El abuso en el consumo de psicofármacos es un problema reconocido en Catalunya y es especialmente delicado cuando hablamos de menores, los pacientes más sensibles a este tipo de medicación. Aunque no hay datos públicos respecto del consumo general entre los más jóvenes, las cifras clínicas de los centros públicos especializados que revelamos en elDiario.es ilustran una realidad: a uno de cada cuatro pacientes atendidos en los centros ambulatorios de salud mental infantil y juvenil de Catalunya (CSMIJ) se le recetó al menos un psicofármaco en 2023. La cifra total, de unos 23.600 pacientes con prescripción, supone un incremento de cerca del 22% en cinco años y se explica, en gran parte, por el aumento incesante de menores atendidos y diagnosticados.

Sin embargo, estas cifras dibujan una realidad que no es homogénea en todo el territorio catalán. Dependiendo del centro al que se acuda, las probabilidades de que un menor salga con una prescripción en el bolsillo se multiplican o se reducen drásticamente. 

Los datos, obtenidos a través de diversas solicitudes de acceso a información pública, muestran la desigualdad en la prescripción de psicofármacos en cada centro ambulatorio de salud mental, un recurso que se asigna en función del lugar de empadronamiento del usuario. Así, en un CSMIJ como el de Sant Cugat o el de la Cerdanya, al 46% de los pacientes se les prescribió medicación el año pasado, mientras que en otros dispositivos como los CSMIJ de Montcada i Reixac o el del Pallars este porcentaje solo alcanzó el 14% y el 15% de los atendidos, respectivamente. La diferencia en las tasas de prescripción plantea una cuestión clave: ¿por qué se medica más en unos centros que en otros?

Esta gran disparidad depende, según la mayoría de los expertos y profesionales consultados por elDiario.es, de distintos factores como la formación y el enfoque terapéutico del psiquiatra y de la entidad que gestiona el servicio de atención en cada centro, pero también del grueso de casos graves atendidos en cada CSMIJ, la presencia o ausencia de una atención integral entre los diferentes actores que intervienen en el tratamiento y el bienestar del menor o las presiones de la industria farmacéutica, tal y como explican las fuentes consultadas.

La orientación del profesional y entidad que gestiona el centro

El factor que más pesa en las diferencias respecto del porcentaje de menores medicados “es el profesional y el tipo de organización que gestiona el CSMIJ”, asegura David Clusa, psiquiatra y director de servicios de salud mental de Pere Claver Grup, entidad de la que depende el CSMIJ de Sants-Montjuïc, situado en la ciudad de Barcelona y uno de los centros con menor porcentaje de pacientes medicados.

En el modelo catalán, los servicios de salud mental se ofrecen gratuitamente al usuario, pero CatSalut (entidad pública que planifica, financia y evalúa los servicios sanitarios) los concierta a fundaciones o entidades privadas especializadas, por lo que no hay, aclara Clusa, “una dirección conjunta” y cada centro tiene su forma de trabajar. 

“Hay entidades que dependen de grupos vinculados al ámbito hospitalario y que tienen una orientación más biomédica y, otras, como la entidad donde trabajo yo, que vienen de una tradición más comunitaria, con un modelo más basado en lo biopsicosocial, donde la medicación forma parte del abanico de alternativas terapéuticas, pero donde este recurso no es ni el más importante, ni el principal, ni el primero”, añade Clusa. Los datos obtenidos por elDiario.es casan con su análisis: en la gran mayoría de los casos, los CSMIJ vinculados al ámbito hospitalario superan el porcentaje medio de pacientes medicados, de casi un 29%, mientras que la mayor parte del resto de los recursos ambulatorios, casi todos con una orientación más comunitaria, se sitúan por debajo.

Como Clusa, Graciela Esebbag, psicóloga clínica y coordinadora del CSMIJ barcelonés de Nou Barris, que también registró uno de los porcentajes más bajos de prescripción de psicofármacos en pacientes, considera que la diferencia tiene que ver con la mirada clínica. “Esta mirada clínica depende de la formación y de la teoría que sostiene la intervención del profesional”. Eso no significa, precisa la psiquiatra, que la medicación no sea, en los casos más graves, necesaria, como pasa en las psicosis infantiles con fenómenos alucinatorios o las depresiones severas con alto riesgo de suicidio, sino que hay “maneras de intervenir que promueven más la prescripción que otras”.

