Vendas protectoras de manos con los colores de la rojigualda, guantes de boxeo y sesiones de sparring con la bandera de España y la de la Cruz de Borgoña con el águila bicéfala de fondo, más sesiones de press banca y sentadillas. Este es el escenario donde Vox ha encontrado un recambio para Revuelta, la organización juvenil que ahora se encuentra bajo sospecha, entre acusaciones de haberse quedado con unos fondos captados que, supuestamente, iban dirigidos a ayudar a los afectados por la dana.

Su nuevo referente juvenil es Reconquista, una entidad que inició su andadura el 9 de octubre de 2023 en Catalunya con una sugerente publicación en Instagram: “Muy pronto tendréis novedades”, anunciaban crípticamente. Doce días antes, el 28 de septiembre, se presentaba en sociedad la ya mencionada Revuelta.

Misma imagen, la denominación del colectivo junto a un “próximamente” y mismo pie de foto: “Muy pronto tendréis novedades”, y el nombre de la entidad enmarcado en un hashtag con el icono de la llama al lado. Actualmente, Revuelta opera de forma independiente de Vox, tras una cruda polémica entre sus líderes, mientras que Reconquista parece haber ocupado su rol, al menos en el ámbito catalán.

Reconquista ya reconocía cuatro meses después de su creación que uno de los ejes de su colectivo sería la “autodefensa”. El 20 de abril de 2024 anunciaba su primer seminario de artes marciales, al que llamó Jornadas Atilio, en honor a Marco Atilio Régulo, un general romano que, dice la leyenda, murió torturado bajo cautiverio en la primera guerra púnica.

A partir de entonces, este tipo de eventos empezaron a ser regulares: un seminario de boxeo en junio de 2024, otro de boxeo tailandés el 5 de abril de 2025, de wrestling el 26 de abril del mismo año, de kick boxing el 1 de mayo, seminarios de fuerza y lucha en julio y noviembre y otro de boxeo avanzado en enero de 2026, junto a más entrenos de lucha y fuerza en febrero y marzo del año presente.

Relevo generacional

Los jóvenes de Reconquista no transitan solos este camino. En febrero de 2019 se presentó en un gimnasio de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) el grupo de entrenamiento marcial Prima Bellatrix, que agrupaba a una parte significativa de la escena neonazi catalana. Este colectivo llevaba a cabo prácticas muy parecidas a las de Reconquista: seminarios de artes marciales y de fuerza, pero también excursiones y salidas culturales.

La asociación precedente a la que hoy opera codo con codo con Vox surgió tras la estancia del catalán Christian T. R. en Rusia, país en el que, en septiembre de 2018, entró en contacto con los impulsores del Programa de Entreno Padre Invierno (PPDM, por sus siglas en ruso).

PPDM fue una organización, ya disuelta, que aunó a individuos procedentes del área neofascista rusa, algunos de ellos de organizaciones implicadas en la decapitación de migrantes centroasiáticos, con el objetivo de ampliar los conocimientos en artes marciales y manejo de armas entre militantes afines de toda Europa.

Cuando Christian se encontró con ellos, también estaba ahí Thomas Gerlach, líder de la organización neonazi Hammerskin en Alemania e investigado por sus supuestos vínculos con el grupo terrorista NSU, tal y como atestiguan fotografías del suceso tomadas en la Plaza Roja de Moscú.

En los vídeos colgados por la propia Reconquista, se puede comprobar cómo de estas sesiones de entrenamiento también participa Jordà G. F., un militante ultracatólico implicado en la afición radical del F.C. Barcelona, vocalista de la banda Los Guripas y propietario de la marca de ropa Agnus Dei Cultwear. Jordà fue detenido en 2008 tras protagonizar una agresión contra varios aficionados del Reus Deportiu en la final de la Copa de Europa de hockey, y tuvo un papel relevante en Prima Bellatrix.

Otros invitados han sido el luchador Alejandro Rodríguez, alias “Hispano”, o el levantador de pesas César Agüera, a su vez portavoz de Núcleo Nacional (NN) en Catalunya y anfitrión del evento en el que participó Rodríguez, para el que ofreció su gimnasio.

