La plataforma Salvar Agaete Sin Macromuelle fue creada en 2016 por un grupo de personas partidarias de un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente en interés de las generaciones presentes y futuras. El artífice de su nacimiento fue -a su pesar- el Ente Público Empresarial de Puertos Canarios, cuando anunció que pretendía aprovechar la mejora de la coyuntura económica con la obra de ampliación del puerto de las Nieves de Agaete (plan estratégico de 2017-2020).

En el diseño del plan de negocio el Ente Público cometió un pequeño error de cálculo. No imaginó hasta qué punto la ciudadanía de Agaete ama su tierra con pasión y está dispuesta a luchar para que no la degraden. Por eso debió producir desconcierto en Puertos Canarios y en la Consejería de Obras públicas cuando aparecieron las protestas de Salvar Agaete contra la obra de ampliación del muelle, que con ingenio bautizaron como Macromuelle.

Las personas de Salvar Agaete se movilizaron con una rabia legítima para impedir que el Ente público pusiera en riesgo la riqueza que limita con las Nieves y Agaete, es decir, el espacio protegido del Parque natural de Tamadaba, las Zonas de Especial Conservación, -Sardina del Norte y los Sebadales- y los caladeros especiales en los que la Universidad estableció un Banco Genético Marino.

Salvar Agaete reclamó la paralización del macromuelle alegando que carecía de una Evaluación de Impacto Ambiental válida, vulneraba la legislación Internacional, Europea y Estatal, el 81% de los vecinos de Agaete rechazaba el proyecto y suponía un grave riesgo para la salud y el bienestar.

Las personas de la plataforma aprendieron a conectar con buena parte de la ciudadanía de Agaete, tuvieron la valentía de denunciar las falsedades del poder y el coraje suficiente para permanecer fieles a su objetivo con alegría, en medio de las dificultades y todo tipo de presiones.

A lo largo del conflicto con el Ente Público Empresarial de Puertos Canarios y la Consejería de Obras públicas, la plataforma Salvar Agaete desveló que era falso el discurso del Gobierno de Canarias de que la ampliación del muelle de las Nieves era una obra de interés general que los tribunales obligaban a realizar.

También reveló que era de dudosa legalidad que Fred Olsen S.A. explotara en régimen de monopolio el muelle de las Nieves y que el Gobierno de Canarias estaba concediendo a la naviera un trato de privilegio en perjuicio de la ciudadanía que asumía parte de los costes.

Salvar Agaete descubrió que el gobierno de Coalición Canaria mentía en su discurso sobre la financiación del macromuelle, ya que la Comisión Europea no había adjudicado al Gobierno de Canarias los millones de euros que citaba de los fondos europeos de desarrollo regional (FEDER).

En fin, gracias a la plataforma supimos que la obra del macromuelle adjudicada en junio de 2018, que proyectaban construir vertiendo los escombros de la carretera de la Aldea, no cumplía con las condiciones exigidas en la declaración de impacto ambiental.

A consecuencia de las críticas y movilizaciones ciudadanas lideradas por Salvar Agaete, se consiguió paralizar la obra innecesaria del macromuelle promovida por Coalición Canaria a base de trolas y que contó con el apoyo de la mayoría de los partidos, instituciones públicas, medios de comunicación y poderes económicos (navieras, constructoras, empresas de vertido, de turismo y de transportes por carretera).

A la vista de lo expuesto se puede sostener que Salvar Agaete consiguió su objetivo y su activismo sobrepasó las expectativas más halagüeñas. Es precioso que exista Salvar Agaete, porque en estos tiempos inciertos no hay que descartar que surjan movimientos interesados en una resaca ecológica para provocar un extravagante retroceso.  

Por último, subrayaré lo más asombroso de la plataforma Salvar Agaete. No son políticas profesionales, las personas entusiastas que dedican buena parte de su tiempo, euros, esfuerzo y creatividad a comunicarse con la ciudadanía de Agaete, celebrar reuniones, presentar escritos, confeccionar revistas, hacer pancartas, crear una página web y sorprendernos con el maravilloso documental La mar no se aprende sola.

El preámbulo de la Constitución española (CE) proclama la voluntad de la nación española de establecer una sociedad democrática avanzada. Esto significa que no basta con unas elecciones periódicas para designar a las autoridades que gobiernan, sino que es indispensable  que la ciudadanía participe directamente en los asuntos públicos (23.1 CE).

Es tanta la importancia de este derecho que la ley fundamental declara en sus artículos que los poderes públicos deben favorecer la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2 CE) y reconocen el derecho a la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de adopción de las decisiones de la administración (art.105a CE).  

Para que el derecho de audiencia en el procedimiento de elaboración de las políticas públicas sea efectivo, las distintas comunidades autónomas han puesto en marcha con desigual fortuna el Portal de Participación Ciudadana. La página web de participación de Castilla-La Mancha permite que la ciudadanía realice aportaciones sobre los asuntos que  selecciona el gobierno regional. 

Hasta el 23 de octubre era posible intervenir en la revisión intermedia 2025 de la Estrategia regional frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha 2021-2031. El documento sobre el que debían versar las aportaciones tiene casi doscientas páginas con una abrumadora cantidad de datos y de indicadores, que impiden que la ciudadanía entienda de forma sencilla y clara lo que se ha hecho y el resultado conseguido después de haber invertido 5.143 millones de euros en los años 2022-2024. El compromiso por alcanzar objetivos medibles ha dado lugar a que se busquen logros más bien aparentes, aunque sean poco consistentes.

Llama la atención el texto de la Estrategia frente a la Despoblación por su forma de desvirtuar la realidad. Habla de infraestructuras y se dedica a valorar el transporte sensible a la demanda que “propuso la confederación de empresarios de Cuenca”, pero no hace la más mínima mención de la línea de ferrocarril de media distancia Aranjuez-Cuenca-Utiel cuyo cierre por el Ministerio de Transportes y la Junta el año 2022 ha impedido que la ciudadanía viaje gratis en el tren  durante tres años. 

Lo lamentable del proceso participativo sobre la Estrategia frente a la Despoblación publicada en 2022 no es que se hayan hecho pocas aportaciones -menos de quince-, sino que en el documento no figuran las múltiples plataformas y asociaciones que protagonizan la vida política de la región y están preocupadas por la despoblación. Es como si en la comunidad no existieran Ecologistas en Acción, Stop Ganadería Industrial, Pueblos Vivos, Asociación Ciudadana de Retamoso, Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), Salvemos los Campos de Méntrida, Sí a la Tierra Viva de los Campos de Montiel, Plataforma por el Ferrocarril Público y Social, Pueblos por el tren, Plantes por el tren, Plataforma de Ocaña por la Vuelta del Tren y un largo etcétera. 

El protagonismo de todas las organizaciones es importante porque con su actitud crítica  colaboran con las instituciones y presionan a los  poderes públicos para  promover un desarrollo social y sostenible. No se entiende que el documento de revisión de la Estrategia frente a la Despoblación las ignore como si no existieran ni participaran activamente en la vida política regional. 

Es posible que el Gobierno regional guarde silencio sobre las asociaciones y plataformas  que no controla, porque en esta región donde la abstención electoral es escandalosa, interesa que la democracia sea débil. Por lo tanto, ya sea por arrogancia o indolencia los poderes públicos regionales han decidido no atender las demandas que plantean esas organizaciones que defienden la cohesión social, la igualdad, los derechos, la justicia y un desarrollo sostenible. Para que el asociacionismo no se extienda el mayor afán de los poderes regionales es ocultar su protagonismo y hacer como si no existiera. 

Quizás se podría conjeturar que, en vez de una sociedad democrática avanzada, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha optado porque en esta comunidad dominada por el capitalismo de amiguetes, se instale una democracia frágil, protagonizada por los dos partidos dominantes, apoyada por los medios de comunicación sumisos y las organizaciones privadas dependientes de las subvenciones de las administraciones municipales, provinciales  y regionales. No interesa la expansión de una cultura democrática, ni favorecer la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social.  

