Esta sucesión de acontecimientos, aunque frustrante, entra dentro de lo esperado. No estamos aquí por un “error de gestión” del Gobierno valenciano, sino como resultado de políticas educativas deliberadas: derogación del acuerdo de Plantillas, recortes en recursos para la inclusión, suspensión del Pla Edificant para mejora de infraestructuras, ley de falsa libertad educativa contra la normalización lingüística, aumento de recursos a la educación privada...etc. Todo ello forma parte de una ofensiva intencional contra la educación pública. No cabía esperar, por tanto, que en sólo una semana los dirigentes de la Generalitat ofrecieran un acuerdo decente e impugnaran su propia trayectoria.

Por ello, y para evitar que cunda el desánimo, creo que conviene resaltar al menos tres cuestiones que evidencian que, pese a todo, esta huelga ya está ganando. En primer lugar, el Gobierno autonómico midió mal el grado de apoyo. La huelga está siendo secundada por una cantidad y diversidad de docentes que desborda, con mucho, las expectativas. Al contrario de lo que afirman desde sectores afines a Consellería, no estamos ante “una protesta de los sindicatos de izquierda” sino, más bien, ante una reconstrucción de parte del pueblo valenciano en torno a la defensa de la educación pública. No sólo eso, gran parte de docentes y personal de apoyo educativo están mostrando una capacidad de sacrificio y persistencia absolutamente admirables. Ello está contagiando a cada vez más colectivos que comienzan a mirarse en el espejo de la movilización educativa. Una situación así, además de suponer ya una pequeña victoria, debería poner en alerta a la Generalitat por sus imprevisibles efectos.

En segundo lugar, y en relación con lo anterior, esta huelga ha servido para revitalizar el tejido democrático. Uno de los grandes males de nuestro tiempo es la fragmentación, el individualismo, la desconfianza en el otro y el cinismo derrotista que renuncia a participar de cualquier iniciativa colectiva por el bien común. La huelga ha invertido esa lógica y, en cada claustro, comarca y municipio se han forjado alianzas, redes de complicidad, cooperación, solidaridad y espacios de militancia entre personas de perfiles muy diversos. Esto supone, de nuevo, una victoria que va más allá de lo simbólico. Con independencia de cómo y cuándo se resuelva el conflicto, una parte del tejido construido permanecerá (si sabemos cuidarlo) y será clave para proteger la educación pública valenciana en el futuro.

Por ello, cuando, en los próximos días, en algunos centros, por motivos económicos, dilemas profesionales o fatiga, decaiga parcialmente el seguimiento formal de los paros, deberemos evitar caer en el error de entrar en dinámicas de frustración y juicios cruzados entre compañeros. Porque, a partir de cierto punto, el dato relevante ya no será sólo cuántas personas hacen huelga, sino cuántas están organizadas en torno a ella y sus ideas. Y ahí, de nuevo, estamos ganando.

Finalmente, la Consellería también ha despreciado la capacidad docente de forjar alianzas fuera del gremio. Gran parte de las familias y cada vez más sectores de la sociedad valenciana han comprendido que el núcleo de estas protestas no tiene que ver sólo (ni tanto) con nuestras condiciones profesionales, sino con el derecho a una educación pública de calidad para todos y todas. El hecho de que cada vez más asociaciones de familias estén mostrando su apoyo a las movilizaciones es una señal inequívoca y altera drásticamente la correlación de fuerzas en la negociación.

Pese a todo, seguimos sin un acuerdo decente que permita suspender esta huelga. Situación que, de nuevo, entra dentro de lo normal. Porque el tiempo es también un arma política. Es posible que el gobierno de la Generalitat trate de sostener el pulso con una mezcla de inmovilismo y guerra desinformativa a la espera de que el desgaste haga mella entre el cuerpo docente (es la táctica por la que parecen optar ahora). Otro escenario (en mi opinión, el más probable en los próximos días si somos capaces de persistir) es que se generen ciertas presiones internas en el PP y se proponga un acuerdo imperfecto, incompleto y, en muchos sentidos, ambiguo (en ningún caso Consellería dará un giro de 180 grados) que sí suponga algunos logros concretos y, al mismo tiempo, sirva de base para continuar otras batallas en mejores condiciones (no será fácil delimitar la frontera entre un buen acuerdo y una excesiva renuncia porque, en estas situaciones, las derrotas y los triunfos rara vez se presentan en forma pura).