Conexión con Vox

Prácticamente desde sus inicios, Reconquista ha llevado a cabo eventos de todo tipo junto a grupos de la órbita de Vox. Además de la ya mentada Revuelta, esta organización juvenil ha compartido cartel con Estudiants pel Canvi (EPC) o el sindicato Solidaridad. EPC está presidida por Santiago Acosta Gallego, concejal y portavoz del grupo municipal de Vox en Sentmenat (Barcelona).

Asimismo, Fernando Villalba Albaladejo, portavoz en sede parlamentaria de EPC en varias ocasiones, aparece en el vídeo del seminario del “Hispano”, en el gimnasio de Agüera, y en varias fotos que atestiguan su peregrinación a la Virgen de Covadonga, de la que también participó Jordà G.

Villalba fue ratificado como asistente de tipo 1 del grupo parlamentario de Vox en Catalunya con efectos desde el 27 de junio de 2024. Este joven militante de Vox se graduó en Derecho por la Universidad de Barcelona y cursó másteres en Abogacía por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y de Liderazgo y Gobierno por el ISSEP de Madrid, un centro creado por Marion Maréchal Le Pen, sobrina de la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen. Su categoría le exige llevar a cabo tareas de asesoramiento legislativo, de análisis político y de coordinación entre el grupo que lo emplea y el resto de partidos.

Antes de la ruptura con Vox, Fernando Villalba también participó de algunos eventos de Revuelta, cuya imagen corporativa y colores escogidos no era casual, adujeron algunos militantes de la autodenominada “área patriótica” a la derecha de Vox.

El fondo del logotipo de Revuelta es de color burdeos, mientras que el de Hacer Nación (HN) era de un carmesí oscuro. Y las letras del primer colectivo mencionado son de color crema, frente al blanco y el amarillo del segundo. Esta similitud cromática desencadenó todo tipo de teorías de la conspiración entre detractores a la derecha de Vox, que acusaban al partido de Santiago Abascal de estar lanzando una opa hostil a potenciales militantes de HN para ocupar, así, lo poco que queda en su extremo derecho.

Esta última organización fue un grupo en el que convergieron proyectos neofascistas de ámbito local, como Iberia Cruor, Acción Social Cádiz, El Galeón, Málaga 1478 y algunos miembros escindidos de España 2000, que ya habían compartido militancia con Plataforma per Catalunya (PxC) bajo el paraguas de la coalición Respeto, fundada en 2016 y que se mantuvo hasta la disolución de la Plataforma en Vox en 2016.

En la actualidad, HN parece haber cesado toda actividad y algunos de sus miembros más destacados se han integrado en Vox: o en su sindicato, concretamente, al frente del cual está el exmiembro del ultraderechista Movimiento Social Republicano (MSR) y de PxC, Jordi de la Fuente.

Actos conjuntos

El pasado 18 de marzo, Reconquista convocó una manifestación en el barrio popular de Bonavista de Tarragona llamando a la “remigración”, una consigna utilizada por las extremas derechas europea y española para exigir expulsiones de migrantes. Destacados miembros de Vox llevaron la voz cantante del acto, entre los que destacan De la Fuente o la portavoz del grupo de ultraderecha en Terrassa (Barcelona), Alicia Tomás Martínez. La pancarta iba firmada con el logotipo del partido de Abascal, aunque los colores de las banderas eran los de Reconquista, en contraste con el verde más oscuro de las banderas de Solidaridad.

Días después, el 22 de marzo, Solidaridad y Reconquista convocaron juntos una concentración en el barrio del Fondo de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) para pedir “vivienda asequible, inversión, limpieza y remigración”. La concentración apenas congregó a dos decenas de personas, pero es igualmente ilustrativa de cómo Vox se ha apropiado de las temáticas y los lemas de la derecha más extrema para evitar la competencia en el campo electoral por ese flanco más derechista y las consiguientes fugas de militantes.

Para el 20 de octubre de 2026, está prevista la organización del Foro Occidental (Western Forum, en inglés) por parte de Reconquista. No ha trascendido nada de los ponentes ni de la temática del congreso, pero la línea sostenida hasta ahora por esta asociación hace plausible que sea un espacio de intercambio con la extrema derecha que hace de la “remigración” su política principal. La participación de miembros de Vox en este foro es también una incógnita que pronto se va a descubrir.