Nota. Este artículo ha sido modificado en su redacción original por error en el texto que ya ha sido subsanado

En una entrevista en el Palacio de Fuensalida para el medio '65 y más', García-Page declara que “no puede volver a pasar” que la política del gobierno del Estado “arrastre al PSOE” en la comunidad de Castilla-La Mancha. Es razonable que el presidente castellanomanchego prefiera que se anticipen las elecciones generales para que no vuelva a ocurrir lo sucedido en las elecciones municipales y autonómicas del año 2023, en las que el rechazo al gobierno de Pedro Sánchez hizo perder al PSOE ayuntamientos y diputaciones de Castilla-La Mancha.

Lo que quizás no sea razonable es la estrategia diseñada por García-Page para lograr que su preferencia se cumpla. Parece consistir en arremeter contra la política del gobierno del Estado en temas sensibles. El 10 de junio de 2025, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha acordó recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Se recurre ante el Constitucional el decreto alegando que el reparto de menores migrantes se aprueba “sin diálogo” con las comunidades autónomas y que “pone en riesgo la garantía del interés superior del menor”, al no acoger a los menores “en condiciones dignas”.

No es correcto decir que ha faltado diálogo. La ley fue acordada durante los debates de investidura del año 2023 por los dos partidos mayoritarios -Partidos Popular y el Partido Socialista- con Coalición Canaria. Su elaboración comenzó en enero de 2024 a través de la Comisión Interministerial de Inmigración y La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En junio del año 2024 se celebra una ronda de encuentros con todos los grupos políticos en el Congreso y el Gobierno de Canarias para recoger las aportaciones de los grupos. El decreto ley fue convalidado el 10 de abril del 2025 por el Congreso de los diputados por 179 votos favor (incluidos los votos de diputados socialistas de Castilla-La Mancha), 170 en contra y una abstención.

Sostener que el decreto-ley pone en riesgo el interés superior del menor es una falsedad. Por el contrario, lo que supone un riesgo para la dignidad del menor es el hacinamiento existente en Canarias y Ceuta. No es fácil entender que Castilla-La Mancha, con una población de más de dos millones cien mil habitantes, rechace el reparto de 500 menores extranjeros no acompañados, invocando la dignidad del menor, y no aprecie que es una vulneración flagrante de la dignidad de los menores que la comunidad de Canarias, de dos millones de habitantes esté tutelando a seis mil menores; o que Ceuta, con una población de 84.000 habitantes, atendiera el año 2024 a 867 menores migrantes no acompañados.

De acuerdo con la ley todas las comunidades tendrán que recibir a los menores que salgan de Canarias y de Ceuta. Solo Cataluña con 4.600 plazas de acogida y el País Vasco con 1.500 plazas, serán las comunidades que reciban menos menores extranjeros no acompañados, porque ambas comunidades cuentan con un número de plazas de acogida superior en proporción al de la mayoría y llevan años ampliándolas.

En resumen, el real decreto ley se adoptó a través del diálogo, para amparar a todos los territorios ante una contingencia migratoria. Parte de la realidad del esfuerzo realizado en la atención a menores por las comunidades el año anterior. Establece de manera específica un fondo económico y preserva las competencias y la autoridad de las comunidades autónomas.

Que el Gobierno de Castilla-La Mancha interponga un recurso de inconstitucionalidad al decreto, invocando retóricamente el discurso de garantizar la dignidad y el interés superior del menor, es una muestra torticera de insolidaridad. El recurso implica desprecio a los derechos del menor, escaso “sentido de Estado” y ninguna altura de miras.

En última instancia, lo que el recurso expresa es rechazo al gobierno del Estado y está motivado por el afán de ocupar un buen lugar en la parrilla de salida para atrapar cuantos más votos mejor en las próximas elecciones.

El Proyecto de Singular Interés (PSI) 'Parque de Ecoturismo y Aventura Toroverde' surgió como cortina de humo para tapar la desastrosa medida del cierre de la línea de ferrocarril Aranjuez Cuenca Utiel, que Emiliano García-Page pactó con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. 

La Junta de Comunidades, la Diputación Provincial de Cuenca y el Ayuntamiento declararon el año 2022 que darían todas las facilidades posibles para que, en la Sierra de Bascuñana de Cuenca, se inaugurara el año 2025, una de las mejores instalaciones de aventura del mundo, con un récord 'Guiness' entre sus atracciones. 

La instalación de la empresa portorriqueña ocuparía 1.100 hectáreas de los montes públicos de la Sierra de Tondos y la Sierra del Tejarejo de Mariana cedidos por el ayuntamiento de Cuenca. El proyecto culminaría con la inauguración del hotel de alto nivel de la cadena hotelera 'Nayara', de Costa Rica, con capacidad para 60 habitaciones. 

Ambas construcciones, el parque temático y el hotel, supondrían una inversión de 35 millones (en el año 2024 aumentaron a 70 millones) y crearían 500 puestos de trabajo (en el año 2024 disminuyeron a 424). Pero de esos millones y empleos no hay nada, porque Toroverde no ha presentado el proyecto para su tramitación ante la Consejería de Fomento. 

En consecuencia, este año 2025 la noticia es que no habrá ceremonia inaugural de Toroverde. Si hubiera habido inauguración el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro señalaría que el complejo creado supone “un antes y un después para el desarrollo turístico y económico” no solo de la ciudad de Cuenca, sino de la región en general. Habría dicho que la oferta de 'Toroverde' y 'Nayara' en Cuenca es singular frente a la que tienen en otros lugares del mundo.  

Por su parte, el chief executive officer (CEO) de Toro Verde, volvería a comparar el Parque de aventuras de Cuenca con el paso que Neil Armstrong dio en la Luna. Haría la promesa de cuidar el monte, sembrar más árboles y proteger la flora y la fauna de la sierra, subrayando que todas las empresas de la zona se beneficiarían del proyecto de la ToroVerde. 

Por último, Emiliano García-Page proclamaría que la región se ha convertido en la más receptiva a la inversión nacional y extranjera. Definiría a Toroverde como “una empresa pasional y sensibilizada que va a producir una mejora ambiental en la zona”. 

A la vista del fracaso inaugural de ToroVerde, la falta de seriedad empresarial y el escaso respeto a las autoridades es fundamental que estemos alerta. La Administración de Castilla-La Mancha, la ciudadanía y las asociaciones debemos vigilar la evaluación de impacto ambiental del Proyecto de Singular Interés, para que no ponga en riesgo los espacios y recursos naturales, ni las riquezas de relevancia ecológica de la Sierra de Bascuñana y garantice el desarrollo racional de las actividades en el territorio.

Más de 443.000 personas con derecho al voto no votaron en Castilla-La Mancha en las dos últimas elecciones autonómicas. El hecho de que casi un tercio del millón y medio de electores no votara, implica que la abstención es la segunda opción política más escogida en la comunidad autónoma. Para valorar lo que esta abstención electoral significa quizá convenga saber que las personas que no votaron superan en más de 83.000 a los votantes del Partido Popular (PP) en la región. 

Que la abstención sea la segunda opción política escogida en cuatro de las cinco provincias castellanomanchegas debería ser percibido por el gobierno de Page como un problema fundamental del sistema democrático. Los dos partidos mayoritarios tendrían que abrir un debate sobre al asunto para conocer si esta abstención es fruto de la conformidad o de la decepción y significa un rechazo a la manera en que está funcionando el sistema. Una consecuencia del hipotético debate sería ofrecer algún plan de mejora en el nuevo Estatuto, con vistas a estimular la participación electoral. 

Sin embargo, para los dirigentes de los partidos PSOE y PP, las más de 443.000 personas que no votan no son un problema. Su problema parece ser la horquilla de diputados que se pueden elegir en las Cortes regionales. El PP es partidario de mantener el número reducido de 33 con el argumento del “equilibrio entre la austeridad y la adecuada representatividad”. El PSOE propone subir la horquilla a 59 para mejorar la representación ciudadana en la cámara. La controversia partidista se ha resuelto de manera ficticia estableciendo que en las próximas elecciones se elegirá el mismo número de representantes que en la actual (33) y la horquilla de escaños se fija entre 25 y 55, pero la medida entraría en vigor -o no-, a partir del año 2028. 

