Un asociado de ASUFIN contrató, en 2009, la tarjeta que ofrecía una cadena de gasolineras; “cuando tú vuelvas”, se hacía llamar. No era una tarjeta habitual, el producto ofrecía un línea de crédito abierta a cambio de una cómoda cuota fija al mes. El problema: esas cuotas no cubrían el principal y generaban nuevos intereses que se acumulaban al capital pendiente de pago. Otra asociada de Fuengirola se encontró con que prácticamente había devuelto la totalidad de lo concedido, algo más de 30.500 euros de los cerca de 31.900 iniciales y que aún debía a la entidad casi 10.000 euros. Una TAE, o precio total, que supera las del mercado y se considera usura por el Banco de España. ¿Qué tenían en común estas tarjetas? Se trataba de tarjetas o préstamos 'revolving' o revolventes, una manera de pagar aparentemente fácil pero que apareja un sistema complejo de amortización que puede salir muy caro.

Muchas sentencias están siendo favorables a los consumidores y no tienen que hacer frente a unos intereses usurarios, pero casos así son más frecuentes de lo que parece. Es por ello que el Ministerio de Economía se ha visto obligado a presentar un proyecto de orden que introduzca más transparencia a los comúnmente conocidos como créditos 'revolving'. En ASUFIN, conocedores de los riesgos de estos préstamos, hemos presentado propuestas para mejorar el futuro texto legal con cuestiones que consideramos clave si se quiere atacar de forma efectiva los flancos débiles de esta realidad que tantos estragos está causando a muchas familias.

En primer lugar, el texto parece dejar fuera los préstamos y solo se circunscribe a las tarjetas. Un error que debe ser corregido pues, con independencia de la forma de contratación, los riesgos son los mismos. Es más, si tenemos en cuenta el impacto de los nuevos operadores tecnológicos, las llamadas Fintech, es más que probable que se darán nuevas formas de contratación, a golpe de clic, que podrían quedarse al margen de este texto legal si no se remedia.

Por otro lado, hay que limitar el plazo de amortización del crédito 'revolving' ya que ahí radica uno de los mayores peligros: el pago eterno de intereses y recapitalización de los mismos que hace genera auténticas espirales de sobrecoste de los préstamos.

Finalmente, en ASUFIN valoramos muy positivamente la introducción de parámetros para una correcta evaluación de la solvencia del prestatario, sin embargo, echamos de menos consecuencias contundentes para el prestamista en caso de incumplimiento. Al mismo tiempo, nuestro sistema actual basado en ficheros negativos de solvencia no ayuda ni a los consumidores ni a los prestamistas. Un sistema que incorpore los ficheros positivos de solvencia supondría un gran avance en cuanto a la evaluación de la solvencia, la mejora de la competencia y el premio a los buenos pagadores que son, sin ninguna duda y atendiendo a la ratio de morosidad, la mayoría de los españoles.

Esta fuente de información crediticia dotaría al mercado de mayor transparencia, ayudaría a la educación financiera de los consumidores y mejoraría la competencia.

La nueva ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI) entró en vigor el pasado 16 de junio con la finalidad de potenciar la seguridad jurídica, la transparencia y la comprensión de los contratos, así como el justo equilibrio entre las partes. Sin embargo, cabe preguntarse si estamos ante una ley que realmente protege al consumidor o solo intenta frenar la elevada litigiosidad.

La LCCI diseña un sistema que denomina de “transparencia material” una doctrina desarrollada por el Tribunal Supremo, en particular por el Magistrado Javier Orduña, y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Así, la transparencia material es aquella por la cual el prestatario conoce y comprende los compromisos que adquiere, en especial, sus consecuencias económicas. Sin embargo, la nueva norma establece más bien un modelo de “transparencia documental”, que preconstituya prueba en favor de la banca y que, en suma, sirva de escudo frente a futuras reclamaciones que aleguen falta de información.