“Quizás vaya con mis amigos y devuelva Barcelona a los 90 y vaya a cortar gente con cuchillos... Hago un vídeo... Pero necesitamos aclarar... Es una de las ciudades más protegidas por los negratas, árabes, antifascistas, rojos e independentistas... Protegen esa escoria... Pero necesitamos acción”. Así se expresaba un usuario de un foro privado neonazi en 2021, llamando la atención de los investigadores que habían logrado infiltrarse en dicha red.

Quien escribió esto, al igual que el resto de participantes en el foro, se escondía tras un seudónimo, pero aseguraba vivir en Barcelona y estar tratando de crear la sección española de una organización neonazi conocida como Atomwaffen Division (AWD).

La detención el pasado noviembre de una célula del grupo neonazi The Base en Onda, Castelló, puso el foco sobre la amenaza en España del extremismo violento de ultraderecha de ámbito internacional, detectado, según dijeron, por primera vez en nuestro país. De acuerdo a fuentes policiales, la célula desarticulada estaba ya “en disposición de realizar atentados”, y por eso actuó rápido. The Base, que se identifica con el supremacismo blanco aceleracionista, una corriente ideológica que pretende desencadenar la guerra racial mediante la violencia armada, no era la primera organización internacional de estas características que tuvo franquicia en España.

A finales de 2021, un grupo de investigadores antifascistas descubrió que en varios países de Europa se estaban tratando de crear células de la organización neonazi Atomwaffen Division, también en España.

Esta organización surgió en los EEUU en 2015, a través de un foro de internet supremacista llamado Iron March. Fue ahí donde un usuario, Brandon Clint Russell, anunció su creación: “Somos un grupo de camaradas muy fanáticos e ideológicos que hacen tanto activismo como entrenamiento militante”, dijo, a la vez que animaba a los otros usuarios a unirse y a rechazar ser tan solo “guerreros del teclado”. “Unirse a nosotros significa una dedicación seria, no solo a la División Atomwaffen y a sus miembros, sino al objetivo de la victoria definitiva sin concesiones”.

AWD, igual que The Base y otros grupos similares, promueven la creación de células autónomas o “lobos solitarios” que operen por su cuenta, contra las infraestructuras del Estado y contra personas a las que consideran enemigas. Ambas son consideradas organizaciones terroristas en Canadá, Alemania o Reino Unido.

Pasar a la acción en España

“Camaradas, ¿no sentís que por mucha lucha que hagamos no vamos a cambiar nada? Me refiero al hacer pintadas, taponar cerraduras y llamando guarros a los piojosos. Me refiero ¿no habrá llegado el momento de dar un paso hacia delante? ¿Qué pensáis? Sé que se arriesgaría mucho, pero hay que vivir peligrosamente”.

Un perfil de Telegram bajo el seudónimo de Palmer Europio se dirige en abril de 2021 al medio centenar de personas que forman parte del grupo privado de esta aplicación de mensajería llamado Spanish Waffen. “Hablo de hacerles llorar sangre, que tengan miedo de salir a las calles, robar las armas de dos uniformados…”. A continuación, el mismo individuo enlaza dibujos y fotografías de bombas caseras. “¡Manualidades :D!”, añade.

Otros usuarios del chat nazi comparten en esos mismos días imágenes de armas fabricadas por ellos mismos y algunas inutilizadas puestas de nuevo en funcionamiento. Uno de ellos recomienda seguir una cuenta de Instagram donde se va a publicar una guía para la fabricación de explosivos. En esta, cuyo perfil sigue hoy en día activo, se ofrece una minuciosa descripción, paso por paso, de cómo fabricar pólvora casera. Al final de la demostración, este perfil invita a “quienes quieran entrar al grupo de Telegram, que me manden un privado con su nombre”.

Atomwaffen Division España

Bajo el pseudónimo “B.M. COMANDO Never Surrender” se esconde el individuo que llegó a fantasear en el grupo de Telegram de la delegación europea del colectivo aceleracionista (AWDE) con asesinar a cuchilladas a personas por la calle.

Presume ante el resto de camaradas del chat europeo de que tiene “guerreros jóvenes y buenos”, y envía un vídeo asegurando que la célula está en marcha. Reside en Catalunya y se mueve por los entornos neonazis de la zona. Es cantante en dos bandas de Black Metal con letras abiertamente antisemitas. La imagen de presentación de una de estas bandas muestra a dos individuos armados con machetes y subfusiles, con la máscara de calavera característica de AWD.