En todo caso, sea cual sea el escenario en el que desemboquemos, las próximas jornadas serán duras porque, pasada la euforia inicial, aparecerán episodios de cansancio, duda y frustración. La normalidad presionará para intentar abrirse paso a través la fatiga, tampoco será fácil, en muchos momentos, diferenciar el éxito del fracaso y nos tocará reformular las tácticas con que mantener activa la movilización.

Por ello, debemos tener muy presente lo que ya hemos logrado: situar la defensa de la educación pública en el centro de la agenda y cohesionar a gran parte de la comunidad educativa en torno a esa demanda. Logros que servirán como punto de partida para lo mucho que nos queda por ganar. Porque esta huelga no es ninguna “batalla final”. Nunca hay tal cosa, sino una sucesión de luchas imperfectas que abren (o cierran) camino en un proceso que será necesariamente largo. Y lo estamos abriendo. Decía Gramsci —que pagó muy cara su defensa de la democracia—, que era necesario armarse de una “paciencia ilimitada, no pasiva, inerte, sino animada por la perseverancia”. Es una buena lección. En los días que vengan vamos a necesitar grandes dosis de estrategia y, sí, toda la paciencia y perseverancia del mundo. Porque, aunque no siempre lo podamos ver con claridad, ya estamos ganando. Pero habrá que perseverar.

Salvando las distancias, creo que un esquema similar opera en la Vega Baja a raíz de las inundaciones cuyo tercer aniversario acaba de cumplirse. Ciertamente, diferentes personas expertas explicaron el cóctel meteorológico que derivó en unas precipitaciones descomunales. Pero, al mismo tiempo, numerosas voces también alertaron de que la magnitud de la catástrofe no se podía explicar sin analizar factores vinculados a la realidad urbanística, agrícola o infraestructural del entorno. Dicho de otro modo: la gravedad de los daños por las inundaciones no se debía sólo a lo mucho que cayó del cielo, sino al desorden existente en el suelo. Y todo ello en un contexto de cambio climático que previsiblemente aumentará la frecuencia de fenómenos extremos.

Sin embargo, la nada sorprendente reacción de la mayor parte de élites políticas y económicas del sur valenciano consistió en “no mirar hacia abajo”. Su gran plan fue (y es) ignorar deliberadamente cualquier vínculo entre la (des)ordenación territorial de las últimas décadas y la catástrofe sufrida. En lugar de ello, optaron por discursos institucionales absolutamente vacíos que reducen el foco a la reivindicación de grandes infraestructuras hídricas que sirvan, en el mejor de los casos, para continuar alimentando las mismas lógicas irresponsables e insostenibles que son parte del problema.

Esta peligrosa actitud tuvo una de sus muchas escenificaciones en la apertura del Congreso Nacional del Agua el pasado 2020. El evento se abrió con los clásicos y tediosos discursos inaugurales a cargo de los dirigentes de turno (entre otros el del ya exalcalde de Orihuela, que hizo lo único que sabe y hace desde 2015: victimizarse ante otras instituciones que no gobierne su partido y mostrarse incapaz de asumir la más mínima responsabilidad o liderazgo). Tras ello, llegó el momento de intervinientes cuyo análisis sí resultaban de interés. Valga el ejemplo de Jorge Olcina, Catedrático de Análisis Geográfico Regional y destacado miembro de la comunidad científica en su campo, que apuntó dos ideas fundamentales. En cuanto a la ordenación del territorio señaló que era urgente cambiar la manera de entender y relacionarnos con el territorio, porque de poco servirían algunas de las grandes inversiones que se reclamaban si los Ayuntamientos no introducían cambios en sus políticas urbanísticas. Respecto a la sostenibilidad climática e hídrica, indicó que la realidad no sería favorable a transferencias de agua, por lo que se deberían plantear soluciones en y desde la propia comarca. Traducido a lógicas políticas el resultado es evidente: reducir la vulnerabilidad climática de la Vega Baja y encarar razonablemente las causas y consecuencias de las inundaciones pasaba (y pasa) por buscar alternativas a las bases del modelo socioeconómico vigente.

El único problema del discurso de Olcina es que, en esa ocasión, se dio ante un auditorio semivacío puesto que, acabadas las palabras de apertura del Congreso, buena parte de dirigentes políticos y empresariales escaparon velozmente del salón de actos. Ya saben, era el momento de posar en fotografías varias, estrechar manos que bien pueden engordar un contrato público y acariciar hombros de los que aceleran una modificación urbanística o promocionan el ansiado ascenso en el partido. Así que, mientras voces del mundo científico apuntaban la necesidad de abordar retos de enorme complejidad si queremos un futuro sostenible, justo y viable, buena parte de quienes tienen la capacidad de tomar decisiones en el territorio se entregaban a su clientelar rito de onanismo grupal.

