Este suceso puede parecer algo anecdótico, pero es más bien sintomático. Síntoma de que el otro virus, el del fascismo, ha pasado de su estado latente (siempre estuvo ahí, en relación simbiótica con el Partido Popular) a un estado manifiesto. Y, al igual que con el coronavirus, es responsabilidad de todos combatirlo y erradicarlo.

Ocurre que estos sucesos, y las actitudes que ponen de manifiesto, estaban hasta hace poco latentes. Esas actitudes fascistas, machistas y xenófobas, y sus expresiones, siempre estuvieron ahí, pero tenían lugar en la más estricta intimidad. Existía un nítido rechazo social a las mismas, y quienes compartían este ideario reaccionario lo sabían, y por ello callaban, no tenían cabida en el espacio público. Y en esas que llegó VOX, como un fenómeno disfrazado de antipolítica (en realidad, neoliberalismo faltón) en momentos políticos convulsos, con una línea comunicativa pegada al exabrupto que dio sus frutos en las urnas. Sucedió porque, quienes hasta el momento callaban e introducían la papeleta del Partido Popular cada cuatro años en las urnas, vieron en los de Abascal la legitimación en el espacio público de esas actitudes reaccionarias y restringidas hasta entonces al ámbito privado. Y salieron a votar. Y ya con representación institucional, se decidieron a salir del armario. A exhibir esas actitudes reaccionarias en público.

Ante esto, aunque sin entrar en profundidad a dirimir responsabilidades en el pasado, no está de más señalar la irresponsabilidad de unos medios de comunicación que abrieron sus platós y normalizaron discursos que no tendrían cabida en ningún medio de comunicación serio en las democracias homologables de nuestro entorno. Tomemos nota de cara al futuro, la función social que cumplen los medios es antagónica a las actitudes fascistas, machistas y xenófobas. Y harían bien no “blanquear” a la extrema derecha y su discurso, aunque sea por puro corporativismo: si llegasen a tocar gobierno cercenarían la libertad de prensa, no tengan duda.

Quizá resulte más interesante pensar qué hacer frente a estas actitudes de cara al futuro. Sencillo, imponer de nuevo el rechazo social. Y nótese el “de nuevo”. Pareciera que, con la llegada de la extrema derecha a las instituciones, su discurso de odio hubiese cobrado legitimidad y que ahora seamos los demócratas los que debemos callar ante la infamia. Nada más lejos de la realidad. Al contrario, hoy más que nunca toca combatir este otro virus, el del fascismo, en el espacio público. Debemos retomar esos automatismos de unos meses atrás y, ante sucesos como el que arrancaba el artículo, afear las actitudes reaccionarias y combatirlas con argumentos. Porque estamos del lado bueno de la historia, y de la moral. Recordarles que los derechos y libertades que pelearon nuestros abuelos y padres durante la dictadura y la Transición, sirvieron para sentar las bases del progreso social y económico. Que las mujeres son libres e iguales a los hombres, y que la violencia machista, la brecha salarial o el techo de cristal son una lacra social derivada de un patriarcado que va a caer, más pronto que tarde. Que nuestras hijas e hijos deben ser educados en los valores de libertad, justicia e igualdad que promulga nuestra Constitución, para que después puedan decidir qué quieren ser y hacer. Que la diversidad racial y cultural es una riqueza que nos brinda nuevas oportunidades y nos hace mejores. En definitiva, recordarles que este país mira al futuro y no va a retroceder al siglo XIX. Ni un paso atrás.

