Aprovechando que en los próximos días retomaré mi trayectoria profesional, me gustaría despedirme compartiendo algunas reflexiones que surgen como consecuencia de los acontecimientos de las últimas semanas. No hablaré en nombre  propio, puesto que el trabajo desarrollado no es fruto del sentir  de una persona sino de un trabajo sólido y coherente de un equipo completo que aúnan sus voces en este artículo.

Los más de diez años de crisis económica han tenido consecuencias profundamente graves, pero la más sustancial ha sido evidenciar que en este país y en esta región no existía ningún sistema de protección para asegurar lo mínimo para la supervivencia de miles de familias. Así, la población, en los momentos más graves de la crisis económica, quedó abandonada a su suerte. Desafiamos una realidad que mostraba que Castilla-La Mancha es la quinta comunidad autónoma con la mayor tasa de pobreza relativa de España que afecta a casi el 38% de los menores de la región y la última comunidad en cobertura del sistema de rentas mínimas.

“El que no arriesga, no gana”. Esta creencia popular es inspiradora para afanarse en retos, metas, y compromisos. Aun sabiendo que la senda a recorrer no estaba exenta de obstáculos, y siendo conscientes de que los momentos de dificultad iban a estar muy presentes en cada paso que se diera, decidimos intentarlo. Ciudadanos de “a pie”, de espacios profesionales y trayectorias distintas, que indignados ante la situación en la que vivían vecinos, amigos y compañeros deciden dar un paso adelante.

El compromiso de mejorar las condiciones de vida de los castellano-manchegos nos llevó a estar dispuestos a arriesgar con lo inusual, por ello, entramos en el Gobierno y asumimos la responsabilidad y el encargo, siendo muy conscientes de la posibilidad de fracasar. 

Logramos alcanzar un Proyecto de ley justificado, minucioso, atendiendo a cada uno de los actos del procedimiento legislativo en tiempo, forma y contenido, participado no solo con las organizaciones de la sociedad civil, sino también, y de manera permanente, con las consejerías implicadas. Pero lo realmente esencial es que la nueva política propuesta de Garantías de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, si se hubiera implantado, tendría un impacto 10 veces superior a la actual renta mínima, beneficiando a más de 92.000 personas y generando más de 1.000 puestos de trabajo a tiempo completo, dinamizando así, la economía de la región. Este aumento en la cobertura no sería fruto de la casualidad, sino de la intencionalidad de convertir una ayuda en un derecho. 

Así, el pasado 12 de febrero el Consejo de Gobierno  asumió el compromiso de llevar a las Cortes el Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas manifestándolo a través de su aprobación. El compromiso adquirido en esta fecha no es un compromiso con nosotros, no es un compromiso con Podemos, es un compromiso con la gente, con las familias y con el presente y el futuro de esta región. 

Sin embargo, en las últimas semanas, las informaciones vertidas por los medios de comunicación han sido, cuanto menos, confusas. El periódico La Tribuna ha informado que ya se están tomando decisiones. La primera de ellas, guardarse en el cajón los proyectos de ley de Garantías y de Participación Ciudadana, que ya tenían el visto bueno tanto del Consejo de Gobierno como del Consultivo y estaban, por tanto, listos para entrar en las cortes regionales. Añade esta misma publicación que el Ejecutivo regional ha elaborado su plan normativo para este año, en el que han desaparecido las conocidas Leyes Podemos (La Tribuna, 13 de junio de 2019). 

No tramitar esta ley supone traicionar y olvidar a 92.000 personas que necesitan de protección social y económica de manera urgente y genera no pocos interrogantes, como cuál es el fin y el sentido del cambio de decisión y qué cuestiones se priorizan por delante de la protección de la población en situación de mayor vulnerabilidad. 

Las pasadas elecciones autonómicas otorgaron al Partido Socialista la máxima legitimidad en forma de mayoría absoluta en las Cortes Regionales. En este contexto y ya como ciudadanía, seguimos instando al presidente, y a su equipo de Gobierno, a que cumplan con el Proyecto de Ley que ya aprobó y que ha contado con el consenso y respaldo de todos los agentes sociales implicados. Los compromisos de un gobierno adquieren valor cuando se convierten en realidades, esperamos y exhortamos al nuevo ejecutivo para que sea capaz de hacerlo.