Este acuerdo conviene a los partidos y permite seguir tramitando la reforma del Estatuto. Pero no estimula la participación, ni aborda el problema de la elevada abstención. Si realmente interesara a los partidos la participación abrirían un debate y consultarían la opinión de la ciudadanía en torno a la normativa electoral. La consulta debería contener preguntas sobre la cifra adecuada de representación en las Cortes, la regulación de las campañas y los gastos electorales. 

A la vista de que el nuevo Estatuto mantendrá el número de representantes en las Cortes, seguirá concediendo a los dos partidos mayoritarios ventajas para la propaganda gratuita en las campañas electorales y persistirá el dumping electoral que disfrutan los partidos PSOE y PP en los gastos y subvenciones electorales, se puede afirmar que la actual regulación de las elecciones pervierte la democracia y perjudica la representación de la ciudadanía castellanomanchega. 

Por lo tanto, las gentes de la región tendrán que seguir defendiendo sus intereses legítimos mediante la participación en asociaciones y plataformas como Pueblos vivos, Stop Macrogranjas, Salvemos los campos, Pueblos por el tren, Plataforma por el ferrocarril público y social, Sí a la Tierra Viva, Asociación de Amigos del Campo de Montiel, Aliente, Ecologistas en Acción... que han sido creadas para luchar contra los proyectos promovidos por los dos partidos en contra de la opinión ciudadana, como las plantas de residuos sólidos urbanos, las granjas de ganadería industrial, los proyectos de minería de tierras raras, los megaparques fotovoltaicos y eólicos que ocasionan un perjuicio económico local y empeoran de la calidad de vida de la ciudadanía.

El concepto de riesgo es moderno está asociado a decisiones humanas. Implica hacer previsible las consecuencias imprevisibles de las decisiones. Significa el intento de nuestra civilización por controlar lo incontrolado, a diferencia de los peligros que son amenazas producidas por catástrofes naturales. 

En nuestra sociedad capitalista los efectos de la gran transformación se reflejan en las características de los riesgos. En el pasado los riesgos eran localizables, afectaban a un círculo de personas y se circunscribían a un lugar determinado. Por ejemplo, los riesgos de un accidente en una mina eran calculables y quienes participaban en la producción eran los que soportaban las consecuencias de los riesgos. 

En la época actual los nuevos riesgos son completamente distintos. Se caracterizan porque no respetan naciones, estados ni otras fronteras (Chérnobil, crisis financiera, Covid19). También son riesgos que suelen tener un largo periodo de duración y debido a la complejidad de los problemas y la amplitud de las cadenas de efectos no se pueden asignar las causas y consecuencias con seguridad.  

Con los nuevos riesgos se produce una dicotomía entre los que producen los riesgos y los que deben soportar sus consecuencias. Como suelen ser numerosos los agentes causantes del desastre es mayor la posibilidad de que mientras nos instalamos en el colapso, nadie sea tenido por responsable. 

Las personas afectadas por la contaminación, las quiebras financieras, la epidemia o por los apagones de luz tienen dificultades de obtener compensación porque son muchos los agentes que expulsan gases tóxicos, muchas las entidades financieras causantes de quiebras, muchas las compañías eléctricas que operan en la red y es complicado encontrar culpables a los que imputar responsabilidad y juzgar para exigir indemnización por los daños causados.  

La irresponsabilidad organizada es la principal diferencia entre el riesgo del pasado (riesgo calculable) y la incontrolable sociedad de riesgo de las sociedades actuales. No fuimos capaces de prever unos riesgos de la magnitud de un Chernóbil, ni los causados por la crisis financiera, la pandemia de la covid19, ni el gran apagón del 29 de abril.  

Como teorizó el prestigioso sociólogo alemán Ulrich Beck, pensar en que basta con tener más tecnología y conocimiento para tener controlada la situación es ilusorio. Los nuevos riesgos de la segunda modernidad escapan del seguro. Los grandes avances tecnológicos en la mayoría de los casos no tienen un seguro privado y posiblemente tampoco sean asegurables. 

Por lo tanto, nuestras sociedades y las gentes que las habitan se enfrentan a unos retos para los cuales no tienen una institución capaz de ofrecer una respuesta a los riesgos que provocan, porque el crecimiento exponencial de las fuerzas productivas debilita los poderes de los estados y las instituciones básicas de la sociedad industrial. La inseguridad endémica será el rasgo distintivo que caracterice en el futuro el modo de vida de la mayoría de los humanos. No estamos preparados para lo que se nos viene encima: los riesgos globales de la nueva época. 

Después de su viaje a China en abril de 2024, el jefe del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García-Page, anunció que trabajaban en una nueva legislación dirigida a “podar la burocracia” para que la instalación de empresas sea todavía más ágil. Es decir, un proyecto que subordine la burocracia a la economía y en consecuencia afloje la red de seguridad que proporciona el gobierno. 

Pues bien, esta es la pretensión del reciente proyecto de ley para la simplificación y agilización de los procedimientos competencia de la Administración regional. El proyecto señala en su exposición de motivos que “la voluntad de regular medidas y actuaciones de simplificación, agilización y digitalización de las administraciones públicas trae causa de la aprobación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006”. 

La Directiva mencionada ha sido una de las más controvertidas y polémicas en la historia del Parlamento Europeo. La conocida como Directiva Bolkestein surgió para promover el crecimiento económico y se fundamentaba en una discutible interpretación de los datos y una predicción. La hipótesis era que si la mayor parte de los nuevos empleos creados en la Unión Europea durante 1997-2002 había sido en el sector servicios, su liberalización podría dar lugar a un aumento neto de 600.000 puestos de trabajo. 

El proyecto de la Directiva era privatizar los servicios públicos, incluso los servicios relacionados con la salud y la atención sanitaria. En aras de la denominada “modernización” proponía la Directiva la privatización, la simplificación administrativa, limitar la autorización previa obligatoria, introducir el principio de autorización tácita, procedimientos por vía electrónica y ventanillas únicas con el fin de facilitar el acceso al mercado interior. Las ventanillas podían estar constituidas por autoridades de la administración pública, pero también cámaras de comercio o de oficios, colegios profesionales u organismos privados a los que encomienden esta función.  

Lo más polémico fue el principio del país de origen. Este principio proclamado por la Directiva Bolkenstein permitía a un fontanero o a un arquitecto polaco, llevar a cabo sus servicios en Francia con el salario y los menores costes laborales de Polonia. Por lo tanto, la Directiva incitaba a la competencia a la baja en los derechos sociales existentes, y comportaba una amenaza para un trabajo decente. 

La propuesta en orden a crear el mercado interior de servicios en Europa provocó interminables debates y movilizaciones. Su rechazo protagonizó la campaña del Referéndum de la Constitución en países europeos y fue una de las causas de la victoria del no, en el referéndum de la Constitución Europea de mayo de 2005 en Francia. 

Los críticos de la Directiva del mercado de servicios alegaron que amenazaba al modelo económico y social europeo porque erosionaba los derechos humanos y la protección social; atentaba al derecho laboral; promovía la desregulación competitiva y la competencia a la baja; estimulaba la privatización de servicios públicos y, en fin, acabaría perjudicando la prestación de servicios esenciales de los ciudadanos. La cuestión que nos debemos plantear es: ¿hasta qué punto la Directiva reformada que inspira el proyecto de ley de simplificación constituye una amenaza para los servicios públicos? 

La gestión eficiente de los servicios públicos es uno de los problemas más importantes de los gobiernos. Es un asunto clave que afecta a los presupuestos, a los impuestos y a los empleados públicos de la Administración, garantes de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española (vida, libertad, salud, educación, cultura, medio ambiente...). 

El Gobierno de Castilla-La Mancha preocupado por lograr los resultados deseados con el mínimo de recursos posibles (eficiencia), ha proyectado una ley para la simplificación y agilización de los procedimientos competencia de la Administración regional, con el propósito de garantizar “la eficiencia y la eficacia en el uso de los medios personales, económicos y materiales de los que dispone la Junta de Comunidades”.