Con la nueva ley, el prestamista tiene la obligación de entregar la documentación, con ejemplos de aplicación práctica y resolver consultas con una antelación mínima de 10 días. El prestatario, por su parte, firmará un documento en el que declare que ha recibido la información y le ha sido explicado su contenido (art. 14). Como garantía del proceso, deberá acudir con antelación a un notario, supuestamente de su elección, al que se le ha dado un papel de asesor que está siendo muy cuestionado. En primer lugar, porque los notarios asistieron a la firma de hipotecas como meros testigos silenciosos y no advirtieron de cláusulas abusivas como el suelo o la multidivisa. En segundo, porque algunos notarios han acudido a los tribunales para recuperar el dinero que perdieron por la contratación de productos financieros complejos. Por último, porque son muchos los que reconocen, a puerta cerrada, que asistieron a la firma de hipotecas multidivisas sin saber cómo funcionaban. Así, los notarios, cuya formación jurídica nadie cuestiona, darán fe de que han asesorado al prestatario, tanto en los aspectos jurídicos como financieros.

Es por ello por lo que muchos notarios han manifestado que se limitarán a ser meros auditores documentales: comprobarán que se ha entregado la documentación y responderán al prestatario en caso de que tenga dudas. Sin embargo, en atención a sus consecuencias, esta no es la voluntad de la ley. El art. 25 les obliga a reflejar en un acta que el cliente ha recibido toda la documentación, la comprende y acepta su contenido “a efectos de cumplir con la transparencia en su vertiente material”. El contenido del acta se “presumirá veraz e íntegro” y “hará prueba del asesoramiento prestado por el notario”, o lo que es lo mismo, será un escudo documental para la banca, más preocupada por evitar litigios que por modificar su conducta. Por si fuera poco, en una ley que menciona hasta 35 veces la palabra “transparencia”, ni el prestatario ni el registrador pueden acceder al contenido completo de dicha acta, sino solo a una reseña de la misma. 

Es cierto que la LCCI ha querido zanjar polémicas que aún colean en nuestros tribunales, prohibiendo la comercialización de la cláusula suelo y estableciendo el reparto de los gastos de formalización de la hipoteca. Estas medidas han sido tachadas de populismo legislativo por los mismos que hablaban de populismo judicial, olvidando que en muchas otras ocasiones las normas recogen abusos regulados.

Así ocurre con el art. 3.5 del desarrollo reglamentario RD 309/2019, en el que se afirma sin estupor que no se entenderá que hay asesoramiento cuando el banco ofrezca productos propios. Se contradice así la doctrina del Tribunal Supremo, al tiempo que se cumple con el sueño de todo abogado de banca que lleva años defendiendo esta tesis en los juicios de productos financieros complejos para eludir toda obligación de información.

También se puede hablar de abuso regulado en el caso de las hipotecas multidivisa. Prohibida ya en países como Islandia, Hungría y Polonia, es un producto que nunca ha sido bueno para las familias que lo contrataron y, aun así, la LCCI no lo ha retirado del mercado. El mayor problema que han tenido los afectados es que no fueron informados de que el riesgo de tipo de cambio no solo impactaría en la cuota mensual, sino en el importe total del préstamo.

Error no corregido

La ley no corrige el error y vuelve a establecer obligaciones de información previa a la contratación centradas solo en la cuota. Así, en la información que se incluye en la ficha europea de información normalizada (FEIN) y en la ficha de advertencias estandarizadas (FiAE), se debe indicar que la cuota puede verse incrementada por el contravalor en la otra divisa o que ha de incluirse un ejemplo de una cuota que aumente en un 20%, pero en ninguna parte se menciona el posible incremento del capital prestado. Por si fuera poco, en el ejemplo representativo del préstamo que según el art. 6.2 debe ofrecerse al cliente al contratar cualquier préstamo, quedan expresamente excluidas las advertencias al tipo de cambio que podrían afectar al importe adeudado.

Solo con la hipoteca ya constituida (art. 20) se estipulan obligaciones de información periódica sobre el aumento de capital, el derecho de conversión a una moneda alternativa y las posibilidades de limitar dicho incremento si supera el 20%. El legislador ha trasladado al BOE los argumentos de las entidades financieras sin percibir que, una vez firmada la hipoteca, el daño ya se ha producido.