Aunque anecdótico, el episodio ilustra un proceder generalizado en buena parte de sectores de Orihuela y la Vega Baja. Básicamente, llevamos tres años asistiendo a un debate superficial respecto a cifras, obras y anuncios supuestamente ejecutados o supuestamente pendientes de ejecutar. Sin embargo, los principales actores de este juego (el PP, el “ximismo” y los “lobbis” del ladrillo y el gran agronegocio) omiten deliberadamente la necesidad de “mirar hacia abajo”, hacia el suelo y su realidad. Porque ello supondría reconocer el problema que implica el tridente catastrófico del expansionismo urbanístico, la turistificación del territorio y los macronegocios agrícolas hiperintensivos, que son la gran y única fuente de enriquecimiento de los mediocres poderes económicos del lugar. Un modelo basado en salarios precarios, demandas hídricas insostenibles y que depreda el territorio haciéndonos más vulnerables ante la emergencia climática. Un modelo que, además, tapona otras iniciativas, sectores y vías para crear empleo de calidad mediante actividades respetuosas con los límites medioambientales.

Plantear, sea desde el ámbito político o empresarial, que el gran problema de la Vega Baja y el sur valenciano se reduce a una falta de infraestructuras que podrían estar ya realizadas, que puede haber un futuro digno y seguro sin cuestionar las políticas urbanísticas, agrícolas o turísticas vigentes implica, directamente, ser idiota o tomar a la gente como tal (en según qué sectores opera una mezcla de ambos elementos). No hay solución para nuestra comarca que no pase por cuestionar la agotada ficción de prosperidad y avanzar hacia una forma sostenible e inclusiva de crear riqueza. El talento, las ideas y las oportunidades existen. Falta la inundación democrática que arrase con las aspiraciones de quienes bloquean un futuro mejor.  

Ordenanza Municipal de Eibar, 1754

En 2018 se hacía público que el alcalde de Orihuela habría cobrado sin trabajar, durante 6 años, en una adscripción funcional en la Consellería de Sanidad. Situación que, por cierto, no podría entenderse sin su militancia histórica en el PP y su apoyo a las políticas de recortes de la Sanidad Pública durante aquellos años. La respuesta del Sr. Bascuñana pareció sacada de los más recientes manuales de estilo de las élites políticas españolas: lejos de ofrecer alguna explicación o indicio contrario a las informaciones, optó por adoptar un tono altanero y amenazante contra los sectores que demandaban explicaciones y, muy importante, confundir el ámbito de la responsabilidad judicial con la esfera de la responsabilidad política.

Hay una profunda trampa en esto último. En primer lugar, hay conductas perfectamente intolerables en el ámbito político que no tienen por qué constituir un ilícito penal. Además, la justicia no sólo es perfectamente falible (y corrompible), sino que su función es determinar una “verdad jurídica” que no agota la “verdad política”, por así decirlo. Valga el ejemplo del caso Brugal. Ningún análisis serio podría negar la corrupción generalizada que hubo en aquella trama. Sin embargo, buena parte de las personas encausadas fueron absueltas por razones fundamentalmente procesales (personas que, por cierto, fueron protegidas por Bascuñana desde la alcaldía). Hay algo que debe quedar claro: para que un dirigente reciba reproche penal por sus acciones debe haber un proceso judicial exquisitamente respetuoso con sus derechos que así lo decida. Pero para exigir responsabilidades políticas, las variables son otras. Por eso confundir una “petición de dimisión” con un “linchamiento” o una condena penal es algo profundamente ridículo, sólo posible en la subcultura señorial de quienes piensan que el poder les corresponde por naturaleza.

Dijimos en 2018 y repetimos hoy que, más allá de los avatares judiciales del alcalde de Orihuela, a la vista de su actitud soberbia, los indicios acumulados, las informaciones publicadas y contrastadas, la ausencia total de explicaciones e, incluso, los hechos tácitamente reconocidos (el portavoz del PP y mano derecha del Sr.Bascuñana, Rafael Almagro, reconoció, en una de sus habituales torpezas, que el alcalde recibió un descarado trato de favor en la Consellería de Sanidad cuando se le otorgó ese puesto), debía dimitir. En ese sentido, el inicio de la investigación judicial conocido esta semana no hace sino agravar, desde la esfera judicial, una situación que ya era insostenible en el campo político.

