A lo largo de 2025 el Gobierno ha conmemorado el cincuenta aniversario del inicio de la Transición. Para muchas historiadoras e historiadores que trabajamos habitualmente en los archivos, esa cifra tiene un significado que va más allá de la conmemoración simbólica. Los cincuenta años marcan, en la Ley de Patrimonio Histórico Español, un umbral fundamental a partir del cual se levantan la mayor parte de restricciones para la consulta de la documentación histórica.  

Esto significa que prácticamente toda la producción documental de la dictadura franquista debería ser, desde el pasado mes de noviembre, accesible para la ciudadanía. Con independencia de que contenga datos personales, policiales, penales o se conserve en archivos públicos o privados, la normativa garantiza el acceso público a estos fondos.

Y es aquí donde surge la paradoja: para el estudio de la dictadura, uno de los archivos más valiosos, más inexplorados y, al mismo tiempo, con mayores dificultades de acceso es el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI). Pese a que su norma reguladora establece que no debería retener documentación de más de treinta años, el ministerio continúa custodiando grandes volúmenes documentales del Ministerio de la Gobernación, su antecesor franquista.  

No se trata de un fondo cualquiera. El Ministerio de la Gobernación fue un actor clave en el control político y represivo de la dictadura, al concentrar las competencias sobre policía, administración penitenciaria, control de asociaciones y vigilancia de la disidencia política. Desde allí se dirigía la red de gobernadores civiles encargada de aplicar las políticas del régimen en el territorio. Además, el AGMI gestiona también documentación histórica proveniente de prisiones, fundamental para investigaciones sobre personas represaliadas y población reclusa durante el siglo XX.  

Que toda esta documentación siga en el Ministerio ya es, de por sí, una anomalía. Los archivos ministeriales no están concebidos para custodiar documentación histórica. En el ámbito de la administración central esta función está reservada a los archivos históricos e intermedios especializados como el Archivo General de la Administración, el Archivo Histórico Nacional o los Archivos Históricos Provinciales, vinculados al Ministerio de Cultura. En estos centros, se profundiza en la descripción y el tratamiento archivístico, permitiendo que la documentación sea localizable y accesible a la ciudadanía.  

Por eso resulta especialmente grave que el Archivo General del Ministerio del Interior aún custodie documentación de la Restauración, la Segunda República y la dictadura franquista. El problema importante, sin embargo, no es que estos fondos estén donde no deberían: es que, mientras permanecen allí, no se están garantizando las mismas condiciones de acceso que rigen en el resto de la red de archivos, aunque la ley lo obligue. En el ámbito historiográfico y archivístico es bien conocido el hermetismo de este archivo ministerial. Los obstáculos con los que nos topamos al tratar con él son diversos, entre otros:  

1. Una regulación interna obsoleta. El acceso a la documentación del archivo se rige todavía por una instrucción interna de 2006, hoy desfasada y aplicada con un enfoque extremadamente restrictivo. En la práctica, limita el derecho ciudadano a consultar documentación histórica y otorga al AGMI un amplio margen para censurar datos en expedientes que no deberían tener restricciones de acceso. Esta regulación choca con el marco legal actual que ha reforzado el derecho de acceso a la información pública y a los archivos con la Ley de Transparencia (2013) o la de Memoria Democrática (2022).  

2. Los plazos de respuesta. La normativa obliga al archivo a contestar en un plazo máximo de un mes, pero en la práctica las respuestas se demoran durante meses y no es raro que superen el año. Para quienes realizan una tesis doctoral —que habitualmente debe completarse en tres años—, estos retrasos son un freno disuasorio; pero para las víctimas del franquismo, muchas de ellas de edad avanzada, el perjuicio es enormemente mayor.  

3. El acceso a los instrumentos de consulta. El archivo no permite consultar los catálogos que describen la documentación que custodia. Estos instrumentos —en archivística llamados instrumentos de descripción y de control— indican qué contiene cada caja y son imprescindibles para orientar cualquier investigación. En el resto de archivos, se ponen a disposición del público: es un derecho reconocido por la legislación archivística y una práctica básica de transparencia. En Interior, sin embargo, se obliga a pedir a ciegas. Investigar allí es como entrar en un restaurante sin carta: se solicita al azar y, tras meses de espera, la respuesta es «de eso no tenemos». Y de nuevo a empezar.  

Como ciudadanas y ciudadanos, resulta sonrojante tener que reclamar algo tan elemental como que la documentación histórica se conserve en los archivos históricos; es decir, que se cumpla la legislación española en materia de archivos. El Ministerio del Interior debe cumplir la normativa y transferir toda la documentación que aún conserva en sus depósitos. Mientras esto se materializa, el Gobierno tiene el deber de garantizar que la ciudadanía pueda consultar su patrimonio documental con las mismas garantías y derechos que cualquier archivo público. 

Ha pasado medio siglo desde la muerte de Franco. Nos encontramos en un momento inmejorable para estudiar documentalmente las políticas represivas de la dictadura: las principales restricciones legales de acceso a la documentación se han levantado y contamos con herramientas capaces de gestionar el volumen ingente de fuentes que está por analizar. Además, hemos visto cómo se han desclasificado los documentos del golpe de Estado del 23-F. Y, sin embargo, paradójicamente, uno de los mayores obstáculos para la investigación proviene del propio Estado, algo que contrasta con cómo han tratado su patrimonio documental otros países que padecieron regímenes autoritarios.  

Lo que se demanda, pues, no es solo una obligación legal, sino también una exigencia coherente con los principios de verdad, justicia y reparación que debería asumir motu proprio el Ministerio del Interior respecto a su pasado.  

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Firman asimismo este texto lo/as siguientes historiadore/as:  Laura Bolaños Giner, Helen Graham, Fernando Hernández Holgado, Ana Martínez Rus, Carme Molinero Ruiz, Daniel Oviedo Silva,  Alejandro Pérez-Olivares García, Paul Preston, Antonio Rivera Blanco y Nicolás Sesma Landrin.

Lo primero que he hecho, antes de ponerme a escribir este artículo, es comprobar si en Wikipedia, en castellano o inglés, hay alguna referencia a esta hambruna. En general, los artículos sobre la España contemporánea no suelen estar al día. O, lo que es peor, están debidamente manipulados en los temas relativos a la República, la guerra civil y el franquismo. Son los que más me interesan. Nunca he sentido la tentación de contribuir a ponerlos al día. Espero que otros lo hagan. Como ejemplo, el de José Calvo Sotelo es, en cuanto a carencia de modernización, un prodigio. 

La Editorial Crítica ha publicado recientemente dos libros de obligada lectura. El que es objeto de este artículo se titula 'La hambruna española'. El segundo se refiere a la mente de los nazis, un tema bastante trillado, pero al que su autor logra incorporar nuevas perspectivas desde un enfoque sicológico, individual y social. 

El autor de 'La hambruna española' es un buen amigo mío. Nos conocemos de muchos años. Es decir, de sus tiempos de penene. Hoy está a la cabeza de la editorial Comares, de Granada. Es catedrático en esta ciudad de Historia Contemporánea y pertenece a una generación que va renovando el estudio de la contemporaneidad española (República, guerra civil, franquismo, transición) con enfoques modernos que combinan historia política, económica y social, con acento en la última y en la microhistoria. 

Desde hace años ha ido publicando artículos en castellano e inglés sobre el tema de su último libro. Es decir, este no es flor de un día o una ocurrencia súbita. Ha llegado a él a través de un largo proceso de preparación y de indagación en archivos españoles y extranjeros. Algunos de ellos, por ejemplo, los británicos, los conozco bien. Otros, no, pero sí tengo referencias. Son, en particular, los archivos diplomáticos franceses en Nantes. En cuanto a los locales, provinciales, temáticos y otros (por ejemplo, los cuáqueros, los de la Fundación Rockefeller o de la Guardia Nacional Republicana de Portugal) han sido, para mí, una revelación. 

Sí conozco algo del marco general, la política autárquica de la dictadura, que toqué en varios libros primerizos y, más recientemente, con motivo de los “untados” británicos a generales franquistas y al propio hermano del dictador, el no menos inefable Don Nicolás. 

Con todo, el libro de Miguel Ángel del Arco ha sido, para mí, un descubrimiento. Supongo que también lo será para muchos lectores. ¿Sus tesis?

A pesar de las privaciones alimentarias que la zona republicana experimentó durante la guerra civil, no cabe hablar todavía de hambruna en ella. Esta fue un producto de la dictadura franquista tras la guerra. Las privaciones alimentarias que sufrieron los vencidos, particularmente en las zonas que más tardaron en ser ocupadas por los vencedores, obedecieron a otros factores. En primer lugar, a la orientación autárquica de la política económica general de la época. En segundo lugar, a la organización y gestión (es un decir) del sistema de administración y gestión de los abastecimientos (la poco estudiada Comisaría de Abastecimientos -y Transportes). En tercer lugar, a la desviación de las exportaciones agrícolas hacia -en particular- el Tercer Reich, como pago parcial de la deuda de guerra. Y, no en último término, al castigo sistemático de los más débiles: los vencidos republicanos. 

Los mecanismos puestos en funcionamiento generaron todo tipo de desvíos queridos en contra de ellos y tuvieron como contrapeso su papel en el enriquecimiento a todo trapo de los gestores, en particular militares y falangistas, gracias a la intervención en la gestión de la distribución de las cosechas y productos agrícolas intervenidos. Las cartillas de racionamiento (servidor se acuerda todavía de ellas) incorporaban un sesgo que sirvió de acicate para el ocultamiento sistemático de todo tipo de alimentos. Mientras tanto, las clases altas y medio-altas y los exvencedores no sufrieron de las privaciones que acechaban a casi todos los demás, principalmente en las zonas productoras. 

Los numerosísimos ejemplos de las enfermedades producidas por la subalimentación de las clases más afectadas (y vencidas en la guerra civil) son absolutamente estremecedores. El autor los ha extraído de la documentación y registros oficiales. Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva, en particular, se llevaron la palma. 

No cabe afirmar que las autoridades no fueran conscientes de lo que estaba ocurriendo. Una gran parte de la documentación utilizada por el autor procede de archivos oficiales de diverso nivel. El conocimiento llega no solo a las cúspides ministeriales y sus lacayos sino también al imperturbable general y Caudillo Francisco Franco. No hizo nada para remediarlo. Él estaba a lo suyo: en primer lugar a su propio enriquecimiento personal (esto lo afirma servidor y no está recogido en el libro) y en segundo lugar a la alta política: el mantenimiento de la autarquía como medio para llegar a la “España, grande y libre ”a la que aspiraba y porque estaba rodeado de militares y sicofantes falangistas que tenían de Economía la misma idea que los guerreros de Maratón y Salamina. 

En todo caso, un rebrote de la gran hambruna se produjo en el año 1946 y volvió a pegar con fuerza a los más desvalidos. A Franco lo que le preocupaba entonces era sortear las asechanzas que divisaba entre los vencedores de la segunda guerra mundial, el mantenimiento de un grado extremo de control de la población que suponía no le quería demasiado y esperar en su jaima imaginaria a que pasara el cadáver de sus enemigos externos. 

En resumen, un libro cuyos resultados deberían ser de conocimiento obligado en los centros de educación de enseñanza secundaria y, ¡en particular!, en las Universidades. Es urgente, en mi opinión, que el profesorado asimile su contenido y que los planes de estudios lo integren. 

Ahora, cuando va a cumplirse el 50 aniversario de fallecimiento del todavía exaltado en ciertos medios y, en particular, en las redes sociales es imprescindible que el libro de Miguel Ángel del Arco encuentre la máxima difusión. 

No es mi intención hacer una crítica al anteproyecto de ley de secretos oficiales (LSO). Ello corresponde a las elegidas y elegidos por la ciudadanía para que la representen en las dos cámaras. Vivimos en un régimen parlamentario y las funciones de los diputados y senadores están perfectamente establecidas en el texto de la Constitución Española.

En las reacciones, diversas, de los medios de comunicación se ha puesto el énfasis en qué medida y hasta cuándo la aplicación de la futura LSO afectará a la documentación sobre la pretransición y la transición propiamente dicha en sus diversas facetas. En aquellos años tanto los españoles como las autoridades mostraron una profunda satisfacción porque la salida del régimen dictatorial se hubiera hecho sin conatos de guerra. “De la ley a la ley” se convirtió en un lema ampliamente compartido. La legalización de todos los partidos políticos, incluido el coco de la dictadura, el comunista, recibió mucha atención y autocongratulación.

Después, utilizando fuentes abiertas y, en particular, una nueva prensa ya no acogotada por la censura y la falta de libertades, fue apareciendo que el coste había sido elevado en el plano de los disturbios y asesinatos que acompañaron el período. (Muy importante será, posiblemente, la documentación que haya en los archivos de los Ministerios del Interior y, en cierta medida, de Defensa y de Justicia). Con el paso del tiempo, el interés por saber algo fundamentado en evidencias primarias relevantes de la época alcanzará cotas muy elevadas. Tampoco cabe olvidar la documentación sobre la lucha antiterrorista. Incluso, yendo hacia atrás, cómo se explicaría que en España hubiese habido una guerra civil, cuáles fueron sus causas, quiénes sus protagonistas.

Hoy se sabe sobre todo ello infinitamente más que en 1975 gracias a la llegada de libros prohibidos, de algunos maestros del exilio, de la sucesión de tres generaciones de historiadores españoles y extranjeros interesados, de la interacción entre unos y otros y de la importación de nuevas técnicas de investigación y análisis en campos que no se cultivaban en la España de Franco.

En definitiva, la continuada apertura de archivos (que fue una realidad innegable en el período postfranquista) encendió las ganas de saber más y, en particular, sobre el contenido de los que continúan cerrados. Teniendo en cuenta, desde luego, que toneladas de papel y testimonios fueron hechos desaparecer durante los primeros años de la Transición por los individuos, grupos y autoridades que aspiraron a dejar tras de sí el menor volumen de evidencias documentales.

En la actualidad, la sociedad española, más libre, se ha hecho también más curiosa y desea saber más sobre la guerra civil y sus consecuencias, pero en particular sobre el oprobioso régimen que le siguió. La apertura de archivos debe, pues, continuar.

Desde mi punto de vista en particular en lo que se refiere a los ministerios regalianos (en la terminología francesa); es decir, Presidencia, Defensa, Interior, Justicia y Exteriores.

Quisiera subrayar que, en este último, los ministros Morán y Fernández Ordóñez supieron encontrar la fórmula de combinar libertad de acceso y respeto a las responsabilidades internacionales de España en fórmulas que, en general, se mantuvieron hasta bien entrado el gobierno Rajoy. En Defensa, sin embargo, la liberalización pretendida por Carme Chacón no llegó a materializarse, aunque ha sido proseguida (con vacíos relevantes) por la actual titular.

No sabemos cómo se coordinará la apertura de archivos en los ministerios regalianos para los períodos a que se extenderán las futuras memorias y las conversaciones privadas del ex rey Juan Carlos con una de sus, al parecer, numerosas amantes.

En el ínterin se nos anuncia que una conocida periodista francesa va a dar a la luz las memorias del ex rey, que, supongo, no serán para auto inculparse. También hay que pensar que estarán basadas en alguna medida en documentos celosamente conservados por él. No es dable pensar que hoy lo fíe todo a su memoria, como si tuviese la del joven teniente que tiempo ha fue, pero es posible que arrojen luz sobre los años anteriores y posteriores al franquismo, la transición y, chi lo sà?, el 23F.

Tampoco dejará de ser interesante el origen, escasamente aclarado en términos documentales genuinos, de la gran fortuna acumulada por el exmonarca. Es seguro que no procede de su sueldo como jefe del Estado. Quizá haya tenido en cuenta lo que ocurrió a Alfonso XIII, expropiado por la República y cofinanciador de la conspiración monárquico-militar-fascista que culminó en el 18 de julio.

A quien esto escribe, la conservación, supongo que por chiripa, de ciertos documentos de la Casa Civil de S. E. el Jefe del Estado le permitió arrojar luz sobre cómo Franco construyó durante y después de la guerra civil una gran fortuna. Es obvio que si se hubieran condenado a las llamas, ello no hubiera sido posible.

Hay casos que apuntan en una dirección preocupante. Si los rumores que circularon en su momento son ciertos, parece ser que uno de los presidentes peor calificados en la percepción popular y, ciertamente, en mis recuerdos, antes de dejar paso en La Moncloa a su sucesor ordenó destruir los master drives de la Presidencia del Gobierno. La factura la dejó a su sucesor. A lo mejor es una leyenda malintencionada. O tal vez no. De seguro que todavía viven testigos y sufridores de aquella situación.

Con todo, hay prisa en que la futura ley, cualesquiera que sea su contenido final tras el trámite parlamentario, se apruebe y entre en vigor lo más pronto posible. Un año me parece exagerado. Si, el Señor no lo quiera, al actual gobierno le sucede la derecha española, siempre tan patriótica, se corre el riesgo de que imponga peores condiciones para recuperar una historia que ha sido distorsionada. No en vano hemos oído y leído cómo durante años las derechas han lidiado con nuestra historia del tiempo presente y del tiempo pasado. En este último caso, hasta, por lo menos, la irrupción de los “moros”. Año 711, no lo olvidemos. Ahora temen que se repita, aunque de otra forma.

PD: mis comentarios hechos en un artículo publicado en este periódico el 18 de julio pasado siguen siendo válidos.