Él y otros individuos que se identifican como miembros de AWD España compartieron en este mismo canal internacional de la organización varias fotos y videos de cómo realizan pintadas con el nombre de la sección española de AWD, encapuchados y ataviados con ropa militar.

La delegación española de AWDE la componían un grupo de jóvenes, algunos de ellos entonces menores de edad, radicados en diferentes localidades de España y organizados virtualmente bajo el paraguas de un grupo que se dio a conocer en Telegram en octubre de 2020 llamado Sección de Asalto (SA).

En el canal de SA, algunos usuarios compartían sus fotos y nombres propios, incluso su participación en actos públicos con pancarta propia, como fue la manifestación del 1 de Mayo de 2021 en València convocada por el partido fascista España2000 y para la que se desplazaron otros miembros de este grupo desde Catalunya.

La mayor parte de los integrantes habían participado en los últimos años en varias movilizaciones anti-independentistas y contra la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Pedro Sánchez en Catalunya. Una participación codo con codo con otras organizaciones neonazis y de extrema derecha como Tercios Urbanos, parte del cual se integró en Núcleo Nacional, o el Frente Nacional Identitario - Partido Nacional Socialista Obrero Español (FNI-PNSOE).

En el canal de Sección de Asalto, los investigadores detectaron no solo una apología reiterada del nazismo y de la violencia, sino incluso enlaces a otros foros, como el de AWD España. Las fotos publicadas por uno de los integrantes de SA en el grupo de Telegram de AWDE permiten identificar a varios de sus miembros, algunos de ellos vinculados a otras organizaciones neonazis.

Delegaciones por el Estado

En 2022, SA tendría militantes en Catalunya, Granada, Zaragoza y Valencia, siendo en esta última ciudad el segundo núcleo más activo y al frente del cual estaría un individuo menor de edad. En Granada se encontraría otro joven, apodado Cuervo Blanco SH en el grupo de Telegram de AWDE, del que acabó yéndose tras afirmar que la Europol y el FBI iban tras la pista de AWDE, citando como fuente a un “amigo policía fascista”.

Una reciente operación policial en Polonia contra miembros de esta organización lo puso en alerta, por lo que este integrante de la sección española intentó pasar desapercibido. Los otros militantes, principalmente los de Catalunya, dejaron de publicitar su actividad a partir de 2022.

Células en Europa y antecedentes en EEUU

La policía polaca registró el domicilio de varios miembros de esta organización en 2021 tras conocerse que habían adquirido armas automáticas y recibido entrenamiento por parte del ucraniano movimiento Azov, tal y como recoge una investigación de la Fundación Amadeu Antonio. En 2022, la Oficina Federal de la Policía Criminal de Alemania irrumpió en medio centenar de inmuebles de presuntos miembros de AWD y de un grupo del espectro político neonazi ya ilegalizado, de entre los cuales se contaba también un militar en activo.

Antes de estas operaciones que desarticularon las células polaca y alemana, AWD ya contaba con un amplio historial terrorista. En mayo de 2017, la policía de Tampa, Florida, intervino en un secuestro armado. El autor de este crimen, que no ofreció resistencia al ser detenido, confesó que había asesinado a dos compañeros de piso con los que había planeado atacar una central nuclear. En su domicilio encontraron un amplio arsenal de explosivos y propaganda del mencionado grupo neonazi aceleracionista.

Meses después, pocos días antes de la Navidad de ese mismo año, agentes de las fuerzas de seguridad descubrieron en Reston, Virginia, los cadáveres de los padres de una joven, ejecutados a sangre fría por su pareja, menor de edad, que intentó quitarse la vida tras el suceso. Ambos progenitores descubrieron la militancia de su asesino en AWD y obligaron a su hija a romper con él, razón por la que el susodicho acabó con su vida. Y la lista de crímenes de esta organización siguió a las pocas semanas tras la aparición del cadáver de una víctima judía y gay que murió a manos de otro militante neonazi de este mismo colectivo.

Amenazas latentes

La tentativa de rearme de AWD en Europa se organizó a través de grupos de Telegram y arrastró a colectivos que ya operaban en Catalunya y otras partes del Estado nutriendo la movilización anti-independentista de aquellos años y llevando a cabo cacerías contra migrantes. Gracias a la labor de infiltración de varios periodistas en Europa, se logró desarticular diversas células en distintos países, pero también advirtió al resto de que estaban siendo vigiladas.