“Si el psiquiatra cree que la biología es lo que explica el síntoma, deberá hacer, prioritariamente, un tratamiento biológico como es la medicación”, dice Clusa. Por otro lado, afirma Esebbag, si el profesional piensa que “detrás del síntoma hay un psiquismo, una historia, un trauma” priorizará recursos como la palabra para entender “los porqués del sufrimiento del paciente”.

Se trata, asegura Josep Moya, psiquiatra y exdirector del servicio de salud mental de la Corporació Sanitària Parc Taulí, “de la concepción a partir de la cual un psiquiatra prescribe o, mejor dicho, no prescribe”. La medicación, explica, “es un tratamiento sintomático y, a veces, necesario, pero no cura al paciente, no ataca a la causa”. La formación de los psiquiatras “se ha ido decantando fundamentalmente hacia la psicofarmacología” en detrimento de la clínica y de la psicoterapia (terapia de conversación) e incluso, afirma, de la psicopatología (disciplina en referencia a los síntomas psicológicos de una enfermedad orgánica). En este sentido, añade, “deberíamos reflexionar sobre si queremos que los psiquiatras sean solo prescriptores de pastillas o alguna cosa más”.

“La orientación de un profesional tiene que ver con el hecho de que éste considere que es más o menos necesario medicar”, reconoce Rosa Calvo, psiquiatra y responsable del también barcelonés CSMIJ del Eixample, en relación, por ejemplo, a tratamientos de niños con Trastorno del Déficit de Atención por Hiperactividad (TDAH), que han motivado diversos desencuentros en el ámbito de la psiquiatría y la psicología. Pero, las diferencias, añade, “se han ido superando porque, al final, tienes que trabajar de acuerdo con las guías clínicas”.

Para Clusa, sin embargo, estas guías “dan un amplio margen de posibilidades y tienen un uso y utilidad muy relativos, sobre todo, en el ámbito de la salud mental infantil y juvenil”.

La gravedad de los casos atendidos

Una de las principales razones de la disparidad actual entre centros responde, de acuerdo con Calvo, a la gravedad que atiende cada CSMIJ: “A mayor gravedad, mayor posibilidad de requerir tratamiento farmacológico”.

Una mayor proporción de pacientes crónicos, con problemáticas tales como los trastornos esquizoides, delirantes o bipolares, y las depresiones mayores o el autismo, es un indicador útil para mostrar la relación entre la gravedad (aunque no incluye toda la casuística severa) y la medicación, según esta psiquiatra y Magda Casamitjana, directora del Pacte Nacional de Salut Mental de la Generalitat.

Así, y pese a que en el caso concreto del CSMIJ del Eixample, el tercero en porcentaje de pacientes medicados y dependiente de l’Hospital Clínic, esta cronicidad no explica el alto índice de menores con prescripción, sí parece ser un factor clave en la mayoría de los centros que más medican.

Es el caso del CSMIJ de Sant Cugat, el segundo centro con más pacientes crónicos y el que más prescribe, y el de Terrassa, que tiene el mayor porcentaje de menores con problemas crónicos y es el séptimo en términos de pacientes medicados.

Iria Méndez, coordinadora y psiquiatra de estos dos CSMIJ, situados en la comarca del Vallés Occidental y dependientes de la Fundació Assistencial Mútua de Terrassa, reconoce que, aunque no conocía los datos concretos y actualizados sobre el porcentaje total de pacientes que reciben prescripción en ambos centros, en el caso de Sant Cugat, la razón podría ser la gravedad de los atendidos. Se trata de un municipio con mucho soporte privado, asegura, “pero cuando son casos graves, la gente lleva a sus hijos a la pública”.

En términos generales, Méndez asegura que el aumento de la medicación en menores está vinculado a que ahora se diagnostica más, pues durante mucho tiempo “hubo un infradiagnóstico en patología psiquiátrica”. Sin embargo, esta psiquiatra también reconoce que hay factores que vienen de lejos y que han marcado una mayor tendencia a la medicalización, como el predominio de la mirada hospitalaria, donde se trabaja con pacientes más agudos, en el diseño de los sistemas sanitarios.

Otro elemento, sostiene, es la “escasa formación psicoterapéutica de los psiquiatras” al inicio y a lo largo de sus carreras y, concretamente, en psiquiatría infantil, una especialidad que, hasta hace poco, ni siquiera existía en España.