Sin embargo, el alcalde de Orihuela no deja de sorprender en su huida hacia delante y nos ha obsequiado con un particular matiz en su táctica de defensa. Ya no es sólo un “linchamiento”, ahora es, también, una persecución por ser “gente de bien”. Creo que la elección de esa fórmula (que reiteró hasta en dos ocasiones en menos de dos minutos), no es en absoluto casual. Hay en ella un hilo que conecta al alcalde de Orihuela con la Ordenanza Municipal del S. XVIII que citaba más arriba. Con esa versión estrecha, rancia y elitista de la democracia, promovida por quienes están acostumbrados a patrimonializar el Estado y confundir el interés general con el particular. Es la “gente de bien” (o de bienes), poseedora de un alma pura y bella, alejada de la fealdad e impureza del “populacho” y que no tiene que dar explicaciones ni rendir cuentas más que ante sí misma. Son los llamados a dirigir los destinos de un pueblo demasiado manipulable, veleidoso y corrupto como para entender el buen gobierno. Dirigentes encerrados en una peligrosa tautología —son gente de bien porque hacen lo correcto y hacen lo correcto porque son gente de bien— cuya impugnación no puede ser otra cosa que conspirar contra el orden natural de las cosas.

Fiscalizar la labor de un mandatario, publicar informaciones contrastadas que le afectan negativamente y, en su caso, pedir explicaciones o responsabilidades políticas, no es ninguna persecución, sino lo normal en cualquier escenario mínimamente democrático. Pero al alcalde de Orihuela no se le puede exigir nada de eso porque él es “gente de bien”. El resto somos otra cosa, supongo.

Yo no sé si el alcalde de Orihuela cometió un delito, eso deberá dirimirse en sede judicial, lo que sí parece evidente es que no ha estado a la altura en términos políticos. Por eso, debemos seguir trabajando para construir, cuanto antes, un Gobierno que no esté tutelado por la señorial obsesión de ser “gente de bien”, sino guiado por la defensa del bien de la gente. De la gente común. 

Siempre he tenido la sensación de que el mayor triunfo de la figura de Miguel Hernández es, también, su mayor riesgo. Este razonamiento no es especialmente innovador ni creativo. Sucede siempre en el ámbito de lo político: aquellas ideas, figuras, símbolos e identidades que más triunfan son, también, las que corren el mayor riesgo de ser pervertidas o, mejor dicho, reinterpretadas de formas radicalmente distintas e incluso contrarias a su espíritu original. Piensen en el término “democracia”, bajo el que intentan articularse opciones políticas con un relato radicalmente antagónico de lo que ésta significa, o en la figura del “Che Guevara”, de sujeto revolucionario a icono pop en chapas, camisetas, ornamentos y espacios comerciales.

La Memoria Democrática fue, sin duda, una de las grandes derrotadas en el proceso de Transición, algo evidente, habida cuenta de los conflictos que estamos viviendo hoy en España. Pero, en medio de esa derrota global, emergieron victorias parciales, grandes símbolos de la república y la democracia cuyo brillo y legitimidad no pudo ser plenamente sepultado en el olvido. Miguel Hernández es uno de esos ejemplos. Nadie, o nadie mínimamente sensato, se atreve hoy, tanto en España como Orihuela, a cuestionar su figura o criticar la necesidad de homenajearle y recordarle. Ni siquiera los partidos y espacios políticos más reaccionarios frente a la Memoria Histórica han osado enfrentarse a la figura del poeta oriolano, que goza de amplísima legitimidad dentro y fuera de su Orihuela natal.

Otro debate, claro está, es el precio de ese éxito: la calidad y cantidad de algunos de esos homenajes. Durante años, hemos asistido a continuos intentos de “esterilizar” o “limar” el significado histórico, político y social de Miguel Hernández. Hay quien ha intentado hacer de él menos “poeta del pueblo” y más “producto turístico”. Piensen en la cantidad de eventos, actos y productos que se hacen bajo el paraguas de “Hernandiano” y donde, a menudo, (no siempre, seamos justos) brillan por su ausencia las referencias al compromiso político del propio Miguel Hernández o a sus versos más explícitos. Los ejemplos son abundantes, pero permítanme citar brevemente dos de los más recientes. El año pasado, en el setenta y cinco aniversario de la muerte de nuestro poeta, hubo una gran densidad (e hipocresía) institucional al respecto. El alcalde de Orihuela, miembro de un partido contrario a la Memoria Histórica, hizo numerosos discursos en los que practicaba un continuo equilibrio para no aludir a las vinculaciones políticas de Miguel Hernández, mucho menos a los responsables de su muerte. De hecho, en un acto en el Instituto Cervantes, el primer edil oriolano decía que “Miguel Hernández es el poeta universal porque llega a todos (...) porque el corazón y los sentimientos no entienden de ideologías” (el problema es que el franquismo que encarceló al poeta y el antifascismo con el que éste se comprometió eran “ideologías”, y cuesta creer que ambos constructos sean igualmente interpelados por el poeta republicano). Otro tanto sucedió con el exministro Íñigo Méndez de Vigo, que ensalzaba “el mundo interior” de Miguel Hernández - “el exterior” es mucho más incómodo- , y en marzo del pasado año hablaba de una “trayectoria interrumpida por aquella dolorosa muerte” -quizá porque hablar de asesinato implica señalar culpables y, sobre todo, dolores individuales y colectivos por restaurar-.