No he seguido muy al día la política española más reciente, salvo en el caso de la DANA valenciana y la controversia sobre la aportación al caprichoso aumento de las futuras “cotizaciones” a la OTAN con el consiguiente desbarajuste de las magnitudes macroeconómicas españolas y la demostración de la adhesión casi ciega a los caprichos de quien está en boca de todos.

Pero sí he seguido la postura del presidente del Gobierno en la materia. También me parece interesante la lista de mejoras para la actuación futura del Ejecutivo. He echado de menos que no haya dicho nada sobre la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, por la cual en el pasado se habían manifestado varios partidos que han apoyado al Gobierno.

Yo la estudié en su momento y considero que va en la buena dirección... salvo en un punto. La redacción de las normas transitorias en el anteproyecto (APL) publicado el Boletín de las Cortes no me parece adecuada. Existe, en mi modesta opinión, el riesgo de perennizar más de lo recomendable el continuado cierre de la documentación relacionada con la época franquista.

Reconozco que puede ser una casualidad, pero todos mis intentos por analizar las negociaciones militares con Estados Unidos en los años 1952 y 1953 han topado siempre con la negativa a abrir los archivos correspondientes por parte del Ministerio de Defensa.

Me permito, pues, airear algunas reflexiones. No porque espere nada, sino para demostrar que a veces las mejores intenciones no se cumplen o topan con obstáculos no previstos o su conveniencia no está adecuadamente estudiada. No me guía otro propósito. A los 84 años pienso en los futuros historiadores que puedan o quieran continuar la labor de despeje de un terreno minado.

Me parece imprescindible modificar la aplicación prevista de una de las disposiciones transitorias en 1968. Se trata de mejorar el acceso a la documentación franquista, que probablemente el PP y/o VOX no querrían tocar. Se deriva de la propia ley de secretos oficiales franquista: “Las atribuciones concedidas al Jefe del Estado por las Leyes de treinta de enero de mil novecientos treinta y ocho y de ocho de agosto de mil novecientos treinta y nueve, así como las prerrogativas que le otorgan los artículos sexto y trece de la Ley de Sucesión, subsistirán y mantendrán su vigencia hasta que se produzca el supuesto a que se refiere el párrafo anterior”. Es decir, hasta que Franco desapareciera del mundo de los vivos.

Hace meses el presidente del Gobierno afirmó que se retomaría el trabajo y se sometería a discusión parlamentaria. Pues bien, en el APL se encuentra una disposición transitoria que da que pensar. Reconozco que puedo equivocarme y que a veces he visto fantasmas dónde no los había.

Tal disposición transitoria se titula 'Desclasificación de la información clasificada con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley'; es decir, la documentación de la dictadura y de la democracia hasta la entrada en vigor de la futura ley. Regula la equiparación de las categorías de clasificación hasta hoy existentes y su conexión con las que la anunciada futura ley crearía. Me fijo exclusivamente en los papeles que llegan hasta 1975, óbito del Generalísimo.

Para la abundante documentación franquista clasificada como “alto secreto” o “secreto”, la desclasificación la seguiría haciendo el Consejo de Ministros. Para las categorías inferiores, de “confidencial” o “restringido”, lo haría la autoridad que puso el sello de clasificación.

Ahora bien, la equivalencia automática entre las viejas y las nuevas categorías podría obstaculizar el conocimiento de muchas de las actuaciones de importancia en y de la dictadura.

Tomo como ejemplo la documentación sobre las negociaciones militares con los norteamericanos en 1952-1956. Toda la calificada de “secreta” se mantendría bajo el nuevo sistema, bien como “alto secreto” o como “secreto”. Si, tal y como está hoy redactado el APL, la futura Ley de Secretos Oficiales entrara en vigor en 2026, es decir, cumplidos los cincuenta años del fallecimiento de Franco, la documentación generada durante su régimen no se desclasificaría, a tenor del artículo 16 del anteproyecto de ley, hasta cumplirse los 50 y 40 años de su clasificación, pero podría alargarse 15 y 10 años más, respectivamente.

Para el ejemplo que nos ocupa, la desclasificación de la documentación fechada en 1952 podría empezar, en el peor de los casos, a partir de 2017 (1952 + 65) y, en el mejor, en 1992 (1952 + 40). No habría, pues, que aguardar mucho. Pero, ¿qué ocurre si se toma como base la documentación franquista generada el año 1975? Llegaríamos, en el peor de los casos, a 65 años más, es decir, a 2040. Para quienes piensen en los enigmas que subsisten sobre la Transición y hasta el intento del golpe de Estado de 1981 cabe pensar en 65 o 50 años después, según las decisiones que adopte el Consejo de Ministros y pasen el filtro de las Cortes.

Es más, el apartado 7 de la disposición transitoria en el APL prevé que lo establecido no será aplicable a “la información clasificada protegida por Tratado internacional para el intercambio y protección mutua de la información clasificada suscrito por España con otros Estados u organizaciones internacionales”. Es lógico, pero no sé si los que hubiera habido en los años cincuenta (no se me ha informado de ninguno) continúan en vigor o si han sido endurecidos en el período democrático. Fuera de un acuerdo público de 1985 con Estados Unidos y que cabe leer en el BOE se ignoran los no públicos. Si los hay.

A todo ello cabe añadir que en 1979, 1983 y 2005 quien esto escribe dio a conocer el contenido de los acuerdos secretos que subyacieron a las negociaciones de 1953. Que se sepa no ha ocurrido nada en detrimento de los intereses de la España democrática. Tampoco es probable que ocurra si se desclasifica algo más.

Ojo, pues, al canto, no sea que con la leche se tire también al lechero.

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El próximo libro de Ángel Viñas y Guillem Martínez Molinos se titula 'El oro negro de Franco' (Ed. Crítica)

La guerra civil española no fue cosa del azar. Alguien la quiso. A diferencia de la Plataforma 2025, yo me baso en documentación fidedigna, al alcance de cualquier hijo de vecino.  Para evitar que quien quiera contradecirme no necesite pasearse por varios archivos españoles y extranjeros, a finales de este mes todos los documentos primarios de época que he ido acumulando a lo largo de, por lo menos, los últimos 25 años irán a parar al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Ya están empaquetados en espera del camión que venga a recogerlos. 

La guerra civil la quiso un conjunto de conspiradores monárquicos, militares y fascistas españoles e italianos, encabezados por el Duce mismo y José Calvo Sotelo, entre los civiles, y el teniente general Sanjurjo, entre los militares. 

Esto no pudo demostrarse documentalmente durante la dictadura (aunque algunos historiadores extranjeros, por ejemplo, Sir Paul Preston, Herbert Southworth y otros lo afirmaron). Después lo insinuaron Ismael Saz, Morten Heiberg, Eduardo González Calleja. Hubo que esperar a la desclasificación más completa de papeles italianos en Roma.  La demostración completa llegó en dos libros míos (que por pudor no identifico: están a la venta).  Desde 2006 he ido demostrando paulatinamente que ni los comunistas españoles ni los soviéticos tuvieron que ver con los preparativos de la sublevación de julio. 

Pero, ¿qué hizo la dictadura? Desde el primer momento aplicó el mecanismo de proyección, es decir, atribuir a otro el comportamiento propio. Así justificaron la sublevación del 18 de julio de 1936. Todavía resuena en una literatura basura. 

En los últimos meses he estado trabajando en tres libros. Saldrán a la calle a finales de año y en 2026. En ellos haré uso de nueva documentación. Uno lo preparo en solitario, otro en comandita y el tercero en una obra colectiva. 

El libro en solitario hace hincapié en los considerandos de la sentencia de un Consejo de Guerra en junio de 1939. Reproduciré de ella tres párrafos para vergüenza de la Plataforma 2025 y para los incautos que todavía creen en las mentiras franquistas. Se refieren al origen de la guerra civil y, naturalmente, se aplicaron urbi et orbi:

“Que coaligadas las Internacionales Marxistas con las sectas masónicas en inteligencia con las filiales que unas y otras tenían en España, en obscuro contubernio con los partidos republicanos, la formación de un conglomerado que con el nombre de Frente Popular se constituyó en efecto para llevar a cabo el dictado de consignas extranjeras, una revolución de tipo soviético, de lo que se siguió que falseada la voluntad del país, al amparo de un sistema que permitía todo género de amaños para designación de quienes había de representarla, se constituyera un Gobierno que desde su fraudulenta arribada al Poder, vició con manifiesta contumacia los preceptos de una Constitución en la que pretendía legitimar su vida, y ni siquiera reparó en el crimen de sangre para eliminar a quienes, cuando menos, representaban enormes sectores de opinión.

Que con arreglo a la Ley constitutiva del Ejército corresponde a este defender a la Patria, no solo de enemigos exteriores sino interiores; y como cabe en este orden otro mayor que el representado por un Gobierno como el llamado del Frente Popular que se convirtió, según afirmación pública de uno de sus hombres más representativos y siniestros en un “beligerante”, pero de los más peligrosos y terribles que jamás se hayan salido de la Ley, visto que el Ejército al asumir el 18 de julio de 1936 la dirección de la vida pública, obedeció a la una Ley con-natural con su razón de ser, y surgido así el nuevo Estado Nacional, es evidente que la  oposición armada contra el mismo y sus fuerzas defensoras, entraña el delito de rebelión que define el art. 237 del Código de Justicia Militar, en lo que tiene de esencia y no de accidente, esto es, de subversión en armas contra el orden Jurídico del Estado, con abstracción de las particularidades en que se haya podido estructurar.

Que la diferente responsabilidad de quienes participan en el expresado delito obedece de modo principal al distingo que se ha de hacer entre adheridos a la Rebelión y Auxiliadores de ella, teniéndose por adheridos, según normas interpretativas del alto Tribunal de Justicia Militar, a quienes estén identificados con la rebelión misma y persigan con sus actos precisamente los fines de esta, como compenetrados con los rebeldes y unidos también en espíritu a ellos; como igualmente a quienes sin esta compenetración ideológica realizan actos de tal eficacia y transcendencia en provecho de los rebeldes, que en su realidad objetiva rebasan los límites del mero auxilio en un sentido racional, con el que ha de conformar su calificación jurídica; y todo ello aparte de la responsabilidad más estrecha y definida en que incurren los Jefes Militares de la Rebelión“. 

El considerando más ridículo es el primero. Forma parte de la, por así decir, teología franquista. Se ha declinado en numerosas formas. Al principio en los camelos de Joaquín Arrarás, luego en documentación oficial en España y de fuera de España. En historias oficiales patrocinadas por el Ministerio de la Guerra y el autodenominado Servicio Histórico Militar. La han esparcido eminentes publicistas (Luis Antonio Bolín), un teniente general iniciado en los misterios de la inteligencia y el espionaje (aparte de licenciado en Derecho y, para vergüenza de la UCM, doctor en Sociología y Ciencias Políticas, catedráticos de Historia (religioso y civil después de la Transición) y hasta hace poco incluso un general de División que alardea de los millares de visitantes de su blog. 

Tan denodado esfuerzo, ¿sirve para algo? Ciertamente sí para cubrir de oprobio, vilipendio y sarcasmo a sus divulgadores. También para reforzar a las huestes franquistas impermeables al conocimiento y, ¡cómo no!, acreditar su patriotismo en la escena internacional entre las huestes de Madame Le Pen y de sus colegas en Alemania, Países Bajos, Italia, Hungría, Eslovaquia y, no en último término, el entourage de Mr. Trump. 

En estos días se han acumulado dos noticias que me han sacado del ensimismamiento derivado de sendos trabajos en curso que no me dejan respirar. 

La primera la ha dado este diario sobre una autodenominada Plataforma 2025. Una especie de manifiesto organizado por algunos (o no tan algunos) ilustres personajes que quieren rememorar la dictadura de Franco. Perdón. Un período de extraordinaria placidez, como afirmó, sin que se le conozca el menor rubor, un exministro del Interior del PP. 

La segunda son las recientes afirmaciones sobre Gaza del presidente Trump estrenando el cargo al que le han aupado millones de norteamericanos, sin duda patriotas de pelo en pecho.  

Mi sobresalto no se debe al azar. A ambas noticias les une un hilo común. No es por sí evidente. A mí me ha recordado a aquel Marx del '18 de Brumario de Luis Bonaparte' cuando, completando a Hegel, sentó la tantas veces mencionada afirmación que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa. 

La tragedia a que refiero es, por supuesto, la guerra civil española. Los eminentes miembros de Plataforma 2025 repiten como papagayos las estupideces puestas en circulación por los sublevados de 1936. En particular que sus gloriosos antepasados creyeron como verdad revelada por el Altísimo a través de la Santa Iglesia Católica y Romana española para evitar que España, su queridísima España, cayera en las garras del comunismo ateo y destructor. Y que quien la salvó fue el Generalísimo Francisco Franco. A partir de esta afirmación no dejan títere con cabeza lamentando la situación actual, tan lejos de lo que fue aquel “período de extraordinaria placidez”. 

Con ello demuestran una ignorancia algo más que culpable porque la guerra civil se produjo cuando un gobierno asaltado no rindió las armas y, ¡horror de los horrores!, las distribuyó al pueblo o, por utilizar un vocablo más propio de aquellos tiempos, “el proletariado”.

También se olvidan de una cosita, sin duda para ellos intrascendente. Desde 1932, caballeros impolutos, de uniforme y sin él, cargados de honores y condecoraciones –en general de la Dictadura primorriverista o de la Monarquía alfonsina en su época de dudosa gloria–, estuvieron complotando con Mussolini y su fascismo la ayudita que necesitaban para lanzarse al asalto contra la República. 

¿No se lo creen los amables lectores? Es algo que ya anunció, con cortes obligados por la autocensura, en Argentina en los años cincuenta del pasado siglo un teniente coronel juanista en una obra que, ¡cosas del azar!, nadie ha reeditado. Y que servidor, modestamente, ha examinado con lupa a la luz cegadora de la documentación monárquica, carlista y fascista que todavía se conserva en media docena de archivos a los que, ¡pásmense los lectores!, cualquier hijo de vecino puede acceder.  Claro que para eso es necesario tener un atisbo de curiosidad.

¿Y quién preparó el golpe del 18 de julio de 1936? Pues unos centenares de hormiguitas hacendosas, desde el “protomártir”, el Excmo. Sr. Don José Calvo Sotelo, pasando por los dirigentes de Acción Española/Bloque Nacional, para reponer en el trono de su queridísima España al rey felón o, en segundo término, a su admirable hijo, el infante Don Juan de Borbón. ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! A los de la Plataforma 2025 se les ha pasado por alto. 

Algo similar no puede afirmarse, por falta de distancia y de pruebas documentales (o equivalentes), a lo que pretende el presidente Trump: vaciar Gaza (aunque quizá algún gazatí pueda, quizá, quedarse) y bajo la protección USA convertir la franja hoy destruida por israelíes con armamento norteamericano en una Riviera del Mediterráneo Oriental. Ya pueden los franceses decir adiós a su querida Costa Azul. O quizá no tan deprisa, porque, ¿quién la protegerá en el futuro de las malvadas asechanzas árabes? No la ONU, desde luego, una organización dispensable que se empeña en no reconocer las realidades que los ejércitos israelíes han creado sobre el terreno. Tal vez tampoco los U.S. Marines o la U.S. Army, pero sí mercenarios (perdón: ciudadanos conscientes amantes de la paz,  voluntarios por millares, aunque sin duda bien pagados). 

Esto, a un historiador empeñado en buscar antecedentes de grandes terremotos históricos, le suena –como en el caso español– a una maniobra bien meditada. ¿Dónde empezó la guerra de Gaza? A consecuencia de un asalto a la sagrada tierra de Israel en la que, mera casualidad, se celebraba un concierto de juventud. Los poderosos tentáculos del Estado de Israel, su vigilancia permanente y obsesiva de la guerrilla terrorista, tuvieron un pequeño fallo en aquel aciago mes de octubre de 2023.

Se ha abierto, por supuesto, una investigación. Quizá, chi lo sà?, sus resultados sean convenientemente retocados cuando se publiquen. 

Esto no sería otra cosa que repetir un ejemplo tomado del anterior ejemplo español. Aquí hay, al menos, para regocijo de quien quiera leerlo de aquel Dictamen de 1938 auspiciado por una persona tan poco sospechosa, tan superpatriótica, tan religioso como fue el eminente abogado del Estado –y concuñado del victorioso general Francisco Franco- Ramón Serrano Suñer (a quien, sin duda, el Señor ha acogido en su seno)–.  

Lo cual me lleva a la conclusión, que supongo agradará a los eminentes promotores de la Plataforma 2025, de que, en cuanto a mentiras podridas en historia, los israelíes de derecha o de superderecha bien harían en examinar atentamente la propaganda y publicidad que continúan esparciendo los mantenedores de patrañas franquistas. En estas encontrarán, sin la menor duda, material y ejemplos inspiradores para crear una visión del pasado acorde con las necesidades de su futuro. No en vano la España de Franco sigue proyectándose como siempre, grande, libre y faro para las generaciones futuras. En realidad, como con toda razón ha señalado Nicolás Sesma, no fue ni una, ni mucho menos grande, ni libre en absoluto. Excepto, todo hay que decirlo, para los vencedores de la contienda gracias al soporte de las potencias fascistas, de los parafascistas norteamericanos y a la timidez de las potencias democráticas europeas, a la mayoría de las cuales no tardando mucho les llegaría la hora de verter abundantes lágrimas y la sangre de toda una generación.  

