Mientras que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido afrontar el grave problema de movilidad y contaminación que padecemos con el Plan A de Calidad del Aire, la Comunidad de Madrid ignora ambos problemas que afectan a toda nuestra región, judicializando además las medidas adoptadas.

La polémica generada en torno a las políticas de restricción de los vehículos más contaminantes tiene dos ejes fundamentales: que la derecha pretende perpetuar un modelo de movilidad y urbanismo tremendamente perjudicial para la salud, y que es imprescindible abordar un cambio radical de los mismos.

Desde Izquierda Unida llevamos años defendiendo políticas de reequilibrio territorial que, en ningún caso deben consistir en parches que jamás tendrían capacidad de solucionar los problemas históricos de vivienda, de dotaciones públicas o de reestructuración de nuestros barrios y pueblos del sur de la región. Deben ir encaminadas, de manera directa, a atajar los efectos negativos de  un modelo productivo que ha convertido en ciudades dormitorio los municipios del sur y los ha hecho totalmente dependientes de los municipios del norte y del centro de la ciudad que acumula la oferta de empleo, ocio y dotacional. Es justo aquí donde movilidad, desarrollo productivo y urbanismo se entrelazan.

El distrito Centro de Madrid es uno de los mejores comunicados por transporte público, coche o moto compartidos o sistema de bicicleta pública. Nadie puede negar que existen múltiples formas de movilidad sostenible en esa zona, y por eso es evidente que se puede abordar desde ahí la transformación de nuestra región. Por eso, el modelo adoptado en Madrid Central deberá ampliarse y trasladarse a otras zonas de la ciudad y municipios para consolidar un modelo sostenible, saludable y equilibrado en toda la región madrileña.

No se puede eludir la responsabilidad que desde las Administraciones Públicas tenemos a la hora de abordar el grave problema de salud que ocasionan las emisiones de los vehículos contaminantes. Únicamente en la Comunidad de Madrid se producen casi 3.000 muertes prematuras al año por la contaminación asociada a esos vehículos. Madrid Central supone un paso imprescindible a la hora de atajar certeramente esta ineludible realidad.

Además, es inaplazable abandonar una visión únicamente economicista del urbanismo, la movilidad y el modelo productivo para incorporar la sostenibilidad como elemento central que subordine la rentabilidad puramente monetaria, hasta ahora eje fundamental, a la búsqueda de un un modelo de región respetuoso con el medio y que ponga en el centro el uso eficiente y responsable de los recursos que, no debemos olvidar, son finitos.

Esta visión nos enfrenta al modelo que la derecha nos brinda y que pone por delante los intereses individuales a los colectivos.

Que no les lleven a engaño. Es posible un Madrid en el que se aborden los desequilibrios territoriales que sufre fundamentalmente el sur de nuestra comunidad. Y para eso ganar la batalla de la movilidad es clave. Para ello todos los municipios deben avanzar hacia la puesta en marcha de modelos que favorezcan la movilidad en transporte público, bicicleta y a pie, reduciendo los desplazamientos que se realizan en vehículo privado. Y eso requiere de una apuesta decidida del Ministerio de Fomento y de la Comunidad de Madrid para fomentar y potenciar el transporte público y revertir la deriva de la red regional de cercanías explotada por Renfe que paga la carencia de inversiones con retrasos continuos provocados por las averías. No olvidemos que ese impulso es una opción positiva en términos de clase pues el gasto público de las administraciones no es otra cosa que salario indirecto para trabajadoras y trabajadores.

Seguramente este análisis hace más fácil comprender el ataque frontal que están recibiendo medidas como la impulsada por el Ayuntamiento de Madrid por parte de la derecha política y económica.

Por eso hay que decir alto y claro que es momento de plantarse. Ni un paso atrás porque solo la audacia a la hora de abordar la movilidad nos podrá hacer recuperar el tiempo perdido en mandatos pasados por quienes han gestionado de manera penosa el transporte público de la Comunidad de Madrid.