Así, algunos estudios situaban el coste económico de la corrupción en España entre los 10.500 millones de euros anuales a los 47.500 millones, dependiendo de los distintos modelos econométricos que se utilizasen. Nosotras lo situamos en 87.002 millones de € anuales pero el informe “The Costs of Corruption Acroos the EU” publicado por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, cuyos datos se basan en el informe “The Cost of Non-Europe in the area of Organised Crime and Corruption” (el más completo hasta la fecha), aumentaban la cifra a 90.000 millones de euros anuales.

Por otro lado, para la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de investigaciones económicas (Ivie) en su informe “Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España” aumentar la calidad institucional en España aumentaría el PIB per cápita alrededor del 20% en un período de unos 15 años. Sin embargo, estas cifras por sí solas no aclaran el impacto que la corrupción tiene en los estados del bienestar. Sí bien, para el FMI, en su informe “Corruption: Costs and Mitigating Strategies”, los efectos sociales de la corrupción son: Bajos resultados en las Políticas Sociales; Niveles bajos en los indicadores de educación y salud, ya que la corrupción puede distorsionar la asignación de fondos dentro de los sistemas de salud y educación; Ineficiencias en la prestación de servicios sociales, debido al desvío de fondos de programas contra la pobreza tanto hacía grupos de la población relativamente ricos como a individuos y grupos bien conectados, disminuyendo el impacto de los programas sociales en la distribución del ingreso y la pobreza.

Por otra parte, Bo Rothstein, responsable del Quality of Government Institute, hace una diferencia entre los distintos países (regiones), agrupándolos en: los que cuentan con programas estatales de bienestar amplios y sobre todo universales, bajos niveles de corrupción, alto grado de confianza social y altos niveles de felicidad y bienestar social; y, viceversa, países con sistemas de bienestar más restrictivos, con mayores niveles de corrupción, menores niveles de confianza social, bienestar social y felicidad. Para el mismo autor la calidad institucional es una variable a tener en cuenta ya que las  instituciones públicas deberían de ser las encargadas de realizar un control sobre el ejercicio de los políticos.

En este sentido, el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo ha realizado tres estudios sobre la calidad institucional, en 2010, 2013 y 2017 respectivamente. Para ello elaboraron el European Quality of Government Index (EQI). Un índice que calcula la calidad de 21 países europeos y 202 regiones. El EQI se subdivide en tres indicadores: calidad de los servicios públicos, el grado de imparcialidad de las instituciones y el grado de corrupción. En él último índice Canarias retrocedía hasta el puesto 152, con datos similares a Eslovaquia y Hungría, pero, además, lo hacía en todos los indicadores: calidad de los servicios públicos, imparcialidad de las instituciones y en el grado de corrupción, donde obtenía la peor puntuación, 35,2 sobre 100, en niveles muy similares a regiones de la República Checa. Además, según el estudio “Relación entre corrupción y satisfacción” el coste de la corrupción per cápita mensual en Canarias es 79,07 €.

Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo afecta la corrupción a nuestro estado del bienestar? Si volvemos a los datos del informe “The Costs of Corruption Acroos the EU” que sitúa el coste económico para España en 90.000 millones de euros anuales, el impacto de la corrupción en nuestras políticas sociales es de: 4 veces el tamaño del presupuesto anual para desempleados; más del 90% del presupuesto total de sanidad; el 88% del gasto en personas mayores; casi 295 veces más grande que la cantidad gastada por el gobierno en el presupuesto de vivienda; más de 11 veces el tamaño de todo el presupuesto para la familia y los niños; más de 3 veces el presupuesto para enfermedad; por último, España gasta 43 mil millones de euros en educación, y más del doble de esta cantidad se pierde por corrupción cada año. De hecho, el dinero perdido por la corrupción es casi la mitad del presupuesto anual total del gasto social.

Para Canarias no existen datos, sobre qué impacto tiene la corrupción en nuestras políticas sociales. Empero, según el premio de investigación del CES “Los Modelos Sociales Autonómicos en el contexto español”, donde colaboraron dos profesoras de la ULPG, Canarias presenta un contexto favorable para aumentar sus políticas sociales, sin embargo, ocupa una posición considerada como muy mala, teniendo los peores indicadores en políticas sociales de todo el país. Tampoco hay que olvidar que Canarias tiene los peores datos en casos de corrupción de España.

En España distintas leyes, como la Ley de Beneficencia de 1821 o la Ley de Beneficencia de 1849 regularon la beneficencia pública y privada.

Tendríamos que esperar a la Constitución española de 1987, dentro de un estado social democrático y de derecho, para la aparición de políticas sociales modernas. Sin embargo, los Servicios Sociales no han llegado a tener una ley estatal, tales como las distintas leyes de Educación y Sanidad y su desarrollo ha quedado en un segundo plano.

Es durante la década 1982-1992 cuando aparecen las primeras leyes autonómicas sobre acción social y servicios sociales. La “Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales” es la primera y única ley de Canarias mientras que otras Comunidades Autónomas ya cuentan con leyes de segunda y tercera generación. Además, la ley de 1987 nunca tuvo un desarrollo reglamentario posterior, y la nueva cuestión social se dejó en manos del sistema mixto de servicios sociales (colaboración público-privada) limitando la responsabilidad pública de los mismos. Aunque el objetivo prioritario de la ley de 1987 fuera “la prevención y eliminación de los factores etiológicos que conducen a situaciones de marginación social” Canarias ha seguido contando con indicadores sociales (pobreza, desigualdad, desempleo) muy por encima de la media estatal. A nuestro entender, los Servicios Sociales y las políticas públicas encaminadas a crear una sociedad más igualitaria y justa no han sido una prioridad de los distintos gobiernos de Canarias. Es más, el gran peso de las políticas encaminadas a la creación de empleo ha sido insuficiente sin el papel redistribuidor de la riqueza que debe tener el estado.

Ya desde la década de los noventa se empezó a hablar de la crisis del Estado de Bienestar y en un proceso lento pero constante la responsabilidad pública fue diluyéndose en el tercer sector (Asociaciones, ONG y empresas de iniciativa social) en un proceso de mercantilización que a través de la competencia se presenta como la solución capaz de disminuir el coste de los servicios, pero que en realidad contribuye, a largo plazo, a transferir los costes desde el conjunto de la comunidad hacia las personas a títuloindividual. Para Alston, en el informe “La extrema pobreza y los Derechos Humanos” de Naciones Unidas “Es mucho menos probable que servicios como los servicios sociales se presten de manera adecuada o tengan buena calidad para las personas pobres (privatizados). Lo que sucede es que esas personas acaban prescindiendo de esos servicios o pagan precios incluso mayores por servicios sustitutivos”.

Desde Redesscan, nos hemos pronunciado a través de varios artículos de opinión en la prensa local sobre el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias, ante la que afirmamos que en caso de aprobarse tal como está, generará mucha confusión, limbos e incertidumbres en su funcionamiento. Además, de que en la misma se da un desmantelamiento encubierto, ya que da un mayor protagonismo al tercer sector y a la empresa privada en los Servicios Sociales. En otras palabras, la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias es, de hecho, una puerta a la privatización de los servicios sociales autonómicos que tendrá un impacto negativo tanto en la respuesta a las personas empobrecidas, que residen en Canarias, como a la defensa de los derechos humanos de los mismos.