Ángel Viñas y Guillem Martínez Molinos publicarán un nuevo libro a finales de año, a caballo entre 2025 y 2026, noventa aniversario del estallido de la guerra de España

Es imposible saber si a Franco le hubiera gustado que cincuenta años después de su nada glorioso fallecimiento los españoles le recordasen como lo hacen hoy: divididos. Probablemente no le hubiese quitado el sueño. Durante su “glorioso reinado”  ya hizo todo lo posible para que tal recuerdo le agradase. No en vano mantuvo a su país, la no menos gloriosa España, profundamente escindida. A pesar de las toneladas de alabanzas, eclesiásticas incluidas y no en último término,  siempre se imaginó, o hizo como si tal lo sintiera, que había sido enviado por la divina Providencia para salvar a la PATRIA. De aquí que esta, al menos en su parte “buena”, debería estarle eternamente agradecida, es decir, hasta el final de los tiempos. 

Es inútil que una gran parte de los historiadores y una amplia gama de otros científicos sociales saquemos a la luz sus pecados (que la siempre agradecida Iglesia Católica Apostólica y Romana se empeñó –y, en parte, se empeña en ignorar–). No hay que olvidar que una secta que de ella abjuró lo declaró “santo” y que la Institución como tal jamás lo ha condenado (como tampoco condenó, salvo con la boca pequeña, a otros regímenes totalitarios o seudototalitarios con tal de que fueran suficientemente pro-occidentales.  Es lo que se llamaba y se llama Realpolitik.

Ahí están unos cuantos acudiendo a la justicia secular (a su vez impregnada de añoranzas patrias) para mantener enhiesto el pabellón de la única religión posible en un “desecrado” valle próximo a Madrid. O la extraña renuencia a regar de su agua sagrada los innumerables campos en que yacen las víctimas de la guerra civil y de la dura postguerra. ¡Por algo sería que recibieron el castigo que merecían!

A los cincuenta años del fallecimiento de la cabeza de un régimen corrupto hasta la médula, que el Gobierno promueva una serie de actos para acercar a las nuevas generaciones la reconstrucción de amplios aspectos de su tiranía es altamente loable. Si bien todavía quedan muchos aspectos por descubrir, es, sin embargo, lo suficiente para llevar a una parte de la eterna derecha española a escandalizarse. ¡Todos hicieron barrabasadas! A otra cosa, mariposa. 

Lo que es singular del caso español es:

—la tardanza con la que se aborda la enseñanza del pasado a las nuevas generaciones.

—la infradotación en los medios necesarios, materiales y humanos, para la transmisión por la escuela pública, concertada o privada. 

—el mantenimiento de la ambigüedad ante las distorsiones del pasado que a través de los medios sociales difunde, por lo general, la derecha. 

En nuestro caso conviene señalar que lo anterior se apoya ahora en ejemplos extranjeros. El alemán, el italiano e incluso el francés. Todos ellos han tenido sus pasados repelentes. Y en todos ellos se oscurece lo que no concuerda, al parecer, con el pulso del tiempo. En el alemán, parece que ya está en vías de agotamiento la aberración del hitlerismo. En Italia el gobierno ha acogido a numerosos representantes de las fuerzas que no estuvieron en el origen de la Constitución. En Francia se sigue evocando a los héroes de la Résistance, pero cada vez más con la boca pequeña. 

Malos ejemplos que la ultraderecha patriótica española se enorgullece de seguir y aplicar a su caso. Cierto es que todavía no han recuperado a sus descerebrados Führer , Duce o equivalente (salvo por una minoría que deambula por el estrecho sendero que marca la Constitución), pero todo se andará. Ya Mr. Musk, que sabe de historia alemana lo que servidor de la ugandesa, no tiene inconveniente en insultar a los líderes socialdemócratas y de la CDU. Es decir, los años negros siguen proyectando sombra sobre nuestro devenir, en España y en Europa, con escasas excepciones. 

¿Por qué los españoles deberíamos ser diferentes? En mi modesta opinión, por una razón esencial. Todos los países europeos occidentales pasaron, con la interesada ayuda norteamericana, por la experiencia de los “treinta gloriosos”. En España, no los hubo ni por asomo. Es cierto que a partir desde los años sesenta en ella se produjo un (demasiado retrasado) crecimiento económico. El consentimiento hubo que extraérselo a Franco con los útiles de los sacamuelas medievales y, en particular, gracias a la enajenación a Estados Unidos de dimensiones considerables de la soberanía nacional. Todavía se desconocen las negociaciones que a ello llevaron. Tengo la sospecha que ni siquiera la tan demorada renovación de la Ley de Secretos Oficiales (la única disponible data de 1968) le hincará el diente. 

¿Acaso seremos los historiadores y demás investigadores españoles menos afortunados que nuestros colegas extranjeros? ¿Tendremos otra “razón de Estado” diferente de la de Alemania, Francia, Reino Unido?

También desde este punto de vista una posibilidad en la mano del Gobierno en la celebración de la recuperación de la democracia estriba en acelerar la apertura de los archivos que todavía permanecen inaccesibles.

Un colega y amigo y servidor, bien conscientes de ello, ofreceremos a finales de este nuevo año una demostración de lo que todavía puede hacerse para explicar la victoria de Franco en una guerra medio civil, medio internacional, que la mayoría de nuestros colegas no ha explorado.  A la mayor gloria de la Historia con mayúscula.

Tras la etapa de los Gobiernos del PP, uno de los avances que no se ha materializado es la puesta al día de la Ley de Secretos Oficiales (LSO), en contraposición a los progresos registrados en la apertura de archivos, la creciente distancia con respecto a los años de la dictadura, la aparición en escena de nuevos problemas y generaciones o de un panorama político desde el cual es preciso hacer frente a los retos no solo del presente sino también del futuro. Todo ello en un panorama imprevisible y con movimientos reaccionarios que siguen evocando los supuestos años de “gloria” y “paz” de la dictadura.

En este panorama he querido saber si mis valoraciones sobre lo acaecido en los años 1952 y 1953 y su evolución inmediata en las relaciones con Estados Unidos resisten o no la contrastación documental. Quizá porque no hay historia definitiva. También porque en los últimos años soy uno de los muchos historiadores que se han beneficiado de la política de relativa apertura de archivos militares sobre la guerra civil y la posguerra. Igualmente porque hasta en los super sacrosantos archivos de los Ministerios de Justicia e Interior historiadores jóvenes, y otros no tan jóvenes, han podido trabajar y arrojar luz sobre algunos ámbitos hasta entonces inaccesibles. Por ejemplo, el trato dado a los homosexuales en el franquismo o la organización y, hasta cierto punto, actividades de la Brigada Político-Social. He aprendido mucho de ellos.

Supongo que los ministros de Justicia e Interior tuvieron algo que ver en el levantamiento de las restricciones que existían. Ello sin contar los progresos de la legislación en materia de defensa del Patrimonio Documental Histórico español. Todo lo que se haga en lo que se refiere a la apertura de archivos ha encontrado y encontrará en mí un defensor abnegado.

En consecuencia, tras terminar mi último libro solicité acceso a la documentación correspondiente a los años 1952 y sucesivos sobre negociaciones militares con Estados Unidos en base a mis publicaciones precedentes desde 1979.

En la de tal año y otra sucesiva en Grijalbo examiné parte del proceso que condujo a los Pactos de Madrid, con especial atención a la entonces totalmente desconocida “Nota adicional al párrafo segundo del artículo III del Convenio Defensivo”.

En 2003, tras una larga experiencia en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la Comisión Europea, publiqué 'En las garras del águila' (Crítica). En este caso llegué hasta la negociación del convenio de 1988. Para ello me fueron muy útiles la consulta de la documentación de la Comisión Interministerial para el desarrollo de los convenios con Norteamérica, nuevas publicaciones norteamericanas y mi experiencia como asesor con los ministros Fernando Morán y Francisco Fernández Ordóñez. El libro fue presentado por el expresidente Felipe González.

A la par fui publicando diversos artículos, en castellano e inglés, para dar a conocer mi análisis de una documentación que había sido ignorada tanto en la historiografía española como norteamericana. Gracias a las aportaciones de los embajadores José Manuel Allendesalazar y Carlos Fernández Espeso, conceptualicé lo que denominé “modelo de disuasión franquista”, hacia el exterior y, sobre todo, hacia el interior.

Mucho más tarde, en el ámbito del Ministerio de Defensa se han producido tres resoluciones ministeriales de interés para los historiadores. La primera, del 20 de septiembre de 2018, autorizó con carácter general la consulta pública de la documentación del Archivo General Militar de Ávila anterior a 1968 y descrita en el anexo de la misma; una segunda resolución del 30 de enero de 2019 sobre la documentación anterior a 1960 de los subsistemas archivísticos de los Ejércitos de Tierra y Aire, también descrita en su anexo y, por último, la resolución 420/11036 de 22 de julio 2020, que la autorizó para antes de 1968 y que estaba relacionada con los subsistemas archivísticos del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y del Espacio. Sin la menor duda, en tales masas documentales habrá material para despertar el interés de innumerables historiadores, españoles y extranjeros.

Todos los que hemos trabajado en archivos hemos comprobado lo fácil que es desorientarse ante el inmenso volumen de documentación conservado. No es el caso, en particular, de otros temas políticamente sensibles como los relacionados con la represión. En este ámbito corresponde a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez todo el mérito que la derecha española ha sido incapaz de reconocerles.

Por ello hay que agradecer sus disposiciones a la Ministra Robles, porque es un comienzo que podría encontrar seguimiento, en ciertas condiciones, en la futura LSO de la democracia.

Hay, por ejemplo, que evitar algunas “trampas saduceas” que podrían ser utilizadas contra el derecho a conocer de los ciudadanos, asentado en el artículo 105b de la CE. Los bulos, exageraciones, mentiras y calumnias forman parte de la política y de la vida de las sociedades. Son, a su vez, fuente para la historia desde el momento en que nacen y se difunden, pero forman solo una parte de la historia que merece transmitirse de generación en generación.

En el caso en cuestión sería, por ejemplo, totalmente aceptable escribir un texto histórico analizando los alaridos de autosatisfacción y de adulación al prodigioso hombre que supo negociar los Pactos de Madrid de 1953. Se publicaron en el Boletín Oficial del Estado. Con respecto a tales alaridos existe ya una reciente tesis doctoral de Salamanca.

Sin embargo, hoy todavía se desconocen dos vectores fundamentales: la negociación en sí y la aplicación de tales pactos, sobre todo los que no se hicieron públicos-

Relatar, por ejemplo, las vicisitudes externas expuestas en mayor o menor medida en la prensa sobre las entonces “bases conjuntas” no es suficiente. El historiador tiene el derecho, y el deber, de indagar en las profundidades, es decir, en lo que hubo detrás: los acuerdos secretos que subyacieron a los públicos, el régimen de funcionamiento real de las supuestas bases “conjuntas” y las peleas subterráneas que se dieron entre españoles y norteamericanos en la aplicación de los pactos. Sin olvidar los roces y fricciones entre los Ministerios militares y entre ellos y los Ministerios de Interior, Justicia y sobre todo Asuntos Exteriores para limitar las hipotecas que los pactos entrañaron para España.

Identificar algunos de estos roces es lo más interesante. Que los hubo es innegable. Algunos memorialistas y, hasta cierto punto, protagonistas se refirieron a ellos en sus memorias. El ministro de Asuntos Exteriores José María de Areilza aludió a los consejos de uno de los presidentes del Gobierno más nítidamente franquista, Carlos Arias Navarro, al dirigirse a los negociadores en el sentido de que negociasen todo lo que pudieran pero que, al final, firmasen. Los acuerdos los necesitaba la dictadura como el pez necesita del agua.

En los años que siguieron a la muerte de SEJE (Su Excelencia el Jefe de Estado), uno de sus más íntimos colaboradores, y primo hermano, el teniente general Francisco Franco Salgado-Araujo (FFSA), fallecido también en 1975, publicó póstumamente dos libros que se vendieron como churros: 'Mis conversaciones privadas con Franco' (1976) y 'Mi vida junto a Franco' (1977). Revelan detalles inéditos, o muy desfigurados, sobre ciertos aspectos relacionados con el golpe de 1936 y de cómo el futuro Jefe del Estado actuó en él y después de él. A la vez eluden temas fundamentales que el autor conocía a la perfección. Pero, junto a las memorias de Sainz Rodríguez, constituyen una trilogía absolutamente indispensable. 

A los dos meses de ser destinado a Canarias, Franco visitó oficialmente por primera vez la plaza de Las Palmas el 25 de mayo, “para pulsar el ambiente de la isla (…) en relación con el movimiento militar que se preparaba”.  [Las citas son de las páginas del libro de 1977]. Allí se vio con el general Luis Orgaz, que acababa de llegar, residenciado por orden del Gobierno. Viejo conspirador monárquico desde el primerísimo momento, había acercado a los militares y a los civiles golpistas en torno a Calvo Sotelo. Hay que suponer que de ello informaría adecuadamente a Franco. Orgaz “no se separó [de los visitantes] y fue un colaborador muy valioso para Franco”. 

Si el jefe del Estado Mayor Central, Sánchez-Ocaña, había empezado a distribuir ya en abril de 1936 instrucciones sobre cómo prevenir una revuelta revolucionaria (que podría servir también para actuar en el golpe), no extrañará que estuviese en contacto con los comandantes de los archipiélagos, en el caso de Gran Canaria el general Amado Balmes. 

El hecho es que Balmes invitó a un comandante de su guarnición a que hiciera una exposición al respecto. Fue todo un éxito, aunque no sabemos si se basó o no en un proyecto que ya se hubiera enviado para comentar o se lo sacó del magín, lo que hubiese sido sorprendente. La conferencia versó sobre “el procedimiento de reprimir por el Ejército un movimiento revolucionario”. Según el memorialista, Franco sostuvo una larga conversación a solas con dicho comandante “de la que quedó muy bien impresionado”. Creía que “si llegaba el momento (…) sería un valioso elemento para que la guarnición de la isla se uniese al movimiento militar” [p.145]. No tenemos por qué dudarlo. No es verosímil que Franco le enviara a paseo. Los lectores militares podrían instruirme acerca de si hubiera existido la posibilidad de que Franco lo hubiese mandado a paseo por inoportuno o al calabozo como presunto rebelde.   

FFSA recibió a José Antonio de Sangróniz a las dos de la mañana del 16. El conspirador monárquico llevaba documentos urgentes para su primo. No debió de considerarlos como tales (o se olvidó de la fecha) porque le citó en la mañana del día siguiente en Capitanía a entrevistarse con su primo [p.151]. Las fechas no son inocentes porque, el mismo día 16, Balmes tuvo un accidente al disparársele, se dijo, la pistola con la que hacía ejercicios de tiro y querer desencasquillarla apoyándosela en el vientre. Una mentira como un pino. Todo lo que FFSA contó sobre el tema fue una fabricación a posteriori, excepto en un extremo en el que no reparó. 

En la p.152, FFSA indicó que había estado con su primo en Gran Canaria unos quince días antes en visita oficial. Era cierto, pero no fue en visita oficial, sino solapadamente, para tratar de convencer a Balmes a que se sumara a la sublevación. No lo hizo y con ello selló su destino. Al día siguiente preguntaron en Las Palmas: “¿Habría sido un suicidio o un asesinato provocado por su ordenanza?”. No les sacaron de dudas. Esto es también mentira. Los conspiradores sabían perfectamente lo que había ocurrido y evitaron que se repitiera la única noticia fiable sobre el suceso publicada por un periódico de la tarde, el Diario de Las Palmas, el día 16. El tema ha dado pábulo a múltiples escritos, y la versión más o menos definitiva, en la medida en que cabe hablar en estos términos en el escudriñamiento del pasado, la escribimos el eminente patólogo Miguel Ull Laita, mi primo hermano piloto Cecilio Yusta Viñas y un servidor en un librazo en 2018. 

Se impone una pequeña digresión. 

La guerra civil no recoge grandes triunfos militares republicanos, salvo el haber defendido Madrid hasta el final y ocupado Teruel, única capital de provincia que cayó brevemente en sus manos. Su defensor, el coronel Domingo Rey d´Harcourt, firmó el acta de capitulación. En la posguerra ello le valió cuantiosos dicterios. En Wikipedia cabe encontrar un resumen. El diccionario biográfico de la Real Academia de Historia (RAH) ignora a dicho coronel. 

Hay, con todo, otro caso de derrota que no ha levantado tanta polémica: el retroceso ante el impulso republicano de la 21ª División en tierras de Extremadura a finales de agosto de 1938. El 25, Franco nombró al general Jesualdo de la Iglesia para que abriese una información rápida sobre las causas del descalabro. Hoy su nombre no figura ni en Wikipedia ni en el diccionario de la RAH, pero fue un hombre temible. Llevó la instrucción con toda energía, no toleró divagaciones y puso al jefe de la 2ª División, un teniente coronel habilitado de coronel, a un consejo de guerra. Se trata de la causa 1441/38. Dicho caballero había estado sometido a procedimiento desde el 1 de enero hasta el 3 de febrero de 1939. La causa seguida fue por delito de negligencia. Se le condenó a dos años de prisión militar correccional con la accesoria de suspensión de empleo a tenor del número 2 del artículo 277 del Código de Justicia Militar (CJM). Una reducción con respecto a la petición del fiscal, pero el efecto fue devastador. Implicaba la pérdida de funciones y sueldo y, sobre todo, la posibilidad de ascender (artículo 193). Queipo de Llano aprobó la sentencia sin plantear objeción alguna. 