“Cuanta más diversidad de conocimientos, más abanico de opciones y herramientas tienen los psiquiatras a la hora de abordar los casos”, asegura Lluís Díaz, psicólogo y codirector asistencial de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (FETB) que gestiona los CSMIJ de Montcada i Reixac, también en el Vallès Occidental, y Sant Andreu y Gràcia, en la ciudad de Barcelona. Preguntado sobre el hecho de que los tres centros de FETB registren los niveles más bajos de prescripción (el dispositivo de Montcada i Reixac está en la última posición), Díaz considera “que no puede ser casualidad” sobre todo teniendo en cuenta “las diferencias de estos tres CSMIJ en términos de población y gravedad en lo psicosocial”.

Una atención integral al menor

Según Díaz, la explicación pasa por la manera de entender la problemática en salud mental. En este sentido, destaca que, en los CSMIJ de la fundación, “los psiquiatras no solo prescriben, sino que también hacen primeras visitas, exploraciones, seguimiento de los casos”, es decir, tienen una visión más integral del problema. Un rol que enlaza con las reflexiones de Moya respecto de la intervención de estos profesionales.

La visión de la fundación, explica, va más allá de lo médico y empapa su estructura: “Es muy atípico que una dirección asistencial, como pasa en la nuestra, esté encabezada por un psicólogo y una trabajadora social; el hecho de que no haya ningún psiquiatra es significativo”. Su manera de trabajar, explica, “incluye a los menores y a sus familias y apuesta por la coordinación y la interdisciplinariedad”, por dar más espacio a figuras como los trabajadores sociales y los terapeutas ocupacionales. Un planteamiento coincidente con la forma de trabajar en Sants-Montjuïc y Nou Barris.

De hecho, la coordinación y la estrategia conjunta entre todos los profesionales y actores que atienden al menor, desde los recursos sanitarios hasta lo social y educativo, es otro de los factores que, según los entrevistados, puede contribuir a reducir la medicación. Así lo defiende también José Ramon Ubieto, psicólogo y ex coordinador del Programa Interxarxes de atención al menor, cuya implementación, en el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona entre 2000 y 2010, significó una reducción notable de los costes sanitarios como la medicación y la hospitalización en menores con problemas de salud mental.

Ubieto recuerda que los psicofármacos no son inocuos: “Tienen efectos secundarios como el insomnio o la obesidad”. Además, advierte este psicólogo, cuando la resolución de un problema se asocia únicamente a la ingesta de medicación, estamos enviando “un mensaje de desresponsabilización al menor”.  

El rol de la industria

“La industria farmacéutica quiere vender y la medicalización de los sufrimientos de la infancia y la adolescencia es un drama”, asegura Juan-Ramon Laporte, ex catedrático de farmacología en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y autor del libro Crónica de una sociedad intoxicada.

“Hay psiquiatras más sensibles a la presión de la industria y a la presión, en general, por medicar, y los hay que lo son menos”, afirma Laporte. En esta decisión interviene, precisa, “la formación e ideología del profesional, la realidad social de los pacientes y también, claro, el tiempo que tiene para visitar”.

Un factor, el del tiempo y la frecuencia y continuidad en el tratamiento de los casos, que también apunta la mayoría de los entrevistados. Con todo, los datos de 2023 analizados por elDiario.es no indican que haya una relación directa entre una menor frecuencia de visita y una mayor tasa de medicación.

Los psicofármacos, concluye Laporte, “ya no se usan para tratar las enfermedades, sino para tratar el malestar”. Un malestar emocional y social que, según los especialistas, está relacionado con la irrupción de las redes sociales, la desesperanza y la situación de precariedad que viven los más jóvenes.

Josep Tristany, actual responsable del Pla director de Salut Mental del Departament de Salut, reconoce que, muchas veces, ante este malestar, “la respuesta inmediata del sistema es poner un fármaco”. En este sentido, desde Salut, aseguran que “es necesario adoptar intervenciones para fomentar el uso racional de psicofármacos entre los menores”, aunque, de momento, afirman que las principales iniciativas se limitan a la producción y distribución de herramientas como las guías clínicas.

En este sentido, Casamitjana, al frente del Pacte Nacional de Salut Mental, que depende del departamento de Presidencia, defiende medidas como “la prescripción social”, que ya funciona en la red pública y se basa en la prescripción de actividades sociales que permiten a la persona salir del círculo de lo sanitario y encontrar motivaciones y espacios de socialización. Una apuesta que requiere, dice, “la formación de más médicos e incrementar la plantilla de terapeutas ocupacionales”.

