Las mujeres cobran menos que los hombres por motivos varios. Primero, porque ocupan los puestos menos reconocidos socialmente y peor retribuidos, como consecuencia de un modelo de trabajo en el que el hombre ha sido el arquetipo y en el que las profesiones feminizadas siempre se han minusvalorado. Segundo, porque el número de horas que prestan servicios es en promedio inferior a las de los hombres, aunque solo en cuanto al nivel formal de la economía. Trabajan a tiempo parcial en mayor porcentaje y realizan menos horas extraordinarias, a causa de una distribución inequitativa de las obligaciones familiares. Tercero, porque las carreras profesionales femeninas se desarrollan con mayores interrupciones, obstáculos e impedimentos que las masculinas, de nuevo por razones que tienen que ver con consideraciones sociales injustas, pero demasiado enquistadas en la sociedad. Cuarto, por un gobierno patriarcal del mundo del trabajo, en el que ambas partes del conflicto social, empresa y representación colectiva de los trabajadores y trabajadoras, conciben las relaciones laborales como un mundo de desiguales en el que la promoción femenina es particularmente tortuosa. Y quinto, como resumen de todos los anteriores, porque los estereotipos de género que afectan a hombres y mujeres tienen una eficacia fundamental en las diferencias retributivas. Los modelos de convivencia han cambiado mucho en los últimos años, pero no tanto o no a la misma velocidad las relaciones de poder dentro de las empresas.

La diferencia retributiva –brecha- puede ser objeto de justificación para que no constituya discriminación, sin duda. Pero las justificaciones deben ser analizadas con rigor, porque en sí mismas incorporan muchas veces sesgos de género, que conducen, por ejemplo, al maltrato del trabajo a tiempo parcial, de los grupos profesionales compuestos mayoritariamente por trabajadoras o de las interrupciones por motivos de causas privadas o familiares. Tampoco la autonomía de las partes que negocian los convenios colectivos puede servir de patente de corso para negar una evidencia innegable: que las cláusulas convencionales están infestadas de discriminaciones indirectas.

No es casual que la brecha sea más amplia, en términos absolutos y porcentuales, en el ámbito de los trabajos mejor retribuidos. El menor control sindical de estos espacios, la más reducida transparencia y la especial relación de confianza con la empresa provocan una mayor desigualdad. Pero, en la base de la pirámide, las mujeres ocupan los puestos peor retribuidos, de tal forma que la discriminación numérica afecta más en este espacio de mayor precariedad económica. En este sentido, la subida del SMI a 950 euros constituye una buena noticia también en términos de mayor equidad de género.

Algunas de las reformas legales más recientes quieren atacar el problema de raíz. Contamos con una legislación más o menos adecuada ya años atrás, por lo menos desde 1994. Sin embargo, la brecha y la discriminación retributiva se han mantenido inmunes a los cambios legislativos. La Ley Orgánica de Igualdad afinó los mecanismos de respuesta, pero se ha visto que era necesario un nuevo impulso. Así se ha gestado la última norma importante, el RD-ley 6/2019, de 1 marzo, con tres medidas destinadas a tener gran impacto.

La primera de ellas consiste en definir con precisión cuándo un trabajo tiene igual valor que otro. Este ha sido uno de los grandes talones de Aquiles de la lucha contra la discriminación retributiva. Si hay segregación entre trabajos de hombres y de mujeres, es necesario resolver cuándo y por qué unos trabajos valen más que otros. Solo así será posible dar respuesta a la sobrevaloración de lo masculino y a la infravaloración de lo femenino.

La segunda versa sobre los planes de igualdad. Después de doce años de experiencia, se hacía necesario generalizarlos a empresas de más de cincuenta personas en plantilla y reforzarlos como instrumentos estratégicos que sirvieran de verdad en la persecución de la discriminación salarial. Solo así podrán contrarrestar unos convenios que, por desgracia, producen brecha retributiva, por cómo se negocian y también por cómo se aplican.

La tercera consiste en la novedosa herramienta de los registros salariales, que deben valer para que exista información y transparencia sobre la retribución desagregada por sexos y a lo largo de todo el sistema clasificatorio de trabajadores y trabajadoras. Que sea necesario justificar brechas superiores al 25 por 100 en empresas de 50 o más personas empleadas constituye un primer paso firme para que tales registros tengan utilidad transformadora.

