter una foto muy parecida a la que había colgado seis años atrás. Con chaleco salvavidas y manos sucias de barro en el puerto Queen Anne’s Battery sostiene una de esas bolsas. “¡Esta bolsa de plástico biodegradable ha estado en el océano seis años!”. Y como continuación en un pequeño hilo añadía: “Es importante debatir sobre la credibilidad de los productos para asegurarnos de que van en beneficio del medio ambiente. ¿Creeis que habrá desaparecido en los próximos seis años?”

Cuando hablamos con ella cuenta divertida que estas bolsas la han acompañado durante toda su carrera. Pero a continuación su tono es más serio ante la dimensión del problema. En primer lugar, no existe una definición común de qué significa el término ‘biodegradable’. E incide en que un producto llamado así solo se descompone según el material con el que esté fabricado y bajo unas condiciones muy específicas. “Por ejemplo, una temperatura muy elevada, la cual solo puede obtenerse en una planta industrial. Lo que intentamos es que la industria y los consumidores entiendan lo mismo por biodegradable, que todo el mundo esté en sintonía”, comenta.

Pero esta definición común y regulada por el momento no existe, más allá de los sistemas de certificación, que no suponen una obligación legal, son voluntarios. El grupo de científicos independientes que forman la organización Sapea y que asesora a la Comisión Europea, publicó en 2021 un macroinforme sobre el impacto de los plásticos biodegradables en el que ofrecía una definición: “Es la transformación microbia de todos sus componentes orgánicos en dióxido de carbono, nueva biomasa microbiana y sales minerales bajo condiciones óxicas; o en dióxido de carbono, metano, nueva biomasa microbiana y sales minerales bajo condiciones anóxicas”.

Raquel Iglesias es la directora de la pequeña empresa madrileña Dríade SM, que en 2019– el mismo año en el que la investigadora Imogen Napper sacaba su bolsa del océano por primera vez–, presentó una novedosa metodología para medir con rigor cuánto se puede reciclar de un envase. Para ella, los mensajes más importantes sobre los plásticos biodegradables son dos: “No se pueden tirar en la naturaleza, porque tienen que darse unas condiciones muy específicas para que ese plástico se desintegre; por otro lado, la clave es el tiempo. El plástico convencional también desaparece, ¿pero en cuánto tiempo, en 300 años?”.

Para esta técnica existe una gran confusión sobre el término y sobre qué hacer con los envases con la etiqueta ‘biodegradable’. Por ejemplo, de nada servirá tirarlos en el contenedor amarillo, es incluso peor: “Contaminan el proceso de reciclado”, explica Iglesias. Y respecto a los materiales ‘compostables’, la marca debería explicar muy bien que solo se descomponen en condiciones de temperatura y oxígeno muy específicas, desde luego no en mitad del campo ni tampoco en una playa. Como resume Imogen Napper: “Hay soluciones para el plástico biodegradable solo si termina en el contenedor correcto”.

Hay unos coches que circulan por las calles de muchas ciudades que tienen descuento cuando aparcan en zonas reguladas. La DGT los considera ecológicos, aunque se trata de coches de gas. Su etiqueta 'eco' no solo concede a estos autos una rebaja en el aparcamiento, también otras ventajas, como una reducción en el impuesto de matriculación o en el de vehículos de tracción mecánica.

El Gobierno se comprometió en junio de 2020 a revisar en el plazo de un año las etiquetas ambientales de la DGT. Pero el proyecto “está parado”, confirman desde la Dirección General de Tráfico. “En esta legislatura no se va a tocar nada, quizá en un futuro, pero no ahora”, inciden. Uno de los principales problemas del actual sistema, como han criticado las organizaciones ecologistas, es que no tiene en cuenta las emisiones de CO2, como tampoco el peso del vehículo –directamente relacionado con el consumo de combustible y por lo tanto con el dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero–.

El distintivo ambiental de los coches toma aún más relevancia ante la extensión de las zonas de bajas emisiones a las ciudades de más de 50.000 habitantes, que serán obligatorias no más tarde de 2023. Estas zonas están pensadas como elementos clave para reducir el número de coches contaminantes que acceden al centro de las urbes, y el sello de la DGT es la principal herramienta para catalogarlos.