Efectivamente, un cliente que hubiera contratado una hipoteca en enero de 2008 por importe de 200.000 euros indexados a yenes, debería en noviembre del mismo año 265.165 euros. El cliente podría haberse cambiado a euros en ese momento, pero estaría consolidando la deuda el 33% más de lo que realmente pidió. No habría corrido mejor suerte si hubiera optado por francos suizos: en agosto de 2011 debería el 37% más y en enero de 2015, cuando el Banco Nacional Suizo liberó el cambio con el euro, en 24 horas su deuda habría incrementado un 23%. Con la nueva ley, no se habría evitado ninguno de los dos supuestos. 

Por todo ello, podemos concluir que la ley no satisface las exigencias de la transparencia material en las hipotecas en divisa, y dada la peligrosidad de este producto y aún a riesgo de que me tachen de populista, habría sido mejor su prohibición para clientes minoristas. Evitaríamos así cualquier tentación futura por parte de las entidades financieras de volver a ponerla en circulación y tener que apelar constantemente a su responsabilidad para el buen funcionamiento del sistema. 

[Este artículo ha sido publicado en el número 71 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Desde que en la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) asumimos la defensa judicial de la hipoteca multidivisa, en 2012, y a pesar de obtener cada vez más sentencias favorables al consumidor, dos de ellas del Tribunal Supremo*, son muchas las personas que acusan a los afectados de listillos que quisieron “ganar duros a cuatro pesetas” y les exigen que asuman la consecuencias. Algunos, incluso, se preguntan cómo es posible que una familia haya optado por una hipoteca en yenes o francos suizos en lugar de una hipoteca tradicional. Pocos se hacen la pregunta al revés, cómo es posible que una entidad financiera haya puesto en circulación una hipoteca así en su red comercial.

Por su parte, las entidades financieras defienden sin rubor, tanto en los medios de comunicación como en sus escritos, argumentos que se han llegado a convertir en leyendas urbanas. ¿Quién no ha escuchado a María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, decir que tienen que defenderse de demandas presentadas por notarios o por directivos de empresas cotizadas?

En los últimos seis años, en Asufin hemos escuchado la historia de más de 10.000 afectados, hemos estudiado más de 6.000 escrituras, además de acumular ingente documentación precontractual. Todo ello nos permite hoy, presentar datos que desmontan algunos de estos mitos sobre la comercialización de la hipoteca multidivisa en España.

MITO 1. Las entidades financieras no las comercializaron activamente, la iniciativa siempre partió del cliente.

Según los datos recogidos por Asufin el 82% de las hipotecas multidivisa se firmaron en 2007 (40,4%) y 2008 (41%), frente al 2% en 2004, el 3,7% en 2005 y el 11,8% en 2006. A partir de 2009 se dejaron de comercializar y hoy no se encuentra entre los productos ofrecidos por ninguna entidad.

Por tanto, frente al mito de que la iniciativa partió del cliente o que era un producto de estantería, es decir, que se daba solo si el cliente lo solicitaba, hubo sin ninguna duda una intensa campaña de comercialización durante 2007-2008, justo cuando el euríbor estaba en su punto álgido y la cuota mensual era muy alta. Pagar hasta un 30% menos de la cuota mensual que una hipoteca tradicional era, evidentemente, un buen gancho comercial.

Además, las entidades emitieron folletos, enviaron cartas y hasta organizaron desayunos para determinados colectivos. Bankinter, por ejemplo, publicó un folleto en el que resaltaba los beneficios de este tipo de hipotecas silenciando los riesgos. La oferta incluía un asesor personal para sacarle “el mayor partido”, además de enviar cartas desde las sucursales en las que se prometía un ahorro de hasta el 15%.