Este artículo es fruto de un trabajo realizado gracias al Premio Montserrat Roig del Ayuntamiento de Barcelona para la promoción de la investigación periodística en el ámbito del bienestar social

El alumnado que aprende en barracones en Catalunya no ha dejado de crecer en los últimos años. Un total de 23.349 alumnos estudiaron el curso pasado en 95 escuelas e institutos públicos construidos íntegramente con módulos prefabricados. Son casi 10.000 estudiantes (9.700) más que en el curso 2008-2009, lo que supone un aumento del 70%, según datos obtenidos por Verificat a través de una Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP). Hay 31 centros de la comunidad que llevan más de una década funcionando en barracones.

Las promesas para eliminar los barracones han sido recurrentes por parte de los distintos responsables de Educación. Josep Gonzàlez-Cambray, actual conseller de Educación y exdirector general de Centros Públicos, aseguró en abril de 2019 que el Govern eliminaría un centenar de barracones en cuatro años. Por aquel entonces había 1.015 módulos, contando los centros formados íntegramente por barracones y los que los usaban de forma complementaria. Tres años más tarde, la cifra de barracones solo se ha reducido en nuevo y siguen empleándose como aulas 1.006 módulos, según datos facilitados por el departamento.

La conselleria remarca que está trabajando para revocar una tendencia que no ha hecho más que aumentar. El director general de Centros Públicos, Jean Marc Segarra, ha indicado a Verificat a través de un correo electrónico que antes de la pandemia se puso en marcha un plan de construcciones con el objetivo de reducir hasta un 70% los módulos en escuelas e institutos. Segarra no ha facilitado datos sobre el estado de las obras, pero el Govern anunció en abril de 2019 que los trabajos afectarían a 27 centros educativos, que se sumarían a los 37 que ya estaban en construcción.

El departamento ha declinado concretar el total de alumnos que estudian en centros donde los barracones conviven con edificaciones e instalaciones permanentes alegando que, en estos casos, los módulos se usan para actividades complementarias y que la situación del alumnado es distinta de la de aquellos que realizan todas las clases en aulas prefabricadas. Tampoco ha compartido datos sobre alumnos en barracones relativos a cursos anteriores al 2008-2009.

El único dato anterior al 2008 es el del número de escuelas que funcionan íntegramente por barracones, que ha pasado de 41 el curso 2004-2005 a 95, el 2020-2021. El número de módulos prefabricados también ha aumentado de 202 a 499 durante el mismo periodo, unos años en los que los estudiantes matriculados en la educación pública catalana han pasado de 752.731 a 828.253, lo que supone un incremento del 10%.

De los 95 centros que impartían todas sus clases en aulas prefabricadas en el curso 2020-2021, 71 llevaban al menos cuatro cursos en esta situación y 31 ya funcionaban así en el curso 2008-2009. Es decir, casi una tercera parte de los centros que estaban solo en barracones el curso pasado conviven con esta realidad desde hace al menos 12 años. Esta realidad se aleja de la función de “solución provisional” que deberían tener este tipo de módulos, según asegura la administración catalana desde hace años.

Centros y comarcas más afectados

De los 23.349 alumnos que estudiaban en centros formados íntegramente por barracones en el curso 2020-2021, 12.996 cursaban infantil y primaria, mientras que 9.481 estaban inscritos en institutos y 872 en centros que ofrecen primaria y secundaria. Por comarcas, las cifras del curso anterior sitúan la comarca del Barcelonès, con 4.262 alumnos; el Gironès, con 3.107 y el Vallès Occidental, con 2.579, como las zonas que concentran el mayor número de alumnado estudiando en barracones.

Los datos son similares a los de cuatro años atrás, cuando el Gironès encabezaba la clasificación, con el Barcelonès y el Vallès Occidental en segunda y tercera posición. Esta realidad, en el caso del Barcelonès y del Vallès Occidental, se corresponde con el hecho de que son las comarcas más pobladas de Catalunya, pero no encaja en el caso del Gironès, que ocupa la novena posición.

Proporcionalmente a su población, las comarcas más afectadas son el Gironès, el Alt Empordà y la Cerdanya, donde hay 16, 10 y 10 alumnos por cada mil habitantes que estudian en centros íntegramente formados por barracones.

Más de una década en barracones

El instituto de Vilafant, en la comarca del Alt Empordà (Girona), es un buen ejemplo de esta provisionalidad perpetuada que padecen algunos centros educativos. “Empezamos a funcionar con barracones en septiembre de 2008 y hoy, a fecha de 2022, seguimos exactamente igual”, explica Jordi Montero, director de este instituto, donde actualmente 530 alumnos estudian en 12 módulos prefabricados.

