“Lo dejaron tres días atado a la cama, con inyecciones por lo que él mismo me contó más tarde. Llegaba el olor al pasillo, debía de hacerse ahí todo. El chaval daba pena, se oían los gemidos de lamento…”. Es el relato de Juan -nombre ficticio-, exinterno de un centro terapéutico de menores en Castilla y León. Su experiencia coincide con la que cuentan trabajadores e internos de otros centros de menores en España, unas instituciones que en su mayoría están en manos de empresas privadas.

Ese testimonio se recogió hace un par de años durante una investigación periodística. Esto mismo -menores atados a una cama con correas, pidiendo ayuda- es lo que se ve en un vídeo publicado por eldiario.es en 2015, grabado por trabajadores del centro de reforma Tierras de Oria, en Almería. Ahora quienes lo grabaron se enfrentan a penas de entre 3 y 5 años de prisión. El centro Tierras de Oria, gestionado por la empresa GINSO, ha recibido múltiples denuncias en los últimos años. En este reportaje de El Confidencial varios trabajadores e internos denuncian los malos tratos que se producían en el centro.

“Hay contenciones que yo he visto y he escuchado porque es a grito pelado, a chillido de que le están matando al menor, que pueden durar de 1 a 4 horas”. Lo cuenta Cristian, exinterno del centro terapéutico Picón del Jarama, en Madrid. Las contenciones pueden ser físicas -una o varias personas sujetando al menor contra el suelo- o mecánicas -atarles a una cama-.

Para Julio Rubio, educador social y autor de varios libros sobre el tema, “los que estamos denunciando estos malos tratos acabamos siendo denunciados”. José Antonio Bosch, abogado especializado en menores ahonda en la impunidad de quienes realizan ese tipo de acciones: “Yo no he visto imputación penal ninguna. No es que tenga sensación de que las quejas no se escuchan, de lo que tengo sensación es que no hay vías siquiera para poderse defender”.

El hermetismo que rodea a estos centros, justificado en la necesidad de salvaguardar la intimidad de los menores, juega a veces en contra de ese mismo interés superior del menor, que las instituciones están obligadas a proteger: “Usan esa palabra, la protección del menor, para crear un hermetismo y que nadie se entere de lo que está pasando”, denuncia Rubio.

Este educador social relata algunos ejemplos de los métodos que utilizan algunos de estos centros: “La empresa Salud Mental Consulting S.L gestionaba un centro de Galapagar. Y hablando con los chavales te contaban que los ponían contra la pared desnudos y los enchufaban con la manguera en invierno, con agua fría, y que los ataban a las camas…”.

“En Picón del Jarama, cuando era gestionado por O’Belén, las niñas me llegaron a contar que algunos educadores les ofrecían salir del centro a cambio de tocamientos y de favores sexuales”, relata. En ese mismo centro, añade, metían a chavales en celdas de aislamiento hasta que acababan “meándose y cagándose”.

La Fundación O’Belén ya no gestiona este centro, que ahora está en manos de la Fundación Grupo Norte. Salud Mental Consulting cambió su nombre después de enfrentarse a un juicio por malos tratos precisamente en este centro de Galapagar, que finalmente cerró en 2015. Ahora es Consulting Asistencial y continúa gestionando varios centros por todo el país. Se ha intentado recabar la versión de ambas entidades, sin recibir respuesta.

Alberto San Juan, Director General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, asegura que “estos centros han contado siempre con la autorización necesaria para efectuar medidas de seguridad y de contención”. Destaca además que se siguen “los protocolos de actuación” adecuados.

Para Juan, los factores que determinaban el grado de “antipatía” de ciertos trabajadores hacia los menores eran “la raza y las carencias intelectuales”. Sostiene que “trataban con más desprecio, con más rigor a gitanos, marroquíes, argelinos, etc y a los que tenían carencias intelectuales”.

“El quid jurídico es que el menor está tutelado por la Administración. Por tanto cualquier cosa que le pase, sea en un centro privatizado, en una orden religiosa o en un centro público, el responsable es la Administración. Luego la Administración es la última que tiene interés en airear sus errores”, señala Bosch.

San Juan asegura que la Comunidad de Madrid realiza “una supervisión continua de todos los centros de protección de menores”. Una visión que contrasta con la de Nicolás -nombre ficticio-, educador en un centro terapéutico de Madrid: reconoce que, en caso de que se dieran, sería difícil sacar a la luz este tipo de abusos: “Ahí también tienen que ser los propios responsables del centro -directores o quien sea- los que digan: pues voy a pasarme un día por aquí a ver cómo trabajáis”. Confiesa que no lo hacen: “Eso sí que no lo he visto. Se podría mejorar”.

Por otro lado, este trabajador asegura que en su centro jamás han atado a nadie a la cama y que una contención física “no es algo gratuito”. “No le haces una contención física porque no quiera cenar, o no quiera estudiar, o te grite o te llame tonto”, añade. Incluso, señala que en las ocasiones en que ha trabajado en centros de reforma “a los chavales se les trataba con mucho respeto. En muchas ocasiones con más respeto del que tú recibes de ellos, por supuesto”. Para Javier Urra, exDefensor del Menor de Madrid, psicólogo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y vinculado a GINSO, cuando se hace una contención es porque es absolutamente imprescindible: “Si le sueltas en ese momento intentará matarse o matarte”.

En España hay 1.104 centros de protección de menores -incluidos los terapéuticos- y 82 centros de reforma. El 82% de los centros de protección y el 57% de los de reforma están en manos de entidades privadas. A raíz de la Ley del Menor del año 2000, que permitió privatizar la gestión de los centros de reforma, surgieron múltiples asociaciones “sin ánimo de lucro” que en ocasiones -como GINSO- se encargan también de la construcción del centro, la seguridad, los servicios de limpieza, cátering, etc. Un entramado empresarial alrededor de los menores que suscita críticas de educadores y abogados. José Antonio Bosch pide que se acabe con este modelo que “mercantiliza a los niños”.

“Un niño es un ingreso que permite seguir con el tema adelante”, asegura Nicolás. Denuncia las condiciones laborales de muchos trabajadores: “Si el trabajador o el cuidador está descuidado es más probable que pueda cometer un error o estar más a disgusto”. Los trabajadores de estos centros lidian con altos niveles de estrés, con ataques -físicos y psicológicos- de los menores, y otras amenazas. Todo, según han denunciado en múltiples ocasiones, con bajos sueldos y condiciones mínimas de seguridad.

La Administración da una media de 4.000 euros al mes por cada menor a las entidades privadas que gestionan estos centros. Bosch pide que el sistema esté en manos públicas: “Que no les vaya el negocio en que haya más o menos niños, en que haya subvención”.

GINSO, por ejemplo, es una asociación sin ánimo de lucro presidida por el arquitecto Alfredo Santos, que posee empresas de construcción -y se ha contratado a sí mismo a través de sus otras empresas para la construcción de estos centros-. Ha cobrado de la Comunidad de Madrid 147,6 millones de euros desde 2006 y de la Junta de Andalucía -donde radica el centro Tierras de Oria- 178 millones. Esto, sin contar los contratos con otras CCAA. Solo en uno de sus centros, el centro de reforma Teresa de Calcuta, en Madrid, recibe 210 euros por menor al día -6.300 euros al mes por cada interno-.

En 2017, últimos datos de los que se dispone, había 17.527 menores en centros de protección y 4.182 en centros de reforma.