Ahora bien, el CJM aplicable era el de 1890 restablecido en la zona franquista el 31 de agosto de 1936. Atribuía a los jefes de los ejércitos de operaciones las funciones jurisdiccionales que correspondían a los capitales generales de distrito, como eran la aprobación de los fallos de los consejos de guerra cuando el delito fuera, entre otros, el de negligencia en actos de servicio. Es decir, el Cuartel General no tenía nada que decir en tales casos. 

Sin embargo, lo dijo. El 28 de junio de 1939, y previa rescisión de la sentencia, el asesor jurídico del Cuartel General de S.E. el Generalísimo comunicó la conmutación de la pena impuesta al habilitado coronel por la de seis meses de arresto menor. En consecuencia, quedó en libertad y Queipo de Llano lo destinó, como disponible, a Las Palmas. La venganza del pollo. 

No encontramos, quizá por impericia, ningún otro caso parecido ni tan flagrante. En enero de 1940 el todavía teniente coronel fue destinado, para más oprobio, al 39º Regimiento de Infantería Canarias, donde se le asignó a Mayoría. Una nota de su expediente señala que tal jefe “no debe ser colocado en ningún destino sin consulta previa por medio del Sr. Director General”. Quedó, pues, marcado. Para colmo, el comandante militar de Las Palmas, general José de Rosas Fernández, que no consideraba al todavía teniente coronel “acreedor a recompensa alguna que significase no ya méritos, sino ni siquiera cumplimiento del deber”, se opuso a que se le concedieran las condecoraciones de la campaña. Una bofetada en toda regla, pero que el caído en desgracia esquivó. No sabemos cómo. Es más, ascendió a coronel. Finalmente, tuvo que dejar el Ejército, ingresó en los sindicatos verticales y se dedicó a dar coba al Generalísimo, a pesar de los malos informes que su desempeño suscitó. Terminó  su vida activa como gobernador civil. 

Pregunta: ¿Por qué este trato de privilegio tras la deshonra inicial? No conozco ni he leído de otro caso similar. Respuesta: su participación en el caso Balmes. Franco no fue ecónomo en derramar su gracia sobre quien le había servido bien hasta el crimen. Hoy los últimos honores que se le habían tributado en la plaza de Badajoz se le han quitado. ¡Ja, ja, ja!

En un artículo precedente abordé el caso de un general que se las apañó para pasar desapercibido. Ahora me ocupo de un civil que murió rodeado de todos los honores como embajador de España (el grado más elevado de la carrera diplomática): José Antonio Sangróniz, marqués de Desio. Aparece mencionado en numerosas obras, pero las dos biografías a las que cualquiera echa mano (Wikipedia y el diccionario de la RAH) ocultan el contrabando que le hizo millonario. 

Fue uno de los conspiradores monárquicos (otro más) que trabajaron, incansables, de cara a la sublevación. Coqueteó con el fascismo español en su versión jonsista de Ramiro Ledesma Ramos. En su despacho madrileño empezaron a reunirse los conspiradores civiles y militares. Era amigo del general Luis Orgaz y de Sainz Rodríguez, según narró este en sus memorias. Con él funcionaban otros dos futuros embajadores: José Félix de Lequerica y José María de Areilza. El expediente personal de Sangróniz señala que fue jubilado en noviembre de 1932 y que, por esas cosas que entonces pasaban, se le declaró excedente forzoso en marzo de 1935. 

Es notorio que Sangróniz echó una manita a Franco en Canarias dándole el pasaporte (se ignora si el propio o uno en blanco, porque en este segundo caso el taimado general no hubiese debido afeitarse el bigote, como cuenta la leyenda) para que pasara por el Marruecos francés el 20 de julio de 1936 con destino al Protectorado. Probablemente, tras convencerle de que no correría ningún riesgo, Franco –muy valiente, quizá, pero también prudente–renunció a quedarse en el archipiélago a la espera de un pasaporte italiano que la víspera había solicitado al cónsul fascista. Es de suponer, además, que Sangróniz también le informó de cómo había ido prosperando la conspiración monárquica, militar y fascista de la que había formado parte Orgaz, entonces residenciado en Las Palmas, desde fecha temprana. Como este había estado con Franco en junio no cabe descartar que al mes siguiente Sangróniz le informara de los contratos con Italia.

Sirvió como asesor diplomático de Franco durante el sangriento avance de las tropas “liberadoras” por Extremadura a la vez que volaba a Sevilla para prodigar sus consejos a otro asesino, el general Queipo de Llano. En 1937 no dudó en traicionar a su superior (a quien conocía bien de los tiempos de la Dictadura primorriverista), el embajador Francisco Serrat. Hombre sutil, Sangróniz escondió la mano. Para entonces uno de sus compinches, el exembajador en Francia Juan Francisco de Cárdenas, actuaba por recomendación suya como agente oficioso de Franco en Estados Unidos (después de la Victoria, receptor de múltiples honores durante largos años a pesar de que no pudo evitar que los yankis le copiaran su libro de claves).

Desde el punto de vista de Sangróniz todo lo que antecede puede considerarse como pelillos a la mar, para hacer méritos y, posteriormente, convertirse en millonario. Llegado a Caracas como representante del “Gobierno nacional” en agosto de 1938, ascendió a la dignidad de embajador de España en dicho puesto. 

Entre sus ocupaciones se han resaltado, ¡cómo no!, las literarias e históricas que desarrolló. Se ha puesto absoluta sordina a otra labor paralela y, verosímilmente, más sustanciosa: la de contrabandista de diamantes. Estas piedras iban destinadas a cubrir las necesidades bélicas de la Alemania nazi. Lo hizo a pachas con un diamantista español, Ángel Arpón Gándara, también falangista en afincado en Venezuela, y con otros dos traficantes: Pablo Emilio Fernández y Juan Guillermo Aldrey. Por desgracia para todos ellos los británicos se enteraron de sus insólitos quehaceres y se enfadaron, a pesar de que en la literatura suele presentarse a Sangróniz como anglófilo. 

El supersecreto servicio de inteligencia de Londres en América (British Security Coordination) informó de lo que antecede al ministro del Interior venezolano, César González. Los afectados no protegidos por la inmunidad diplomática cantaron la palinodia. Los diamantes se enviaban por valija a Washington y Buenos Aires. Luego se remitían a Madrid. En la trama estaban imbricados funcionarios de Aduanas en España y Venezuela y otro diplomático español cuyo nombre se desconoce.

Los británicos intentaron que las autoridades interceptaran un envío de diamantes en el buque Cabo de Hornos, pero Sangróniz se les adelantó y logró que zarpara hacia Puerto España, en Trinidad. Mala decisión. En esta colonia británica se decomisaron diamantes por importe de 30.000 dólares. En el Banco Central de Venezuela se identificó un depósito de 103.000 a nombre del embajador. Londres consiguió que los norteamericanos bloquearan dicho depósito (como también lo hicieron con una cuenta corriente de Franco en Lisboa a nombre de su hermanito el embajador y de su primo hermano). Para hundir a Sangróniz también informaron a las autoridades de Madrid. 

En el Palacio de Santa Cruz no pudo ignorarse el asunto. El ministro de Asuntos Exteriores, general Francisco Gómez-Jordana, tomó la decisión de enviar a Sangróniz a un puesto menos tentador, San José de Costa Rica. Los británicos también interceptaron el telegrama y supusieron que Sangróniz se las apañaría para salvar una buena bolsa de diamantes. No les importaría tras haber desmontado la operación. 

Sangróniz no fue a Costa Rica. En su hoja de servicios consta que el 25 de febrero de 1943, el ministro de España en San José, Angel de la Mora y Arena, recibió un telegrama de Madrid informándole que se había decidido su traslado como embajador a Caracas y que solicitara el plácet para su sucesor, que precisamente iba a ser Sangróniz. De la Mora comunicó el 5 de marzo que lo había hecho verbalmente el mismo día de recepción del telegrama y que inmediatamente lo había reiterado por nota verbal. El ministro costarricense le pidió, no obstante, que demorara en lo posible su traslado para terminar algunos asuntos pendientes.  A Caracas, sin embargo, fue como embajador Miguel Espelius y Pedroso, conde de Morales.

En aquellos meses intervino algún ángel custodio. O, más prosaicamente, Su Excelencia el Jefe del Estado. El 4 de julio de 1943 a Sangróniz se le nombró cónsul general en Argel. ¿Un salto sin paracaídas? En el Palacio de Santa Cruz habría cierta preocupación por lo que pudiera pasar en África del Norte tras el éxito de la operación Torch, que cortó de golpe las posibilidades franquistas de hacer pachas con los nazis en contra de los aliados. En Argel se había implantado el embrión de gobierno de los franceses gaullistas. Tras los avances aliados, se convertiría en el Gobierno provisional de la República francesa. Las cosas salieron bien para Sangróniz. Ante dicho Gobierno estuvo acreditado en noviembre y diciembre de 1944 y luego le siguió hasta Paris. En enero de 1945 fue nombrado embajador en Italia y Libia. La gloria y la inmortalidad franquistas quedaron al alcance de su mano y, naturalmente, se agarró a ellas con fruición.

Solo la referencia de la British Security Coordination, que se encuentra en un libro del mismo título publicado en Londres en 1998, por St. Ermin´s Press, con el subtítulo de 'Historia secreta del servicio de inteligencia británico en América, 1942-1945', permite rescatar este episodio, nada ejemplar, en la vida de uno de los más fieles servidores franquistas de viejas raíces fascistoides y monárquico super plegable. Como tantos otros. 

Queda por ver si los biógrafos de tan taimado diplomático se hacen eco de las explicaciones que servidor ya dio a conocer en 2018. Han pasado casi seis años y ninguno les ha prestado la menor atención. Las recupero ahora para el gran público. Nunca fue oro todo lo que reluce tras brillantes carreras, vistosos uniformes y preciadas condecoraciones. Observación en la que abundaré en el próximo episodio.

Nota. En el artículo anterior incurrí en una confusión. Sánchez-Ocaña no estuvo en 1935 en el Estado Mayor Central. Era el general al frente de la IV División Orgánica (Cataluña), pero sí se enteró de la conspiración en marcha por el entonces ministro de la Gobernación Manuel Portela Valladares. El expediente militar sigue sin encontrarse aunque ya he hallado algunos fragmentos interesantes. Ofrezco disculpas a los lectores.

He seleccionado a tres personajes relacionados con el 18 de julio con el propósito de mostrar cómo el historiador puede plantear interrogantes sobre episodios muy trabajados tras nuevas combinaciones de datos. Lo hago en un contexto en el que ya parece saberse todo sobre el golpe y en el que Mola figura como principal muñidor de la conspiración. Es una visión alicorta. La documentación disponible permite añadir nuevos nombres al suyo. 

Lo hago en un contexto en el que la controversia entre Gobierno y oposición, tanto de derechas como de ultraderecha, hace recordar la actuación de ciertos medios de comunicación en la primavera de 1936. Siempre se supo que desempeñaron un papel muy importante en la crispación del clima político. Menos se sabía que algunos de entre ellos (pienso en ABC, El Debate, La Nación, como cabezas de fila de otros menos generales) acompasaban sus comentarios, artículos de opinión y noticias en sincronía con la conspiración en marcha entre ciertos sectores del Ejército. Los impulsaban la trama civil.

El proceso se conoce hoy mejor gracias a la apertura de archivos, españoles y extranjeros. Son fundamentales para iluminar la acción humana en el pasado en condiciones dadas, pero moldeables. ¿Qué hubiera ocurrido si los gobiernos de la primavera de 1936 hubiesen tomado otras decisiones sabiendo, como sabían, el tipo de agitación que se expandía en el Ejército? 

Escribo estas líneas para incitar a quienes sepan más que servidor a que den un paso al frente. La historia no puede invertirse. Lo que pasó, pasó. Los historiadores nos acercamos, en la medida de nuestras posibilidades, a interpretar lo que hubo detrás de los datos conocidos. Siempre susceptible de modificación cuando aparecen nuevos datos relevantes.  

En este sentido, desde que empecé a ocuparme hace casi veinte años de la dinámica que condujo al estallido de 1936, he ido identificando tres figuras claves, de quienes se sabe poco todavía. Dos fueron monárquicos, uno civil y otro militar, y sus nombres son sobradamente conocidos, aunque menos sus actuaciones en la época. Fueron un general (presumiblemente co-planificador), un diplomático medio fascista y un comandante ambiciosillo y sin el menor escrúpulo. Me apresuro a señalar que sus expedientes personales o han desaparecido o no están completos. Tal vez sus descendientes guarden como oro en paño documentación adicional. 

De ser así, sería muy de agradecer que la entregaran a los archivos correspondientes. Incluso con plazos de cierre. Siempre es mejor saber dentro de, por ejemplo, 25 años que permanecer indefinidamente en la ignorancia. Los historiadores del futuro que pudieran estudiarlos extraerían, quizá, otras conclusiones. A lo mejor no son las de servidor, pero ni hay historiadores definitivos ni, por ende, historia de tal carácter. 

El probable co-planificador es conocido porque fue el sucesor de Franco como jefe del Estado Mayor Central en la primavera de 1936. Me atrevo a pensar que a numerosos lectores, e incluso investigadores de pro, el nombre no les dirá mucho: fue el general de División José Sánchez-Ocaña y Beltrán. En 1935 había sido el número dos de Franco cuando este ocupó durante algunos meses aquel puesto. 

Hasta que servidor indagó en tal caballero nadie había ilustrado con ejemplos concretos el papel de Franco como el general del que dependía la Sección Servicio Especial. Esta denominación ocultaba un servicio de información interno al Ejército con ramificaciones en todas las unidades, tanto en la península como en el Protectorado y los archipiélagos. Es decir, a Franco iban a parar los informes que producían los jefes y oficiales de la SSE. O una selección de los más importantes. Lo mismo ocurrió con Sánchez-Ocaña. Nada de esto aparece, sin embargo, en sus respectivas entradas de Wikipedia. En el diccionario bibliográfico de la RAH ni se menciona al segundo.

Pues bien, así como una parte (pequeña) de los informes generados por la SSE se encuentra disponible en el Archivo General Militar de Ávila, en la primavera de 1936 la que indudablemente debió de seguir suministrando a la Superioridad ha desaparecido. Primer misterio. Esto significa que los historiadores no podemos reconstruir esta parte del pasado, que no sería precisamente desdeñable de cara a los preparativos del golpe militar.. 

Segundo misterio. Sánchez-Ocaña y Beltrán cesó en su puesto a raíz del “Alzamiento”, cosa en sí no extraña porque también lo hizo su jefe el ministro (también presidente del Gobierno) Santiago Casares Quiroga. En Wikipedia se afirma que el tan escasamente conocido general “no fue represaliado por ningún bando”. Es cierto, pero se oculta por qué. La primera razón es que no tardó en refugiarse en la embajada de Bolivia. La segunda es absolutamente abracadabrante: su expediente militar, su hoja de servicios y todos los papeles complementarios que en ella suelen conservarse han desaparecido como el humo en el azul del cielo en una cálida noche de verano. No figuran en el Archivo General Militar de Segovia en el que se guardan celosamente tal tipo de documentos. Que al subjefe primero y jefe supremo después de los espías militares le ocurra esto es difícil que sea por casualidad. 

Tercer misterio. Del coronel Uguet, jefe directo de la SSE, sí consta su cargo en su expediente, pero nada más. También se refugió en una embajada. En la postguerra ascendió al empleo de general

No ignoro que Wikipedia tiene razón, con todo, al afirmar que Sánchez-Ocaña “sobrevivió a la contienda, pero que no llegó a ocupar ningún puesto activo posteriormente”. Se queda corta. Como ocurre cuando hay que ocultar algo delicado, lo mejor es despistar. Afortunadamente existe el buscador de ABC. Cualquiera que sea la opinión que merezca el periódico que más acentuó la agitación en contra de la República en la primavera de 1936, su colección es con frecuencia insustituible. 

Pues bien, si se utiliza tal mecanismo puede leerse que en la audiencia militar de Su Excelencia el Jefe del Estado (SEJE) del 12 de septiembre de 1962 el primer nombre que aparece es el del teniente general en la reserva Don José Sánchez-Ocaña y Beltrán. Habría que preguntarse cómo y por qué, incluso en esta última, tan escurridizo general pasó al grado más elevado posible en el Ejército español (porque capitanes generales se contaban con menos de los dedos de una mano).

Es decir, para tener una idea más clara de lo que se sabía en las alturas del Ministerio del Ejército de la época acerca de los preparativos del golpe los papeles de Sánchez-Ocaña -si conservó alguno- podrían, quizá, arrojar una luz nueva y potencialmente decisiva. No conviene que a los máximos responsables de la tragedia española se les ignore en el juicio de la HISTORIA. Ni que a los conocidos se les exima de todas sus culpas. Con todo hay ciertos indicios de por dónde pudo haber discurrido su actuación. 