Sin duda, el 2019 fue fructífero y transformador. Ahora hay que esperar el inminente desarrollo reglamentario del RD-ley 6/2019, que tiene que reforzar y redoblar el combate eficaz contra la discriminación retributiva. A la Generalitat de Valencia también nos corresponde una responsabilidad esencial, pues aplicar todo este acervo normativo con rigor, iniciativa y esfuerzo redundará en mayor justicia social y mejor coherencia colectiva.

El calendario electoral propició la decisión de no sucumbir a la precipitación en el desarrollo de los reglamentos previstos, sin disponer de tiempo suficiente para aglutinar los consensos necesarios. Ahora, constituido el nuevo Govern, es el momento oportuno para acometer el desafío, de forma que se cumplan las expectativas generadas.

El fomento de la Responsabilidad Social es hoy por hoy una de los instrumentos más efectivos de los que la Administración Pública se puede servir a la hora de generar un verdadero cambio en el modelo económico. Su propia naturaleza se sustenta en la asunción de compromisos orientados a obtener beneficios sociales. El propio concepto de responsabilidad social pone de manifiesto que es compatible el crecimiento empresarial con la mejora social.

Desde el Govern somos conscientes de la responsabilidad que asumimos para hacer efectiva esta ley. Sabemos que la norma afecta directamente al tejido económico de todo nuestro territorio y que de ella depende la capacidad de situar a las empresas valencianas en un punto de excelencia que nos haga ir un paso por delante y asumir el liderazgo de un modelo basado en la sostenibilidad y el empleo de calidad.

Esta ley es el instrumento idóneo para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, compromiso asumido por el conjunto de la sociedad valenciana. Su desarrollo reglamentario debe realizarse bajo unos patrones y una filosofía que garanticen su correcta aplicación y un buen resultado.

Para que así sea, solo existe un camino: apostar por el diálogo social. Una parte fundamental de dicho desarrollo es la confección de herramientas y procedimientos para la evaluación y verificación de la actividad de las empresas, que les permitirá obtener la calificación adecuada para integrarse en el registro de Entidades Socialmente Responsables. De la inclusión en este registro dependerá el acceso tanto a la contratación pública como a diversos beneficios fiscales y ayudas públicas.

Otro de los desarrollos que se prevé es la incorporación de cláusulas de responsabilidad social en la contratación y en las subvenciones del sector público valenciano; este reglamento definirá la dimensión social y medioambiental de las obras, servicios o suministros a realizar con las administraciones públicas, y afectará a las empresas tanto en la fase de selección de los contratistas, como en la adjudicación y ejecución.

Desde el punto de vista institucional, la Red de Territorios Socialmente Responsables es una red que pone de manifiesto la voluntad de esta ley de conferir protagonismo a los municipios en la definición e integración de las estrategias en esta materia, convirtiéndolos en los principales interlocutores con otras instituciones. La ley también prevé la creación del Consejo de Responsabilidad Social como el órgano colegiado en el que estarán representados tanto los agentes sociales como las administraciones públicas y organizaciones e instituciones reconocidas en este ámbito. Este órgano se ocupará de la promoción y asesoramiento en la programación de todas las políticas que la Generalitat ponga en marcha en materia de responsabilidad social.

En el marco del Consejo se diseñará el Plan Valenciano de Responsabilidad Social, un plan plurianual y coordinado con los planes estatales donde se fijarán los objetivos y actuaciones a llevar a cabo durante su vigencia, tal y como marca la ley. El éxito de una norma de esta naturaleza está directamente relacionado con el grado de compromiso que se logre por parte de todos los agentes implicados, y el Consejo constituye el espacio en el que alcanzar los consensos necesarios.

Desde el Govern queremos aprender de las experiencias existentes y tomar buena nota de ellas. No podemos replicar experiencias en las que la falta de participación ha tenido como resultado un avance tímido en la materia y máxime cuando estamos hablando de un campo fundamental para el desarrollo económico y social de un territorio. Hemos de avanzar de manera que el resultado de nuestro desarrollo reglamentario sea satisfactorio tanto por su contenido como por la forma de acometerlo, para ello necesitamos instrumentos eficaces, fruto de la concertación social.