Los barracones implican trabajar en “espacios muy reducidos y mal aislados” y tener que prescindir de otras instalaciones, denuncia Montsero. El instituto de Vilafant no tiene, por ejemplo, aula de plástica ni de música y tampoco cuenta con un salón de actos porque no cabe en un barracón. “Hace diez años que reclamamos, de la mano del Ayuntamiento, que se inicie el proyecto de construcción del edificio, pero siempre falta un papel”, lamenta el director. En su última solicitud, Educación pidió al Ayuntamiento un estudio geotécnico de los terrenos donde se pretende ubicar el edificio, que están a unos 200 metros del espacio que ahora ocupan los barracones.

Lo mismo pasa en el Institut de Cervelló, en el Baix Llobregat (Barcelona), que también nació en barracones en 2007 para responder a la demanda de plazas educativas de la zona y que así sigue funcionando quince años después. “El profesorado no tiene salas, no tenemos espacios grandes para reunirnos, no hay gimnasio y el patio es demasiado pequeño para poder hacer educación física”, expone Núria Celma, jefa de estudios del instituto. Ninguno de los dos centros aparece en la lista pública de obras presupuestadas por la Generalitat para revertir la situación.

Demografía y descenso de matriculaciones

La portavoz del sindicato mayoritario de la educación pública USTEC-STEs, Iolanda Segura, valora que los barracones son “la respuesta a un aumento de alumnado en ciertas etapas de la enseñanza y territorios”, aunque recalca que buena parte de las necesidades educativas y de infraestructuras “se pueden prever con los datos demográficos”.

La evolución general del alumnado de la pública ha sido negativa en los últimos años debido, en parte, al descenso del número de matrículas en las primeras etapas. Así, mientras que la cifra de inscripciones en la educación pública se redujo casi un 5% entre 2016-2017 y 2020-2021 hasta las 828.253 matriculaciones, durante el periodo inmediatamente anterior, del curso 2012-2013 al 2016-2017, la evolución fue positiva, con un crecimiento cercano al 2%.

“La tendencia al aumento del alumnado se está revirtiendo, ya que en los últimos años se han reducido las matrículas en P3 [primer curso de educación infantil]”, afirma Segura. En 2021 había 3.241 alumnos menos en este nivel educativo respecto al curso anterior, según datos de Educación. Un escenario futuro, dice la portavoz de USTEC-STEs, “que debería encaminarse a la reducción de ratios y no para dejar de construir los equipamientos ahora que hacen falta”.

La líder sindical explica además que la presión sobre el espacio por el aumento de alumnado que antes estaba en primaria y comportaba la construcción de barracones ahora se está trasladando a secundaria. Por su lado, el director general de Centros Públicos circunscribe el actual volumen de barracones al hecho de que en 2008 hubo “un incremento importante de alumnado a causa del aumento de nacimientos [una tendencia que ahora ha virado]” y al “incremento de la población recién llegada a Catalunya, tanto a los núcleos más poblados de las grandes ciudades como en otras poblaciones de todo el territorio”.

A esta realidad se le debe sumar, agrega Segarra, el encarecimiento del suelo, que ha generado el éxodo de una parte de la población hacia municipios más pequeños de la periferia, lo que a su vez ha comportado el aumento la población escolar en estos pueblos y la necesidad de disponer de nuevas construcciones escolares.

Verificat es una plataforma de fact-checking con sede en Barcelona. Su objetivo es luchar contra las informaciones falsas y lo hacen desde el periodismo, la investigación y la educación.

Iturri, la multinacional sevillana investigada por irregularidades en la facturación del servicio de mantenimiento de los camiones de los Bomberos catalanes, logró la adjudicación de 63 contratos de emergencia por parte de la Generalitat durante la pandemia. Los 30 millones adjudicados a Iturri entre el 12 de marzo de 2020 y el 5 de abril de 2021 suponen el 4% del total otorgado por la vía de la contratación de emergencia durante el periodo en el que se publicó esta información en la web de contratación pública. Los últimos datos son de abril del 2021, cuando los departamentos dejaron de contratar por la vía de emergencia con la excepción de Salud, el único que está autorizado para seguir realizando este tipo de pujas.

Además de trabajar en el sector de las emergencias y la defensa, Iturri está especializada en proveer servicios de salud y material sanitario. La contratación de emergencia, una fórmula legal amparada por ley y diseñada con el objetivo de que la administración pudiera atender las necesidades para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 mediante la contratación directa (sin publicidad ni concurrencia), permitió adjudicar un total de 6.734 contratos por valor de 790 millones de euros.