En la primavera de 1936 el Estado Mayor Central del Ministerio de la Guerra distribuyó a las divisiones orgánicas de la península y al alto mando en los archipiélagos instrucciones muy precisas sobre cómo debía actuarse en el caso de un colapso de la ley y el orden. Implicaban la movilización de la fuerza y la ocupación de puntos estratégicos muy variados. Es difícil que no fueran visadas por el ministro Casares Quiroga, aconsejado por algún miembro del gabinete militar. Se conservan las dirigidas a Cabanellas (en la quinta división orgánica) y a Llano de la Encomienda (en la cuarta). También en Canarias y Galicia. Las fechas de envío varían, pero llevaron a la actualización de las medidas para prevenir algaradas revolucionarias. Fue muy fácil darles la vuelta de cara a lo que había que hacer en un caso, contrario, de sublevación contra el Gobierno y, caso necesario, contra los propios mandos.  Es decir, Sánchez-Ocaña abordó el complemento de las “instrucciones” muy generales de Mola sin que nadie se diera cuenta y la SEE cooperó entusiasta como veremos más adelante. 

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ANGEL VIÑAS acaba de publicar LA FORJA DE UN HISTORIADOR (Crítica, Barcelona)

En su edición del pasado 2 de octubre, el diario La Razón publicó un artículo titulado 'Objetivo: Eliminar el nombre de José Antonio Primo de Rivera'. Se refiere a los esfuerzos de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño para borrar dicho nombre en la concatedral de Santa María de la Redonda y la Iglesia de Santa María de Palacio en Logroño, donde al parecer todavía subsiste. El autor lo califica de “damnatio memoriae”. 

No es una terminología exacta. El nombre en cuestión está escrito en cualquier libro que trate de la Segunda República, de la conspiración para desencadenar un asalto a la legalidad que abocaría en una guerra civil, en esta misma y, a fortiori, en los basamentos políticos –y, si se me apura, jurídicos– de la subsiguiente dictadura franquista. 

Figura, además, con muchos otros que la Ley de Memoria Democrática (LMD) especifica en su articulado. Ninguno está condenado tampoco, salvo por la Historia, con mayúsculas. Sin embargo, es difícil borrar sus nombres. Ni siquiera los de Hitler, sus sicarios, sus paladines y los responsables del Holocausto han sido borrados de la Historia. El pasado, simplemente, no se borra. Otra cosa muy diferente es enaltecer a sus malhechores. 

También afirma el articulista que “hay quien considera que el fundador de Falange no estaría afectado por la normativa”. Desgraciadamente no da sus fuentes, como sí hace en otros casos. Sin embargo, no dudo de que otros aceptarán tal tesis, aunque ello implique poner en tela de juicio sus aptitudes de historiadores. Naturalmente, puede tratarse de gacetilleros o de cantamañanas, que de todo hay en la Viña del Señor. 

Sin ser un biógrafo de Primo de Rivera (personalmente me niego a designarle por su nombre de pila) quisiera recordar varias cosas: 

1.Mendigó y recibió dinero de Mussolini e incluso le remitió un informe, bastante malo, sobre la evolución política en la España republicana. No cobró, eso sí, en su totalidad la cantidad que el Duce le asignó mensualmente y para recoger la cual debía desplazarse a París. Esto, de por sí, no le hace delincuente (aunque sí, quizá, contraventor de las disposiciones en materia de importación de divisas). Tampoco sabemos si la Dirección General de Seguridad de la época rastreaba su conversión en pesetas, como ocurría con los donativos que recibía el PCE del extranjero.

2.Llegó a un acuerdo con los monárquicos alfonsinos para financiar las actividades de su organización. No lo dice servidor: lo especificó de una forma curiosa en sus no siempre veraces memorias el destacado líder del Bloque Nacional y de Renovación Española Pedro Sainz Rodríguez. Entre los cometidos contractualmente fijados figuraba utilizar a los falangistas de la época para que realizasen acciones terroristas contra los adversarios republicanos. El lenguaje, obviamente, se atemperó, pero uno de los jefes de aquel remedo de sus squadristi fue el comandante de Intendencia, aviador y caballero laureado Juan Antonio Ansaldo. 

3.Conviene leer sus memorias, ¿para qué?... 'De Alfonso XIII a Juan III', publicadas por una editorial vasca fantasma, Ekin, en Buenos Aires en 1951 y digitalizadas por la Universidad de Michigan en 2009. Difíciles de encontrar, no en numerosas bibliotecas e incluso en AbeBooks hoy por el módico precio de 54,41 dólares. Vale, para los historiadores, su peso en oro, aunque sea escasamente fiable en el tema que aquí nos ocupa. Como tampoco lo es la biografía de Sainz Rodríguez que figura en el DBE de la Real Academia de Historia.

4.El trío Ansaldo, Sainz Rodríguez y Primo de Rivera estuvo involucrado en la conspiración monárquica, militar y fascista que promovió la creación de un “estado de necesidad”. Era preciso para justificar la sublevación y restaurar una monarquía fascistizada tras un período de transición en el cual el Ejecutivo antirrepublicano sería bicéfalo, con un jefe político, José Calvo Sotelo, y un jefe militar, el teniente general José Sanjurjo. Todos ellos conchabados con un abanico de directores de periódicos y de órganos de expresión del período tales como el ABC, El Debate, La Nación y sus cabeceras regionales y provinciales correspondientes. 

5. El anterior trío, amén del encargado de los contactos de alto nivel con il Duce que fue Antonio Goicoechea y Cosculluela, mantuvo un activo contacto con el dictador italiano desde el acuerdo secreto de marzo de 1934, que los historiadores han desestimado por –según se dice– no haber dado resultados. En realidad, fue el comienzo de la fase activa de la conspiración monárquica tras el regreso de Calvo Sotelo de su autoexilio en París a raíz de la amnistía proclamada por el presidente del Consejo Alejandro Lerroux poco después de aquella fecha. Los lectores tampoco verán mucho de esto en su biografía del DBE.

6. En octubre de 1935, Goicoechea fue a visitar por tercera vez a Mussolini aprovechando una concentración monárquica en Roma para celebrar el matrimonio de Juan de Borbón, hijo y presunto sucesor de Alfonso XIII. Los papeles que llevó para ilustrar a Mussolini sobre el devenir y los objetivos de la conspiración civil y militar se encuentran en los archivos de La Farnesina (Ministerio de Exteriores romano). Se sustancian en una sentencia: si unas futuras elecciones dieran el triunfo a las izquierdas, se sublevarían. Monárquicos, carlistas, militares fascistizados y falangistas cumplieron lo anunciado.

7. El 14 de junio de 1936, Calvo Sotelo, Goicoechea y Primo de Rivera escribieron en plan de honorables pedigüeños a il Duce del fascismo una carta en la que describían la situación política española y reiteraban que contaban con una organización militar en el seno del Ejército (la UME) de cuya existencia tanto Mussolini como la embajada fascista estaban debidamente informados. Necesitaban un millón de pesetas para endulzar a los jefes de la 1ª División Orgánica (Madrid) las consecuencias del previsible exilio si la sublevación resultaba frustrada. 

8. Los lectores podrán encontrar el texto en castellano de la carta, mal interpretada a consecuencia de las erróneas afirmaciones de un historiador italiano monárquico (que la dio a conocer en una revista de su país), en este artículo de mi autoría.

9. Afirmar el 2 de octubre de 2023 que Primo de Rivera no debería estar afectado por la Ley de Memoria Democrática es un brindis al sol. No dudó en solicitar ayuda directa a Mussolini en el plano financiero, fue a pachas con los conspiradores monárquicos y militares, tampoco dudó en recabar dinero a il Duce cuando la conspiración estaba llegando a su plena madurez y es incluso posible que Goicoechea, que le visitó en la cárcel de Alicante, le comunicara que había llegado a buen fin. 

10. Sainz Rodríguez había firmado, en efecto, con la empresa de aviación italiana SIAI el 1 de julio de 1936 cuatro contratos de suministro de aviones de bombardeo Savoia Marchetti 81, que la SIAI fabricaba, y cazas Fiat C32 y tres hidroaviones, que la SIAI no fabricaba. La primera entrega de los Savoia Marchetti debía realizarse antes de finalizar el mes. 

11. Así ocurrió. Los primeros 12 aviones Savoia Marchetti salieron de Cerdeña el 30 de julio. Uno cayó en el mar, otro se estrelló en territorio del Marruecos francés y un tercero planeó, por falta de gasolina, y se posó en las blancas y extensas playas que cortaba el río Muluya, muy cerca del aeródromo de Nador en Melilla. Los militares y policías franceses detuvieron a sus ocupantes y los interrogaron. Los protocolos respectivos se encuentran en los archivos del Servicio Histórico de la Defensa en París. Los engaños que el ministro fascista de Exteriores italiano espejeó ante el embajador francés en Roma no consiguieron su objetivo. Al contrario, reforzaron las informaciones que los pilotos y tripulantes habían suministrado. Todo lo que los amables lectores pueden leer en la abundante literatura al respecto no responde a los hechos, probados y documentados en siete archivos en Madrid, Pamplona, Roma, París y Londres. 

12. No creo que haya forma posible de no considerar a Primo de Rivera como co-conspirador y co-inductor mayor de la sublevación de 1936. Sería incongruente que sobre él no recayese el peso de la Ley de Memoria Democrática. Alabada sea, pues, la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño por cumplir con la normativa. Es su obligación, pero también por no hacer caso a los cuentistas de la historia que siguen abundando por estos pagos benditos del Señor. 

Desde antes del 23J y en el período anterior a la rentrée, en el calor del verano y en el relativo descanso para muchos –pero no para todos–, hemos asistido a un guirigay de comentarios más o menos contradictorios de eminentes periodistas, expolíticos y algún que otro académico reclamando una “solución” al resultado de las últimas elecciones: a saber, la constitución de un gobierno PP-PSOE. Con cierta regularidad se apela al ejemplo de la República Federal de Alemania (RFA) con sus, se dice, habituales “grosse Koalitionen”.

Lejos de mi intención enmendar la plana a tan ilustres opinantes, pero me atrevo a afirmar que la sugerencia es un poco errada histórica y comparativamente. La recuperación de la democracia tuvo caminos muy diferentes.

Los países ocupados por las potencias nazi-fascistas fueron liberados por una acción cooperativa entre las potencias democráticas occidentales, la URSS y sus propias fuerzas. En grados diversos, con caracteres no siempre similares, tal cooperación existió. Nada similar ocurrió en España. 

La que en 1945 se dio entre las grandes potencias tropezó con dificultades políticas y estratégicas. No fue un capricho de Churchill el que tan pronto como se divisó el hundimiento del Tercer Reich ordenara, en el máximo secreto, la preparación de planes de cara a examinar las posibilidades de enfrentarse con la URSS. Incluso apelando a las aguerridas unidades de la vencida Wehrmacht nazi. 

El ensueño churchilliano se revitalizó de otra manera ante un adversario común. ¿Qué pasó en la RFA? Después de interesantes discusiones sobre si el futuro régimen democrático sería o no continuación del Estado alemán, la Ley Fundamental de 1949 (Grundgesetz) zanjó el problema en la segunda dirección. Incluyó un artículo –el 131– sobre los funcionarios públicos. Preveía el examen de su situación jurídica de cara al futuro.  

Se lidió con el pasado dictatorial (muchas leyes y disposiciones del mismo pasaron al olvido, muchas otras no). El idolatrado Konrad Adenauer, primer jefe de Gobierno, eludió formar coaliciones con los socialdemócratas, a pesar de que estos habían sido perseguidos (como también los comunistas) a sangre y fuego durante el Tercer Reich.

Hubo ciertamente coaliciones, pero con partidos de derechas, algunos de cuyos miembros tenían un pasado bastante pardo, por no decir muy pardo. Ahora también sabemos que, además, Adenauer se sirvió vilmente de los resortes del naciente Estado democrático para espiar a los socialdemócratas de mala manera con fines de política interna. 

El BND (Bundesnachrichtendienst, servicio de inteligencia exterior, trufado de viejos nazis) colaboró gustoso en una acción profundamente anticonstitucional contra el adversario político de casa. Era “rojo” y no estaba contaminado por la colaboración con el Tercer Reich. Tales actuaciones quizá no sean conocidas de muchos lectores. Aprovecho, pues, para recomendar una obra, por el momento solo en alemán, del profesor Klaus-Dietmar Henke. Para dar envidia a nuestros políticos recordaré aquí que los historiadores alemanes han tenido la posibilidad y los medios para describir la organización y evolución del BND en la friolera de catorce gruesos volúmenes, con sus derivas de política interna. En nuestros lares todavía no se conocen todos los entresijos del 23-F.

En la RFA, después de ciertas dificultades político-administrativas, también se ha examinado con evidencia primaria relevante de época (es decir, documentos, papeles) la continuada permanencia de un inmenso porcentaje de jueces y fiscales de pasado pardo, aunque no necesariamente en sus mismos puestos (Die Akte Rosenburg. Das Bundesministerium der Justiz und die NS-Zeit). La ha publicado el Ministerio Federal de Justicia.

Naturalmente, sería interesante que los españoles pudieran leer en castellano algo equivalente. Según el profesor Glicerio Sánchez Recio, “bichitos” desconocidos han atacado y se han “comido” la documentación relevante. ¿No convendría conocer los curricula franquistas de muchos de los juristas que pasaron raudos cuales centellas de la dictadura a la democracia sin que se les tocara un pelo?

En la RFA, las primeras grandes coaliciones no ampliaron las bases de lo que aquí denominamos memoria histórica o memoria democrática. La multitud de exnazis que siguieron en la Administración, la política, las fuerzas armadas y los servicios de seguridad fue enorme. Se aprobaron dos leyes de amnistía. Ya pueden suponer los amables lectores que no se destinaron a favor de los oponentes a la aberrante dictadura nacional-socialista sino a una multitud de sus servidores.

La reacción en contra adquirió velocidad de crucero tras 1968, cuando por fin el partido socialdemócrata contribuyó a la responsabilidad de gobierno. En los años setenta una nueva generación empezó a enfrentarse con el pasado de sus padres y de sus abuelos. Desde entonces la historiografía ha puesto los focos sobre lo ocurrido en los años treinta y cuarenta con un despliegue de medios y de apoyos públicos que en España ni siquiera es posible soñar. ¿Ha servido para algo? En las partes que constituyeron la RFA antes de la absorción de la oriental la respuesta es positiva, en particular en la enseñanza reglada. Tengo la impresión de que el equivalente de sus contenidos levantaría oleadas de indignación en los partidos de derechas en España. 

Hoy el crecimiento de un partido ultraderechista (AfD) permite pensar si en los últimos veinticinco años se ha hecho lo suficiente para enfrentar a los ex alemanes orientales con su propio pasado. Pero, a diferencia del caso español, todavía en la CDU hay resistencias duras a una aproximación a tal ultraderecha. Aquí el PP ha abrazado cariñosamente a Vox y ambos se presentan como las fuerzas que desean configurar el futuro conjuntamente. 

¿Moraleja? Cada país se enfrenta con su historia como puede (o como le dejan). Nuestras derechas no tienen demasiada credibilidad cuando siguen afirmando que los partidos de centro izquierda y de izquierda deban llegar a un acuerdo con quienes se han sentido poco estimulados a levantar mucho más la manta sobre un pasado tenebroso. Son los sucesores de una tradición historiográfica corrupta en sus mismos fundamentos y que los historiadores (más jóvenes que servidor en la mayoría) hemos empleado mucho tiempo en tratar de poner al descubierto. 

Dicho lo que antecede, reconozco que el caso italiano, que conozco peor, merecería un tratamiento especial. Dado que el asalto a la República española se hizo con el apoyo previo –y siempre negado– de la Italia fascista, quizá fuese oportuno traducir el libro de David Broder 'Mussolini´s Grandchildren'. Al Ministerio de Justicia le invito a que allegue algunos miles de euros para publicar en castellano 'Die Akte Rosenburg'. Los historiadores y periodistas españoles que no comulgan con ruedas de molino lo agradecerán. 

El día se consideró, entre 1936 y 1977, como la fecha más señera de la historia contemporánea de España. Solamente por detrás, quizá, del 2 de mayo de 1808. Conmemoró el inicio del “Glorioso Movimiento Nacional”. 

Representó la efemérides por excelencia para la dictadura franquista y sus soportes militares, fascistas, católicos trentistas y menendezpelayistas, sumisos historiadores, periodistas con carnet del partido único. También para una masa ingente de españoles indoctrinados en la única fe y no contaminados por lo que escribían en el extranjero (casi siempre “aviesamente”) protestantes, masones, comunistas, socialistas, liberales, anarquistas y librepensadores.

Quienes no lo eran en España lo recordarán también de forma ambivalente porque se recibía una paga extraordinaria (al igual que en Navidad). Ambas venían como anillo al dedo para atender a los gastos de las vacaciones (quienes las disfrutaran) y a los regalos a familia y amigos.

La igualmente denominada “Guerra de Liberación Nacional” fue así mismo la “Cruzada” por antonomasia. Un trasunto al siglo XX de las que contribuyeron a fundar el reino cristiano de Jerusalén. Este duró casi 200 años. El de Franco, 40. La que se llevó a cabo contra los albigenses tuvo un éxito permanente; la herejía cátara no renació. 

La franquista actuó contra otras abominaciones: el comunismo ateo y destructor, los separatismos y la masonería. Los falangistas incluso arremetieron de boquilla contra el capitalismo. Franco y el Opus Dei edulcoraron la supuesta “tercera vía” cuando los afanes cuarteleros y autárquicos dejaron paso, en 1953 y 1959, al acomodo con los norteamericanos en los planos político y de seguridad (interna) y, luego, en lo económico, con los restantes países capitalistas. 