Aunque el grupo no ha reivindicado hasta el momento ninguna acción en España, la presencia de sus siglas en nuestro país, y la proliferación de organizaciones similares de carácter neonazi y aceleracionista, como el caso de The Base, plantean nuevos retos para la seguridad, ya que a menudo son indetectables.

Este tipo de extremismo violento no requiere una gran estructura organizativa, ni siquiera una coordinación, sino que puede operar de forma totalmente autónoma. Es por eso que representan una de las mayores amenazas actuales para la seguridad en Europa, tal y como reconoció la Europol, la agencia europea para la cooperación policial.

En la web de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se pueden leer las bondades de los programas sociales de esta empresa semipública. Una entidad que fue creada para absorber los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos por valor de más de 60.000 millones de euros. Sin embargo, los datos anunciados por la sociedad sólo reflejan la parte más amable de estas iniciativas dirigidas a “los colectivos más desfavorecidos”. Así sucede en el caso de su parque social de viviendas. La Sareb, participada en un 45% por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y en un 55% por accionistas privados, asegura que ya ha cedido más de 2.350 pisos para que se destinen a alquiler social. Lo que no dice esta empresa, más conocida como el banco malo, es que las administraciones beneficiarias, 11 Comunidades Autónomas (CCAA) y seis ayuntamientos, han rechazado una de cada cuatro de estas viviendas.

El mal estado de los pisos, sobre todo, pero también su ocupación irregular han sido los principales motivos de rechazo. En menor medida, la imposibilidad de transformar las viviendas en espacios habitables y la oferta en ubicaciones donde no hay demanda social también han determinado su exclusión.

Todas las administraciones receptoras (menos Galicia, el País Vasco, Cantabria y Málaga, con el 100% de las viviendas comprometidas) esgrimen que las reformas necesarias para poner a punto estos pisos superaban el máximo estipulado por convenio. La cifra, de entre 5.000 y 7.500 euros, se debe abonar a partes iguales entre las administraciones beneficiarias y la Sareb. De hecho, las entidades usufructuarias han gastado en conjunto más de 1,2 millones de euros para actualizar aquellos pisos cuya intervención sí se ajustaba a estos criterios económicos.

“Se trataba de hacer una reforma integral”

“Ya sabíamos que las viviendas eran malas, pero estaban peor de lo que esperábamos”, aseguran desde el Servicio de Vivienda de Navarra respecto de los pisos rechazados. En la misma línea se expresa Vanesa Valiño, jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, para quien no sólo se trataba de actualizarlos, de arreglar la cocina, el baño y pintar, sino “de hacer una reforma integral”.

Las CCAA y los ayuntamientos consideran que ni tiene sentido, ni pueden asumir gastos superiores a los pactados, sobre todo porque se trata de cesiones en régimen de usufructo de una duración media de cuatro años. “No es una inversión inteligente de los recursos, [a partir de cierta cifra] es invertir dinero público para arreglar el problema de un privado” porque los pisos, explican desde Visocan, la empresa pública canaria de promoción de la vivienda, no son del gobierno.

La Sareb alega que “no eligió los inmuebles que le fueron transferidos, ni el estado en el que se encontraban” y que “una vez se ofrece un paquete de viviendas a una administración, se inspeccionan, se revisan, y se descartan las que no cumplen las condiciones”. Además, la sociedad semipública defiende que su programa social debe acompañar el cumplimiento de la misión de la Sareb, es decir, su obligación de vender todos los activos que adquirió de los bancos antes de noviembre de 2027.

De momento, las administraciones cuentan con 1.779 de los 2.390 pisos conveniados. Una cifra que toma mayor significado si tenemos en cuenta que Jaime Echegoyen, presidente de la Sareb, amplió, en 2015, a un total de 4.000 los inmuebles que esta empresa quería destinar al alquiler social. Así, tres años después de su anuncio, sólo el 44% de estas 4.000 viviendas son o están en disposición de convertirse en alquileres sociales en un país que tiene uno de los parques de vivienda social más pobres de Europa y que se gastó 64.900 millones de euros en rescatar a los bancos.