El pasado 15 de febrero el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha celebró el IV Foro de la Ciudadanía. A lo largo de una mañana rendíamos cuentas de las acciones realizadas durante el ejercicio 2018 y el grado de cumplimiento de nuestros compromisos con la sociedad. En la comisión de Políticas Sociales, Sanitarias y de Igualdad, numerosas intervenciones de representantes de entidades sociales de nuestra región apelaron a la necesidad de tramitación y aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha del Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado martes 12 de febrero. Se trata de entidades que conocen de primera mano la situación de vulnerabilidad económica de un gran sector de la sociedad castellano-manchega y que son conscientes de la importancia de la aprobación de la ley para miles de familias de nuestra tierra.

Las situaciones de escasez y vulnerabilidad a las que se enfrenta la ciudadanía dependen tanto de las características estructurales y de coyuntura económica de la región, como de la capacidad de respuestas de sus administraciones. Los diez años de crisis económica vinieron acompañados por una respuesta política asociada a recortes, abandono y pisoteo de los derechos elementales de la población con la consolidación fiscal como coartada. Las distintas administraciones conocen su cuota de responsabilidad.

En los últimos dos años en Castilla-La Mancha hemos asistido al efecto directo que tiene la inversión en política social sobre la vida de los ciudadanos y ciudadanas, en los que se ha reducido en cuatro puntos el Riesgo de pobreza y exclusión Social (del 37,9% en 2016 al 33,9% en el 2017). Sin embargo esta cifra sigue exigiendo un cambio rápido y eficaz en los sistemas de protección social, una cifra que se sitúa 7,3 puntos porcentuales por encima de la media nacional (26,6% de la población) y que asciende al 41,7% si hablamos de menores de 18 años. Sin duda alguna se trata de una situación de desigualdad que, a pesar de la recuperación económica de la región, se mantiene lejos de los niveles previos a la crisis y corre el riesgo de perpetuarse y cronificarse en el tiempo, ya que, desgraciadamente, ni el empleo es capaz de garantizar unos ingresos mínimos para satisfacer las necesidades más básicas.

¿Qué sistema de protección social tenemos para hacer frente a las necesidades de la población de nuestra región? Desde la entrada de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha se han dado avances importantes en las medidas dirigidas a paliar y erradicar la pobreza en nuestra región, como por ejemplo: el aumento de la cuantía, del presupuesto y las mejoras técnicas en el Ingreso Mínimo de Solidaridad, las cuales han permitido incrementar el número de concesiones de la ayuda, alcanzado así un máximo histórico en 2018 (más de 2.633 nuevas concesiones).

Pero hablemos claro, según denuncia la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales con datos del Informe de rentas mínimas de inserción elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la cobertura del IMS en 2017 no alcanzaba el 2,1% de la población que estaba bajo el umbral de pobreza. De hecho, somos la comunidad autónoma con la cobertura más baja, a gran distancia de la media nacional (8%), evidenciando así la necesidad de dar un paso más allá en este tipo de políticas. La Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas supone colocar a Castilla-La Mancha 8 puntos porcentuales por encima de la media nacional, pasando de la última posición a la sexta comunidad autónoma con mayor cobertura. Esta diferencia no es fruto de la casualidad, ni tampoco de un aumento de inversión a ciegas, sino el paso de cubrir las necesidades con ayudas a configurar un derecho de ciudadanía.

El Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, en cuya elaboración han participado activamente los principales agentes sociales y la sociedad civil en su conjunto, integra el derecho subjetivo a unos ingresos mínimos a través de los planes de empleo y/o la prestación de renta garantizada y el derecho al acceso a un conjunto de garantías complementarias -la mayoría de ellas vigentes actualmente-. Se estima que durante el primer año, la cobertura del derecho a la garantía de ingresos sea casi diez veces superior al del actual IMS, beneficiando a más de 92.000 personas. Además, esta Ley impactará sobre la economía de todos los hogares porque generará un impulso de la producción de más de 90 millones de euros y la creación de más de 1.000 puestos de trabajo a tiempo completo, dinamizando así la economía de la región.