Mediante su aplicación local del Führerprinzip Franco justificó su ejecutoria. Dio 'respuesta' a la cuestión central de la historia española en el pasado siglo: ¿Por qué hubo una guerra civil? Sus cohortes militares, civiles y propagandistas habían empezado a adelantarla desde antes de la II Guerra Mundial.

Las patrañas se mantuvieron incólumes merced a una censura de guerra hasta que en 1966 el ministro de (Des)Información y Turismo, profesor Fraga Iribarne -uno de los fundadores de lo que después llegó a ser el PP-, la sustituyó por otra versión más digestible, pero no menos contundente. Fue la hora de los “expertos” del Servicio Histórico Militar y del profesor Ricardo de la Cierva, entre muchos otros. 

Durante aquellos cuarenta y pico años el martilleo a los españoles fue constante. Todavía hoy algunos “historiadores”, de uniforme y civiles, siguen mencionando la amenaza moscovita (desde la implosión de la URSS la ha sustituido en parte la “sovietización” del partido socialista). Un denso trabajo de David Jorge, que espero aparezca en septiembre en Los Libros de la Catarata, analiza lo que hubo detrás en cuanto a la Komintern se refiere. Tengo curiosidad por ver qué documentación opondrán los numerosos “expertos” que pasan por historiadores.

Después de la censura, también eliminada en 1977 (algunos previsores ya habían ordenado la quema o destrucción de toneladas de papeles comprometedores), la libertad de investigación quedó recortada en la práctica por otra barrera menos transparente: el difícil acceso a los archivos militares, judiciales y policiales en sus diversas formas. (A limar su dureza atendió, entre otros, el diputado profesor Peces-Barba, uno de los ponentes de la comisión que elaboró el proyecto de Constitución, con el artículo 105 b). 

Como de la ley al hecho suele mediar un largo trecho, la apertura se dilató en el tiempo. En los últimos Gobiernos del PP, por ejemplo, dos sucesivos ministros de Defensa, el Sr. Morenés y la Sra. De Cospedal, desgranaron multitud de argumentos falaces -cuando no ridículos- para “justificar” el retraso. 

De todas maneras, merced al inmenso trabajo de muchos archiveros y finalmente del actual Gobierno, una nueva parte de la documentación conocida es ya consultable. Así han ido saliendo a la luz los sapos, culebras y serpientes (algunas altamente venenosas) que encuentran en ellos nutriente duradero.

Gracias a tres generaciones de historiadores españoles y extranjeros las leyendas franquistas han pasado a mejor vida, aunque muchos lectores todavía no se lo crean y ahora las reviva Vox. Se ha hurgado en archivos y bibliotecas fuera de España y, sobre todo, en ella. Desde el punto de vista científico -es decir, de historia basada en documentos, fosas, testimonios que pudieron recogerse a tiempo- se ha profundizado en el conocimiento de las negruras de un pasado no explorado suficientemente. 

Con todo, cuarenta años de distorsiones dejan huellas perennes, que además siguen vehiculándose a través de los modernos medios de comunicación. La batalla por la historia influye en la batalla por el presente y, en consecuencia, por el futuro. 

Servidor ha tratado de despejar algunas de las venas ocultas que alimentaron las falacias sobre el “18 de julio” y el comportamiento de Franco antes, en y después de la Guerra Civil. Nunca con la pretensión de llegar a la verdad absoluta; simplemente para contribuir a triturar algunas de las leyendas todavía en circulación en la España de nuestros días.

Ante todo, la cuestión del millón: ¿Quién quiso la guerra civil? No se han encontrado pruebas de que figurase entre los insondables designios del Altísimo. Sí en los de ciertos sectores líderes: a saber, los monárquicos, una parte del Ejército y de los órganos de seguridad del Estado debidamente infiltrados, equipos de pistoleros falangistas y contratados amén de los financiadores de la conspiración. Al carro se incorporó Gil Robles, tras dudas existenciales, el mismo día de las elecciones de febrero. Sus muchachos lo hicieron en los meses siguientes y él definitivamente. 

En la vital tarea de lamentar los inmensos “destrozos” ocasionados por los gobiernos de izquierda, diversos medios, como ABC, El Debate y La Nación, se sumaron a un ejercicio emocionante: contribuir a crispar el ambiente ante el desastre que se abatiría sobre España si triunfaba la “revolución”, es decir, quienes no pensaban como ellos. 

¿Dónde estaban sus 'pruebas'? En las reformas republicano-socialistas del primer bienio (supuestos síntomas del avance “bolchevique”, ya detectado antes del 14 de abril de 1931) y en su reanudación tras las elecciones de 1936. Todo ello, más otras dimensiones adicionales como la significación de la violencia política (siempre exagerada), ha sido objeto de sesudas disquisiciones académicas. Pocos se han atrevido a impugnar, con datos, las investigaciones de González Calleja.

Siempre se tergiversó que la conspiración evolucionó de la mano del fascismo italiano y, en particular, del Duce redentor. Se hizo con celo y precauciones máximas tales como la posterior “limpieza” de archivos, la “desaparición” de los papeles de algunos de los protagonistas militares y civiles, desinformación a espuertas y la abundante aplicación de los más primarios mecanismos de proyección (achacando al adversario rasgos deleznables característicos del comportamiento propio). 

¿Por qué? Porque el 18 de julio de 1936 se preparó con el fin de restablecer la Monarquía (convenientemente fascistizada) de la mano de los próceres que gravitaban pesadamente sobre el ABC y La Nación. La hubiesen dirigido, tras un período de transición no definido, dos prohombres: el teniente general José Sanjurjo y el eminente exministro de la dictadura primorriverista José Calvo Sotelo, el 'proto-mártir' por excelencia. Olvídense los lectores de las engañifas de Mola en alguna de sus instrucciones reservadas.

El vector fascista lo han analizado con mayor o menor detalle varios historiadores. Extranjeros (Coverdale, Heiberg, Preston) y españoles (Bahamonde, González Calleja, Saz). Desgraciadamente sin los documentos imprescindibles. Estos se encuentran en la madrileña calle de Alcalá, en el archivo de la Universidad de Navarra, en el municipal de Barcelona, en el General Militar de Ávila, en los diplomáticos y militares franceses y, no en último término, en lo que queda de las evidencias relevantes fascistas (que no son muchas) en los archivos militares y civiles romanos. 

El 1º de julio de 1936 se firmaron cuatro contratos con la Società Idrovolante Alta Italia. El primero preveía un suministro inicial de 12 aviones Savoia Marchetti 81 antes de que finalizara el mes. Así ocurrió. El financiero que, previsoramente, ya en marzo había preparado el pago en divisas fue un señor llamado Juan March. El envío del resto de la ayuda militar se apalabró para agosto. 

Franco, que ordenó asesinar al general Amado Balmes (ocurrió el 16 de julio) y estaba enterado probablemente del vector fascista gracias al general monárquico Luis Orgaz, “residenciado” en Las Palmas, estuvo tentado de no exponerse lo más mínimo. Es lo que hacen los héroes de su  calibre. Llegó a pensar en volar a Tetuán con pasaporte italiano por si encontraba dificultades en Casablanca. Aspiraba, se rumoreó, a la Alta Comisaría en Marruecos. Calvo Sotelo, Balmes y Sanjurjo le abrieron otro camino.

Como la ocasión la pintan calva, Franco no tardó en manifestar algunos de sus no confesables propósitos. A las tres semanas de asentarse en la “Jefatura del Estado” empezó a ordenar que se detrajeran fondos de diversas suscripciones y se transfirieran a sus cuentas bancarias. Se apañó una fortunita mientras sus soldados, oficiales y jefes morían en las trincheras o se desangraban en los hospitales en una guerra que alargó todo lo que pudo. Vendió irregularmente y en el más estricto secreto café para redondear sus ya cuantiosos fondos. No fue, desde luego, un tendero vulgar. Sí un aprovechado sin escrúpulos. ¿Acaso no había ganado la guerra?

Después, sopesó unirse a Hitler en busca de un mini-Imperio. Para evitarlo, los británicos colmaron de divisas a sus militares más allegados e incluso al propio hermano, don Nicolás. La llegada al Gobierno -en el que ya figuraba el general Varela, que se encontraba entre los agraciados- del coronel Valentín Galarza como ministro de la Gobernación fue una de las pocas noticias que alegraron el corazón, en tiempos muy amargos, del subsecretario permanente del Foreign Office, Sir Alexander Cadogan. Era quien manejaba la batuta de los sobornos, que también contaban con la inapreciable ayuda de (¿quién lo diría?) don Juan March. 

Nada de esto se enseña a los jóvenes españoles. Tampoco de los miles de asesinatos inmediatos y sin combates en Navarra, León, Galicia, Castilla la Vieja, La Rioja y Canarias. Ni de los que en dimensiones horrendas hubo en Andalucía. Se castigó a los “rojos”, “malos” españoles. Al más que probable asesino de Balmes se le cambió la sentencia de un consejo de guerra que habría terminado con su carrera militar. Franco solía ser generoso con algunos de sus servidores. 

Mientras sus restos mortales esperan la llegada del Día del Juicio Final es de suponer que la Historia tendrá mucho más qué decir sobre su ejecutoria. 

La exhumación del cadáver de José Antonio Primo de Rivera (JAPdR) de la tumba que ocupaba hasta ahora en la basílica del Valle de Cuelgamuros es verosímil que dé origen a enconados y sesudos análisis entre los comentaristas de prensa. También en el público en general y, espero que, en menor medida, entre los historiadores profesionales.

Ciertamente la exhumación tiene una base conminatoria en la Ley de Memoria Democrática (BOE del 20 de octubre de 2022). Tanto en sus fundamentos generales como en sus disposiciones concretas (arts. 35. 41 y, en particular, 54). En este último, el apartado 4 se aplica directamente al caso (“Asimismo, se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto”). El del fundador de Falange es el único en que se da lugar tal circunstancia. En este sentido, el Gobierno aplica la ley. Puede discutirse de su idoneidad, pero la ley es la ley. Para mí el aspecto jurídico no da pie a grandes controversias. La familia del difunto ha aceptado la exhumación y procederá a la reinhumación en un cementerio normal, según ha informado la prensa.

Me interesan más los debates a que el suceso puede dar lugar entre los comentaristas y en el público en general. A su vez conectados con el juicio que JAPdR sigue despertando en la sociedad española. En este sentido, cabe señalar que para los historiadores su papel no es demasiado discutible, aunque probablemente queden aspectos o facetas por explorar.

Sobre JAPdR se ha escrito largo y tendido. Fue una figura elevada por la dictadura franquista al pináculo de la gloria más inmarcesible. Elogios, ditirambos y elegías llovieron sobre él desde el primer momento. La corriente no ha cesado. Personalmente siempre me he referido a uno de sus comentaristas más señalados que, lo que son las cosas, hoy prácticamente no conoce nadie: Agustín del Río Cisneros. Un vistazo a los sobrehumanos esfuerzos de Mr. Google da un total de hits inmenso para dicho caballero, especializado en la exégesis de las insondables profundidades del pensamiento joseantoniano. Además, las Obras Completas de JAPdR están colgadas en Internet. Cualquiera puede consultarlas. Personalmente mi favorita es su Carta a los militares de España. No la he comparado con el texto original que, en un ejemplar primorosamente impreso, se encuentra en el Archivo General Militar de Ávila.

Las biografías de JAPdR no son pocas. Los autores que las han escrito son de adscripciones técnicas e ideológicas diversas, es decir, de casi todos los colores del arcoíris. Me atrevo a señalar que muchas de ellas lo son en función de su papel (una vez fusilado por los republicanos, tras el correspondiente juicio, el 20 de noviembre de 1936) que la dictadura de Franco asignó, desde el primer momento, al partido (Falange Española) por él fundado.

De esto, sin embargo, JAPdR no fue responsable. A lo más lo fue su familia más directa y seguidores de primera hora más adictos que se unieron al carro de los militares, falangistizados o no, y se auparon en él. No se subrayará lo suficiente que el fascismo español, que surgió con JAPdR y otros, pero que hasta julio de 1936 había sido una fuerza minoritaria, se construyó no durante los años republicanos sino en la propia guerra civil. En parte, por la necesidad de Franco de apañarse con una capa ideológica que lo acercara a las potencias del Eje, sin cuya ayuda es difícil que hubiese ganado la guerra. En parte, porque los fascistas italianos no tardaron en aconsejárselo vivamente incluso antes de que se elevara al Mando supremo. Y, en parte, porque difícilmente hubiera despertado gran entusiasmo entre los antiguos votantes de las pluriformes derechas si se hubiera presentado el GMN (“Glorioso Movimiento Nacional”) como lo que había sido en un principio: el resultado de una conspiración monárquica, militar y fascista (no solo por JAPdR, que también, sino por la ayuda que a los monárquicos les había prometido el Duce antes del 18 de julio de 1936).

Subrayo que JAPdR estaba al corriente de dicha conspiración y de sus conexiones con el fascismo italiano. Ya había puesto a la disposición de los directores de la misma (el teniente general Sanjurjo y el diputado a Cortes y eminente jurista José Calvo Sotelo) la preciosa ayuda de sus hombres para realizar una parte del trabajo sucio necesario. Se trataba de crear en España la sensación de que la PATRIA se encontraba en un estado de necesidad.

Posiblemente, el antirrepublicanismo antidemocrático y fascista de JAPdR lo hubiese llevado en esa misma dirección, pero los monárquicos —que no tenían demasiada raigambre en la juventud española— necesitaban una fuerza de choque que calentara el ambiente con atentados, asesinatos y provocaciones. No lo digo yo. Lo escribió ya, en sus Memorias, Pedro Sainz Rodríguez, monárquico de pro. Fue el hombre de contacto con los italianos, junto con otro monárquico y exministro de la Dictadura primorriverista, Antonio Goicoechea, aunque este lo era además directamente con el Duce.

Incluso en alguna ocasión, antes de las elecciones de febrero de 1936, al frente de la denominada “Falange de la sangre”, los monárquicos pusieron a uno de los suyos, el comandante y piloto laureado por sus hazañas en África, Juan Antonio Ansaldo. No por casualidad era también el peón sobre el cual gravitaban los aspectos operativos de la conspiración con los italianos.

Cuando servidor era joven e inexperto historiador hice mucho hincapié en que JAPdR recibía también dinero de Mussolini a través de la embajada fascista en París. No fue un descubrimiento mío. Lo había visto primero y tergiversado un aspirante de historiador y luego reputadísimo novelista (llegó a ser miembro de la Académie Française). Él lo hizo desde el punto de vista francés. Servidor lo hizo desde el español. La noticia levantó una cierta polvareda, pero a mí me interesaban más los lazos de los conspiradores con los nazis que con los italianos. De aquéllos hubo muy pocos. Y luego un historiador norteamericano demostró, con los papeles entonces conocidos, que tampoco había muchos con los italianos. Se equivocó rotundamente, como también se había equivocado servidor.

Solo la combinación de documentación española (monárquica y carlista), italiana y francesa permite ahondar en los lazos de la conspiración a la que Sainz Rodríguez y Goicoechea incorporaron a JAPdR. No cabe decir “gracias a Dios”.

Lo que antecede lo han negado comentaristas, periodistas, aficionados e incluso historiadores que no han combinado los documentos que figuran en media docena de archivos de las procedencias mencionadas. ABC, por ejemplo, que ha dedicado en los últimos años numerosos artículos a señalar cuán perversas y sanguinarias eran las izquierdas españolas antes del 18 de julio, no ha publicado una palabra al respecto. Tampoco ha refutado documentalmente las evidencias republicanas, monárquicas, cedistas, carlistas, francesas, británicas, nazis y fascistas que es necesario examinar para mostrar en su luz auténtica el haz de fuerzas que llevaron al estallido de julio de 1936. No es de extrañar, ya que en la época desempeñó un papel imprescindible en la construcción del relato que divisaba en la supuesta amenaza de imparable “sovietización” de España, el peligro mortal no solo para la PATRIA sino para toda la Europa cristiana.

En resumen, JAPdR no fue responsable de la utilización que Franco hizo de su figura. Sí lo es de haber aportado su granito de arena (nada despreciable, por cierto) a la crispación de la primavera de 1936 de la mano de una potencia extranjera, la Italia de Mussolini, y de lo que era plenamente consciente.

Servidor, a eso, lo denomina traición.

La actual coyuntura política en Estados Unidos tras las recientes medidas procesales contra Mr. Trump me trae a la memoria viejos tiempos. Cuando estuve allí (más o menos unos siete años) viajé mucho por los Estados del sur. Me hice con una colección bastante extensa sobre su guerra civil, que doné a la biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM. Reflejaba el estado de la cuestión tal y como se percibía el tema en la inmensa literatura existente en aquel país a finales del siglo XX.

Pues bien, una de las características más acusadas de la evolución política estadounidense en los últimos años es la reaparición de conceptos, ideas y formulaciones que de una u otra manera remiten a las controversias históricas sobre la significación, la denominación y, por supuesto, los orígenes de aquella contienda. Como es sabido, estalló, por las armas, en 1861, hace más de 160 años. Por comparación, la española es relativamente reciente: solo han transcurrido algo más de 80.  Es decir, es posible que no la polémica dure otros tantos. Nunca hay que desesperar. No existe historia definitiva. 