¿Qué intríngulis hay detrás del proyecto? Lo desvela el dictamen desfavorable (negativo) del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Según el órgano asesor la regulación que hace el texto de las entidades colaboradoras de la administración adolece de una “gran indefinición de las funciones que podrán ejercer estas entidades privadas, que por su amplitud podrían usurpar funciones que competen exclusivamente a los empleados públicos”. 

Llama la atención que el proyecto de ley haya conseguido el rechazo unánime de los sindicatos. El sindicato CCOO alega que la fórmula de las empresas colaboradoras “debilita la estructura pública que garantiza los derechos de la ciudadanía”. El sindicato UGT sostiene que la ley implica la creación de “dos administraciones paralelas: una para pobres y otra para ricos que puedan pagar las tasas a las entidades colaboradoras”. En fin, el sindicato independiente de funcionarios (CSIF) pide su paralización apoyando el dictamen del Consejo Consultivo de la región.

A la vista de lo expuesto, ¿tiene algún sentido seguir adelante con el proyecto de simplificación? En mi opinión se trata de una ley innecesaria, ya que el Gobierno castellanomanchego desde hace tiempo agiliza iniciativas poniéndoles la alfombra roja. Basta con declararlas de “interés regional” para “abrir las compuertas” dando facilidades y ayudas financieras (Page). La Junta de Castilla-La Mancha ha extendido la alfombra roja a empresas del sector energético (Centro de Datos Meta, de Talavera de la Reina), cárnico (Incarlopsa), de vertidos (Villanueva de los Escuderos) y turístico (Toroverde), alegando que son “claves y estratégicas para Castilla-La Mancha”. Ir más allá de la alfombra roja y delegar en empresas colaboradoras privadas las competencias que corresponden a la administración pública, además de un tremendo error podría ser inconstitucional. 

A modo de conclusión, la cuestión que hay que plantear es: ¿cómo garantizar que los servicios públicos operen con una eficiencia razonable y produzcan los resultados que los gobiernos programan y los contribuyentes esperan? En nuestro Estado Social y Democrático de Derecho la respuesta no puede ser desmantelar la escuálida y debilitada Administración pública de Castilla-La Mancha mediante imprecisas leyes de eficiencia, sino contar con una dotación adecuada de empleados públicos, capacitados y con incentivos, que garanticen una atención de calidad y, desde luego, es indispensable dinamizar fórmulas de participación ciudadana para evaluar la calidad de la gestión.  

La cacareada colaboración público-privada no debería servir de pretexto para destruir servicios públicos esenciales que garantizan la vida, la libertad, la seguridad, la salud, la educación, el transporte y algunos más. Los servicios públicos siempre serán solo eso, servicios.

Hay que procurar su eficiencia ofreciendo una formación técnica relevante, cultura de compromiso cívico y estímulos para desempeñar bien las tareas de servidores públicos, y no privatizar la Administración pública mediante empresas colaboradoras que no persiguen la calidad en la atención, ni la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, sino que prestan su colaboración exclusivamente por afán de lucro.

El Gobierno de Castilla-La Mancha emite mensajes contradictorios. En Pozuelo de Calatrava, el presidente Page y el vicepresidente Caballero, hablaron de 'Espacios de vida para la vida' al inaugurar las obras de la laguna 'La Inesperada' dentro del Geoparque 'Volcanes de Calatrava de Ciudad Real'. Los trabajos de mejora del mar del plioceno, de origen volcánico, fueron realizados con fondos europeos para el desarrollo rural. 

Sin duda está muy bien cuidar el antiguo mar del plioceno, pero sería magnífico si el Gobierno también apreciara la vida actual de las personas de la región. Lamentablemente, la vida cotidiana de la ciudadanía no se protege hoy de manera decente en Cuenca con el plan previsto de 25 proyectos de macrogranjas. Supondrían 116.000 cerdos más en 19 municipios de la provincia, según denuncia la Plataforma Pueblos Vivos.

¿Considera el Gobierno de Castilla-La Mancha que aprobando nuevas macrogranjas en Cuenca crea espacios para la vida? No es fácil entender que el Gobierno de Castilla-La Mancha favorezca la instalación de macrogranjas en pueblos que ya las tienen. Es poco inteligente que la Consejería Desarrollo Sostenible autorice proyectos en los municipios de Almonacid del Marquesado, Barchín del Hoyo, Campillos Paravientos, Carboneras de Guadazaón, Cardenete, Cervera del Llano, Gascueña, Fuentes, Huete, La Pesquera, Mariana, Montalbanejo, Pajarón, Portalrubio de Guadamejud, Priego, Villas de la Ventosa y Villaconejos. 

Quizás el problema de fondo es que Page está tan obsesionado con Cataluña que se dedica a imitar a los catalanes en asuntos como las plantas residuos (caso Almonacid de Marquesado) y las macrogranjas. No está satisfecho con que el censo de los cerdos de Castilla-La Mancha sobrepase los 2,4 millones de porcinos y quiere más. Sería un auténtico disparate que por su particular fijación catalanista se instalaran más explotaciones de ganadería intensiva en los pueblos castellanomanchegos hasta conseguir que el 45 por cien de los municipios sean declarados vulnerables a la contaminación por nitratos como sucede en Cataluña. 

Lo más peliagudo de que Page practique el seguidismo y se deje llevar por la política ganadera de los gobiernos catalanes es que, según las autoridades sanitarias, los purines producidos por los excrementos y los orines envenenan el agua potable y constituyen un riesgo para la salud como ya ha sucedido en Salmeroncillos de Abajo.

En este pueblo de la Alcarria Conquense de 98 habitantes llevan años con un serio problema de contaminación por nitratos y tienen que consumir agua embotellada para beber y cocinar. Según las analíticas realizadas, el nivel de nitratos ha llegado a ser de 128 miligramos por litro de agua, cuando el máximo permitido es de 50.

El motivo de esta contaminación es que la captación del agua para consumo se hace desde un acuífero superficial a 150 metros de la balsa de purines de la explotación de porcino. ¿Cómo pudo la consejería de Desarrollo Sostenible autorizar la macrogranja de Salmeroncillos de Abajo? ¿Qué autoridad en su sano juicio contamina el agua de un pueblo con 98 personas para crear espacios para la vida?

Te siguen es el título de la fantástica novela de Belén Gopegui Durán sobre las personas sin miedo que se rebelan contra los abusos del poder. Gentes hartas de la retórica de los poderes políticos (“tenemos el objetivo común de contribuir a mejorar la sociedad”) y de las palabras vacías de los dirigentes económicos (“liderar la carrera hacia un ecosistema tecnológico sano, interdependiente y humanista”). 

Cuenta las acciones de la ciudadanía consciente que percibe que “cada vez ocurren más desastres, hay más despidos, más enfermedades por contaminación, más desabastecimiento de productos necesarios, más inundaciones y cada vez más palabrería”. Sus protagonistas, Casilda y Jonás, no aceptan que no se haga nada y que todo se estropee. Luchan contra la idea de que la destrucción avanza de forma inexorable y se organizan para llevar a cabo acciones dirigidas a evitar que los desastres hagan más daño a quienes están peor.

La genialidad de la obra de Gopegui es que confronta esta rebeldía ciudadana con la vigilancia que lleva a cabo el poder para controlar a la masa crítica que persigue el cambio. Lo singular es que la autora introduce la figura de los espías analógicos, León y Minerva, para vigilar a Casilda y Jonás, en esta sociedad dominada por las grandes empresas tecnológicas (Big Tech) que llevan a cabo la vigilancia universal, continua y discreta a través de los teléfonos inteligentes (smartphone), la red informática mundial (web) y la inteligencia artificial. Espían como se hacía antes, pese a que la vigilancia es cada vez más fácil porque los ciudadanos entregan sus vidas a las tecnológicas y las redes sociales registran digitalmente todos los aspectos de la vida, la política, la economía y las relaciones personales. 