No creo que la solución ante esto sea escandalizarse o, como propugnan algunos sectores, reclamar una suerte de “monopolio” ideológico sobre Miguel Hernández. Creo que eso sería, además de injusto, absolutamente ineficaz para los mismos objetivos que tenía el poeta oriolano: poner la riqueza al servicio de la gente común para que no hubiera “niños yunteros” ni jornales cobrados “al precio de la sangre”. No se trata de revindicar que los homenajes a Miguel Hernández se circunscriban y limiten a usar y ensalzar exactamente los mismos símbolos, palabras e identidades políticas con las que se comprometió nuestro poeta. De hecho, la realidad política que él conoció es, en muchos sentidos, radicalmente distinta a la que hoy conocemos, por lo que no tiene sentido responder a los retos actuales con los mismos elementos que se dieron ayer. El éxito de Miguel Hernández y su legado es, precisamente, su capacidad de desbordar los límites de algunas identidades políticas e interpelar a una mayoría social que puede no compartir parte de nuestros símbolos, pero sí la versión actualizada de los mismos anhelos de justicia, democracia y solidaridad expresados por el poeta de la Vega Baja.

Pero, a la vez, esa universalidad de nuestro poeta no puede ser la coartada con la que se acaben blanqueando y apropiando de él quienes hoy legitiman una suerte de reconstrucción de la peor tradición política española, la que utiliza “la Patria” contra la gente. Máxime ahora, cuando asistimos a una deriva extremista y xenófoba en todo el planeta y también en nuestro país. No creo (y sería un craso error hacer ese análisis) que estemos ante una simple repetición del fascismo. En pleno siglo XXI, los sujetos, discursos y banderas de esos movimientos difieren, mucho, del fascismo que combatió Miguel Hernández -por lo que sería bueno entender que a la gente demócrata nos toca, también, reinventar algunas de nuestras herramientas-. Pero eso no impide que haya un cierto paralelismo y continuidad histórica entre ambas tradiciones.

Por eso, hoy más que nunca debemos recuperar a Miguel Hernández como frontera, no para atrincherarnos hacia dentro, sino para ensancharnos y cercar a quienes defienden posiciones de odio que deben permanecer como minoritarias. Recordarlo y recuperarlo como dique de contención frente a la legitimación de las posiciones de intolerancia y exclusión herederas de aquellas contra las que combatió. Hoy, algunos de los sectores políticos que quieren homenajear a -y apropiarse de- Miguel Hernández, están, a la vez, reorientando sus discursos hacia posiciones más extremistas. Una contradicción que, con inteligencia, puede permitirnos mantener la iniciativa y no regalar ni un gramo de legitimidad a estas nuevas amenazas. Dicen que Miguel Hernández fue “poeta del pueblo”, cierto. Pero también lo quiso ser “de la nación” (o naciones). Fue el poeta que atisbó la pluralidad de nuestra tierra en sus “Vientos del Pueblo” o “Euzkadi”; en el que se adivina un patriotismo vinculado a la justicia social cuando nos recordaba que no podíamos permitir que las élites “se comieran” nuestra España; o que defendió la solidaridad de los pueblos en su homenaje a quienes “tienen un alma sin fronteras” en su Soldado Internacional caído en España. No, no es justo apropiarse de la memoria de nadie para justificar posiciones políticas hoy. Pero parece lógico reclamar que hay homenajes y recuerdos donde es necesario poner fronteras para que no quepa todo. En la España que recuerda a Miguel Hernández, el odio al extranjero o el enfrentamiento entre la gente común, no tiene cabida.

Carlos Bernabé Martínez es concejal de Cambiemos Orihuela.