El hecho. Foto acreditativa de la firma de un Acuerdo entre los señores González y Bolaños (Bolaños y González, para que nadie se moleste), ambos diputados de las Cortes españolas, en presencia sonriente de la vicepresidenta de la Comisión Europea, señora Vera Jourova.

El mensaje. Que dos parlamentarios españoles, representativos de los dos partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados de España, hayan necesitado la mediación de un miembro del gobierno europeo dice poco de la confianza que nuestros representantes políticos tienen en el órgano donde se residencia el poder legislativo de nuestro país, lugar de encuentro, deliberación y acuerdos; excluye el valor de la confianza en cualquier otra persona o institución de nuestro país que pudiera haber completado su incapacidad para llegar a acuerdos; y transmite a la ciudadanía la preocupación por el buen funcionamiento del sistema parlamentario y de la democracia misma.

Las consecuencias. No cabe duda de que era imprescindible proceder a la renovación de los miembros del órgano de gobierno de otro Poder del Estado, el judicial, después de más de cinco años de demora, únicamente debida a la imprevisión legal de un sistema automático de sustitución dentro del plazo del mandato que la Constitución exige y a la incapacidad de quienes no quisieron utilizar todos los mecanismos que la legislación les permitía.

Sin embargo, la extensión de tales consecuencias es mayor cuando en el modelo de negociación y acuerdo utilizado se desprecia la capacidad de los congresistas y senadores para seleccionar a las personas más capacitadas del universo judicial, con desconocimiento de las razones y, sobre todo, de los perfiles y programas que el presumible nuevo órgano de Gobierno de los jueces pueda alcanzar. Parece razonable que se sustente en las aportaciones técnicas, experiencia profesional y habilidades personales de quiénes lo conforman. Nada de eso aparece recogido en el acuerdo cerrado de selección y nada parece que interesará en la comparecencia ante las Cámaras, pues también se ha anunciado la imposibilidad de veto a cualquier candidatura.

A su vez, difícilmente podrá reclamarse mayor confianza ciudadana en el buen funcionamiento del Parlamento, hospedería de la soberanía popular, cuando se evidencia con tal modo de proceder que poco importan las representatividades sustentadas en las mejores capacidades frente a la seducción gestada en las asociaciones de cabecera (Elisa Beni dixit) por los grupos políticos seleccionadores.

En cualquier caso, vamos a tener la fortuna de disponer por primera vez en la historia del Gobierno del Poder Judicial de unos vocales europeos, felicidades, ya que, como se sabe, los jueces de este país también somos jueces ordinarios del derecho comunitario.

La aspiración. Es mi deseo más profundo, que seguro comparten muchos ciudadanos, que el nuevo Consejo asuma y resuelva tres problemas especialmente sensibles para la mejora de la justicia, que tienen que ver con el refuerzo de los elementos que configuran un servicio judicial eficiente y responsable; el sistema de selección y formación de quienes aspiren a servir y pacificar a la ciudadanía solo a través de la aplicación de la ley, y el impulso de la reforma en profundidad de procedimientos inacabables, del funcionamiento leal del órgano de gobierno, y de la objetivación de criterios para los nombramientos discrecionales. Con ello se refuerza la confianza ciudadana y se valoriza el trabajo y compromiso moral de sus servidores.

Una foto vale más que mil palabras. Según la información de casi todos los medios de comunicación de este país, unos 800 jueces y magistrados de Sevilla, Jaén, Córdoba, Cádiz, Huelva y Salamanca salieron a las puertas de los edificios judiciales, provistos de sus atributos –las togas, las puñetas, los escudos y las medallas recibidas–, a protestar por un anuncio de ley, es decir, una res nullius –permítaseme la analogía–, que hipotéticamente iba a tener consecuencias para el desempeño de su poder.

Una vez presentada la Proposición de ley y producido el recorrido parlamentario que nuestra legislación prevé hasta su eventual aprobación (deliberaciones, acuerdos, recursos de constitucionalidad), quedará en manos de los jueces ordinarios la competencia para presentar cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y casualmente les corresponderá pronunciarse a todos aquellos que, revestidos de jurisdicción, entiendan que la ley ya en vigor atente contra las prescripciones o los valores que la Constitución asigna a todos los ciudadanos.

Esta reflexión no quiere tener nada que ver con la bondad o perversidad que pueda atribuirse en su momento al texto legal que las Cortes Generales puedan llegar a aprobar. Por cierto, la mayor parte de los “amotinados”, en expresión de Martín Pallín, convivieron con la amnistía que el artículo 112 del Código Penal reconocía, hasta mayo de 1996, como causa de extinción de la pena y sus efectos. 

Esta reflexión tiene que ver precisamente con la división de poderes que los mismos manifestantes dicen defender. Poca legitimidad pueden tener quienes, al amparo de la protección del poder que el Estado democrático les asigna, conspiran contra el poder que el mismo Estado reconoce en exclusiva a los representantes libremente elegidos por los ciudadanos con la finalidad de proveer de leyes justas con vocación de aplicación universal.

El mimetismo que un número significativo de jueces y magistrados asumieron respecto de la posición de un órgano caducado en contra de las previsiones constitucionales y de las recomendaciones de la Comisión de Ética Judicial del propio Consejo del Poder Judicial no favorece la imagen de la justicia. Y desde luego configura a los mismos y a sus impulsores como una suerte de “conspiradores” frente a la Constitución, rayana en el abuso del poder exhibido con sus togas y medallas ante una ciudadanía al menos sorprendida, si no escandalizada. 

La legítima rebelión por la referencia a la “judicialización de la política” se transforma en “politización de la justicia”, que dejaría atónito incluso a Justiniano. El sometimiento únicamente al imperio de la ley que establece el artículo 117 de la Constitución, ¿va a ser selectivo?

Nunca fue tan fácil identificar a los individuos que podrian ser recusados para el trabajo jurisdiccional que pueda corresponderles. El medido pronunciamiento de las asociaciones judiciales, afirmando sin rubor que “el Poder Judicial en España es independiente” y que algunas expresiones recogidas en un pacto político “traslucen alguna desconfianza” en su funcionamiento, marida mal con la escenificación que 800 de sus miembros hacen de su independencia para reforzar la confianza exigida de los ciudadanos. ¡Más piedras al propio tejado! El sano juicio se lleva a matar con el pre-juicio de lo que llegue a ser antes de serlo.

Más que ríos, océanos de tinta se están vertiendo sobre el atentado a la democracia que se sigue produciendo, como consecuencia del comportamiento de unos vocales del Consejo del Poder Judicial ante el bloqueo e incumplimiento de una ley aprobada por el Parlamento.

No entraré por ello en las consecuencias que para el buen funcionamiento de las instituciones está generando la fétida consolidación de un órgano llamado a ser modelo de normalidad de un poder del Estado, aun cuando, como es sabido, no ostenta directamente ese poder, por mucho que lo venga condicionando con la colocación de los afines, amigos y bienhechores, en los puestos relevantes del poder Judicial, esa parte tan mollar de las competencias provisionalmente suspendidas, razón por la que se ha levantado en armas para poder recuperarlas.

Sin embargo, son muchas las preguntas que no van a tener una fácil respuesta, en relación con el funcionamiento del órgano, su naturaleza, su viabilidad, su necesidad, su composición o su funcionamiento, pero a otros corresponde resolver el entuerto, visto lo visto.

El secuestro de la legalidad no ha hecho más que evidenciar la degradación de un sistema arbitrario de funcionamiento y designaciones, vinculado a intereses corporativo-partidarios. ¿Sentido de Estado o trilerismo constitucional?

La pregunta que hoy se me suscita tiene que ver con la legitimidad con la que algunos de los miembros del Consejo van a retornar al ejercicio de la potestad jurisdiccional. Es evidente que se han convertido en incumplidores, rebeldes frente al poder que otorga el sistema democrático al Parlamento de la nación, sin autoridad moral ni personal para ordenar el cumplimiento de las leyes a todos aquellos ciudadanos que, de una u otra manera, la hayan incumplido.

El acuerdo firmado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria que Fundación por la Justicia elaboró en 2015, junto con un extenso colectivo de expertos en diversas materias, ahora se descubre que fue insuficiente. La limitación para regresar a la jurisdicción penal o contencioso-administrativa y a puestos de representación se ha quedado corta. Es que no hay jurisdicción alguna en la que puedan dar la cara para hacer cumplir la ley a otros que no merezca que se la partan, para sonrojo propio y de quiénes les acompañan en el tribunal donde estén.

Más valdría que tuvieran la dignidad de marcharse por un tiempo a reflexionar y disfrutar de la Gran Cruz, la de Honor o la Distinguida, que se acostumbra a regalar a los cesantes del Consejo, presumiblemente por la crucifixión padecida o los méritos contraídos en tan larga estancia, antes de que a cualquier fiscal se le ocurra iniciar los trámites por su renuente negativa a cumplir la ley, por cierto, como ya ha ocurrido con otros representantes políticos incumplidores, enjuiciados y condenados.

No sé si a algunos les pasa como a muchos, que estamos aburridos de que se lancen descalificaciones entre partidos y, mucho más grave, entre personas.

Cansados estamos de que lo que para todos es norma casi sagrada del respeto a la Constitución, clave para la democracia y para la convivencia, para otros se haya convertido en navío a la deriva.

Es categórico el mandato que el artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “ajustada” a la Constitución, impone a los Presidentes del Congreso y del Senado adoptar las medidas necesarias para que la renovación se produzca en plazo.

 ¿A cuento de qué el legislador, que tiene la obligación específica de respetarla, conservarla, reformarla y, en todo caso, cumplirla y hacerla cumplir, lleve más de dos años y medio agrediéndola?

En este tiempo, que se presta a la conversación con otros y con uno mismo, me viene a la cabeza el soneto imperecedero de Lope de Vega, que parafraseo: “¿Qué tengo yo que mi amistad procuras, que interés se te sigue poder mío, que, a las puertas, cubierto de rocío, pasas las noches de dos años a oscuras?”

¿Qué interés se persigue por quienes, alegando incumplimientos ajenos, no cumplen con la obligación constitucional de llegar a un acuerdo -que de esto va la política-, para que otros órganos igualmente constitucionales puedan seguir cumpliendo sus obligaciones? ¿Será verdad que el Parlamento es el “templo del debate y la escucha”? (Pilar Llop, ex Presidenta del Senado y actual Ministra de Justicia)

Hoy no estoy por reflexionar sobre quién ni cómo debe hacerse. Hoy solo y simplemente quisiera recordar que las presidencias de los órganos legislativos están incurriendo en grave responsabilidad por no despertar a los partidos políticos, que están durmiendo en la irresponsabilidad desde hace largo tiempo. Asumiendo el reto que la Presidenta del Congreso, Meritxell Batet, nos ofrece en el “canal fundamental de comunicación con la ciudadanía”, necesitamos que despierten, que ya está bien de somnolencia, letargo, abandono y falta de diligencia.

Habrá que pensar por qué en un lustro no da tiempo a encontrar las fórmulas necesarias para que se produzca la renovación automática de los órganos a los que la Constitución les otorga un periodo de “legitimidad” democrática, propiciando su descalificación, su desprestigio y el desafecto de la ciudadanía.

¿Es razonable seguir haciendo declaraciones de una irrisoria preocupación por la falta de cariño de los ciudadanos?

De aquellos polvos (con perdón) vienen estos lodos. !Qué rico nuestro refranero!

Y a quien le pique que se rasque, pero hasta que sangre de dolor y descubra que los ciudadanos llevamos tiempo desangrándonos de indiferencia.

Hace unos días Ignacio Escolar, director de elDiario.es, se hacía eco del aprovechamiento de prerrogativas que desde el poder político viene haciéndose para situar a los cercanos en lugares de privilegio dentro de la justicia.

Pocos días después un destacado catedrático de derecho constitucional, Javier Pérez Royo, hablaba de la inconstitucionalidad de la ocupación de un órgano constitucional como es el Consejo del Poder Judicial, lo mismo que otros colaboradores ilustres ( José María Martín Pallín, por ejemplo) vienen denunciando.

Y unos días antes yo mismo escribía sobre las tribus, fundamento a que responden, a mi parecer, algunos de los comportamientos dirigidos a asegurarse un buen rédito para los intereses de cada quien. En resumen, el origen, la estrategia y el resultado.

Hoy quiero referirme a alguna propuesta de solución que venga a desactivar lo que se anuncia como imposible, en tanto el juego de las mayorías legalmente exigidas lo está impidiendo, seguramente debido a la falta de conciencia institucional, de respeto constitucional y de aspiración torticera a mantenerse como okupas en un Poder del Estado.

A la vista del veto que unos y otros están poniendo a la renovación de un órgano constitucional, seguramente amparado en oscuros intereses, no sé si estoy en lo cierto al pensar que el verdadero interés no es otro que el aseguramiento del resultado de decisiones judiciales que en breve tienen que abordarse en asuntos graves.

Desde el conocimiento que me da asomarme a la balconada de la justicia después de 44 años de ejercicio profesional en sus entrañas, se me ocurre que hay dos medidas complementarias que podrían ayudar a desbloquear una situación inadmisible y prolongadamente antijurídica, seguramente desactivando los puntos calientes que bloquean sine die cualquier negociación:

La primera, consistiría en objetivar hasta el máximo posible el sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, algunos por cierto carentes de justificación desde una perspectiva democratizadora de la Justicia, que ya sería hora. Con el compromiso de elaborar una buena y exhaustiva relación de puestos de trabajo a designar participando todos los concernidos, la baremación técnica independiente de todo candidato y la elección con publicidad y transparencia, se estaría garantizando la designación de los mejores para cada uno de los destinos vacantes a cubrir.

La segunda, consistiría en la limitación de las puertas giratorias parcialmente, impidiendo que aquellas personas que legítimamente hayan participado en concretos puestos de responsabilidad vinculados con algún grupo político, tuvieran la posibilidad de reingreso al ejercicio de la función jurisdiccional, pero solo en aquellos órganos que no tienen vinculación con las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse en cada caso. Me estoy refiriendo a órganos de la jurisdicción penal, contencioso-administrativa o cargos representativos de la Carrera judicial.

Por cierto, la primera solo exigiría un compromiso firmado por los eventuales aspirantes para adoptar como primera medida de su mandato los criterios de objetividad que se proponen; y la segunda, una modificación de Ley Orgánica, que, si se quisiera, tardaría un santiamén en desbloquear una situación inadmisible, seguramente inmoral y prolongadamente antijurídica, no superior al que requirió la modificación del sistema de la jurisdicción universal.

No se deriva de ninguna de tales medidas que haya limitación de derechos para quienes accedan a “elevados” puestos por su valía y cualidades personales dentro de otras instituciones del Estado, normalmente vinculadas con el partido político que en cada caso pudiera desempeñar el poder en cualquier ámbito de la administración local, autonómica o general.

A su vez, se podría garantizar con ello que los que tienen verdadera vocación y estén especialmente cualificados para desempeñar los mismos pudieran prestar ese servicio sin merma de las posibilidades de retorno a la carrera a la que originariamente optaron.

Tampoco me parece que estas propuestas sean descabelladas cuando, no solo vengo denunciando desde antiguo la vigencia del sistema de tribus en la designación, nombramiento y garantía en determinadas decisiones que pertenecen a la discrecionalidad del que ocupa el poder, -aun cuando la arbitrariedad en ocasiones se disfraza de discrecional-; ni que resulte extravagante cuando todos los partidos políticos con representación parlamentaria firmaron el Pacto Estatal contra la Corrupción y por la Regeneración cívica, que Fundación por la Justicia y otras 55 organizaciones de la sociedad civil presentamos el 10 de diciembre de 2015 con la finalidad exclusiva de recuperar la credibilidad de las instituciones del Estado, entre las 150 medidas en todos los ámbitos a las que aquel Pacto se refería.

Dejemos de retarnos a duelos incruentos y de citarnos al espacio de enfrentamiento que a nadie importa y afecta a intereses partidarios, en ningún caso al interés general, desacreditando periódica y permanentemente instituciones del Estado en las que se dice creer.

Frente a la pretensión de asegurar el buen fin de políticas partidarias y el resultado cierto de investigaciones que les preocupan, parece más digno ser honestos y jugar las mismas cartas que el resto de los mortales cuando acatamos las decisiones de un poder independiente -incluso aunque no las compartamos-, que solo debe regirse por la ley previamente aprobada por los parlamentarios legítimos y por la aplicación exigente y rigurosa de los valores y principios constitucionales que normalizan la vida pública y garantizan principios tan relevantes como los de la justicia y la igualdad, fundamentos del Estado de Derecho.

Decidida la guinda, ¿qué otro trozo del pastel competencial del Consejo impediría renovar? Es hora de desbloquear la Constitución.

Con ocasión de la primera visita que Fundación por la Justicia realizó a Etiopía para identificar los espacios, instrumentos y personas para una futura cooperación en un proyecto de ayuda a erradicar la mutilación genital femenina y otras prácticas dañinas contra la mujer, tuvimos ocasión de entrevistarnos con la Ministra de la Mujer. A pesar de su condición, empezó negándonos que existiera problema con la cuestión, de cuyo “error” tratamos de sacarla mediante la exhibición de datos de Organizaciones internacionales creíbles que en el país venían trabajando desde hacía tiempo.

Ante la evidencia, cambió su posición, ofreciéndonos ser ella desde el ministerio quien gestionara los recursos de que pudiéramos disponer y que nos iría dando cuenta de los resultados conforme se fueran obteniendo. Desde luego que nos negamos.

Cuando esa misma noche cenábamos con un destacado Embajador de país extranjero, le contamos el episodio y nos dio su explicación: el gobierno está a un año de su renovación, lo que significa que necesita recoger recursos para el sustento de su tribu en las próximas legislaturas, en tanto que hasta dentro de tres o cuatro renovaciones posteriores no tocarán poder.

No sé por qué me ha venido a la mente esa “anécdota” que nos entristeció, pero que respondía a una realidad que se repite en tantas situaciones y países del mundo.

Cuando se están produciendo informaciones reiteradas de encuentros de nuestros líderes condicionando la renovación de órganos constitucionales que deben garantizar la credibilidad del sistema y la democracia misma, descubrimos que “la tribu” sigue al acecho. Se trata no solo de garantizar la supervivencia, sino de aprovecharse del poder interfiriendo en todas las instituciones para asegurar sus objetivos.

La evidencia y la experiencia nos dicen que esto mismo tiene su trascendencia en el sistema de funcionamiento de algunas instituciones, al ir situando “a los nuestros” para garantizarse no solo la permanencia, sino también la devolución de favores en el futuro. Así lo aseguró una Vocal del Consejo del Poder Judicial cuando dejó su cargo, comunicando por carta a los de su asociación que había colocado a un importante número “de los nuestros” en puestos de relevancia de la justicia. A la mente de cada cual llegarán más nombres. La tribu.

No está en los anales que un solo juez de España haya conseguido que el Consejo del Poder Judicial se movilizara en su favor para sacarle una plaza a su conveniencia. ¡Y menos aún por dos veces! La vocal Llombart, sí.

En 2015 la referida consiguió que se anunciara concurso para una plaza en la Sala de lo Contencioso del TSJ de Valencia, eludiendo la exigencia de especialista que la misma requería. La queja de una magistrada especialista impidió que se consumara el desfalco.

Dos años después, consiguió movilizar diversos servicios del Consejo y del Ministerio de Justicia para que se le creara una plaza en su favor en un órgano que no tenía vacantes. 

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 marzo 2017, aprobó el informe sobre el proyecto de un Real Decreto, recogiendo que “el aumento en una sola plaza de magistrado previsto para la Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia la Comunidad Valenciana puede resultar insuficiente para atender adecuadamente el incremento de la carga de trabajo que supone la implantación de la segunda instancia penal” y, más adelante, llega a afirmar que “la única plaza que recoge el proyecto resulta insuficiente”, proponiendo “aumentar el número de plazas de magistrados en la Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para alcanzar el número de tres nuevas plazas, número que permitiría constituir una sección de apelación en el ámbito del Tribunal Superior”. Concluye el referido informe afirmando que “el proyecto debería prever la creación de una sección de apelación, al amparo del artículo 73. Seis de la LOPJ y de acuerdo con el artículo 36 de la LOPJ…”.

Conociendo los tiempos de la administración, poco importó al ministerio de Catalá el informe del Consejo, pues tres días después de aquel informe se dictó el Real Decreto. 229/2017, por el que se creaban 13 nuevas plazas de magistrados en los Tribunales Superiores de Justicia “para hacer efectiva la segunda instancia penal”. El 4 abril se dictó la Orden Ministerial 306/2017, por la que se disponía la fecha de efectividad únicamente de la plaza creada en el TSJ de la Comunidad Valenciana, el resto lo fue ¡en diciembre de 2018! Por Acuerdo de 6 abril 2017 se convocó concurso para la provisión de la referida plaza y por Real Decreto de 22 mayo 2017 se le adjudicó a la señora Llombart, número 504 del escalafón, con preferencia a todos los solicitantes anteriores.

El recurso era obligado. La sección sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS (Sentencia 486/19) lo desestimó por los siguientes motivos, aunque sería más correcto decir sin otros motivos que su pura arbitrariedad: 

Frente a la denuncia de creación de una única plaza contra el criterio del Pleno del Consejo, ninguna argumentación se ofrece en la sentencia dictada, lo que es sinónimo de arbitrariedad, límite de la potestad reglamentaria, como la misma Sala había advertido en sentencias de 9 octubre 2008 y 3 noviembre 2010 cuando se aparte del informe previo. 

La única urgencia estimada por el ministerio para dotar de una plaza a Valencia, sin que ocurriera lo mismo con las seis plazas de Andalucía o las tres de Madrid y de Cataluña, quedó en evidencia cuando la referida vocal, antes de su toma de posesión, solicitó la reducción del reparto de los asuntos que pudieran corresponderle y así lo aceptó el CGPJ en más del 50%. 

El nombramiento para tal plaza debió realizarse por la vía del artículo 73, que no del 340 de la LOPJ, y así lo estimó uno de los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ, que excluía la preferencia reclamada por la señora Llombart. El Tribunal Supremo omite cualquier valoración de la aplicabilidad de las referidas normas, con la sorpresiva afirmación de que el recurrente “no explica por qué”. Incierto, pues se reclamó lo que dice el artículo 73.6 de la Ley Orgánica, así lo solicitó el Consejo y es al Tribunal Supremo a quien corresponde valorar la aplicabilidad de normas contradictorias. Interesó más mantener la preferencia de la vocal que había maniobrado para conseguirla. 

Según los artículos 338 y 340 de la LOPJ el ejercicio de la preferencia se reconoce “durante los dos años siguientes al cese”, y el cese se produce “por expiración del mandato” del afectado. Producido el cese en la presidencia de la Audiencia Provincial con fecha 5 de marzo de 2015, no podía asignarse la plaza por aplicación de aquella preferencia el 22 de mayo de 2017, más de dos meses después. 

Cualquier norma que establezca alguna preferencia para la obtención de plaza debe ser objeto de interpretación restrictiva, como señaló la propia Sala del TS en sentencia de 9 octubre de 2013. Sin embargo, en el presente se altera el criterio sin ninguna explicación, extendiendo la preferencia más allá del plazo legal previsto. 

La sentencia del TS valora como “correo electrónico interno no concluyente”, que no “muestra un trato de favor”, sino que “sólo manifiesta una sospecha”, el mail que el Director General del Ministerio de Justicia enviara haciendo constar que “se remite texto de la Orden y expediente de la misma para la firma del señor ministro y publicación urgentísima en el BOE, preferiblemente en el del 4 o como muy tarde en el del 5 de abril”.

Dieciséis días antes de la deliberación de la sentencia en la Sala del Tribunal Supremo se procedió al cambio del ponente anteriormente nombrado que había practicado la prueba en el procedimiento, designándose al escandalosamente conocido Sr. Díez-Picazo.

La flagrante falta de motivación advertida en la sentencia propició la petición de nulidad, que fue denegada por el ponente al estimar que no había error, ni incongruencia ni indefensión; y que todo era una larga diatriba de la letrada recurrente. Leer los argumentos expuestos para denegar la nulidad provoca vergüenza, indignación, frustración, quizá escándalo.

¿Qué ocurre cuando un magistrado ignora la vigencia de un precepto legal o considera que no está clara su aplicación? Su obligación es resolver, justificando las razones que permiten su aplicación o inaplicación. No puede fundar su decisión, y mucho menos en el ámbito competencial del Tribunal Supremo como máximo órgano de interpretación de la legislación vigente, poniendo en duda sin mayores argumentos las razones que le hacen cuestionar la vigencia de cualquier precepto legal.

Y de nuevo, el señor Díez-Picazo así lo ha hecho con la complicidad de unos magistrados de la sección 6ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que consintieron firmar. Hace pensar que o no se deliberó suficientemente el tema controvertido o ninguno leyó la futilidad de fundamentos de la resolución adoptada.

Por menos razones venimos los tribunales penales enjuiciando por prevaricación a autoridades administrativas, cuyas resoluciones se someten a nuestra evaluación, cuando “a sabiendas” o “por imprudencia grave o ignorancia inexcusable” se dictara sentencia o resolución arbitraria o manifiestamente injusta (artículos 404 y 447 del Código Penal).

Otra vez Díez-Picazo y Llombart

La decisión del Tribunal Supremo sugiere una manifiesta infracción de ley, generadora de una adscripción de destino a persona que carece de la legal habilitación para ello en perjuicio de otros derechos preferentes, consolidando así una vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley, que a todos nos vincula y al ciudadano le atribuye la confianza de un juicio justo.

Si esta es la justicia de calidad a la que el Presidente del Tribunal Supremo se refiere como necesaria para la credibilidad de la misma, será cuestión de tentarse la ropa y evaluar cuál sea la justicia a la que se aspira vinculada con el derecho, y ajena a los intereses particulares de quien sea y muy particularmente de quien pueda estar aprovechándose de la posición institucional que ocupa. O ¿qué es la corrupción?

Cruje la credibilidad de la justicia ante resoluciones de esta naturaleza, que están vinculadas con intereses bastardos, ajenos a la legalidad vigente, y no habrá más remedio que seguir denunciando hasta que desaparezcan del universo judicial personas y conductas tan contrarias a la función de dar a cada uno lo que le corresponde.

Tres años elaborando y reivindicando hasta con movilizaciones medidas para mejorar el servicio de la justicia por parte de 8000 jueces y fiscales y con escaso éxito, hasta que llegó un mesías con un whatsApp explicativo de su necesidad. No importa quién lo redactara o sólo lo difundiera. El poder de las redes: no hay mejor explicación de lo que todos conocíamos, algunos denunciábamos y era opinión generalizada de una ciudadanía escandalizada.

No es ahora, sino que viene de antiguo, que el poder político ha pretendido llevar “cosido” a sus entretelas el timón de toda gran decisión que la jurisdicción pudiera revisar.

No hay explicación más hipócrita de lo ocurrido que quien pretende desconocer lo que había detrás de un pacto, lamentando la difusión de un simple mensaje “inocuo” entre los propios, o la denuncia de un sistema por quienes se han valido de él para sus propios intereses desde hace largo tiempo.

Casi todos los partidos políticos (menos EU y PP) suscribieron la propuesta 94 del Pacto Estatal contra la corrupción de 2015, impulsado por la Fundación por la Justicia y otras 55 organizaciones civiles, de propiciar el cambio del sistema de elección y nombramiento de los altos cargos de la justicia y del Consejo. Y todos los partidos políticos sin exclusión suscribieron la propuesta 95 del mismo Pacto, comprometiéndose a excluir del ejercicio de la jurisdicción penal, contencioso-administrativa y de destinos gubernativos y representativos a magistrados y jueces que hubieren desempeñado cualquier cargo público electivo o de libre designación con categoría superior a la de director general en cualquier administración vinculada a cualquier opción política. El derecho universal reconoce que los pactos están para cumplirse. La experiencia dice que se cumplen según interese.

La ciudadanía tendría que estar agradecida a todos los títeres que en este guiñol han jugado su papel. Gracias a cada uno y al conjunto hemos podido ver con más claridad un escenario diferente donde nadie puede estar demasiado tranquilo de conseguir de la justicia lo que es justo.

Todos debemos sentirnos agradecidos por la publicación de lo que era convicción generalizada de la intervención política, no tanto en el funcionamiento de un órgano político como el Consejo, por cierto sin poder judicial; sino del desenmascaramiento de todos los actores y figurantes que han venido participando política o asociativamente en la búsqueda de instrumentos para interferir en la resolución de los graves y grandes temas que se someten a la justicia, condicionándola.

Las deficiencias de la justicia ordinaria pueden provenir del temor a equivocarse o de la insuficiente formación o información, raramente de la vinculación partidaria en la resolución de conflictos. La percepción de la falta de independencia o mejor de imparcialidad tiene su origen en un sistema que propicia, como mínimo, desconfianza al estar condicionada por el deber de “respeto” a quien te nombra.

No se trata de poner en entredicho el sistema de designación de altos cargos a partir de “mis elegidos”. Se trata de descubrir el modo en que la ciudadanía de manera directa o representativa participa en la designación y puede exigir cuentas a quien no cumple con su responsabilidad.

No cabe duda que cualquier designado se siente independiente y con frecuencia así lo evidencia con sus resoluciones en las que participa. Pero tampoco puede caber ninguna duda que llegó a esa instancia con los padrinos que pudo conseguir.

Dice el refrán castellano que el que evita la tentación evita el peligro. Reglamentar la selección de personas que deben acceder a los más altos cargos en la prestación de la justicia significa concebir que el ámbito de la discrecionalidad quedara minimizado hasta el máximo. Las garantías para la selección sólo pueden establecerse a partir de criterios objetivos y medibles. El control o medición de cumplimiento debe igualmente establecerse sobre mecanismos de evaluación técnicos y predeterminados. Reducir y aún más excluir la competencia para la arbitraria elección de los propios, dejaría inactivo cualquier reproche de parcialidad en la imprescindible imparcialidad y eludiría luchas partidarias de quienes aspiran a colocar a sus afines como interés prioritario. Y con ello, al Consejo que lo elija quien quiera.

Seguimos dando argumentos para el descrédito y las recusaciones en una justicia tan maltratada como dolorida para los que seguimos queriendo creer y ofrecer justicia.