En la ficción de Gopegui el Intelligent Group 3 de AMX (la cúspide de las empresas tecnológicas) tiene la obsesión de gobernar el caos de esos “millares de seres de la tierra que viven, sufren y gozan”. Pero el Intelligent Group también quiere conocer qué pueden creer y qué pueden negarse a realizar las personas. Por ello el IG3AMX diseña el proyecto 'Recalcitrantes', para que León y Minerva controlen a la ciudadanía que no se resigna y se obstina en contener y transformar el desastre, la guerra y la desigualdad. 

El designio de 'Recalcitrantes' es saber por qué hay personas que no se adaptan con mansedumbre y docilidad al sistema y de dónde salen sus fuerzas para el rechazo. Por su parte, los ciudadanos rebeldes que se sienten vigilados comienzan a deshacerse de los teléfonos inteligentes (smartphone) y los sustituyen por móviles tontos sin conexión a internet para colocarse fuera del radar del poder y llevar a cabo sus acciones colectivas. 

Sirvan estas notas deshilvanadas para animar a la ciudadanía a que lea Te siguen porque infunde energías para luchar. Quizá quienes encarnan los poderes políticos, tecnológicos y económicos preferirían que Belén Gopegui no hubiera escrito esta novela dedicada a cada colectivo que se enfrenta a la desigualdad y la destrucción, cuyo lema es “las batallas se tienen que dar, aunque estén perdidas, porque el hecho es darlas”.

Sus páginas están inspiradas en las movilizaciones de la ciudadanía organizada en Ecologistas en Acción, Tu Nube Seca mi Río y Plataforma de Afectados por la Hipoteca. También se podrían incluir en esa lista a “Pueblos Vivos”, “Sí a la Tierra Viva” y, en fin, a todas las “Plataformas por el tren” que hacen cientos de plantes para evitar la destrucción de la línea de ferrocarril regional que atraviesa con paradas, las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Valencia.  

Sin duda, uno de los mayores atractivos de Te siguen es poner de relieve que luchar contra el abuso del poder, la desigualdad y en defensa de la libertad es una actividad que lleva en sí su propia recompensa, el esfuerzo nos hace sentir bien y nos protege contra la idiotez, el miedo y proporciona felicidad.

“¿Cuántas veces has atravesado Castilla-La Mancha, sin detenerte a conocer qué hay en ella? Para y disfruta de Castilla-La Mancha”. Este breve anuncio de propaganda se está difundiendo en distintos medios de comunicación, por encargo de la Junta de Comunidades. Es un spot publicitario corto que nos anima a parar en los pueblos de la región. 

El mensaje que ofrece es magnífico. Es de justicia felicitar a las personas que tuvieron la feliz idea de diseñar esta publicidad turística inclusiva, abierta a todos los pueblos y ciudades de la comunidad, que nos propone la idea de viajar con paradas para disfrutar del placer de conocer y no atravesar la región a toda velocidad.

Bienvenido sea este mensaje publicitario como presagio de un cambio que pone en valor el desarrollo sostenible del mundo rural. Es alentador que Castilla-La Mancha defienda esta manera de hacer turismo, persuadiendo al visitante por la calidez de sus pueblos como remansos de paz, alejados del ruido y de las prisas, con parajes naturales que envuelven y seducen en los que consigues desconectar.

No obstante, lo sorprendente del anuncio publicitario es que va a contrapelo de la política oficial de la Junta. Resulta de lo más paradójico que el gobierno de Emiliano García-Page al mismo tiempo que propone que nos detengamos a disfrutar de Castilla-La Mancha, esté colaborando con el administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF) en la supresión de la línea férrea 03-310 Aranjuez-Cuenca-Valencia y proyecte la destrucción de las estaciones del tren regional en las que podríamos parar.

Pero como nunca es tarde si la dicha es buena, habrá que confiar en que muy pronto tenga lugar la deseable rectificación. Esperemos que el gobierno de García-Page comunique algún día que por razones de coherencia y para beneficiar al turismo rural de la región ha decidido pelear a muerte por el tren. Será una espléndida noticia saber que en aras del bien público abandona el proyecto de destruir el servicio público de ferrocarril que atraviesa la región, con estaciones en muchos núcleos rurales. 

El cambio haría felices a los más de veinte pueblos por donde discurre el tren regional, a las organizaciones que recurrieron ante el Tribunal Supremo el decreto del gobierno clausurando la línea férrea (Comisiones Obreras y Ecologistas en Acción), a los alcaldes de los municipios que luchan por el mantenimiento de la línea, a las personas que los martes a las seis de la tarde hacen plantes frente a la iglesia de San Esteban de Cuenca para recuperar el servicio público de ferrocarril y a la ciudadanía que no protesta pero querría viajar en el tren que atraviesa con paradas los pueblos de Castilla-La Mancha. 

Las líneas de ferrocarril llevan funcionando de forma deficiente desde hace mucho tiempo, aunque los políticos hayan evitado hablar del asunto. El problema se podía ocultar con facilidad mientras afectaba a comunidades autónomas de la España despoblada. Sin embargo, cuando debido a la falta de inversión y el insuficiente mantenimiento de las infraestructuras las deficiencias en el servicio impactan en las autonomías más pobladas y poderosas, el tema comienza a ser considerado importante, se incluye como prioritario en la agenda política y es debatido por los partidos. 

Pues bien, en semejantes circunstancias, las respuestas que en calidad de responsable del servicio público de ferrocarril ha venido ofreciendo el ministerio de transportes a las distintas comunidades autónomas, han estado condicionadas por la fuerza de los poderes políticos, económicos y sociales de las comunidades afectadas por el problema. Basta con que comparemos lo sucedido en Cataluña y Castilla-La Mancha para verificar la estrecha conexión que existe entre las medidas adoptadas por el Gobierno y la estructura del poder de la comunidad autónoma correspondiente. 

Cuando el desastroso funcionamiento del servicio público de ferrocarril se produce en una comunidad autónoma histórica y desarrollada (Cataluña), con una potente identidad nacional o regional, que demanda independencia y más competencias (o viceversa), cuenta con una poderosa élite empresarial y existen pluralidad de partidos políticos compitiendo por el poder, la respuesta dada por el Gobierno central es deferente y generosa. El Gobierno comienza por asumir los fallos en las infraestructuras, se compromete con la poderosa comunidad autónoma a traspasar las competencias que solicite en temas ferroviarios, acepta rendir cuentas, perdona deudas pasadas y programa invertir los recursos precisos para reparar los perjuicios causados a la ciudadanía como consecuencia de la gestión realizada por los distintos partidos que detentaron el poder del Gobierno del Estado durante los últimos años. Pero lo más importante – y conviene subrayarlo- es que nunca se plantea como posibilidad la disparatada idea de cerrar una línea férrea. 

Cuestión distinta es cuando el catastrófico funcionamiento de los servicios públicos de ferrocarril impacta en una comunidad autónoma extensa, poco desarrollada, despoblada (Castilla-La Mancha), con escasa conciencia regional, que carece de una poderosa élite empresarial y hay escasa competencia entre partidos políticos. En este caso el ministerio no considera que sea responsable de que el administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF) se haya dedicado a no renovar vías ni maquinarias, haya quitado estaciones, suprimido interventores y eliminado taquillas. Tampoco cree el ministerio que deba rendir cuentas a sus colegas del gobierno autonómico porque más de 300.000 personas dejaran de viajar en el tren debido a la incomodidad de los transbordos, los horarios y frecuencias imposibles y los retrasos o cancelaciones programados. El equipo del ministerio en vez de asumir alguna responsabilidad propone al Gobierno que decrete la clausura de la línea férrea Aranjuez-Cuenca-Utiel.

Lo verdaderamente insólito es que García Page (que se comprometió a pelear a muerte por el tren) y el gobierno de Castilla-La Mancha hayan apoyado el impertinente decreto de sus compañeros del Gobierno estatal; no exigieran que se llevara a cabo la renovación y modernización de un ferrocarril de gran valor social, patrimonial, cultural, paisajístico y económico (9.000 millones); no reclamaran al ministerio por haber permitido la degradación de la línea Madrid-Cuenca-Valencia a lo largo de los años; admitieran la negligencia ministerial que justificó el cierre de la línea alegando que era obsoleta, lenta, no rentable, ni eficiente; desacreditaran por nostálgicos a los defensores del ferrocarril y contando con el intrigante apoyo del partido de la oposición actuaran como cómplices necesarios para que el Gobierno decretara el cierre del tren regional a cambio de unos mezquinos 40 millones de euros para la capital de Cuenca. 