Es una apuesta firme por situar el diálogo en el centro de las políticas públicas, principio que rige toda la acción del Botànic que, liderado por Ximo Puig, ha hecho de este la piedra angular del funcionamiento interno del Consell y de la acción de gobierno.

Desde esta Secretaria nos hemos marcado como objetivo que en la Comunidad Valenciana seamos pioneros y referentes para toda España en esta materia, fomentando la cooperación y el diálogo social, en la búsqueda de los mayores consensos posibles para que esta legislatura sea también la legislatura de la Responsabilidad Social.

En los últimos años, hemos asistido a un incremento de la implicación de las valencianas y valencianos en la política y un creciente interés por aquello que hacen los gestores públicos. Una cultura participativa y una sociedad civil organizada son manifestaciones de cohesión social y de igualdad, por lo que el acceso a la información pública de la ciudadanía y su participación en la construcción de políticas públicas son muestras de salud democrática.

Siempre me ha interesado cómo podemos hacer que más personas puedan tener una participación activa en los asuntos públicos. Porque una ciudadanía activa, madura y bien informada requiere la participación tanto en el diseño de las políticas públicas como en la actividad de la Administración, y de esta manera puede exigir la responsabilidad a sus gobernantes. El empoderamiento de la ciudadanía fortalece la democracia y colabora en la mejora de su vida, que es la finalidad de todo buen gobierno.

Las políticas del Consell del Botànic se refuerzan en la medida que se afianzan en la Comunitat Valenciana prácticas vinculadas a la participación ciudadana, la responsabilidad social, la transparencia y al código de Buen Gobierno. Una nueva forma de concebir las relaciones Estado-Sociedad del siglo XXI, que se inspira en el Memorando de Gobierno Abierto de Barack Obama, cuyo objetivo es aumentar la confianza de las y los ciudadanos en las instituciones democráticas.

Esta labor se enmarca en el objetivo de consolidación de un modelo de administración pública avanzado y al servicio de la sociedad valenciana. Una administración más cercana a las personas, que mire al futuro y que conciba los procesos de construcción participativa como una excelente oportunidad para trabajar por una sociedad más igualitaria e inclusiva.

En este contexto se sitúa el Anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto, en el que desde la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación llevamos tiempo trabajando, y que este viernes fue aprobado por el Consell, paso previo a convertirse en Proyecto de Ley e iniciar el trámite parlamentario.

Es cierto que el concepto de Gobierno Abierto no es nuevo entre nosotros. Ya se encontraba regulado en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, una norma aprobada semanas previas a la finalización de la legislatura pasada y que continúa vigente, pero que ofrece una regulación desigual e incompleta. Tras tres años de gobierno, la norma que se propone es el fruto de la experiencia y del trabajo desarrollado.

La voluntad del Consell ha sido la de llevar las exigencias de transparencia al corazón mismo de sus políticas. Este Anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto procura dar respuesta a los requerimientos del nuevo escenario: ciudadanos cada vez más exigentes y conscientes que, en un contexto de digitalización creciente, pretenden establecer una relación más cercana con sus representantes. Podemos enorgullecernos de que, durante estos tres años de legislatura, nuestras iniciativas políticas se han convertido en referencia para otros gobiernos del territorio español.

Se ha realizado un esfuerzo ímprobo que quizá no hubiese sido necesario de no haber sido por la herencia que el Consell se encontró al inicio de su andadura. En cualquier caso, debemos buscar la parte positiva de todo ello: esta situación ha propiciado la creación de una arquitectura institucional que ha puesto el diálogo con la sociedad en el centro de la política valenciana y la construcción de un modelo de gobierno abierto como meta a alcanzar.

Este es todavía un camino inacabado, por el que queremos seguir transitando, haciendo frente a los retos que ya intuimos que nos depara el futuro. Pero, en cualquier caso, instrumentos como la participación ciudadana, el asociacionismo, la transparencia, el perfeccionamiento de los mecanismos de rendición de cuentas… en definitiva, el buen gobierno, seguirán siendo motores de nuestra actividad, puesto que los viejos esquemas de la política a puerta cerrada han dejado paso a formas abiertas de relación entre ciudadanas e instituciones y a una nueva cultura democrática que ya no tiene vuelta atrás.

Belén Cardona es secretaria autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana.