"Los ayuntamientos también deben enfrentarse a la emergencia climática y a la pobreza energética, y la solución la ofrece la tecnológica y la valentía política"

¿Cuánto pagas en el recibo de la luz de tu casa o de tu pequeña empresa? ¿De donde viene esa energía y cómo se genera? ¿Por qué pagas lo que pagas y a quién se lo pagas? Y, sobre todo ¿por qué tiene que ser así? ¿quién lo ha decidido?

Hay dos aspectos esenciales en el modo en que nos tragamos los oligopolios eléctricos y como les forramos a euros sin querer y sin que nadie nos pregunte. Y, aunque hay excepcionales iniciativas sociales como alternativas a las grandes eléctricas y sus abusivos modos de trabaja, en una sociedad democrática (esa democracia que trasciende el voto para sumar igualdad de condiciones y oportunidades y diversos sistemas de tomar decisiones de modo colectivo) es el estado el que se asegura de que esas posibilidades sean reales. Un aspecto esencial es la naturaleza depredadora y destructiva de la energía que consumimos de modo mayoritario. El otro aspecto es el coste económico directo en tu bolsillo. Si sumamos los dos costes, el natural y el económico en tus cuentas, nos sale cómo la luz más cara de Europa, la española, es a la vez la más insostenible, la más destructiva y la menos justificada.

¿Qué podemos hacer entonces? Primero querer cambiar y no querer seguir siendo víctimas de los oligopolios y de las decisiones políticas que los dirigentes de los grandes partidos toman en su beneficio, decisiones que en realidad toman en los despachos de las empresas energéticas y luego firman los responsables políticos envueltas en silencio, en mentiras o en un elaborado argumento económico incomprensible. Porque nos engañan y nos estafan; Segundo, poner en marcha proyectos eléctricos que beneficien a la mayoría en lo económico y al planeta en lo natural: una empresa energética pública que es quien mejor puede explotar y repartir los recursos naturales del país o la ciudad, porque son (o deberían ser) de todo el país y de toda la ciudad. No te escandalices que Francia lo tiene; Y tercero, esencial, tomar el mando en los ayuntamientos, no en vano son la institución más cercana a la población y la más capaz de resolver muchos de sus problemas y prestar muchos de los servicios básicos, para caminar con rapidez hacia la autosuficiencia energética y la sostenibilidad ambiental y económica. Es decir, producir y consumir energía en cada casa y pagar nada o lo justo en lugar de consumir contaminación y destrucción a precio de oro.

Los ayuntamientos también deben enfrentarse a la emergencia climática y a la pobreza energética, y la solución la ofrece la tecnológica y la valentía política. Los ayuntamientos pueden (deben) crear programas para la instalación de sistemas de energía solar en todos sus edificios y las comunidades de vecinos que lo deseen, generando su propia energía solar y compartiendo los gastos, mediante la asunción de la mayor parte del coste de instalación por el ayuntamiento y las comunidades autónomas. Es una inversión que un ayuntamiento valiente y transformador tendría como prioridad: llenar los tejados de la ciudad con placas solares que abastecieran al edificio y terminar con los abusivos recibos de las eléctricas, un proyecto rápidamente amortizable en lo económico, y justo e igualitario en lo social y lo ambiental. No hablo de simples líneas de subvención para quien opte por este sistema energético, sino de un ambicioso plan local en cada ciudad, en colaboración con la comunidad autónoma, cuyo proceso se inicie con la concienciación ambiental y con la demostración de como tu abusivo recibo de las eléctricas desaparece para siempre casi por completo bajo un rayo de sol y dejan de engañarte. Porque el sol, por ahora, no es de nadie.

Este es solo uno de los ejemplos de cómo la política moderna, la de verdad, la que se haga para la mayoría, puede asumir los nuevos retos ambientales y hacer una rápida transición energética con justica social. Además, lo verdaderamente transformador es que esto se haga en un marco de gestión de la demanda en la que se necesita mucha menos energía porque el valor ético de referencia es la necesidad y no el negocio, y por tanto, se actúe sobre el modelo urbano, el sistema de transportes y el sistema alimentario con un radical cambio de paradigma.

En viejas palabras: meterle mano a los vergonzosos y obscenos beneficios de los sectores de poder económico aliado con el poder político, y alejar de un soplido el recibo, la pobreza energética y la depredación eléctrica. Lo que viene a ser aplicar la Constitución española, esa que tanto manosean los llamados constitucionalistas de boquilla, (arts 128 y 131) que habla de la distribución y del sometimiento de la riqueza del país al interés general.

"La catástrofe climática va por barrios planetarios, hasta en la causas y en quienes la sufren se repite el patrón de la desigualad y esa amarga injusticia poética: quien más daña menos sufre porque tiene los recursos individuales para autoprotegerse"

Parecíamos estar de acuerdo con la ONU y con la evidencia de que “se acaba el tiempo”; hace treinta años que quedo claro que la especie humana se dirige hacia la catástrofe si no se cortan drásticamente las emisiones de carbono. Tres décadas después, las emisiones se han incrementado en un 60 % y tenemos que responder al actual genocidio ecológico.

En dos siglos, la temperatura media del planeta ha aumentado 1’5 grados por encima de la media preindustrial, puede parecer poco pero, en términos climáticos y planetarios, es un aumento gigantesco y suicida. Pero lo más importante no es el aumento como tal sino su ritmo. Los años más calurosos y desordenados desde que existen registros han sido 2015, 2016, 2017 y 2018. Desde febrero de 1985 todos los meses han sido más calurosos que la media de siglo XX. La Agencia Estatal de Meteorología, (AEMET) confirmó el pasado mes de marzo que los veranos en España son cinco semanas más largos que en los años ochenta. De hecho, apenas somos una comunidad de cuatro estaciones sino de dos y poco de fiar.

La catástrofe climática va por barrios planetarios, hasta en la causas y en quienes la sufren se repite el patrón de la desigualad y esa amarga injusticia poética: quien más daña menos sufre porque tiene los recursos individuales para autoprotegerse (temporal y ficticiamente); quienes sufrirán globalmente mas del 50 % de los efectos del calentamiento global son responsables del 10 % de las emisiones, y quienes menos contribuyen al cambio son quien más lo van a sufrir, las emisiones también son cosa de ricos o pobres. Recordemos: en 1980, la tierra, por vez primera, dejo de poder renovar su capacidad de desgaste.

Los ayuntamientos, como las administraciones más cercanas a la mayoría de la gente, a sus necesidades y en muchas ocasiones a la solución de sus problemas, deben de liderar las luchas contra el cambio climático. Cambiar los paradigmas, las políticas locales, los hábitos y los objetivos con una respuesta ambiciosa en clave de modernización ecológica y justicia social.

En Zaragoza, lo intentamos desde Podemos Equo en julio de 2019 con la abstención de las tres marcas de la derecha. Pero no ha pasado nada. Esta declaración, que considero vital para modificar drásticamente todas las políticas locales, requiere de un decreto de Alcaldía y una estrategia especifica, no de parches o medidas aisladas que ni siquiera hemos visto en ningún área de gobierno. Hemos visto, incluso, lo contrario en las políticas de movilidad, energía y de salud. La declaración de Emergencia Climática y su estrategia práctica es una petición mundial que alerta justamente de esto: no hay tiempo y debemos reconocer la emergencia y sus devastadoras consecuencias provocadas por la mano humana y sus modos y hábitos de vida.

Zaragoza pudo ser la primera en España en hacerlo. Ya no lo es porque el gobierno municipal ha hecho oídos sordos. Pero no importa ser el primero sino serlo a tiempo. Los ayuntamientos deben declarar la Emergencia que condicione todas las políticas municipales bajo este precepto; deben diseñar y aplicar una estrategia global contra el cambio climático en materia de energía, movilidad, alimentación, educación, empleo verde, ecoeficiencia y transición energética con plazos de cumplimiento, y deben generar estructuras de control sobre su cumplimiento y eficiencia.

Y la sociedad civil debe exigir estas medidas como exigía democracia y servicios públicos y como exigía libertad. Una ciudad bajo ese principio puede cambiar el paradigma, y si cambias el paradigma, cambias el mundo. Y espero que sea la gente más joven la que nos impulse a ello y empuje la conciencia mundial que lo logre mañana mismo y que, si no lo hacemos, nos castigue por ello. Porque puedes optar por dejarlo todo como está, puedes optar por aproximarte a las fuerzas oscuras o puedes optar por avanzar al cambio de conciencia universal que necesitamos. Pero las dos primeras opciones son bastante similares y terminan en el mismo sitio. Y no elegir es también elegirlas.

"Es una falacia universalmente extendida que hay que bajar los impuestos. También es una falacia universalmente extendida que hay que subirlos. Lo peor de ambas cosas es que hay una verdad universalmente ocultada y es que hay que bajarlos y subirlos. Las dos cosas. A la vez. Según cuales, para qué y para quién"

Es una falacia universalmente extendida que hay que bajar los impuestos. También es una falacia universalmente extendida que hay que subirlos. Lo peor de ambas cosas es que hay una verdad universalmente ocultada y es que hay que bajarlos y subirlos. Las dos cosas. A la vez. Según cuales, para qué y para quién.

Los ayuntamientos no viven del aire y sostienen los servicios prestados y sus proyectos en los ingresos del IBI en más de un 35 %, en impuestos y tasas menores como el de construcción y el de circulación, y en las aportaciones, nunca bien ni justamente calculadas por parte del Gobierno de España, y en las ocasionales y conveniadas (y rácanas) del Gobierno de Aragón.

Atienden a todos sus vecinos y vecinas, estén o no censados, porque todos ellos se benefician de descuentos, bonificaciones o gratuidades de cultura, bibliotecas, transportes, ayudas urgentes, etc. Y asumen multitud de servicios y competencias que debería ejercer la DGA pero que financian, a veces a solas, los propios ayuntamientos

Así que los impuestos son esenciales para la caja común que sostiene (bueno, debería) el bien común. La demagogia barata de bajarlos es reaccionaria y dejaría a la gente sin servicios. Y la de subirlos también porque miles de personas en cada municipio se las ven y se las desean para llegar a fin de mes.

En Zaragoza, por ejemplo, según datos de la Agencia Tributaria, hay más de 200 mil personas que declaran menos de 12 mil euros al año, lo cual supone entre 700 y 900 al mes como salario. Una vergüenza. Sí, una insultante vergüenza. Luego están los no declarantes. ¿Entonces? Entonces apliquemos el principio de la justicia distributiva y el propio artículo 31 de la Constitución que tanto constitucionalísta de pacotilla dice defender y no aplica. En este caso: a cada quien según su capacidad. Se llama, técnicamente, progresividad fiscal.

Por eso insisto hasta la saciedad en que hay bajar el tipo general del IBI, con la misma filosofía que practiqué los últimos cuatro años, y que afecta a la mayoría de la ciudad, al mínimo legal permitido por la ley española que es el 0’40 %. Esto supondría una rebaja del impuesto para todas las viviendas y por lo tanto bares, tiendas, comercios y oficinas que están situados en pisos o en bajos de casas de vecinos, entre un 8 y un 10 %. Afectaría a unos 507 mil inmuebles, el 99 %. Existe otro tipo para el IBI que es el industrial, y que deberíamos congelar por 5º año consecutivo en industrias que pueden generar empleo o mantenerlo, y que son unos 360 inmuebles en Zaragoza; y modificar el resto de usos diferenciados que son los de bancos o grandes superficies, y fijar un umbral de 800 mil euros de valor catastral a partir del cual no tocarlo para que se note la subida automática anual que generó el catastrazo de Rajoy de 2003 que afectó a tanta gente obrera. De esta manera, subiría el IBI a unos 780 inmuebles de valor catastral de más de 800 mil euros: Ibercaja, Banco de Santander, Eroski de Montecanal, Mercadona de Valdespartera, Alcampo de la Avda de las Estrellas, Corte Inglés, Lidl de Avenida de la Hispanidad, Ikea y Leroy Merlin de Puerto Venecia... un 1% de los cotizantes.

Para ahuyentar miedos de rico que alguien pueda tener, esto no afectaría a los precios de nuestra compara semanal porque este incremento, y todo el resto de los impuestos locales, las grandes firmas se los deducen ante Hacienda con el impuesto de sociedades.

Habría que congelar por 5º año consecutivo las tasas municipales de agua, vertidos, cementerios, basuras y… bus que el gobierno Azcón quiere subir y que nos afecta a todos por igual.

Zaragoza es la ciudad que más bajó el IBI en 2016, 17 y 18 en toda España y solo hay tres más baratas. Los umbrales de los más ricos de los que hablo, PP, Cs y PSOE jamás quisieron que se tocaran. Todas las ciudades nos ganan en eso, cruel contrasentido.

Con esta filosofía quien menos tiene paga menos, y quien más tiene, paga más, y se aseguran los ingresos que sostienen la caja común. Porque si no, al final, se bajan los impuestos de los privilegiados y los impuestos ocasionales, y suben los impuestos de todos, de todos los días.

"El diseño institucional que se hizo en 1978 abrió muchos caminos y permitió avances positivos en una sociedad que lo necesitaba todo. Pero las traiciones políticas a ese espíritu, tomaron solo uno de los caminos posibles entregándose a los mercados"

La Constitución ha sido violada y el pacto del 78 que la alumbró, destruido. Hoy se trata de superar y adaptar el texto a una realidad que no se parece a aquella y de aprovechar la circunstancia para hacerlo, como el espíritu democrático exige. El diseño institucional que se hizo en 1978 abrió muchos caminos y permitió avances positivos en una sociedad que lo necesitaba todo. Pero las traiciones políticas a ese espíritu, tomaron solo uno de los caminos posibles entregándose a los mercados. Hoy eso puede y debe cambiarse. Reformar la Constitución no es difícil. Decir lo contrario sería decir que la inclusión secreta, nocturna y sin consenso del cambio en el art. 135 que viola la mayoría del articulado anterior y el carácter social del texto, fue algo muy difícil de lograr. De lo que se trata ahora es de hacerlo abiertamente, con transparencia, con acuerdos y tras un debate, que ya se está produciendo hace tiempo en la sociedad española.

Desde 1978 se han ido vaciando de contenido real algunos artículos de la Carta Magna, los que para mí son los más importantes en la vida cotidiana de la mayoría, y que son hoy de difícil aplicación porque sobre ellos rige el citado 135. Cualquier promesa de política avanzada en materia social, fiscal o de protección que hoy se quiera hacer, está supeditada a una realidad cuyo control no está en nuestras manos: el déficit. Y son las políticas más importantes y necesarias siempre, y especialmente en los malos momentos como este. Somos un país intervenido. Hay tres argumentos perceptivos para defender la idea de que es imprescindible y urgente la reforma constitucional. Los tres se basan en que la Constitución ya no cumple su papel esencial de garante de la convivencia y la democracia real. Y estos tres argumentos son: la contradicción insostenible en la que la han sumido, la incomodidad de su sistema territorial y modelo de Estado y su inutilidad emocional.

Con respecto al primer argumento, las razones están claras: Artículos como el 128 que dice que “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general…”, y los que hablan del derecho de todos y todas a vivienda, empleo, cultura o igualdad ante la ley, son una ficción en la vida de mucha gente. Son cotidianamente y conscientemente incumplidos.

Las reformas que deberían plantearse pues, tras una discusión real entre la ciudadanía, abierta, transparente y votada son: la supresión de este artículo 135, y la salvaguarda real y efectiva de los derechos de la ciudadanía como la vivienda, la salud, la alimentación y la educación en todos sus niveles.

Vayamos con el actual modelo de Estado, y aquí voy a englobar varios aspectos. Lo primero: no hay que tener miedo a preguntar a la ciudadanía si España debe o no ser una República. Una vez diluidos los mitos -que quizá fueran reales pero que, en cualquier caso, ya no lo son- de que el rey aseguraba la unidad de nuestro País, recién salido de una dictadura, han pasado cuarenta años, y somos una sociedad madura.

Las nuevas generaciones formadas reclamamos decidir entre Monarquía o Republica, (yo, Republica sin duda) y qué modelo de ellas hay que aplicar. Se está viendo estos días, en ámbitos universitarios el resultado de las consultas que se han llevado a cabo, es imprescindible que el pueblo hable ante este dilema para alcanzar realmente una mayoría democrática en nuestro País.

Hay más cosas que revisar en el modelo de Estado, como la mayoría de edad para votar. ¿Por qué no a los 16 si con esos años ya se es sujeto de derecho matrimonial, parenteral, familiar y laboral en el ordenamiento jurídico español, se puede decidir sobre una operación estética, y se es protagonista máximo de las políticas educativas? En Aragón, además, el derecho foral reconoce nuevos derechos a partir de los 14 años.

Hablemos ahora de la representación de la ciudadanía en los órganos establecidos para ello. Hay muchas voces que reclaman desde hace tiempo la supresión del Senado, que no tiene ninguna función territorial real, cuando en nuestro País existen 17 parlamentos autonómicos y a las diputadas y diputados del Congreso se les elige en listas provinciales que les exige ser representantes de la ciudadanía de su territorio. Yo soy una de esas voces. Y comparto también que es necesaria la modificación de la ley electoral y los criterios territoriales de representación, para que se refleje realmente la realidad política de la población. Y reformar el Parlamento, sometido hoy a una ausencia de debate real con la aplicación de peligrosas mayorías de madera y sin transparencia en su funcionamiento y sus gastos.

Se hacen imprescindibles los cambios que consigan la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones: referéndums ante decisiones trascendentes, revocatorios de cargos y gobiernos por incumplimiento esencial de programas y promesas, y posibilidad de presentar iniciativas sociales en las Cortes. Todo esto es fundamental para hablar de una auténtica democracia.

Y ahora hablemos de cómo entramos todos y todas, de una forma coherente y justa con todo lo expuesto hasta ahora, en un nuevo modelo territorial recogido en la Constitución: yo creo que es perfectamente compatible la singularidad de cada territorio con la universalidad de derechos y la igualdad política. La semejanza engendra la concordia y el respeto a la diversidad conlleva la comodidad y la justicia. Deberíamos ir hacia la construcción de un Estado Federal reconocido con el seguro de justicia financiera para todos igual. Y aquí, amigos y amigas, está la gran madre del cordero: cómo combinamos extensión territorial y cantidad de población para garantizar igualdad de servicios. No es lo mismo 48.000km2 de extensión con un millón 200mil personas que con tres millones. Hoy soportamos la contradicción de que puede violarse el derecho constitucional de usuario del mismo servicio en todo el territorio del Estado y que somos un Estado injustamente asimétrico. Realmente la política auténtica debería llevarnos a desbrozar el bosque de todas estas realidades para encontrar caminos amplios donde nos encontremos la mayoría, y mantener, así, un sistema de derechos.

Por último, el argumento emocional. No es lo mismo la realidad que su percepción en un nivel emocional y político. Si la gente que debe sentirse amparada y a la vez defensora de la Constitución, como norma máxima y marco de su convivencia y su orden político y social, no se siente ni amparada ni defensora, no sirve de nada.

Vivimos bajo la semántica intervenida, con la sensación de que los dueños de las cosas lo son también del lenguaje y, a menudo, se nos habla de asuntos de aparente gran valor político e intelectual, que son incomprensibles por la mayoría. Y son incomprensibles, no porque seamos incapaces de hacerlo o nos falte el conocimiento, sino porque esos asuntos no tienen que ver con la realidad cotidiana de la gente. Hay desafección porque hay abandono de la realidad emocional de lo que realmente importa.

En el mundo del derecho quizá es una virtud sustraerse a las emociones. Pero para redactar el gran documento que debe regular nuestra gran convivencia hay que ser consciente de cómo las emociones y los sentimientos condicionan la percepción de las cosas. Los axiomas son poco negociables y poco comprensibles.

Insisto. Todo esto es lisa y llanamente política. Algo maravilloso, utilísimo, necesario y que, lejos de lo que algunos y algunas se empeñan en contar, cada día se practica más. Seguramente en otros formatos, poco habituales hasta ahora, lo cierto es que cada día hay más gente haciendo más política. Si ya no estamos cómodos, cambiamos las cosas, si la norma de convivencia básica ya no nos ayuda a convivir a gusto de todos o de la inmensa mayoría, se cambia. Hace falta un poco de valor, eso sí, y de visión de futuro y de percepción de la realidad un poco alejada de los despachos.

La sociedad es otra de la que era en 1978. Sus anhelos y circunstancias son otros. Las cosas que entonces se dejaron parcialmente hilvanadas se pueden redefinir, las que se cosieron a perpetuidad se pueden disolver, las que se ensayaron se pueden reformar porque ya toca. Ya hemos experimentado, y sí se puede.

Nada que no obtenga una respuesta clara a un por qué, merece ser tenido por intocable. Todo sobre lo que se pueda discutir y dialogar es susceptible de cambiarse. Y hay que hablar siempre sin miedo a descubrir otras posturas y las aparentes disensiones que pueden convertirse en acuerdos. Ese era el espíritu ¿no?