A modo de conclusión, cabría sostener la discutible hipótesis de que mientras las comunidades históricas poderosas con conflictos entre partidos por alcanzar el poder, perciben el desastre ferroviario ministerial como una oportunidad magnífica para obtener más beneficios del estado central y promover el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias en interés de la ciudadanía; las comunidades autónomas políticamente débiles, carentes de vigor, coraje cívico y verdadera competencia entre partidos, parecen dispuestas a aceptar el trágala ministerial, asumiendo la infame decisión impuesta por el Gobierno de suprimir el tren, que es un menosprecio de la dignidad y los derechos de la ciudadanía de las zonas despobladas. Lo más desolador de esta complicidad de los dos partidos mayoritarios de Castilla-La Mancha con el Gobierno estatal es que, salvo que lo remedie el Tribunal supremo, el ruinoso desmantelamiento del servicio público de ferrocarril regional perjudicará el futuro desarrollo sostenible de los pueblos expropiados y beneficiará especialmente a los codiciosos constructores y especuladores inmobiliarios, deseosos de disfrutar del chollo de unos espléndidos pelotazos urbanísticos a costa del expolio de propiedades, terrenos y bienes de dominio público saqueados. 

El nuevo Estatuto presentado por los grupos mayoritarios, PSOE y PP, para su tramitación en las Cortes de Castilla-La Mancha se encuentra en la encrucijada o en una situación difícil. Lo que ha puesto en dificultades la reforma del Estatuto es el acuerdo de financiación del PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya, para que acceda Illa a la Presidencia de la Generalitat. 

Analizando el acontecimiento desde Castilla-La Mancha, el pacto del PSOE con Esquerra pone de relieve varias cosas. De un lado, que la comunicación entre el presidente del PSOE regional, Page, y los dirigentes de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE es más bien escasa o nula; del otro, que la mayoría absoluta de Page en Castilla-La Mancha no es valorada por el gobierno ni por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como se merece y, por último, aunque no menos importante, que la táctica de las declaraciones del presidente castellanomanchego, contra los pactos del gobierno socialista con “nacionalistas y los independentistas” nada más le sirven a Page que para ganar elecciones en la región.  

En este contexto, es en el que hay que entender el actual disgusto de García-Page por el acuerdo de financiación singular con Cataluña. En primera instancia hay que reconocer que Page no siente mucha simpatía por las comunidades históricas. Queda clara su actitud en el Preámbulo del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha donde se menosprecia con escasa sutileza, el valor de las comunidades autónomas que justifican su existencia en base a hechos históricos, lingüísticos y culturales diferenciados. 

Pues bien, esta actitud recelosa pasa a ser de rechazo total con el acuerdo de la singular financiación de Catalunya, porque Emiliano García-Page se teme lo peor. De ahí que se haya despachado a gusto rechazando la posibilidad de conceder a Cataluña una financiación singular. Considera el acuerdo como un “privilegio” y puntualiza que hablar de singularidad es una trampa, es mentira, un cuento porque de lo que se trata es de “quedarse con el dinero de todos”. 

Es obvio, que el apresurado exabrupto de García-Page ante el acuerdo de financiación singular con Cataluña obedece a su temor de que repercuta negativamente en la financiación de la región. Ahora bien, además de exabruptos lo que debería el presidente regional es pensar en otras políticas para la región. No estaría mal que se preocupara por reparar el despojo del ferrocarril regional Aranjuez-Cuenca-Valencia y dejara de favorecer a empresas de vertidos que traen a la Mancha los residuos, pero se llevan los beneficios y pagan los impuestos en Cataluña. 

Es lo que viene haciendo desde hace años y con escaso control la empresa denominada Reciclados del Marquesado, S.L. (del grupo Griñó). Se instaló en la región para llevar a cabo la explotación de un Complejo Medioambiental de Gestión de Residuos, en el término municipal de Almonacid del Marquesado del que es alcalde el socialista y presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana. 

Así que, en vez de tantos exabruptos, aprovechemos esta encrucijada para apostar por el interés de la ciudadanía de la región. Menos residuos y más tren, podría ser una buena política para promover el desarrollo sostenible de las personas que residen en las zonas desfavorecidas y despobladas de Castilla-La Mancha.

Democracia implica que en la sociedad tiene que haber un cierto grado de igualdad. De ahí que, según la Constitución, los poderes públicos tengan que promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Las desigualdades de renta, posición y educación no deben ser tan grandes que en vez de favorecer la participación produzcan mansedumbre y una sumisión permanente de las personas. 

La desigualdad es uno de los problemas más graves en una sociedad democrática, porque debilita la participación, perjudica la cohesión y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Sin embargo, hay gobernantes que pasan por alto este problema y se dedican a pregonar la igualdad, por más que los datos existentes contradigan su discurso. Esta retórica de algunos dirigentes, en favor de la igualdad es la fórmula que utilizan para no tener que enfrentarse al irritante problema de la desigualdad.  

Como ejemplo de discurso ideológico se puede citar la retórica del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. La región española que gobierna es una de las más desiguales y con más población en riesgo de pobreza y exclusión social, junto con Andalucía, Extremadura, Murcia y Canarias. Sin embargo, García-Page en vez de diseñar buenas políticas para corregir las desigualdades estructurales, se dedica a hacer campaña en favor de la igualdad inexistente en la sociedad castellanomanchega.  

Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, unas 640.000 personas (el 31,6 por cien de la población) están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Castilla-La Mancha, es decir que la región posee tasas muy elevadas, siempre por encima de la media nacional (que es del 26.5 por cien). Además, la tasa de mujeres en riesgo de exclusión es 3,5 puntos porcentuales superior a la masculina (40.000 mujeres más). En las familias con menores, la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión es del 35,5 por cien, siendo el porcentaje ocho puntos más elevados que en los restantes hogares (que es del 27,5 por cien). Respecto al hábitat, hay diferencia entre la tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión de las zonas rurales de Castilla-La Mancha (36,4 por cien) y las zonas urbanas (29,0 por cien), con la particularidad de que esta diferencia entre ambas aumenta con el tiempo.

Para conseguir que las desigualdades no sean decisivas es fundamental el papel que pueden desempeñar las políticas de la Junta de Comunidades. Sin embargo, el impacto de la administración de Castilla-La Mancha en reducir la pobreza es del 33, 3 por cien, siendo menor que el que consiguen a nivel nacional otras administraciones (que es del 36.8 por cien). 

Pues bien, García-Page prescindiendo de los datos mencionados sobre las cifras de pobreza y exclusión, la pobreza de las mujeres y la exclusión en los hogares con menores y en las zonas rurales, está centrado en la propaganda. En vez de aumentar el esfuerzo del gobierno regional que preside, para corregir la desigualdad estructural existente en la comunidad, está empeñado en hacer publicidad continua sobre la igualdad en cualquier ocasión memorable (Día Internacional de la Mujer, día de la Región, día de la Constitución etcétera).

También a crear cátedras de igualdad de género (una sobre diversidad y otra sobre el mundo laboral); o bien a hacer ostentación de que el gobierno regional es pionero porque va a tramitar una ley en las Cortes para acabar con la brecha salarial en el ámbito laboral, como si la desigualdad entre las remuneraciones que perciben mujeres y hombres se eliminara por decreto. 

Toda esta manipulación propagandística con la que Emiliano García-Page envuelve su discurso parece estar dirigida a encubrir la desigualdad estructural existente en la región, debida en parte a la mezquindad de sus políticas. En virtud de lo cual, se podría conjeturar que el presidente de Castilla-La Mancha no se cansa de utilizar de manera perversa la retórica de la igualdad (en especial la de género), para encubrir la desigualdad regional realmente existente. 

