Desde 2015 el continente ha girado a la derecha el tablero político regional, aunque existen diferencias entre los actores que han promovido este nuevo cambio en la región.

¿Puede una nueva agenda institucional responder a los principales retos que afronta el liberalismo en América Latina?

Latinoamérica vuelve a estar en el punto de mira. La llegada al poder de Bolsonaro en Brasil y las contiendas electorales de este 2019 han devuelto la atención a una región marcada por un profundo cambio político durante los últimos años. Desde finales de los 90, el continente estuvo caracterizado por el crecimiento de diversas fuerzas políticas progresistas que impugnaban el orden existente. El éxito de esta nueva izquierda latinoamericana se vio reflejado en la coincidencia temporal en el poder de líderes como Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia o los Kirchner y el Partido de los Trabajadores en Argentina y Brasil, respectivamente.

No obstante, parece que el tiempo de los gobiernos progresistas se ha acabado. Desde 2015, con la llegada a la Casa Rosada de Mauricio Macri, el continente ha girado a la derecha el tablero político regional. Iván Duque en Colombia, Sebastián Piñera en Chile o la sorprendente victoria de Jair Bolsonaro en Brasil son claros ejemplos de que la política en Latinoamérica ha tomado un nuevo rumbo, tal y como se puede ver en el mapa siguiente.

Sin embargo, existen diferencias relevantes entre los actores que han promovido este nuevo cambio a la derecha en la región. Por una parte, el centro-derecha liberal-conservador, representado por Macri, Piñera y Duque, defensores del libre mercado y abiertos incluso al reconocimiento de figuras como el matrimonio homosexual; y por otra, la extrema derecha populista, que encuentra su máximo exponente en Jair Bolsonaro, con un modelo similar al de Trump en EEUU y que clama contra el conjunto de derechos adquiridos por las minorías durante las últimas décadas. Especialmente frágil es la situación para el centro-derecha, que subió al poder con promesas de revertir la acuciante crisis económica sufrida en el continente, y con el deber de acabar con la corrupción que había hundido a las fuerzas progresistas de la década anterior. Para ello, y debido a la complejidad de la cuestión, requieren de soluciones inmediatas que permitan consolidar su llegada al poder

¿Puede una nueva agenda institucional responder a los principales retos que afronta el liberalismo en América Latina?

Varios gobiernos de la región así lo creen, y por ello, han decidido dar un paso al frente en lo relativo a la adopción de políticas públicas innovadoras. Concretamente, el gobierno de Sebastián Piñera en Chile ha sido uno de los pioneros, y lo ha hecho de la mano de uno de los filósofo-políticos más controvertidos de los últimos años: John Tomasi. Este profesor de Brown University publicó en el año 2012 el libro Free Market Fairness, en el que presenta una teoría de la justicia que mezcla las ideas claves de algunas de las grandes corrientes filosóficas de las últimas décadas: el liberalismo igualitario, el liberalismo clásico y el libertarismo. Durante gran parte del siglo XX, los debates alrededor del rol del Estado en la economía se encontraban tensionados por las versiones totalmente opuestas defendidas por estas escuelas. Por una parte, el gran peso que establecían liberales clásicos y libertarios de derechas a las libertades económicas privadas, suponía una clara restricción de la capacidad de establecer políticas redistributivas que llevaran a la consecución del ideal de justicia social. Y por otra parte, el liberalismo igualitario, con John Rawls como máximo exponente, interpretaba estas mismas libertades económicas de una manera más restrictiva a causa del importante peso que daba al ideal de justicia social, concretándose todo ello en amplias intervenciones del Estado en el ámbito económico.

Ante esto, John Tomasi considera que debemos coger lo mejor de cada escuela. En su teoría de la justicia (y dejando de lado las abstracciones y complicaciones teóricas), Tomasi argumenta que la mejor forma de conseguir el ideal de justicia social es a través de la implementación de políticas que fomenten y amplíen las libertades económicas privadas y el rol del mercado en la sociedad. ¿Suena a oxímoron, verdad? ¿Pueden los mercados y la justicia social ser compatibles? Es más ¿pueden ser los regímenes de libre mercado, con una mínima intervención estatal, la forma más justa y eficiente de realización de la justicia social? Sorprendentemente, John Tomasi y otros autores de la denominada Escuela de Arizona (Jason Brennan, Matt Zwolinski, etc.)[1], no tienen ninguna duda al respecto.