El contrato de importe más elevado fue una adjudicación a Iturri por 22,7 millones de euros por el suministro de batas de protección de agentes biológicos para el Instituto Catalán de la Salud (ICS). La empresa Basic Devices SL –una firma sin actividad bajo sospecha de la Oficina Antifraude– y Barna Import Medica, S.A. facturaron el segundo y tercer contrato de mayor valor, de 21 y 18 millones de euros, respectivamente, por trajes, mascarillas, guantes y batas.

En el caso de Iturri, el segundo contrato más caro, tras el que adjudicó el ICS por 22,7 millones, se refiere a la compra de trajes integrales de protección por parte del Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) y sube a 1,3 millones de euros. Le sigue la adjudicación relativa a otro suministro de batas, también al ICS, por 1,17 millones de euros.

En total, 57 de los 63 contratos se refieren al suministro de material destinado a los profesionales de la salud o a los centros sanitarios. Aparte de la compra de batas y monos, también destaca la adquisición de mascarillas (en una decena de las adjudicaciones se incluye la compra de diferentes tipos de mascarillas), así como la adquisición de aparatos y equipos médicos.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y el ICS son los entes que más contratos adjudicaron a Iturri, 18 y 17, respectivamente. Le siguen el consorcio sanitario de la comarca del Maresme, con 12, y el departamento de Interior y el consorcio del Hospital Clínic de Barcelona, ambos con seis. En cuanto a los principales contratantes por importes adjudicados, el ICS encabeza la clasificación por delante del SEM, el Clínic, el Servicio Catalán de Salud y el departamento de Interior.

Proveedora habitual de la Generalitat

Iturri, que junto a la cúpula de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS), está siendo investigada desde la primavera de 2021 en un caso que ahora se instruye en el juzgado número 14 de Barcelona, es una proveedora habitual de la Generalitat de Catalunya. La jueza, que mantuvo durante un mes intervenidos los teléfonos del empresario y de los otros seis investigados, ha constatado una “sólida corroboración” de las “irregularidades presupuestarias y contables” en la relación contractual entre la Generalitat e Iturri, si bien de las pinchazos no se pueden desprender amaños en los contratos o el cobro de comisiones. La investigación arrancó tras una denuncia ante la Fiscalía del departamento de Interior bajo el anterior mandato del conseller Miquel Sàmper.

Las irregularidades, mantiene la magistrada, se centran en el hecho de que los contratos anuales entre la Generalitat e Iturri eran de una cuantía más baja de lo que en realidad costaban las reparaciones y el mantenimiento de los vehículos. El agotamiento presupuestario no se subsanaba, sino que Iturri seguía prestando el servicio. En ejercicios posteriores, y en el marco de otro contrato, Iturri facturaba los servicios que había prestado pero no cobrado el año anterior, lo que exigía “alterar facturas y albaranes”, detalla la jueza.

Un mes y medio después de que se conociera la existencia del proceso judicial en relación al servicio de mantenimiento de vehículos contratado por el departamento de Interior, la empresa, que opera en 14 países, tenía contratos con la administración catalana por valor de casi 39 millones de euros.

En concreto, Iturri tenía 33 contratos vigentes con la Generalitat a fecha 31 de diciembre de 2021. En este caso, cuatro de las cinco adjudicaciones con los importes más elevados habían sido otorgadas por el departamento de Interior. Destacan dos adjudicaciones por valor de 16,5 millones de euros cada una relativas al suministro de 92 vehículos pesados para la DGPEIS y otros dos contratos de suministro por valor de 501.000 y 231.000 euros.

Nueva licitación del servicio

Interior rescindió el contrato por el servicio de mantenimiento de vehículos objeto del proceso judicial e inició un nuevo procedimiento de licitación el pasado otoño, según ha explicado a Verificat el área de prensa del departamento. El proceso, sin embargo, se anuló antes de la adjudicación dado que dos de las personas que intervinieron pasaron a tener la condición de investigadas en el mismo caso, según explicaron a Verificat las mismas fuentes.

El presunto caso de corrupción llegó a los tribunales a raíz de una información reservada de Interior, que el exconseller Miquel Sàmper envió a la Fiscalía cuando estaba a punto de dejar el cargo. La Fiscalía corroboró las sospechas y denunció el caso ante el juzgado, en el que tanto el anterior como el actual director de la DGPEIS, junto con otros cargos públicos y el responsable de Iturri en Catalunya, están imputados.