El Gobierno regional está dispuesto a que las empresas privadas sean viables, aunque tengan serias dificultades. Para lo cual declaran sus proyectos de interés regional, les dan facilidades financieras y si es preciso se convierte en grupo de presión, para que el Estado actúe en defensa de los intereses del sector correspondiente. Es lo que hizo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cuando en el congreso nacional de empresarios del transporte celebrado en Ciudad Real, pidió al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, “un plan potente” que revierta el problema de la falta de conductores de transporte de mercancías por carretera.

La petición de García-Page fue extravagante, porque va en contra de las orientaciones políticas y el Pacto Verde europeo. El cometido del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España es revitalizar el ferrocarril. El transporte por ferrocarril es más eficiente, sostenible y provoca muchísimas menos víctimas que el de carretera. Así que el ministerio debe dirigir sus esfuerzos a aumentar la cuota de transporte de mercancías por ferrocarril en España que es la más baja de la Unión Europea (menos del 5%).  

La petición de Page fue además inconsistente, por no plantear correctamente el problema de la falta de conductores. La escasez de trabajadores en el sector del transporte por carretera no es un tema de empleabilidad, como apuntaba el presidente regional. La retórica de la empleabilidad sirve para culpar a las personas, cuando el problema está en las políticas de empleo. Cuando las condiciones de trabajo son indecentes, la gente no tiene incentivos para trabajar en el sector económico que trata a las personas de forma indigna, como si fueran mercancías. 

Como ejemplo de condiciones de trabajo abusivas, sirva el relato de la conductora Marta Herrera Molero: “Me paso nueve horas seguidas sin poder levantarme del asiento. Sin poder ir al baño, sin estirar las piernas, sin tener ni un solo momento para descansar. Las que somos conductoras mujeres tenemos que orinar en bolsas y de la higiene menstrual ni hablamos”. El escrito concluía reclamando: “condiciones laborales más justas y humanas para las conductoras y los conductores..., es decir, ”tener jornadas de ocho horas y acceso a baños, donde poder hacer nuestras necesidades y garantizar un mínimo de higiene.“ 

A la vista de lo expuesto, considero que García-Page debería hacer una  doble petición al Gobierno estatal. Por razones de coherencia con las políticas europeas, debería pedir a Óscar Puente que el ministerio proceda a la reactivación de la línea de ferrocarril Aranjuez-Cuenca-Valencia, ya que en el ferrocarril está el futuro y constituye la respuesta segura, inteligente y sostenible para las necesidades básicas de movilidad. Y por razones de dignidad y justicia, Page debería pedir a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y economía social, Yolanda Díaz, que adopte las medidas oportunas, para que mejoren las condiciones laborales de las personas que trabajan en el transporte por carretera.

La empresa española Quantum ha vuelto a solicitar al gobierno de Castilla-La Mancha el proyecto de explotación de minería de tierras raras en el Campo de Montiel. La primera vez que lo hizo fue en 2013 durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal. La ciudadanía de la comarca, alarmada por los efectos que el desarrollo del proyecto podía ocasionar, creó la Plataforma Sí a la Tierra Viva. Una organización para defender los intereses de un territorio que cuenta con denominación de origen de diversos productos agropecuarios. 

La Plataforma Sí a la Tierra Viva, recogiendo el sentir de la ciudadanía, se opuso al proyecto, promovió movilizaciones y presentó escritos ante las Cortes de Castilla-La Mancha, el Gobierno y la Defensora del Pueblo. En sus alegaciones manifestaba su rechazo a que el Gobierno concediera a Quantum los derechos para realizar durante diez años una explotación en su comarca que necesita cantidades ingentes de agua, de energía y que produce contaminación.

La respuesta que dio la Defensora del pueblo a las alegaciones recogía dos argumentos de peso que explican que el Gobierno desestimara el proyecto. Por un lado, señalaba que para acometer la explotación minera era necesario disponer de cuantiosos recursos hidráulicos. Sin embargo, según la Confederación Hidrográfica, el acuífero de la zona estaba sobreexplotado. Por lo tanto, al no existir recursos hídricos suficientes para acometer los proyectos mineros presentados, la explotación no se debía llevar a cabo. 

De otra parte, desde el punto de vista medioambiental, la Defensora del pueblo señaló que, aunque los proyectos no se encuentren ubicados dentro de la Red Natura 2000, eso no implica que la explotación no produzca efectos en el territorio. Existen riesgos evidentes al ocupar parcialmente la ZEPA “Áreas Esteparias del Campo de Montiel”. 

Zona de águilas

Según opinión del grupo de investigación de la Universidad de Castilla- La Mancha Territorio y Pesaje en Regiones Volcánicas (Geovol) “es una de las mejores zonas de reproducción de águila imperial y de águila perdicera y es precisamente aquí donde se está produciendo la reintroducción del lince ibérico”. En virtud de lo cual, el grupo Geovol concluye que “la minería de tierras raras o cualquier otra actividad minera en esta zona es manifiestamente incompatible con la conservación del medio ambiente”. 

Las alegaciones y evaluaciones contrarias al proyecto dieron lugar a que el Gobierno regional denegara la explotación. Disconforme Quantum con la decisión del Gobierno regional, fue a los tribunales y una sentencia judicial de enero del 2021 tumbó eventualmente el proyecto.Pero la empresa ha vuelto a presentar al Gobierno regional el año 2023 su proyecto para explorar 9.000 hectáreas en busca de monacita, en los términos municipales de Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Valdepeñas. 

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno regional ha manifestado que no descarta que pueda hacerse la exploración. Ante la escasa cautela de la consejera surgen inevitablemente las preguntas: ¿Es que el acuífero ya no está sobrexplotado? ¿lL explotación es ahora compatible con la conservación del medio ambiente? 

En fin, afortunadamente la ciudadanía del Campo de Montiel está dispuesta a seguir siendo un ejemplo de participación democrática y se ha vuelto a movilizar contra la explotación minera de Quantum. Trece asociaciones del Campo de Montiel han firmado un manifiesto “como parte activa de la sociedad civil comprometida con la defensa del medio ambiente, la salud pública, el patrimonio cultural, el sector agropecuario y el turismo sostenible”, expresando “su honda preocupación” por los “múltiples perjuicios” que conlleva este tipo de actividad extractiva para las comunidades y el entorno natural.

Con motivo de la celebración del día mundial del agua, el pasado 22 de marzo del 2024, el presidente del gobierno de Castilla-La Mancha, difundió un vídeo reivindicando el agua como elemento esencial de la vida. El lema elegido para conmemorar la fecha fue “cada gota cuenta, preserva la vida”. En el vídeo, Emiliano García Page comenta “sabemos lo que es tener agua, que nos falte, que necesitemos más y, al mismo tiempo, lo difícil que es conseguirla”. Advierte que vamos a tener que esforzarnos en utilizarla bien. Y finaliza diciendo que el agua ha contribuido a generar un sentimiento de unidad colectiva en la región y afirmando que la comunidad castellanomanchega es un ejemplo de consumo sostenible de ese recurso.

Después de oír las palabras de Garcia Page, proclamando el lema de que cada gota cuenta y su recomendación de que debemos esforzarnos en utilizar eficientemente el agua, no se entiende que el ejecutivo castellanomanchego declare de interés regional el proyecto “Meta Data Center Campus” de la sociedad Zarza Networks, S.L., en Talavera de la Reina. Es un “hipercentro de datos”, que Mark Zuckerberg iba a edificar cerca de Amsterdam, en Zeewolde, pero las autoridades holandesas lo rechazaron por su alto coste medioambiental. Así que Meta (antes Facebook) traslada el proyecto a Castilla-La Mancha.

Cuando obtenga la Evaluación de Impacto Ambiental, el gigante tecnológico estadounidense, se instalará en el espacio de la reserva natural protegida que es refugio de las águilas negras de la región, una zona donde las explotaciones agrícolas han sufrido restricciones de agua. Meta construirá 102 hectáreas de hangares con miles de ordenadores, que funcionan de forma continua y necesitan utilizar alrededor de 200 millones de litros de agua potable al año para ser refrigerados.