“Hay muchos temas como el estado de los pisos cedidos, el coste de las reformas o la ubicación de los mismos en los que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo con la Sareb y eso ha retrasado un proceso ya de por sí muy lento” reconocen fuentes de Visocan. Algo que ha sucedido en buena parte del resto de gobiernos municipales y autonómicos. De hecho, de las 1.779 viviendas conveniadas y aceptadas por las administraciones sólo cerca de 900 ya funcionan como alquileres sociales (sin contar con los casos de Cantabria y el municipio de Hospitalet del Llobregat, en Catalunya, que al cierre de este reportaje no han facilitado datos claros al respecto).

Navarra y Aragón no han aceptado ningún piso

El gobierno de Navarra, que no ha aceptado ninguno de los 30 pisos acordados, resume así la situación: “Algunas viviendas no cumplían con las condiciones de habitabilidad, algunas estaban ocupadas, en una había una plaga de cucarachas…”. Con todo, el detonante de la renuncia fue, aseguran las mismas fuentes, el error por parte de la Sareb de la dirección de uno de los domicilios. “Casi se entra por la fuerza en una vivienda propiedad de ciudadanos particulares; pensamos que aquello no era serio y le dimos fin”, explican.

Aragón, como Navarra, ha rechazado todos los pisos de la Sareb. De acuerdo con el actual gobierno socialista “revisando los términos del convenio [firmado en febrero de 2015 por el anterior ejecutivo popular], el estado y la ubicación de las viviendas ofertadas, se estimó que no podía ser ratificado”. Fuentes del departamento de Vivienda afirman que los pisos cedidos, 25 de los 80 acordados, precisaban inversiones de entre 6.000 y 9.000 euros y que esto “resultaba inadmisible” teniendo en cuenta que, en el acuerdo suscrito en el caso aragonés y a diferencia del resto de convenios, Sareb sólo estaba obligada a abonar 600 euros por piso.

Otras muchas comunidades solamente han podido incorporar una parte de los pisos comprometidos a su parque social. Andalucía, por ejemplo, cuenta con 219, el 55% de los pactados y Extremadura, con 25 de los 45. En ambos casos, la Sareb ofreció menos viviendas de las acordadas, algo que difiere de la tendencia general. En términos globales, la empresa semipública ha cedido más pisos de los conveniados aunque buena parte de ellos no cumplieran con los requisitos estipulados. En este sentido, el caso de Islas Baleares es más paradigmático: la Sareb ofreció 83 viviendas de las 75 pactadas y el gobierno balear se quedó con 45.

Tanto en el caso de Andalucía y la comunidad balear, como en el de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Sevilla, a la casuística del mal estado de las viviendas hay que sumar la de las ocupaciones sin posibilidad de regularización. La Sareb justifica que estas viviendas deben cederse porque es la administración pública quien tiene la potestad de regularizar la situación de los inquilinos. Con todo y pese que algunos convenios recomendaban un cupo máximo de viviendas ocupadas irregularmente, la cifra prefijada en estos contratos, como ha sucedido en la capital andaluza, se ha superado en diversas ocasiones. Sevilla ha aceptado 6 de los 15 pisos que marcaba el acuerdo y Madrid sólo ha incorporado un 36% del total.

Vanesa Valiño, jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda Ayuntamiento de Barcelona, asegura que, en las negociaciones con la Sareb, el gobierno municipal estableció que no aceptaría pisos ocupados si las familias no se encontraban en una situación vulnerable y, por consiguiente, su situación en el piso no podía ser regularizada. La regularización in situ, sin embargo, no funciona en todas las administraciones, muchas de las cuales exigen a los ocupantes que abandonen el domicilio para luego evaluar si pueden beneficiarse de un piso social.

“Si los inquilinos de la Sareb generan problemas con la comunidad o tienen suficiente capacidad económica para pagar el alquiler [y no lo están haciendo], la Sareb es la que debe gestionar el procedimiento de desahucio”, considera Valiño. La jefa del gabinete municipal afirma que algunos de los pisos rechazados por el Ayuntamiento de Barcelona, que cuenta con 173 de los 200 conveniados, eran inhabitables. “Se trata de pisos que no pueden cumplir con las condiciones de la cédula de habitabilidad ni invirtiendo todo el dinero del mundo. Rechazamos un sótano que, por ejemplo, no tenía ventilación”, precisa Valiño. No se trata de un caso aislado, el ayuntamiento de Madrid, las Islas Baleares y Cantabria, pero también Catalunya y Castilla y León, dos comunidades donde el balance del acuerdo ha sido muy satisfactorio, se han encontrado con el mismo problema.