Hasta que en este mes de abril el departamento ha adjudicado el nuevo contrato, Iturri ha seguido prestando los servicios “mínimos y esenciales” en el mantenimiento de vehículos, asegura Interior. La conselleria reconoce sin embargo que, en algunos aspectos, como la tramitación de las ITV de los vehículos de Bomberos, la empresa no está cumpliendo con sus obligaciones.

Más allá del caso que afecta a los bomberos de Catalunya, la empresa sevillana ya fue condenada en el 2018 por abonar comisiones a cambio de adjudicaciones en el Ayuntamiento de Telde (Islas Canarias), una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo el 10 de diciembre de 2020. Además, el responsable de Iturri en Baleares y Catalunya, que ahora también está siendo investigado en el juzgado de instrucción número 14 de Barcelona, fue declarado culpable por emitir facturas falsas en otro caso en Palma de Mallorca hace cuatro años.

-

Verificat es una plataforma de fact-checking con sede en Barcelona. Su objetivo es luchar contra las informaciones falsas y lo hacen desde el periodismo, la investigación y la educación.

En la web de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se pueden leer las bondades de los programas sociales de esta empresa semipública. Una entidad que fue creada para absorber los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos por valor de más de 60.000 millones de euros. Sin embargo, los datos anunciados por la sociedad sólo reflejan la parte más amable de estas iniciativas dirigidas a “los colectivos más desfavorecidos”. Así sucede en el caso de su parque social de viviendas. La Sareb, participada en un 45% por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y en un 55% por accionistas privados, asegura que ya ha cedido más de 2.350 pisos para que se destinen a alquiler social. Lo que no dice esta empresa, más conocida como el banco malo, es que las administraciones beneficiarias, 11 Comunidades Autónomas (CCAA) y seis ayuntamientos, han rechazado una de cada cuatro de estas viviendas.

El mal estado de los pisos, sobre todo, pero también su ocupación irregular han sido los principales motivos de rechazo. En menor medida, la imposibilidad de transformar las viviendas en espacios habitables y la oferta en ubicaciones donde no hay demanda social también han determinado su exclusión.

Todas las administraciones receptoras (menos Galicia, el País Vasco, Cantabria y Málaga, con el 100% de las viviendas comprometidas) esgrimen que las reformas necesarias para poner a punto estos pisos superaban el máximo estipulado por convenio. La cifra, de entre 5.000 y 7.500 euros, se debe abonar a partes iguales entre las administraciones beneficiarias y la Sareb. De hecho, las entidades usufructuarias han gastado en conjunto más de 1,2 millones de euros para actualizar aquellos pisos cuya intervención sí se ajustaba a estos criterios económicos.

“Se trataba de hacer una reforma integral”

“Ya sabíamos que las viviendas eran malas, pero estaban peor de lo que esperábamos”, aseguran desde el Servicio de Vivienda de Navarra respecto de los pisos rechazados. En la misma línea se expresa Vanesa Valiño, jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, para quien no sólo se trataba de actualizarlos, de arreglar la cocina, el baño y pintar, sino “de hacer una reforma integral”.

Las CCAA y los ayuntamientos consideran que ni tiene sentido, ni pueden asumir gastos superiores a los pactados, sobre todo porque se trata de cesiones en régimen de usufructo de una duración media de cuatro años. “No es una inversión inteligente de los recursos, [a partir de cierta cifra] es invertir dinero público para arreglar el problema de un privado” porque los pisos, explican desde Visocan, la empresa pública canaria de promoción de la vivienda, no son del gobierno.

La Sareb alega que “no eligió los inmuebles que le fueron transferidos, ni el estado en el que se encontraban” y que “una vez se ofrece un paquete de viviendas a una administración, se inspeccionan, se revisan, y se descartan las que no cumplen las condiciones”. Además, la sociedad semipública defiende que su programa social debe acompañar el cumplimiento de la misión de la Sareb, es decir, su obligación de vender todos los activos que adquirió de los bancos antes de noviembre de 2027.

De momento, las administraciones cuentan con 1.779 de los 2.390 pisos conveniados. Una cifra que toma mayor significado si tenemos en cuenta que Jaime Echegoyen, presidente de la Sareb, amplió, en 2015, a un total de 4.000 los inmuebles que esta empresa quería destinar al alquiler social. Así, tres años después de su anuncio, sólo el 44% de estas 4.000 viviendas son o están en disposición de convertirse en alquileres sociales en un país que tiene uno de los parques de vivienda social más pobres de Europa y que se gastó 64.900 millones de euros en rescatar a los bancos.