Pues bien, partiendo de la base de que el presidente de Castilla-La Mancha lucha por el agua, defiende a la comunidad como un ejemplo de consumo sostenible y considerando que el agua en Talavera de la Reina es un problema, se plantea la cuestión ¿es coherente que Page promueva como proyecto de interés regional, la instalación de una infraestructura que se caracteriza por un consumo elevado de agua potable?

“Si el agua es vida y nosotros queremos vivir” (Page)... ¿Es razonable que el gobierno regional financie con fondos europeos al gigante tecnológico norteamericano, Meta, para que se instale en una comarca en la que las explotaciones agrícolas han sufrido restricciones de agua y el riesgo de sequía es tan elevado?“

El gobierno de Emiliano García-Page utiliza los fondos europeos para hacer lo que le da la gana sin contar con la ciudadanía. Como muestra de este afán de emprender proyectos que la ciudadanía no demanda, pero que el Gobierno se empeña en llevar a cabo, está el caso de los remontes para el Casco antiguo de Cuenca.

La asociación de vecinos ha manifestado reiteradamente que sus prioridades eran la limpieza, estado de las aceras, la seguridad, el transporte público, el control del tráfico, los aparcamientos etc, antes que un proyecto mecánico para facilitar la subida de los turistas. Pero el Gobierno de Page, prescindiendo absolutamente de la opinión ciudadana, comunicó en agosto del 2023 la decisión de que financiaba con fondos europeos el proyecto de los remontes mecánicos al Casco y serían unos 13 millones de euros. En noviembre del 2023 subió la cifra a 15.069.067,62 de euros y ahora el presupuesto ronda los 15,6 millones teniendo que participan en la inversión la Junta y el Ayuntamiento, aunque cuenten con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto “para garantizar una accesibilidad universal” al Casco antiguo consiste en un mecanismo de escaleras mecánicas y ascensores. Según el Ejecutivo regional, la obra iba a tener el mínimo impacto visual, ya que se va a soterrar “lo máximo posible” el trazado de las escaleras mecánicas y los ascensores bajo las zonas verdes existentes. El Gobierno de Page habló de “la integración arquitectónica y paisajística” del nuevo acceso “con el resto de edificios históricos y bancales existentes”.

Sin embargo, el proyecto ha comenzado la integración paisajística destruyendo todos los árboles de los bancales. Desde la calle contigua - la ronda de Santa Catalina- se contempla el desastre provocado: los árboles talados y los tocones de los árboles como un catálogo de horrores.

Esta destrucción disparatada contradice el proyecto, es un desprecio a la ciudadanía y burla el compromiso del gobierno regional de proteger, preservar y potenciar el patrimonio de la ciudad de Cuenca. Lo más peliagudo del asunto es que la destrucción de los árboles va en contra de la finalidad establecida por la Unión Europea, cuyos fondos financian el proyecto. Ya que la finalidad del Mecanismo de Recuperación y la Resiliencia (MRR), es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas de la Unión Europea.

Por lo tanto, como la ejecución del proyecto está yendo en contra de lo establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la ciudadanía ha recurrido ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar el doble atentado cometido en el Casco antiguo de Cuenca por el Gobierno de Castilla-La Mancha: no respeta la opinión ciudadana y realiza con fondos europeos una destrucción irracional de los árboles de la ciudad.

La ronda de Santa Catalina de Cuenca está cerrada al tráfico por obras. Ha comenzado la ejecución del proyecto que el Gobierno de Castilla-La Mancha diseñó, para “facilitar la movilidad de las personas que viven en el Casco antiguo” y hacer esta zona atractiva “para que más personas vengan a vivir”. El futuro acceso supondrá una inversión de más de 15,6 millones de euros con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, a través de los Next Generation-EU. Tendrá un plazo de ejecución de 32 meses y se compone de seis escaleras mecánicas y seis ascensores “para garantizar una accesibilidad universal”.

Según contó el Ejecutivo regional, la obra tendrá el mínimo impacto visual, ya que se va a soterrar “lo máximo posible” el trazado de las escaleras mecánicas y los ascensores. Irán bajo las zonas verdes existentes y con un recorrido que se distancia de los edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y los rascacielos. El gobierno habló de “la integración arquitectónica y paisajística” del nuevo acceso “con el resto de edificios históricos y bancales existentes”.

Sin embargo, el proyecto ha comenzado su integración paisajística mediante la destrucción de todos los árboles. Desde la ronda de Santa Catalina se contempla el desastre: los árboles talados y los bancales transformados en un catálogo de horrores. Esta destrucción salvaje contradice el proyecto, es un desprecio a la ciudadanía y burla el compromiso del gobierno regional de proteger, preservar y potenciar el patrimonio de la ciudad de Cuenca.

Además, la destrucción de los árboles va en contra de la finalidad establecida por la Unión Europea que financia el proyecto. Según la Unión Europea, el Next Generation-EU está concebido para impulsar una Europa más ecológica. La finalidad del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas de la Unión Europea.

La irracional tala de árboles realizada en los bancales de la ronda de Santa Catalina no respeta las prioridades ecológicas europeas, viola la Constitución española y es una canallada ante la cual la ciudadanía no puede permanecer indiferente. Es un deber de la ciudadanía exigir a los poderes públicos que utilicen el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, respetando las finalidades ecológicas. Por lo tanto, como la ejecución del proyecto está yendo en contra de lo establecido en el Plan de Recuperación y Resiliencia, procede recurrir ante las instituciones de la Unión Europea, para denunciar el atentado cometido en el Casco antiguo de Cuenca por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

El presidente de Castilla-La Mancha ha salido en defensa de los cargos socialistas a los que el PP señala de manera continua, porque sus nombres aparecen en la investigación de la trama de mascarillas del “caso Koldo”. Al mismo tiempo, manifestó que estaba en “situación de zozobra”, porque “en el entorno de los políticos a veces crecen alimañas que hacen mucho daño”, como si Koldo les fuera ajeno.

El que fue asesor del ministro de Transportes, consejero de RENFE y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado, desde el 13 de junio de 2018 hasta el 11 de julio de 2021, era un cargo político importante, no un “entorno”.

Durante el confinamiento, Koldo actuó presuntamente para que el organismo público Puertos del Estado -del que era vocal-, adjudicara a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L un contrato para la compra de mascarillas por valor de 24,2 millones de euros (21 de marzo de 2020); seis días después, la presidenta de Adif compró a la misma empresa mascarillas para los trabajadores, por valor de 12,5 millones de euros.

Ambas adjudicaciones ponen de relieve que Koldo tenía poder suficiente para que las empresas públicas del Ministerio, Renfe y Adif, invirtieran más de 36,7 millones en una semana, por el procedimiento de extrema necesidad impuesto por la pandemia, es decir, sin publicidad y con urgencia.  

En esta denigrante historia de presunta corrupción, quienes sienten zozobra son las personas de los pueblos por donde discurre el tren regional Aranjuez-Cuenca-Valencia, perjudicadas por los abusos de poder y las actuaciones culposas del Ministerio de Transportes durante esos años. 

Es una vergüenza, que se designen como empleados en el Ministerio de Transportes, a personas con escaso sentido de lo público, y se les confiera poder para gestionar la supresión del tren que comunica los núcleos rurales con la primera y tercera ciudad de España, cuando lo único que les preocupa es el enriquecimiento privado, cobrando comisiones irregulares con la venta de mascarillas en el peor momento de la pandemia.

Constituye una afrenta al sistema democrático atribuir a individuos con escasa preparación y desmesurado afán de lucro, competencias para imponer por decreto el desmantelamiento de una línea férrea de gran valor patrimonial, cultural y económico, favoreciendo posibles pelotazos urbanísticos en los terrenos del ferrocarril.

Por lo tanto, a la vista de los irregulares procedimientos seguidos por el anterior Ministerio, Renfe y Adif, y la querella por presunto tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, la ciudadanía y los alcaldes de los pueblos recurrentes tienen motivos suficientes para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad que revierta la decisión adoptada y proceda a la revisión de las actuaciones seguidas, durante los años en que se decidió clausurar la línea férrea.