El nuevo programa de investigación abierto por la publicación de Free Market Fairness presenta divergencias en lo que sería la plasmación institucional de sus principios. Concretamente, Tomasi presenta dos modelos ideales. En primer lugar, el denominado Laissez-Faire Democrático, en el que la gran mayoría de los servicios hoy proporcionados por el Estado serían absorbidos por mecanismos de libre mercado, pero donde cabrían excepciones muy limitadas en sectores como la sanidad, asegurando simplemente la cobertura de estos servicios a aquellos con menores niveles de renta. Y el segundo de los modelos, denominado como Gobierno Democrático Limitado, permitiría un mayor grado de intervención pública. Concretamente, sectores como la educación y la sanidad se configurarían como sistemas privados que estarían complementados por ayudas estatales, que podrían darse a través de diferentes políticas como exenciones fiscales o cheques (ya utilizados en países como el propio Chile en los años 80). Dentro de este último modelo cabría incluso la implementación de una garantía de ingresos mínimos, o como plantea Matt Zwolinski, el establecimiento de una renta básica que sirviese como vía de financiación para poder costear unas prestaciones sociales que pasarían en su totalidad a manos del mercado.

En resumen, el denominado libertarismo de centro plantea la necesidad de privatizar el conjunto de prestaciones sociales ahora mismo absorbidas por el Estado del bienestar, pero dotando de distintos grados de cobertura y acceso a dichos servicios a aquellos ciudadanos con menor nivel de renta. Para ello, y diferenciándose de otras escuelas de pensamiento, utilizará argumentos de carácter tanto moral como consecuencialista. Estamos por tanto, como ya definiese Alan Thomas, ante una “justicia social al estilo americano”[1].  

Sin embargo, los autores de la Escuela de Arizona parecen obviar los numerosos efectos que la implementación de este tipo de medidas podría tener en los ciudadanos. Cabe resaltar especialmente uno de ellos: el más que previsible aumento de la desigualdad, debido a la reducción drástica de los mecanismos de redistribución por parte del Estado. A pesar del creciente consenso acerca de la necesidad de una distribución justa de la riqueza, este conjunto de autores considera que el foco de atención no ha de estar en una reducción tajante de la desigualdad necesariamente, sino en el deber de asegurar que todo ciudadano tiene acceso a los recursos materiales para vivir una vida digna. Obvian de esta manera la creciente evidencia acumulada acerca de las consecuencias de la desigualdad económica, que ha demostrado tener efectos importantes en las tasas de criminalidad, en los niveles de participación política, en la cohesión social, o incluso, en el crecimiento económico.

Si a esto se le une el previsible desmantelamiento de mecanismos básicos de protección tales como la prestación por desempleo o las pensiones; la más que probable segregación en función del nivel de renta en sectores como la educación; o la discutible capacidad del libre mercado para aumentar los ingresos de los más desfavorecidos, cabe preguntarse lo siguiente: una vez plasmados en políticas públicas los principios del libertarismo de centro ¿qué lugar queda para la igualdad de oportunidades en su modelo de justicia?

No cabe duda de que son tiempos difíciles para el liberalismo. La llegada al poder de Donald Trump, el Brexit o el espectacular crecimiento de partidos de extrema derecha en países como Francia, Italia o Alemania no son más que el reflejo de la deslegitimación sufrida por los actores políticos tradicionales. Los ciudadanos han puesto en cuestión las mismas estructuras de las democracias liberales apostando por actores que claman contra las élites políticas y económicas que han sido incapaces de resolver los problemas diarios de la gente. El liberalismo requiere de nuevas soluciones para poder hacer frente a las demandas de los ciudadanos y así recuperar su confianza. Sin embargo, las alternativas dentro del propio liberalismo, tampoco parecen ser muy optimistas.

En lo que se asemeja más a un regreso al pasado que a una innovadora propuesta política, Chile puede adentrarse en un nuevo camino marcado por la oda al mercado trazada por el libertarismo de centro. El retorno de un mercado eficiente y amable con los más desfavorecidos no parece más que una aspiración utópica proveniente del terreno de las ideas en el que se mueve la filosofía política. Hasta qué punto este camino será seguido por otros países en Latinoamérica y el resto del mundo está aún por determinar, pero si el liberalismo y las élites político-económicas buscan recuperar la confianza de los ciudadanos, deberán de tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones. No les será fácil compensar la desilusión de tantos años sin respuestas.