Los colectivos Ecodes, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Transport y Environment lanzaron en 2021 una propuesta para que la reforma de estas etiquetas tenga en cuenta, por ejemplo, las emisiones de los coches en conducción real, no en laboratorio, o que el gas, un combustible fósil, se considere “incompatible” con la descarbonización del transporte. Entre sus ideas está reservar la etiqueta cero para los vehículos que no tengan emisiones directas (eléctricos y de pila de combustible) o retirar la etiqueta eco, “eliminando la confusión actual”.

Un ejemplo: el modelo Dacia Sandero, el segundo coche de gas más vendido en 2021, emite 126 g/km de CO2, según la información que ofrece la marca en su web. El mismo modelo, pero diésel, emite 127 g/km de CO2. El de gas se beneficia de la etiqueta eco, el diésel, no. Una contradicción ambiental que ni siquiera cuenta, pues el sistema de la DGT solo tiene en cuenta las micropartículas (PM) y el dióxido de nitrógeno (NO2) para su etiquetado.

A pesar de que el mercado de los vehículos de gas es pequeño, su caso es relevante por el impacto en la contaminación atmosférica, y por lo tanto, en la salud. Sin embargo, los fabricantes y la propia industria gasista los promociona como vehículos ecológicos y anima a su compra por sus beneficios ambientales. La patronal del gas, Gasnam, incluso ha creado una marca propia, Eco-G, que presenta así en su web: “El gas natural es la alternativa ecológica, económica y tecnológicamente madura más idónea para fomentar la movilidad sostenible del presente y del futuro, tanto terrestre como marítima”.

Los analistas especializados en medición de emisiones de los coches corrigen este mensaje. “Los coches de gas no son ecológicos, su gran problema son las partículas ultrafinas, mucho más numerosas en estos vehículos que en los diésel o de gasolina”, especifica por videoconferencia desde Londres el analista Nick Molden, que dirige el laboratorio de medición de emisiones en conducción real Emissions Analytics. Estas partículas son más finas que las PM₁₀ o las PM_2,5 , y por esta razón penetran más profundamente en los pulmones, agravando las dolencias respiratorias por los contaminantes que salen del tubo de escape. De hecho, es un problema del que la propia Comisión Europea empieza a ocuparse.

En un informe reciente del Joint Research Centre de la Comisión sobre cómo medir las partículas en los vehículos comerciales, los investigadores recomiendan que la actual regulación europea, que solo contempla las partículas a partir de 23 nanómetros, “baje a 10 nanómetros”, el rango en el que se encuentran las partículas ultrafinas. Si hoy la normativa Euro –que regula los vehículos según las emisiones–, tuviera esta referencia, “ningún vehículo de gas cumpliría la normativa europea”, explica desde Berlín Felipe Rodríguez, ingeniero mecánico e investigador en el Consejo Internacional para el Transporte Limpio (ICCT).

De los 14.040 coches de gas que se vendieron en España en 2021, según cifras de Anfac, 1.145 fueron de Gas Natural Comprimido (GNC). El grueso de las ventas lo formaron vehículos GLP (Gas Licuado de Petróleo), el carburante más barato de todos, incluyendo gasolina y gasóleo. De hecho, el aumento de la comercialización de estos vehículos coincide con la escalada de precios de los carburantes. Solo en mayo las ventas subieron un 52%.

“Solo se me ocurre que este aumento sea por una cuestión de precio o de incentivos, pues desde un punto de vista ambiental no tiene ningún sentido comprar un coche de gas”, incide Molden desde Londres. En las pruebas que este laboratorio ha hecho en vehículos en conducción real sale que las emisiones de CO₂ son parecidas a los de gasolina o diésel. “La densidad es más baja por unidad de energía, hay que quemar más gas, de modo que las emisiones de dióxido de carbono apenas varían, a veces son un poco más, otras menos, pero no muy diferentes”. Una realidad científica que dista mucho de los mensajes publicitarios de los fabricantes, de la industria del gas y de la etiqueta ambiental de la DGT.