Aunque por la época, el país, la historia respectiva previa, las circunstancias sociológicas, económicas, tecnológicas y políticas los dos conflictos tienen poco que ver entre sí, cabe advertir ciertas similitudes, esencialmente de carácter logístico y militar. Por ejemplo, dificultades en la organización de los ejércitos respectivos, papel del voluntariado, importancia del armamento, aculturación bélica de los oficiales provisionales, importancia de los profesionales pasados por la academia militar de West Point, etc. 

Naturalmente, predominan las disimilitudes. 

En Estados Unidos, la futura confrontación venía larvándose desde hacía décadas dadas las diferencias en estructura económica entre los estados del norte y los del sur. Más industrializados los primeros, de naturaleza agrícola y rural en condiciones de predominio de monocultivo (algodón) los segundos. De clase: incipiente base burguesa e industrial en el norte, predominio de una casta de ricos hacendados frente a una masa rural con frecuencia empobrecida en el sur. De carácter social: industrialización en estado relativamente avanzado con mercado de trabajo flexible alimentado por oleadas de inmigración en el norte, existencia de un amplio sistema de actividades rurales fundamentados en la esclavitud en el sur. De índole política: confrontación de intereses a la hora de extender, o no, la esclavitud a los nuevos territorios que iban abriéndose a medida que avanzaba la colonización hacia el oeste. En general, la situación previa fue más complicada que en el caso español. 

Los dos últimos factores fueron decisivos. Esta constatación, casi obvia para muchos historiadores no norteamericanos, no lo fue para muchos que sí lo eran. De aquí discrepancias y querellas que duraron casi un siglo sobre la significación de la contienda. De hecho, una tradición sureña trató de rebautizarla como “guerra entre los Estados”, “guerra de independencia”, “guerra de liberación” y otras denominaciones más o menos exóticas.  

Para los vencidos lo que siempre estuvo en juego fue asentar una interpretación que no dejase en mal lugar a las dos clases interconectadas entre sí. Los políticos y la casta militar del sur. Fueron las que más se resistieron a las amenazas sobre su supervivencia y que procedían de los estados en que la “peculiar institución” por antonomasia (la esclavitud) no estaba prohibida o difícilmente tolerada. 

Por supuesto que hubo también otros importantes factores económicos en el trasfondo: el norte era proteccionista en sus relaciones exteriores; el sur, por el contrario, era librecambista. Tenía una posición dominante en el cultivo extensivo del algodón. Esta era una materia prima para la industria textil de los países (como Gran Bretaña) más adelantados en la vía de la industrialización. De aquí la postura, algún tiempo ambivalente, de la clase política británica. No duró mucho gracias en parte a la combinación de la repugnancia masiva hacia la esclavitud y la existencia de fuentes alternativas de suministros (India, Egipto). Fuentes que, por la gracia de Dios y de las bayonetas de los soldados de Su Majestad, caían en la órbita de Londres y que no tardaron en sobreponerse a las simpatías que despertaban en las clases altas los caballeros sureños. 

Este esquema, muy brevemente expuesto, era conocido en la época de la contienda (como la arremetida nazi-fascista en el caso español), pero no obstaculizó la aparición de una “memoria histórica” ad hoc en los estados del sur. En particular porque una guerra civil que terminó llevándose a cabo (aunque no al principio) para liquidar la “peculiar institución” de la esclavitud concluyó con una derrota militar sin paliativos. Ahora bien, con la peculiaridad de que, en su territorio, le sucedió una victoria política de las clases sureñas dominantes tras unos cuantos años. ¿Será algo equivalente el destino, salvando las distancias, del caso español, con mayor exactitud para los vencidos?

En el estadounidense fue un juego de prestidigitadores a escala masiva que se desarrolló en el período de la denominada “reconstrucción”. Los exesclavos se convirtieron, sí, en hombres libres políticamente. En realidad, subordinados a la explotación por parte de los antiguos propietarios de carne humana. No dieron las gracias a la aparición y desarrollo de una abundante legislación discriminatoria y segregacionista tipo “Jim Crow” que mutilaba sus derechos civiles. Duró hasta los años sesenta del siglo XX y aún subsisten trazas. Los acompañó el predominio del partido demócrata con su correlato: la reinterpretación de la guerra civil como guerra de los Estados, del Norte contra el Sur… Siempre ocultando, o velando, la prevalencia de la “peculiar institución”. Incluso eminentes autores pusieron de manifiesto la “racionalidad” económica que subyacía a la misma. 

(Nota: siempre hay historiadores, economistas, sociólogos y politólogos que, bien remunerados o con gran capacidad de proyección publicitaria, explican y comprenden las aberraciones más notorias. En la actualidad no hay sino contemplar en Fox News, por ejemplo, el entusiasmo de los seguidores -siempre superpatriotas- de Mr. Trump).

Como historiador me interesó leer cómo los colegas del sur de los Estados Unidos defendían la interpretación de su propia historia acorde con sus necesidades políticas, ideológicas y culturales. Esto no quiere decir que no hubiera otros más apegados a las fuentes, abordadas desde un amplio abanico de mecanismos analíticos. Significa, simplemente, que, en la profesión, tanto en Estados Unidos como en España, hay autores capaces de defender lo que, para muchos otros, es indefendible. Allí, la buena fe sureña. Aquí, una dictadura que por falta de horizontes terminó convirtiéndose en “desarrollista” a lo largo de unos pocos años. Hoy se reinterpretan de nuevo para blanquearla en todo lo posible. 

¿Quién no ha visto las dos grandes películas que pintaron una imagen deslumbrante de unos estados en los que la esclavitud estaba presente sí, pero que en el fondo no era tan mala? El nacimiento de una nación, de Griffith, con sus jinetes encapuchados del Ku Klux Klan y sus antorchas de fuego (o para generaciones ya acostumbradas al tecnicolor, Lo que el viento se llevó) son fuentes perennes de asombro. Un norte depredador, destructor, mercantilista, dominado por una aristocracia de la industria y del comercio se oponía a una sociedad en la que, poco a poco, la “peculiar institución”, no tan exagerada, iría desapareciendo. La guerra fue, así, un gravísimo error y la “causa perdida” (la del Sur) digna de mejor suerte. Ni que decir tiene que las consecuencias de una victoria sureña hubieran sido absolutamente fundamentales para inducir un siglo XX completamente diferente, a escala continental y global. 

En el caso español, a veces se sugiere que la eventual continuación de la dictadura de Franco nos hubiera hecho perder algunos años, pero que es difícil que no se hubiera producido otra transición, aunque tal vez de forma diferente. La clase política, económica y burocrática dominante en la dictadura comprendió que hacerla cuando se hizo le evitaría muchos problemas. 

Hoy, la “causa perdida” sureña revive oblicuamente en Fox News, en el trumpismo, en las alucinantes escenas de esos millones de norteamericanos que sueltan barbaridades a chorros y a favor de su candidato, “desposeído” vilmente de su victoria en las urnas. Si se hurga un poco en el trasfondo, de las heridas no curadas de la guerra del XIX vuelve a manar sangre. Y, mientras tanto, que los negros (perdón, los “americanos de color”) se anden con el debido cuidado. 

En España los historiadores necesitamos documentos, evidencias internas sobre el funcionamiento de los mecanismos del Estado y, naturalmente, memorias que si bien a veces son poco respetables deberían poder contrastarse en todo caso. Lo cual nos lleva al pan y a la sal del historiador: la apertura de archivos. Cuanto antes, mejor. En esto, todo hay que decirlo, los norteamericanos nos ganaron. Pero, políticamente ¿han sido los buenos? En España el futuro de la Memoria Democrática y la continuada apertura de archivos están, en este año de elecciones, abiertos a debate. 

Hubo una época, no tan lejana en el tiempo, en la que no existían dudas acerca de lo que era el pasado. Se reflejaba más o menos nítidamente en documentos, periódicos, memorias, monumentos etc. Era deber del historiador interpretar dicho pasado ateniéndose a evidencias. Algo que venía haciéndose desde la más remota antigüedad. ¿Cómo, si no, hubiese escrito Edward Gibbon su historia sobre la decadencia y caída del Imperio romano? 

Sin embargo, si hay una cosa que no es estática es el pasado. La gran historiadora canadiense Margaret MacMillan lo explicaba con un viejo chiste de los tiempos soviéticos: “No hay cosa que cambie tanto como el pasado”. Hacía referencia a la costumbre de que, cuando ciertos protagonistas de este caían en desgracia, sus nombres desaparecían de fotos, de artículos e incluso de sesudos ensayos en la Enciclopedia Soviética. Luego, algunos volvieron a reaparecer como si no hubiera pasado nada. 

Reconozco que, en tales condiciones, la tarea del historiador se hacía un poco más complicada de lo que es en realidad. 

Ahora las circunstancias son diferentes. Mucho de lo que se escribe sobre el pasado fluye de alguna manera hacia un repositorio, una biblioteca. Incluso se digitaliza y perenniza. Por lo menos mientras existan los instrumentos técnicos que permitan leer tales versiones. 

Sin embargo, la profesión de historiador, academizada a lo largo de los decenios positivistas y racionalistas del XIX cuando la historia aspiró a tener consistencia científica, se ha devaluado. Hoy, cualquier hijo de vecino con acceso a un ordenador se cree en el derecho de opinar y de difundir sus conocimientos, sea cual sea su procedencia, en el amplio mundo digital. Las redes han democratizado hasta límites insospechados la capacidad de intervenir en un debate con opiniones que otrora no hubieran salido del entorno de una tertulia de café.

Es vano quejarse de ello. Los avances tecnológicos son irreversibles e imparables. Continuarán y se acentuarán. Solo el cielo es el límite. Además, la acumulación y democratización del conocimiento no es de por sí algo negativo. Antes al contrario. Es -y en mi modesta opinión debe ser- una pieza fundamental de cualquier concepción acerca de los avances deseables en un sistema democrático. La educación para todos fue siempre una aspiración de los pensadores más razonables del pasado (aunque hubo excepciones). Es una conquista de la civilización a defender por todos los medios.

Con todo, parece evidente que esa difusión del conocimiento, pero también de lo que servidor se permitiría denominar “anticonocimiento”, no está exenta de riesgos o, por lo menos, de trampantojos. No todas las opiniones valen. A algunas se llega mediante procesos exigentes de investigación, reflexión y contrastación inter pares. Otras se lanzan alegremente a la red basándose en suposiciones, cuentos chinos (con perdón) o meras ganas de provocar. Las redes son también un instrumento de manipulación. 

Este es el caso de uno de los países más tecnológicamente avanzados del mundo, Estados Unidos. Como es obvio, ha sufrido durante años. Tal vez sufra algunos más en el próximo futuro. Hemos visto las consecuencias de la manipulación de las redes desde la mismísima Casa Blanca. También desde un partido político otrora responsable. En todo caso, potenciados por una caterva de opinadores sin freno sobre todo lo divino y humano. Un expresidente consiguió la proeza de diseñar, mantener y propagar una realidad paralela, basada en no hechos, rebautizados como “hechos alternativos”. ¡Un hallazgo!

Servidor no tiene ni la varita mágica ni la bola de cristal necesarias para enseñar cómo abordar tales “hechos alternativos”. Sesudos tecnólogos, politólogos, sociólogos, periodistas, teóricos del conocimiento, etc. están en la tarea. 

Mi experiencia es mucho más prosaica. El pasado ha quedado reflejado de diversas maneras en huellas materiales (documentos, monumentos, campos de batalla, fosas, residuos de campos de concentración y de exterminio). Si estas huellas pueden afrontar las inclemencias del tiempo y los efectos del cambio climático no todo está perdido. 

A la “ciencia” de los hechos alternativos hay que oponer las ciencias de la realidad, tanto de cara al presente como de cara al pasado. Ciertamente, hoy no estamos como en los tiempos de Gibbon. Él se basó en historiadores romanos, estableció un método y una forma de crítica. Se trata de un clásico porque, aunque sus contenidos han quedado ampliamente superados, su enfoque respondía a un tipo de racionalidad que no se ha agotado. 

Hoy incluso se habla de historia en casos en los que en el pasado no se hubiera utilizado. Historia de la tierra. Historia del tiempo. Historia del clima. Son, en mi modesta opinión, extrapolaciones sin base real. 

La historia no es simplemente evolución. Exige la agencia humana. Hombres y mujeres que actúan, viven y mueren en condiciones dadas. No las crean conscientemente. Les vienen transmitidas desde el pasado y/o son productos de los esfuerzos de generaciones anteriores por modificarlo. 

Para el investigador es una disciplina: una forma de pensar. No aleatoria. Se basa en una metodología, en un savoir faire. Las afirmaciones que hace el historiador genuino (no los cantamañanas) no son gratuitas. Deben tener una referencia íntima y directa a realidades pasadas, aprehendidas con toda la panoplia de instrumentos técnicos disponibles en una época y en un tiempo determinados. 

Son de muy diversos tipos y sometidos a constante proceso de cambio. Los testimonios personales, si no están fijados en algún soporte material, se evaporan. Si están fijados, se convierten en “evidencia”. Compete al historiador enjuiciar su mayor o menor adecuación como materiales explicativos de alguna parcela de la realidad pasada. 

Una forma de entrar en materia estriba, para mí, en leer y releer Montaillou. La historia y tragedia de una diminuta aldehuela occitana interpretada por el gran historiador francés Emmanuel Le Roy Ladurie. Con base en documentación de la Inquisición (Santa Inquisición habría, para algunos, que decir) reconstruyó una gran parte de la vida, amores, rencillas, pugnas y peleas de los habitantes del pueblecito. De no haberse conservado, no hubiera sido posible sacar aquel diminuto panel del pasado occitano a la luz de nuestra contemporaneidad. 

O, en el otro extremo, leer y releer El queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg. Microhistoria en estado puro, como eran las creencias de un molinero italiano, víctima también de la “Santa” Inquisición, sobre el origen del mundo, la relación del hombre con la divinidad en una especie de teogonía en trazo grueso. 

¿Y para qué? No solo para explicar la sed de conocimiento inherente en el ser humano. También para indagar en nuestros orígenes. Ya remotos, ya más próximos. Porque los “hechos alternativos” han llegado para quedarse, envueltos además en ropaje “seudocientífico”. Nunca ha sido más necesaria, en mi opinión, la buena historia que en los momentos actuales. 

El reciente debate sobre la moción de censura ha puesto de relieve, en mi modesta opinión, dos características, una política y otra personal. La primera se refiere a la incuria, incompetencia y desasosiego de la dirección, personal y colectiva, de Vox. No es asunto de mi competencia. La segunda tiene que ver con el patético despliegue que el tan admirado profesor y académico Don Ramón Tamames hizo de su conocimiento de la Historia contemporánea de España. En un momento lanzó una frase, famosa, que me impactó mucho: la superfamosa pregunta de Vargas Llosa sobre “cuándo se jodió el Perú”. Que recuerde, el aspirante a presidente del Gobierno no la respondió taxativamente, pero la dejó caer. 

Los historiadores, que no aficionados, hemos dado vueltas y vueltas a una pregunta similar en dos momentos del tiempo. Una, en el extranjero, mientras duró la dictadura con su censura, primero de guerra. Desde la Ley Fraga Iribarne, de 1966, también dentro de España, en este caso todavía con la debida prudencia. 

La respuesta general, salvo de aquellos enfeudados de una u otra manera a la dictadura, es que no fue en la revuelta de octubre de 1934. La derecha post 1939 puso más bien el acento en las turbulencias y violencias durante la primavera de 1936, preludio del golpe de Estado comunista. En marzo, una reunión de generales examinó la situación. Los más pelotas de entre los autores profranquistas recalcan las supuestas condiciones que expuso el general de División Francisco Franco para unirse a la misma. Entre ellas, la inminencia del tan cacareado golpe comunista. 

De hecho, aquel golpe no se planteó nunca en la realidad. Fue una creación de las derechas más cerriles y que ya reflejaron algunos editoriales de sus periódicos desde antes de 1931. En un libro de próxima aparición, el profesor Francisco Sánchez Pérez examinará el tema con pelos y señales desde la obra seminal de Ben Ami sobre los orígenes de la segunda República. 

En contra de lo afirmado por las derechas, España “se jodió” porque los gobiernos de la primavera de 1936 no acertaron, no supieron o no pudieron cortar la amenaza golpista de la que, en principio, deberían haber estado bien informados. Naturalmente, la culpa histórica no fue solo de ellos sino más bien de quienes preparaban un golpe con pretextos espurios. 

La inminencia del golpe de Estado comunista solo existía en su imaginación. Durante años, fue la “explicación” más extendida. Lo de la violencia vino después cuando resultó literalmente imposible mantener aquella ficción. No crean los amables lectores que fue un proceso fácil. Todavía a principios del presente siglo un eminente historiador eclesiástico, según se dice miembro del Opus Dei, encontró la forma de revivir dicho mito. Y hace no muchos años, tan solo dos, un distinguido, y jubilado, general de División volvió al tema como si no se hubiese demostrado ampliamente tal pamema. 

