Este martes viviremos un nuevo 20N lleno de nostalgia y exaltación JoseAntoniana y Franquista. Por lo que ya hemos visto este fin de semana, incluidas agresiones a varias activistas de Femen, la exhibición será mayor que otras veces, en lo que parece una muestra estertórea ante la exhumación inminente de los restos del dictador. 

Esto que pasará este martes en nuestro país quizá acapare algo más de atención ante la incipiente preocupación por los despertares de un neofascismo (al que le sobra el prefijo) ya que en España no es nada nuevo, sino más bien un ligero remodelado con el lenguaje modernizado de los mismos nostálgicos que hoy mostraran la bandera vigente en la dictadura, “la del pollo”.

Las ceremonias en recuerdo y honor del dictador y del fundador de la falange, la caminata nocturna y las reacciones exacerbadas ante la desaparición de simbología fascista en los espacios públicos -que alcanza su zénit con la retirada de los restos de Franco del mausoleo construido con trabajo esclavo en el Valle de Cuelgamuros- están normalizadas en nuestro país, estamos acostumbrados a verlas año tras año desde el 20 de noviembre de 1975. 

Sin embargo, fuera de nuestras fronteras suponen un anacronismo difícil de entender. Más allá de los Pirineos y los mares que nos rodean, en lugares desde los que vinieron hombres y mujeres a nuestro país para luchar contra el fascismo y donde nos celebran y conmemoran como el pueblo que participó de forma esencial para dar uno de los golpes definitivos al nazismo en la liberación de París,  somos considerados una anomalía democrática.

Fuera de aquí no hay dos bandos, ni equidistancia, ni dobles raseros. Fuera de aquí hay un orden democrático que fue violentado por un golpe de Estado, una guerra sangrienta y una dictadura genocida. Fuera de aquí no hay ningún tipo de confusión entre demócratas y fascistas. 

Hay expertos y expertas que explican esta diferencia como consecuencia del intenso trabajo de construcción de memoria que se realizó durante el Franquismo y que llega a nuestros días a través del “atado y bien atado” traducido en los pactos de silencio y equidistancia de un periodo transicional que parece eternamente inconcluso. 

Por eso quizás sea normal aquí lo que fuera no lo es, como que el Estado de nuestro país haya permanecido de perfil ante los Derechos Humanos y los tratados internacionales que hemos adquirido, como si fuesen algo opcional y no de obligado cumplimiento. 

Es además inexplicable en términos democráticos que algunos de los que se autodenominan constitucionalistas ignoren el contenido del artículo 10.2 de la Constitución Española que obliga a su interpretación conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por nuestro país. Es decir también es derecho interno, tal y como nos recordó recientemente, una vez más, el relator especial de la ONU Fabian Salvioli. 

Y es que la UE y la ONU han reclamado a nuestro país el obligado cumplimiento de estas normas en innumerables ocasiones. Incluso con informes que concretan los incumplimientos que generan los déficits democráticos más preocupantes, como la falta de responsabilidad del Estado en la exhumación de desaparecidos en el segundo país del mundo con mayor cantidad de los mismos o la anulación de sentencias y otras ordenes franquistas aún vigentes hoy en día. La falta de formación en este tipo de Derechos Humanos en la función pública, judicatura y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o la privación de efecto de la mal llamada Ley de Amnistía, son también requeridos en estos toques de atención. 

Se incluye además en las resoluciones de la ONU la retirada de simbología franquista y fascista incluido aquello parece estar levantando tanto revuelo y dando minutos de televisión a los nostálgicos de la dictadura: la exhumación del dictador y la resignificación de la mayor fosa común del país: El Valle de los Caídos. 

Ante esta acción del Estado de obligado cumplimiento y de absoluta necesidad por higiene democrática, lo normal es que no hubiese habido resistencias. En otros lugares los dictadores están en lugares ignotos, privados o en una urna en manos de sus familiares. 

La familia Franco podía haberse comportando con amplitud de miras, entender que los Derechos Humanos son fundamentales y que están por encima de otros derechos particulares. Entender que el tratamiento de los restos de un dictador supera su ámbito familiar, comprender que la salud democrática de una sociedad es importante y sencillamente depositar los restos de su familiar, con dignidad y discreción, en un lugar privado donde no generen un problema. No era tan difícil. 

