<![CDATA[elDiario.es - Jesús Bonet]]> 10 <![CDATA[Yo creo en la Justicia]]> Lo digo desde la convicción de la absoluta necesidad que yo –y espero que todos- tengo de creer en ella. Y deseo proclamarlo así cuando, en momentos como los actuales, algunas de las personas encargadas de administrarla han dado a la ciudadanía –destinataria de aquella- motivos más que sobrados para todo lo contrario, para desconfiar de ella, poniendo en duda que se cumpla de verdad el contenido del art. 117 de nuestra Constitución, de que “La Justicia … se administra … por Jueces y Magistrados ... independientes...”, y a pesar de la desazón que determinadas decisiones provoquen en prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad.

Tiene particular significado esta proclama si se considera que la hace alguien que, trabajando en la órbita del Derecho desde hace más de 45 años –entonces despacho de mi padre-, ha visto, tenido y padecido situaciones de todos los colores en el marco de la Administración de Justicia; ha mostrado su incomprensión con decisiones jurisdiccionales; y desde el apasionamiento inherente a la defensa de los justiciables, haber palpado la inseguridad jurídica que generaba en aquellos determinados pronunciamientos de los Tribunales que no se alcanzaban a compartir.

Pero todo ello, y a pesar de todo, tiene que ser y seguir siendo compatible con una imprescindible confianza en la justicia, que se comprenderá si no abandonamos, entre otros muchos, tres fundamentos o razones para ello :

  • a) Nuestra Constitución de 1978 –que con todas las carencias e imperfecciones que se quiera, ha posibilitado una de las mayores épocas de convivencia civilizada y democrática de nuestra Historia- que en su artículo 1 declara a nuestro país como un “estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.la justicia Disponiendo (art. 117) que esa Justicia se administra, en nombre del Rey, por Jueces y Magistrados.
  • b) Que quienes integran esa Administración, aparte de estar en su gran mayoría excelentemente formadas y preparadas para su cometido, son en definitiva personas, seres como Vd. y como yo que, como Vd. y como yo, aciertan y se equivocan cuando toman decisiones, y para las que las propias Leyes, conscientes de ello, establecen mecanismos de revisión por el cauce de los recursos.
  • c) Y que, de ese Estado de Derecho, es precisamente su garantía última la Administración de Justicia, única a la que todos, hasta el Rey, pasando por los miembros del Gobierno y cualesquiera poderes y poderosos del Estado, quedamos inexorablemente sometidos.

Otra cosa es que, en su caso, en aras a perseguir la excelencia y desde la realidad de que todo es siempre mejorable, pudiéramos proceder a revisar los criterios de formación de Jueces y Magistrados y el acceso a esas plazas, sobre todo a los Tribunales de rango más elevado y a los de sus Órganos de Gobierno, limpiando los procesos de las impurezas de la intervención política en su camino; e inclusive, confrontando nuestros sistemas con los de otros de países de nuestro entorno que son diferentes.

Pero, en todo caso, sin dejar de confiar en una Administración de Justicia imprescindible; aunque en ocasiones los pronunciamientos de Jueces puedan ser imperfectos como todo quehacer humano, y con independencia de que nos puedan satisfacer en unos casos o hacer llorar en otros, también como todo actuar humano.

Vivir, en sí mismo, entraña permanentemente un riesgo; y cada acto de nuestro día a día, también. Y aunque lo deseable fuera que en cuestiones de “justicia” la seguridad fuera absoluta, es obvio que en nuestra vida diaria ese “absoluto” no existe: en la Administración de Justicia, por tanto y como actividad humana, tampoco.

Podríamos extender nuestras consideraciones mucho más allá. Pero, en todo caso, tengo la firme convicción de que no nos podemos permitir el lujo de la desconfianza en la Administración de Justicia: pondríamos en peligro nuestro propio Estado de Derecho, nuestra propia convivencia, nuestra supervivencia como sociedad pacífica y democrática.

*Jesús Bonet, abogado

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