Los más listos entre los historiadores de derechas evolucionaron a tiempo. Más que la amenaza del supuesto golpe comunista (que en las autoalabanzas militares en tiempos de la dictadura ya preveían para agosto de 1936), lo que contó, según ellos, fue la violencia desatada en las calles de las ciudades españolas, los asesinatos por doquier que tenían lugar en cualquier sitio y, con la vista  puesta en la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, los templos incendiados y saqueados por las turbas desmadradas con el beneplácito, si no la pasividad, de las fuerzas de orden público, comandadas por políticos izquierdistas y, para colmo, masones.  

Pues no: una larga ristra de historiadores españoles y extranjeros han (hemos) examinado todas estas afirmaciones y demostrado las fabulaciones tras las mismas. Da igual. Vox, un sector del PP, y ahora parece que incluso el tan alabado profesor Tamames, coinciden en señalar que, sin fijar un momento preciso, a España la “jodió” la República. Algunos todavía afirman, con la boca pequeña y sin la menor documentación que lo avale, que fue el resultado de la revolución de octubre de 1934 (que el Ejército, a las órdenes del Gobierno de la República que había declarado oportunamente el estado de guerra no tardó mas de dos semanas en poner coto a tal desmán lo pasan por alto). Es un revival perenne. El ilustre académico profesor Tamames incluso evocó la autoridad de Sir Raymond Carr (lo que Julián Casanova desmintió inmediatamente).

Si no fue en “octubre de 1934” tuvo que serlo en la primavera de 1936. Esto se acerca más a lo que efectivamente ocurrió, pero pocos han sido los historiadores de derechas que hayan profundizado en aquella primavera. Tamames y Vox, al menos, son inequívocos. Retoman las alocuciones en el Congreso de los Diputados de lumbreras políticas tan extraordinarias como José Calvo Sotelo (conspirador de pro) y José María Gil Robles (conspirador sobrevenido) y se quedan tan tranquilos. 

Don Ramón Tamames, dando muestras de su erudición y de, aparentemente, estar al día, evocó otra autoridad. Nada menos que la suprema de un expresidente del CSIC y catedrático jubilado de Derecho Administrativo. No consideró oportuno decir más. Podría haberle escamado que tal autoridad no cita absolutamente ninguna fuente, ningún escrito, libro o artículo, y que en la primera parte de su obra (que es la que he leído hasta aburrirme) solo menciona de pasada a un único historiador, el malogrado Javier Tusell.  Espero tener ocasión de discrepar de un colega universitario nonagenario.

Así, pues, ¿cuándo se “jodió” España? Para mí la respuesta es inequívoca, después de haber escrito tres libros y varios artículos académicos sobre el tema (y a diferencia de muchos otros historiadores de derechas siguiendo no tesis preconcebidas, sino un procedimiento inductivo: a partir del análisis de  las evidencias primarias de época sobre comportamientos reales de políticos y militares): se “jodió” en julio  de 1936. 

¿Pudo no haber sido así? La respuesta solo puede ser especulativa. Abarca dos términos. Que las derechas, solas o con el centro, hubiesen ganado las elecciones de febrero de 1936. O que la República hubiese decapitado la conspiración que sabía estaba en marcha. ¿Y quiénes fueron los malos de la segunda parte de la película? Pues el por algunos todavía reverenciado presidente, Don Niceto Alcalá-Zamora, incompetente, rencoroso y muy bien pagado, seguido por su sucesor, Don Manuel Azaña, sobre todo en su primera función como presidente del Gobierno. Se admite documentación en contrario, que nadie -que servidor sepa- ha aportado todavía.  

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El último libro de Angel Viñas es Oro, guerra, diplomacia. La República Española en tiempos de Stalin, Crítica, 2023

Decía Michel Foucault en La vida de los hombres infames que los archivos de la represión tienen la virtud de revelarnos las existencias de actores minúsculos de la Historia que, al entrar en colisión con el Estado, su policía y sus jueces, abandonan el anonimato y nos hablan desde los legajos polvorientos de sus procesos. Cierto es que lo hacen por mediación del papel timbrado parsimoniosamente mecanografiado por sus debeladores, pero extrayendo la veta de sus biografías, a veces breves y trágicas, de entre la ganga prevaricadora es como les devolvemos, libres de injuria, la dignidad que les fue expropiada.

En España, centenares de miles de mujeres y hombres contribuyeron a tejer un tupido tejido social en el primer tercio del siglo XX. Un somero vistazo a las cajas que contienen la documentación incautada a la Casa del Pueblo de Madrid, por ejemplo, permite asomarse a un mundo perdido: ahí figuran sindicatos de todo tipo de oficios –muchos aún con pelusa adherida de fermento artesanal (Pasteleros “La Dulce Unión”, la “Fraternidad Cerillera”, Sociedad de Limpiabotas “El Brillo”…)- al lado de “El Baluarte” de los metalúrgicos, la sociedad de albañiles “El Trabajo” o los sindicatos ferroviarios. 

Son actas de plenos, libros de cuentas, actuaciones de coros, folletos de promoción de casas baratas, encuentros de uniones deportivas obreras, programas de cursos de capacitación en electricidad o montaje de aparatos de radio, poemas de temática social. Abundan cartas primorosa o rudimentariamente caligrafiadas solicitando entrevistas, relatando injusticias, exponiendo proyectos pragmáticos o arbitristas, requiriendo apoyos, manifestando adhesiones… Todo, sin orden ni concierto ni otra lógica que la necesidad de los futuros verdugos de escrutar nombres propios que subrayar con lápiz rojo. Todo fue a parar al gigantesco repositorio que conforma la sección Político Social del Archivo de Salamanca, inagotable fuente de información para el despliegue de la represión destinada a pulverizar la base material y humana –y hasta el recuerdo- de aquello. Como dijera uno de los máximos referentes de la reacción española respecto a la primera Constitución, “como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo”. 

Uno puede imaginarse a los agentes de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, con mañas de desvalijamiento, mientras vaciaban estantes y arramblaban con cualquier pedazo de papel, por insignificante que pareciese. Si el Goebbels español, es decir, el responsable de propaganda de la dictadura, Gabriel Arias Salgado, creía a pies juntillas que el diablo se citaba periódicamente con Stalin en un pozo petrolífero de Bakú para transmitirle consignas ¿qué evidencias no habría en aquella masa documental puesta a su alcance por la victoria concedida por el Dios de los ejércitos al Caudillo? 

Para que el triunfo fuese completo, había que hacer desaparecer hasta la atmósfera que envolvió aquellos conciliábulos: el propio edificio de la Casa del Pueblo, en el número 2 de la calle de Piamonte, desde donde su antena coronada con un foco rojo había orientado las movilizaciones de los trabajadores desde 1908, fue demolido en 1951. Sobre su solar se edificó una anodina casa de vecindad de ladrillo visto, en cuyos bajos se instaló un modesto taller de reparación de motos. 

La documentación incautada fue el combustible que alimentó los motores de los procesos instruidos por los tribunales militares encargados de la gran limpieza mediante la aplicación expeditiva del Código de Justicia Militar de 1890. La justicia al revés puso a los defensores del orden legítimo frente a los piquetes de los alzados contra él. La ventaja militar de estos, auxiliada por las potencias del Eje, obró el milagro de la transustanciación: la rebeldía propia se convirtió por gracia divina en rebelión ajena por desobedecer a los bandos de guerra. Como su vigencia no se derogó hasta julio de 1948, lo que sucedió al final de la guerra, el 1 de abril de 1939, no fue la paz sino la explotación del éxito y la continuación de la campaña por otros medios.

La dictadura franquista implicó al Ejército en el pacto de sangre fundacional mediante su esencial participación en la represión a través de los juicios sumarísimos. En un reciente trabajo, Castigar a los rojos (Crítica, 2022) uno de los firmantes, junto con Francisco Espinosa Maestre y Guillermo Portilla, ha puesto de relieve la metodología del punitivismo franquista diseñada por el teniente coronel jurídico militar Felipe Acedo Colunga, posterior equivalente a un general de división en el Servicio Jurídico del Aire. 

El volumen de procesos alcanzó cifras impresionantes: los expedientes judiciales de las Auditorías de Guerra y Tribunales Militares acumulados por el Tribunal Militar Territorial Primero, que abarcaba las provincias de Alicante, Castellón, Valencia, Cuenca, Albacete, Toledo, Badajoz, Cáceres, Segovia, Ávila, Ciudad Real y Madrid, ascendieron a 433.055 entre 1936 y 1970.  Para el periodo comprendido entre 1936 –declaración del bando de guerra- y 1963 –creación del Tribunal de Orden Público (TOP)-, el número es 211.463. Para hacerse una idea de lo que ello suponía, hay que señalar que la población total española en esos años se situaba entre los 26 y los 28 millones de habitantes. 

Casi medio millón de identidades, con sus respectivas historias, aguardan ver la luz. Sus trayectorias vitales, cercenadas de golpe, constituyen las brasas que, atesoradas en la memoria de las generaciones silenciadas, permitieron reavivar el vínculo entre lo que fue y lo que hoy es.

Al contrario de lo que ocurre con una derecha adanista que no puede blasonar de haber participado, como parte de sus homólogos europeos, en el consenso antifascista vencedor de la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones de la izquierda sí tienen la oportunidad de apelar a sus etcéteras, como los llamaba un veterano resistente comunista, Silvano Morcillo: «Si alguna vez se escribe la historia del partido se dirá “gracias a Mengano, Fulano, Zutano y a etcétera, etcétera, etcétera”. Pues en esos etcéteras estaremos nosotros». 

En países de larga tradición democrática, pongamos Francia, se desarrollan desde hace décadas proyectos como el Diccionario Biográfico del Movimiento Obrero y el Movimiento Social, conocido como Le Maitron, un amplísimo catálogo prosopográfico que se remonta a la revolución de 1848 y alcanza hasta nuestros días. 

Con medios más modestos, la Fundación Francisco Largo Caballero ha acometido la elaboración de un censo con los nombres de todos los represaliados de la Unión General de Trabajadores para proceder a su volcado en la red. El número de fichas redactadas al 18 de julio de 2022 -es decir, en estos días- alcanza ochenta y seis años después del inicio de la guerra y la dictadura-  las 33.307 (un 15,7% del total). Herramientas como su buscador son de gran utilidad para los investigadores, los estudiosos de la represión a escala local e incluso para el profesorado de enseñanza secundaria y los estudiantes que quieran emprender, en base a los preceptos de la LOMLOE, experiencias de aprendizaje basadas en proyectos. No son de extrañar los alaridos de algunos en contra de ella.

El rescate de la memoria de aquellos que lucharon por un mundo mejor, entresacada de entre los estratos de tinta plomiza de unos procesos que, con la ley de memoria democrática, pasarán a ser simple y llanamente ilegales, es un imperativo cívico. Han de dejar de ser víctimas del pasado para convertirse en referentes del futuro. Tenemos una deuda que solo los demócratas podemos saldar. Como escribió Bertolt Brecht en su Oda a la clandestinidad  “la fama pregunta en vano/ por aquellos que realizaron las hazañas./ ¡Aparezcan/ por un momento,/ desconocidos de rostros cubiertos, y reciban/ nuestra gratitud!”.

La Excma. Sra. Doña Isabel Díaz Ayuso ha dado a conocer que se había enterado de una información publicada por el diario ABC según la cual se hace imprescindible revisar los manuales escolares, en especial los de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para evitar su ideologización. Una ideologización que, aunque no lo afirma tajantemente, provendría de las directrices emanadas de la ministra de Educación de un Gobierno “social-comunista”, como no se cansan de proclamar voceros del PP y de Vox. 

Nada extraño, habida cuenta de que el trumpismo madrileño –con o sin permiso del flamante nuevo líder nacional del partido- ha comprado íntegro el paquete ideológico reaccionario. No hay más que ver los “treinta conceptos adoctrinadores impuestos por Sánchez que los alumnos de Madrid no estudiarán” –en enfático titular de uno de los boletines parroquiales habituales- para identificar a los nuevos demonios familiares de la Lingua Ayusii Imperii (en adelante, LAI): el feminismo, la agenda globalista, la alerta climática y la memoria histórica. Es decir, la versión actualizada del triángulo maléfico integrado por masonería, comunismo y separatismo, pero convenientemente remozado con botox, muy al gusto de su selecta clientela electoral.

El consejero del ramo se permitió incluso la humorada de decir que los conceptos contenidos en el currículum del Ministerio (multiculturalidad, emergencia climática, actitudes éticas ante el siglo XXI, roles de género, mejora de la humanidad y el planeta, ciudadanía global, objetivos de desarrollo sostenible, compromiso con la sostenibilidad, las relaciones de género, el estudio diacrónico del papel de la mujer…) le parecían incomprensibles, como elaborados por una “inteligencia artificial”, a riesgo de dejar muy malparada la suya propia natural.

Quienes ya tenemos algunos años recordamos la cruzada emprendida en el mismo sentido por una de sus predecesoras, la Excma. Sra. Doña Esperanza Aguirre que, como ministra de Educación, impulsó una extensión imposible del programa de 2º de Bachillerato en el que la contemporaneidad más próxima quedaba asfixiada en pos de la búsqueda de los primeros vestigios de la Hispanidad en la Sima de los Huesos; bajo su presidencia, la Comunidad de Madrid llegó a organizar seminarios dirigidos por un conocido publicista de extrema derecha con cuyo nombre no queremos manchar el papel en que escribimos. Es decir, al igual que la cabra tira al monte parece dibujarse una cierta tendencia a que las presidencias de la Comunidad de Madrid muestren similar querencia. 

En el caso de la enseñanza y escritura de la Historia de España, que es el campo en el que nos movemos, cabría hacer de la supuesta necesidad de revisión de los manuales una virtud esencial: adecuarlos a lo que los investigadores de nuestro pasado hemos ido poniendo al descubierto. O, como mínimo, respetar los consensos académicos en lugar de vindicar en su lugar los rancios contenidos de la Enciclopedia Álvarez. 

Entre los treinta conceptos malditos de la LAI, figuran con mención especial los referentes al periodo republicano: en Madrid estará vetado hablar en las aulas del “proceso reformista y democratizador de la Segunda República”, de las “grandes reformas estructurales de la Segunda República”, y de “la Segunda República y la transformación democrática de España”. Como si el furor iconoclasta del conservadurismo madrileño pudiera abolir los acuerdos de una historiografía que va desde los nada bolcheviques Lord Thomas o Sir Raymond Carr a los jóvenes investigadores españoles que hoy en día, en condiciones mucho más precarias y menos celebradas que las de un futbolista, tragan el polvo de los archivos para distinguir ente la mena y la ganga de las patrañas que aún lastran las interpretaciones de la Historia de nuestro país. La pretensión de que la mistificación ideológica pueda enarbolarse como discurso crítico contra la hegemonía de un supuesto “consenso progre” tiene de alternativo lo que la acción de los dinamiteros de los monumentos de Palmira.

La pretensión de universalizar la LAI atenta, por lo demás, contra varios derechos fundamentales consagrados en esa Constitución –y en sus desarrollos orgánicos- de la que el partido cuya matriz originaria se escindió en el trámite de aprobación ha pretendido erigirse casi en supremo y exclusivo guardián: la libertad de cátedra, la libertad de imprenta y la autonomía de los claustros. Amenazar con la inspección educativa a modo de policía del pensamiento y presionar al sector editorial es muy revelador de un cierto talante. Tan grave como resulta grotesca la petición de amparo a una Europa donde la memoria de la resistencia es parte troncal de la educación cívica. 

Hace unos años alguien escribió: “El olvido del totalitarismo, del fascismo, de la opresión de toda libertad humana es muy peligroso. Pues el mar del olvido no borra solamente los pasos de los amantes desunidos sobre la arena: puede también borrar los pasos de la libertad y de la democracia en las arenas de nuestra historia. Es por ello por lo que los pasos de la libertad deben ser rehechos por cada generación”. Ese alguien fue Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea, miembro del Partido Popular Social Cristiano adherido al Partido Popular Europeo. Son palabras de su prólogo a un libro en homenaje a los brigadistas internacionales luxemburgueses. Allí sí tienen claro cuál era el lado bueno de la Historia. 

¿Cuántos son los manuales en los que, presuntamente, se adoctrina a nuestros hijos, niñas y niños, desde su más tierna infancia hasta que llegan a la Universidad en los que se refleje algunos de los descubrimientos de los que los dos firmantes nos hemos hecho eco o hemos contribuido a poner en circulación en la literatura histórica?

Sin expresar preferencia alguna he aquí unos cuantos datos investigados y contrastados con documentación de la época, perfectamente definida:

Así, pues, si el origen de la sublevación no es como se ha narrado tradicionalmente nos parece que hechos perfectamente documentados deberían incorporarse a las enseñanzas de los libros de texto del futuro. No sin advertir que llama la atención que haya sido el mismo periódico ABC, en manos de los conspiradores monárquicos en la primavera de 1936, que haya proclamado que las niñas y niños, las jóvenes y los jóvenes madrileños se hayan visto expuestos a una supuesta “desinformación” que, sin embargo, sigue sin tener en cuenta tales hechos – y otros- bien comprobados.

Invitamos, desde luego, a la Señora Presidenta de la Comunidad de Madrid a que, dados sus sin duda excelentes conocimientos sobre una cierta versión de la historia española, exponga públicamente no ya su repulsa a nuestras afirmaciones sino que también lo demuestre de la misma manera.

En el ínterin, los autores de estas líneas estamos dispuestos a discutir, igualmente en público, con los eminentes funcionarios que la Señora Presidenta tenga a bien señalar.