Y no menos importante, este otro virus, el del fascismo, se combate de igual forma que el coronavirus. Para aislar el virus, además de apelar a la responsabilidad individual, debemos apelar a la responsabilidad política. El coronavirus pone de manifiesto que los recortes de lo público, concretamente en la Sanidad, y el austeritarismo, son disfuncionales al progreso. El neoliberalismo y su mano invisible nos deja indefensos frente a cualquier crisis, es la antítesis de la seguridad. El coronavirus está colapsando nuestra Sanidad (recortada) y la economía (desregulada), y todo apunta a que lastrará el progreso social y económico en forma de crisis. Sólo con un Estado fuerte, que apueste por las políticas sociales y los servicios públicos como primera línea de defensa de lo común, podremos hacer frente a los retos del futuro, ya sean en materia de salud, medioambientales o económicos. Y este antídoto sirve también para hacer frente al virus del fascismo, ese que se propaga cuando las sociedades se tambalean y entran en crisis, cuando las clases populares pagan en sus carnes los excesos del mercado y la ausencia de un Estado fuerte que las proteja.

Frente al otro virus, el del fascismo, y frente al coronavirus: Estado social, políticas y derechos sociales, servicios públicos y políticas económicas para las mayorías.

Entendemos que las desigualdades sociales y la exclusión de familias trabajadoras a quienes se les cierran las puertas del bienestar hace necesario intensificar la defensa de los derechos más básicos como el de acceso a una vivienda digna.

Lamentablemente mientras no se alteren las reglas del juego en la desigual relación entre hipotecados sobreendeudados y banca, se mantendrá la lacra de los desahucios.

Lo que es igualmente alarmante es la ausencia de una red de seguridad pública. La falta de interés por crear un parque público de alquiler suficiente hace imposible que una familia que no pueda cumplir sus obligaciones con la banca y se vea en una situación de desahucio pueda ser realojada, al menos temporalmente, en una vivienda pública.

Seguimos en una situación de emergencia habitacional en Canarias, agravada además con el auge del alquiler vacacional debido a la popularización de su explotación a través de las nuevas tecnologías. Así, si no alteramos los desequilibrios de poder entre banca, ciudadanía y administraciones públicas, las entidades seguirán desahuciando y las personas con menos recursos seguirán siendo desahuciadas.

Actualmente en Canarias carecemos de una política de vivienda adecuada, los presupuestos públicos de vivienda son míseros, se han cerrado empresas, no se ha creado parque, además de que no se han afianzado alianzas con el tercer sector, ni con las entidades bancarias, ni con los colectivos defensores del derecho a la vivienda digna.

Si el problema de vivienda fuese un paciente con una grave enfermedad, el Gobierno de Canarias como médico, en vez de operarle de urgencia le subvencionaría una cómoda gama de ataúdes.

Sigue habiendo un inmenso número de vivienda vacía en manos de la banca esperando, especulando para seguir haciendo caja a costa del sufrimiento de la población y con la complicidad de unas administraciones insensibles e ineficaces.

Es urgente la toma de medidas concretas que supongan cambios drásticos en beneficio de la población: la puesta en el mercado de la vivienda vacía, el blindaje de alquileres asequibles, la rehabilitación y la provisión de vivienda barata. Para lograr estas medidas es necesario un importante compromiso de recursos públicos, lo que significaría un aumento de la presión fiscal a los que más tienen, una decidida apuesta contra el fraude y una indudable mejora en la gestión.

Nuestra apuesta decidida además pasa por impulsar una Comisión Parlamentaria autonómica que analice, de forma global, la problemática del derecho a la vivienda junto con colectivos ciudadanos; además de la creación de una Empresa Pública de Energía para, entre otras cosas, garantizar el suministro a personas y familias vulnerables, en consonancia con nuestra idea de que una vivienda no supone solo un techo sino que lo entendemos como un concepto más amplio que incluya la garantía de suministros esenciales.

Nos encontramos ante un problema que por sus dramáticas consecuencias sobre la población y por el creciente número de afectados demanda medidas valientes que supongan una postura firme de las instituciones en beneficio de la ciudadanía. Para lograr esto debemos apostar por poner al frente de las administraciones un equipo que combine experiencia con la empatía necesaria para mantenerse sólido en tan importante objetivo.