La familia Franco ha desaprovechado la oportunidad de mostrar una mísera parte de la comprensión que la sociedad española ha mostrado con ellos. No parece ser suficiente para despertar su “generosidad” tener la oportunidad de inhumar dignamente a su familiar, mientras esa oportunidad les es negada aún hoy a 114.000 familias que no tienen un lugar donde depositar una lágrima o una flor. 

Y en su lugar ha decidido dar la batalla, enalteciendo el franquismo, desafiando al Estado con la amenaza de montar un centro de peregrinaje fascista en plena capital de nuestro país y pretendiendo humillar, una vez más, a las víctimas del dictador y a la sociedad española exigiendo funerales de Jefe de Estado. 

Así hoy en España hay una familia que está sosteniendo un pulso con el Gobierno del Estado. Una familia que no es ni más ni menos que ninguna otra de nuestro país y que sin embargo actúa como si gozase de privilegios e impunidad no concebibles para ninguna familia en democracia, a excepción por Ley de la familia real, pero ese es otro debate. 

Y digo hoy -no hace ni cuarenta ni ochenta años- esto pasa en España hoy. Y no se trata ni de reabrir heridas, ni de reconciliaciones, venganzas o perdones. Eso pertenece al ámbito personal de cada cual. Se trata de que si una familia puede poner hoy en jaque a un Estado, ese Estado tiene un problema democrático. 

Seguro que el Gobierno lo podía haber hecho mucho mejor, pero con esta actitud no le dejan otra alternativa que ser contundente. Por responsabilidad y salud democrática no le queda elección. Si la familia quiere los restos en un lugar público, incluida la Almudena, ese lugar deberá ser cerrado por el Estado porque así lo dicta el Derecho Internacional que nuestra Constitución hace interno. Por muchas largas que el Partido Popular y Ciudadanos intenten darle a su connivencia con la situación, prolongando la presentación de enmiendas a la Ley de Memoria una y otra vez en un uso torticero y perverso de la normativa parlamentaria. 

Desprenderse de privilegios siempre genera resistencias, pero la familia del dictador y los nostálgicos tienen que entender que su tiempo de gloria pasó. Mientras ellos se anclan al pasado, la sociedad española evoluciona y lo mira para entender su presente y obtener mejores garantías de futuro. Está preparada para exhumar no solo a Franco sino al franquismo y no va a consentir que las resistencias antidemocráticas de unos pocos vayan más allá de estos los de hoy, sus últimos estertores.

Tal día como hoy un 6 de noviembre de 1933 el Presidente de la II República Niceto Alcalá Zamora inauguró, además de otros siete colegios en Madrid, el Grupo Escolar 14 de Abril, actual Calvo Sotelo. Una denominación, la de ahora, inimaginable en aquel momento, cuando eligieron un nombre mucho menos personalista a petición del propio Presidente, ya que la intención inicial era llamarlo Alcalá Zamora. Pues bien, 85 años después de aquella democracia truncada por un sangriento golpe militar, el nombre de este histórico centro de enseñanza sigue dando de qué hablar. 

Lo que vino después de esa inauguración, que encajaba en una decidida apuesta por la enseñanza pública, lo sabemos: una guerra terrible, predecesora del horror que ocuparía el resto del continente y ultramar, a la que se sumaron cuarenta años de dictadura. En ella se impuso legislación propia, parte de la cual nos trae al caso de este artículo. 

Me refiero a una Orden Ministerial emitida del 20 de abril de 1939 que ordena el cambio de nombres de 16 colegios de Madrid entre los que se encuentra el 14 de abril, “por nombres insignes de una significada representación de los mártires de nuestra Cruzada” cuya vigencia el Partido Popular de la Comunidad de Madrid pretende seguir prolongando por una cuestión de gusto o disgusto más bien, respecto al nombre original, a pesar de que dicha razón no es válida en democracia, o al menos no debería serlo.

No cabe otra interpretación tras la contestación del Consejero Van Grieken a pregunta del vecindario y de  asociaciones a la que puse voz hace unos días en la Asamblea de Madrid. 