Por su parte, el Banco Popular desplegó su actividad comercial entre pilotos y tripulantes de cabina, llegando a acuerdos comerciales con sus sindicatos. El argumentario comercial era tan convincente que los propios empleados del Banco Popular manifestaron su malestar, porque no les dejaban contratar este tipo de hipoteca. Incluso sus sindicatos llegaron a manifestarlo públicamente. Sin embargo, en un acto de responsabilidad, no quiso exponer a este riesgo a sus empleados, aunque no tuvo ningún empacho en colocárselo a sus clientes.

Finalmente, Barclays también publicó folletos y fichas informativas para ciertos colectivos, como los controladores aéreos. Este despliegue comercial tuvo sus efectos. No es casualidad que Bankinter tenga el 52% de la cuota de mercado, Banco Popular el 14% y Barclays el 12%.

MITO 2. El banco no sabe, ni puede saber, lo que va a pasar.

Este argumento se utiliza no solo en los casos de hipoteca multidivisa, sino también para otros productos como los swaps, las preferentes y las cláusulas suelo.

Sin embargo, no podemos olvidar que un banco, como profesional que es de la gestión del riesgo, se basa en sistemas de análisis y previsiones futuras de Bloomberg y Reuters para la toma de decisiones y el diseño de los productos. Por ello, las pantallas de Bloomberg se han incorporado a muchos procedimientos judiciales demostrando que las entidades financieras conocían las altas probabilidades de que el euro se depreciase frente a otras monedas y de que los tipos de interés podrían bajar.

Pero incluso dando por bueno este mito, lo cierto es que deberían haber presentado distintos escenarios para mostrar al cliente las consecuencias económicas que implicaba tener la deuda indexada en otra moneda. Así, el cliente hubiese podido ver que el riesgo de tipo de cambio impactaba no solo en la cuota mensual, sino también en la deuda pendiente de pago.

Mito 3. Se presentaron escenarios para advertir de los riesgos.

Las entidades afirman también que sus empleados explicaron los riesgos y aportaron escenarios mediantes fichas explicativas. Sin embargo, estas solo destacaban el ahorro que el cliente obtendría en la cuota y al final del préstamo, obviando el impacto de la depreciación del euro en el capital pendiente de pago.

Bankinter defiende que advirtió de los riesgos en el denominado Documento de Primera Disposición y que en el mismo se aportaban escenarios. Sin embargo, el ejemplo mostraba una oscilación de apenas 51 euros en la cuota y unos 6.000 euros en el capital.

Mito 4. Los clientes tenían alto poder adquisitivo y conocimientos financieros y/o formación superior.

La hipoteca multidivisa se popularizó en colectivos como el de los pilotos, controladores, tripulantes de cabina y trabajadores del aeropuerto. También entre las fuerzas y cuerpos de seguridad como militares, guardia civil, policía nacional, autonómica y municipal. Bomberos, personal sanitario y todo tipo de funcionarios, fueron también objetivo comercial. Es decir, personas con empleo estable y sueldo fijo.

En cuanto a la formación, según nuestros datos, el 42% tenía estudios universitarios, porcentaje superior a la media de la población española, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, el 21% tenían estudios medios y el 32% declaró tener estudios primarios o secundarios. Por tanto, en contra de lo que las entidades afirman y muchos se han creído, más de la mitad de los clientes no tenían formación superior.

 Conclusiones

Podríamos añadir otros mitos como que “el cliente podía haber cambiado a euros”, eso sí, asumiendo el incremento y consolidación de la deuda o que “el banco entregó divisas” o que “las cláusulas eran comprensibles para un consumidor medio”. Sin embargo, los datos aquí mostrados, así como las más de 1.000 sentencias publicadas en Asufin, ponen de manifiesto que la simplificación conscientemente buscada por las entidades para mostrar un cliente especulativo y con ánimo de lucro no es más que propaganda para ocultar su responsabilidad en la comercialización masiva e indiscriminada de un producto que nunca debió llegar a manos de familias que solo querían obtener un crédito más accesible para comprar su vivienda habitual.

*STS 608/2017, de 15 de noviembre y STS 599/2018 de 22 de octubre.

[Este artículo ha sido publicado en el número 65 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]