Desde la entrada de Podemos en el gobierno regional nuestro trabajo ha tenido un claro objetivo: Avanzar en derechos para la ciudadanía y asegurar el futuro en la región. El Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha supone un avance en un derecho esencial, el derecho a vivir en condiciones de dignidad. Todo el equipo de la Consejería, las entidades sociales, los sindicatos y la sociedad en su conjunto hemos trabajado en una Ley que cuenta con un extenso consenso social para que la vida de 92.000 personas quede asegurada con un sistema de protección estable y no para que se quede en un “cajón”. La responsabilidad política y la altura de miras debe ser el eje de la acción de gobierno.  ¿Alguien puede entender que se antepongan los intereses particulares a una sociedad castellano-manchega más justa e igualitaria?

Desde que Podemos entró en el Gobierno de Castilla-La Mancha en agosto de 2017 no hemos cejado en nuestro empeño de construir una sociedad más justa e igualitaria por medio del impulso y puesta en marcha de medidas sociales cuyas competencias corresponden a esta Administración. Razones de peso no nos faltan, ya que, a pesar de la mejora cualitativa y cuantitativa de estos últimos cuatro años, nuestra región adolece de importantes debilidades socioeconómicas muy presentes en nuestros hogares y ratificadas por los datos de pobreza relativa, renta media de los hogares, desempleo y tejido productivo, proporcionados por fuentes oficiales. Debilidades que, si no se trabaja sobre ellas de manera constante y decidida, corren el riesgo de perpetuarse en nuestra sociedad hasta el punto de convivir con ellas de una manera natural.

El Anteproyecto de Ley de Garantías de Ingresos y Garantías Ciudadanas marca un antes y un después de las políticas públicas de nuestra región por dos importantes razones: En primer lugar, por la alta participación y consenso social con los que ha contado en su elaboración. Organizaciones sindicales, organizaciones del tercer sector, organizaciones profesionales y asociaciones de vecinos que, a través de la Mesa Regional de Garantías Ciudadanas, han formado parte activa de la elaboración del texto normativo, mostrando así la necesidad que tiene Castilla-La Mancha de una Ley como esta. En segundo lugar, por el alto impacto que tiene sobre los puntos débiles a los que hacía referencia en el párrafo anterior, es decir, sobre el empleo, la producción y la renta.

Durante el primer año de implementación se estima que, aproximadamente, 23.000 hogares castellano-manchegos con menores tendrán derecho a la Garantía de Ingresos, es decir, a participar en una política activa de empleo remunerada y/o a una prestación económica (renta garantizada). En ambos casos se trata de una transferencia corriente de rentas que asegura un poder adquisitivo necesario para satisfacer las necesidades más básicas de las familias, alejándolas de una situación de vulnerabilidad económica. Pero los efectos de esta Ley no se limitan única y exclusivamente a estas familias, ya que, tal y como muestra un reciente estudio realizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, la transferencia de rentas genera unos efectos dinamizadores del consumo, la producción y el empleo de nuestra región. La inversión en este programa se estima que supondrá la generación de más de 1.000 empleos y un aumento de la producción de casi 90 millones de euros.

Estamos, por tanto, ante una Ley que da un impulso mayúsculo al sistema de garantías que actualmente está implementando la Junta de Castilla-La Mancha. Una Ley para recuperar aquellos hogares que más sufrieron los efectos de la crisis económica. Una Ley cuyos efectos se expanden al conjunto de la población por medio de la estimulación del consumo, la producción y el empleo, favoreciendo la erradicación de la pobreza severa y fomentando la igualdad de oportunidades. Una Ley que es viable en términos económicos y que sería incomprensible que no contara con su aprobación por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en las Cortes Regionales. En definitiva, una ley que demuestra nuestro compromiso y nuestro trabajo por esta sociedad.