“Hay muchos temas como el estado de los pisos cedidos, el coste de las reformas o la ubicación de los mismos en los que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo con la Sareb y eso ha retrasado un proceso ya de por sí muy lento” reconocen fuentes de Visocan. Algo que ha sucedido en buena parte del resto de gobiernos municipales y autonómicos. De hecho, de las 1.779 viviendas conveniadas y aceptadas por las administraciones sólo cerca de 900 ya funcionan como alquileres sociales (sin contar con los casos de Cantabria y el municipio de Hospitalet del Llobregat, en Catalunya, que al cierre de este reportaje no han facilitado datos claros al respecto).

Navarra y Aragón no han aceptado ningún piso

El gobierno de Navarra, que no ha aceptado ninguno de los 30 pisos acordados, resume así la situación: “Algunas viviendas no cumplían con las condiciones de habitabilidad, algunas estaban ocupadas, en una había una plaga de cucarachas…”. Con todo, el detonante de la renuncia fue, aseguran las mismas fuentes, el error por parte de la Sareb de la dirección de uno de los domicilios. “Casi se entra por la fuerza en una vivienda propiedad de ciudadanos particulares; pensamos que aquello no era serio y le dimos fin”, explican.

Aragón, como Navarra, ha rechazado todos los pisos de la Sareb. De acuerdo con el actual gobierno socialista “revisando los términos del convenio [firmado en febrero de 2015 por el anterior ejecutivo popular], el estado y la ubicación de las viviendas ofertadas, se estimó que no podía ser ratificado”. Fuentes del departamento de Vivienda afirman que los pisos cedidos, 25 de los 80 acordados, precisaban inversiones de entre 6.000 y 9.000 euros y que esto “resultaba inadmisible” teniendo en cuenta que, en el acuerdo suscrito en el caso aragonés y a diferencia del resto de convenios, Sareb sólo estaba obligada a abonar 600 euros por piso.

Otras muchas comunidades solamente han podido incorporar una parte de los pisos comprometidos a su parque social. Andalucía, por ejemplo, cuenta con 219, el 55% de los pactados y Extremadura, con 25 de los 45. En ambos casos, la Sareb ofreció menos viviendas de las acordadas, algo que difiere de la tendencia general. En términos globales, la empresa semipública ha cedido más pisos de los conveniados aunque buena parte de ellos no cumplieran con los requisitos estipulados. En este sentido, el caso de Islas Baleares es más paradigmático: la Sareb ofreció 83 viviendas de las 75 pactadas y el gobierno balear se quedó con 45.

Tanto en el caso de Andalucía y la comunidad balear, como en el de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Sevilla, a la casuística del mal estado de las viviendas hay que sumar la de las ocupaciones sin posibilidad de regularización. La Sareb justifica que estas viviendas deben cederse porque es la administración pública quien tiene la potestad de regularizar la situación de los inquilinos. Con todo y pese que algunos convenios recomendaban un cupo máximo de viviendas ocupadas irregularmente, la cifra prefijada en estos contratos, como ha sucedido en la capital andaluza, se ha superado en diversas ocasiones. Sevilla ha aceptado 6 de los 15 pisos que marcaba el acuerdo y Madrid sólo ha incorporado un 36% del total.

Vanesa Valiño, jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda Ayuntamiento de Barcelona, asegura que, en las negociaciones con la Sareb, el gobierno municipal estableció que no aceptaría pisos ocupados si las familias no se encontraban en una situación vulnerable y, por consiguiente, su situación en el piso no podía ser regularizada. La regularización in situ, sin embargo, no funciona en todas las administraciones, muchas de las cuales exigen a los ocupantes que abandonen el domicilio para luego evaluar si pueden beneficiarse de un piso social.

“Si los inquilinos de la Sareb generan problemas con la comunidad o tienen suficiente capacidad económica para pagar el alquiler [y no lo están haciendo], la Sareb es la que debe gestionar el procedimiento de desahucio”, considera Valiño. La jefa del gabinete municipal afirma que algunos de los pisos rechazados por el Ayuntamiento de Barcelona, que cuenta con 173 de los 200 conveniados, eran inhabitables. “Se trata de pisos que no pueden cumplir con las condiciones de la cédula de habitabilidad ni invirtiendo todo el dinero del mundo. Rechazamos un sótano que, por ejemplo, no tenía ventilación”, precisa Valiño. No se trata de un caso aislado, el ayuntamiento de Madrid, las Islas Baleares y Cantabria, pero también Catalunya y Castilla y León, dos comunidades donde el balance del acuerdo ha sido muy satisfactorio, se han encontrado con el mismo problema.