Dicha pregunta versaba sobre la petición de restitución del nombre original del colegio, que en el marco de la Ley de Memoria Histórica solicita el Consejo Escolar por mayoría democrática, contando con la aprobación de la Junta Municipal de Retiro, distrito en el que se encuentra el colegio, siendo ambos los requisitos exigibles por la Comunidad de Madrid para tales casos. 

Y no nos deja otra el señor Van Grieken porque se da la paradoja de que con anterioridad se produjo una solicitud exactamente igual para la restitución del nombre original del colegio General Mola, con misma motivación y cumpliendo mismos requisitos, esta vez la Junta lo aprobó a petición del Partido Popular y fue concedida por el Gobierno regional del mismo signo político, sin ningún tipo de problema. 

Nos deja atónitos el señor Consejero cuando justifica su negativa en que no considera suficientes una mayoría de siete frente a cinco en el Consejo Escolar, o que “sólo” voten a favor los dos grupos que componen mayoría en la Junta Municipal. No puedo dejar de aprovechar este escrito para recordar a Van Grieken que en la Asamblea de Madrid con “sólo” los votos de dos grupos y un escaño de diferencia Partido Popular y Ciudadanos aprueban infinidad de propuestas y leyes. Así es la democracia. 

Del mismo modo nos dejó el argumento al que recurrió por el que estimaba -en base a un informe de inspección educativa- que se podría generar conflicto. ¿Acaso entiende la inspección educativa o el propio Consejero que la comunidad escolar no está capacitada para aceptar una decisión democrática? ¿No es más probable que se genere inestabilidad cuando no se llevan a término las decisiones del Consejo Escolar que representa a dicha comunidad? Pero voy más allá: ¿de verdad existe un informe de inspección escolar en esos términos? A Podemos nos resulta un tanto surrealista, así que lo hemos solicitado, para salir de dudas. 

Y usaría el emoticono con la cara perpleja para expresar cómo me quedo cuando el señor Van Grieken dice que a él no tiene que preocuparle el nombre del colegio, y que esto nada tiene que ver con la educación. A lo primero le digo que es una falsedad evidente, puesto que si no le preocupara el nombre del colegio ya estaría cambiado. Y a lo segundo le digo que mantener preceptos franquistas e ignorar este trabajo de memoria y dignificación de la democracia, que debería estar haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid y que está haciendo la sociedad civil en su lugar, tiene mucho, pero mucho que ver con la educación, pero esto tampoco lo desconoce el señor Van Grieken. 

La propia ONU o la UE han enviado en numerosas ocasiones resoluciones vergonzantes a nuestro país, pues nos consideran una “anomalía democrática” por cuestiones como esta, que incide en mantener vigentes los efectos de las disposiciones de la dictadura. 

El vecindario, las asociaciones y la comunidad educativa llevan mucho tiempo trabajando por esta restitución, y no se van a rendir con esta decisión porque es arbitraria, discriminatoria, antidemocrática e injusta. Esta tarde volverán a reivindicarlo en la conmemoración el ochenta y cinco aniversario de la inauguración de un colegio que quiere recuperar su verdadero y legítimo nombre. Lo harán con un homenaje a las maestras cuya purga organizo el mismo hombre que firma la orden ministerial del cambio de nombres objeto de este artículo. Lo expresó con extraordinaria claridad uno de los actuales docentes del centro en una declaración publicada en El País: “El Partido Popular tiene aquí una ocasión de oro para demostrar si postula los valores cívicos democráticos o si perpetúa las concepciones franquistas”. 

Hoy ya podemos ver en la respuesta en Pleno hacia cuál de estas posturas se ha inclinado el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Al que vuelvo a pedir desde aquí que cambie de actitud. Es incomprensible en los tiempos que corren que el Partido Popular pierda, con acciones como ésta, cada oportunidad que se le presenta para desvincularse del franquismo.

Estoy convencida de que si fuese casi cualquier otro nombre y no 14 de abril la restitución ya se habría realizado. Creo que una fecha histórica, que refleja el inicio del establecimiento de bases realmente democráticas por primera vez en nuestro país, no debería molestar a ningún demócrata, pero para gustos los colores. 

Y ante gustos y colores, normas que la sociedad civil, el vecindario de Retiro y la comunidad educativa han cumplido. Ahora toca al Gobierno de la Comunidad de Madrid hacer su parte ya que en democracia no deberíamos depender todos y todas ni de sus gustos ni de sus colores.